La autonomía universitaria

En la educación superior, la autonomía es una característica que el estado mexicano otorga a algunas las universidades públicas, amparada en la fracción VII del Art. 3o. Const., donde se les considera como instituciones capaces de regularse por sí mismas, por lo que gozan de autogobierno ^{(Congreso de la Unión, 2020)}.

De esta forma, pueden tomar decisiones sobre la planeación, desarrollo y supervisión de sus funciones específicas, consistentes en la docencia, la investigación, la extensión, la difusión del conocimiento y la vinculación social; en estos aspectos confluyen la libertad de cátedra, la autodeterminación de programas de estudio, y el libre debate de ideas; además, se les reconoce como entes autónomos capaces de elegir a sus autoridades, tener patrimonio propio, así como de conformar órganos internos, cuerpos académicos, normas de funcionamiento, programas de administración, requisitos de admisión y parámetros de promoción estudiantil.

En México, estas características autonómicas no aplican para todas las instituciones superiores; sólo algunas que reciben financiamiento público son las que cumplen con el total de las particularidades descritas. En este conjunto de instituciones es donde se centró el desarrollo del presente trabajo.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (por sus siglas SEP), este grupo se integra por 38 universidades públicas. Cuatro de ellas son federales, siendo la Universidad Nacional Autónoma de México (abreviada UNAM) la mayor institución y la más representativa; los 34 restantes son estatales y se encuentran repartidas en todas las entidades de la república ^{(SEP, 2020)}. Con pocas excepciones, todas integran en su nombre la denominación de “autónoma”.

Según estadísticas de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (abreviada ANUIES), en el ciclo escolar 2019-2020 un total de cuatro millones 931 mil 200 estudiantes estaban matriculados en todas las instituciones de educación superior en México. De ellos el 31.7%, equivalente a un millón 563 mil 298 alumnos, estudiaban carrera o posgrado en las universidades autónomas del país, lo que permite dimensionar la relevancia de este conjunto de instituciones en la formación de profesionistas ^{(ANUIES, 2020)}.

Con respecto a la concesión de autonomía a las universidades públicas, ^{Melgar (1998)} considera que debe entenderse como el desprendimiento del Estado de algunas de sus capacidades inherentes, para infundirlas a un cuerpo creado y mantenido por él. Otorgada solamente a través de actos jurídicos de los órganos legislativos, la autonomía confiere a una universidad un alto grado de descentralización, que respalda la toma de decisiones propias.

A su vez, ^{De León (2006)} compara la autonomía universitaria con la potestad que el Estado confiere a los estados y municipios que integran su territorio, que tienen la posibilidad de regirse mediante normas y órganos de gobierno propios, para atender las necesidades de desarrollo social. Por su parte, ^{Castrejón (1990)} interpreta que la universidad autónoma no es un Estado dentro de otro Estado, sino una comunidad de intelectuales, organizada dentro de una institución libre, que puede gobernarse y gestionarse a sí misma, con procedimientos y autoridades emanadas de su interior. Además, considera que la relación de la universidad autónoma con el Estado debe basarse en el respeto y la confianza mutua, para conseguir entre ambos las tareas de educar, generar conocimiento y entablar vínculos de servicio hacia la sociedad.

Objetivo y preguntas de investigación

El objetivo de este artículo consistió en desarrollar de manera detallada el proceso de construcción de la autonomía en la universidad pública mexicana, ocurrido particularmente durante el siglo XX.

Las preguntas que guiaron este trabajo fueron las siguientes: ¿Cuáles son los antecedentes de la autonomía universitaria en México? ¿Qué personajes relevantes intervinieron para conseguir la autodeterminación universitaria? ¿Cuáles fueron los ideales perseguidos? ¿De qué forma fueron plasmados los logros en la reglamentación jurídica? ¿Cómo evolucionó el concepto de autonomía universitaria, tras conseguirse su reconocimiento constitucional?

Para responder a las preguntas, se utilizó la metodología de investigación documental. De esta forma, se realizó una amplia revisión documental en libros especializados, revistas dedicadas a la educación superior, artículos de investigación y leyes del estado mexicano. Con la información recabada se desarrolló un relato que presenta de forma cronológica los principales acontecimientos en torno a la autonomía.

Después de este apartado introductorio, se presenta el desarrollo del trabajo, estructurado en una serie de subapartados; en ellos se abordan diversos aspectos relativos al proyecto inicial de la universidad moderna en México, la lucha académica emprendida para lograr una autodeterminación, las ocasiones en las que la autonomía universitaria fue vista con celo por el gobierno, y el proceso de su reconocimiento constitucional. Finalmente, se presenta el apartado de las conclusiones, así como las referencias bibliográficas utilizadas.

Antecedentes de la universidad

La historia de la universidad comenzó a gestarse en Europa, a finales de la Edad Media. En esa época pueden encontrarse indicios de las primeras corporaciones de maestros y estudiantes, que establecidos en pequeños centros de vida intelectual, se acogieron a la protección de papas y obispos principalmente, aunque también de reyes y emperadores, intercambiando sus conocimientos por manutención económica. De esta forma pudieron tener independencia de los señores feudales, quienes ostentaban el poder en esa época, constituyendo así el primer modelo de una institución educativa autónoma ^{(Narro et al., 2009)}.

Durante el Renacimiento, la influencia de la Iglesia en los asuntos políticos europeos comenzó a decaer, a la par que disminuyó gradualmente el control de las autoridades eclesiásticas sobre la generación y divulgación del conocimiento. En contraparte, la invención de imprenta jugó un papel clave en este proceso, ya que permitió contar con un soporte físico para conservar y transmitir los hallazgos de diversas disciplinas.

De acuerdo con ^{Pavón y Ramírez (2010)}, el cambio de estructura en las universidades ocurrió en Alemania, específicamente en Berlín, liderado por Wilhelm von Humboldt, quien a inicios del siglo XIX ideó una universidad moderna, sustentada en dos conceptos básicos: la ciencia y la autonomía. Concibió a la ciencia como inacabada y con límites expandibles por los maestros que, además de impartir el conocimiento, lo utilizaban para realizar investigación. De esta manera, al entorno escolar caracterizado por las aulas de clase, se anexó el laboratorio, un espacio para poner a prueba los conocimientos.

Para desarrollar este crecimiento continuo, Humboldt consideró que debían existir condiciones que permitieran tanto a maestros como a estudiantes dedicarse en tiempo completo a las disciplinas de estudio, llegando a la conclusión de que si un gobierno deseaba desarrollar la ciencia en su nación, debía primero apoyar económicamente a los maestros y estudiantes, constituidos dentro de una comunidad universitaria, que a su vez tenía que ostentar una autonomía académica.

^{Pavón y Ramírez (2010)} consideran que éste fue el modelo que permeó el pensamiento de Justo Sierra, quien ideó a partir de 1881 la creación de una universidad autónoma en México, preocupado por el estancamiento en que se encontraban la Escuela de Ingenieros y las Escuelas de Profesiones de Bellas Artes, de la que egresaba un número limitado de profesionistas; sin embargo, ^{Marsiske (1982)} considera que el proyecto universitario de Sierra, al pretender concentrar las diversas Escuelas de Estudios Superiores en una institución centralizada, tenía tintes del modelo educativo superior francés, derivado de las reformas napoleónicas de 1806. En este modelo, los objetivos de la institución y los programas de estudio tenían un enfoque nacional, destinado a formar los profesionistas que el Estado necesitaba, y no al desarrollo autónomo de la ciencia, que era el ideal primario del modelo alemán. Si bien ambos modelos son contrarios en un origen, Sierra tomó características de ambos para elaborar su proyecto educativo.

Justo Sierra consideró que su plan de educación superior nunca se realizaría sin el apoyo del gobierno federal mexicano, pues en aquellos tiempos la economía de los estados y de las entidades comerciales no podía sostener una institución de ese tipo; por tanto, debía encontrar la manera de convencer al presidente en turno, Porfirio Díaz, quien tenía predilección por todo aquello que tuviera que ver con Francia y su cultura. Esto explica por qué el proyecto universitario presentado tuvo tintes externos de la centralidad operativa del modelo francés, pero con una esencia progresista alemana. Después de todo, Justo Sierra supo conciliar y convivir con diversas facetas del pensamiento de época. Por una parte, fue escalando en la política hasta llegar a ser Ministro de Instrucción Pública en el gobierno conservador porfirista; por otra, patrocinó las conferencias del Ateneo de la Juventud, un grupo formado por muchachos que pugnaban por una nueva cultura crítica y reflexiva; algunos de estos jóvenes, como José Vasconcelos y Antonio Caso, más tarde se convirtieron en protagonistas del proyecto educativo nacional ^{(De la Peña, 1998)}.

Creación de la universidad moderna en México

La Universidad Nacional de México (abreviada UNM) fue fundada el 22 de septiembre de 1910 por el Presidente Porfirio Díaz, en una ceremonia organizada en la Escuela Nacional Preparatoria como parte de los festejos del Centenario de la Independencia de México ^{(Valadez, 1981)}. Justo Sierra pronunció el discurso inaugural, y lo concluyó depositando simbólicamente el gobierno de la universidad en manos del rector Joaquín Eguía Lis; sin embargo, dicha autonomía sólo abarcaba algunas cuestiones de investigación científica, puesto que el gobierno federal consideraba que concederle una total independencia sería crear un Estado dentro de otro Estado.

Como menciona ^{Marsiske (1982)}, la ley aprobada para la UNM permitía la intromisión estatal en la institución, puesto que entre otras cuestiones, la máxima autoridad universitaria sería el Ministro de Instrucción Pública, el rector sería designado directamente por el presidente, y las Secretarías de Instrucción Pública y Hacienda aprobarían las acciones y gastos universitarios; de esta forma, la nueva institución educativa se impregnó del conservadurismo político que anquilosó a la alta sociedad durante el porfiriato.

La Universidad Nacional de México logró sobrevivir al inicio de la revuelta revolucionaria que comenzó meses después de su fundación, pero comenzó a experimentar una fuerte presión para convertirse en el asilo de las clases perjudicadas por la lucha armada. De esta manera, la universidad fue subordinada a mecanismos del poder político, para destinarla a la formación de jóvenes provenientes de familias acomodadas y simpatizantes del porfirismo, por profesores de pensamiento eminentemente conservador.

Proyectos de emancipación

Los cambios ocurridos en el poder político durante esa época afectaron directamente a la universidad. En abril de 1914, Victoriano Huerta asume la presidencia de México, y en medio de una dictadura militar, hizo expedir una nueva ley para la universidad; para septiembre del mismo año, Carranza llegó al poder mediante otra revuelta y desconoció esa legislación universitaria ^{(Narro et al., 2009)}; por estos motivos, comenzaron a surgir en ese año proyectos de ley destinados a lograr la independencia de la máxima casa de estudios, encabezados por integrantes universitarios como Natividad Macías, Alfonso Cravioto y Ezequiel A. Chávez. Este último precisaba que la elección de las autoridades institucionales era competencia exclusiva de la comunidad universitaria, sin detrimento de continuar recibiendo fondos gubernamentales para el funcionamiento institucional. Por su parte, Félix Palavicini consideraba, que para que la UNM cumpliera exitosamente con su función, era preciso dotarla de una autonomía que la resguardara de cambios políticos, del poder público y de intervenciones estatales.

Los proyectos de ley para la autonomía universitaria continuaron en 1917 con José Novelo, en 1923 con Jorge de Larrea y Luis Rubio, y en 1924 en una propuesta elaborada por Ezequiel A. Chávez a petición expresa del Subsecretario de Instrucción Pública ^{(Valadez, 1981)}; sin embargo, ninguno consiguió el libre albedrío; esto ocasionó la molestia de la comunidad universitaria, que impedida para elaborar soberanamente sus programas educativos, se limitaba simplemente a transmitir conocimientos obsoletos y desvinculados de la realidad nacional ^{(Marsiske, 1982)}.

Es importante destacar, que para 1924 ya existían en México instituciones legalmente reconocidas como autónomas, como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo fundada en 1917 y la Universidad de San Luis Potosí en 1923 ^{(Narro et al., 2009)}, además de institutos de estudios superiores como el de Aguascalientes y el Oaxaca ^{(Martínez, 2000)}.

Un acontecimiento importante que contribuyó al debate sobre la soberanía universitaria ocurrió cuando los jóvenes ateneístas establecieron en 1913 la Universidad Popular Mexicana (por sus siglas UPM), en un intento por promover el conocimiento dentro de un marco autónomo, alejado del elitismo que privaba en la UNM. De esta manera, intelectuales como Antonio Caso, José Vasconcelos, Martín Luis Guzmán, Alfonso Reyes Ochoa, Alfonso Pruneda, Alba Herrera, Julio Torri, Vicente Lombardo Toledano, Pedro Henríquez Ureña y Pedro González Blanco instauraron una escuela para aquellos hombres que no podían ingresar o no eran aceptados en las escuelas superiores universitarias, con el objetivo de dotarles de conocimiento que les permitiera ser útiles a la sociedad ^{(Torres, 2006)}.

Esta iniciativa de acercar el conocimiento especializado a la población finalizó en 1920; sin embargo, la experiencia obtenida germinó en beneficio del sistema educativo nacional: en 1921, la mayoría de los ex profesores de la UPM se integraron a la revolución educativa de José Vasconcelos, en tanto que Alfonso Pruneda, quien fuera rector de la UPM durante 7 años, ocupó el cargo de la Universidad Nacional de México de 1924 a 1928, contribuyendo con ello a la lucha por una emancipación institucional del gobierno.

La lucha por la autonomía

A principios de 1929, algunos cambios en la Facultad de Derecho de la UNM, como el cambio del tradicional examen oral único, por un nuevo sistema de tres exámenes escritos, ocasionaron molestia entre los estudiantes. A ellos se les unieron los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria y otras preparatorias del Distrito Federal, en protesta por la extensión de su programa de estudios de 2 a 3 años ^{(Pinto, 1973)}.

Estas iniciativas encontraron pronto el respaldo de la Federación Estudiantil Mexicana, que para ese año agrupaba un número considerable de alumnos en el territorio nacional; tan sólo en la capital integraba a 54 centros educativos, con un total de 25 mil estudiantes afiliados. Además, los jóvenes se nutrieron de las experiencias de los movimientos estudiantiles sudamericanos ocurridos en años anteriores, y de líderes estudiantiles como Víctor Raúl Haya, quien encabezó el movimiento universitario en Perú, y José Antonio Mella, quien dirigió la reforma universitaria en Cuba. Los esfuerzos devinieron en la formación de un Comité de Huelga, destinado a presentar las exigencias ante las autoridades universitarias y del gobierno nacional ^{(Marsiske, 1982)}.

Ese mismo año de 1929 se llevaron a cabo campañas electorales extraordinarias para elegir presidente, en las que José Vasconcelos participó como candidato. Una gran parte de la población mexicana simpatizaba con él, debido a la revolución educativa que realizó durante la década de 1920 en todo el territorio nacional, tras asumir el cargo como Ministro de Instrucción Pública. De llegar a la presidencia, el proyecto de Vasconcelos prometía realizar una serie de revoluciones del mismo calado que la educativa, pero en los demás aspectos de la vida social: por tal motivo, grupos juveniles, estudiantes, maestros e intelectuales formaron y encabezaron por iniciativa propia comités populares de apoyo electoral a Vasconcelos, a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.

Los políticos que ostentaban momentáneamente el poder tras la muerte del general Álvaro Obregón, encabezados por el presidente interino Emilio Portes Gil, vieron en el proyecto vasconcelista un peligro para su continuidad política en la presidencia, por lo que permitieron la represión de algunas manifestaciones universitarias; sin embargo, no calcularon que esto causaría un incremento de simpatizantes en el movimiento vasconcelista, al anexarse las familias de los estudiantes, seguidas de otros sectores sociales.

El punto álgido de la crisis de 1929 se vivió a partir del 5 de mayo, cuando se declaró la huelga en la Escuela de Derecho. El 7 de mayo comenzaron las represiones y la huelga se extendió rápidamente a casi todas las escuelas superiores de la capital ^{(Monsiváis, 2004)}. El 23 de mayo se produjo un enfrentamiento masivo entre los estudiantes y la policía, cuya violencia motivó a la población civil a solidarizarse con los estudiantes. Tras el enfrentamiento, los locales universitarios quedaron a resguardo de las fuerzas del orden ^{(Pinto 1973)}, y Manuel Puig Casauranc, quien años atrás había sido Secretario de Educación Pública, ofreció a los estudiantes ser portavoz directo de su causa frente al presidente Portes Gil.

El presidente del Comité de Huelga, Alejandro Gómez Arias, aceptó y envió una carta a Puig Casauranc pidiendo la destitución de mandos policiacos, del Secretario de Educación y del Rector; además la paridad del voto en el Consejo Universitario y la designación del rector por el Presidente, a terna del Consejo Universitario ^{(Pinto, 1973)}; en suma, se pedían condiciones para una mayor autodeterminación universitaria, pero sin exigir expresamente la autonomía total.

Tras recibir la misiva, Puig Casauranc vislumbró una salida al conflicto, y recomendó al Presidente otorgar la autonomía a la comunidad universitaria, como la solución a los problemas estudiantiles y electorales ^{(Marsiske, 1982)}; de esta manera, Portes Gil aumentaría su prestigio nacional, pasaría a la historia por una reforma educativa trascendental, limitaría al ámbito universitario las protestas de alumnos y desactivaría el peligro para la sucesión presidencial que significaba el apoyo estudiantil y social a la candidatura de Vasconcelos.

Finalmente, el 28 de mayo, el presidente Portes Gil otorgó la autonomía a la Universidad Nacional de México ^{(Valadez, 1981)}, argumentando que aunque no estaba explícitamente pedida en los argumentos estudiantiles, era el mejor camino para librarse de los errores de políticas y cambios gubernamentales que podrían desestabilizar a la institución; pero también hizo un llamado a todos los universitarios, para que fueran conscientes de la responsabilidad que la autogestión universitaria traía consigo ^{(Monsiváis, 2004)}.

Con la concesión de la autonomía, muchos estudiantes se retiraron de la actividad política electoral, y el 10 de julio de 1929 fue promulgada la Ley Orgánica que regiría a la Universidad Nacional Autónoma de México (por sus siglas UNAM); sin embargo, en opinión de autores como ^{Marsiske (1982)}, la autonomía lograda era meramente nominal por varias razones, ya que el presidente continuaba con gran poder de decisión, puesto que podía elegir a la terna para rector que sería votada por el Consejo Universitario; además, el presidente contaba con un delegado en el mismo consejo, tenía derecho de veto sobre ciertas resoluciones universitarias, y a través de las secretarías federales vigilaría el manejo de los fondos, sin contar que la UNAM no podría tener patrimonio propio.

La elección de un camino propio

La nueva potestad de la UNAM acarreó algunas tensiones entre el gobierno y las autoridades educativas; la mayor de ellas ocurrió con motivo de la irrupción del pensamiento socialista en la educación mexicana, en un debate que trascendió en los diarios de la época.

En septiembre de 1933, durante el Primer Congreso de Universitarios Mexicanos, la Segunda Comisión del Congreso presentó una ponencia donde se instaba a todas las universidades e instituciones de educación superior a adoptar la doctrina socialista del materialismo histórico como nuevo principio rector de sus actividades universitarias, enseñanzas e investigaciones.

Encabezaba esta propuesta Vicente Lombardo Toledano, intelectual de corte marxista, quien afirmaba que la pedagogía capitalista era un enemigo para desterrar de las aulas; por tanto, se consideraba la libertad de cátedra, pero no libertad de opinar a favor de lo que debía quedar en el pasado, y menos aún en contra de las realidades socialistas por venir ^{(Valadez, 1981)}. Antonio Caso, que había sido rector de la UNAM, consideró que esta propuesta atentaba contra la libertad de cátedra, pues la universidad es una comunidad de investigación y enseñanza, que por su pluriculturalidad no podía ostentar credo único, ni filosófico, ni político ni religioso.

Además señaló que las teorías son en esencia transitorias, mientras que el bien obtenido por la interacción cultural es permanente. Por tanto, cada catedrático debería ser libre de expresar su opinión personal filosófica, científica, artística, social o religiosa; cada individuo sería responsable de sus opiniones, y entre la diversidad de posturas, discutir, analizar y solucionar los problemas a favor de la comunidad universitaria y la sociedad ^{(Monsiváis, 2004)}. El triunfo de Caso no representó que la ideología marxista fuera excluida del ambiente universitario. Por el contrario, quedó a libre elección de los maestros adoptarla ^{(De León, 2006)}.

A raíz de lo anterior, se deterioró la relación entre un estado con visión educativa socialista, manifiesta en la redacción del Artículo 3º Constitucional de esa época, y una universidad de libre pensamiento filosófico. En agosto de 1933 se emitió una nueva Ley Orgánica, promovida por el Secretario de Educación Narciso Bassols, que aumentó la autonomía universitaria al dejar la elección del rector exclusivamente en las manos del Consejo Universitario ^{(Pinto, 1973)}; sin embargo, también restringieron severamente sus recursos financieros ^{(Narro et al., 2009)}, pues a partir de ese año descendió el presupuesto otorgado a la UNAM por el gobierno, alcanzando la situación su punto más crítico en septiembre de 1935, cuando debido a la insostenible situación económica, se resolvió suspender las actividades académicas.

Molesto por el cierre de la universidad, el entonces presidente Lázaro Cárdenas advirtió al rector Fernando Ocaranza que enviaría un nuevo proyecto de ley a la Cámara de Diputados, para reorientar la autonomía universitaria hacia los intereses del Estado. Los universitarios reconsideraron su postura, pero no quedaron conformes con el monto otorgado para su sostenimiento. Finalmente, para 1937, Cárdenas cambió de parecer hacia la comunidad universitaria, y el presupuesto se incrementó nuevamente ^{(Valadez, 1981)}; sin embargo, no fue hasta 1945 cuando se promulgó la nueva Ley Orgánica, aún vigente. En esta legislación se precisaron los mecanismos institucionales que desde entonces han edificado la estabilidad universitaria, entre ellos el establecimiento de la Junta de Gobierno, el contrapeso de los cuerpos colegiados en la toma de decisiones y la adopción de normas para el desarrollo de las funciones universitarias ^{(Congreso de la Unión, 1945)}.

Autonomía contra autoritarismo

A mediados de la década de 1960 comenzó el crecimiento del nivel educativo superior a nivel nacional, al crearse nuevas instituciones y expandirse las ya existentes. De acuerdo con ^{Martínez (1984)}, la mayoría de las universidades públicas del país lograron integrar la autonomía como un elemento primordial en sus respectivas leyes orgánicas. La incorporación de este concepto primordial en la educación superior desde la fundación de las nuevas instituciones constituyó un logro tras los años de lucha de la comunidad universitaria del centro del país.

Ese mismo espíritu combativo volvió a aparecer algunos años más tarde, concretamente en la participación de los estudiantes universitarios en el movimiento social de 1968. ^{Monsiváis (2004)} considera que en el seno de esa confrontación, radicó una manifestación de la autonomía frente al autoritarismo. De acuerdo con este autor, el presidente Gustavo Díaz Ordaz antepuso los asuntos personales al respeto al derecho ajeno: por razones de antipatía hacia el rector Ignacio Chávez, Díaz Ordaz ordenó a un grupo de estudiantes que invadiera con violencia las oficinas de la UNAM; así logró la renuncia del rector Chávez, haciendo mella en la libertad de gobierno de la institución.

Este hecho se conjuntó con expresiones universitarias que pedían el diálogo presidencial, pero la represión del gobierno y la difamación del movimiento por parte de los medios fueron en escalada, llegando a las violentas acometidas policiacas contra los estudiantes el 23 y 26 de julio de 1968, y al allanamiento de la Preparatoria de San Ildefonso el 30 de julio, derribando el portón con un bazucazo. Esta agresión motivó al rector Barros Sierra a pronunciar un discurso ese mismo día, protestando contra la violación de la autonomía universitaria. La irrupción brutal de los cuerpos armados pretendía terminar con las manifestaciones estudiantiles mediante la fuerza y la ocupación militar de edificios y terrenos de la universidad, violando una potestad de la institución e impidiéndoles cumplir con funciones educativas. En su discurso Barros Sierra manifestó que la autonomía universitaria no es un concepto, sino una práctica responsable que merece ser respetada por todos, tanto dentro como fuera de la institución, y por tanto, es uno de los ejes vitales de la constitución universitaria.

^{Ibarra (2001)} considera que el movimiento del 68 fue la primera gran llamada de atención al Estado, sobre la tensión existente entre un gran sistema educativo superior que no tenía mecanismos concretos de funcionamiento institucional, y un gobierno reaccionario, con una lógica autoritaria y negativa al diálogo; además, este acontecimiento dejó entrever la necesidad de establecer los preceptos legislativos que dieran certeza y respaldo a la educación superior.

Durante el sexenio del presidente López Portillo se impulsaron las reformas legales destinadas a la educación superior. En concreto, hacia 1978 comenzaron los esfuerzos para organizar el funcionamiento y dirección de las universidades, con la incorporación de conocimientos administrativos y organizacionales y bajo la coordinación del gobierno federal. Se pretendía dotar de un marco legal enfocado en una autonomía plena, vinculada a la autogestión y la autorregulación. Además se inició el financiamiento estatal en función de características cuantitativas de cada institución, como la matrícula, el personal docente y los proyectos de investigación.

El 29 de diciembre de 1978 se concretó la Ley para la Coordinación de la Educación Superior ^{(Congreso de la Unión, 1978)}, con lo que se formalizó la responsabilidad de la conducción de la educación superior por parte del estado. Posteriormente, el 9 de junio de 1980 se reformó el Artículo 3º Constitucional para agregar la fracción VII, relativa a la autonomía universitaria. Con ello se amplió el respaldo legal a las universidades públicas autónomas, para decidir en diversos aspectos de su dinámica, como los legales, laborales y organizacionales.

Libertad, modernización y rendición de cuentas

De acuerdo con ^{Acosta (2020)}, hacia finales de la década de 1970 terminó la etapa donde la autonomía fue entendida como la “épica de las libertades”; recibe este nombre por los conflictos recurrentes de las universitarias públicas con los gobiernos nacionales, que buscaron sin cesar la libertad de cátedra y de gobierno. Para conformar esa definición, el autor interpretó que los relatos en torno a la autonomía universitaria podían ser considerados dentro del género de la épica, que narra hazañas y destaca los logros de los héroes, que van transformando la historia.

Una segunda etapa ocurrió durante los últimos veinte años del siglo XX, donde la comprensión de la autonomía se ajustó a una “épica de la modernización”. En ella los conflictos físicos violentos entre universitarios y gobierno ya no estuvieron presentes, y en su lugar aparecieron negociaciones asociadas al financiamiento público, donde se buscó modernizar a las universidades para mejorar la calidad de la enseñanza, desarrollar investigaciones de impacto, y lograr una mayor vinculación con las necesidades nacionales. En este punto, la autonomía permitió a cada universidad pública determinar las acciones a seguir en el proceso modernizador.

En gran medida, la vigilancia en el uso de los recursos financieros entregados cobró relevancia por las crisis económicas ocurridas en México durante la década de 1980. En los años siguientes, las universidades públicas autónomas comenzaron un periodo de crecimiento sin comparación, donde la mejora presupuestal condujo a un incremento de los recursos entregados; con ello crecieron las instalaciones físicas, la planta docente, la oferta educativa y el número de alumnos atendidos ^{(Ibarra, 2001)}. La etapa de modernización también integró sistemas de acreditaciones y certificaciones institucionales, implementación de cursos y capacitaciones para docentes, así como el desarrollo de procesos para la selección de estudiantes de nuevo ingreso.

Siguiendo con el argumento de ^{Acosta (2020)}, a partir del año 2000 las directrices modernizadoras dieron paso a la “épica de los indicadores”, una etapa donde las universidades determinan autonómicamente la gestión de sus procesos internos, teniendo como principios rectores la economía de los recursos, y el mejoramiento de estándares de desempeño. La cuantificación de los aspectos mencionados ocupa un lugar primordial en los procesos de rendición de cuentas, además de proporcionar argumentos al momento de solicitar mayores recursos financieros ante el gobierno ^{(Muñoz, 2015)}.

Dentro de la nueva reglamentación que sustituirá a la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, ^{Martínez (2020)} destaca la necesidad de abordar la autonomía de una mejor manera, que supere la forma en que ha sido plasmada hasta ahora. Reconociendo que es una noción compleja, sugiere la división del concepto en varias dimensiones: a) autonomía académica, que garantice la libertad de cátedra, b) autonomía en materia educativa, en cuanto a los programas de estudio, c) autonomía en los procesos de evaluación internos, reconociendo la necesidad de incorporar evaluaciones externas, d) autonomía en el uso de recursos, fomentando la transparencia y la rendición de cuentas, e) autonomía de gobierno y gestión institucional, y f) autonomía operativa vinculada a un Sistema Nacional de Educación Superior, que permita articular adecuadamente las políticas públicas del gobierno, las necesidades de desarrollo del país, el conocimiento generado por los académicos y las capacidades de cada institución de educación superior.