Identificación y recuperación de la literatura revisada en las bases de datos

La revisión del estado del arte de las teorías económico-ambientales siguientes: economía ambiental, economía de los recursos naturales, economía verde y economía ecológica, en el periodo de febrero a noviembre de 2017, se realizó mediante una búsqueda de artículos científicos publicados del 2004 al 2008, en distintas bases de datos: Proquest, Ebsco, Dialnet, Redalyc y CONRICyT. Para las búsquedas se utilizaron palabras clave como: Área Natural Protegida, desarrollo sustentable, participación comunitaria, junto con las denominaciones de las teorías. Asimismo, se contemplaron como criterios de búsqueda, artículos científicos publicados en idioma inglés y español, que estuvieran disponibles de manera íntegra.

Para el manejo de la información resultante, se formó una base de datos, la cual agrupa los conceptos recaídos en las palabras clave mencionadas, lo que permitió en conjunto, identificar la tendencia en la práctica de los estudios realizados a partir de las teorías indicadas, vinculados con las ANP. De igual forma, y a fin de contextualizar y contrastar la información recuperada, se procedió a la revisión bibliográfica de los autores que son los precursores de las teorías aludidas; esto, para identificar los caracteres que las distinguen entre sí, como el crecimiento, sustentabilidad y política pública ambiental que postulan. No obstante, con el objeto de obtener a la vez una perspectiva actualizada, fueron ubicados autores e investigaciones contemporáneas, en las distintas bases de datos aludidas, siguiendo los criterios antes precisados.

Áreas Naturales Protegidas: desarrollo sustentable y contexto nacional

En México, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), considera que, las ANP, son las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, o bien, requieren ser preservadas y restauradas (^{CONANP, 2016}). Las ANP, acorde a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, buscan conservar los ecosistemas, para beneficiar a sus comunidades, y entre sus categorías, las reservas de la biósfera y las áreas de protección de flora y fauna, contemplan que la población realice actividades sustentables de manejo de recursos naturales (^{Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2016}).

Sin embargo, en torno a la propiedad social, ha habido desalojos de poblaciones, como sucedió en la Reserva de la Biósfera de Montes Azules en Chiapas, que acorde a ^{Fenner-Sánchez (2012)}: “implicó iniciar una vida nueva” (p. 60), y el caso de la Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas en Veracruz, donde el decreto de creación fue acompañado de la expropiación de tierras ejidales, para constituir las zonas de núcleo, que según ^{Bertrab-Tamm (2010)}, conllevó a inconformidades de los campesinos afectados, en “la violación de los derechos agrarios, la falta de consulta en la planeación de los límites de la reserva y la injusta compensación” (p. 62).

Lo anterior denota, como sostiene ^{Brenner (2006)}, que “el régimen de propiedad y el gran número de actores sociales interesados en el aprovechamiento de recursos naturales de ANP, constituyen un gran problema” (p. 246); lo que a su vez, revela que, el establecimiento de ANP, encierra conflictos “ligados… a diferencias en el entendimiento y la relación de los actores sociales con los recursos naturales” (^{Bertrab-Tamm, 2010: 58}). Por ende, si bien las ANP buscan el desarrollo sustentable y una relación equilibrada de la población y la naturaleza, ello no las exenta de conflictos, dada la diversidad de intereses y necesidades de los actores involucrados.

Ahora, respecto al desarrollo sustentable, la agenda 2030, de la Comisión Económica para América Latina (^{CEPAL, 2016}), dirige objetivos a las dimensiones social, ambiental y económica: 1.4, refiere a la dimensión social, al garantizar que “los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los recursos naturales” (p. 9); 8.4, ejemplifica la dimensión económica, con el “consumo eficiente de los recursos mundiales” (p. 23); 15.1, aborda la dimensión ambiental, al “asegurar la conservación… y uso sustentable de los ecosistemas” (p. 37). De esta forma, el desarrollo sustentable, delineado por sus tres dimensiones, aborda las necesidades de los pobres, en pro de lograr mayor equidad social, junto con el uso tradicional del entorno, lo que se traduce en crecimiento económico, equidad social e intergeneracional y conservación ambiental. En adición a las dimensiones que encierra el desarrollo sustentable, éste distingue entre sustentabilidad fuerte o débil. La fuerte, deviene de la economía ecológica, que se caracteriza por aspectos insustituibles del patrimonio natural, como el capital natural crítico, que da soporte a la vida y precisa protección; y por su parte, la sustentabilidad débil, se basa en la economía neoclásica y en la sustitución de capital natural (^{Martínez-Alier y Roca, 2013}) (Tabla 1).

Respecto a la sustentabilidad y las ANP en México, su establecimiento, según la ley, no desaloja a poblaciones, pues se han creado en centros de población (esto sin obviar los desalojos acaecidos citados); asimismo, se prevé que la población maneje recursos naturales y que se asegure su derecho al aprovechamiento de estos, para alcanzar el desarrollo sustentable (^{Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2016}). En este sentido, se deduce que las ANP, buscan no solo alcanzar la conservación de la biodiversidad, sino beneficiar a las poblaciones, o bien, ante restricciones al uso del entorno, compensarlas. Em pero, cuando se aborda la conservación, excluyendo percepciones, necesidades, e intereses de las poblaciones, no se atiende la dimensión social y el desarrollo sustentable es perdido de vista.

Teorías económico-ambientales

A continuación se abordan los caracteres de las teorías económico-ambientales y la política pública que promueven (Tabla 2).

La sustentabilidad y las teorías económico-ambientales

La economía ambiental y la economía de los recursos naturales, parten de que la falta de precio de bienes y servicios ambientales, los vuelven una externalidad y cuya solución es internalizarlos, lo que supone que, con precios correctos, será detenido el uso no sustentable de recursos ambientales (^{Field, 1995}). Ello, se traduce en una sustentabilidad débil, pues los recursos son sustituidos por otros capitales, para proteger a los recursos naturales.

La sustentabilidad en la economía de los recursos naturales es débil, pues ellos se regeneran, son sustituibles por otros capitales y no son capital natural crítico. Respecto a los recursos no renovables, su concepción haría asociarlos con la sustentabilidad fuerte, por poseer cantidades fijas, que conforme son consumidas, son restadas a las que generaciones futuras podrán disponer (capital natural crítico), empero, la intención no es que los recursos estén intactos, sino utilizarlos administrando su asignación en las generaciones actuales (^{Labandeira y col., 2007}).

Por su parte, la economía verde apuesta por un desarrollo global sustentable, a fin de satisfacer, tanto las demandas de generaciones actuales, como futuras; por lo que, implementa cambios tecnológicos, para la utilización sustentable de los recursos naturales (^{Vargas-Pineda, y col., 2017}). La sustentabilidad desde este enfoque, dependerá de las estrategias utilizadas, ya que si, por ejemplo, se elige la producción más limpia, propia de la economía ambiental, la sustentabilidad será débil, por sustituir capitales, y de utilizar soluciones basadas en la naturaleza, la sustentabilidad será fuerte, por ser capital natural crítico e insustituible (^{Loiseau y col., 2016}).

A diferencia de la economía neoclásica, que busca el crecimiento económico, para resolver desigualdades, la economía ecológica, considera que esto ha impedido lograr la sustentabilidad, por lo que postula por un desarrollo sin crecimiento, cualitativo y que eficiente el uso de recursos naturales. Para ello, refiere a políticas que incluyan conocimientos locales, para lograr la interacción de los sistemas económico, ambiental y social (^{Costanza y col., 1999}).

La economía ecológica posee una sustentabilidad fuerte, al reconocer los límites físicos al crecimiento, y ve a la economía como un subsistema del planeta tierra, que es finito en energía, pero limitado en recursos, tal y como postuló con analogías Kenneth Boulding, con la economía del cowboy, que refiere a un viajero de llanuras ilimitables, que explota los recursos del planeta, versus la economía del astronauta, que reconoce los límites de éstos y busca conservar el stock natural (^{Rodríguez-Rodríguez, 2012}), y a la cual se adhiere la economía ecológica, que no considera la sustitución de capital natural, sino su complementariedad, carácter crítico y la necesidad de alentar su crecimiento y conservarlo.

La economía ecológica reconoce que existen recursos naturales insustituibles y esenciales para la supervivencia humana, como los ecosistemas (capital natural crítico) y que se vinculan con las soluciones basadas en la naturaleza, que también implementa la economía verde, como la planificación de ANP (Loiseau y col., 2016). A fin de alcanzar la sustentabilidad, la economía ecológica precisa que la tasa de recolección de recursos renovables no exceda su tasa de regeneración y que la tasa de generación de residuos no exceda la capacidad de asimilación (^{Ramírez-Hernández y Antero-Aragón, 2014}). Por ende, la sustentabilidad, respeta la capacidad de renovación de los recursos y la de asimilación de residuos, manteniendo constante el acervo de capital natural.

La política pública ambiental desde las teorías económico-ambientales

En la economía ambiental, los bienes y servicios adquieren valoración económica, mediante instrumentos como los análisis costo beneficio. Así, la valoración económica sirve a la política ambiental, pues cuestiones como las ganancias o pérdidas, derivadas de un daño o mejora ambiental, pueden ser abordadas y de esta forma es posible “conducir… una mejor toma de decisiones en la evaluación y gestión económica de los recursos naturales y ambientales” (^{Raffo-Lecca y Mayta-Huatuco, 2015}:3). En este sentido, asuntos como la contaminación, pueden ser evaluados y en su caso, conducir la política ambiental para modificar comportamientos de los individuos en la producción y el consumo (^{Labandeira y col., 2007}).

Las políticas acorde a la economía ambiental, se dividen en descentralizadas, como leyes de responsabilidad y derechos de propiedad, y las de regulación directa y de control, como estándares, e incentivos (impuestos y subsidios) (^{Field, 1995}). En las primeras, los individuos solucionan la situación que enfrentan, y en las segundas, se generan comportamientos deseables, mediante reglamentaciones, a las que los individuos alinean sus comportamientos.

En lo que atañe a la política pública ambiental, desde la economía de los recursos naturales, esta busca la administración de los mismos (^{Randall, 1985}). Por ende, la política pública ambiental, tiende a controlar la extracción de recursos naturales, con regulaciones que normen el uso y sustitución de los recursos por otros capitales y de derechos de propiedad definidos, que limiten la disponibilidad de recursos, e incidan en las elecciones de consumo (impuestos, subsidios, cuotas de importación y exportación). Circunstancia que denota el carácter normativo de la política ambiental, pues se inclina a definir criterios operativos, en la gestión de recursos naturales (^{Correa-Restrepo, 2016}).

La economía verde, incursiona en la política pública, con el debate del cambio climático, al considerar que su objetivo es solucionar problemas ambientales y de desempleo (^{Cato, 2009}; ^{Loiseau y col., 2016}). En el diseño de las políticas, la economía verde considera herramientas tales como, una producción más limpia, la jerarquía de residuos, soluciones basadas en la naturaleza y el reemplazo del uso de combustibles fósiles con energía limpia (^{PNUMA, 2005}). Al respecto, es posible deducir que la economía verde pudiera fungir como una herramienta para la economía ambiental, pues al incorporar el medio ambiente al sistema económico y aplicar análisis costo beneficio, busca valorar la utilización de estrategias, por lo que, no es desatinado inferir que entre las distintas estrategias a considerar, están aquellas que promueve la economía verde, como podrían ser las inversiones tecnológicas para una producción más limpia.

Por su parte, la economía ecológica, pretende transformar la política pública ambiental, que en su postura neoclásica, ha saqueado los insumos de los ecosistemas, a una política que proteja la biodiversidad y se preocupe por la sustentabilidad. Para ello, la política pública ambiental se ocupa de la planeación y zonificación, para determinar los usos de suelo, teniendo como base los costos y beneficios comunitarios. Así, prioriza las ganancias de las comunidades, por encima de las privadas, y protege y administra los recursos naturales de modo sustentable. El decreto de ecosistemas, como zonas protegidas, lo hace posible (^{Costanza y col., 1999}).

El establecimiento de ANP, asociado a la sustentabilidad fuerte, busca proteger los ecosistemas, pues se obtienen mayores ganancias económicas, en su estado natural, que al destruirlos; no obstante, la política pública debe dirigirse al establecimiento de programas de compensación, a favor de las comunidades, a cambio de las pérdidas económicas derivadas de las restricciones a las que son sometidas en el uso del entorno (^{González-Ocampo y col., 2014}); en otras palabras, en virtud de la gestión compartida de las ANP, con sus habitantes, se esperan compensaciones o incentivos, que los estimulen al aprovechamiento sustentable de los recursos y que les permitan afrontar posibles pérdidas por las limitaciones impuestas (^{Martínez, 2015}).

Así, las políticas públicas ambientales desde la economía ecológica, son las que aun promoviendo la conservación de los ecosistemas y una sustentabilidad fuerte, no excluyen el elemento social del desarrollo sustentable, toda vez que contemplan a las comunidades y sus beneficios. Por lo tanto, dicha teoría, es idónea para abordar la dimensión humana de problemáticas ambientales en ANP, pues a diferencia de la economía ambiental y la economía de los recursos naturales, que consideran un crecimiento cuantitativo y una sustentabilidad débil, lo que desconecta las dimensiones del desarrollo citado; la economía ecológica, reconoce la conexión entre dichas dimensiones, al igual que lo hace la economía verde, salvo que ésta no enfatiza el factor social de los problemas ambientales, como lo hace la economía ecológica, al particularizarlos como conflictos ecológicos distributivos.

Investigaciones vinculadas con las poblaciones de zonas aledañas a ANP

En lo que atañe a las investigaciones realizadas en torno a las poblaciones de ANP, se observa que las basadas en la economía ecológica, aluden principalmente a conflictos ecológicos distributivos, percepciones de las poblaciones y la participación comunitaria. En cuanto a dichos conflictos, investigaciones como la de ^{Martinez-Alier y col. (2010)}, precisan que conforme a la justicia social, éstos se evitan cuando son considerados los intereses, necesidades y valores de los actores, en la toma de decisiones. Asimismo, ^{García-Frapolli y Toledo (2008)}, para abordar los conflictos ecológicos distributivos, a partir de la economía ecológica, evaluaron el manejo de recursos naturales en ANP, por parte de una comunidad y advirtieron que la evaluación contribuye a la identificación e integración, en el diseño de políticas públicas, del contexto cultural y social.

Continuando con investigaciones asociadas a los conflictos ecológicos distributivos de la economía ecológica, ^{Sagrado-Pavón y col. (2014)}, subrayaron que el aprovechamiento sustentable de ANP debe “incorporar la dimensión social y económica… y… una visión holística que integre los aspectos naturales, sociales y económicos” (p. 11). Sin embargo, ^{Martínez-Arrellano y Rappo-Míguez (2017)}, quienes en el ANP el parque nacional la Malinche, advirtieron que la política pública privilegió la conservación, sin considerar las necesidades de las poblaciones, concluyeron que “no solo es necesario que se restauren y asegure la continuidad de los procesos ecológicos, sino también de los procesos socioculturales…” (p. 257). Lo anterior, denota el binomio indisoluble entre naturaleza y población, y la importancia de considerar la dimensión social, pues su exclusión produce malestar social.

Al respecto, Temper y ^{Martinez-Alier (2013)}, a partir de una decisión judicial basada en la valoración de servicios forestales, que excluyó los valores religiosos de la comunidad, mencionaron que aunque estos no encajaron en la valoración económica, debieron considerárseles, ya que las poblaciones indígenas dependían del bosque para su subsistencia e identidad cultural, por lo que valores acéfalos de expresión monetaria, como los aspectos religiosos, debieron tomarse en cuenta, para no prescindir del elemento humano y evitar la compra del derecho a destruir los bosques, por parte de empresas interesadas en productos forestales. Así, las ANP, deben ser inclusivas y contemplar “la diversidad de opiniones y los derechos… de comunidades locales…” (^{Desmet, 2014: 36}).

Por lo tanto, las investigaciones aludidas asociadas a la economía ecológica y a los conflictos ecológicos distributivos que postulan, han tendido a recalcar que para considerar que un ANP logra el desarrollo sustentable, no debe excluir el aspecto social de las problemáticas ambientales. Ahora, en cuanto a los estudios vinculados a la economía ecológica y a las percepciones de las poblaciones, respecto a su afectación o no por el establecimiento de ANP, ^{Aguilar-Cordero y col. (2012)}, advirtieron que algunas poblaciones del ANP Otoch Ma´ax Yetel Kooh, expresaron haberse beneficiado con el acceso a las capacitaciones y apoyos gubernamentales, y reconocieron un incremento en las fuentes de empleo, vinculadas con el turismo; empero, sus actividades tradicionales fueron restringidas, por lo que, destacó la necesidad de diálogo entre las comunidades y la autoridad. Por su parte, ^{Casais-Molina y col. (2015)}, vislumbraron a partir de la economía ecológica, que en la Reserva de la Biosfera Ría Celestún, los programas sociales no compensaron a la comunidad, por las dificultades en las asignaciones, por parte del gobierno.

Asimismo, no pasa inadvertido el contraste que existe respecto a las percepciones, pues por una parte, en investigaciones como la de ^{Ramírez y Triana (2015)}, realizada en el ANP de Altavista, Sierra de Vallejo, Nayarit, sus habitantes tuvieron una percepción positiva de la zona, en virtud de que “el uso de sus recursos naturales representa un beneficio social, económico y ambiental para ellos” (p. 127); en tanto que, en otras, como la de ^{Olmos-Martínez y col. (2016)}, efectuada en la reserva ecológica estatal Estero San José del Cabo, los habitantes percibieron beneficios de vivir ahí, aun cuando las autoridades no habían procurado acercamiento con ellos.

Así, se deduce que, las investigaciones asociadas a la economía ecológica, que han abordado la importancia de la perspectiva de las comunidades en el establecimiento de ANP, evidencian que, considerando a las tres dimensiones del desarrollo sustentable, aquella no debe perderse de vista, tan es así que se advierte la importancia de compensar a las comunidades ante las afectaciones a su entorno y economía, por la creación de dichas zonas, a fin de no solo mantener el equilibrio entre las dimensiones y evitar percepciones negativas, en torno a las ANP, sino para motivar el aprovechamiento sustentable de recursos naturales.

En cuanto a la economía ecológica y la participación comunitaria, investigaciones como la de ^{Sosa-Montes y col. (2012)}, arribaron a la conclusión de que los conflictos entre las comunidades y los administradores, en la Reserva de la Biosfera de Calakmul, fueron ocasionados por no involucrar a las primeras en la toma de decisiones del ANP. A su vez, ^{Brenner (2012)}, dedujo que en el caso de la experiencia de las Reservas de la Biósfera mexicanas, la participación comunitaria abarca también, el cerrar el manejo de la zona a sujetos externos, pues ello conlleva a la “exclusión y marginación de grupos débiles… y agudiza las desigualdades” (p. 238). Por su parte, ^{Avellaneda-Torres y col. (2015)}, refirieron planes de manejo comunitario, para solucionar el deterioro ambiental, producto de las prácticas que poblaciones realizan en ANP (desmonte, quema y arado), que incluyan sus intereses y necesidades. A dichos planes, ^{Barrasa-García (2012)}, incorpora el conocimiento de la población local.

Las investigaciones en torno a la participación comunitaria señaladas, corroboran que las políticas dirigidas a las ANP, deben incluir dicha participación, en la toma de decisiones que surjan del establecimiento y gestión de ANP, para garantizar la dimensión social de la sustentabilidad. Lo cual, se logra vinculando a las comunidades con las instituciones encargadas de la conservación, quienes junto con los tomadores de decisiones de política pública, son los encargados de compatibilizar la conservación con los intereses y necesidades de los habitantes de ANP, a fin de que estos, no se contrapongan con las limitaciones al uso del entorno, tal y como postula la economía ecológica, lo cual habrá de incluirse en los planes de manejo, y denota la relación entre el factor humano y la conservación, en la consecución del desarrollo sustentable.

En cuanto al rol que ha tenido la economía verde, en el estudio de las poblaciones de las zonas circundantes de ANP, se advierte una injerencia menor. Al respecto, ^{Barrantes y Fiestas (2013)}, abordaron el desarrollo del ecoturismo en ANP y coligen que es necesario que los incentivos económicos estén contenidos en normas, para ser exigibles. Por su parte, ^{Martin-Soria (2016)}, sostuvo que las políticas públicas deben ser diseñadas conforme la economía verde, lo que significa conocer las necesidades y oportunidades que brinda dicha zona, hacia una sustentabilidad social, ambiental y económica. Así, dichas investigaciones demuestran que, desde la economía verde, se opta por proponer en ANP medidas como el ecoturismo, que tiendan a ella, así como a la inversión e innovación amigable con el ambiente, que otorgue beneficios económicos y laborales, como contempla la estrategia de la red planificada de ANP, que buscan conservar la biodiversidad y proporcionar servicios ambientales. Sin embargo, de este tipo de investigaciones, se desprende que ha sido menor la incursión de la economía verde, respecto al abordaje de las poblaciones que habitan dichas zonas.

En cuanto a las teorías económico-ambientales neoclásicas, éstas no han procurado abordar la dimensión social de la sustentabilidad, respecto a las poblaciones que habitan en ANP, sino que se han dirigido a la valoración económica de bienes y servicios ambientales; esta situación enfatiza la desconexión entre las dimensiones económica y ambiental, que promueven las teorías de la economía ambiental y la de los recursos naturales, ya que sus valoraciones económicas buscan un crecimiento económico cuantitativo. Corrobora esto, la investigación de ^{Hidalgo-Fernández y col. (2014)}, asociada a las teorías neoclásicas señaladas, que aplicó la valoración económica de los usos recreativos de libre acceso en espacios protegidos, para determinar su demanda; o bien, la de ^{Almendarez-Hernández y col. (2016)}, que mediante la valoración contingente, estimó la disposición a pagar para acceder a un ANP, así como ^{Garzón y Garzón (2014)}, lo hicieron para con el valor recreativo, y ^{Saldívar y col. (2013)}, para la disposición a pagar por servicios ambientales hidrológicos en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey.

Asimismo, en torno a las valoraciones aludidas, destaca la mercantilización de la naturaleza, que la cosifica y convierte en una materia prima más, que la “transmuta en una forma de capital” (^{Leff, 2013: 88}), y la hace objeto de valoración económica. Empero, frente a dicha mercantilización, la racionalidad ambiental la cuestiona, y a través de ésta Leff (2017), critica la racionalidad económica y en su lugar opta por reconocer “otros conocimientos y saberes… y sentido de las prácticas tradicionales de los pueblos” (p. 142). Postura que denota la preocupación por integrar el factor humano de la sustentabilidad en la conservación y al que investigaciones propias de la economía ecológica, se han inclinado. En este sentido, se observa que en la práctica, la economía ecológica, es el enfoque teórico que ha imperado en el abordaje de la exclusión de las poblaciones que habitan en ANP, ya que mediante los conflictos ecológicos distributivos, abarca la perspectiva social de las problemáticas ambientales, los intereses, necesidades, percepciones y participación de las poblaciones.

Por otra parte, se advierte que la economía ambiental y la de los recursos naturales, se han enfocado en mayor medida en la valoración ambiental y en la mercantilización de la naturaleza, mientras que la economía verde, aun cuando al igual que la economía ecológica, considera soluciones basadas en la naturaleza, lo cierto es que, ha otorgado mayor peso a la empresa y sus estrategias para combatir el deterioro ambiental y generar nuevas fuentes de empleo. Por ende, se considera que dichas teorías, no enfatizan la perspectiva social de los problemas ambientales, como lo hace la economía ecológica, que los ha particularizado, bajo la concepción de conflictos ecológicos distributivos, y ligado a su vez, con la participación comunitaria. Los resultados de los diferentes estudios señalan que la exclusión del factor humano en la planeación y cuidado de las ANP, impide la consecución de su sustentabilidad y genera inconformidad social; es por ello, la necesidad de que los administradores de las ANP y los tomadores de decisiones establezcan vínculos fuertes de colaboración con los pobladores del hábitat.