Rutas migratorias y fronteras verticales

Para entender mejor la problemática de la región; se analizaron diferentes estadísticas e informes realizados por organismos internacionales, tales como la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (FRONTEX), Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Amnistía Internacional (AI), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), Women's Link y Médicos Sin Fronteras.

Según la ^{OIM (2013)}, alrededor del 40 % del total de los migrantes, se desplaza de los países del sur hacia los países del norte, generándose flujos migratorios a través de rutas muy consolidadas bajo la paradoja de que el número de salidas de los países del sur es menor al número de entradas en los países del norte. Este fenómeno constata que el control migratorio ha dejado de hacerse exclusivamente en los puntos de cruce fronterizos, extendiéndose la vigilancia a través de las rutas migratorias (^{Finotelli y Sciortino, 2013}), penetrando verticalmente los territorios nacionales y dando origen al concepto de fronteras verticales, las cuales ocasionan que un gran número de población quede atrapada en el camino, haciendo coincidir ruta y frontera. En este trabajo, la frontera vertical hace referencia tanto al aparato de control migratorio que los Estados desarrollan a lo largo de su territorio a través de operativos, retenes y detenciones, como la practicada por aquellos grupos que establecen una relación de dependencia con los migrantes, no sólo económica y laboral, sino también corporal.

Las fronteras verticales dificultan la distinción entre países de destino, origen y tránsito (^{Czaika y Haas, 2014}). Los proyectos migratorios iniciados en origen se quedan en muchas ocasiones a medio camino, atrapados en nichos laborales precarios, generados por empresas trasnacionales procedentes del norte global, que relocalizan su producción (^{Orefice, 2014}; ^{Podrecca y Rossini, 2015}), permitiendo consolidar centros urbanos de migración en el sur global (^{Trinidad y col., 2015}).

En África, tradicionalmente han coexistido tres rutas migratorias que atraviesan el Sahara (Figura 1). La primera es la Atlántica, que es la más antigua y que parte de Senegal a Marruecos por la costa del Océano Atlántico. La segunda es la Central, con Tombuctú y Gao, en Malí, como puntos de partida; es la ruta que centralizó el comercio transahariano de oro, sal y cobre, desde Agadez (Níger) hacia el norte, y que se ramifica en dos: una lleva a Marruecos y Túnez, atravesando Argelia; y la otra se dirige hacia el norte a través de Libia, con destino a Trípoli (Libia) y luego a las islas de Lampedusa o Malta, en el Mediterráneo.

Figura 1 Principales rutas migratorias que atraviesan el Sahara. Las coordenadas se indican en unidades UTM. 

Figure 1. Main migratory routes that cross the Sahara. Coordenates are indicated in UTM units. 

La tercera ruta es la Oriental, la cual, conecta Somalia con Libia, pasando por Jartum (Sudán), que también conecta con Oriente Medio, pasando por El Cairo (Egipto), con destino a los países petroleros (^{Nin y Shmite, 2016: 344-345}).

Existe una acción contradictoria en las rutas migratorias. Por un lado, se busca consolidar las vías de comunicación terrestres para facilitar la movilidad de bienes y capitales, pero al mismo tiempo, se establecen mecanismos para limitar la movilidad humana, a través de diferentes sistemas de vigilancia y retenes migratorios (fronteras verticales), como consecuencia del cierre fronterizo practicado por la política de securitización de la UE. Esto da origen a nuevos espacios glocalizados, donde habitan y transitan los sujetos que quedan atrapados a lo largo de un vasto territorio que puede atravesar más de un país (Figura 2). También se identifican lugares donde se concentran los refugiados en la UE junto con Serbia, Bosnia, Macedonia, Turquía y Siria, que permite visualizar la emergencia de la frontera vertical analizada. En todos estos espacios se construyen realidades socioeconómicas, donde se externalizan, se objetivizan y se internalizan nuevos hábitos y significados en el plano simbólico-cultural, consecuencia directa de la acción de los diferentes agentes político institucionales.

Figura 2 Localización geográfica de los refugiados en la UE, Serbia, Bosnia, Macedonia, Turquía y Siria. 

Figure 2. Geographic location of refugees in the UE, Serbia, Bosnia, Macedonia, Turkey and Syria. 

Por todo ello, las fronteras verticales emergentes son fronteras reales en el plano de la vida cotidiana de los sujetos que habitan dichos espacios, así como fronteras subjetivas construidas por el discurso de securitización. Estas fronteras se presentan lo mismo en África, Medio Oriente y la UE (^{Thayer, 2016}), que a lo largo de Centroamérica, México y Estados Unidos (^{Rodríguez, 2012}; ^{Anguiano y Trejo-Peña, 2013}), y dan origen en ambos casos a otras fronteras verticales no oficiales, asociadas con la presencia y actividad de bandas locales que asaltan a los migrantes y redes de tráfico de personas que tienen como fin la explotación económica, laboral y corporal de la persona migrante (^{Hernández, 2015}; ^{Andrade-Rubio, 2016}). Todo ello resulta un claro indicador de la multidimensionalidad de la frontera vertical.

Las consecuencias de la securitización como eje de la política migratoria de la UE

El término securitización hace referencia al proceso de construcción social que lleva la política a la esfera de la seguridad, "por medio de una retórica del peligro, pre-ordenada a justificar la adopción de medidas especiales, que exceden el marco jurídico y los procedimientos ordinarios de decisión política" (^{Campesi, 2012: 5}). Esta práctica que comenzó, entre otros convenios multilaterales y tratados, con el acuerdo Schengen en 1990 (^{Unión Europea, 2015}), y continuó con el programa de Estocolmo (entre 2009 y 2014), sucesor de los programas plurianuales de Tampere en 1999 y La Haya en 2004, y que en la actualidad sigue presente a través de la ^{Agenda Europea de la Migración (2015)}, está teniendo consecuencias directas en el plano político y económico del norte y el sur global, al consolidar una frontera vertical entre África, los países MENA y la UE, basada en la política de seguridad de la UE (^{Süleymanoğlu, 2015}; ^{Geddes y Taylor, 2016}). De igual modo, está afectando los Derechos Humanos (DD. HH.) de muchos ciudadanos que salen de estas regiones con el fin de llegar a la UE, y que asisten al cierre fronterizo de dicho espacio (^{Suárez-Navaz, 2015}). El último informe sobre tendencias actuales de ^{ACNUR (2015)}, señala que al finalizar el año 2015, el número total de refugiados bajo su mandato era de 16.1 millones, arrojando la cifra más elevada de los últimos 20 años y aproximadamente 1.7 millones más que en 2014.

Al analizar la inmigración irregular en las fronteras exteriores de la UE, haciendo uso de los indicadores que FRONTEX utiliza para medir la misma, se observa que, si bien la estancia irregular en Europa era mucho más numerosa que la entrada irregular hasta 2015, en ese año se invierte la tendencia, tal y como se visualiza en la Tabla 1. Es decir, hasta 2015, la situación irregular se producía principalmente por prolongar una estancia que comenzaba siendo regular, pero desde entonces, la llamada crisis de los refugiados (^{Karageorgiou, 2016}) ha entrado en escena, rompiendo esta tendencia. No obstante, en el 2016 ha vuelto a disminuir de manera pronunciada esta cifra, igualándose el número de entradas irregulares con el número de estancias irregulares. Lo que sí aparece como tendencia nueva en 2016, es que el número de denegaciones de entrada casi se ha duplicado con respecto el año anterior.

Tabla 1 Indicadores de FRONTEX de entrada/estancia irregular en la Unión Europea. 

Table 1. FRONTEX indicators input/irregular stay in the European Union. 

Fuente: Modificado a partir de datos proporcionados por el ^{Frontex (2012}; ²⁰¹⁷⁾.

La guerra de Siria parece ser el detonante del cambio de tendencia (^{Meininghaus, 2016}), pero esta comenzó hace algo más de cinco años, ¿qué ha sucedido en 2015 para que se hayan incrementado las entradas irregulares en más de un millón y medio de personas, sin contar con las vidas que se han perdido en el Mediterráneo? La respuesta parece clara, la política de securitización del control fronterizo practicada por la UE tiene bastantes fisuras, a pesar de la violación sistemática de los DD. HH. que se practica contra migrantes y refugiados, y que no tiene en cuenta la realidad en que vive esta población.

Aunque existe un derecho legítimo a la protección a través del asilo, el reglamento de la UE sólo garantiza su aplicación y tramitación (si procede) una vez se ha llegado a territorio de la UE, lo que está teniendo efectos devastadores (^{Tazzioli, 2015}; ^{Cox y Zaroulia, 2016}). El proyecto ^{Migrant File (2015)}, impulsado por varios periodistas europeos, con el propósito de medir cuántas personas han fallecido en su intento de alcanzar la UE, informa que desde el año 2000 han muerto más de 30 000 personas en el Mediterráneo; 4 000 en 2014, 3 770 en 2015 según la OIM, y 3 100 en los primeros 6 meses de 2016 de acuerdo a Naciones Unidas (NN. UU.). El 10 de agosto de 2016 la ^{OIM (2016)}, confirmaba que 275 985 personas habían llegado a Europa por tierra y mar desde que comenzó el año. Sin embargo no todos los que llegan a la UE consiguen llegar a su destino final. Sirva de muestra como cerca de 3 000 personas esperan la resolución de su solicitud de asilo en Sicilia, y alrededor de 57 000 personas refugiadas están atrapadas en Grecia, tras el cierre de la ruta de los Balcanes. El número de refugiados e inmigrantes en la frontera entre Serbia y Hungría supera las 1 400 personas, mientras una nueva legislación amplía 8 km los controles fronterizos dentro de territorio húngaro, y autoriza a la policía para interceptar a cualquier persona en este perímetro y expulsarla al otro lado de la frontera (^{ACNUR, 2015}).

La denominada cooperación al desarrollo que practica el norte con el sur global también está en el centro de la externalización de la gestión de frontera de la UE. A principios de junio de 2016, la Comisión Europea dio un paso más en este sentido, anunciando un Nuevo Marco de Asociación en Materia de Migración, en el que se expone que "se introducirá una combinación de incentivos positivos y negativos en las políticas comerciales y de ayuda al desarrollo de la UE para recompensar a aquellos países dispuestos a colaborar de manera eficaz con la UE en la gestión de la migración, así como para garantizar que haya consecuencias para aquellos que se niegan a hacerlo" (^{Comisión Europea, 2016a}). Más allá de la ética y la estética de dicha práctica, existe un problema de utilidad ante la ausencia de gobiernos que puedan actuar como interlocutor válido para los intereses de la UE, como sucede en el caso de Siria, Libia, Irak, Afganistán o Eritrea.

La invisibilización del sur global a través de la externalización de las fronteras

La UE ha construido una nueva frontera, más lejana y más invisible para la moral occidental, con el fin de ocultar la realidad (^{Soriano-Miras y col., 2016a}), contribuyendo a consolidar una nueva frontera vertical. La pregunta parece obligada: ¿cómo la UE ha llevado a la práctica la política de securitización? A través de acuerdos con terceros países y de contratos y convocatorias con organismos del sector privado. "El programa de la Haya (2004) ha significado la externalización, exportación y transferencia de la política europea de inmigración y asilo, así como el control de sus fronteras a países de mayor tránsito migratorio ubicados fuera de las fronteras de la Unión" (^{Kramsch, 2009}).

El acento puesto en la seguridad fronteriza ha llevado a Europa a cerrar la misma, con el fin de asegurar el bienestar de los europeos, aunque ello haya supuesto la invisibilización del sur, que solo se visibiliza cuando los medios de comunicación muestran el drama en el mediterráneo y los campos de refugiados en Europa (^{Tazzioli, 2015}). Con el fin de contrarrestar las imágenes mediáticas (no la de solucionar el problema), la UE ha firmado un acuerdo con Turquía (Declaración UE-Turquía, 8 de marzo de 2016), para que evite las salidas en embarcaciones y abra campos de refugiados en su territorio y no en Europa, lo que ha supuesto un incremento de las muertes en el mediterráneo, al tener que optar por rutas más peligrosas. "La UE no ataja el problema social desde la raíz, porque su foco de atención radica en invisibilizar todo aquello (incluidos los sujetos), que consideran residual para la pervivencia del norte global" (^{Soriano-Miras y col., 2016a}). Pero, este no ha-sido el único acuerdo firmado en 2016, pues a finales de ese año, la Comisión Europea confirmaba que: "se había empezado a trabajar para dar soluciones a corto plazo a la presión migratoria inmediata y aumentar la inversión que ataje las causas profundas de la migración irregular con cinco países prioritarios: Níger, Nigeria, Senegal, Malí y Etiopía" (^{Comisión Europea, 2016b}).

Además, la UE ha creado toda una red de centros de procesamiento de tránsito en otros países, transfiriendo sus competencias en materia de vigilancia (^{Blanchard y Wender, 2007}). En este ámbito, el enfoque global de la migración de la UE y La Política Europea de Vecindad (PEV) juegan un papel relevante. En el marco de la PEV, los países vecinos de la UE, principalmente Marruecos, Libia, Argelia, Túnez y Mauritania, se han transformado en su frontera exterior, al "participar en la implementación y dispersión de las políticas de fronterización de la UE, corresponsabilizándose de las tareas de gestión de los flujos migratorios hacia la Unión" (^{Zapata y Ferrer, 2012: 93}). A través de dicha práctica, se intenta detener el movimiento de población en el sur de las fronteras estatales. La frontera vertical entra en juego, donde un emergente complejo industrial de seguridad (^{Godfrey y col., 2014}), aparece como coprotagonista de este proceso. "La migración se vuelve una "nueva amenaza", y para ello se necesita una mejor tecnología para su control: radares, cámaras térmicas, de movimiento e infrarrojos, concertinas en las vallas, mallas anti-trepa y una innumerable cantidad de recursos tanto humanos como tecnológicos" (^{Ríos-Vargas, 2015}).

La UE construyó el Programa Europeo de Investigación y Seguridad en 2003 (que se convertiría posteriormente en el ESRIA, por sus siglas en inglés: European Security Research and Innovation Agenda), con el fin de incrementar la seguridad interna de sus Estados miembros, al mismo tiempo que se fomentaba el crecimiento de las industrias vinculadas a los sectores de la seguridad, de las tecnologías de la información y comunicaciones, y también de defensa militar; con la voluntad de crear un "complejo industrial de seguridad" en Europa (^{Ortega, 2010}). Dicho programa dividió la seguridad europea en dos: una externa a las fronteras de la UE, orientada a la seguridad exterior para ejercer funciones de defensa, y una interna con una red de con troles físicos y virtuales con sofisticados sistemas de vigilancia. Así, el Mediterráneo pasó a ser la frontera externa de la Unión Europea vigilada por los agentes fronterizos nacionales y por FRONTEX (^{Ríos-Vargas, 2015}). Estas acciones daban inicio a la legitimación y expansión de la frontera vertical.

Este programa contemplaba la existencia de un grupo de personalidades, entre los que destacaban el Alto Representante de política exterior, varios Comisarios europeos para la sociedad de la información, varios Comisarios de asuntos exteriores y comercio, representantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), representantes de la Agencia de armamento de la UE, representantes de las cuatro industrias militares europeas más importantes, Thales, EADS, BAE Systems y Finmeccanica, y cuatro representantes del ámbito de la electrónica y tecnologías militares y civiles, como Ericsson, Siemens, Diehl e Indra (^{Hayes, 2006}). Este grupo elaboró un primer Informe en 2004, donde se detallaban las amenazas a la seguridad europea: terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, conflictos regionales, crimen organizado e inmigración ilegal. El informe concluía que la tecnología era indispensable para garantizar la seguridad, estimando una dotación mínima anual de 1 000 millones de euros, con el fin de desarrollar tecnologías para financiar y coordinar la investigación en materia de seguridad (^{Comisión Europea, 2004}). Establecía los vínculos existentes entre seguridad civil y seguridad militar, aconsejando una colaboración estrecha entre ambos sectores (^{Ortega, 2010}). Paralelamente, la Comisión Europea creó una junta de consejeros compuesta por 50 miembros, entre académicos, instituciones, Europol (Agencia Europea de Defensa), y siete asientos reservados a empresas militares. Se continuaron creando nuevas plataformas con importantes presupuestos, como el Foro Europeo para la Investigación e Innovación en Seguridad (ESRIF, por sus siglas en inglés: European Security Research and Innovation Forum), dotado con 1 400 millones de euros; Organización Europea para la Seguridad (EOS, por sus siglas en inglés: European Organisation for Security), y Organización de Defensa Europea (ASD, por sus siglas en inglés: Aero Space and Defence Industries Association of Europe) (^{Ortega, 2010}).

En la delgada línea que existe entre los intereses de la iniciativa privada y el bien público, el Consejo de Dirección de la EOS eligió al director general de Indra como su nuevo presidente, entre 2013 y 2016 (^{Indra, 2013}). Este grupo controla cerca de 5 000 km de fronteras terrestres y marítimas de varios países en distintos continentes. También ha asumido la implantación y puesta en marcha de un Sistema Integrado de Vigilancia (SIVE), en la frontera marítima del Mar Negro. El diseño del sistema que se ha implantado en Rumanía se basa en el sistema de vigilancia exterior de fronteras marítimas que esta misma empresa ha implantado en distintos tramos costeros de España y que se ha exportado a otros países, como Portugal, Bulgaria, Polonia, Letonia o Hong Kong, tal y como indica la propia compañía en su página web (^{Indra, 2017}). Dicha línea de acción sigue en vigor en el nuevo programa ^{Horizonte (2014)}. España recibirá de la UE 527 millones de euros para el control de fronteras. Una parte se dedicará a la realización de obras de infraestructura del perímetro fronterizo (^{Rodier, 2013}). Indra, además, en colaboración con la Guardia Civil y junto con otros 29 socios de 12 países de la UE, coordina desde 2011 el proyecto Perseus, el cual pretende "mejorar la vigilancia de mares y fronteras europeas mediante el uso integrado de nuevas tecnologías disponibles" (^{Rodier, 2013: 38}).

^{Akkerman (2016)}, en un reciente informe sobre inmigración, refugiados y seguridad en Europa, muestra las siguientes cifras y tendencias: 1) se estima el mercado de la seguridad europea en unos 15 000 millones de euros en 2015, y se prevé que incremente hasta superar los 29 000 millones de euros anuales en 2022; 2) las exportaciones globales de armas a Oriente Medio han aumentado en un 61 % entre 2006 y 2015. Entre 2005 y 2014, los Estados miembros de la UE otorgaron licencias de exportación de armas a Oriente Medio y al norte de África por un valor de más de 82 000 millones de euros; 3) la respuesta normativa europea a los refugiados ha traído consigo un incremento del presupuesto, que beneficia a estas empresas de seguridad; 4) la financiación total de la UE para medidas de seguridad en las fronteras, a través de sus principales programas de financiamiento es de 4 500 millones de euros entre 2004 y 2020; 5) el presupuesto de FRONTEX, aumentó entre 2005 y 2016 de 6.3 millones de euros a 238.7 millones de euros; 6) a los nuevos Estados miembros de la UE se les ha exigido que refuercen las fronteras, como condición para adherirse a la Unión. El equipamiento adquirido o actualizado con dinero del Fondo para las Fronteras Exteriores incluye 545 sistemas de vigilancia de fronteras, 22 347 elementos para la vigilancia de fronteras y 212 881 elementos para el control fronterizo; 7) Finmeccanica y Airbus han sido las principales beneficiarías de contratos europeos destinados a reforzar las fronteras. Airbus es, además, el principal beneficiario de los contratos de financiación para investigación en seguridad. Sus ingresos totales en 2015 ascendieron a 95 000 millones de euros. "Hoy en día tenemos un complejo militar de seguridad industrial que se está dirigiendo contra algunas de las personas más vulnerables y desesperadas del planeta. Permitir que este complejo escape a todo examen representa una amenaza para la democracia y para una Europa construida sobre los ideales de la cooperación y la paz" (^{Akkerman, 2016: 2}).

Esta realidad deja de lado, en la mayoría de las ocasiones, los DD. HH. de miles de personas (^{Xanthaki, 2016}), a las que las paradojas de la economía global les lleva por una parte a iniciar un viaje hacia al norte, con el fin de mejorar su vida; solo para encontrarse, por otra parte, con el hecho de que los fondos invertidos por ese norte global se dedican más a impedir su entrada, que a reconocer su estatus como sujetos con derechos reconocidos por el Derecho Internacional y la convención europea de DD. HH., quedando atrapados en la frontera vertical.

El marco de los DD. HH. en la UE

Los derechos humanos son pretensiones morales y reivindicaciones sociopolíticas que a lo largo de la historia han experimentado momentos de reconocimiento y ampliación, producto de luchas y conflictos sociales, así como de transformaciones de prácticas culturales y políticas que la sociedad occidental ha vivido en los últimos dos siglos (^{Tilly, 2004}; ^{Hunt, 2009}; ^{Donelly, 2011}). El derecho internacional consuetudinario plantea un estándar mínimo de trato de todo ser humano, al que se denomina el núcleo duro de los DD. HH. fundamentales, y que se encuentra recopilado en el artículo 3 de la convención de Ginebra de 1949, recogido en los posteriores instrumentos sobre derechos fundamentales (^{Gortazar-Rotaeche, 2013}). Entre otros enunciados se encuentran: el derecho a la integridad física y moral; el derecho a no sufrir tratos crueles inhumanos o degradantes y; el derecho a la tutela judicial efectiva en la protección de dichos derechos básicos (^{Soriano-Miras y col., 2016a}).

La perspectiva de los DD. HH. plantea que todos los seres humanos tienen estos derechos básicos, porque se es humano independientemente de donde se viva o quien se sea (^{Sjoberg y col., 2005}). Los principios son universales, innatos, irrenunciables, inalienables, imprescriptibles e indivisibles, y es que el moderno régimen de los DD. HH. se basa en el principio de que los mismos trascienden la ciudadanía nacional (^{Gzesh, 2008}). El artículo 13.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) (NN. UU., 1948) plantea: "el derecho de todo ser humano a abandonar su país de origen y regresar a él"; y el 14.1 se hace eco del: "derecho a buscar asilo en caso de persecución y disfrutar de él en cualquier país". Para este trabajo, interesa destacar además, la ratificación por parte de los países de la UE y Marruecos de la DUDH, y del pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales que conjuntamente con la anterior constituyen la carta de DD. HH. Pero, ¿cómo está aplicando la UE toda esta normativa (^{Bloomfield, 2016}), teniendo en cuenta que la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos (^{Perkowski, 2016}) son valores consagrados en los Tratados de la UE?

A través del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, la UE apoya a los grupos, asociaciones o particulares que defienden los derechos humanos, las libertades fundamentales, la democracia y el Estado de Derecho, para lo que dispone de un presupuesto de poco menos de 1 333 millones de euros para todo el periodo 2014 a 2020 (y para todas las iniciativas de la defensa de los DD. HH., más allá de la mera movilidad de las personas), por lo que este resulta insuficiente. También es importante destacar que la UE destina más recursos al control de las fronteras que a la ayuda a refugiados (^{Puggioni, 2015}).

La acción para controlar las fronteras se ha centrado en medidas de disuasión coercitiva (incremento del control fronterizo y externalización de la vigilancia fronteriza), más que en una represión disuasoria (incremento del control interno) o en una disuasión informativa (^{López-Sala, 2015}). Médicos Sin Fron teras denunció que desde 2015 sus equipos han rescatado a más de 25 000 personas de embarcaciones en peligro. Independientemente de su país de origen o de sus razones para tratar de llegar a las costas europeas. Casi todas las personas rescatadas en el mar habían pasado por Libia (^{MSF, 2015}).

Marruecos como frontera vertical construida desde la política y la economía

Ya sea en la política o en su legitimación discursiva, a través de los medios de comunicación (^{Suárez-Navaz, 2015}), los debates sobre la gestión de la migración a menudo se centran desproporcionadamente en los factores internos, tales como la seguridad, e ignora realidades políticas y económicas cruciales en otros lugares que son los que favorecen la desigualdad social que provoca la migración. Pero, ¿qué está sucediendo en Marruecos en esta materia?

La ruta migratoria de África a la UE, que FRONTEX denomina mediterráneo occidental (Marruecos-España), tradicionalmente se ha utilizado por nacionales argelinos y marroquíes que querían llegar a España, Francia o Italia. Sin embargo, desde hace algunos años se ha incrementado el número de personas que proceden del África subsahariana, impulsados hacia el norte por los conflictos en Malí, Sudán, Sudán del Sur, Camerún, Nigeria, Chad y la República Centroafricana. En 2015, los sirios representaron la mayor parte de las detecciones en esta ruta (^{FRONTEX, 2017}). Ante la imposibilidad que tienen los jóvenes de migrar legalmente, por la dificultad para obtener los documentos requeridos, han optado por las vías ilegales de entrada a la UE, atravesando diferentes países, como Marruecos (^{Nin y Shmite, 2016: 344}) (Figura 1).

El gobierno marroquí actúa en connivencia con el gobierno español en su lucha contra la inmigración irregular: "aun a despecho de posibles vulneraciones de la legalidad, como el episodio del desalojo de los inmigrantes sub-saharianos que habían llegado a la Isla de Tierra frente a la playa de Alhucemas en septiembre de 2013 o las devoluciones en caliente" (^{Martin, 2014}).

El 24 de junio de 2015, el diario Tel Quel, en su edición marroquí, denunciaba a través de las declaraciones de un joven congoleño, residente en el barrio de Boukhalef (Tánger), el cual se ha convertido en una de las zonas de mayor emigración del norte de Marruecos, que el verdadero problema del barrio es la ausencia e incapacidad de la policía para actuar en casos de xenofobia. Asociaciones como Promotora de Desarrollo Integral (PRODEIN) o Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y organismos como Médicos Sin Fronteras que trabajan en defensa de los DD. HH., afirman que: "se ha dicho muy poco sobre la extrema violencia con que las Fuerzas de Seguridad marroquíes y, en menor medida, la Guardia Civil española, han respondido a los intentos de entrar en Ceuta y Melilla (...) consecuencia directa de la 'nueva etapa' de las relaciones hispano-marroquíes y la 'excelente' cooperación sobre cuestiones de seguridad" (^{MSF, 2013}). El 6 de febrero de 2014, tras un intento fallido del cruce fronterizo por parte de 400 personas, unas 250 se dirigieron a la playa del Tarajal para intentar pasar a nado, pero debido a la actuación de las fuerzas de seguridad, perdieron la vida en el mar 15 personas. Las 23 que sobrevivieron fueron devueltas de inmediato a Marruecos, lo que supone un incumplimiento de las obligaciones contraídas en España, en virtud del derecho internacional y de la legislación de la UE y española (^{Amnistía Internacional, 2014}).

Tras el refuerzo fronterizo de la UE, un importante "número de subsaharianos se ven atrapados en Marruecos, sin poder proseguir su viaje hacia Europa, ni regresar a sus países de origen (…) más de la mitad llevan en Marruecos pasados los seis meses; y más de una cuarta parte entre seis meses y un año" (^{MSF, 2013}) y mientras tanto, todos esperan poder llegar al lugar garante de los DD. HH. -la UE-.

Mención especial tiene la cuestión del tráfico y la trata de personas en cuanto supone una vulneración sistemática de los DD. HH.: "El marco de sucesos globales de explotación cuyo origen se pierde en el tiempo, saltando o adaptándose a cualquier circunstancia histórica (...) y su importante presencia en el siglo XXI, significa la conversión de una parte de la población en mercancía, con el fin de servir a un lucrativo negocio global de explotación económica, laboral o sexual" (^{López-Sala y col., 2011}). Según la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, (^{APRAMP, 2014}), cada año entran en España entre 40 000 y 50 000 jóvenes con fines de explotación laboral y sexual. Cerca de la mitad son menores de edad. Es un negocio que mueve entre 7 billones de dólares y 12 billones de dólares anuales (^{UNODC, 2010}). Es el segundo negocio clandestino del mundo en beneficios, después del tráfico de armas y por delante del tráfico de drogas. En España, suponen 5 millones de euros cada día, según el ^{Defensor del Pueblo (2012)}.

^{Women's Link (2014)}, ha documentado el caso de Nigeria: el envío de mujeres y niñas a Europa a través de las redes, es percibido y construido socialmente como una estrategia migratoria y de desarrollo comunitario, por lo que no existe una condena social a los tratantes. El coste de transporte al norte de África se encuentra cercano a los 1 000 euros. Una vez iniciado el viaje, las mujeres quedan a disposición de las redes, variando su estrategia de supervivencia antes de llegar a Europa, atrapadas en la frontera vertical. No les permiten ejercer la prostitución en Marruecos, pero sí las obligan en Libia. Mientras en el primer caso no es rentable, en el segundo sí. Si una mujer queda embarazada durante el trayecto migratorio, será la red quién decidirá qué hacer en función de las circunstancias geopolíticas del país donde se encuentre, los países de tránsito y del país a donde se quiere llegar. Como las deportaciones desde España e Italia son frecuentes, el hecho de llegar embarazada puede ser una ventaja para la red, por lo que en algunos casos será conveniente que la mujer continúe con el embarazo, al ser más fácil que le permitan la entrada en la UE; pero en otras ocasiones la llegada de un hijo(a) podría ser vista como una carga económica para la red, por lo que la obligaría a abortar. También pueden embarazarla intencionalmente durante el trayecto, ya que esto podría facilitar la entrada de ella y (posteriormente) la del padre de su hijo(a), sin embargo, la red le puede provocar un aborto después, con el fin de que quede embarazada de otro hombre (más favorable para la transacción económica que le permita entrar en la UE), y todo ello en un breve intervalo de tiempo.

Todos estos ejemplos evidencian que la mujer, y particularmente su cuerpo, es tratada como mercancía. Las mujeres que son deportadas sin haber pagado la deuda son estigmatizadas en su país por haber vuelto empobrecidas y haber ejercido la prostitución en Europa, por lo que la probabilidad de que vuelvan a buscar las redes aumenta. En este punto, la frontera vertical oficial y extraoficial emergen como realidades interconectadas (^{Hernández, 2015}), que provocan que las mujeres migrantes desarrollen estrategias que les permitan superar los obstáculos de dichas fronteras de manera simultánea.

El papel de los países del norte de África y concretamente el del país marroquí en la contención de la migración es altamente complejo, al moverse en una geopolítica asimétrica muy inestable. Marruecos pretende mostrar una imagen de un país garante del respeto por los DD. HH., comprometido con las instituciones democráticas; pero las continuas denuncias de asociaciones de DD. HH. sobre las diferentes acciones ejercidas contra los migrantes, dificultan que esta representación social tenga el éxito necesario. Por ejemplo, desde 2014, se han incrementado las redadas en las comunidades de migrantes subsaharianos, y concretamente en aquellos barrios marginales de Rabat, Casablanca, Fez y Tánger. Los migrantes arrestados en estas acciones "incluidos refugiados, solicitantes de asilo, mujeres embarazadas y menores, son conducidos en masa hasta la frontera y expulsados a tierra de nadie, en una zona entre Oujda (Marruecos) y Maghnia (Argelia)" (^{MSF, 2013}).

Marruecos está sumido en un complejo proceso económico a dos velocidades. Mientras las cifras macroeconómicas inciden en que el país ha incrementado su Producto Interno Bruto (PIB) per cápita en un 8.2 % desde 2010, según los indicadores internacionales de Desarrollo Humano publicados por el Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas (^{UNDP, 2015}), la desigualdad social no para de crecer, pues aunque el Índice de Desarrollo Humano (IDH) ha mejorado en un 0.7 % entre 2009 (0.621) y 2014 (0.628), al ajustar por desigualdad (IDHD) se produce una pérdida del 29.7 %, situándose en 0.441 (^{UNDP, 2015}). La desigualdad en materia educativa aparece como un serio problema al ubicarse en 2014 en un 0.253 (^{UNDP, 2015}). Según el Índice de Percepción de la Corrupción, que clasifica a los países en función de lo corrupto que se percibe el sector público, Marruecos ocupa la posición 88 entre 177 (^{Transparency Index, 2015}). La política económica dirigida a incentivar la atracción de inversión directa extranjera, que ha llevado el país en los últimos años, ha dado su fruto. En 2015, Marruecos atrajo 3.6 mil millones de EUR de IED, esencialmente en el sector industrial (^{ICEX, España, Exportación e Inversiones, 2016}). Una de las consecuencias directas de esta política económica ha sido la atracción de mano de obra barata, pero que no ha tenido los efectos sociales positivos que se preveían para este país. Y es que a pesar de los esfuerzos de reducción de la pobreza en Marruecos, su IDH sigue situándose por debajo de la media mundial (0.694) y el promedio de los países árabes (0.652) (^{Informe sobre Desarrollo Humano, 2014}).

Esta situación ha sido provocada, en parte, por la implementación de los Programas de Ajuste Estructural promovidos por el Banco Mundial (BM) y el FMI (Fondo Monetario Internacional) (^{Soriano-Miras y col., 2015}). En el año 1975 el FMI no tenía una línea de crédito con Marruecos. Sin embargo, 10 años después, los préstamos a Marruecos ascendían a 1 274 millones de dólares. En 2014, se situó en algo más de 813 millones de dólares. El FMI mantiene en la actualidad la concesión de una línea de precaución y liquidez de 5 000 millones de euros. Por su parte el crédito del BM, en el año 1975, era algo más de 275 millones de dólares, pero este se ha ido incrementando desde entonces. "El compromiso financiero medio del BM con Marruecos ha aumentado más de un 300 % en la última década (el volumen total de fondos comprometidos por el BM en Marruecos asciende a 5 millones 908 mil dólares con 92 centavos), respecto del periodo equivalente anterior en que el volumen total de fondos sumaba 1 millón 854 mil dólares con 52 centavos" (^{ICEX, España, Exportación e Inversiones, 2016}). En cuanto a la deuda pública esta se situó entorno al 63.2 % del PIB en 2014 (Ministerio de AA.EE., 2016).

^{Sklair (2003)}, señala el cambio cualitativo que ha supuesto pasar del capitalismo de un sistema internacional a uno global, donde las corporaciones transnacionales se desvinculan de territorios específicos y se transforman en globales. Pero como afirma ^{Sassen (2015: 102)}, no se plantea que: "los países ricos, las empresas globales y las organizaciones internacionales hayan conspirado por mucho tiempo para debilitar a los países pobres", sino que atendiendo a la historia, "que se inició en la década de 1980 con los programas de reestructuración, esos programas debilitaron y empobrecieron a los gobiernos nacionales".

En el sur global, las interacciones entre rendimientos crecientes en la empresa manufacturera, costes de transporte y movilidad de los factores, están causando la aparición de aglomeraciones espaciales que sirven de nichos laborales y vitales a la población que se desplaza del sur al norte, y que como consecuencia del cierre fronterizo, fomentado desde la política y retroalimentado por algunos sectores de la ciudadanía, se ven obligados a permanecer en estas aglomeraciones (^{Soriano-Miras y col., 2016a}), consolidando la existencia de las fronteras verticales. En Marruecos, Tánger se perfila como el destino privilegiado de la movilidad residencial, al que le sigue Casablanca (^{Trinidad y col., 2015}). El punto de partida hacia la región se encuentra diseminado. Estos itinerarios no siguen siempre una línea directa desde los lugares de nacimiento, sino que, en ocasiones, incluyen etapas intermedias que tienen lugar en otros ámbitos urbanos (Rabat, Marrakech, entre otros) (^{Capote, 2014: 244-245}). Los migrantes internos e internacionales se encuentran atrapados en la frontera vertical.

En este nuevo escenario, las grandes corporaciones transnacionales, tanto las manufactureras como las financieras, dictan las condiciones que le son más ventajosas y que los Estados aceptan para atraer la inversión extranjera (^{Hennebry y col., 2014}). Los incentivos a la inversión son ampliamente utilizados por los gobiernos como política de atracción de inversiones, pese a las críticas persistentes de que son económicamente ineficientes y conducen a la asignación indebida de fondos públicos (^{UNCTAD, 2014}).

^{Tsoukalis (2014)}, plantea que la crisis económica actual ha puesto de relieve las limitaciones del poder político contra una economía sin fronteras, que suele ser la que dicta las normas. Marruecos no se aleja de esta tónica. El país ha firmado 66 tratados bilaterales de inversión, desplegando esfuerzos para posicionarse como país atractivo para la industria de exportación (^{Oxfam Intermon, 2014}). La IED recibida experimentó un crecimiento del 8.6 % en 2014, alcanzando los 3 582 millones de dólares, y consolidando la tendencia positiva de los últimos años. No obstante, un año más tarde, a consecuencia de los efectos de la crisis económica, se percibe un descenso de la IED recibida, alcanzando los 3 266 millones de dólares en dicho periodo, según datos del Haut Commissariat au Plan (Alto Comisariado de Planificación) (^{Ministerio de AA. EE., 2017}), lo que no significa que la IED haya dejado de tener efectos positivos en los datos macroecononómicos del país. Algunas de las empresas más prominentes del sector automotriz, como Renault, se han establecido en el país con una importante base de producción, realizando grandes inversiones en su planta en la ciudad de Melloussa, cerca de Tánger, donde fabrica coches de bajo coste con la marca Dacia. Otro importante sector en auge es la industria aeroespacial, que ya ha recibido la atención de importantes empresas multinacionales como Boeing, Safran, Airbus, Bombardier y United Technologies.

Otras empresas internacionales que realizan actividades en Marruecos, son Delphi, Leoni, Dell, GDF Suez, y Total. También el grupo INDITEX se encuentra ubicado en el país, siendo la segunda plataforma de producción del textil más importante después de China. La multinacional cuenta en su cadena de proveedores con 249 fábricas y talleres en Marruecos, que emplean a 64 501 trabajadores, fundamentalmente en la zona de Tánger y Casa blanca, según los datos de su última memoria anual presentada, correspondiente al ejercicio 2014 (^{Grupo INDITEX, 2015}).

Pero este proceso no tiene en cuenta, en la mayoría de las ocasiones, los problemas a los que se enfrentan los trabajadores como consecuencia de sus precarias condiciones laborales (^{Human Right, 2008}; ^{Social Watch, 2010}). Debido a que la globalización centra su interés en procesos macrosociológicos, descuida la forma en cómo estas se desarrollaron en los niveles micro, olvidando a los sujetos que representan la otra cara de la globalización (^{Robertson, 2000}; ^{Soysal, 2000}). La precariedad en la vivienda, y los problemas educativos y sanitarios, están generando situaciones de miseria y de desesperanza social, que favorecen el planteamiento de estrategias de procesos migratorios internacionales por motivos laborales (^{Saprin, 2002}).

En el periodo 2005 a 2012, la tasa de alfabetización de adultos no superaba en Marruecos el 70 %, siendo la tasa de abandono escolar en educación primaria cercana al 10 % (^{Human Right, 2010}). Pero, si el sistema apunta a la necesidad de disminuir la desigualdad educativa, para conseguir un mayor bienestar social, paradójicamente, se rompería con uno de los mayores atractivos que para las empresas tiene deslocalizar su producción en un país como Marruecos, como lo es el coste laboral.

Tras años sin alcanzarse un acuerdo sobre legislación laboral, el 8 de junio de 2004 se aprobó el Código de Trabajo marroquí, que se encuentra en vigor en la actualidad. Pero, aun siendo conscientes del avance que supuso en materia laboral, la presencia de condiciones laborales contrarias a la legislación continúa siendo habitual entre los obreros. Diversos estudios, como los desarrollados por ^{Comercio Justo (2015)} o la Campaña Ropa Limpia (^{Sales y Piñeiro, 2011}), ya habían mostrado que la inaplicabilidad de la legislación laboral es algo usual entre las empresas de confección. Los mismos resultados son arrojados por ^{Na'ir y El-Khamlichi (2016)}, en el caso de las mujeres trabajadoras de la rama de alimentación; por ^{Trinidad y col. (2015)} y ^{Soriano-Miras y col. (2016b)}, en el caso de la confección y la automoción. Y es que el incremento del nivel educativo de la población ayudaría a disminuir la desigualdad, pero también se perdería el ejército de reserva para trabajar en dicha industria. El margen de maniobra de la ciudadanía es escaso: o asume estas condiciones o emprende una migración hacia el norte, pero entonces se encontrará con una frontera semicerrada que pone el acento en la seguridad, impidiendo el paso, consolidando la frontera vertical.

Marruecos también inició un proceso de regularización de la inmigración a principios de 2014. Si bien, estaba previsto que entre 25 000 y 40 000 personas regularizaran su situación, poco menos de 6 000 lo hicieron. Sólo el 32 % de las demandas registradas fueron aceptadas, elevándose a casi 18 000 las personas de 101 países que iniciaron los trámites. Pero, Marruecos también tiene muy presente la cuestión del Sahara Occidental, donde existe el problema de autodeterminación, habiéndose vulnerado los DD. HH. (^{Boukhari, 2004} y ^{Szmolka, 2013}).

En marzo de 2014, Marruecos consiguió que Senegal apoyara la causa marroquí sobre el Sahara occidental, al igual que Camerún. No obstante, existe una amplia mayoría de se-negaleses y cameruneses en la frontera norte esperando para cruzar a Europa. Para ambos países puede ser difícil apoyar la posición de Marruecos sobre el Sahara, cuando la ciudadanía y las autoridades agreden a su población de manera sistemática. La frontera vertical en África se hace realidad a través de los datos presentados.