Cuestiones de implicación

El tejido del objeto de estudio no fue asunto sencillo. Desde la empiria se echó una mirada la forma en cómo la aplicación de la evaluación de desempeño docente vulneraba de alguna manera los principios de legalidad y seguridad jurídica. Es algo que no se visualizó desde lejos, sino como sujeto mismo de evaluación. Dicha observación no fue neutra, estuvo cargada de una fuerte postura y teoría jurídica que interpelaba a mi formación como licenciada en Derecho y maestra en Derecho Constitucional (^{Sánchez, 2000}).

Así, se decide escribir este artículo, “Los principios de legalidad y seguridad jurídica en la aplicación de la evaluación de desempeño docente”, el cual da cuenta de una exhaustivo trabajo de investigación, producto de la tesis doctoral dentro del Doctorado en Ciencias de la Educación que imparte el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, como una forma de aportar -desde la mirada jurídica que atraviesa la multidisciplinariedad del campo de las ciencias de la educación- una percepción muy particular de la realidad actual e imperante en el terreno del derecho, en particular en la aplicación de la evaluación de desempeño docente que, además de incidir de manera directa en los principios jurídicos de que son garantes los profesores, impacta en los diversos fenómenos educativos que tienen lugar dentro de las instituciones escolares.

Coincido con ^{Sánchez (2000)} en que esta investigación tiene que ir más allá de la exposición de la verdad; es necesaria una intervención que transforme las condiciones con las cuales se está aplicando la evaluación docente apegada al respeto por la norma jurídica. La identificación plena de esta problemática, si bien comienza desde la empiria debida a la experiencia personal y de compañeros docentes, como ya se mencionó, se sustenta en el conocimiento previo: una fuerte carga de teoría jurídica subyacente a mi formación profesional.

Por lo tanto, el principal objetivo de la tesis doctoral antes citada, antecedente y causa del presente artículo, es analizar y explicar la relación entre la aplicación de la evaluación de desempeño docente con los principios jurídicos de legalidad y seguridad. Motivo por el cual se supone que existe dicha relación.

Reconociendo una mirada multidisciplinaria desde el ámbito jurídico, se invita a ver el fenómeno de la aplicación de la evaluación de desempeño como un acto que interviene en la actuación del docente como sujeto de derecho a la legalidad y seguridad jurídica. Y cuya construcción epistémica lleva a revisar los postulados de los principios jurídicos de la teoría de ^{Heller (1992)}, quien establece que “nunca está contenido todo el derecho en la letra de los preceptos jurídicos positivos” (p. 76), y que todo derecho positivo o escrito debe descansar sobre la base de ciertos preceptos éticos y morales concretos que funcionan como directrices generales sobre los cuales deciden los miembros de una comunidad jurídica. Los cuales no cumplen una función específica para un caso en particular, sino una interpretación general de la constitución (^{Vita, 2015}).

Anclados en la anterior definición, los principios jurídicos son normas de carácter moral que se posicionan por encima de la norma escrita con la finalidad de ajustar el actuar de la autoridad a bases éticas que respeten los preceptos constitucionales y de derechos humanos de los que son garantes los ciudadanos. Así, pues, tanto la legalidad como la seguridad jurídica son principios de derecho que deben estar insertos no solamente en el texto de la norma, sino en el actuar cotidiano de la autoridad cuando emite actos que infieren en la esfera jurídica del gobernado.

El método

El método utilizado para el desarrollo de la tesis doctoral ya especificada versó, en primer lugar, en una identificación del problema en la realidad que se vive en el proceso de aplicación de la evaluación de desempeño docente, lo cual se sustentó con los testimonios focalizados de profesores evaluados, quienes aludieron violaciones constantes a los principios de legalidad y seguridad jurídica al momento de presentar cada una de las etapas del proceso evaluativo. Ahí comienza la inquietud por la problemática.

Cabe mencionar que los docentes, al comentar sus vivencias, evidentemente no las etiquetaron como incidencias a principios jurídicos -es ahí donde la empiria se rebasa y robustece por los presupuestos teóricos obtenidos a lo largo de mi formación académica y profesional, es decir, por mi mirada de jurista.

Acto seguido, se indaga acerca de los principales fenómenos asociados a la problemática, tales como la preparación de los evaluadores, el concepto de buen maestro, los medios de logística aplicados al proceso de evaluación, el acceso de los docentes a cursos de formación continua, entre otros.

Derivado de lo anterior surge la pregunta de investigación: ¿Cómo se establece la relación entre la aplicación de la evaluación del desempeño docente y los principios de legalidad y seguridad jurídica?

Una vez delimitada la pregunta de investigación, fue preciso indagar acerca de quiénes han tratado de darle respuesta y de qué manera lo han hecho, a fin de reconocer la aportación que como investigador se pretende dar al campo de conocimiento, así como la toma de postura que se tendrá en cuanto al tema.

De dicha indagatoria se advirtieron diversas investigaciones que el propio ^{Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación [INEE] (2017)} ha realizado en cuanto a los procesos de evaluación de desempeño acaecidos en los años 2015 y 2016 con el ánimo de realizar un balance de los logros y desafíos detectados como áreas de oportunidad.

A su vez, el propio INEE emite en el año 2016 una publicación que retoma las percepciones y situaciones de incertidumbre y estrés que han enfrentado algunos docentes dentro de cada una de las fases del proceso, para dar paso a una serie de propuestas de mejora, recogiendo la opinión de los docentes mediante una consulta a lo largo de las distintas entidades federativas de México y reconociendo los contextos de cada una de ellas. Y en la cual destacan las incidencias reportadas por los maestros a la hora en que se enfrentan a su evaluación de desempeño (^{INEE, 2016}).

Del análisis empírico y teórico previamente establecido se establece como supuesto de investigación que la manera en que se ejecuta la aplicación de la evaluación del desempeño incide de alguna forma en los principios de legalidad y seguridad jurídica de los docentes que presentan la evaluación. Así, pues, se fija como objetivo central de la investigación: Analizar y explicar la relación entre la aplicación de la evaluación del desempeño docente y principios de legalidad y seguridad jurídica.

Para cumplir con el objetivo general antes enunciado se comienza por indagar los orígenes de la evaluación, y se encontró que, epistemológicamente, desde el paradigma positivista, la evaluación se ha definido como una actividad sistemática para determinar el valor de algo. Esto a partir de una serie de pasos que consisten en una recogida de información, interpretación de la información bajo patrones de deseabilidad y la emisión de un juicio de valor, ya sea para orientar la acción o tomar decisiones (^{Popham, 1980}).

Es decir, tomando en cuenta que la evaluación educativa y más aún la de desempeño docente son auspiciadas por un pensamiento positivo encaminado a determinar el qué, cómo, cuándo y por qué de la enseñanza de tales o cuales conocimientos, es en dicha tradición epistemológica que se sustenta no solamente la conceptualización de la evaluación, sino de la calidad educativa que se pretende alcanzar con la misma y de la norma jurídica -igualmente positiva- que da lugar a su implementación como política de gobierno.

De tal suerte que los conocimientos que poseen los docentes son evaluados en razón de su funcionalidad para el sistema hegemónico, lo cual trae consigo que entre pares se reconozcan y distingan del resto. Se trata de constituir una nueva clase de intelectuales docentes: entre más profesionalizados se encuentren más podrán instituirse como reproductores del discurso teórico de la calidad educativa (^{Gouldner, 1980}).

El anterior es el concepto de evaluación que retoma la autoridad educativa. Es por eso por lo que no es de extrañarse que los docentes lo asuman como una forma reguladora de las prácticas que han dominado a lo largo de toda su trayectoria profesional. Y es que mediante el uso del lenguaje se propone una lógica de encasillamiento en determinados niveles de desempeño, cuando son situados como destacados, buenos o suficientes (^{Bourdieu, 2009}).

Respecto al marco teórico, el concepto de evaluación es delineado por autores como ^{Shepard (2006)}, quien analiza esta práctica a partir de procedimientos estandarizados para fijar valor; ^{Coll (1996)}, quien establece una correspondencia entre los procesos de aprendizaje de los alumnos con las estrategias de enseñanza planteadas por el docente; Frida ^{Díaz (2001)}, autora que integra el elemento reflexivo a partir de los resultados de la evaluación y la importancia de la contextualización de la práctica docente, y ^{Sacristán (1998)}, quien inserta el factor del evaluador como sujeto poseedor de prenociones acerca de aquel a quien evalúa.

En un análisis del marco antes planteado, se construye una definición de la evaluación como un proceso formativo y continuo tanto del alumno como del docente en cuanto a las estrategias de enseñanza-aprendizaje implementadas, cuyo eje fundamental se centra en los contextos y dinamismos de la vida cotidiana que rescatan las subjetividades del evaluador y evaluado, y cuyos resultados podrán servir de base para reflexionar y tomar decisiones en cuanto a las áreas de oportunidad en que se habrá de trabajar.

Así, la evaluación del desempeño docente, tal como es definida y considerada por las autoridades educativas de nuestro país para su posterior legislación, estructuración, objetivos, finalidades, alcances y consecuencias, se adapta al paradigma positivista, verificador de conductas y conocimientos que el profesor debe poseer frente al aula, y cuyas cualidades serán validadas por perfiles, parámetros e indicadores previamente establecidos.

Por otro lado, el bosquejo histórico del concepto de evaluación me llevó a indagar sobre las cuatro coyunturas específicas enunciadas por Gimeno ^{Sacristán (1998)} en concordancia con ^{Guba y Lincoln (1989)}.

Ambas fuentes enuncian estas coyunturas como tradiciones que van desde un autoritarismo donde la evaluación era aplicada por un experto mediante instrumentos que este mismo diseñaba y cuya discrecionalidad quedaba al arbitrio de los conocimientos que consideraba el evaluador debía poseer o no el evaluado; para dar paso a una segunda ampliamente influenciada por el positivismo: un proceso que verifica paso a paso si los contenidos del currículo se han alcanzado, basada en parámetros estandarizados aplicables a grandes grupos. Más adelante, en una tercera tradición identificada, se considera la evaluación en un sentido conductista y propiciador de un cambio conductual o reflexivo en el evaluado. Finalmente, se da paso a una cuarta coyuntura, en donde se exige que se rebase al positivismo y que se tomen en cuenta los diversos contextos de manera holística.

Sin embargo, el análisis de cada una de las etapas del proceso de evaluación de desempeño docente actualmente aplicado en nuestro país conlleva circunscribir la discusión sin nunca perder de vista la temporalidad del objeto atravesado por el neoliberalismo, la globalización, las formas hegemónicas internacionales de ejercicio del poder que no rebasan el posicionamiento positivista. De ahí que se retomó una articulación que se encamina al positivismo para el análisis del tema en cuestión para, desde dicho paradigma, proponer maneras de intervenir en la realidad que tiendan a dotar de los principios jurídicos fundamentales de legalidad y seguridad a los profesores evaluados.

La evaluación docente como un concepto que engloba una totalidad atravesada por la producción, el régimen económico neoliberal, el ejercicio de poder, la norma jurídica, la legalidad, no se desvincula de su contenido histórico, social, jurídico (^{Perujo, 2011}).

De esta manera se inserta el objeto de estudio correspondiente a la evaluación de desempeño docente en el campo de las ciencias sociales a partir de la teoría positiva del derecho, cuyo fundamento científico ha permitido regular las relaciones de convivencia dentro de la sociedad desde sus orígenes hasta la legislación vigente.

Fundamentar la investigación en la teoría del derecho y en la teoría de la evaluación hace sobrepasar las prenociones de sentido común que se pudieran tener en torno a la evaluación de desempeño docente aplicada en México, además de un cuidado riguroso del lenguaje empleado en la exposición del texto cuyo intento por situar su análisis en una postura neutral se apoya en el corte contextual histórico que se hace del concepto de evaluación (^{Gouldner, 1980}).

Así, la postura positivista e instrumental desde la cual se implementa en el año de 2013 la evaluación de desempeño docente en la norma suprema de nuestro país no es fortuita sino que está inmersa dentro de todo un sistema jurídico cuya base se sustenta justamente en la teoría del derecho positivo.

Por eso, en el presente artículo se rescata una visión de la realidad sustentada en la teoría positivista del derecho, referida en una captación del sentido del deber ser, en cuyo discurso de legalidad se sustenta el análisis de la aplicación de la evaluación del desempeño. Dicho deber ser, de acuerdo con ^{Gouldner (1980)}, despliega una forma de control sobre la sociedad que, en nuestro trabajo, se vislumbra como una forma de ejercicio de poder a partir de la modificación constitucional mediante la cual se crea esta práctica de examinación docente, y en cuyo eje de análisis se dirime en cuanto la forma de aplicación que infiere en los principios jurídicos de legalidad y seguridad. Sin embargo, desde ese mismo ejercicio de derecho se proponen vías de intervención en la realidad que ayuden a subsanar la aplicación de tales principios jurídicos fundamentales.

Sin duda, cuando se enuncian las categorías de “principio jurídico de legalidad”, “seguridad jurídica”, “evaluación de desempeño”, se hace desde una noción que retoma el deber ser de acuerdo a principios ideológicos que me posicionan como sujeto de un lenguaje jurídico que defiende el respeto al marco normativo del derecho positivo, aunado al profundo apego a los principios jurídicos. Desde ese punto de vista es que analizo la forma en cómo los procedimientos de aplicación de la evaluación docente no se constriñen a los principios de legalidad y seguridad jurídica, cuyo sustento y contraste se basa en los testimonios focalizados de los docentes evaluados (^{De la Garza, 1988}).

En su articulación, se retoma la teoría positiva del derecho, en su vínculo directo con la construcción epistemológica e histórica de la categoría “evaluación del desempeño docente”, acerca de cómo se ha concebido la “evaluación” desde sus inicios hasta llegar a la noción actual de la misma y sobre la cual se cimentan las acciones para su ejecución. Aunado a ello, se retoma una postura jurídica con los testimonios focalizados de los profesores evaluados, quienes dan cuenta de la contradicción existente entre la norma escrita, la norma aplicada y una norma inexistente.

En esta investigación, el testimonio focalizado se emplea como técnica de investigación; técnica que aquí se considera la más apegada al método jurídico de investigación propuesto en el desarrollo de este trabajo. Por principio de cuentas, es de vital importancia indagar acerca de la epistemología que enviste al testimonio, a fin de explicar sus orígenes y su pertinente aplicación en este trabajo.

En efecto, producto de dicho análisis epistemológico de nuestra técnica de investigación se encontró que Andrés Páez (2014), en su artículo “La prueba testimonial y la epistemología del testimonio”, arguye la epistemología del testimonio a partir del reduccionismo y el antirreduccionismo como posturas opuestas. Para el análisis del reduccionismo, Páez (2014) recurre a la explicación de David ^{Hume (1980)}, de quien expone la confianza que generalmente se atribuye a los testimonios de los demás como fuente de la verdad y a lo que denomina reduccionismo global; frente al testimonio particular en contextos determinados identificados como un reduccionismo local. Así, se torna reduccionismo en tanto el testimonio se reduce a fuentes epistémicas que se justifican a través de los sentidos del testigo, su memoria y su razonamiento inductivo. Postura reforzada por las aportaciones de Thomas ^{Reid (1764)}, quien sostiene que “en la socialización del hombre existen dos posturas: un principio de propensión a decir la verdad a través de todas las formas del lenguaje y, la disposición a confiar en lo que dicen los demás” (p. 194).

Respecto al antirreduccionismo, Páez (2014), citando a Hardwing, dice que nuestras más profundas creencias provienen de fuentes testimoniales en las cuales asentamos tal grado de confiabilidad que no dudamos de ellas. Ejemplifica diciendo que el ser humano se desarrolla en parte a través de un proceso de socialización en el cual las figuras que están al cuidado de su formación le van contando su propia historia y miradas del mundo, las cuales no son puestas en duda en virtud de provenir de fuentes confiables, y cuyas creencias no son sometidas tampoco a experimentación.

Menciona como ejemplo que cuando a un niño sus padres le cuentan la historia de su nacimiento, lugares, acerca de quiénes son sus parientes cercanos o la identidad de sus padres, dichas verdades no son sujetas a cuestionamientos porque la fuente de información es de tal confianza que será difícil que en la vida adulta se sometan a verificación los testimonios escuchados (Páez, 2014).

En lo que respecta a este trabajo, los testimonios focalizados recabados de los docentes a quienes se les aplicó la evaluación de desempeño se obtuvieron a través de un cuestionario como herramienta, a partir de un universo de 29 043 docentes que a nivel nacional han sido evaluados en su desempeño para el caso de la educación media superior, de acuerdo con datos extraídos de informes del INEE. Más específicamente, la población objetivo se centró en los 3568 docentes de nivel medio superior del Estado de México, cuya muestra sujeta de análisis para la investigación fue de 10 testimonios focalizados.

Una vez dada la explicación anterior es importante mencionar que la metodología empleada en la articulación de esta investigación fue de carácter inductivo, en la cual, a través de la explicación de la teoría acerca de la conceptualización de la evaluación del desempeño docente, principalmente cimentada en la investigación documental, se retoma como técnica el testimonio focalizado a profesores evaluados.

Citando a ^{Grawitz (1975)}: “La tarea no es contemplar lo que nadie ha contemplado, sino meditar lo que nadie ha meditado aún sobre lo que todo mundo tiene frente a los ojos” (p. 14). Con relación a ello, la metodología que demandaba la construcción del análisis de la aplicación de la evaluación de desempeño con relación a los principios de legalidad y seguridad jurídica suponía sustentarse en la teoría del derecho para estructurar el desarrollo del trabajo (^{Grawitz, 1975}).

De acuerdo con ello, la teoría del derecho explica una jerarquía de las normas jurídicas que encuentran en su cúspide al derecho internacional y la constitución política de cada nación en el mismo nivel jerárquico, seguido por las legislaciones locales, los reglamentos, hasta llegar a las de aplicación particular. Sin embargo, todas ellas atendiendo a principios fundamentales y filosóficos sobre los cuales se deben sustentar.

Se trata de una metodología de articulación jurídica en la construcción del tema. Si bien se inicia por el análisis epistemológico, teórico e histórico que atraviesa la evaluación del desempeño docente, se llega a la conceptualización actual que hace la autoridad educativa basada en un discurso de corte internacional que se ve influido por factores de tipo económico y cuya pertenencia a dicha comunidad obliga a nuestro país a adecuar sus políticas educativas.

En consecuencia, y acorde con el método mencionado, se ubican los orígenes de la evaluación de desempeño docente en el derecho internacional mediante el análisis de diversos foros educativos que tuvieron lugar previo a su implementación en la reforma constitucional al artículo tercero; reforma que, como es bien sabido, tuvo lugar en el año 2013.

Acto seguido, se realiza una explicación y análisis de la evaluación docente en el ámbito nacional. Así, a partir del estudio de la normatividad jurídica mexicana, que inicia por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se va ejemplificando con los testimonios de los docentes a quienes se han aplicado los procesos de evaluación de desempeño a fin de establecer la relación existente en la realidad con los principios de legalidad y seguridad jurídica.

Deseo reforzar que el testimonio focalizado de los docentes evaluados fue considerada la técnica que más empataba con la teoría jurídica para dar cuenta de la realidad que se vive en la aplicación de la evaluación de desempeño; testimonios que son retomados a lo largo de la investigación para ejemplificar y explicar la relación entre conceptos.

Sin duda, dos grandes hallazgos surgen en el transcurrir de la investigación. Por un lado, a partir del análisis de la normatividad en su contraste con la realidad testificada por los docentes, se visualiza la falta de políticas públicas encaminadas a la formación continua de los profesores o, en su más incipiente acepción, a la capacitación de maestros para presentar su evaluación; capacitación que se encuentra obligado a proporcionar el Estado en su carácter de patrón. Y, por otro lado, la existente incidencia a los principios jurídicos de legalidad y seguridad jurídica ante la falta de criterios normativos que regulen la aplicación de la evaluación de desempeño docente.

Como se observa, la realidad en la aplicación de la evaluación anima a querer intervenir en ella a partir de la teoría del derecho, no sin antes analizar su contextualización en la teoría, epistemología e historia de la evaluación como concepto central de este trabajo (^{Limoeiro, 1977}). Lo anterior para dar cuenta la relación existente entre la teoría educativa y la evaluación como dispositivo en que se ven inmersas la legalidad y la seguridad jurídica, donde el concepto de evaluación de desempeño engloba fenómenos propios de la economía, la productividad, el neoliberalismo, pero en este caso concreto de lo jurídico. Este es el punto de análisis y de intervención sobre una realidad concreta en constante movimiento que informa a la teoría.