Entre producir y conservar: el debate entre separación e integración territorial

El debate entre los modelos de separación e integración territorial parte del dilema de cómo incrementar sostenidamente la producción agrícola, pecuaria y forestal, a la par de conservar ⸻e incluso recuperar⸻ la biodiversidad y los ecosistemas deteriorados o perdidos en los últimos siglos de actividad humana. Este debate ha recibido mucha atención, particularmente en la última década. Existen trabajos excelentes que revisan desde la perspectiva ecológica (^{Grau et al., 2013}; ^{Kremen, 2015}; ^{Goulart et al., 2016}), económica (^{Goulart et al., 2016}), política (^{Grau et al., 2013}; ^{Kremen, 2015}), social (^{Kremen, 2015}) y de uso de suelo (^{von Wehrden et al., 2014}) las posibles ventajas y limitantes de ambos modelos. Tomando en cuenta las revisiones anteriores, así como los trabajos que han abordado el tema, en el Cuadro 1 se compilan las principales críticas que se consideran clave para comprender y abordar el debate.

Existe una amplia discusión sobre la factibilidad de una y otra propuesta, y son relativamente numerosos los trabajos relacionados explícitamente con el tema (i.e., 109 artículos científicos encontrados). Sin embargo, son pocos los estudios que han evaluado específicamente y con evidencia experimental la viabilidad de estas propuestas (~30 trabajos; ^{von Wehrden et al., 2014}; ^{Kremen, 2015}). Debido a lo anterior, el debate se ha considerado como un ejercicio teórico, apoyado por un limitado número de trabajos empíricos y con escasas aportaciones para la toma de decisiones en el mundo real (^{Fischer et al., 2014}; ^{Bennett, 2017}). Además, diversas fuentes de análisis indican que incrementar la producción de alimentos no resuelve el problema del hambre y la crisis global de los sistemas alimentarios, ya que en estos influyen de manera más contundente otros aspectos socioeconómicos y políticos (^{Charry y Contreras-Ibáñez, 2015}).

Para la FAO y numerosos autores, el problema principal de la seguridad alimentaria no es la producción de alimentos, sino su adecuada distribución, la capacidad de la población para acceder a ellos en función del empleo, los factores asociados a la pobreza, el contexto de salud, educación, agua y la disponibilidad de otros recursos que se requieren junto con los alimentos para garantizarla (^{Grau et al., 2013}). Por otro lado, también resulta necesario evaluar la viabilidad y eficacia de implementación de cada modelo en contextos locales diversos (^{Phalan et al., 2011b}), lo cual sería de gran utilidad para nutrir la teoría asociada a cada modelo y determinar su viabilidad a escalas mayores.

Ante la disyuntiva vinculada a este conflicto teórico, la postura de la comunidad científica se ha dividido (^{Ramankutty y Rhemtulla, 2012}; ^{Phalan et al., 2014}; ^{Edwards et al., 2015}), pero para algunos, el debate se ha estancado (^{Bennett, 2017}) y recomiendan buscar alternativas holísticas con base en enfoques socioecológicos (^{Fischer et al., 2014}). Algunas propuestas intermedias sostienen que los modelos pueden ser complementarios entre sí (^{Fischer et al., 2008}; ^{Scariot, 2013}) y sugieren el desarrollo de modelos híbridos en los cuales se priorice la intensificación sustentable de las tierras de producción agrícola (^{Garnett et al., 2013}). No obstante, aún existen pocas alternativas para resolver los conflictos reales asociados al debate (^{Fischer et al., 2014}) y ciertos puntos importantes han sido poco explorados. A continuación, se exponen algunos elementos complementarios para la discusión que pueden resultar de utilidad para delinear estrategias de investigación y de acción para avanzar en el debate. Se abordan cuestiones socioculturales, éticas, históricas, socioecológicas, productivas, acerca del bienestar colectivo, la conservación biológica, la restauración ecológica y sobre la elaboración de pautas de manejo de sistemas productivos a través de una aproximación comunitaria participativa.

Homogeneizando un mundo altamente heterogéneo

La controversia entre los modelos de integración y separación territorial se ha centrado en una cuestión clave: heterogeneidad versus homogeneidad. La disyuntiva está implícita en los resultados que se pretenden (e.g., policultivos o monocultivos, paisajes multifuncionales o paisajes monoproductivos, dietas variadas o uniformes, sistemas ricos o pobres en interacciones biológicas, entre otros aspectos). A pesar de que ambos modelos adolecen de la capacidad de considerar la amplia heterogeneidad de situaciones y necesidades que prevalecen en el mundo (^{Fischer et al., 2011}; ^{Wright et al., 2012}), el modelo de separación territorial es más restrictivo y limitado al respecto. Posturas como esta última son entendibles, aunque no justificables, ante las presiones globalizadoras sobre naciones, comunidades e individuos (^{Lee y Vivarelli, 2006}). No obstante, optar por posiciones, perspectivas y políticas que atentan contra la pluralidad de cualquier orden, podría resultar contraproducente para el bienestar social y ambiental de un mundo altamente heterogéneo (^{García, 2008}; ^{Hirsch et al., 2011}; ^{Kymlicka, 2012}).

Ética y procesos sociopolíticos

Las disciplinas desde las que se analiza la factibilidad de la separación o la integración territorial han sido múltiples, pero insuficientes. Dados los diferentes ámbitos de la vida humana relacionados con el debate, es imprescindible contemplar sus bases filosóficas. En particular, resulta necesario analizar con detenimiento las implicaciones éticas y epistemológicas que tienen las transformaciones sociopolíticas favorecidas por ambas perspectivas en los contextos socioecológicos actuales y futuros. Por ejemplo, en términos éticos, bajo la perspectiva del modelo separatista, merecen un análisis profundo sus implicaciones sociales, pues su propuesta de conservación niega el acceso a los recursos a los dueños originales de las tierras, fomenta la coerción gubernamental y facilita la usurpación de terrenos (^{Balmford et al., 2012}). También es conveniente analizar detalladamente las implicaciones de anteponer la productividad agrícola al bienestar social y ambiental (^{Matson y Vitousek, 2006}), y a las recomendaciones que favorecen intereses particulares por encima del bien común (^{Kremen, 2015}).

Por otra parte, en el debate entre separación e integración territorial, se puede cuestionar el sentido de promover una discusión asociada con modelos teóricos que se ajustan pobremente a los contextos reales (^{Fischer et al., 2008}; ^{Chazdon et al., 2009}; ^{Perfecto y Vandermeer, 2010}; ^{Law y Wilson, 2015}). También es dudosa la intención de solucionar problemáticas complejas abordándolas de manera simplista y con poca evidencia empírica sobre su viabilidad y funcionalidad (^{Cohn et al., 2011}; ^{Ramankutty y Rhemtulla, 2012}; ^{Chandler et al., 2013}); por la formulación de recomendaciones descontextualizadas de las enormes implicaciones socioambientales que conllevan (^{Singh y Narayanan, 2013}), y la escasa consideración de aquellos mayormente implicados en la polémica: los productores.

Producción y bienestar colectivo: autonomía, soberanía alimentaria, gobernanza y capital social

Uno de los principales argumentos a favor del modelo separatista es la seguridad alimentaria, pero entre las críticas destaca que el incremento en la productividad agrícola per se no resolverá el abasto de alimentos y materias primas en el mundo (^{Fischer et al., 2011}; ^{Goulart et al., 2016}). Peor aún, se ha sugerido que las estrategias propuestas por este modelo atentan contra la autonomía y la soberanía alimentaria^* de los pueblos y naciones (^{IPES-FOOD, 2016}). El proceso de industrialización agrícola, pecuaria y forestal entra en conflicto con la producción de alimentos y materias primas que realizan las granjas familiares y los sistemas tradicionales de producción rural (^{Altieri, 2001}), mismas que han alimentado y abastecido a la mayor parte de la población de los países tropicales, megadiversos y en vías de desarrollo (^{FAO, 2014}; ^{Graeub et al., 2016}). La necesidad de adquirir insumos para sostener a los sistemas industrializados (e.g., sistemas de riego, fertilizantes, herbicidas, semillas mejoradas) genera procesos de dependencia y debilita la autonomía de los agricultores (^{Altieri, 2001}).

Los procesos de dependencia frecuentemente son parte de los principales mecanismos que activan el fenómeno migratorio para la obtención de recursos monetarios que permitan solventar los gastos asociados a tales insumos (^{Casas et al., 1994}). Además, el proceso industrial está dirigido hacia determinados cultivos de interés para los mercados mundiales o nacionales, pero no necesariamente para la satisfacción de requerimientos locales. Todo ello incide negativamente sobre la capacidad de decisión del productor acerca de los cultivos que prefiere y necesita (^{Hecht, 1999}; ^{Altieri, 2001}). También se ha demostrado que la industrialización agrícola resulta en sistemas poco resilientes y adaptables a disturbios naturales, conflictos sociales y variaciones económicas (^{Fischer et al., 2008}; ^{Altieri et al., 2012}), y son generalmente más vulnerables ante el cambio climático (^{Goulart et al., 2016}). Lo anterior provoca incertidumbre con respecto a la disponibilidad futura de alimentos y otros productos para quienes los producen (^{Altieri et al., 2012}). Por si fuera poco, la necesidad de realizar elevadas y continuas inversiones para mantener sistemas industrializados (^{Balmford et al., 2005}) resulta poco atractivo y paradójico para aquellas regiones en donde la carencia de alimentos es parte de su situación de pobreza. Como resultado, la industrialización podría terminar con las preocupaciones alimentarias de actores externos, más no con las de aquellos que padecen directa y drásticamente el problema del hambre.

La cuestión de enfrentar la carencia de alimentos e incrementar la productividad agrícola va más allá del ámbito tecnológico o de los procesos de industrialización (^{Altieri et al., 2012}). Es necesario considerar los factores que influyen en las transformaciones sociales de los países en vías de desarrollo, por lo que resulta relevante impulsar no sólo la autonomía y la soberanía alimentaria a escala local, sino también la gobernanza participativa y el capital social. Cabe señalar que ninguno de estos factores de primera importancia es considerado por el modelo de separación territorial, mientras que todos ellos son reconocidos por el modelo de integración y son elementos centrales para el diseño, desde las comunidades rurales, de estrategias contextualizadas y coherentes con la propia realidad de los productores y de sus diversos socioecosistemas.

El modelo de separación territorial es pobre en su capacidad de inclusión social, mientras que el de integración contempla ampliamente la participación comunitaria. Esta diferencia entre modelos es clave, dado que, en gran parte de los países tropicales, megadiversos y en vías de desarrollo, las comunidades rurales e indígenas poseen o manejan las tierras destinadas a la agricultura, mismas que generalmente son relevantes por su biodiversidad (^{WWF, 2000}; CONABIO, 2006; ^{Boege, 2008}; ^{Pretty et al., 2009}). Por ello, es indispensable la participación de los productores y poseedores de la tierra para desarrollar estrategias de manejo del territorio que sean útiles en el mejoramiento de las pautas de producción agrícola y de conservación biológica (^{Little, 1994}; ^{Ortega-Álvarez et al., 2018}).

Asimismo, los esquemas de gobernanza ambiental incluyente y la existencia de capital social sólido resultan fundamentales para lograr el ordenamiento territorial y el manejo ambiental (^{Klooster, 2002}; ^{Merino y Martínez, 2014}). De esta manera, es primordial vincular políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la gobernanza ambiental participativa y del capital social de las comunidades, y simultáneamente construir estrategias políticas, administrativas y sociales enfocadas en mejorar las actividades agrícolas y de conservación de la biodiversidad (^{Charry y Contreras-Ibáñez, 2015}). Como consecuencia, el debate entre la separación e integración territorial debería incorporar las perspectivas de todos los actores sociales involucrados, brindando atención especial a los productores y a las comunidades rurales.

Orbitando el Tercer mundo: el debate desde el enfoque de los países desarrollados

El debate entre separación e integración territorial es de especial importancia para los países tropicales, megadiversos y en vías de desarrollo, dada la alta biodiversidad que alojan. No obstante, es relevante también para otras naciones del mundo, como para los países desarrollados que poseen grandes reservorios de agua a escala planetaria (por ejemplo, Canadá), o para regiones al norte y sur de los trópicos que presentan una diversidad biocultural importante (por ejemplo, Estados Unidos de América, Rusia). La producción agrícola industrializada no es desconocida para los países en vías de desarrollo, como tampoco la producción agroforestal tradicional es ajena a los países industrializados. No obstante, el impulso del modelo de separación puede asociarse particularmente con intereses y visiones de los países desarrollados.

Por décadas, el avance de la agricultura industrializada a escala global y en las regiones con alta biodiversidad ha causado más estragos que beneficios, tanto en materia agrícola como en el ámbito nutricional, ecológico, social, económico y político (^{Mattison y Norris, 2005}; ^{Calle Collado et al., 2013}; ^{Habel et al., 2015}; ^{Goulart et al., 2016}). Parte de estos procesos se encuentran íntimamente ligados a la estrategia de satisfacer el confort y bienestar de los países desarrollados a costa de deteriorar los ecosistemas de los países en desarrollo, pasando por alto las perspectivas y necesidades regionales. La prevalencia de los intereses extranjeros sobre los locales no ha sido exclusiva de la producción agrícola, sino que se ha extendido a casi todas las actividades productivas, industriales y de expulsión de residuos tóxicos, remontándose incluso al pasado colonial (^{Galeano, 1972}; ^{Ceccon y Pérez, 2016}).

La adopción de un modelo de separación territorial en los países en vías de desarrollo se torna controvertida debido a múltiples factores socioecológicos. Por un lado, implica descontextualizar y homogeneizar la agricultura en los países tropicales bajo un proceso industrial, con tintes colonizadores que podrían generar nuevos problemas y exacerbar los ya existentes en dichos países. En el caso de América Latina, la propuesta de separación territorial abrazaría los objetivos y necesidades de una sola visión del mundo, cuando la mayor parte de la región es marcadamente multicultural (^{Stavenhagen, 2002}). Hasta cierto punto, el modelo de integración considera el contexto social asociado a las actividades agrícolas que se desarrollan en estos países (^{Fischer et al., 2011}), mientras que el modelo separatista pareciera ignorar la heterogeneidad cultural y biológica inherente a las naciones megadiversas, así como la complejidad de su historia y realidad contemporánea.

Como en otras regiones del mundo, la producción agrícola en América Latina es realizada principalmente por familias y comunidades, mismas que suelen verse afectadas por la industrialización (^{Altieri, 2001}). La suplantación de policultivos por monocultivos haría necesario el gasto económico, la dependencia tecnológica y el incremento en la demanda de energéticos fósiles para adquirir y transportar los productos agrícolas que nutren a la población (^{Grau et al., 2013}). La superficie agrícola a escala regional es vasta, por lo que resultaría costosa su intensificación (se recomienda considerar los impedimentos para lograr la intensificación agrícola aún para una región menos heterogénea como Europa; ^{Herzog y Schüepp, 2013}). Este esquema de ordenamiento territorial, además, podría dirigir la producción hacia bienes agrícolas mayormente útiles para los países desarrollados, así como promover oligopolios, competencia desleal entre productores y acaparamiento de tierras (^{Mattison y Norris, 2005}; ^{Habel et al., 2015}; ^{Kremen, 2015}; ^{Goulart et al., 2016}).

Por otro lado, el capital humano, el desarrollo tecnológico y los mecanismos de regulación necesarios para revertir los daños ocasionados por las prácticas intensivas (^{Green et al., 2005}) serían insuficientes. La migración de la población rural hacia las ciudades como producto de la industrialización (^{Perfecto y Vandermeer, 2010}) podría agudizar los problemas regionales relacionados con la expansión urbana (^{Hardoy et al., 2006}). La prevalencia de instituciones y políticas productivas y ambientales deficientes, aunadas a los altos niveles de corrupción, favorecerían a los monopolios, las empresas transnacionales, la disolución de los sistemas locales de organización social y la propia expansión de la frontera agrícola (^{Calle Collado et al., 2013}; ^{Kremen, 2015}).

La atención del debate se ha centrado en cómo aumentar la productividad agropecuaria y cómo mejorar los mecanismos de conservación de ecosistemas en los países en vías de desarrollo. Sin embargo, es fundamental analizar la influencia de los países desarrollados sobre esta misma problemática, tanto en los países en desarrollo como en los países industrializados. Por ejemplo, si bien el crecimiento de la superficie boscosa ha sido un logro importante en los países desarrollados, esto ha ocurrido a costa de la exportación de problemas hacia otras regiones del mundo (^{Goulart et al., 2016}). Por otro lado, las pautas de consumo, así como las políticas económicas y mercantiles que son esenciales en la producción de bienes y conservación de recursos naturales (^{Bassett, 2010}; ^{Altieri et al., 2012}), son impuestas por los países desarrollados. A pesar de ello, los análisis y aún las propuestas para modificarlas han sido limitados.

Considerando una perspectiva histórica, es necesario valorar si los modelos territoriales propuestos desde realidades e intereses externos son adecuados para los países en vías de desarrollo. De hecho, poco se ha mencionado sobre el derecho legítimo de estos países, o de los propios pueblos, para proponer, evaluar y decidir sobre la gestión de su territorio. La disputa entre la separación e integración territorial surgió y se ha desarrollado en gran medida desde el enfoque de los países desarrollados. Históricamente estos países han definido de forma autónoma sus pautas de manejo productivo y de conservación biológica, sin haber sido necesariamente eficaces. Aunque el interés por la conservación biológica a nivel mundial es legítimo, el respeto de la soberanía de cada pueblo para optar por aquello que considera más conveniente para su desarrollo es innegable.

Por ello, la premisa de la soberanía debe anteponerse como base de las regulaciones de uso y manejo territorial. Debido a la complejidad biológica y cultural del mundo subdesarrollado, posiblemente el modelo de separación territorial sea muy poco adecuado para la mayoría de sus escenarios. Si bien el modelo de integración territorial pareciera ser más conveniente para los países subdesarrollados con alta biodiversidad, aún es necesario ponerlo a prueba en los diferentes entornos locales, puesto que no todas las condiciones biofísicas o socioculturales facilitarán su implementación. Como consecuencia, consideramos que sería más provechoso definir modelos contextualizados con base en esquemas participativos que resulten útiles de acuerdo con los objetivos, necesidades y capacidades locales.

Paisajes tradicionales... ¿qué estamos olvidando?

Los sistemas tradicionales son aquellos desarrollados y perfeccionados a través del conocimiento local, indígena y campesino (^{Altieri, 2001}). La producción agrícola no es el único objetivo que persiguen los sistemas tradicionales; representan paisajes multifuncionales en los que se llevan a cabo diferentes actividades culturales, extractivas, de recuperación ambiental y de conservación biológica (^{González-Cruz et al., 2015}). Culturalmente representan formas diversas de estar en el mundo y de interactuar con él (^{Ulloa, 2015}). En términos de manejo, este tipo de sistemas desarrolla el uso de múltiples especies, por lo que se disminuye la presión de aprovechamiento monoespecífica y se incrementa la variedad de recursos disponibles (^{Altieri, 2001}; ^{Toledo, 2005}). Asimismo, la compleja dinámica de manejo que los caracteriza favorece la heterogeneidad ambiental, taxonómica y sucesional, de forma que comúnmente propicia la presencia de mayor diversidad biológica que los sistemas naturales aledaños (^{González-Cruz et al., 2015}). Además, brindan autonomía y soberanía alimentaria, propiciando la complementariedad de recursos para el bienestar humano y la preservación de la biodiversidad (^{Altieri, 2001}, ²⁰⁰⁴).

La prevalencia de este tipo de sistemas es fundamental para el mundo. Su existencia se relaciona estrechamente con la diversidad cultural y biológica característica de muchos países megadiversos, donde son incluso los principales abastecedores de alimentos y materias primas (^{Boege, 2008}). Además, son fuente inagotable de conocimiento pragmático que podría ser adaptado a contextos locales variados (^{Altieri, 2004}). La articulación entre todos estos elementos (conocimiento, prácticas, biodiversidad) mediante los procesos culturales que definen una forma particular de estar en el mundo, constituye y mantiene el patrimonio biocultural (^{Boege, 2008}; ^{CEMDA, 2017}). A pesar de su importancia, su preservación está en riesgo. Las políticas económicas, sociales y de mercado prevalecientes ponen en clara desventaja a los sistemas tradicionales con respecto a los industrializados, mientras que la expansión misma del desarrollo industrializado pone en riesgo la continuidad de los sistemas tradicionales (^{Altieri et al., 2012}; ^{IPES-FOOD, 2016}).

El desplazamiento de sistemas agrícolas, pecuarios y forestales tradicionales por los sistemas industrializados involucran un proceso de erosión de conocimientos y técnicas sumamente valiosos que, a diferencia de los recursos genéticos, no cuentan con bancos o almacenes de resguardo (^{Benz et al., 2000}). Como consecuencia, resulta urgente documentar, inventariar y sistematizar los sistemas tradicionales para incrementar nuestro entendimiento sobre ellos (^{von Wehrden et al., 2014}), así como impulsar políticas y generar las condiciones socioeconómicas que fomenten su continuidad e innovación, con directrices que favorezcan la sustentabilidad de los sistemas productivos (^{Brown y Kothari, 2011}). Parte importante de las exigencias actuales y futuras relacionadas con la alimentación, el bienestar social y la conservación de la biodiversidad podrían resolverse a través de los sistemas tradicionales, sin recurrir a la implementación de un modelo territorial descontextualizado y controversial, como lo es el de separación territorial.

La conservación de la biodiversidad, un desafío multifactorial

La conservación biológica es central en el debate entre los modelos de ordenamiento territorial; sin embargo, se ha dedicado una mayor atención a la producción agrícola. La mayor parte de la discusión concerniente a la conservación biológica sólo aborda cuestiones ecológicas relacionadas particularmente con la ecología de paisaje y la biogeografía de islas, lo que hace necesario profundizar en el tema.

El modelo de integración territorial postula que las actividades de conservación pueden realizarse sin excluir la actividad humana, siempre y cuando ésta se lleve a cabo conforme matrices amigables para la biodiversidad (^{Perfecto y Vandermeer, 2010}); mientras que el modelo de separación propone designar sitios de intervención intensiva y sitios de conservación restringidos a la interferencia humana, con base en mecanismos de coerción (^{Balmford et al., 2012}). Este último esquema de conservación emula el sistema de parques nacionales y el de reservaciones indígenas concebido en Estados Unidos de América, que se popularizó a nivel mundial (^{West et al., 2006}), pero cuya implementación en países tropicales ha originado serias consecuencias y conflictos sociales, afectando tanto a la biodiversidad como a la población local (^{West et al., 2006}; ^{Wolff, 2015}).

Los esquemas de conservación excluyentes son prácticos en ausencia de población local que dependa de los ecosistemas como base material de subsistencia, bajo una regulación gubernamental eficiente, o bien cuando las tierras pertenecen al Estado o son privadas. Sin embargo, esto no sucede en la mayoría de los países tropicales, donde los gobiernos suelen tener problemas para vigilar y administrar las áreas naturales protegidas, y donde la población rural, usualmente empobrecida, depende de los recursos naturales para su subsistencia (^{Wilshusen et al., 2002}; ^{Ortega-Álvarez et al., 2017}). Además, los sitios altamente biodiversos son propiedad de comunidades rurales e indígenas (^{CONABIO, 2006}); esto no es una coincidencia, pues las comunidades indígenas han sido altamente eficientes en la generación y protección de sitios biológicamente diversos, ricos en especies de interés para la conservación y claves para la sucesión ecológica (^{González-Cruz et al., 2015}). En gran medida, esto ocurre gracias a un ordenamiento territorial eficaz, un conocimiento preciso del medio y el desarrollo de sistemas socioecológicos multifuncionales sumamente complejos (^{Boya Busquet, 2008}; ^{Casas y Parra, 2016}). En estos sistemas, la importancia de las áreas destinadas para la conservación va más allá de la biodiversidad que alojan, pues representan espacios de interés político, cultural, económico, productivo y de regulación social, vitales para el bienestar local (^{Beltrán Costa et al., 2008}; ^{Martin et al., 2011}). Por ende, en lugar de desplazar a la población local so pretexto de asegurar la conservación biológica, es necesario fortalecer y fomentar estos esquemas de conservación comunitaria.

Sin duda, es esencial proteger y conservar a las especies que están es riesgo de desaparecer. Sin embargo, hacerlo a través de la restricción del uso y acceso a los espacios naturales es una estrategia simplista y aplicable en pocos lugares del mundo (^{Stephens, 2015}). Dado que el discurso ambientalista puede obedecer a intereses particulares de orden social, mercantil y político (^{Beltrán Costa et al., 2008}), es necesario evaluar detenidamente aquellos modelos conservacionistas previamente a su promoción y ejecución. La legitimidad de las propuestas de conservación debe basarse en las necesidades, beneficios, prácticas, creencias y visiones locales, ya que la imposición de áreas protegidas frecuentemente promueve la injusticia social y repercute negativamente sobre estos mismos espacios (^{Boya Busquet, 2008}). La conservación biológica efectiva depende ampliamente de un conocimiento ecológico preciso, de la inclusión social, del fomento al desarrollo social y de políticas que consideren el contexto económico, cultural y social local (^{Boya Busquet, 2008}; ^{Crespin y García-Villalta, 2014}).

Restauración ecológica: un gran dilema por resolver

El tema de la restauración ecológica ha sido poco abordado por el modelo de integración territorial, mas es clave para el de separación (^{Balmford et al., 2012}; ^{Phalan et al., 2014}). Sin embargo, su incorporación en el discurso separatista ha sido superficial y fundamentalmente teórica, sin considerar la complejidad y naturaleza práctica distintivas de esta disciplina (SER, 2004), así como las dificultades que enfrenta su implementación en los países en desarrollo. Por ejemplo, los costos económicos requeridos para desarrollarla suelen ser muy altos; el presupuesto para llevarla a cabo es escaso; su representación en la legislación ambiental es pobre, controversial o deficiente; la escala temporal necesaria para la consecución de resultados normalmente es amplia, mientras que las acciones de seguimiento, así como el apoyo administrativo, político y social, suelen ser breves; la cantidad de especialistas y practicantes es precaria; la investigación multidisciplinaria local, fuente y soporte teórico de las actividades de restauración, es insuficiente; y la escala espacial en la cual se desarrolla es reducida (^{Carabias et al., 2007}; ^{Aronson et al., 2011}; ^{Murcia y Guariguata, 2014}; ^{Ceccon y Pérez, 2016}).

Más allá de las dificultades regionales para llevar a cabo acciones de restauración ecológica, es imprescindible considerar que restaurar sitios supone conflictos prácticos y epistemológicos importantes. Como ejemplo, se puede mencionar que los sistemas en proceso de restauración no suelen seguir las trayectorias de restauración deseadas (^{Suding et al., 2004}), los sistemas de referencia no siempre son evidentes (SER, 2004) y los sistemas perturbados pueden verse inmersos en dinámicas de estados y transiciones, por lo que es necesaria la implementación de costosas y complicadas acciones de restauración (^{Suding et al., 2004}). Finalmente, el modelo de separación territorial ignora y suprime uno de los factores de mayor relevancia para la restauración ecológica: la participación social (^{Ceccon y Pérez, 2016}). Antes que elucidar los medios necesarios para lograr restaurar los sistemas degradados, es prioritario invertir en la modificación de las actividades productivas para minimizar su impacto negativo sobre la sociedad y el ambiente.

Con los pies en la tierra: el caso mexicano

La aplicabilidad de los modelos de integración y separación requiere de la reflexión e investigación tomando como base territorios concretos y sus condiciones. En México, la alta diversidad biológica y cultural deriva, en parte, de su compleja historia sociocultural y de la enorme heterogeneidad de sus condiciones ambientales. El reparto agrario en la etapa postrevolucionaria dio lugar a que más de la mitad del territorio esté bajo esquemas de control colectivo, a través de ejidos y comunidades agrarias. Actualmente en el país existe una gran diversidad de estrategias productivas que van desde sistemas agroindustriales altamente intensivos, orientados hacia la exportación, hasta sistemas campesinos de subsistencia con formas tradicionales de producción (^{Anta-Fonseca y Carabias, 2009}; ^{CEMDA, 2017}). Entre estos polos, existe un abanico de sistemas que combinan diversos usos de técnicas tradicionales y diferentes grados de intensificación, dada la variación en las condiciones ambientales que permiten o no la intensificación, aunado esto al desarrollo histórico de las políticas públicas.

Los sistemas intensivos fueron incentivados desde la década de 1960 con los paquetes tecnológicos de la Revolución Verde y también, recientemente, se les impulsó con el fin de aumentar la capacidad competitiva con miras a la liberalización económica demandada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Simultáneamente, se dio un retiro abrupto del apoyo del Estado a la economía campesina de pequeña y mediana escala, dificultando enormemente su sobrevivencia, lo que ha favorecido la migración, particularmente la internacional. La economía campesina y los sistemas tradicionales persisten en amplias regiones del país, aunque bajo condiciones de producción y comercialización sumamente adversas (^{Garduño, 2002}; ^{Quintana, 2007}; ^{Steffen y Tarrío, 2010}).

Por su parte, el sector ambiental ha impulsado el aumento creciente de las áreas naturales protegidas del país, particularmente desde la década de 1990, como producto de compromisos internacionales (^{Bezaury-Creel y Gutiérrez, 2009}). Ambos procesos ⸺favorecer la intensificación productiva y conservar áreas extensas⸺ parecerían responder a la lógica del modelo de separación. No obstante, la realidad es más compleja, pues las áreas protegidas están habitadas y, paulatinamente, se han ido favoreciendo categorías de manejo que permiten la producción sustentable en ciertas zonas. Además, se han impulsado diversas herramientas de conservación al interior de los núcleos agrarios, como los Programas de Pago por Servicios Ambientales, las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, o las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre. Todas estas herramientas han derivado en la formación de áreas conservadas de tamaño reducido, pero que en conjunto suman superficies considerables bajo algún esquema de conservación.

La evolución de las políticas públicas agrícolas y ambientales, y su interacción con la gran diversidad de contextos socioambientales, ha dado lugar a paisajes que, en los hechos, conforman mosaicos de conservación y diversas formas de uso de los recursos naturales y de intensificación productiva. En estos mosaicos, comunidades y organizaciones han logrado desarrollar estrategias de manejo adecuadas bajo esquemas tradicionales, así como iniciativas de reconversión tanto en términos productivos como de conservación, como los sistemas milperos de la zona maya de Yucatán, entre otras regiones del país, o los sistemas cafetaleros diversificados desarrollados en la Sierra Norte de Puebla, en alrededor de 410 cooperativas locales sociales de la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske. Muchas de estas iniciativas se construyeron desde las propias comunidades, acompañadas por asesores académicos o de organizaciones civiles. Algunas de ellas también han logrado insertarse exitosamente en el mercado a través de alguno de sus múltiples productos, como el café orgánico o la miel (^{Toledo et al., 2008}; ^{Toledo y Espejel, 2014}; ^{CEMDA, 2017}).

Dada esta enorme diversidad y complejidad a lo largo y ancho del país, resulta más útil pensar en desarrollar esquemas de manejo específico que, por un lado, impulsen la continuidad, expansión y mejora de los sistemas tradicionales y su articulación exitosa con el mercado, y por otro lado, que favorezcan mecanismos para que los sistemas intensivos tengan un menor impacto, particularmente en zonas en las que las condiciones ambientales no permiten la producción sin cierto grado de intensificación. Hay sitios en los que ciertos perfiles productivos son viables y otros en los que no lo son. Por esta razón, resulta fundamental el trabajo conjunto de las instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, académicos y productores en la construcción de lineamientos de manejo altamente contextualizados que permitan la conservación y la producción.

Más allá de la productividad y la conservación: pautas de manejo contextualizadas e incluyentes para la sustentabilidad

El mejoramiento de las prácticas productivas para beneficio de la humanidad, sin dejar de lado la preservación de la biodiversidad, no es de interés único para la agricultura, por lo que es necesario trasladar el debate más allá del ámbito de la producción agrícola. De hecho, la polémica entre separación e integración territorial ha sido recientemente incorporada en argumentos relacionados con el manejo forestal (^{Griscom y Goodman, 2015}), la pesca (^{Wolff, 2015}) y la urbanización (^{Lin y Fuller, 2013}; ^{Stott et al., 2015}).

Los lineamientos de producción y manejo resultan fundamentales para desarrollar sistemas productivos que consideren el desarrollo social y la conservación de la biodiversidad. No obstante, su disponibilidad es escasa en países tropicales y en vías de desarrollo (European Union, 2011; United Nations, 2016). Si bien existen certificaciones productivas que pretenden fomentar el desarrollo sustentable, su eficacia es incierta, sus mecanismos de evaluación son inadecuados, su impacto local es mínimo y no reparan en las necesidades y visiones de los productores (^{van Kooten et al., 2005}; ^{Vandergeest, 2007}; ^{Milder et al., 2015}).

Ante esta grave situación, resulta crítico desarrollar lineamientos de manejo de actividades productivas con bases metodológicas sólidas, ajustados a los contextos socioecológicos locales y que incluyan a los productores locales (^{Vandergeest, 2007}; ^{Ortega-Álvarez et al., 2018}). Los argumentos esgrimidos a lo largo de este trabajo sugieren que, en el contexto de países en desarrollo y con gran diversidad biológica y cultural, altamente heterogéneos, el modelo de integración ofrece múltiples ventajas. Sin embargo, el modelo debe ajustarse a las condiciones reales en las que se dan los procesos productivos, lo que probablemente llevará a la producción de modelos híbridos, en distintos grados, que conjunten elementos de la producción tradicional y la intensificación en paisajes multifuncionales.

Con base en la experiencia obtenida a través del trabajo con comunidades rurales e indígenas en México, en la Caja 1 se propone un esquema diseñado para impulsar la elaboración, en conjunto con las comunidades involucradas, de pautas de manejo de sistemas productivos desde una perspectiva ecológica, con énfasis en contextos comunitarios y paisajes multifuncionales. Por medio de este esquema buscamos ofrecer una alternativa a la dicotomía entre los modelos de separación e integración territorial, para permitir la construcción de lineamientos adecuados a cada contexto y encontrar así nuevos mecanismos para mejorar las prácticas productivas y conservar la biodiversidad. Aunque la información proporcionada en el esquema puede servir como una guía útil, su adecuación previa al contexto local es fundamental para su implementación.

Caja 1 Esquema para la elaboración de pautas de manejo de sistemas productivos a través de la participación comunitaria desde una perspectiva ecológica. 

Tres ejes soportan el desarrollo del esquema, mismos que deberán ser considerados en todas sus etapas: su inserción en paisajes multifuncionales, la integración comunitaria y el acompañamiento de especialistas. La etapa de “Acercamiento” es crítica, pues sienta las bases sociales que sustentarán el desarrollo de pautas de manejo. Por su parte, durante la etapa de “Prospección” lo que se busca es definir el desarrollo de las evaluaciones ecológicas, para lo cual es deseable que la selección del grupo biológico a evaluar se realice considerando su facilidad de muestreo, su importancia ecológica y su relevancia cultural. La selección de variables de hábitat debe sujetarse al contexto local, de tal forma que se consideren aquellas características relevantes para las prácticas productivas analizadas, su factibilidad de manejo comunitario, su relevancia social y su importancia ecológica. La etapa de “Monitoreo” incluye la recopilación de datos.

La etapa de “Análisis” contempla la identificación de las variables que determinan los parámetros ecológicos evaluados. La modelación de la respuesta de los grupos biológicos ante distintos escenarios productivos representa una herramienta tangible y útil para la toma de decisiones. Se recomienda revisar los trabajos de ^{Yoccoz et al. (2001)}, ^{Stevens y Olsen (2004)}, ^{Ortega-Álvarez et al. (2015}) y ^{Ortega-Álvarez et al. (2018)}, para profundizar en los puntos de las etapas de “Prospección”, “Monitoreo” y “Análisis”. La etapa de “Difusión” es importante no sólo para discutir localmente los resultados de las etapas anteriores, sino también para facilitar la colaboración y construcción conjunta de las pautas de manejo y promover la continuidad de los proyectos.

La comunicación de los resultados deberá ser concisa, clara, breve y adaptada al lenguaje local. La etapa de “Manejo” depende en mayor medida de los actores comunitarios, quienes podrán consensuar la pertinencia de modificar las actividades productivas, no sólo considerando la evidencia ecológica obtenida a través de las etapas de “Monitoreo” y “Análisis”, sino también su impacto social, productivo y económico. La etapa de “Seguimiento” incluye la evaluación de los resultados obtenidos tras la implementación de las pautas de manejo acordadas por las comunidades. A partir de esta etapa, se retoma el esquema desde la fase de “Monitoreo”, con la finalidad de identificar las oportunidades de optimización de las pautas de manejo aplicadas. El esquema busca así la instauración de un manejo adaptativo donde la participación comunitaria es siempre clave.

La viabilidad de estas pautas depende fuertemente de que los lineamientos de manejo de los sistemas productivos se construyan desde el interior de las comunidades y se tomen como base las necesidades, visiones y capacidades de los productores locales (^{Vandergeest, 2007}; ^{Casas et al., 2017}), de lo contrario, la modificación de las prácticas de producción será inviable, a pesar de la posible existencia de beneficios económicos, ambientales o productivos (^{Matson y Vitousek, 2006}). Es necesario que la integración comunitaria sea activa, propiciando su participación en todas las etapas del proceso de definición de los lineamientos. Esto no sólo facilitará la aplicación futura de las propuestas de manejo, sino que incentivará el entendimiento, el fortalecimiento y la optimización productiva de los sistemas tradicionales. No obstante, también es primordial reconocer que la producción va más allá del contexto comunitario. Por ello, hay que considerar los factores de naturaleza múltiple que influyen sobre las actividades productivas para poder elaborar lineamientos realistas de manejo.