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Introducción
En el septuagésimo primer periodo de sesiones del tema 66 del Programa Provisional de Derechos de los Pueblos Indígenas, celebrado el 29 de julio de 2016, la señora Victoria Tauli Corpus se refirió, en el informe a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al tema del despojo y la expulsión de pueblos originarios de los territorios que han ocupado ancestralmente en nombre de la conservación de la biodiversidad y de los procesos ecológicos que ofrecen estos territorios.1 Estas acciones reflejan una política altamente cuestionable, en particular cuando se aplican mecanismos como el despojo y la expulsión después de declaradas como áreas naturales protegidas (ANP) a los territorios de pueblos que además de conservar la naturaleza con un manejo sustentable y generar bienes bioculturales por su estilo de vida ancestral y conocimiento cultural,2 se han abocado a la preservación de dichos sitios por considerarlos además sagrados.
El establecimiento del Parque Nacional Yellowstone en los Estados Unidos de América en 1872 se considera como el inicio del paradigma moderno de privilegiar a las ANP como el mecanismo más idóneo para la conservación de la naturaleza. No obstante, dicha política tiene sus desventajas, ya que para su establecimiento son necesarias grandes extensiones de territorio “no alterado por actividades humanas”, la consiguiente exclusión de los asentamientos humanos dentro de sus límites y la restricción del aprovechamiento de sus recursos naturales (geológicos, territoriales, de flora y fauna), al impedir por ejemplo la deforestación para el uso o venta de recursos forestales y/o para la apertura de territorios con fines agropecuarios. El principal planteamiento de este mecanismo de conservación está dirigido, además de proteger y mantener la biodiversidad, hacer de aquellas áreas espacios para la recreación y el turismo, en particular de la población urbana (Gómez-Pompa y Kaus, 1992).
Este modelo generó una fuerte influencia para el establecimiento de ANP en el mundo, sin considerar que algunos pueblos tienen antecedentes de ocupación, utilización y propiedad de esos territorios ni que cuentan con experiencia en el manejo de los ecosistemas, llevando a cabo un aprovechamiento que actualmente se denominaría como “sustentable” y acorde con sus derechos ancestrales.
En este texto abordamos de manera sintética los conflictos y los cuestionamientos que existen en torno a la conservación de la naturaleza y sus componentes mediante el establecimiento y manejo de ANP en territorios de pueblos originarios. Se reflexiona sobre la historia de la población que habita esos territorios -ya sea en el centro o en la periferia inmediata- desde tiempos inmemoriales, sobre el uso y aprovechamiento de sus componentes naturales y concluimos con propuestas de estrategias para la posible solución de los conflictos que se presentan.
El planteamiento de la conservación de la naturaleza y sus procesos ecológicos
Escapa a los objetivos del presente ensayo documentar la evolución de los procesos que posibilitaron el origen de la vida en el planeta, baste señalar lo que Carl Sagan anotaba: “Somos polvo de estrellas, una especie cosechando luz estelar”.3 Es decir, la vida en el planeta, no sólo la humana, es producto de una historia de millones de años del universo; lo cual es imprescindible considerar para comprender los esfuerzos que se hacen para mantener en la medida de lo posible la integralidad de los ciclos de la naturaleza, al menos en algunos sitios del planeta, a pesar de los complejos procesos relacionados con la transformación histórica de ecosistemas naturales; tal vez también por aspectos éticos, científicos, educativos o del ideal del futuro aprovechamiento de los servicios ambientales y de los bienes que la biósfera ofrece.4
Desde los inicios de las civilizaciones surgió el interés de conservar porciones de territorios representativos de hábitats prístinos; sin embargo a lo largo de la historia los intereses fueron cambiando. Rodríguez-Luna (2012) anota que desde los siglos v a. C. hasta el siglo iv d. C. es posible documentar iniciativas orientales y occidentales de conservación, hasta llegar a la conformación de las primeras sociedades conservacionistas como la Audubon Society (1886), Sierra Club (1892), Royal Society for the Protection of Birds (1899), International Council for Bird Preservation (1902), Office International Pour la Protection de la Nature (1934) -que después se transformaría en la UICN (Unión Internacional para Conservación de la Naturaleza), la organización más grande de este tipo hasta la actualidad-, Nature Conservancy (1952) y la WWF (World Wildlife Fund, 1961), por mencionar algunas que consideramos como las más influyentes en la conservación de la naturaleza.
Con base en lo anterior existe un consenso de que a partir de la Conferencia de Estocolmo en 1972 sobre el ambiente humano, que da origen al PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para la Protección del Ambiente), así como la publicación en 1980 por la UICN-WWF y el PNUMA de la Estrategia Mundial para la Conservación de los recursos vivos para el logro de un desarrollo sostenido, inicia la era moderna de la conservación con tres principios básicos: la preservación de la diversidad genética del planeta, el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales de la misma (evolutivo, hidrológico, biológico, sucesional) y el manejo sostenido de los recursos naturales (acuáticos, forestales, agrícolas, faunísticos). Este tercer principio daría origen a conceptos como ecodesarrollo, desarrollo sostenible o sustentable y el que está en boga: la sustentabilidad ambiental, social y económica.
Estos principios se han mantenido y han evolucionado en otros mecanismos para la conservación, como la legislación, la educación y la ética ambiental, así como en propuestas de conservación ex situ: jardines botánicos, zoológicos, acuarios, bancos de germoplasma, viveros y colecciones científicas, por mencionar algunos de los sitios que buscan detener la preocupante crisis ambiental que trae consigo además de problemas ecológicos y de servicios ambientales, conflictos socioeconómicos, culturales y políticos.
Las propuestas de conservación de la naturaleza de los organismos gubernamentales o que cuentan con apoyo del sector privado no están exentas de suspicacias en torno a los intereses que enarbolan, los cuales, según se cree, van más allá de lo que explícitamente se declara. El valor económico actual y potencialmente futuro de los territorios con remanentes de biodiversidad de alto valor genético, sociocultural y económico (minero, farmacológico, alimenticio), promueve iniciativas que parecen ser loables, pero que implican beneficios para las grandes corporaciones trasnacionales o nacionales. La ingeniería genética, producto de la biodiversidad, podría ser uno de estos grandes intereses.5 Entonces, ¿de quién y para quién es la biodiversidad y su conservación?
Estos cuestionamientos abogan en favor de la conservación bajo esquemas de amplia participación social, rural y urbana, sean estos pueblos originarios, productores agroecológicos, organizaciones sociales, de ciudadanos y de instituciones académicas genuinamente interesados en la conservación de la naturaleza para el beneficio humano global.
Las áreas naturales protegidas
La WCPA (en español: la Comisión Mundial de Áreas Protegidas) de la UICN define a las ANP como “un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y administrado a través de medios legales u otros similarmente efectivos, para lograr la conservación de la naturaleza con sus servicios ecosistémicos asociados y valores” (Casson et al., 2016).
En México, dado que un gran porcentaje de las ANP -si no es que la totalidad- contienen asentamientos humanos, en muchas ocasiones se intenta desalojar a la población, ya sea trasladándola a otros sitios o tratando de indemnizarla. Cabe señalar que esto último pocas veces se logra debido a la carencia de recursos económicos o porque los pobladores se rehúsan al desalojo, sobre todo si se trata de pueblos originarios del territorio en donde se decretó el ANP, lo que genera diversos tipos de conflictos para la protección y el manejo de dichas áreas y para el desarrollo de los propios pueblos.
Las áreas naturales protegidas son las zonas del territorio sobre las cuales la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde el entorno natural no ha sido significativamente alterado por la actividad del ser humano y/o que requieren ser preservadas y restauradas para el logro de los objetivos de la conservación. Estas ANP se crean mediante decreto presidencial y las actividades que pueden llevarse a cabo en ellas se establecen de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, su reglamento, los programas de manejo para cada área y los programas de ordenamiento ecológico y territorial.
Las ANP están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y uso de recursos para el desarrollo humano, según las categorías establecidas en la ley: Parque nacional, Reserva de la biósfera, Monumento natural, Áreas de protección de flora y fauna, y Santuarios, entre otras. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas administra actualmente 181 áreas naturales de carácter federal que representan más de 25 394 779 hectáreas en nueve regiones del país.6
La existencia de las ANP nos conduce a reflexionar acerca de los aspectos éticos, culturales, legales, entre otros más, comprendidos dentro los derechos de los habitantes originarios de la tierra, así como los no humanos que la poblaron incluso antes que éstos. Igualmente nos lleva a preguntarnos sobre el derecho a la existencia de las poblaciones y comunidades de flora y fauna, ya que al parecer en nuestras mentes y acciones los territorios son para nosotros, los humanos, ya sea como pueblos nativos-originarios, migrantes, entidades gubernamentales, o sector privado. Se plantea que al menos 10% de la naturaleza del planeta se encuentra protegida (no necesariamente de manera gubernamental), pero al parecer, ¡deseamos o necesitamos más del 90% del territorio planetario! debido a intereses de cualquier tipo, o simplemente por ambición o menosprecio hacia otros seres vivos que también tienen derecho a habitar el planeta.
Las ANP se encuentran así expuestas a diversos problemas, entre ellos la transformación que han realizado sus habitantes, el uso y la dispersión de contaminantes agroquímicos, la introducción de flora y fauna “exótica”, el tráfico de flora, fauna y de objetos arqueológicos e incluso de personas. La siembra de narcóticos en dichos territorios -debido a la lejanía de asentamientos humanos- y las guerrillas son otros de los factores aunados a su constante y paulatina destrucción no sólo por prácticas productivas de diversos usuarios sino, como se ha señalado, por los múltiples intereses vigentes en estos territorios y actualmente, de manera creciente, por los asentamientos urbanos. Las ANP son, territorios en donde son perpetrados homicidios tanto en contra de la población nativa como de guardaparques, y donde la extinción de especies y la afectación de sus procesos ecológicos, ahora conocidos como servicios ambientales, son constantes. En este contexto, cabría preguntarse: ¿cómo podrían los pobladores de las ANP hacer frente a estos problemas sin el apoyo gubernamental?
Al igual que la conservación, dichas áreas no están exentas de polémica. ¿Para quién y para qué son esos recursos? ¿Qué pasará con los pueblos originarios que las habitan? Esta controversia se recrudece cuando se otorgan concesiones para la extracción de recursos dentro de las ANP, como en el caso de las empresas mineras.7 En este tenor destaca en México el caso de los wixaritari,8 en el que los discursos se contraponen y aparecen, por un lado, la defensa de los territorios sagrados de los pueblos originarios y de la ANP y, por el otro, el del real o supuesto beneficio para la población.9 Sin duda, otro tema de gran polémica es el de las concesiones para el manejo del turismo en las ANP.
La conservación de la naturaleza, las áreas naturales y los pueblos originarios10
La historia de la ocupación social de los múltiples territorios del planeta por poblaciones humanas procede al menos desde la sedentarización de las mismas y la invención de la agricultura, lo cual dio origen a diversas civilizaciones. Cabe decir que dicha ocupación ha sido cambiante en algunas porciones de la tierra por diversas causas: guerras, invasiones, agotamiento de recursos y migraciones, entre otras.
El uso y la ocupación de determinados territorios, no obstante lo anterior, ha sido permanente por múltiples culturas y con ello su propiedad de facto y/o legal, lo que incluye los recursos que éstos contienen y que contemplan no sólo la biodiversidad silvestre sino también los bienes bioculturales obtenidos a través de una constante exploración-experimentación intergeneracional, lo que ha dado como resultado bienes domesticados, semidomesticados y silvestres (insectos, plantas, hongos, fauna de vertebrados e invertebrados).11 Con lo anterior busco destacar que la ocupación histórica de los territorios naturales del planeta, convertidos en espacios socioculturales, es tan antigua como la propia historia humana, dando lugar a que en la actualidad sea difícil encontrar un espacio natural no influido, afectado o transformado por el ser humano, ya sea de manera directa o indirecta; situación que no excluye a los glaciares ni mucho menos a los océanos que, aunque no estén ocupados por seres humanos, sí han sido utilizados y en este sentido están siendo impactados por la actividad humana.
La relación naturaleza-cultura a lo largo de miles de años ha traido consigo el uso y aprovechamiento de áreas naturales convirtiéndolas en paisajes culturales, lo que a su vez ha originado creencias, ritos, prácticas espirituales, productivas y de consumo relacionadas con los ciclos de vida y diferenciadas en cada territorio del planeta. Lo anterior se debe al profundo conocimiento adquirido por sus habitantes sobre los procesos astronómicos, climáticos, hidrológicos, geológicos, edafológicos y ecológicos florísticos y faunísticos, que a su vez permitieron la evolución de las civilizaciones humanas.
Estos recursos bioculturales producto de la exploración, prueba, ensayo y error, comprenden flora y fauna, los cuales han sido aprovechados como alimento y medicina, además de servir como materiales constructivos, energéticos, ornamentales y rituales. Es necesario señalar que todos ellos son la base de múltiples procesos socioculturales y de beneficios económicos.
La literatura científica de diversas disciplinas ha documentado de manera abundante lo anteriormente señalado. Para el caso de México baste citar a Hernández-Xolocotzi (1985), Gómez-Pompa (1985), Toledo (1990), Challenger (1998), Conacyt y Conabio (1999) y Boege (2008). En el territorio de Chiapas, Nations y Nigh (1980) reportan el conocimiento y uso por parte de los pueblos lacandones de 71 plantas con sus derivados, provenientes de la vegetación primaria de la selva (frutos, semillas, plantas y fibras) utilizadas como alimento, condimento, medicina, así como para rituales y para la construcción, entre otros usos, así como 56 plantas cultivadas o protegidas en sus milpas. Estos autores señalan que los indígenas lacandones conocen y utilizan 58 especies provenientes de los acahuales, 38 alimentos provenientes de la fauna acuática y consumen 18 especies de fauna o sus derivados que se alimentan de los cultivos de la milpa o los acahuales.
Contreras y Mariaca (2016) reportan que los mayas lacandones de Nahá utilizan 26 especies obtenidas de los acahuales maduros, 75 especies de organismos vegetales del bosque mesófilo de montaña, 92 provenientes de la selva alta y mediana perennifolia, 7 especies de los bosques de pino y 51 especies provenientes de los huertos. Los autores elaboraron un etnomapa con los habitantes de Nahá, en donde identificaron 34 sitios socioculturales diferentes de aprovechamiento que denominaron unidades de paisaje lacandón.
A pesar de lo anterior, Timothy y Goodman (1979) alertaban desde la década del setenta sobre la necesidad de preservar el germoplasma domesticado. Señalaban que detener la erosión del plasma germinal puede ser como tratar de detener una paja contra el mar. Y es que para evitar la pérdida de recursos genéticos, se requiere enfrentar las fuerzas de americanización, occidentalización, industrialización y modernización del indígena. El problema, apuntaban, requerirá medidas de la magnitud de la destrucción que se está operando en contra de la supervivencia de los recursos genéticos.
La Selva Lacandona en Chiapas podría ser un buen ejemplo de lo que hemos tratado de ilustrar en el presente ensayo. Ekholm (1992: 255-258) anota lo siguiente:
…existen evidencias de su ocupación por asentamientos mayas desde el Preclásico medio (900-300 a. C.) y en el Preclásico tardío (400 a. C.-100 d. C.) alcanzaron el auge ciertos centros del Petén, Guatemala que se extendieron a lo largo del río Usumacinta. En el Clásico Temprano (250-600 d. C.), Bonampak, Toniná, Lacanjá, Piedras Negras y Yaxchilán, entre otros, establecieron sus dinastías y derechos de territorio. El Clásico tardío (600-800 d. C.) es lo que comúnmente se conoce como la época de los “mayas antiguos” y es al final de este periodo (800-1000 d. C.) cuando ocurre la desintegración por causas desconocidas de la sociedad maya en esta selva. La región del Usumacinta se abandonó antes del Postclásico temprano (1000-1250 d. C.), permaneciendo asentamientos reducidos”.
Esta autora reporta al menos 75 sitios arqueológicos en la Selva Lacandona y varios de ellos dentro de la Reserva de la Biósfera Montes Azules.
Lo anterior nos indica una ocupación seguramente numerosa de dicha selva, misma que nunca estuvo en realidad deshabitada: los herederos de los mayas antiguos continúan asentándose ahí. Lo que hay que destacar es que debido a los diversos aspectos culturales señalados, los distintos ecosistemas de esta selva permanecieron en tal estado de conservación que el imaginario social que desconoce la historia las considera incluso como “selvas vírgenes”. La historia colonial y moderna de la Selva Lacandona es narrada de manera breve por De Vos (1992: 268-286):
En los siglos subsecuentes este territorio se compartió entre choles, tzeltales y los choltíes, todos ellos de origen maya. A partir de 1525, fue objeto de dos conquistas sucesivas, la primera llevada a cabo por los españoles que culminó con el exterminio de los choltíes “los de Acantún” por insumisos, que vivían en una isla de la laguna de Miramar y comenzaron a ser conocidos como lacandones. Los actuales lacandones llegaron de El Petén y de Campeche en el siglo xviii. Terminada la “pacificación” de la selva en los siglos xvi y xvii, a los sobrevivientes choles los reubicaron en Tumbalá y en Palenque y a los tzeltales en Bachajón y Ocosingo…
La segunda conquista ocurrió en el momento en que nace el estado de Chiapas en 1822 a causa de las monterías para la extracción de caoba y cedro. Entre 1951 y 1973 se intensifica la deforestación por Maderera Maya y el Aserradero Bonampak, la cual fue seguida por la ganadería. En paralelo hubo también un éxodo de los campesinos tzotziles y tzeltales de los Altos y los tojolabales de la zona de Comitán, que abrió la selva a los solicitantes de tierra de Chiapas y otras entidades, generándose entonces el conflicto del reparto agrario, 23 poblados tzeltales y choles aceptan la relocación y las promesas de apoyo gubernamental, crédito y subsidios en los nuevos asentamientos de Frontera Echeverría (Frontera Corozal) y Velasco Suárez (Nueva Palestina).
A pesar de lo anterior, los problemas de deforestación, ganaderización, agrarios y las amenazas de desalojo en la Selva Lacandona continúan hasta la fecha; sin dejar de mencionar el impacto social, político y ecológico del levantamiento armado surgido en esta selva por parte del EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional).
La población indígena de la Selva Lacandona está conformada actualmente por hablantes de tzeltal, chol, tojolabal y, por supuesto, los lacandones. En esta selva se han establecido siete áreas naturales protegidas: dos Reservas de la Biósfera: Montes Azules con 331 200 ha y Lacantún con 61 874; tres Áreas de Protección de Flora y Fauna: Chan Kin con 12 185 ha, Metzabok con 3 368 y Nahá con 3 847; y dos Monumentos naturales: Yaxchilán con 2 221 ha y Bonampak con 4 357. También existe una Reserva comunal: la Sierra de la Cojolita con 42 mil ha (Prodesis, s/f). En todas estas áreas existen asentamientos humanos y diversos tipos de uso del suelo y deforestación, excepto en las zonas arqueológicas de Yaxchilán y Bonampak.
Al mismo tiempo es pertinente señalar que existe evidencia de la transformación-destrucción de ecosistemas naturales generadas por pueblos originarios debido a múltiples causas; ya sea como producto de sus actividades, por factores externos, o por la combinación de ambos. Véase por ejemplo el caso de Chamula en Chiapas, municipio en el que 98.2% de la población es indígena y del que Collier (1976: 19-20) señalaba que “es otro municipio de los Altos en el cual la destructiva superpoblación es atraída por distintos mercados de trabajo asalariado […] Los chamulas han abusado implacablemente de sus tierras, y la fuerte erosión ha obligado a la aplicación de técnicas especiales de cultivo y a la búsqueda de fuentes de ingresos no agrícolas…”.12
La Selva Lacandona podría ser también otro ejemplo de transformación severa de sus ecosistemas. En el caso de esta selva se dificulta la definición de datos debido a la diversidad de consideraciones de múltiples autores de lo que se debe considerar; de ahí que, dependiendo de la fuente consultada, puede cambiar la superficie, la población y las tasas de deforestación. No obstante, De Vos (2002: 36-37) anota que “la población en esta selva en 1930 era menor a los mil habitantes y que para el año 2000 era cercana a los 250 mil; mientras que en el mismo periodo había 1 millón 200 mil ha arboladas que disminuyeron a 600 mil, es decir, 50%”. Este autor considera como selváticos a los municipios de Altamirano, Margaritas, Ocosingo y Palenque.
Consideraciones finales
Los objetivos de la conservación de la vida en la Tierra son fundamentales por aspectos éticos, ecológicos, socioculturales, económicos y de aprovechamiento para el bienestar de la sociedad. Por lo tanto, en sentido amplio, su relevancia es evolutiva porque involucra la vida en el planeta, nuestro futuro, esto es, la herencia natural que hemos recibido y que debemos dejar a futuras generaciones. Sin embargo, como hemos anotado, estos nobles fines no son fáciles de lograr debido al valor material del propio territorio y sus recursos. ¿A quién pertenecen estos bienes, para quién(es) son, cómo conservarlos? La situación se torna más compleja cuando se consideran los recursos no renovables (geológicos-minerales), a lo que se añade el tema del agua, que es fundamental para la supervivencia humana y de la vida en el planeta.
En la relación de las ANP con los pueblos originarios interviene el hecho de que sus territorios fueron atractivos para establecerlas. Sin embargo, hay matices que es conveniente señalar, ya que uno de los efectos de estas políticas de confrontación con los habitantes conlleva, además del despojo en nombre de la conservación, el riesgo de incrementar el rechazo generalizado hacia la declaratoria de las ANP y la conservación, el cuidado y la protección de la naturaleza. Lo que hay que cuestionar es si las políticas actuales en torno a las ANP y la conservación y sus principios siguen siendo vigentes. Si el sistema político es ineficaz, entonces hay que cambiarlo, pero no los esfuerzos por establecer y conservar ANP por los recursos que brindan a la sociedad.
La pregunta, entonces, es: ¿más ANP y conservación o no? ¿Cómo?, en caso positivo, y ¿por qué no, en caso negativo? México, en especial la región de la frontera sur limítrofe con Guatemala y Belice constituye un caso paradigmático, al ser una de las regiones más biodiversas del mundo. México ocupa el 4º lugar a nivel mundial en esta materia, y Oaxaca y Chiapas son los dos estados más biodiversos del país. De las 181 ANP decretadas a nivel nacional y bajo resguardo de la ConANP (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas), 40 de ellas se han declarado en esta región. Los pueblos originarios que habitan estos territorios forman parte de las familias lingüísticas maya, mixe-zoqueana y chiapaneca (esta última prácticamente desaparecida) y seis de cada diez habitantes de la región son indígenas (58.6%). Beltrán (2001: 7) anota:
Que la CMAP (Comisión Mundial de Áreas Protegidas), en su principio 1, declara que “Los pueblos indígenas y tradicionales mantienen un antiguo vínculo con la naturaleza y tienen una comprensión profunda de ella. Han hecho frecuentemente contribuciones significativas para el mantenimiento de muchos de los ecosistemas más frágiles del planeta, a través de sus prácticas tradicionales de uso sustentable de recursos y su respeto por la naturaleza, basado en su cultura. Por tanto, no debería haber conflicto intrínseco entre los objetivos de las áreas protegidas y la existencia dentro o alrededor de sus fronteras. Más aún, dichos pueblos deben ser reconocidos como socios legítimos e iguales en el desarrollo e implementación de estrategias de conservación que afectan sus tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos y, en particular, en el establecimiento y manejo de las áreas protegidas.
El nuevo paradigma de las ANP debe ser el de promover la conservación, la equidad y el desarrollo de las comunidades que se encuentran dentro o alrededor de las ANP, promoviendo un manejo conjunto de las mismas, sobre todo ante los elevados índices de marginación y pobreza que padece la población indígena (Borrini Feyerabend et al., 2004).
Este postulado es válido en tanto que, en muchas ocasiones, las políticas ambientales y la educación provienen de ámbitos urbanos y de percepciones elitistas fundamentadas en creencias occidentales acerca de la naturaleza, que tienden a ignorar a la población rural e indígena. Cabe señalar que estos pueblos tienen una relación personal con su ambiente y que en su cosmovisión la naturaleza no es sólo un objeto, sino un mundo complejo de componentes vivos que, a menudo, son personificados y definidos en mitos locales con base en la experiencia de generaciones. Incluso sus representaciones de las relaciones ecológicas pueden ser más cercanas a la realidad que las del conocimiento científico (Gómez Pompa y Kaus, 1992).
Por último, aunque ajeno al tema central de este ensayo, está el cuestionamiento de cómo la urbanización, la migración de la población indígena-campesina a las ciudades -en especial de los jóvenes-, la importante demanda de agua, así como la necesidad de pensar en áreas verdes y servicios ambientales en las zonas suburbanas y en sus regiones de influencia, constituyen un nuevo reto para la conservación de la naturaleza en general y de las ANP en particular; más aún cuando éstas se encuentran en territorios de los pueblos originarios, sean hasta ahora urbanizados o no.
