Introducción

Uno de los principales problemas que enfrenta China a nivel doméstico es el conflicto en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang. En los últimos años, las políticas implementadas por el Gobierno de Beijing para mantener la integridad territorial, evitar la proliferación de grupos extremistas y mantener el control político y económico en la región han captado la atención de los medios internacionales y en general de la comunidad internacional. Los uigures son un grupo étnico musulmán de ascendencia turca que han habitado históricamente en la región central de Asia, localmente denominada Turkestán Oriental. La etnia uigur comparte lazos culturales e históricos con las poblaciones turcas de Asia Central (^{Tursun, 2018, pp. 27-28}). Esta región fue habitada por grupos nómadas y dominada históricamente tanto por kanatos mongoles como por dinastías chinas, ello genera un debate histórico sobre la pertenencia legítima de la región a China.

Actualmente, la provincia de Xinjiang es el territorio autónomo más extenso dentro de China, equivalente a un sexto del territorio total. Localizada en el noreste del país, entre una extensa zona de estepas, las condiciones climáticas y de suelos del territorio son propicias para la agricultura y ganadería (^{Ercilasun, 2018, p. 2}). El territorio comparte frontera con ocho países de Asia Central: India, Pakistán, Afganistán, Tayikistán, Kirguistán, Kazajistán, Rusia y Mongolia, ello convierte a la región en un puente entre China, el Medio Oriente y Asia Central (^{Seo & Cho, 2013, p. 304}). La colindancia de la región y acceso a estas distintas zonas representa una variable central en términos geopolíticos para Beijing, ya que las rutas terrestres, el intercambio comercial y posibilidad de alianzas políticas con países vecinos son ventajas inherentes que cobran relevancia en el contexto de la estrategia de la Iniciativa Franja y Ruta (Belt and Road Initiative). En el pasado, Xinjiang fungió como una de las regiones más dinámicas de la Ruta de la Seda y hoy en día forma parte estratégica de la Iniciativa Franja y Ruta.³

La región de Xinjiang es también rica en recursos naturales, este territorio posee el 33% de las reservas probadas de petróleo de China, con potenciales cantidades de crudo aún sin descubrir (^{Seo & Cho, 2013, p. 306}). Adicionalmente, la región es la mayor productora de gas natural en China, con el 30% de la producción nacional. Se estima además que en los próximos años Xinjiang será la región con mayor producción de carbón, con el 20% de la producción total (^{Seo & Cho, 2013, p. 307}).

La región de Xinjiang también participa de manera importante en la generación de energía eléctrica en el país, aportando en la última década 300,000 millones de kWh de electricidad a otras partes del territorio chino. La región también aporta una capacidad importante de energía eólica a nivel nacional. “En la actualidad, la capacidad de energía instalada de Xinjiang alcanza 92,432 millones de kilovatios, mientras su capacidad instalada de nueva energía resulta una de las mayores del país” (^{Xinhua Español, 2020}).

La seguridad energética de China es un tema central en la planificación de su desarrollo industrial (^{Seo & Cho, 2013}, p. 296). Xinjiang es el territorio a través del cual confluyen oleoductos y gasoductos procedentes de Rusia, Kazajistán y Turkmenistán (^{Seo & Cho, 2013, p. 307}). Además, en Xinjiang se encuentra uno de los sitios de pruebas nucleares más importantes de China (^{Cunningham, 2012, p. 16}). La importancia geopolítica de la región, los recursos mineros y de hidrocarburos y la colindancia con otros países hacen que la región de Xinjiang sea estratégica para el Gobierno central de China.

Las políticas implementadas por Beijing en la región se justifican al nivel de discurso oficial por la integridad territorial del país y la estabilidad regional (^{The State Council Information Office of the People’s Republic of China, 2021}). El Gobierno chino ha declarado en este sentido que:

China ha realizado importantes contribuciones a la lucha global contra el terrorismo con sus esfuerzos de desradicalización en Xinjiang (…) el tema de Xinjiang es únicamente un asunto interno de China y lo que sucede en Xinjiang es una cuestión de lucha contra el separatismo y el terrorismo, más que una cuestión de derechos humanos o religión. (^{Xinhua News Agency, 2020})

Además de los aspectos de geopolítica y terrorismo mencionados anteriormente, literatura reciente ha abordado el tema del conflicto en Xinjiang desde diferentes perspectivas: ^{Ji Yeon Hong y Wenhui Yang (2020)} estudian el impacto de los recursos naturales y la actividad económica en la región y su relación con la estabilidad y la disminución de los índices de violencia interétnica. ^{James Leibold (2020}) analiza el uso de tecnologías de última generación para el monitoreo y vigilancia en la región de Xinjiang para facilitar la implementación de políticas y reducir la posibilidad de expansión de grupos radicales. ^{Sarah Tynen (2022)} estudia el conflicto de Xinjiang desde la perspectiva del análisis del discurso del Gobierno Chino. Raj ^{Verma (2020}) estudia el conflicto de Xinjiang desde una perspectiva regional, considerando las variables geopolíticas más importantes en la relación y actividad de grupos radicales en Pakistán y Afganistán y su relación con el ETIM⁴ (East Turkestan Islamic Movement). ^{Erik Durneika (2020)} estudia las principales variables que determinan cómo un conflicto doméstico puede trascender a un conflicto internacional y aplica estas variables para analizar el conflicto de Xinjiang.

Retomando esta última línea de investigación, este artículo tiene como objetivo hacer una aportación al análisis del conflicto en Xinjiang destacando el papel de la diáspora uigur y la internacionalización del conflicto. Como hipótesis principal, en el artículo se argumenta que el Gobierno chino percibe una amenaza creciente de grupos con potencial extremista y capacidades de organización transfronteriza y por ende aplica medidas de coerción y restringe libertades civiles. El Gobierno de China justifica las políticas implementadas en Xinjiang por razones de seguridad nacional y aborda el tema como un conflicto doméstico. Sin embargo, el problema ha comenzado a tomar relevancia a nivel internacional y aun con el temor de represalias (principalmente económicas), distintos países se han manifestado en contra de las políticas gubernamentales de China en Xinjiang.

Al nivel de discurso oficial, las políticas implementadas por Beijing en la región se justifican por la integridad territorial del país, el desmantelamiento de grupos radicales y estabilidad interna (^{The State Council Information Office of the People’s Republic of China, 2021}). Después del 9/11 en Estados Unidos y la posterior guerra contra el terrorismo, el Gobierno chino encontró una justificación concreta para la implementación de sus políticas en Xinjiang. El terrorismo se convirtió en una amenaza global y la difusión de las organizaciones uigures radicales como organizaciones terroristas que representan una amenaza para la seguridad nacional otorgó justificación a las acciones de Beijing en la región. En 2020, sin embargo, el Gobierno de Estados Unidos (eua) eliminó de su lista de grupos “terroristas” al ETIM, acción que ha tenido varias repercusiones a nivel global.

Antecedentes históricos del conflicto

En el periodo de 744 al 840 d. C. la región de Xinjiang fue poblada por grupos nómadas y se dieron los primeros asentamientos y desarrollo del Imperio uigur; no obstante, éste no se encontraba enteramente localizado en el actual territorio de Xinjiang, sino en la actual Mongolia. Después del ascenso de Gengis Kan, los uigures encontraron una nueva oportunidad de fortalecerse, gozaron de un alto grado de autonomía y desempeñaban actividades económicas de importancia mientras conservaban influencia política dentro del Imperio. Fue hasta 1644 que la dinastía Qing invadió la región de Xinjiang y comenzó el periodo de dominio chino (^{Ercilasun, 2018, pp. 5-8}).

En la etapa de influencia de la dinastía Qing en Xinjiang se presentaron constantes levantamientos por parte de las ciudades del Oeste (los territorios uigures). A pesar de ello, el Imperio chino logró mantener un amplio control de la región en términos generales (^{Cunningham, 2012, p. 9}). Sin embargo, a principios del siglo XIX se presentaron movimientos uigures más organizados para librarse del control de los manchú.⁵ La primera revuelta ocurrió en 1815 y la segunda en 1824; en este último levantamiento se lograron obtener privilegios y libertades parciales para los uigur. En 1833 Yakup Bek fundó su propio kanato en la región de Turkestán Oriental. El kanato terminó en 1877 con la muerte de su líder y se restableció el control chino. Finalmente, la provincia de Xinjiang se estableció en 1884 dentro de los territorios controlados por la segunda dinastía Qing (^{Ercilasun, 2018, p. 9}).

La llegada del siglo XX trajo nuevas transformaciones para Xinjiang. La Unión Soviética implementó a partir de 1924 una política de unión económica y cultural entre las repúblicas autónomas en Asia Central. Los lazos económicos, políticos y culturales crecieron y se fortalecieron en las repúblicas autónomas de Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán, Kazajstán y Kirguistán. Eventualmente estas repúblicas desarrollaron visiones nacionalistas que las identificaban. Las poblaciones de estos países y los uigur comparten lazos culturales y étnicos, características que Moscú aprovechó para promover ideas propagandistas dentro de Xinjiang para fomentar la creación de una república socialista similar a las de Asia Central entre los uigur (^{Tursun, 2018, pp. 35-36}).

Fue a partir del Congreso de Tashkent en 1921 que la identidad y el nacionalismo comenzaron a fortalecerse y a desarrollar estrategias de organización más avanzadas (^{Tursun, 2018, p. 36}). Entre 1931 y 1933 distintas ciudades de Xinjiang se levantaron en armas contra el dominio chino en búsqueda de independencia para formar una nación soberana. Estos enfrentamientos culminaron con la creación de la Primera República del Turkestán Oriental el 12 de noviembre de 1933. La república tuvo una duración de sólo cinco meses, que terminó con la llegada de Sheng Shicai al poder. Shicai estableció un gobierno provincial pro soviético, pero aún bajo mandato chino; además implementó un gobierno autoritario, centralista y corrupto. En 1944 Sheng Shicai deja el poder y se funda la Segunda República de Turkestán Oriental, ésta duraría cinco años (^{Ercilasun, 2018, p. 10}).

Con el triunfo de Mao Tse-tung y la fundación de la República Popular China (RPCh) en 1949, se presagiaban cambios importantes en la política de Beijing hacia las provincias autónomas. Después del triunfo de la revolución comunista, los líderes del Gobierno de Turkestán Oriental abordaron un avión hacia Beijing para negociar con el Gobierno central los términos de una nueva relación, el viaje culminó en un accidente aéreo donde murieron todos los pasajeros. El líder del ejército chino en Xinjiang declaró la subordinación del territorio hacia la nueva RPCh, finalmente en 1955 el Gobierno chino estableció la Región Autónoma Uigur de Xinjiang (^{Ercilasun, 2018, p. 11}).

A pesar de la presencia histórica en la región, el control de China sobre Xinjiang sigue siendo percibido como ilegítimo por amplios sectores de la población uigur. Los breves periodos de gobierno independiente son remanentes de un pasado que aún evoca deseos separatistas en algunos grupos de la población uigur. Antes del establecimiento de la RPCh, los uigures representaban el grupo étnico mayoritario dentro de Xinjiang, con el 75% de población (^{Tursun, 2018, p. 27}). A partir de 1955 el Gobierno chino promovió campañas de migración forzada de la etnia han hacia Xinjiang. La migración masiva ha ocasionado que la población uigur presente una tendencia de decrecimiento en comparación con la etnia han, que crece de manera significativa en la región. Los flujos de la migración han hacia Xinjiang han traído efectos contraproducentes, entre los que destacan el aumento de la violencia interétnica junto con la represión gubernamental, así como un fortalecimiento de la identidad uigur como resistencia a la asimilación china.

Como consecuencia de la represión étnica y falta de oportunidades, muchos uigures han huido de Xinjiang en búsqueda de un mejor futuro en el extranjero. El comienzo de la expansión de la diáspora uigur comenzó a adquirir relevancia después de la toma de Turkestán Oriental por el Partido Comunista Chino en 1949. Muchos uigures buscaron residencia en países musulmanes aledaños, especialmente en Turquía. En la actualidad, la diáspora uigur se extiende entre países de Asia Central, Europa y Norteamérica (^{Bonnenfant, 2018, pp. 86-91}).

Los primeros años del establecimiento de la Región Autónoma de Xinjiang fueron complicados para el Gobierno chino. Mao había prometido importantes concesiones económicas y políticas a la región de Xinjiang. El carácter de autonomía concedido respondía en parte a los reclamos de la región, pero a la vez aseguraba de manera formal el control y dominio de Beijing en la zona. Además, las estrategias económicas y políticas de Mao implementadas en toda China impactaron de manera decisiva la estructura socioeconómica del pueblo uigur. ^{Nicolás de Pedro (2008, p. 119)} señala en ese sentido que los años de 1950 y 1960 estuvieron marcados en Xinjiang por la dureza de las condiciones de vida y por los grandes proyectos de transformación basados fundamentalmente en la colectivización y en la industrialización. El hambre y el clima represivo empujaron a muchos uigures a emigrar, fundamentalmente hacia la Unión Soviética y Turquía. Las facilidades y promesas soviéticas fomentaban estas migraciones.

Con el paso del tiempo, la diáspora uigur fue transformándose, hasta lograr establecer instituciones políticas y ejercer una voz de contrapeso respecto a las acciones de Beijing en Xinjiang. Yitzhak Shichor señala que el papel de la diáspora puede entenderse en tres etapas distintas: 1) el periodo maoista (1940-1970), cuando no existió ninguna oportunidad de diálogo entre la diáspora y el Gobierno chino; 2) el periodo de transición (1970-1990), cuando se desperdició una oportunidad única de diálogo con el Gobierno chino, y 3) el periodo de transformación (a partir de 1990), cuando el Gobierno chino ha bloqueado cualquier posibilidad de diálogo con la diáspora (^{2018, p. 122}).

Es durante este tercer periodo de nulo diálogo entre las partes que la diáspora uigur expande su influencia y activismo dentro de varios países anfitriones, aún con los obstáculos y oposición del Gobierno chino. Sin embargo, para inicios del nuevo milenio quedaba claro que la diáspora uigur carecía de coordinación y unidad entre sus organizaciones (^{Bonnenfant, 2018, p. 94}). Con el propósito de unificar a las organizaciones uigur, en 2004 se creó el Congreso Mundial Uigur (CMU) en Munich, Alemania, lugar que permanece como su sede actual. El 90% de las organizaciones uigur del mundo se encuentran bajo el liderazgo del CMU (^{Bonnenfant, 2018, p. 45}). En sus inicios, la presidencia del CMU fue ostentada por Rebiya Kadeer, una empresaria uigur que fue apresada por el Gobierno chino acusada de espionaje, separatismo y traición. En 2005, el Gobierno de George W. Bush logró un acuerdo con China para que Kadeer estableciera su residencia en Estados Unidos. Desde 2006 hasta 2017, Kadeer⁶ lideró la organización de la diáspora con mayor alcance político y geográfico (^{Mackerras, 2015, p. 30}).

Washington DC es también una de las ciudades con mayor actividad por parte de la diáspora uigur. La Asociación Americana Uigur y el Proyecto de Derechos Humanos Uigur tienen su sede en la capital estadounidense. Estas organizaciones, aunque colaboran con el CMU, se enfocan principalmente en actividades de cabildeo y de divulgación de noticias sobre las políticas chinas implementadas en la zona y su impacto en la población, además de promover distintas manifestaciones de su cultura. La Asociación Americana Uigur busca el apoyo del Gobierno estadounidense como contrapeso hacia el Gobierno chino (^{Bonnenfant, 2018, p. 96}).

Estas organizaciones políticas de la diáspora ejercen un papel fundamental en promover la agenda uigur dentro de la comunidad internacional y en la divulgación de la problemática de derechos humanos que prevalece en Xinjiang. Para las autoridades chinas, estas organizaciones, principalmente el CMU, están ligadas con el ETIM y con las acciones violentas de los grupos extremistas uigures en territorio chino. El CMU aboga por la resistencia pacífica y se ha deslindado de los actos violentos ocurridos en los últimos años; por el contrario, el CMU sostiene que la violencia es consecuencia de las políticas discriminatorias y represivas en contra de los uigures y que no tiene ninguna relación con un financiamiento internacional de actos terroristas.

La diáspora ha contribuido de manera decisiva a la difusión de la causa uigur y a la creación de una agenda internacional de derechos humanos. Igualmente, ha impulsado a países anfitriones de la diáspora a pronunciarse en contra de las políticas chinas en Xinjiang, principalmente países de occidente como Estados Unidos y miembros de la Unión Europea (^{Shichor, 2018, p. 130}). La investigación y promoción de estas organizaciones representan también fuentes de información alternas a las versiones oficiales del Gobierno chino.

Políticas gubernamentales de China en Xinjiang

La preocupación creciente de Beijing sobre la posible proliferación de grupos extremistas en la región trajo consigo la implementación de políticas más estrictas respecto a la seguridad interna, combate a grupos extremistas y contención de organizaciones civiles pro-independistas. En 1996 el Gobierno chino implementó la campaña de “mano dura” (strike hard), que consistía en la aplicación de operaciones estrictas de seguridad entre la población civil, uso de tecnología de punta para espionaje y acciones policiales que incluían arrestos y represión ante cualquier acto de sospecha. La implementación de estas medidas radicales generó un descontento generalizado entre la población. En 1997 ocurrió un ataque de bomba por parte de grupos separatistas uigur en Urumqi (capital de Xinjiang) durante el aniversario luctuoso de Deng Xiaoping; 12 personas murieron (^{CNN, 1997}). Bajo la política de mano dura, los atentados fueron contenidos y la represión en la región de Xinjiang fue en aumento. De manera paralela, China implementó acciones de carácter regional para evitar a toda costa los nexos operativos entre organizaciones terroristas colindantes en la frontera de Xinjiang.

En el 2000 China lideró la iniciativa para crear una organización de seguridad colectiva junto con algunos países de Asia Central: la Organización para la Cooperación de Shanghai (OCS). El Gobierno chino propuso como una de las prioridades de la organización el combate a amenazas transfronterizas, tales como el radicalismo, el fundamentalismo religioso y el narcotráfico. La OCS comenzó operaciones con seis países miembros: China, Rusia, Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán.⁷ A raíz del inicio de la guerra contra el terror, China ha sabido aprovechar a la OCS como herramienta para combatir a los uigures bajo la premisa del combate al terrorismo, además de extender su influencia y margen de acción hacia los países de Asia Central (^{Cunningham, 2012, p. 12} ).

Otra de las principales acciones del Gobierno central de China en la región de Xingiang es la migración “forzada” de los han para repoblar y establecer un “balance” con la población uigur. El Gobierno sostiene que la finalidad es propiciar mayor estabilidad en la zona y promover la diversidad étnica en la región para tratar de aminorar la amenaza de grupos radicales uigur (^{Gachúz et al., 2019}). En la Figura 1 se observa el rápido crecimiento de la población han en Xinjiang (de menos de ocho millones de habitantes en 2003, a casi 11 millones en 2020) y en la Figura 2, de manera paralela, se observa una disminución reciente en la población uigur, sobre todo a partir de 2010, cuando la población era de casi 12 millones de habitantes y en 2020 disminuyó a menos de 11 millones de habitantes.

Fuente: ^{The State Council Information Office of the People’s Republic of China (2021)}.

Figura 1 Población Han en Xinjiang (2003-2020) (Millones de habitantes) 

Fuente: ^{The State Council Information Office of the People’s Republic of China (2021)}.

Figura 2 Población Uigur en Xinjiang (2003-2021) (Millones de habitantes) 

Aun con las acciones de contención y represión de los grupos separatistas, a nivel doméstico e internacional, la violencia interétnica se ha presentado de manera persistente. Otro enfrentamiento ocurrió el 5 de julio de 2009 en Urumqi. Días antes (el 26 de junio) dos trabajadores uigures habían sido asesinados en una fábrica de juguetes en Shaoguan, Guandgong, a manos de dos trabajadores de origen han. Este evento desencadenó una profunda indignación dentro de la comunidad uigur, por lo que el 5 de julio se llevaron a cabo protestas en la plaza pública de Urumqi. Entre 200 y 300 estudiantes se reunieron para protestar en contra de la violencia hacia los uigures. El movimiento pacífico fue reprimido por el ejército y la policía. Los participantes en la manifestación enfrentaron las agresiones de la policía y ejército con palos, piedras y otros objetos; destrozaron comercios en las calles e hirieron a elementos de la policía (^{Emet, 2018, p. 137}).

Decenas de personas de la etnia han también fueron objeto de agresiones. El choque de violencia interétnica resultó en un saldo final de 192 personas muertas y 1,712 heridos. Las autoridades chinas comunicaron el 6 de julio que los ataques que habían ocurrido en Urumqi se llevaron a cabo con ayuda externa, señalando al Congreso Mundial Uigur y a su líder Rebiya Kadeer. Debido a su gravedad, el incidente de julio en Urumqi se convirtió en la primera noticia de amplia difusión en los medios internacionales sobre de la región de Xinjiang y el conflicto interétnico (^{Emet, 2018, pp. 138-140}).

A partir de 2009 las políticas implementadas por el Gobierno chino se volvieron más contundentes, constantes y violentas. En 2011 ocurrieron dos atentados: el 18 de julio, 14 personas integrantes de grupos extremistas uigures atacaron la estación de policía de la calle Nurbagh, asesinando a cuatro oficiales. De los 14 atacantes, 10 fueron abatidos durante el enfrentamiento y cuatro fueron heridos y capturados. Fuentes alternas declararon que en realidad un primer enfrentamiento ocurrió en el mercado principal de la ciudad, donde aproximadamente un centenar de uigures protestaban por la represión de las políticas chinas y los continuos arrestos entre la población civil; 20 manifestantes murieron en el altercado (^{Emet, 2018, p. 145}). Días después, en Kashgar, el 30 de julio, un grupo uigur realizó un ataque en un restaurante del centro de la ciudad, dejando un saldo de cuatro muertos y 12 heridos, además de incendiar el local (^{Emet, 2018, p. 146}).

En octubre de 2013, fuera de todas las previsiones, ocurrió un atentado en Beijing, siendo éste el primer atentado de grupos separatistas uigures contra el Gobierno chino fuera de la provincia de Xinjiang. Tres atacantes de procedencia uigur estrellaron un automóvil en la plaza de Tiananmen, el saldo fue de cinco muertos y alrededor de 40 heridos. La policía china describió el suceso como un ataque terrorista suicida donde los tres tripulantes del vehículo murieron y otras dos personas que se encontraban en el lugar también perdieron la vida. En 2014, otro atentado ocurrió en la provincia de Yunan, donde ocho atacantes armados con cuchillos irrumpieron en la estación de tren de Kunming; 30 personas fueron asesinadas y 140 resultaron heridas (^{Mackerras, 2015, p. 75}).

Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos cambiaron la percepción sobre la seguridad interior y las estrategias de combate del terrorismo a nivel global. La guerra contra el terror iniciada por George W. Bush replanteó las prioridades de seguridad a nivel internacional y doméstico. Los países reformularon sus políticas de seguridad con estrategias mucho más agresivas y en conjunto con cuantiosos recursos y tecnología; además, algunas libertades civiles se vieron afectadas. Este proceso generó una nueva perspectiva sobre lo que era válido o permisible en la lucha por proteger la seguridad interior. Aunque China catalogaba los grupos separatistas que actuaban con violencia como organizaciones terroristas, la nueva guerra contra el terror a nivel global benefició el enfoque e implementación de las políticas chinas para contener a los grupos separatistas en la región de Xinjiang. El Gobierno chino encontró una justificación global válida para incrementar el uso de la fuerza y los medios de represión contra los grupos separatistas y grupos civiles con actitudes sospechosas.

En esta tesitura, el Gobierno chino aprovechó para buscar la clasificación como institución terrorista del Movimiento Independentista de Turkestán Oriental (ETIM). Beijing enfocó sus esfuerzos en convencer a la comunidad internacional de la existencia de nexos operativos del ETIM con Osama Bin Laden y Al Qaeda, ello dio un margen de justificación para reforzar su política de mano dura contra los grupos separatistas uigures (^{Cunningham, 2012, p. 7}). En 2002, China finalmente logró que el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas agregaran al ETIM a su lista de organizaciones terroristas (^{Global Times, 2021b}).

Al promover la represión uigur como un acto de combate al terrorismo, el Gobierno chino ha logrado encontrar un escudo de legitimidad ante la comunidad internacional. Bajo la perspectiva oficial, los gobiernos no negocian con terroristas, por el contrario, utilizan todo su poder para erradicarlos como amenaza (^{Al Jazeera, 2020}). Para las autoridades chinas, el incremento de los grupos organizados pro-separatistas son equivalentes a amenazas terroristas procedentes del fundamentalismo islámico (^{Ryono & Galway, 2015, p. 242}). En esta estrategia del Gobierno chino algunos analistas como Christopher Cunningham han señalado que, de alguna forma, la amenaza del ETIM ha sido exagerada por el Gobierno chino para mantener su integridad territorial y justificar sus métodos represivos en contra de los uigures (^{2012, pp. 23-25}).

En 2016, el Gobierno central nombró a Chen Quangou como responsable de las políticas de estabilización en Xinjiang. Quangou había sido previamente encomendado con la misma tarea en la región del Tíbet, zona con disputas étnicas y deseos de separación similares a los de Xinjiang. Bajo su mando, el gasto policial y en tecnologías de espionaje ha ido en aumento. Asimismo, se endurecieron las políticas en contra de las representaciones culturales y religiosas de los uigures (^{The Economist, 2018}). Para 2018 se habían instalado un gran número de estaciones de policía en toda la región y se había impulsado un sistema de espionaje, eliminando la privacidad para la población uigur (^{Zand, 2018}).

A principios de abril de 2017, uigures y kazajos acusados de tener posturas religiosas y políticas incorrectas, fueron detenidos por la policía y llevados a “campos de reeducación”. Muchos de los encarcelados no han cometido ninguna falta grave, más que tener familiares viviendo en el extranjero o expresar su identidad cultural o religiosa en espacios públicos (^{Yik-tung & Weisen, 2018}). La expresión “ser enviado a estudiar” se ha vuelto común en Xinjiang. Las personas que son llevadas a los centros de reeducación son forzadas a llevar cursos sobre patriotismo chino y mandarín, buscando alejarlos de su idioma y cultura de origen. Testimonios de sobrevivientes confirman haber sido atados, golpeados y algunos torturados. A su vez, los prisioneros son obligados a recitar cantos propagandísticos que promueven los dogmas del Partido Comunista, a comer alimentos prohibidos por el Islam y aprender mandarín (^{Ma, 2018b}).

En agosto de 2018 el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial presentó evidencias sobre la violación sistemática de derechos humanos en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang. Las autoridades chinas respondieron negando las acusaciones (^{Griffiths, 2018}). No obstante, el reporte de la ONU atrajo la atención de la prensa internacional y de organizaciones dedicadas a la protección de derechos humanos.

En 2020, el Gobierno de Estados Unidos eliminó de su lista de grupos “terroristas” al ETIM como una “organización terrorista”, ello representa una medida sin precedentes por parte de EUA en el conflicto, ya que desde 2004 el ETIM había sido incluido como organización terrorista por parte del Gobierno estadounidense. Con esta acción, el Departamento de Estado de EUA ejerce de nuevo presión internacional sobre las condiciones de derechos humanos que prevalecen en Xinjinag, mientras que, en la esfera política, el conflicto en la región refuerza el enfrentamiento entre EUA y China, el cual va más allá de la guerra comercial (^{The Guardian, 2020}).

Las políticas de represión y el estricto control del Gobierno chino hacia el flujo de información y libertad de expresión han dificultado la tarea de obtener información confiable y reportar lo que ocurre dentro de Xinjiang. Los periodistas que visitan la región son acosados por militares y policías cuando se sospecha que entrevistan a la población uigur (^{Zand, 2018}). Además, la provincia ha sido privada de acceso a internet durante varios periodos (el máximo han sido 10 meses en 2009), y actualmente éste continúa siendo censurado y vigilado por las autoridades regionales (^{Griffiths & Westcott, 2018}). A raíz de los atentados de 2009 en Urumqi, el Gobierno reforzó sus políticas de asimilación y vigilancia extrema de la región.

La estrategia del Gobierno chino se presenta en dos ejes: su campaña de asimilación han hacia las etnias musulmanas y la implementación de un Estado policía que ejerce control total sobre las actividades cotidianas de los uigures. La campaña de asimilación han del Gobierno chino no es una política nueva; sin embargo, se ha intensificado desde 2016 con las limitaciones de la libertad religiosa, reeducación a través de centros de readaptación, la separación de familias de minorías étnicas y la persecución de la diáspora uigur en el extranjero.

Adicionalmente, se han eliminado espacios seguros para la promoción de la cultura uigur y se han encarcelado y desaparecido a prominentes académicos que fomentan el idioma y la tradición uigur (^{Ryono & Galway, 2015, p. 245}). La limitación lingüística genera mayor marginación. Los trámites gubernamentales, y la educación superior, se llevan a cabo en mandarín, aislando a aquellos uigures que no dominan el idioma. Muchos jóvenes son incapaces de acceder a la educación por falta de dominio del mandarín. Con estas políticas se busca forzar un programa social donde “la asimilación hacia la cultura han china borre miles de años de identidad musulmana” (^{Fitz-Gibbon, 2018}).

La amenaza a la desaparición de la cultura e identidad uigur es latente, el Gobierno interfiere en cualquier actividad de culto religioso y de expresión cultural (^{Cunningham, 2012, p. 19}). Las políticas oficiales privilegian a la población han dentro de Xinjiang. Estos privilegios se pueden observar en la preferencia, en los mejores empleos, en acceso a servicios y en el impulso de su agenda política (^{Ryono & Galway, 2015, p. 242}). La discriminación económica ha impedido que los descendientes uigures se beneficien del desarrollo industrial de la región; conseguir empleo es difícil si no se domina el mandarín, lo mismo ocurre con el acceso a la educación. Esta situación de desventaja relega a los uigures a un constante estado de vulnerabilidad y desplazamiento.

Una de las restricciones más estrictas ha sido la libertad religiosa. El uso del hiyab, de barbas largas y otros elementos de la vestimenta tradicional musulmana en público son motivo de detención por parte de la policía (^{Gachúz et al., 2019}). Se prohíbe a los servidores públicos, profesores y estudiantes ayunar durante el Ramadán. A su vez, el Estado mantiene un control absoluto de los textos religiosos, los líderes y las mezquitas (^{Human Rights Watch, 2018}). La entrada a las mezquitas es estrictamente manejada por el Estado. Los fieles que asistan deben escanear su documento de identificación a la entrada, donde también pasan filtros de reconocimiento facial, cámaras y un registro con la policía (^{Zenz, 2018}). James Millward, profesor de Historia china en la Universidad de Georgetown, sostiene que “China aborda las creencias religiosas como si fueran una patología” (^{Samuel, 2018a}). Al enfocar la opresión de la libertad religiosa como una medida de combate a una enfermedad o patología, el Gobierno chino encuentra una justificación a su dura política de asimilación han.

Es común que las personas sean detenidas sin ningún debido proceso (^{Zand, 2018}). Se estima que aproximadamente un millón de uigures han sido llevados a los campos de reeducación (^{Griffiths, 2018}), otras fuentes estiman que es posible que la cifra ascienda hasta tres millones (^{Lipes, 2018}). Las detenciones se llevan a cabo sin ningún procedimiento legal, donde el criterio de la detención depende más de los oficiales que llevan a cabo la tarea (^{The Economist, 2018}).

^{Human Rights Watch (2021)} reporta que menores de edad y personas con condiciones de salud delicadas también son aprehendidas; a todos los internos se les obliga a jurar lealtad al régimen y desprenderse de cualquier creencia religiosa o lazo cultural que no pertenezca a la identidad china. Cuando los padres son llevados a campos de reeducación, muchos niños son llevados a orfanatos manejados por el Estado. Estos orfanatos también llevan a cabo la tarea de reeducar a los niños, desprendiéndoles de su identidad uigur, de su lenguaje y promoviendo los valores del Partido Comunista Chino desde temprana edad. Los hijos de padres internados en centros de readaptación que están cercanos a la mayoría de edad son llevados a escuelas vocacionales manejadas por el Estado. A los niños más pequeños se les asigna un nuevo nombre chino, se les enseña el mandarín y se les coloca en adopción con familias chinas (^{Fitz-Gibbon, 2018}). Estas políticas de asimilación podrían reconfigurar la identidad de una generación entera de uigures (^{Samuel, 2018}b).

En 2018, el presupuesto de seguridad de Xinjiang se duplicó, llegando a $57,950 millones de yuanes ($9,179 millones de dólares), ocho veces más que la tasa de crecimiento del presupuesto de seguridad pública total de China (^{Feng, 2018a}). El Estado chino ha implementado un complejo sistema de vigilancia y espionaje junto con mayores fuerzas policiales en las calles; esto para implementar un monitoreo constante de la población.

Las nuevas tecnologías desempeñan un papel fundamental como herramienta de apoyo a las políticas implementadas por Beijing. La Plataforma de Operaciones Integradas Conjuntas (IJOP por sus siglas en inglés) es un sistema descrito por Human Rights Watch, el cual hace uso de sistemas de aprendizaje automático, información de cámaras, teléfonos inteligentes, historiales financieros y de planeación familiar y hasta de registros de uso de electricidad, para generar listas de posibles sospechosos a detención. Los usuarios de teléfonos inteligentes en Xinjiang deben descargar una aplicación de spyware, la cual permite al Gobierno rastrear llamadas telefónicas, historiales de búsqueda en internet y actividades en redes sociales. El Gobierno justifica estas medidas argumentando que la información se filtra en búsqueda de posibles amenazas terroristas (^{The Economist, 2018}).

El Estado no utiliza solamente la tecnología electrónica para monitorear a sus ciudadanos. El reconocimiento de identidad, sobre todo hacia las minorías étnicas, se ha llevado un paso adelante con la implementación del programa “Exámenes médicos para todos”. Este programa estatal permite que el Gobierno recolecte información biomédica, huellas digitales y muestras de sangre. A estas medidas se ha sumado el establecimiento de casetas y retenes policiacos (^{The Economist, 2018}). Estos puntos de revisión limitan fuertemente la movilidad de los habitantes dentro de sus propias comunidades. También se limita el acceso de los uigures a trámites de pasaportes y se obliga a aquellos uigures residentes en el exterior a regresar a China cuando sus pasaportes han vencido por negativa de renovación en embajadas y consulados (^{Human Rights Watch, 2018}).

Los uigures que deciden permanecer en el extranjero y logran el amparo de algún país anfitrión enfrentan consecuencias indirectas, siendo sus familiares quienes son enviados a los campos de reeducación. Los uigures residentes en el extranjero terminan siendo aislados cuando familiares, amigos y conocidos rompen cualquier comunicación con ellos por miedo a volverse blancos de sospecha (^{Creery, 2018}). El impacto se extiende a las regiones aledañas fuera de la frontera china. El comercio con sus vecinos de Asia Central también ha decrecido, puesto que los comerciantes no logran obtener sus visas de trabajo temporales, dadas las extremas medidas de seguridad (^{Feng, 2018a}).

Parte del involucramiento del Estado en la vida cotidiana de los habitantes de Xinjiang y de su tarea de vigilancia se ha dado a través del programa Fanshuiju, que de acuerdo con el Gobierno chino, se enfoca en las siguientes acciones: “investigar las condiciones de las personas, mejorar sus vidas y ganar sus corazones”. El programa consiste en un equipo de seis oficiales chinos y un hablante uigur que visitan casa por casa, recopilando dossieres de información personal sobre las familias. Los oficiales realizan visitas constantes a los domicilios de sus familias adoptivas, donde verifican la información obtenida por sus compañeros en el programa Fanshuiju. Se estima que 1.1 millones de oficiales han sido emparentados con 1.6 millones de familias uigur dentro de Xinjiang (^{The Economist, 2018}). Las visitas se realizan aproximadamente cada dos meses y tienen una duración de una semana. Durante ese tiempo, el oficial les enseña mandarín, trae regalos a los niños, promueve la doctrina del partido y observa los comportamientos de la familia. El Gobierno también fomenta que se refieran entre ellos como “hermanos” y se promueva un sentido de fraternidad entre el oficial y los miembros de la familia adoptiva. No existe evidencia de que los uigures puedan negarse a estas visitas (^{Samuel, 2018}b).

Dimensión internacional del conflicto en Xinjiang

A pesar de los intentos del Gobierno chino por controlar el conflicto en Xinjiang y mantener una imagen de estabilidad ante la comunidad internacional, algunos países han manifestado de manera abierta su preocupación por la situación de violación a los derechos humanos en el territorio y demandan de manera urgente al Gobierno de China una revisión de las políticas implementadas en la región. Las voces de desacuerdo con la precaria situación de derechos humanos que enfrentan los uigures se han manifestado en distintos foros internacionales, incluyendo la Asamblea General de las Naciones Unidas.

^{Human Rights Watch (2021)} enfatiza que existe reticencia por parte de la comunidad internacional para denunciar la situación de derechos humanos en Xinjiang ante posibles represalias (sobre todo económicas) por parte de China. Aun con esta preocupación, en 2019, en el Consejo de Derechos Humanos de la onu:

(…) por primera vez se logró que 25 gobiernos se unieran para manifestar su preocupación por la extraordinaria represión en Xinjiang. Cabe destacar que, ante el temor a la ira del Gobierno chino, ninguno de esos Estados estuvo dispuesto a leer en voz alta la declaración ante el Consejo, como se suele hacer. (^{Roth, 2020b})

La carta, fechada el 8 de julio de 2019, está dirigida al presidente del Consejo de Derechos Humanos y está firmada por la mayoría de los países de la Unión Europea, así como por Australia, Canadá y Japón (^{Human Rights Watch, 2019}).

En Estados Unidos, el conflicto en Xinjiang ha venido a intensificar las diferencias con China y el impacto de estas diferencias ha incrementado la tensión existente por la guerra comercial entre ambas potencias (^{Griffiths, 2018}). El senador por Florida, Marco Rubio por ejemplo, ha pedido de manera reiterada a su Gobierno profundizar la investigación y establecer una postura más firme con China respecto a las violaciones a derechos humanos (^{Inskeep, 2018}). Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, también ha sido protagonista en la tarea de difundir la situación prevaleciente en Xinjiang. A finales de 2019, respecto al incremento de uigures en los centros de reeducación, Pelosi declaró que “hoy, la dignidad y los derechos humanos de la comunidad uigur están amenazados por las acciones bárbaras de Beijing, que son un ultraje a la conciencia colectiva del mundo” (^{Deutsche Welle, 2019}).

De la misma forma, Mike Pompeo, ex secretario de Estado de Estados Unidos, dirigió distintas críticas contra el Gobierno de China por las acciones de coerción y represión contra la población civil uigur. Pompeo ha declarado que el Gobierno chino ha instituido una campaña altamente represiva contra uigures, kazajos, kirguizos y otros miembros de minorías musulmanas en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, la cual incluye detenciones masivas en campos de reeducación; vigilancia que sobrepasa la privacidad; controles draconianos en la expresión cultural y religiosa; y coerción a individuos a regresar desde el extranjero a un destino terrible en China. Estados Unidos hace un llamado a la República Popular China a terminar inmediatamente su campaña de represión en Xinjiang (^{EFE, 2019}).

A partir de estos reclamos, el Gobierno estadounidense ha establecido sanciones al Gobierno de China. En mayo de 2020, el Departamento de Comercio sancionó a nueve entidades chinas a las que acusó de complicidad con violaciones a los derechos humanos de la comunidad uigur (^{Deutsche Welle, 2020a}).

El Departamento de Estado señala que el origen de tales sanciones son las evidencias que existen sobre la violación sistemática de los derechos humanos, sobre todo las detenciones injustificadas en la región; el Gobierno de Estados Unidos estima que el Gobierno de la República Popular China detuvo a más de un millón de uigures, kazajos, huis y miembros de otros grupos musulmanes, así como uigures cristianos, en campos de reeducación especialmente construidos (para ello), y se les sujetó a desapariciones forzadas, adoctrinamiento político, tortura, abusos psicológicos y físicos, incluyendo esterilización forzada y abuso sexual, trabajos forzados y detención prolongada sin juicio debido a su religión y etnia (^{Office of International Religious Freedom, 2019, p. 2}).

El Gobierno de Biden, al menos al inicio de su gobierno, ha seguido la misma línea de política exterior respecto Xinjiang que su antecesor. En la primera llamada telefónica que tuvieron el presidente chino, Xi Jinping, y Joe Biden, trascendió que uno de los temas centrales fue el tema de la situación actual de derechos humanos en Xinjiang (^{BBC News Mundo, 2021}).

En julio de 2021, el Gobierno de Biden advirtió a las empresas de eua y extranjeras con cadenas de suministro y vínculos de inversión con la provincia china de Xinjiang que podrían enfrentar consecuencias legales, citando cada vez más pruebas de genocidio y otros abusos de derechos humanos en la región noroeste del país (^{Macías, 2021}). Esta acción es clara y contundente para establecer la línea de gobierno de Biden respecto al conflicto en Xinjiang. Estas medidas trascienden lo político y se concretan en regulaciones legales, nacionales e internacionales.

Lü Xiang, investigador de la Academia China de Ciencias Sociales en Beijing, ha señalado que “en comparación con la administración Trump, Biden ha ido más allá en el lanzamiento de la batalla política junto con las estrategias de disociación contra China bajo la excusa de los derechos humanos” (^{Global Times, 2021a}). En el contexto de crisis por la pandemia covid-19 y de una confrontación directa entre China y EUA que persiste en distintas dimensiones económicas, políticas y legales, aún es una interrogante si el Gobierno de Biden tendrá una participación más activa en el conflicto de Xinjiang que el Gobierno de su antecesor, Donald Trump.

China, por su parte, ha rechazado las acusaciones que el Gobierno de Estados Unidos ha hecho sobre la situación en Xinjiang, e incluso ha amenazado con tomar medidas al respecto. El Gobierno chino ha declarado en ese sentido que está en contra de “la promulgación de una ley promovida por el Congreso estadounidense para sancionar a los funcionarios chinos acusados del encarcelamiento masivo de musulmanes uigures en la región de Xinjiang, en el noroeste de China (…), Estados Unidos asumirá las consecuencias” (^{Deutsche Welle, 2020b}).

En junio de 2021, un grupo de 45 países participantes en la 47ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, bajo la representación de Canadá, expresó su “grave preocupación por la represión de las minorías religiosas y étnicas de la provincia de Xinjiang” (^{Nebehay, 2021}). La declaración conjunta fue leída por el embajador Leslie Norton en representación de 44 países: Albania, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Belice, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Canadá, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Haití, Honduras, Irlanda, Islandia, Islas Marshall, Israel, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Mónaco, Nauru, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Palaos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, San Marino, Suecia, Suiza y Ucrania. La declaración conjunta establece además que informes fidedignos indican que más de un millón de personas han sido detenidas arbitrariamente en Xinjiang y que existe una vigilancia generalizada dirigida desproporcionadamente a los uigures y miembros de otras minorías y restricciones a las libertades fundamentales y a la cultura uigur (^{Nebehay, 2021}).

Anteriormente, aparte de Estados Unidos, diferentes países integrantes de la Unión Europea se han distinguido por manifestarse de manera abierta y externar su desacuerdo con las políticas de Beijing implementadas en la región. Los países integrantes de la Unión Europea han convocado a los medios de comunicación y a la comunidad internacional a difundir la situación prevaleciente de violación de derechos humanos en Xinjiang. En su reciente visita a Berlín, el 13 de febrero de 2020, la Deutsche Welle y sus socios NDR,⁸ WDR⁹ y Süddeutsche Zeitung¹⁰ pidieron al ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, comentar las denuncias de violaciones sistemáticas de los derechos humanos en su país. El funcionario describió tales informes como “cien por ciento puras mentiras” y “noticias falsas”. En China, aseguró, no hay “campos de concentración” ni “un millón de detenidos”, pero un informe confidencial del Ministerio Alemán de Relaciones Exteriores del 22 de diciembre de 2019 señala de manera opuesta que “al menos un millón de un total de 10 millones de uigures han sido internados en Xinjiang” (^{Yang & Petersmann, 2020}).

Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, señala que el Gobierno chino usa la amenaza latente de represalias económicas para evitar críticas a su política de derechos humanos en la región de Xinjiang, y señala que algunos gobiernos europeos se han topado con la amenaza de Beijing de cortarles el acceso al mercado chino, que representa el 16% de la economía mundial. El Gobierno chino está utilizando esa amenaza como parte de su estrategia de “divide y vencerás”, que ha provocado serias dificultades a los miembros de la Unión Europea para alcanzar un consenso firme sobre China (^{Roth, 2020a}).

La Unión Europea representa una parte central de la iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda, y en los últimos años la relación comercial bilateral ha ido en aumento. El promover sanciones a China podría resultar eventualmente en medidas coercitivas de Beijing hacia la Unión Europea. Aun con ello, el Parlamento Europeo ha manifestado su rechazo a las políticas de derechos humanos en Xinjiang y ha externado que:

(…) expresa su más profunda preocupación por la red de campos de reeducación política que se han creado en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang y la adopción de un amplio abanico de medidas de control en la región; expresa su preocupación por el adoctrinamiento forzado y los malos tratos a los que se somete a los detenidos en los centros de reeducación. (^{Parlamento Europeo, 2019})

La misma situación de temor a represalias ocurre en Asia Central. Las ex repúblicas soviéticas han incrementado de manera exponencial sus lazos comerciales con China, particularmente en los últimos 10 años, ya que han sido de los mayores beneficiarios de los proyectos de desarrollo que promueve el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Dichos proyectos han incentivado su economía doméstica, pero al mismo tiempo han aumentado su dependencia comercial con China. Étnica y culturalmente, los uigures comparten fuertes lazos con la población de esos mismos países, y algunas de las principales ciudades de Asia Central son los primeros puntos receptores de migrantes uigur que buscan huir del régimen chino (^{Mackerras, 2015, p. 34}). A pesar de los lazos socialmente compartidos, los países de Asia Central forman parte de la Organización para la Cooperación de Shanghai y esto los compromete a cooperar ante amenazas de seguridad dentro de los países miembros. China aborda el conflicto de Xinjiang bajo un enfoque de fundamentalismo religioso que pone en riesgo la seguridad colectiva de la región. Ello repercute en la política exterior de los países de Asia Central y por consiguiente no hay críticas importantes de estos países a la situación prevaleciente con los uigures (^{Feng, 2018b}).

El Medio Oriente es otra de las regiones importantes respecto al conflicto étnico-religioso en Xinjiang. En teoría, los países musulmanes forman una fraternidad ante la defensa de los derechos de sus fieles alrededor del mundo. Aun con ello, con excepción de Turquía,¹¹ no hay críticas relevantes por parte de la mayoría de los países musulmanes líderes en el Medio Oriente en defensa de los uigures y la represión religiosa que enfrentan. Según ^{Alexandra Ma (2018a)}, existen dos posibles razones para este fenómeno: la primera tiene que ver con la prevalencia del autoritarismo como sistema en países de Medio Oriente y China. Estos países tienden a no respetar los derechos humanos al interior, por lo que exigir su promoción al exterior los comprometería a realizar cambios propios. Adicionalmente, la defensa de los musulmanes como principio del Islam pasa a segundo plano cuando es superada por los intereses económicos y políticos de sus gobiernos.

En general, hasta el año 2019 existía una tendencia por parte de la comunidad internacional a privilegiar las relaciones económicas con China y dejar en plano secundario aspectos relevantes de derechos humanos a nivel global. A partir de la 47ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de 2021, se observa un cambio en esta tendencia, con una mayor participación de países que demandan al Gobierno chino explicaciones sobre la situación actual en Xinjiang.

Conclusiones

La importancia geopolítica de Xinjiang conlleva un papel central en las políticas de estabilización y mano dura que el Gobierno chino implementa en la región. La seguridad energética de China es otro factor relevante en el que Xinjiang cobra importancia. Aparte de ser un territorio rico en hidrocarburos necesarios para el desarrollo y mantenimiento industrial de China, Xinjiang es también la puerta de entrada de los oleoductos y gasoductos provenientes de Rusia y Asia Central.

Los intentos de fomentar el crecimiento económico como incentivo para aceptar la asimilación han no han dado los resultados esperados. Incluso con el aumento de la inversión y el empleo en la región, el conflicto interétnico prevalece debido a la política de mano dura que implementa el Gobierno chino. En este contexto, el conflicto de Xinjiang se caracteriza por ser cíclico, el Gobierno chino percibe una amenaza creciente de grupos con potencial extremista y capacidades de organización transfronteriza y por ende aplica medidas de coerción severas, restringe libertades civiles y en este proceso la cultura uigur en sus diferentes expresiones (idioma, educación, religión) se ve irremediablemente afectada. Esta situación genera, a su vez, mayor descontento en la población civil, y ello sirve como detonante en la formación de grupos uigures que han usado la violencia para protestar por la situación y enfrentar por esta vía las políticas implementadas por Beijing. Adicionalmente, la migración forzada han en la región provoca un sentimiento de “desplazamiento” continuo de la comunidad uigur en su propio territorio (^{Gachúz et al., 2019}).

Las políticas implementadas por Beijing en la región se justifican al nivel de discurso oficial por la integridad territorial del país y la estabilidad doméstica. Después del 9/11 en Estados Unidos y la posterior guerra contra el terrorismo, el Gobierno chino encontró una justificación concreta para la implementación de sus políticas en Xinjiang. El terrorismo se había convertido en una amenaza global y la difusión de las organizaciones uigures radicales como organizaciones terroristas que representan una amenaza para la seguridad nacional otorgaba justificación inherente a las acciones de Beijing en la región. A partir de 2019, el conflicto en Xinjiang ha comenzado a tomar relevancia a nivel internacional y aun con el temor de represalias (principalmente económicas), distintos países se han manifestado en contra de las políticas gubernamentales de China en Xinjiang y demandan a Beijing información sobre la situación actual en la región.

Por otra parte, la migración forzada de la etnia han hacia Xinjiang está generando un desplazamiento continuo en su propio territorio. Este fenómeno se fortaleció en 1999 con la política del “Gran desarrollo del Oeste” impulsada por Beijing. De acuerdo con el censo de 2010, los uigures constituyen el 46% de la población de Xinjiang, mientras que los han componen el 40%; el resto lo forman grupos minoritarios procedentes de Kazajstán y Kirguistán (^{The Economist, 2018}). Este cambio en la distribución poblacional ha ocasionado que la etnia han cobre mayor importancia política, por lo que sus necesidades y posturas desplazan y ensombrecen las de los uigures ante el Estado.

La segregación política también resulta una variable relevante en el análisis. El Gobierno promueve de manera prioritaria los intereses de la etnia han, y desincentiva el uso de espacios que promuevan la cultura y el lenguaje uigur o el Islam. El Estado busca impulsar la asimilación de la cultura han y sus valores e identidad cultural, ello acentúa el conflicto interétnico y conlleva riesgos potenciales graves para China en términos de estabilidad política y surgimiento de grupos radicales en la región.