Introducción

El rol de México en la guerra civil española (1936-1939) se considera como uno de los actos más importantes en materia de política exterior del gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940). En América Latina imperaban las dictaduras derechistas, las cuales no congeniaban con el gobierno “revolucionario” mexicano; en Europa, el nacionalsocialismo y el fascismo extendían su influencia en el continente. En ese contexto, la administración cardenista proveyó ayuda militar, diplomática y humanitaria a favor del gobierno de Manuel Azaña durante y después de su derrota a manos de la facción del general Francisco Franco. Asimismo, el movimiento franquista contra la Segunda República se erigió como una pieza dentro del escenario político europeo e internacional que observaba grandes y profundas transformaciones.

En primer lugar, el 25 octubre de 1936 se firmaría un tratado de amistad entre la Italia de Benito Mussolini y la Alemania de Adolf Hitler que posteriormente se conocería por el eje Roma-Berlín. Un mes después, el 25 de noviembre, se concertaría la alianza contra la Internacional Comunista o Pacto Anti-Komintern, el cual fue firmado por el embajador japonés acreditado en Berlín, Kintomo Mushanokōji, y el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Joachim von Ribbentrop; en el otoño de 1937 se sumaría Italia (^{Compact Aimed at Moscow, 1937, p. 1}). Después de cuatro años conformarían un pacto tripartito conocido posteriormente como las Potencias del Eje para sumarse a la idea de reescribir las bases del orden mundial imperante durante la segunda mitad de la década de los treinta.

En segundo lugar, durante 1937 Estados Unidos, antes de asumir el segundo periodo presidencial Franklin D. Roosevelt, había anunciado el embargo, con el apoyo del congreso, para la venta de armas entre las partes beligerantes en la guerra civil española. Mientras que en el frente asiático, en el verano de ese mismo año, Tokio declara el inicio de las hostilidades bélicas con China por el llamado incidente del puente de Marco Polo en Beijing, lo que profundizaría la guerra sino-japonesa que había marcado -desde hacía seis años- la excusa para avanzar en el proceso de expansión imperial de Tokio en el este de Asia.

El preludio de los tiempos de guerra generalizada ya estaba vislumbrado en el ambiente político internacional. La opinión pública se horrorizaría con las posteriores crónicas y relatos de lo sucedido desde el bombardeo en Guernica el 26 de abril hasta la masacre en Nankin el 13 de diciembre de 1937, donde el común denominador fue la muerte de miles de civiles. La diplomacia se veía cada vez más limitada para evitar el escenario de conflicto que iniciaría finalmente en el frente europeo, dos años después, con la invasión de Alemania a Polonia.

Bajo ese contexto mundial, se desarrolla el incidente del Florida Maru, el cual involucró a ocho países: Alemania, Italia, Checoslovaquia, Bolivia, Perú, México, Japón y España (incluyendo a dos facciones políticas en contienda), donde las diferencias políticas y el trabajo diplomático para resolverlas fueron aspectos claves para lograr, en lo general, un proceso de negociación a favor de México. En ese sentido, la estructura del presente documento parte de esbozar las relaciones del gobierno de Lázaro Cárdenas con la Segunda República, para después focalizar en el programa general de asistencia para el aprovisionamiento de armamentos y pertrechos militares, y enfocarse en las vicisitudes político-diplomáticas que implicó el envío de un lote de material de guerra desde Bolivia con aparente destino al puerto de Manzanillo en México.

Por último, es necesario hacer notar que se parte del supuesto de análisis sustentado en que a pesar de las intensas presiones por parte de Alemania e Italia para bloquear la llegada de armas y municiones para las fuerzas antifranquistas, la importancia geopolítica de México y los nexos de empatía forjados con Japón desde la formalización de sus relaciones diplomáticas bilaterales desde 1888, fueron factores instrumentales para no poner en riesgo -a pesar de las dudas iniciales por Tokio- las cada vez más limitadas acciones de ayuda militar del gobierno de Lázaro Cárdenas para la Segunda República a través del cargamento que era transportado por el barco mercante japonés.

La Segunda República y la ayuda mexicana

A partir del retiro de Miguel Primo de Rivera del poder en enero de 1930, en España se creó un vacío político que el rey Alfonso XIII no pudo subsanar, culminando el 14 de abril de 1931, cuando el proyecto republicano se alzó por encima de los conservadores. Este hecho, sin lugar a duda, marcó un nuevo comienzo para las relaciones bilaterales entre México y España.

La Segunda República española se declaró vinculada a la izquierda. Esta similitud ideológica despertó el interés de los mexicanos y propició que se reforzaran sus relaciones. La llegada de los liberales españoles al poder causó un cambio en su acercamiento hacia Latinoamérica. En 1931, México pudo entrar a la Sociedad de Naciones, hecho que años más tarde rendiría sus frutos, ya que le permitiría ampliar su voz en la Sociedad Internacional para denunciar todos aquellos actos que atentaban contra la integridad de otros países, tal como lo hizo en el caso de Abisinia ante la invasión italiana, así como con la sublevación militar en España de julio de 1936 (^{Márquez, 2010, pp. 388-394}). El gobierno liberal español -tanto el provisional de Niceto Alcalá-Zamora, como el de Manuel Azaña- no pudo contener todos los constantes intentos de insurrección, las huelgas, el aumento de poder de los militares y los problemas económicos (^{Cantero, 2009, p. 495}).

En las elecciones celebradas en abril de 1936, el Frente Popular³ se erigió como ganador. En ese contexto, Azaña designó a Félix Gordón Ordás como nuevo representante de su gobierno en México. Esta decisión respondía a los intereses del Frente Popular de restaurar y reforzar la relación bilateral. El propio Cárdenas estaba convencido de que la designación del representante republicano facilitaría la cooperación y el hermanamiento entre ambos países.

Las señales del inicio de un golpe de Estado en España se habían hecho presentes desde las elecciones de 1936, las cuales se consumaron el 17 de julio cuando se inició la rebelión inicialmente organizada por el general Emilio Mola a la que posteriormente se sumó el general Francisco Franco. Las causas del levantamiento tenían varias aristas. Es decir, las diferencias sociales entre los trabajadores y los propietarios de las tierras eran un problema que llevaba demasiado tiempo sin resolverse, lo que generó un gran resentimiento entre la población. Los obreros y campesinos tenían la esperanza de que con la Segunda República la desigualdad entre ricos y pobres se redujera, pero esto no fue así. A ello se le suma la cuestión religiosa, que se oponía a la separación de la Iglesia del Estado, por lo que apoyaban a la fracción conservadora. Además, todo lo anterior se desarrollaba en el contexto del avance de los movimientos totalitarios en Europa, encabezados por Alemania e Italia.

La guerra civil, por tanto, fue el resultado del enfrentamiento entre las dos Españas. Por una parte, los viejos grupos oligárquicos, que se oponían al cambio y que contaron con gran parte del ejército, de tradición golpista; por la otra, el sector de la pequeña burguesía y el movimiento obrero, que pedían la redistribución del poder mediante la aplicación de un sistema democrático con partidos políticos, autonomías, Estado laico y una nueva Constitución.

La decisión de Lázaro Cárdenas de apoyar al gobierno de Azaña no tardó en darse. En un principio, México solo expresó su solidaridad con la República española a través de un comunicado. Pero para finales de julio de 1936, Cárdenas decidió apoyar de manera más directa a la causa republicana a través de la recepción de miles de refugiados españoles a territorio mexicano. Asimismo, la ayuda mexicana brindada a los españoles republicanos consistió en la expedición de pasaportes mexicanos a funcionarios españoles prorrepublicanos, el préstamo de la bandera mexicana a barcos españoles para que pudieran navegar sin ser detenidos; así como suministrar comida y armamento a los republicanos, ya sea como proveedor directo o como intermediario con otros países.

Asimismo, la reacción de Cárdenas al profundizarse el conflicto fue el envío de armamentos al gobierno republicano. El 10 de agosto de 1936 se remitieron desde el puerto de Veracruz 20 mil fusiles Máuser de 7 mm y 20 millones de cartuchos, convirtiéndose así en el primer país que apoyaba el frente antifranquista (^{Espasa, 2017}). Si bien en un principio el gobierno de Cárdenas “puso a disposición de la República la producción total de su Fábrica Nacional de Armamentos” (^{Ojeda, 2004, p. 139}), México no contaba con una producción lo suficientemente alta como para suministrar todo el equipo bélico que los republicanos requerían. Además, carecían de una marina mercante que pudiera realizar los viajes hasta España y entregar el armamento.

Por lo anterior, se decidió (por la intervención de Gordón Ordás) que México actuara como intermediario en las transacciones para la adquisición de armas en nombre de la República española. En un inicio, las principales fuentes de armas para los republicanos se conseguían a través de Francia y Estados Unidos. El gobierno mexicano realizaba la compra de armas a empresas privadas estadounidenses, para, más tarde, reenviar los cargamentos de contrabando desde el puerto de Veracruz hasta España (Tabla 1).

Debido a esa situación, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se vio envuelta en actividades de inteligencia a fin de pasar información a los republicanos o de gestionar la compra de armamento para después enviarlo a España. Como puede apreciarse en las Tablas 1 y 2, la ayuda mexicana se dio principalmente, de manera más intensa, en los primeros meses de iniciada la guerra civil y hasta principios de 1937. La mayoría de las embarcaciones que partieron desde el puerto de Veracruz con destino a España fueron buques que se compraron o se confiscaron, para después ser utilizados como medios de carga. En el caso de las armas compradas por la embajada mexicana en Francia, las transacciones se hacían de forma clandestina en Bélgica, la misma Francia, Polonia o Checoslovaquia.

Las opciones para la compra de armamentos y su transportación cada vez se hacían más complejas debido al incremento de las presiones del Eje BerlínRoma, así como la decisión de Estados Unidos de sumarse al embargo para la venta de armas destinadas a España para cualquiera de las dos partes en conflicto. Lo anterior implicaba reelaborar estrategias de aprovisionamiento, lo cual hacía más difícil el proceso de triangulación donde México era una pieza clave ante la mirada de los servicios de inteligencia alemanes, italianos y franquistas. Lo anterior enmarcó la participación de otros países latinoamericanos, así como de una empresa privada japonesa y el posterior involucramiento del gobierno de Japón, lo cual sumaba indiscutiblemente más actores en ese gran tablero geopolítico donde cada uno de ellos desempeñaba un rol protagónico en diferentes momentos y coyunturas a lo largo de la guerra civil española.

La conexión japonesa: el Florida Maru

Como ya se hizo referencia, la asistencia mexicana para el suministro de armas fue cada vez más limitada debido a presiones internacionales, por este motivo, cuando México se vio impedido de seguir comprando armas a su vecino del norte ante las políticas del gobierno de Franklin D. Roosevelt, tuvo que buscar otras opciones de proveedores. Así es que en septiembre de 1937 se realizó una aparente compra de armamento a Bolivia que debía ser transportado por un buque japonés, el Florida Maru, hasta el puerto de Manzanillo. Lo anterior pareció ser una más de las transacciones encubiertas para la adquisición de armamento. Sin embargo, esta afrontó complicaciones y fue objeto de una de las mayores crisis diplomáticas que enfrentó a México con Japón durante en el ocaso del periodo de entreguerras.

La operación para la compra de armas implicaba un plan elaborado para hacerlas llegar a las fuerzas antifranquistas. En ese contexto, ingresa en el escenario el teniente coronel Luis Añez Rodríguez, ministro de Agricultura y Colonización, en el gobierno de José David Toro Ruilova, presidente de la Junta Militar del Gobierno de Bolivia (22 de mayo de 1936 a 13 de julio de 1937). En el verano de 1937, Añez viajó a Alemania en una misión económica para la compra de equipo meteorológico y maquinaria para la refinación de azúcar, proyecto que no fue concluido por la destitución de Toro Ruilova (^{Bieber 2000, p. 495}). Sin embargo, Añez tenía una misión paralela y se dirigió a Checoslovaquia para la compra de armamentos y municiones.

El plan original, al parecer, era comprarlo a nombre del gobierno de Bolivia y en el proceso de envío se dejaría en tránsito para después redireccionarlo a la ciudad de Valencia, en ese momento sede de las fuerzas republicanas. Los servicios de inteligencia de Alemania fueron informados de la transacción y a pesar de los esfuerzos para detenerla, fue enviado finalmente el cargamento a la Paz, Bolivia. Lo anterior se expresa en un reporte que se cita a continuación:

Desde hace tiempo se ha hablado de un lote que existía en Checoslovaquia… un militar exministro del pasado gobierno fue enviado en misión por el ministerio, con fines comerciales y de inmigración a Berlín y centro de Europa. Este señor, sin duda de acuerdo con los rojos o sus amigos, estaba tramitando la compra de diversos armamentos en Checoslovaquia, en nombre del gobierno de Bolivia. Este no sabía nada, y por esta razón, nadie daba ningún dato. El plan era claro. Las potencias amigas de Valencia, para sustraerse de los comités y a vigilancia de los países contrarios, necesitaba un país comprador como figura decorativa, que no podía inspirar sospechas por estar muy apartado de Europa. Vendidas las armas, estas se quedarían en el tránsito y no saldrían de Europa para tomar el rumbo de Valencia. El servicio secreto de uno de nuestros países amigos descubre este turbio asunto. Su representante se dirige a este gobierno con datos concretos que evidencian la verdad de lo que está ocurriendo y la postura desairada que tendrá el país cuando se denuncien los hechos en su oportunidad. Las autoridades como era de esperar se disgustan y alarman. En seguida se pone un cable al ministro en Alemania, para que se dirija oficialmente al gobierno checo y declare que el país no compra nada, y que desautorizan a la persona o personas que hayan tomado su nombre. (^{Japan Center for Asia Historical Records [JACAR], 1937a, f. 0458, Ref. B02031536700})

Ante esa situación, México entra en el juego y se decide la opción de “comprar” el lote de armas y equipo militar que supuestamente a Bolivia le había sobrado después de la guerra del Chaco en la que entró en conflicto con Paraguay. Aquí se iniciaría un conjunto de problemas de orden diplomático. Es necesario hacer notar que en julio de 1937 habían arribado a la Paz, Bolivia, dos militares mexicanos para atender, de manera secreta, el tema de la supuesta compra de armas a Bolivia. El ministro mexicano, Alfonso de Rosenzweig Díaz, fue instruido por la SRE a que les diera facilidades sin comprometerse en “el asunto que llevan” (^{Archivo Histórico Genaro Estrada [AHGE],1937, f. 27}).

Sin embargo, la legación mexicana en Bolivia se tuvo que involucrar directamente en el asunto. Para el traslado desde la Paz, Bolivia, se contrataron los servicios de Arthur Briscoe, agente de la Latin American Export, para poder llevar la mercancía hasta el puerto Mollendo en Perú y usar los servicios de la Kawasaki Kisen Kaisha para su “destino final” en el puerto de Manzanillo.

El ministro Rosenzweig Díaz notificaba a la SRE que la compañía japonesa requería el permiso de la legación para poder embarcar la carga de 210 toneladas de armas y 749 toneladas de municiones. Para tal efecto, la cancillería mexicana solicitó a su vez a la Secretaría de Defensa en México que mandara un oficio de permiso de importación para seguir con los trámites aduanales y el embarco de la carga. Al mismo tiempo, las autoridades diplomáticas insistían en evitar el uso de la palabra “tránsito” en las comunicaciones, ya que supuestamente México era el destino final del cargamento.

En ese contexto, y ante el retraso de la autorización respectiva y la posibilidad de poder embarcarla en el puerto de Mollendo, Perú, Ernesto Hidalgo, oficial mayor de la SRE, informaba el 4 de septiembre de 1937 al ministro mexicano residente en Chile, Manuel Pérez Treviño (que inicialmente ignoraba la compra del armamento por parte del gobierno cardenista y le fue notificada por el personal de la Kawasaki Kisen Kaisha ubicado en Santiago de Chile), que la autorización ya había sido enviada a la representación mexicana en Bolivia (^{AHGE, 1937, f. 16}).

Es interesante hacer notar que el valor declarado en la carta factura expedida por la sección consular de la Legación mexicana inicialmente fue de aproximadamente dos millones de dólares; después se ajustó a 1.7 millones para finalmente llegar a 1.3 millones de dólares. El primer rango de precio seguramente era para obtener una mayor comisión por parte del agente comercial contratado, pero se tuvo que bajar el inicialmente organizada por el general Emilio Mola a la que posteriormente se sumó el general Francisco Franco estimado para disminuir el precio del seguro de viaje (Tabla 3). Desde el arribo de la carga al puerto de Mollendo entre el 9 y el 12 de septiembre, esta había sido inspeccionada por las autoridades peruanas, calificándola como de mala calidad en una comunicación dirigida a Eduardo Beroldo, político del Departamento de Puno (^{JACAR, 1937a, f. 0456, Ref. B02031536700}).

La anterior valoración de la carga del equipo militar era interesante, pero más allá de su efectividad en el campo de batalla, la prioridad era su transportación. De manera inicial se había considerado enviar los armamentos y municiones en el Nailsea Court, pero los retrasos lo hicieron imposible; finalmente el Florida Maru lo logró zarpando del puerto de Mollendo el 15 de septiembre de 1937. Casi inmediatamente después de su partida, el ministro Rosenzweig Díaz recibió por parte de los diplomáticos alemanes e italianos una enérgica protesta ya que sus espías indicaban que el teniente coronel Añez había adquirido de Checoslovaquia armamentos, enviados a Bolivia vía Puno y embarcados en el puerto de Mollendo, cuyo supuesto destino final sería México (^{AHGE, 1937, f. 20}).

En este contexto, se suma otro actor: Japón. Después de 22 días de navegar, y estando a la altura del puerto de Eten dentro del mar patrimonial de Perú, el capitán del buque Florida Maru recibió la orden por parte de la Kawasaki Kisen Kaisha que de manera inmediata retornara a Mollendo (^{Japan Center for Asia Historical Records [JACAR], 1937b, f. 0398, Ref. B02031536600}). La inédita orden se había originado por el gobierno japonés, en donde también incluía la instrucción de desembarcar la carga de armamentos y municiones.

La cancillería japonesa había sido informada por medio de su legación en Lima que, a través del ministro alemán acreditado en Perú y de un representante franquista, el Florida Maru con bandera japonesa había partido con un cargamento con armas y pertrechos militares. Fujimura Nobuo, encargado de negocios, refiere que la reacción japonesa se fundaba en la solicitud de Alemania e Italia y se sustentaba por la restricción que había en su país de que la marina mercante japonesa transportara armamentos.

Un suceso importante, de acuerdo con el profesor Fukuzawa Yasuhiro, fue el hecho de que inicialmente el capitán del Florida Maru se negó a acatar la orden de la compañía naviera, apuntando que él tenía ya entregas programadas y la recolección de mercancía en otros puertos peruanos; además de la naturaleza de la “carga especial”, cuyo pago por transportarla había sido muy alto. Asimismo, en el contrato firmado con Arthur Briscoe no se aceptaba un cambio de itinerario o el desembarco de la mercancía en otro puerto.

Ante las dudas del capitán, la Kawasaki Kisen Kaisha le indicó que era por orden directa del gobierno japonés que ahora se aducía que, en el marco del problema con China, no era permitida la transportación de material bélico sin “destino definido” a cualquier barco con bandera japonesa. Aunque el argumento era parcialmente cierto, ya que era claro que el lugar de desembarco estaba determinado en el puerto de Manzanillo, México (^{Fukuzawa, 1995, pp. 200-201}). Lo anterior convenció al capitán y cambió el rumbo del navío hacia Mollendo, llegando el 10 de octubre, pero no fue autorizado a desembarcar y tuvo que esperar varios días; posteriormente le indicaron las autoridades peruanas que debía ir al Callao.

Un documento enviado por la legación japonesa al ministro peruano de Relaciones Exteriores, el general Cesar A. de la Fuente, aportaba las razones por la decisión del gobierno japonés, donde insistía en el desconocimiento por parte de Tokio de lo que transportaba el Florida Maru. En su comunicación refería el hecho de que:

El Gobierno del Japón, por otra parte, ha de estimar inconveniente que el vapor transporte los armamentos con destino desconocido, tomando en cuenta el desarrollo de los acontecimientos actuales en el Extremo Oriente. Referente a estos acontecimientos, el Japón ya tiene establecida una ley, poniendo en práctica una medida de prohibición, restricción y otro control sobre la navegación en el extranjero de vapores mercantes japoneses, de cuyo acuerdo se ordenó viaje de regreso a Mollendo de ese vapor para descargar sus cargamentos en cuestión. (^{JACAR, 1937a, f. 0455, Ref. B02031536700})

Una virtual tormenta diplomática se había iniciado fundamentalmente en dos temas: en primer lugar, qué hacer con el cargamento, y en segundo lugar, cómo poder transportarlo a México. Sobre el primer punto, el gobierno de Perú no deseaba su descarga por temor a que ante el conocimiento de su existencia por fuerzas opositoras (los simpatizantes de la Unión Revolucionaria y el APRA) al gobierno de Oscar R. Benavides Larrea pudieran ser sustraídas y usadas para promover un movimiento de insurrección. De acuerdo con Fukuzawa, el ministro alemán propuso que la carga se llevara a Tokio y el diplomático italiano acreditado en Lima sugirió que se informara que el Florida Maru había tenido un “accidente”, por lo que tuvo que tirar al mar toda su carga (^{Fukuzawa, 1995, p. 201}).

México dio instrucciones a su representante diplomático en Bolivia de que notificara al agente de la Latin America Export que se dirigiera inmediatamente a Mollendo a fin de atender el tema del retorno del buque mercante japonés. Briscoe informó, ante el escenario de retornar la carga a Bolivia, que la compañía de ferrocarril se negaba a prestar ese servicio. El ministro Rosenzweig Díaz recomendaba a sus superiores en México que el ministro Moisés Sáenz atendiera directamente el asunto, y este hizo gala de sus habilidades como diplomático para convencer a sus contrapartes. Su estrategia se centró en lo siguiente: 1. Buscar que el gobierno peruano no confiscara el cargamento de armas; 2. Asegurar que si saliera de la custodia del Florida Maru no se dejaría sin resguardo, incluso se esbozó la idea de bajarlo en la isla de San Lorenzo frente al Callao, donde estaba una prisión militar y; 3. Despachar el barco de guerra Guanajuato -anclado en el puerto de Acapulco- para recuperar la carga, incluyendo la opción de hacerlo de buque a buque, también se vislumbraba la posibilidad de contratar a un barco peruano, Tango, que cobraría cinco dólares por tonelada más cuatro mil pesos por gastos de seguro (^{AHGE, 1937, f. 54}).

Bolivia consideró, al haberse concluido la “venta” de armas a México y ante la salida del cargamento de su territorio, que ya no tenía competencia en el asunto. Mientras que Perú consideró otorgar las facilidades para que ese cargamento saliera lo más rápido posible de su territorio. Es decir, no expresaría ninguna objeción al respecto, pero insistía en que no se depositara en suelo peruano. Lo anterior se sumaba a la reticencia sobre la posibilidad de la llegada del barco de guerra mexicano que pudiera ser usado por el “derechismo extremista” de Perú como un pretexto para enardecer protestas populares contra la administración de Benavides (^{AHGE, 1937, f. 49-50}). La legación japonesa insistía al gobierno peruano que se diera el permiso de descarga, incluso daba las garantías de que la empresa naviera japonesa cubriría los gastos necesarios, incluyendo los de resguardo del cargamento (^{JACAR, 1937a, f. 0455, Ref. B02031536700}).

Desde el arribo a Callao el 18 de octubre se realizó un impasse sobre el futuro de su carga. México continuó realizando sus gestiones diplomáticas, ahora orientadas a convencer a Japón de que la compra de armamentos no afectaría la situación en su conflicto con China. En efecto, el capitán del Florida Maru recomendó a Briscoe que, si México daba las garantías de que las armas y municiones no tenían como destino China y que eran propiedad del gobierno mexicano, cabría la posibilidad de que se levantara la “requisición” de Tokio y así continuar su trayecto rumbo al puerto de Manzanillo (^{AHGE, 1937, f. 64}).

La tensión diplomática aumentó ante la noticia de que el Florida Maru zarparía del Callao, antes de la llegada del Guanajuato, lo cual hizo de nuevo profundizar el cabildeo de Moisés Sáenz ante las autoridades peruanas para que no dieran el permiso respectivo. Funcionarios consultados por el diplomático mexicano abiertamente le expresaron que la única forma de solucionar era exponer el caso a Tokio para que pudiera revertir su decisión. Sáenz informaba al general Eduardo Hay, Secretario de Relaciones Exteriores, y consideraba que:

Cuando el Secretario General me hizo ver que sería mejor que México tratara directamente con Tokio, yo respondí que las gestiones que nuestra Cancillería estuviera desarrollando ante el gobierno japonés no nos relevaban de la obligación de encarar la cuestión concreta que se nos presentaba y en la que ineludiblemente el Perú tendría que declararse, esto es, la de facilitarle a México la ejecución de un acto para el que le asiste todo derecho y la de no permitir que ante sus mismos ojos, el Japón realice un acto predatorio o de burla para México, como sería de aguas territoriales peruanas el barco que tiene la carga que México ha enviado a recoger en uno de sus propios barcos. (^{AHGE, 1937, f. 67})

Saénz apuntaba que una forma para Japón de “zafarse del error cometido” era que permitiría al Florida Maru continuar con su viaje. Fujimura, de manera insistente, buscaba confirmar la llegada del Guanajuato; no obstante, Sáenz y de la Fuente se negaron a darle información deseada sobre si un buque extranjero se llevaría el cargamento.

Ante ese nuevo panorama, la legación japonesa fue clave para que el Ministerio de Asuntos Exteriores reconsiderara su posición original. En primer lugar, a Tokio no le convenía generar una profunda fricción con México, no solo por sus tradicionales relaciones de amistad, sino también porque, ante la posibilidad de escalar aún más la crisis diplomática, podría perder a un aliado con una posición geográfica privilegiada frente al incremento de tensiones con Estados Unidos. Es decir, con el gobierno de Lázaro Cárdenas había buenas relaciones y no era el momento de fracturarlas. En segundo, era claro, ante las garantías ofrecidas por México, cuya información había sido comprobada por los diplomáticos japoneses, que esas armas estaban dirigidas a las fuerzas antifranquistas y no a China. En tercero, hacer caso omiso a las demandas insistentes de Alemania e Italia para prevenir que las armas llegaran a su destino final, que inicialmente era la ciudad de Valencia, tampoco ponía en peligro su alianza anticomunista, la cual se consideraría como un tema que se podría resolver por medio del diálogo diplomático entre ellos. Por último, la llegada de un buque de la Armada mexicana para retirar la carga de un barco mercante con bandera japonesa y el conocimiento público de que la Kawasaki Kisen Kaisha no había honrado el contrato previamente acordado, sería también motivo de afectación para la empresa japonesa, que pondría en entredicho su credibilidad.

En ese contexto, Fujimura fue instruido de que informara al ministro Sáenz que se autorizaba al Florida Maru continuar con tu itinerario de viaje con el compromiso de que México pusiera una nota indicando que el cargamento era propiedad del Estado mexicano y que no tenía ninguna relación con una actividad de que pudiera usarse contra Japón (^{AHGE, 1937, f. 73}). Como excusa, el funcionario japonés refirió que su país había sido informado de que grupos de judíos alemanes habían comprado armas a varios países latinoamericanos para destinarlas a China. Incluso Fujimura tomaba “la responsabilidad”, ya que había recibido información de que esas mismas personas habían adquirido armas en Bolivia, pero la situación había cambiado cuando se confirmó posteriormente que eran propiedad de México.

Al mismo tiempo, en la ciudad de México, el ministro Koshida Saichirō informaba también a la cancillería mexicana que se había autorizado la salida del Florida Maru. Koshida se sumaba a los argumentos referidos a las restricciones que había implementado el Estado japonés para la prohibición del transporte por parte de los buques mercantes de cualquier tipo de armamento debido a los acontecimientos en China. El diplomático japonés apuntaba que una vez teniendo las seguridades de que era un cargamento con destino a México, se había procedido a liberar esa orden de requisición (^{AHGE, 1937, f. 139}).

No obstante, la llegada de un nuevo gabinete de carácter mixto en el gobierno de Benavides a principios de noviembre generó preocupación. Después de varios días de dilación, la legación japonesa dio autorización anticipada a la llegada de la nota diplomática solicitada por Fujimura a Sáenz. La representación mexicana, al presentar el documento a sus contrapartes japonesas, se enteró de ese hecho, por lo que, por vía telefónica, solicitó que se aplazara la autorización para la salida del buque mercante por parte de las autoridades marítimas peruanas, a fin de ganar tiempo para que el mayor Filemón Lepe Ruíz y Pedro Sánchez, enviados por el gobierno mexicano y que llegaban por vía aérea, pudieran abordar al Florida Maru, que finalmente zarpó del Callao el 2 de noviembre rumbo a Manzanillo (incluso partió sin la renovación de los seguros para la carga), con la promesa de que el buque mercante japonés no tocara ningún puerto sudamericano y se dirigiera directamente a su destino final.

Todo parecía indicar que las negociaciones diplomáticas habían sido exitosas y que se había logrado evitar el escrutinio público. No obstante, a pesar de que Sáenz pensaba que ante la censura a la prensa por parte del gobierno peruano los hechos no serían conocidos, la noticia finalmente fue filtrada (^{AHGE, 1937, f. 48}). El diplomático mexicano informaba a la cancillería mexicana que el periódico La Prensa -con simpatía al franquismo- había publicado sobre el tema del cargamento de armas con destino final a la España republicana. La nota fue intitulada “Florida Maru: el Buque del Misterio”, y posteriormente otros periódicos dieron seguimiento a la noticia (^{AHGE, 1937, f. 112}). Es claro que ante el fracaso de las solicitudes de las representaciones diplomáticas de Alemania e Italia, filtraron la información sobre el tema de cargamento de armas. Asimismo, el gobierno de Perú vio la oportunidad para deslindarse al dejar que los periódicos peruanos abordaran el tema a fin de evitar la impresión de que existió complacencia o incluso omisión de su parte para atender ese caso.

La Prensa hacía un relato de los hechos que obligaron el retorno de puertos peruanos del Florida Maru, poniendo énfasis en la actitud “extraña” de Bolivia, México, Japón y Perú. De manera clara señalaban que el cargamento iba a ser destinado al gobierno “rojo” antes de Valencia y ahora de Barcelona. Asimismo, refería que se había entrevistado a Fujimura, el cual explicó la situación sucedida con el Florida Maru y respecto a la cual el ministro Sáenz estuvo de acuerdo. Por su parte, el diario Crónica presentaba un editorial que enfatizaba los efectos positivos del comercio de armas para la industria de la guerra, pero devastadores para los pueblos. Se refería que la guerra del Chaco y el mismo conflicto bélico en España eran testigos de los resultados nocivos de ese tipo de negocios. Asimismo, detalla el “affair” armamentista -como lo refiere el periódico- en donde México era el intermediario de una transacción de equipo militar con destino a Barcelona. Se insiste en que era un grave incidente diplomático originado por el caso del Florida Maru, y que el gobierno de Perú, de acuerdo con ese diario, “afortunadamente no tuvo nada que ver” (^{AHGE, 1937, f. 114}).

Por último, apunta la nota que el gobierno peruano mantiene relaciones con Azaña y no ha reconocido el derecho de beligerancia del general Franco, pero que Japón, como una de las potencias anticomunistas, reaccionó con una actitud resuelta conforme a sus principios. Posteriormente, el ministro Sáenz mandó una nota aclaratoria al diario peruano donde se refrendó que México había hecho la compra a Bolivia del armamento de acuerdo con una transacción comercial transparente y de acuerdo con los principios del derecho internacional (^{AHGE, 1937, f. 115}).

El Florida Maru logró, por fin, llegar al territorio mexicano, la carga fue sellada y transportada en tren hasta el puerto de Veracruz, desde donde fue enviada a España. El buque que se utilizó para transportar la carga fue el Motomar, anteriormente propiedad de la Compañía Española de Navegación Marítima y que había sido confiscado por el gobierno republicano en su travesía de Buenos Aires a Nueva Jersey (^{Ojeda, 2004, p. 169}).

Por órdenes de Gordón Ordás, el Motomar arribó al puerto de Veracruz en diciembre de 1936. En un principio se planeaba que este buque trasportara tres aviones hasta España, y así se tenía planeado partir hasta agosto de 1937. No obstante, debido a la necesidad de una limpieza del casco, tuvo que regresar a costas mexicanas; el Motomar no tardó en volver a navegar, pero ahora con una carga distinta proveniente del Florida Maru.

Reflexiones finales

La ayuda propiciada por el gobierno de Lázaro Cárdenas a la Segunda República española, aunque limitada, fue sumamente simbólica. La labor de los diplomáticos mexicanos, así como la del representante español en México, Félix Gordón Ordás, fue crucial para poder mantener las vías de suministro de armas a los republicanos. Si bien la ayuda mexicana no fue tan numerosa como la proporcionada por la Unión Soviética, lo cierto es que México trató de auxiliar a la causa republicana con todos los recursos que tenía y haciendo uso de todas sus capacidades para defender los intereses del legítimo gobierno español ante la sociedad internacional.

En ese contexto, el apoyo de México a España tuvo consecuencias, principalmente en su relación con Estados Unidos y Gran Bretaña, los que no estaban de acuerdo con las acciones tomadas por Cárdenas. El suministro de armas a los republicanos fue la principal causa de las quejas. Ambos países pedían a México que el envío de armas cesara o, en su caso, que se mantuviera, pero al mínimo (^{Lezamiz, 2015, p. 11}).

Asimismo, la diplomacia mexicana utilizó a la Sociedad de Naciones para reafirmar su posición en contra de la intervención de Alemania e Italia en el conflicto español, haciendo uso de los recursos del derecho internacional. Para 1937, cuando ese organismo internacional decidió declarar que no intervendría en el conflicto español, el gobierno mexicano cambió a su representante en la organización. Isidro Fabela continuó el trabajo de su predecesor, Narciso Bassols, para presionar a la Sociedad de Naciones en cuanto a respetar el derecho de la República española a proveerse de material militar para su defensa. El Presidente Cárdenas solicitó a Fabela que defendiera el principio de la no intervención, y consideraba sobre la guerra civil en el país ibérico que “la división entre las dos Españas trascendía su carácter local”. La pugna entre republicanos y franquistas era una lucha entre “la democracia y la legitimidad de un gobierno agredido… [por] el fascismo” (^{Benítez, 1977, p. 94}).

La participación de Isidro Fabela se apegó a los ideales cardenistas y a los principios de la política exterior mexicana, pero impulsaba la interpretación sobre la legitimidad de la intervención frente a un caso de “flagrante destrucción del orden constitucional de un país democrático y pacífico” (^{Ochoa et al., 2019, p. 220}). Es decir, Cárdenas consideraba que en el caso español la neutralidad proclamada por las naciones europeas estaba fuera de lugar, ya que se trataba de un ataque hacia un gobierno elegido legítimamente por otra fuerza externa: el fascismo.

No obstante, ni Estados Unidos ni las dictaduras militares latinoamericanas, ni los países europeos apoyaron los esfuerzos de México en la protección de España. Esta situación llevó a que la Liga de Naciones, en 1937, decidiera no renovar el lugar de la República española en el consejo de la organización, dejando a la nación española a su suerte.

Dentro de todo ese drama político-diplomático, se suman el incidente del Florida Maru y las acciones de la diplomacia mexicana para mantener aún vigentes los ya limitados canales de suministro de armamento a la resistencia republicana en España. La labor diplomática emprendida frente a Tokio para revertir su decisión de la requisición de la carga que llevaba un barco mercante con bandera japonesa fue eficiente para México, debido a los nexos de amistad y buenas relaciones diplomáticas forjadas entre los dos países, pero, de manera particular, a mantener el deseo de Tokio de no erosionar los nexos con la administración cardenista que había sido muy receptiva con el país asiático.

Lo anterior se pudo refrendar posteriormente para el caso de México después de la expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938, cuando se van a deteriorar más sus nexos con Washington y Londres en lo particular, donde Tokio se convertirá en un cercano interlocutor al comprar petróleo mexicano e incluso en invertir, por medio de prestanombres, en la prospección y explotación de campos petroleros en el territorio nacional (^{Hernández, 2015, pp. 172-173}).

Los dividendos finales para la España franquista y sus aliados (como Alemania, con el que compartía el pacto anticomunista, e Italia, que se sumaría a este) tuvieron un resultado parcial pero no enteramente desfavorable. Si bien no pudieron detener el arribo del cargamento del Florida Maru al puerto de Manzanillo, lo que sí fue cumplido -de manera exitosa- fue la cancelación de esa ruta de aprovisionamiento de armas y pertrechos militares para otros posibles embarcos, los cuales se hacían cada vez más complejos por el agotamiento de vías seguras de suministro en un ambiente de mayor distancia que los países sudamericanos marcaban con las fuerzas republicanas.

Florentino Rodao argumenta que el costo económico para la Kawasaki Kisen Kaisha, que implicó el caso del Florida Maru, hacía imposible para esa compañía u otras navieras japonesas aceptar de nuevo llevar un cargamento de armas usando la ruta del Pacífico (^{Rodao, 1993, pp. 258-259}). Asimismo, para México resultaba claro que la superación del diferendo diplomático se había logrado bajo una figura de excepción y que sería complejo en el futuro tener con Tokio otra crisis diplomática de esa naturaleza. Por su parte, Tokio fue precavido de evitar un deterioro en sus contactos con México, pero también les era muy claro a los diplomáticos japoneses que la posible llegada de las armas (valoradas de mala calidad) a las fuerzas republicanas no revertiría las condiciones existentes en ese momento en la guerra civil en España; además, estaba cierto que la alianza con Alemania e Italia no estaría comprometida por ese suceso. Las fuerzas leales al general Francisco Franco lograron poner el fin de la contienda en la península el 1 de abril de 1939, para abrir paso al largo periodo de la República española en el exilio.