Introducción

Las relaciones entre México y Guatemala han sido durante mucho tiempo “una tensión fluctuante entre proximidad y distancia”,¹ y su estudio ha cobrado importancia a finales del siglo pasado y, más aún, con el reciente flujo migratorio de centroamericanos que anhela alcanzar el American dream estadounidense. Antes de la llegada de los refugiados guatemaltecos a Chiapas en la década de 1980 y los recientes sucesos de las caravanas migrantes en 2018, el olvido de la frontera sur por parte de las autoridades mexicanas provocó una serie de fenómenos migratorios que más o menos se han analizado desde la historia, siendo el más analizado el establecimiento de límites entre los dos países. En ese tenor, la relación México-Guatemala y particularmente la que se tiene con Chiapas, posee un sin número de particularidades que deben ser examinadas por la historia para entender su presente.

Las políticas migratorias, los nacionalismos y en el peor de los casos, las expresiones de xenofobia, son el resultado y se manifiestan como una reacción ante un grupo de extranjeros que son en apariencia culturalmente diferentes al resto de la población, pues dichos reglamentos y leyes se construyen como administradores de la otredad.² A diferencia de otros foráneos en México, durante las primeras décadas del siglo XX, por lo menos en los ámbitos étnico, lingüístico, cultural y religioso, los guatemaltecos no representaban una amenaza para el estado mexicano ni para los proyectos posrevolucionarios mestizos. La otredad de los guatemaltecos frente a los mexicanos, fue construida a partir de elementos geográficos, comerciales, laborales y económicos que de forma muy concreta se abordarán en este análisis.

Desde la anexión de Chiapas a México el 14 de septiembre de 1824, la frontera entre los dos países fue de relativo libre tránsito, pues el Gobierno mexicano la desatendió por décadas. Pero, con el inicio de la actividad cafetalera a finales del siglo XIX y su auge durante las primeras tres décadas del siglo XX, los flujos migratorios a Chiapas se volvieron más numerosos y más visibles para la sociedad de acogida, principalmente de peones que trabajaban de forma temporal provenientes de las ciudades fronterizas de Guatemala, principalmente de los departamentos de San Marcos y Huehuetenango. Sin embargo, al ser este un sector rural, mayoritariamente analfabeta, pocas veces tenían documentos oficiales que comprobaran su lugar de nacimiento, es decir, que muchos no tuvieron una nacionalidad asignada. La visibilidad que adquirieron en Chiapas y en las fincas cafetaleras, los puso en la mira de las autoridades federales, las cuales intentaron regular su ingreso y estancia desde la Ley de Migración de 1926 y con el Registro Nacional de Extranjeros de 1932, pero principalmente, se comenzó a dotar de nacionalidad a aquellos que la comprobaran o que tuvieran la voluntad de querer ser mexicanos.

En ese sentido, el estudio tiene como objetivos principales, analizar en primer lugar, los problemas de la falta de nacionalidad ocasionados por la anexión de Chiapas a México en 1824 y la definición de límites en 1882. Estos hechos provocaron que un gran número de personas, por diferentes circunstancias no definieran la nación a la que “pertenecían” y se quedaran sin nacionalidad. Además se mostrará cómo la autoridad federal, enfrentó el problema de “los sin nación”, pues en una región de población mayoritariamente indígena y analfabeta, era indispensable para el Gobierno mexicano definir a sus habitantes, la soberanía y los límites de la nación. Así, en segundo lugar se estudia cómo con el auge cafetalero en Chiapas durante las primeras tres décadas del siglo pasado, algunos finqueros aprovecharon esa falta de nacionalidad para contratar peones guatemaltecos y pagar salarios menores, hecho que generó algunas expresiones antiguatemaltecas en la sociedad de acogida. Finalmente, se analiza la creación y aplicación del Registro Nacional de Extranjeros (RNE) en 1932, política migratoria que puso en evidencia el problema de la falta de nacionalidad en un sector de la población, dificultad que se venía arrastrando desde el siglo XIX. Dicha política migratoria impulsaría la implementación de campañas de naturalización masiva como la Comisión Demográfica Intersecretarial, que finalmente otorgaría la nacionalidad mexicana a una gran cantidad de personas en Chiapas desde 1936 hasta 1947.

El estudio propone, cómo a partir de sucesos históricos muy particulares como la anexión de Chiapas a México y la definición de límites entre los dos países, provocaron que un gran número de personas, principalmente de los sectores rural y fronterizo, no definieran su nacionalidad, pobladores que quedaron atrapados entre políticas migratorias que seguramente desconocían. Pero, con el freno que puso al libre tránsito entre los dos países el establecimiento de la Ley de Migración de 1926, se hizo necesaria la nacionalidad para ese sector la población, pues la autoridad, a pesar de que ya había fijado los límites geográficos entre los dos países, también tenía que fijar sus ciudadanos y la soberanía del territorio mexicano en el sur. El análisis comprueba que la aplicación del RNE de 1932 funcionó como un mecanismo fiscalizador con resultados limitados, pero que impulsaría la búsqueda de la nacionalidad mexicana de un gran número de personas, la cual conseguirían con los trabajos de la Comisión Demográfica Intersecretarial, es decir, muchos fueron parte de una naturalización masiva.

Cabe señalar que los estudios sobre migración entre México y Guatemala han sido abordados de forma sustantiva desde las diferentes disciplinas de las ciencias sociales, pero casi siempre desde la perspectiva y la visión del fenómeno migratorio contemporáneo. Desde la historia la investigación de la frontera sur ha sido examinada por numerosos investigadores, pero bajo este mismo ángulo histórico solo por algunos cuantos. De esa gama de estudios, solo se han seleccionado aquellos que han contribuido de forma sustancial a este trabajo. En primer lugar, Chiapas mexicana. La legislación de la frontera entre México y Guatemala durante la primera mitad del siglo XX³, de Mario Vázquez Olivera, es un análisis clave realizado en 2017, que nos ayuda a entender los hechos históricos que determinaron el devenir de dos naciones con el establecimiento de la frontera en el sur de México. Por su parte, en su trabajo, “las migraciones internacionales en la frontera sur de México”,⁴ Hugo Ángeles Cruz, ha sido otro de los investigadores que ha profundizado desde la historia sobre las dinámicas y características del fenómeno migratorio en la frontera sur, particularmente de los que ingresaban y salían de la región del Soconusco. Sin embargo, “La frontera sur de México: orígenes y desarrollo de la migración Centroamericana”⁵, de Manuel Ángel Castillo y Mónica Toussaint, ha sido de los pocos estudios que nos introducen al origen histórico de estas migraciones, desde el siglo XIX hasta la década de los ochenta del siglo pasado. Pero, en los trabajos mencionados, como en la historiografía sobre la migración en la frontera sur, poco o nada se ha analizado el problema de “los sin nación”. En ese sentido, los argumentos historiográficos de esta investigación, se han construido y giran en torno a los estudios de estos cuatro esenciales investigadores.

Este análisis fue construido principalmente a partir del Registro Nacional de Extranjeros que se aplicó en Chiapas en 1932, documentos que están resguardados en el Archivo General de la Nación. Las fichas que lo componen fueron sistematizadas, de tal forma que se logró crear un perfil aproximado de las personas a las que les fue aplicado. Por otra parte, de los archivos diplomáticos de El Colegio de México (Records of the U.S. Department of State relating political relations between the United States and Mexico 1930-1934), se analizaron los despachos y epístolas consulares entre las autoridades federales de Guatemala y México, en las que se discutían las estrategias migratorias para poner fin al problema de la indefinición de la nacionalidad de los pobladores. Así, el texto desarrolla su análisis con base en la selección historiográfica que se realizó sobre el fenómeno migratorio entre los dos países durante las primeras décadas del siglo pasado y en las fuentes primarias que resguardan algunos repositorios nacionales.

El sur de México y el surgimiento del problema de la nacionalidad: la frontera México-Guatemala y los flujos migratorios

México y Guatemala tienen un pasado que está estrechamente ligado a un conjunto de relaciones históricas, territoriales, sociales, económicas, culturales y étnicas. Sin embargo, los ámbitos histórico y territorial, han sido dos de los factores más importantes que han determinado las relaciones entre los dos países y a la vez, lo que los ha separado. Lo anterior, ha provocado cierto olvido y abandono por los estudiosos de la historia en el análisis de los procesos migratorios que tuvieron lugar en la frontera sur mexicana, los cuales generaron ciertos problemas de identidad que hasta la actualidad tienen algún grado de vigencia.

Para entender la problemática relación histórico-territorial entre México y Guatemala, en primer lugar, es necesario dar un breve contexto introductorio. Comienzo por señalar que el actual territorio chiapaneco perteneció a la Capitanía General y Audiencia de Guatemala hasta 1821. Pero, administrativamente Chiapas dependía del virreinato novohispano y, sobre su anexión a territorio nacional Toussaint señala: “su unión a México fue el desenlace de una compleja coyuntura en la que intervinieron factores tanto locales como externos a la provincia chiapaneca”,⁶ un proceso de fragmentación política que también fue efecto de la independencia de México. Así, los ayuntamientos de Chiapas se adhirieron al Plan de Iguala, para después desconocer la declaración de independencia de Guatemala y, como desenlace, la junta chiapaneca proclamaría su anexión a México el 14 de septiembre de 1824.⁷ Esta adhesión también trajo consigo la separación del territorio del Soconusco, hecho que para el Gobierno mexicano resultaba inaceptable. El Soconusco representaba para México “un corredor estratégico aledaño al istmo de Tehuantepec, donde podría construirse una vía interoceánica, por lo cual era necesario garantizar la defensa del istmo”.⁸ Después de 58 años de lucha diplomática y del establecimiento de las fuerzas mexicanas en ese territorio, se acordaron los límites territoriales entre los dos países. El Gobierno mexicano nunca tuvo el objetivo de ir más allá del territorio centroamericano, pues según el presidente de México, Manuel González (1880-1884), con el establecimiento de las tropas mexicanas buscaba en aquella región la “protección de los nacionales, la defensa del territorio y la dignidad de México”.⁹

La figura y los intereses económicos del empresario y diplomático Matías Romero¹⁰ que se analizan más adelante, fueron clave en la definición de los límites entre México y Guatemala, pues fungió como mediador en el conflicto. Romero logró que firmaran los acuerdos preliminares el 12 de agosto de 1882, con la acción mediadora de los Estados Unidos.¹¹ El tratado de límites finalmente fue firmado en la Ciudad de México el 27 de septiembre del mismo año, y así se estableció la línea divisoria entre los dos países y se reconoció los derechos territoriales de México sobre el Soconusco.¹² Sin duda, más allá de la soberanía nacional, este fue un gran negocio para los empresarios y políticos de la época, tanto extranjero como nacionales.

Así, el problema de la indefinición de la nacionalidad de los pobladores en la región tuvo su raíz desde de los Tratados de Límites de 1882, pues el artículo 5º había establecido la naturalización automática de todos aquellos que permanecieran en el lugar en el que estaban residiendo, a menos que quisieran conservar su nacionalidad antigua y realizaran los trámites necesarios.¹³ Pero, ante un contexto indígena y campesino, pobladores que habitaban apartadas zonas rurales, mayoritariamente analfabetas, poco importaba asentar su nacionalidad, incluso, se podría asegurar que pocos conocían esas disposiciones. Así, emprender un proceso de naturalización o realizar un trámite para optar por una nacionalidad no era prioritario. De esa forma, la frontera sur se convirtió en un espacio propicio para la confusión y la incertidumbre en cuanto a la pertenencia nacional. Erika Pani apunta que los guatemaltecos que habían quedado del lado mexicano después de la firma de los Tratados de 1882 quedaron atrapados entre dos lógicas: “la de una dinámica economía regional, ávida de mano de obra, y la de los burócratas capitalinos, empeñados en salvaguardar la integridad de las fronteras y encontrar y fijar la filiación política”.¹⁴

Después de la histórica integración de Chiapas al territorio mexicano, hubo un breve periodo de calma. El establecimiento de la línea divisoria entre los dos países no implicó que se detuviera el tránsito de personas, por el contrario, pronto comenzaría el auge de la actividad cafetalera. Definir la frontera, sin embargo, impactó sobre lo que simbólicamente significaba la línea divisoria para los pobladores fronterizos, pues muchos de ellos no tenían una nacionalidad definida. Entonces, después de 1882 ¿qué significaba la frontera para los habitantes del sur? ¿Quiénes se consideraban guatemaltecos y quiénes mexicanos?

Para intentar responder quién de esos pobladores fronterizos se consideraba mexicano o guatemalteco, primero es necesario analizar algunas nociones de frontera. Si enmarcamos dicho concepto en el contexto de una región que tiene atributos específicos, nos remite a la separación de dos territorios que tuvo como consecuencia la creación de dos realidades sociales distintas. En el caso de Guatemala y México, la definición de la línea divisoria fue alejando a los países de los vínculos históricos, étnicos y territoriales que los unían. Para el poblador común, la frontera era un concepto ajeno que parecía incomprensible y no afectaba la manera de seguir relacionándose comercial y económicamente como lo hacían antes de 1882. Manuel Ángel Castillo ha señalado que “[…] los límites entre países, aunque convencionalmente establecidos, son el resultado de los procesos que los configuran históricamente”.¹⁵ Pero también, reconfiguró la vida social, comercial y cultural entre los pobladores de ambos países, la indefinición de la nacionalidad se convertiría en un problema de orden federal.

Por definición, “el cruce de las fronteras entre dos países es el hecho que determina un desplazamiento internacional”.¹⁶ Para los guatemaltecos fronterizos dicho cruce se volvió algo más que una línea imaginaria, el tránsito de individuos entre México y Guatemala por territorio chiapaneco tomó cierta relevancia cuando se establecieron las primeras aduanas a finales del siglo XIX.¹⁷ Sobre este olvido de la frontera sur durante las primeras décadas del siglo XX, Mónica Toussaint apunta que los gobiernos posrevolucionarios se caracterizaron por tener una postura “cautelosa, pasiva, legalista, abstencionista, aislacionista hasta poco comprometida”.¹⁸ La atención del Gobierno mexicano se centraba en la frontera con los Estados Unidos. En este sentido, el sur del país y su frontera, estuvo olvidado por la autoridad mexicana y pocas veces atendían las problemáticas de esa región. Entonces, por efecto de esa falta de atención de la autoridad federal, la región continuó un desarrollo relativamente normal, es decir, que antes de 1926, ingresar a México por el sur era más o menos fácil, pues se evadía los puestos migratorios que solo atendían asuntos aduanales y sanitarios.¹⁹

Para el Gobierno mexicano el problema comenzó cuando los flujos migratorios de guatemaltecos (principalmente indígenas de la región de San Marcos y Huehuetenango), se incrementó por la demanda de trabajadores para las fincas cafetaleras,²⁰ pues la Ley de Migración de 1926, dotó al Estado de la capacidad de seleccionar la migración extranjera que ingresaba al país con el objetivo de que los “elementos extraños” no se mezclaran con los nacionales:

El poder público está en posibilidad de seleccionar los inmigrantes y de excluir a los individuos que, por su moralidad, su índole, sus costumbres y demás circunstancias personales, no sean elementos indeseables o constituyan un peligro de degeneración física para nuestra raza, de depresión moral para nuestro pueblo o de disolución para nuestras instituciones.²¹

Así, por lo menos antes de 1926, a la población guatemalteca y chiapaneca que no tenían una identificación nacional legal, pocas veces le interesaba conocer su nacionalidad. No era común que se les preguntara su origen nacional, ya que no les causaba contratiempos en su día a día y en su tránsito entre los dos países.

¿Guatemalteco, mexicano o chiapaneco?

La definición de la línea divisoria entre México y Guatemala marcó lo que Smith ha llamado la “geografía moral de la nación”,²² pues los pobladores de los dos países conocían a qué nación pertenecían. Por lo tanto podían construir cierta identidad en la región fronteriza. En este sentido, si el trazo de la línea divisoria dotó de nacionalidad a los dos países, desde el punto de vista político se puede ver como la integración a un territorio a aquellos que carecían de nacionalidad. Sin embargo, para los habitantes de la región fronteriza entre Guatemala y México después de 1926, la identidad nacional se volvió un problema, ya que el aparato gubernamental no registró a aquellos que se volverían mexicanos y mucho menos a los guatemaltecos; muchos carecieron -por lo menos en el plano institucional- de nacionalidad durante algún tiempo.

Las leyes migratorias que comenzaron a aplicarse en Chiapas no otorgaban los derechos legales que correspondían a aquellos que no podían comprobar su nacionalidad. Billig plantea el problema de la identidad de la siguiente manera: “Si la palabra identidad tiene un significado, entonces debe de haber criterios externos que se cumplan para que se pueda decir que alguien tiene identidad nacional o, en todo caso, cualquier otro tipo de identidad social”.²³ Encontrar los criterios que definieran la identidad nacional o de pertenencia de los individuos iba más allá del simple plano institucional, la comprobación de la nacionalidad se volvió compleja. Así, la anexión de Chiapas al territorio mexicano tuvo como una de sus consecuencias que la autoridad federal no dotó de nacionalidad a sus pobladores. La conformación del Estado guatemalteco, así como la pérdida del territorio del Soconusco, implicó que los límites geográficos se modificaran y, de forma radical, cambiaron las interacciones de las comunidades asentadas en las fronteras de los dos países.²⁴

Por los cambios geopolíticos de la región y por las leyes migratorias que se comenzaron a implementar en Chiapas, los indígenas guatemaltecos fueron los más afectados. Al no comprobar su nacionalidad vivieron dentro de un ambiente de confusión legal, al punto de que era complicado determinar la nacionalidad entre un mexicano y un guatemalteco. Sandra Gerardo ha señalado que algunos de los principales factores que provocaban dicha confusión fueron:

En primer lugar rotaban los estragos causados por la falta de registro y esclarecimiento de situación en el país, inmediato a la forma de los Tratados de Límites […] En segundo lugar estaba la falta de registro de aquellos que nacieron en el territorio que ya era mexicano […] y en tercer lugar estaba el paso constante de trabajadores guatemaltecos, cuya situación en el país tendrá que ver directamente con las agitaciones políticas en la región y la demanda de fuerza de trabajo.²⁵

Otro de los grandes problemas para asentar la nacionalidad entre 1882 y 1926, era que la mayoría de estos pobladores carecía de certificados, actas de nacimiento o cualquier otro documento que comprobara su origen. Se pensó que definir la nacionalidad terminaría con la problemática del tránsito entre fronteras, establecería quienes podían tener derechos ciudadanos y de propiedad.²⁶ La confusión de las nacionalidades en la región fronteriza chiapaneca, no tuvo la suficiente atención del Gobierno federal, solo hasta que se puso atención a una frontera que era de relativo “libre acceso” y el incremento del número de trabajadores guatemaltecos en las fincas cafetaleras. No se dio solución inmediata, fue hasta la implementación de políticas migratorias y el RNE que se analiza más adelante, que la confusión de la nacionalidad de sus pobladores se fue definiendo.

Las fincas cafetaleras en Chiapas y el trabajo guatemalteco

Lelio Mármora apunta que “las migraciones internacionales surgen con una alta visibilidad en las sociedades que se producen, ya sea porque incorporan nuevos elementos extraños a esa sociedad, o bien porque representan una pérdida de algunos de sus componentes”.²⁷ En ese tenor, la migración guatemalteca a Chiapas, durante mucho tiempo, compartieron similares relaciones históricas, territoriales, comerciales y económicas. Y, si atendemos al concepto de visibilidad que apunta Mármora, la presencia de la migración guatemalteca en Chiapas solo fue posible por el gran número que ingresó a trabajar a las fincas cafetaleras²⁸ en las que se prefería a los guatemaltecos por encima de los trabajadores chiapanecos, pues los últimos cobraban salarios menores. Lo anterior, también provocó ciertas expresiones antiguatemaltecas. Sin embargo, es necesario recordar entonces, que, a diferencia de otros extranjeros en México, los guatemaltecos en Chiapas no fueron visibles por sus características étnicas y culturales, fue por lo poco que cobraban su trabajo y por las grandes cantidades de peones que ingresaban.

Los Tratados de Límites entre México y Guatemala de 1882 y la Ley de Deslinde y Colonización de terrenos Baldíos de 1883,²⁹ fueron la mejor justificación para poner a disposición de ciertos empresarios mexicanos y alemanes las tierras que se denunciaban como baldías. De esa forma, introdujeron la producción de café por medio de fincas en territorio chiapaneco, particularmente en la región del Soconusco. Los finqueros alemanes, a pesar que controlaban altas cuotas de exportación de café desde Guatemala, decidieron mudarse y emprender nuevas fincas en territorio mexicano.³⁰ Su establecimiento marcó una serie de fenómenos fundamentales para la historia de Chiapas, la constitución de complejos procesos productivos a partir de la migración guatemalteca y del cultivo del café, con implicaciones locales que se extendieron a otras regiones de México.³¹

A finales del siglo XIX, las fincas cafetaleras mexicanas y alemanas, trabajaron con la mano de obra de indígenas chiapanecos, pero a principios del siglo XX este trabajo se volvió costoso, principalmente para los finqueros alemanes. La aparentemente “costosa” mano de obra de los indígenas chiapanecos escaseó por el auge de las políticas liberales mexicanas,³² es decir, estos finqueros no estaban del todo dispuestos a otorgar mejores jornales y mayores derechos a los trabajadores chiapanecos. Sin embargo, el auge de las fincas cafetaleras fue alcanzado gracias a la mano de obra mexicana apoyada por la fuerza de trabajo temporal de los indígenas guatemaltecos. Este último, poco a poco se fue incrementando hasta lograr ser mayoritario por encima de los trabajadores “locales”.³³ Los indígenas guatemaltecos se perfilaron para trabajar con salarios más bajos y, como ya se ha apuntado, el ingreso de un gran número de ellos visibilizó su estancia en la entidad. Lo anterior llamó la atención no solo de las poblaciones chiapanecas fronterizas y serranas, también el de las autoridades migratorias locales y federales.

Además de lo barata que resultaba la mano de obra ¿por qué se prefirió a los indígenas guatemaltecos por encima de los chiapanecos? Matías Romero, a finales del siglo XIX señalaba:

[…] afortunadamente los indios de la tierra fría de Guatemala […] en donde abunda la gente pobre que no repugna a trabajar a la tierra templada […] solamente con ellos es posible sembrar cafetales de alguna extensión en el Soconusco.³⁴

Sobre un evidente discurso con tintes raciales, los alemanes decían que los guatemaltecos eran “buenos” para el trabajo en las fincas, ya que estaban dotados de una “constitución especial” que los hacía particularmente hábiles para el trabajo y la pizca, además, porque eran biológicamente mejor constituidos para ser explotados,³⁵ es decir, que trabajaban más por menos salario.

Ese discurso racial “biológico” sobre los indígenas guatemaltecos frente a los chiapanecos, carecía de argumento, pues en términos reales, dichos pobladores tenían similares características étnicas y lingüísticas, con la evidente diferencia que fue la línea fronteriza la que los separó. Las fuentes apuntan que la irregularidad del estatus migratorio de los indígenas guatemaltecos, lo barato que resultaba costear su trabajo, el ciclo temporal productivo, el temor a las autoridades migratorias, y, principalmente, el desconocimiento de su nacionalidad legal, contribuyó para que el guatemalteco fuera el preferido y más explotado por los finqueros alemanes. En ese sentido, la prensa de la Ciudad de México denunció que en las fincas cafetaleras de Chiapas tenía lugar un tipo de esclavismo al puro estilo colonial:

[…] con datos irrefutables, como ya publicamos, de unas fichas de latón y aluminio con las que se paga a los infelices peones de las fincas cafetaleras […] Se autoriza la lenidad, el maltrato, la explotación, el encomenderismo […] la esclavitud del proletariado chiapaneco y guatemalteco incorporado, que es el preferido, por sumiso, por los finqueros […].³⁶

La sumisión forzada y el analfabetismo de la gran mayoría de los indígenas, fueron factores aprovechados por algunos finqueros alemanes. Por ejemplo, la Secretaría de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala denunció el encarcelamiento de quince guatemaltecos que habían sido acusados por contrabando. La representación diplomática argumentó que “los presos analfabetos e ignorantes no ejercieron el contrabando ni sabían lo que hacían, eran peones de la finca El Malacate, cuyo dueño les ordenó transportar café al otro lado del Suchiate”.³⁷ Sin embargo, a pesar de que estos peones no conocían la ley, estaban cometiendo el delito de contrabando forzados por sus empleadores.

Como se ha apuntado, el “problema” de los trabajadores agrícolas guatemaltecos fue visible hasta que su número incrementó considerablemente durante las primeras décadas del siglo XX. Su ingreso sin ninguna documentación migratoria, con frecuencia impulsado por los finqueros alemanes que exigían mano de obra barata, que, además de ser temporal o estacional, hasta 1926 evadió la regularización migratoria de estos peones.³⁸ En 1931 el Departamento de Migración reportó que después de la ley de migración de 1926, ingresaron por lo menos diez mil trabajadores guatemaltecos de forma ilegal, ayudados por los finqueros.³⁹

El trabajo de los peones considerados guatemaltecos adquirió gran relevancia, pues su empleo en las fincas superó a los trabajadores chiapanecos. Lo anterior, los puso en el lente de la autoridad y provocó cierto disgusto en los peones locales.⁴⁰ Su elevado número ofrece elementos que permiten entender la importancia y tradición de los migrantes indígenas guatemaltecos y su relevancia en los censos.

La gran visibilidad y la preferencia por los trabajadores indígenas en las fincas de la que se ha hablado, generó ciertos resentimientos en los peones chiapanecos, ya que se manifestaron algunas expresiones antiguatemaltecas, pues como sabemos, también cobraban menores salarios. Lelio Mármora señala que sobre el ingreso de agentes extraños en una sociedad, se esparce la idea de que llegan a crear cierto “vaciamiento económico, el de la competencia desleal, el del aprovechamiento de los servicios sociales, el de la invasión pasiva, el de la resistencia a la integración y el de la inseguridad”.⁴¹ Sin embargo, de esas premisas se puede documentar que, en el caso de los guatemaltecos, la competencia y el vaciamiento económico fueron prejuicios que se construyeron por el elevado número de campesinos que ingresaban a trabajar a las fincas cafetaleras de manera temporal o definitiva por jornales ínfimos.

Una de las creencias que se propagó en territorio chiapaneco fue la de una supuesta invasión, pues se creía que los indígenas guatemaltecos ingresaban a México para tratar de recuperar su territorio. Sobre el ingreso de seis mil a diez mil trabajadores guatemaltecos a las fincas entre 1921 y 1934, la prensa señalaba: “constituye una invasión pacífica, al grado de que si hubiera aplicado un censo, el 90 % de ellos hubiera declarado ser guatemalteco”.⁴² La supuesta invasión de trabajadores guatemaltecos en las fincas cafetaleras alemanas, despertó una serie de denuncias con tintes nacionalistas que fueron reproducidas por algunos diarios de circulación nacional como en La Prensa:

Lo que pudo quizás considerarse como un exceso de nacionalismo por nuestra parte o de posible error fundado en apasionados informes sobre el serio problema de la filtración guatemalteca en territorio mexicano, filtración invasora que medra a costa de las tierras de dotación, desplazando, con la complicidad de las autoridades locales, a nuestros coterráneos. […] Urge hacer un registro de extranjeros que se creen mexicanos por haber nacido en México, y urge eliminar a los invasores, a los fraudulentos, venidos a engañarnos y a explotarnos.⁴³

Más allá de esa supuesta invasión pacífica, no fue visto con buenos ojos el trabajo de ellos en Chiapas y se reproducía el prejuicio de que ocupaban los espacios laborales que por “derecho” pertenecían a los nacionales. Con frecuencia, los estudios del fenómeno migratorio apuntan que los migrantes insertos en una sociedad no compiten en el mercado laboral con los nativos, ya que se dedican a las actividades secundarias e intensivas que la sociedad receptora no quiere hacer.⁴⁴ Sin embargo, dicha premisa pocas veces tenía lugar para el caso chiapaneco. La explotación del café, el plátano y el cacao en Chiapas, requería de mano de obra no especializada que los guatemaltecos también estaban haciendo. La contratación de indígenas guatemaltecos fue preferida para el trabajo agrícola en las fincas, a pesar de que era una labor a la que también se dedicaba la población indígena chiapaneca.

Finalmente, las expresiones antiguatemaltecas tuvieron cierto eco, pues se había comprobado que, entre los peones de las fincas cafetaleras se hizo una práctica común ofrecer información falsa a los aparatos institucionales de migración, pues a pesar de que muchos no podían comprobar su nacionalidad, asentaban ser mexicanos. Así, por un lado, la mayoría se hicieron pasar por chiapanecos y, por el otro lado, era bastante complejo reconocer quién era mexicano y quién guatemalteco en una entidad mayoritariamente rural y campesina, con un nivel elevado de analfabetismo y marginación. De esa forma, los guatemaltecos que residían en Chiapas durante las primeras tres décadas del siglo XX, fueron atacados por dos frentes: por no tener una nacionalidad definida y por ocupar puestos laborales que, según los discursos nacionalistas de la época, “pertenecían” a los mexicanos.

La indefinición de la nacionalidad y la gestión consular: campañas de naturalización

El problema de la indefinición de la nacionalidad llevó a las delegaciones México-Guatemala a discutir dicho asunto, pues se presentó como un tema de alcance internacional. Quedaba claro que debían inscribir a todos los “sin nación”. Sin embargo, primero había que definir quiénes realmente lo eran o quiénes estaban dispuestos a adoptar la nacionalidad mexicana. El Jefe del Departamento de Migración de México, Andrés Landa y Piña,⁴⁵ y su homólogo guatemalteco Eduardo Girón, se reunieron entre agosto y septiembre de 1932 con el fin de resolver dicha dificultad. En la reunión que tuvo lugar en San José, Guatemala, el 24 de agosto de 1932, se estableció que por lo menos 40 000 individuos que se suponía eran guatemaltecos, en realidad eran mexicanos, es decir, que ese número era de aquellos que no habían definido su nacionalidad. La imperante falta de nacionalidad fue justificada desde el compartido contexto histórico entre los dos países, incluso, a la topografía de las fronteras se le atribuyó como factor de dicha problemática. Además, se reconoció la falta de atención de las autoridades federales a los problemas que se presentaban en la frontera sur: “Tantas dificultades se presentan en la determinación de las nacionalidades humanas en nuestras fronteras latinas de América, que durante muchos años los respectivos derechos de muchos de los habitantes han quedado sin definir”,⁴⁶ señaló Landa y Piña.

Para Andrés Landa y Piña y la autoridad federal, registrar y nacionalizar a los “sin nación” en la frontera chiapaneca, también significó frenar la influencia alemana en la región. En Chiapas, la nacionalidad se presentó como tema de soberanía nacional, pues persistían algunos conflictos entre los dos países. En ese tenor, nacionalizar a gran parte de los individuos limitaría la injerencia extranjera, particularmente en el Soconusco. Una de esas estrategias, tema para futuros análisis, fue la dotación de tierras con lo que se intentaba bloquear el avance de los finqueros alemanes. Incluso, Theresa Alfaro-Velcamp, señala que la dotación de tierras en Chiapas, fue un intento del Gobierno mexicano por frenar la influencia de los finqueros, “un golpe de genio en la construcción de la nación”.⁴⁷

Así, los delegados de México y Guatemala reconocieron los inconvenientes que resultaban para los dos países el gran número de habitantes sin nacionalidad que poblaban en la región fronteriza. También denunciaron cierto grado de abuso sobre la falta de nacionalidad:

[…] en tales condiciones hacen valer indistintamente la nacionalidad que en cada caso les conviene, y de allí resulta que ninguno de los dos países pueda catalogarlos como sus nacionales o como extranjeros, sin impartirles, en su caso, la protección consular.⁴⁸

Pero, como hemos visto páginas arriba, el mayor abuso era por parte de los finqueros cafetaleros.

En la reunión de San José, los delegados concluyeron fijar un plazo en el cual esas supuestas 40 000 personas tomarían la decisión sobre la nacionalidad que adoptarían y con ello poner fin a ese problema de apatridismo que se presentaba. Con la reunión México-Guatemala de 1932, Andrés Landa y Piña propuso un censo especial para aplicarse solo en Chiapas. Señaló que ese conteo serviría “para verificar el Registro de Extranjeros que ordena la Ley de Migración Mexicana, es necesario hacer el censo primeramente, para definir la nacionalidad de los afectados […]”.⁴⁹ Se planteó como un medio expedito que determinaría la nacionalidad, escollo principal que entorpecería la aplicación de los registros futuros, particularmente el de 1932. Así, el censo que se llevó a cabo en Chiapas en 1932, también ordenó la investigación de las pruebas que aportarían los “sin nación” para verificar la nacionalidad que querían adquirir definitivamente. Dicha investigación consistía en comprobar la nacionalidad con documentos o con testimonios que pudieran ser considerados fehacientes: datos personales, lugar de nacimiento, nombre de los padres, el tiempo y lugar de residencia. Sin embargo, las autoridades tendrían que presumir la información como verdadera aunque no existiera documento que lo probara,⁵⁰ en otras palabras, se intentaba dotar de nacionalidad de forma sumaria a un gran número de personas, práctica excepcional en la historia de las relaciones diplomáticas y migratorias mexicanas.

Landa y Piña argumentó que un censo en la entidad chiapaneca ayudaría a escuchar las voces de los habitantes sobre la relación sentimental y nacional por la que sentían apego, para de esa forma, integrar al territorio y a la sociedad solo a los que se sintieran mexicanos.⁵¹ Señaló que el resultado sería, que miles de mexicanos se quedarían en su patria. También llegaron a un acuerdo el cual estableció que los individuos cuya nacionalidad no fuera comprobada, su situación migratoria la determinaría la autoridad mexicana, pero “el Gobierno de México no podrá en caso alguno deportarlos a Guatemala por concepto de extranjeros indeseables, y el Gobierno de Guatemala en su caso no queda comprometido a recibirlos en su territorio”.⁵² Es importante subrayar, que además del problema fronterizo y los “sin nación”, a la autoridad mexicana también le importaba la causa nacionalista que estaba en auge en aquellos años, ya que la indefinición de nacionalidad que imperaba en la frontera sur, podía atentar contra el proyecto mestizo posrevolucionario:

La cuestión relativa a nuestra frontera con Guatemala era lo único que mantenía nuestra nacionalidad desunida. […] la República Mexicana es uno de los países más homogéneos y está estrechamente unido, tanto en su historia y en sus tradiciones. Cuando uno viaja a la frontera norte, se encuentra al mismo mexicano de las regiones central y sur.⁵³

Sin embargo, como ya se ha apuntado, las personas que no tenían definida legalmente su nacionalidad, rehuían a los registros por el temor a la expulsión y a la deportación. Manuel Ángel Castillo registró que muchos “sin nación” ofrecían información falsa a los aparatos institucionales de registro y conteo por el temor a la expulsión, y esto funcionó como una estrategia de resistencia.⁵⁴ Landa y Piña finalmente apuntó:

Que una vez definida de esta manera la nacionalidad de todos los actuales residentes de las regiones fronterizas de que se trata, se acepte como legal la residencia de los mexicanos que se encuentran en territorio guatemalteco y la de los guatemaltecos que se encuentran en territorio mexicano, una vez que sean poseedores del comprobante respectivo, y por lo mismo ni unos ni otros sean objeto de deportación por la causa de internación en el país donde residen.⁵⁵

El diseño y la ejecución del censo extraordinario y las averiguaciones para otorgar nacionalidad a un gran número de hombres y mujeres fue llevado a cabo durante octubre de 1932, pero los resultados no fueron los que esperaron, ya que las personas se rehusaron a ser fiscalizadas. Como ya se ha examinado, el trabajo temporal en las fincas cafetaleras, la renuencia a ser censados y el temor a los rumores de deportación, no reportó los 40 000 “sin nación” que había apuntado Landa y Piña, los números no coincidieron con el censo de 1930, es decir, alrededor de 15 000 personas⁵⁶ sin nacionalidad registradas. La aplicación del RNE y la Comisión Demográfica Intersecretarial darían otros resultados.

El Registro Nacional de Extranjeros de 1932 y su aplicación en Chiapas

Sin duda, una de las políticas migratorias mexicanas más importantes de la primera mitad del siglo XX fue el Registro Nacional de Extranjeros de 1932. Dicho registro tuvo como objetivo inscribir a los extranjeros que residían en el país de forma permanente; la fecha de ingreso, su procedencia y conocer las actividades económicas a las que se dedicaban. La información que se obtenía servía para conocer su número exacto independientemente de su nacionalidad, así como para la elaboración de una “estadística capaz de incidir en el proceso de toma de decisiones”.⁵⁷ También, se trataba conocer por dónde habían ingresado al país, saber cuáles era los extranjeros que cumplían con las leyes de migración, cuáles y cuántos habían entrado subrepticiamente, para finalmente, verificar que se dedicaban a las actividades que declararon a la autoridad cuando ingresaron al país. Sin embargo, desde inicios de 1908 se trató de regular la entrada y salida de extranjeros a México mediante diversas restricciones, pues se intentaba mediar el ingreso de colonizadores agrícolas⁵⁸ impulsado durante el llamado porfiriato.⁵⁹ Los primeros registros recogieron datos de media filiación, raza, oficio y ocupación, grado de instrucción y lugar de residencia en México.⁶⁰ Pero, la regulación de 1908 no tuvo mayor trascendencia, ya que como señaló María Elena Ota, sirvieron solo como “unas simples listas de pasajeros que sólo añadían la fecha de ingreso”.⁶¹

Entre marzo y mayo de 1926, formalmente se llevó a cabo en México un registro de extranjeros que intentó inscribir a los foráneos que residían en territorio nacional para de esa forma “reducir el volumen migratorio al establecer que al momento de ingresar al país los extranjeros con intención de residir permanentemente debían poseer una carta de oferta de trabajo”.⁶² Pero ese registro no tuvo el alcance que deseaba el Gobierno federal, pues se aplicó solo en la Ciudad de México. Por otra parte, Manuel Ángel Castillo detectó ciertas paradojas en la Ley de Migración de 1926 mencionada páginas arriba, ya que asegura que se justificaba la conveniencia de frenar la admisión de extranjeros de ciertas nacionalidades, y a la vez, dicha ley “reconocía la necesidad de la inmigración, pero adoptando criterios selectivos en relación con el tipo de inmigrantes que finalmente se debían aceptar”.⁶³

Después de esos dos ensayos en la aplicación de políticas migratorias fiscalizadoras (1908 y 1926), a principios de 1932 se estableció en la República mexicana el Registro Nacional de Extranjeros que se aplicaría a todos los extranjeros que residían de manera permanente o temporal en territorio mexicano. La Secretaría de Gobernación publicó el 25 de febrero de 1932 el reglamento para el registro en el que se establecieron las bases para la inscripción. En junio del mismo año, bajo el mandato de Pascual Ortiz Rubio, se decretó la nueva Ley de Migración en la que se desarrollaron las prerrogativas de los asuntos migratorios y del RNE. El artículo 228 de dicha ley establecía: “Están obligados a inscribirse en el registro todos los extranjeros que tengan de 15 años de edad en adelante, radicados en la República desde antes del primero de mayo de 1926 […]”.⁶⁴ El RNE de 1932 otorgó un plazo de treinta días a partir de la publicación del registro para que los extranjeros se inscribieran y a los que recién habían ingresado a territorio mexicano un plazo de seis meses. El mencionado artículo 228 fiscalizó e investigó a los extranjeros que residían en México, así como los que querían ingresar por primera vez.⁶⁵ En esencia, el RNE fue una política migratoria que funcionó como estrategia de vigilancia que logró escuetos resultados a nivel nacional. Sin embargo, dicha política de registro de la extranjería en México, enfrentaría el problema de los “sin nación” en Chiapas, particularmente en los habitantes de las ciudades fronterizas entre ambos de los dos países.

La aplicación del Registro Nacional de Extranjeros de 1932 en Chiapas evidenció ciertos inconvenientes que no habían sido previstos por el aparato gubernamental. El principal problema fue la indefinición de la nacionalidad de un sector de la población. Ese asunto sin resolver, había sido heredado de la definición de límites de 1882, por lo cual se hacía indispensable legitimar quién era mexicano y quién guatemalteco, es decir, dotar de nacionalidad a los “sin nación”. Por el contexto histórico en el que estaba enmarcada la relación México-Guatemala, en el caso de los guatemaltecos se volvió complejo registrarlos ya que un gran número no pudieron comprobar su nacionalidad. Por un lado, muchos se consideraban guatemaltecos a pesar de vivir en territorio mexicano y otros, se consideraban mexicanos aunque vivieran del otro lado de la frontera sur. El problema de la nacionalidad fue el principal obstáculo al momento del registro, ya que aquellos que residían en Chiapas antes de 1926 no fueron inscritos en ningún padrón oficial y en el mismo caso se encontraban los que residían de manera temporal en la entidad o trabajan en las fincas cafetaleras. Por lo anterior, el RNE de 1932 arrojaría números que no cuadraban con los censos oficiales.

Sin embargo, a diferencia de otras entidades mexicanas, el RNE aplicado en Chiapas, y solo en el caso de los “sin nación”, además de la inscripción al registro, tuvo como objetivo determinar la nacionalidad de aquellos que no la podían comprobar o no sabían a cuál nacionalidad pertenecían. Aunque este objetivo no estaba escrito en la letra de la ley, asentar el estatus nacional fue un inconveniente que se tenía que resolver al tiempo que se aplicaba el RNE. La aplicación del registro a los guatemaltecos en Chiapas, abrió una cloaca de problemas que fueron ignorados por mucho tiempo por el Gobierno mexicano. Así la inscripción al RNE en la entidad impulsó otro proceso del fenómeno migratorio en Chiapas: la naturalización.

Dicho lo anterior, es oportuno señalar que una de las dificultades que se presenta para intentar diseñar un perfil de la población guatemalteca en México de las primeras décadas del siglo XX, está relacionada directamente con las limitaciones que presentan los registros, los censos y, en general, todas las fuentes, pues estas tienen sesgos numéricos que pocas veces pueden ser analizados comparativamente. Entonces, los resultados del RNE que se aplicó en Chiapas en 1932 son los siguientes. En primer lugar, varios han sido los factores que provocan ciertas disparidades numéricas en los resultados, ya que por un lado, los censos informan que existe un cierto número de guatemaltecos en México, pero los resultados del registro señalan otro. ¿A qué se atribuye esas disparidades numéricas? Como ya se ha señalado, las fuentes y la historiografía han sugerido que los factores principales fueron: el analfabetismo, ignorancia, temor a la expulsión o a la deportación, falta de documentación que comprobara nacionalidad, amenaza de empleadores, la temporalidad del trabajo agrícola y aportar información falsa al aparato institucional de registro y censo.

En ese sentido, el RNE registró 2 565 guatemaltecos en México⁶⁶ que residían temporal y permanente. Sin embargo, el censo de 1930 había contado 17 023 personas. Aquí se puede observar una diferencia sustancial de 14 458 personas sin registrarse ¿Quiénes eran esos 14 458 guatemaltecos que decidieron no registrarse y por qué razón? Ya se ha señalado algunas probables respuestas de la resistencia al registro, sin embargo, también es necesario subrayar que la inscripción al RNE por ley tenía un costo de 10 pesos por persona y en Chiapas llegó a alcanzar el exorbitante costo de 57.10 pesos.⁶⁷ El gran número de individuos que en apariencia no quiso registrarse, probablemente eran indígenas dedicados al comercio, a las actividades agrícolas temporales, y el salario que percibían en una finca cafetalera era aproximadamente de 15 pesos mensuales, y con ese salario era casi imposible cumplir con la ley y con el pago del registro.

Por otro lado, de los 2 565 guatemaltecos registrados en todo el país, 50.76 % (1 302 personas) fue bajo la fórmula 5 (migrante temporal) y el 49.34 % restante bajo la fórmula 14, como residentes permanentes.⁶⁸ Lo que interesa de los porcentajes anteriores, es que casi la mitad de la población guatemalteca registrada tenía actividades temporales en territorio mexicano, y los de residencia permanente estaban distribuidos en otras regiones del territorio nacional. Sin embargo, de esas 2 565 personas registradas, 1 651 residían de forma temporal o permanente en Chiapas: 885 trabajan de manera temporal pero residían en alguna ciudad fronteriza de Guatemala; 766 guatemaltecos residían permanentemente en Chiapas; 676 estaban distribuidos en otras regiones del territorio nacional y los 238 restantes no asentaron el lugar de residencia.⁶⁹

El RNE también contabilizó 51 ciudades por las que ingresaban los guatemaltecos, aunque esta información muchas veces no concuerda con ciudades fronterizas, lo que no necesariamente implica que se ofreció información falsa, más bien, registró el lugar en el que estaban laborando. Del total de los registrados 1 488 individuos no dijeron por cuál ciudad ingresaron a territorio mexicano. Sin embargo, fueron diez las ciudades que sobresalieron por su importancia en el tránsito de guatemaltecos. Así, en orden descendente el que mayor número de ingresos fue por: Mariscal (211), Unión Juárez (193), Suchiate (163), Tuxtla Chico (119), Amatenango (63), Niquivil (58), El Talismán (51), Mazapa de Madero (42), Tapachula (35) y Veracruz.⁷⁰

Es necesario señalar que de los 2 565 individuos registrados, 2 306 (89.90 %) nacieron en alguna ciudad de territorio guatemalteco; 148 en Chiapas (5.77 %); 64 declararon haber nacido fuera de México y Guatemala; 31 nació en otra entidad mexicana y solo 16 no definieron su nacionalidad.⁷¹ Por lo anterior, puede suponerse que los nacidos en Chiapas o en otra población mexicana, presumiblemente tenían nacionalidad guatemalteca de sus padres y no optaron por la mexicana llegada la mayoría de edad como lo establecía la ley.

En cuanto a las fincas cafetaleras, se registraron 55 como centros laborales o económicos. Del total de los guatemaltecos inscritos en el RNE, solo 148 individuos declararon tener lugar de residencia fija en alguna finca cafetalera. De esos 148 solo 13 dijeron haber nacido en Chiapas, es decir, que los 135 restantes (91 %) eran de origen o se consideraban guatemaltecos. Otra vez, esos números fueron muy bajos respecto a lo que registró el censo de 1930.⁷² Los 135 guatemaltecos distribuidos en 55 fincas, también es un número realmente bajo si consideramos el gran número que ingresaban a trabajar en el café.

El RNE de 1932 no tuvo los resultados esperados, pues los 16 385 guatemaltecos que residían en Chiapas y que fueron censados en 1930, solo se registraron 1 651 en 1932. Ahora sabemos, que la renuencia al registro fue ocasionado por diversos factores como el elevado costo del registro, el temor a la deportación, la pérdida del trabajo y probablemente la coerción que ejercieron los empleadores, particularmente en la fincas cafetaleras. El RNE en Chiapas y su doble objetivo de impulsar la naturalización a los “sin nación”, no fue exitoso. Sin embargo, dicho fracaso fue subsanado por la Comisión Demográfica Intersecretarial.

La Comisión Demográfica Intersecretarial

Dos años después de la aplicación de la creación y la aplicación del RNE, el 18 de marzo de 1935 se creó la Comisión Demográfica Intersecretarial (CDI), la cual estuvo integrada por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Departamento Agrario⁷³. La creación de la CDI, fue otro de los mecanismos que pretendía responder a los problemas que causaba la falta de registro y confusión en la nacionalidad de algunos pobladores que residían en la frontera chiapaneca. Dicha comisión, también respondió a las necesidades de naturalización que no se lograron en años anteriores. De forma sumaria, la CDI naturalizó a aquellos que habían perdido la nacionalidad con la firma de los Tratados de 1882; a los que no se registraron y naturalizaron con el RNE en 1932; a los nacidos en territorio mexicano pero de padre y madre guatemaltecos, y finalmente los trabajadores guatemaltecos, cuya situación respondería a “las agitaciones políticas en la región y la demanda de fuerza de trabajo”.⁷⁴ En resumen, los objetivos principales de la CDI eran:

[…] estudiar, proponer y ejecutar acciones tendientes a resolver la ausencia de nacionalidad en la mayoría de los pobladores de la región fronteriza […] Los guatemaltecos y sus hijos carecían de documentación que acreditara su nacionalidad. Y en iguales circunstancias estaba la mayoría de los mexicanos que trabajaban en las fincas.⁷⁵

De esta forma, una gran cantidad de guatemaltecos aprovecharon los trabajos de la CDI para adquirir la nacionalidad, y por lo tanto, adquirir también derechos ciudadanos y de propiedad por el reparto agrario, o simplemente para fines prácticos querían volverse mexicanos, para amortiguar las políticas de control migratorio que se estaba intensificando en aquella región del país. Por ejemplo, en 1937 Luisa Tepec Cajas se acercó a la CDI para naturalizarse mexicana. Había nacido en Tuxtla Chico, Chiapas. Nunca se registró como mexicana. Tenía 70 años de edad, y no podía probar ser mexicana. El presidente de Tuxtla Chico escribió una carta en la que ofrecía antecedentes de la interesada para ser naturalizada:

[…] es persona enteramente de reconocida honradez y trabajadora, y que hace como 25 años que radica en esta Villa, por lo que es conocida como nativa del propio lugar, por tener sus trabajos de comercio junto con sus hijos en dicho lugar y que nos consta conocerla en todo el tiempo que esta señora manifiesta, habiendo fallecido su esposo en esta.⁷⁶

“Los sin nación”, también acudieron a la CDI cuando su falta de nacionalidad afectó su cotidianidad. Así, otro caso es el de Eleuteria Citalán que en 1942 realizó un viaje a Tejutla, Guatemala. Pero cuando quiso regresar a México, la autoridad migratoria no se lo permitió. Citalán trabajaba como empleada doméstica en Unión Juárez, Chiapas. Su empleadora tuvo que escribir una carta y realizar las gestiones para que Eleuteria regresara a laborar. Para comprobar su residencia por más de 22 años en dicho poblado chiapaneco, Citalán presentó dos cartas de recomendación de un antiguo empleador y de la empleadora con quien trabaja ese año. Las cartas aseguraban que tenía el tiempo de residencia que había señalado e insistía ampliamente sobre su honradez y buena conducta.⁷⁷ Los trámites los hizo su empleadora, pues Citalán no sabía leer ni escribir, y fue hasta el 3 de junio de 1943 que recibió su carta de naturalización mexicana autorizada por la CDI.

Según Pablo Yankelevich la CDI pudo haber funcionado como una especie de registro civil, dotando de cartas de naturalización mexicana tanto aquellos que habían nacido en Guatemala, como a los mexicanos que no tenían clara su nacionalidad de origen.⁷⁸ En ese sentido, Sandra Gerardo señala que es difícil conocer el número exacto de naturalizados, pero en una aproximación señala que entre 1936 y 1947, fueron expedidas 3 000 cartas de naturalización, 2 000 certificados de opción y otras 3 000 estaban en trámite cuando finalizaron las trabajos de la CDI.⁷⁹

Las campañas de naturalización y de RNE que tuvieron lugar en Chiapas entre las décadas de los veinte y treinta, Yankelevich ha señalado que se llevaron a cabo por cuatro asuntos: primero, para que se definiera la nacionalidad de aquellos indígenas de comunidades rurales que habían tenido nacionalidad guatemalteca en el siglo XIX; en segundo lugar, por la crisis económica de 1929 se había engendrado mayor hostilidad en contra de los jornaleros guatemaltecos que estaban “ocupando” puestos laborales que “pertenecían” a los mexicanos; en tercer lugar, el Gobierno federal buscó responder a los reclamos campesinos, ya que muchos quedaron al margen del reparto agrario y del proceso revolucionario; finalmente, por medio de la política indigenista posrevolucionaria, se intentaba integrar a los indígenas al proyecto de nación mestiza.⁸⁰

Reflexión final

A lo largo del análisis se desarrolló una primera aproximación sobre la aplicación del RNE de 1932 en Chiapas. Los objetivos que planteó el RNE fueron diseñados para ejecutarlos en todo el país, sin embargo, su aplicación a los guatemaltecos mostró una serie de inconvenientes que las leyes de migración no tenían previstas. Dichas leyes no tomaron en cuenta los procesos históricos por los que había transitado la frontera sur: la anexión de Chiapas a México en 1824 y la cesión del Soconusco a territorio mexicano en 1882. Dichos procesos históricos dejaron un vacío institucional en la nacionalidad de un gran número de personas. Pero, con la introducción de las leyes migratorias mexicanas en las primeras décadas del siglo XX se frenó el libre tránsito entre los dos países. La idea de que la línea divisoria era algo imaginario de pronto se volvió algo tangible, las relaciones históricas que unían a México y Guatemala pasaron a segundo plano, y la falta de nacionalidad se volvió un asunto de Estado.

Con la llegada de las fincas cafetaleras a Chiapas, aumentó de manera considerable la visibilidad de los jornaleros guatemaltecos, fenómeno que destapó el problema de nacionalidad, la ilegalidad de su estatus migratorio, la temporalidad de su trabajo y el aseguramiento de mano de obra barata. En ese sentido, con la aplicación del RNE de 1932 se observaron algunas dificultades que no se tenían previstas: la falta de nacionalidad de un gran número de chiapanecos significó que, tanto el Gobierno mexicano como guatemalteco, no se preocuparon por registrar, censar o dotar de nacionalidad a aquellos que estaban poblando aquellas regiones en disputa. Solo con el establecimiento de la Comisión Demográfica Intersecretarial, se llevó a cabo un proceso de naturalización masiva que terminaría por definir la ciudadanía, la soberanía y los límites de la nación sobre un territorio y una frontera abandonada. Las políticas fiscalizadoras de registro evidenciaron el olvido de la frontera sur mexicana, lo cual generó un vacío en materia migratoria. Ese vacío, impulsó que centenares de guatemaltecos y mexicanos transitaran libremente. El problema mayor fue que algunos “sin nación” fueran explotados en algunas fincas cafetaleras, tanto mexicanos como guatemaltecos. Así, los fenómenos migratorios que históricamente han tenido lugar en la frontera sur de México, en primer lugar, tiene que ser analizado desde la ciencia histórica para entender su complejo presente.

Hasta hace algunos años, ingresar por la frontera de Chiapas a México fue relativamente fácil. Aun podemos ver las grandes deficiencias de los puestos migratorios y las aduanas, así como el flujo constante de personas que cruzan el Suchiate sin ningún control o autoridades entrenadas para regular su ingreso de manera digna. La frontera sur, después de casi cien años, sigue descuidada y poco atendida, solo a partir de políticas racistas y restrictivas del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos (20 de enero de 2017-20 de enero de 2021), se ha puesto más o menos ciertas regulaciones, sobre todo después de la atención que produjo la primera caravana migrante que tuvo lugar en octubre de 2018. Este estudio puso en el centro del análisis el problema y la discusión sobre las nociones de frontera, nacionalidad y ciudadanía, discusión tan pertinente en una época donde ciertos nacionalismos latinoamericanos han surgido.