En medio de la polémica internacional sobre la ciencia abierta y el gran negocio que representan las grandes editoriales y bases de datos que concentran publicaciones financiadas con fondos públicos, en México se dio un paso en concreto hacia el fortalecimiento de la política de libre acceso con la última modificación hecha al artículo tercero de nuestra Constitución.

La undécima enmienda al artículo que regula la educación del país señala a la letra en su fracción V:

Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes, conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia; además alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.

La parte formal está hecha, ahora habrá que llevar eso a la práctica y aplicarlo a la normatividad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que mucho se habla de estar en vías de reestructuración e incluso cambio de nombre, pero que en la práctica continúa igual que antes, haciendo caso omiso a lo establecido en la ley suprema.

Mientras la Carta Magna garantiza “el acceso abierto a la información que derive” de “la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica”, siguen existiendo revistas con cobro de cuotas no solo por publicar en ellas, sino también para acceder a sus contenidos. Ciertamente podrá decirse que al ser de instituciones privadas no son costeadas con fondos públicos, pero quienes en ellas escriben ¿no gozan de esos “recursos y estímulos” al pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores, o haberse formado becados en algún programa del Programa Nacional de Posgrados de Calidad?

Por otra parte, al menos en las Ciencias Sociales y las Humanidades, donde se inscriben los contenidos de Intersticios Sociales, se incurre en una contradicción cuando se habla del fomento y difusión a la ciencia y la cultura de libre acceso, pero al momento de evaluar la productividad de los investigadores se siguen privilegiando las publicaciones hechas en revistas indexadas por bases de datos que generan un lucro (Scopus, WoS), tomando como publicaciones de menor calado aquellas que hasta la fecha nos hemos resistido a lucrar con el conocimiento que legalmente debe ser asequible para todo público, pese a presentar los mismos niveles de exigencia y calidad académica de contenidos.

De la labor de los editores y directores de revistas mexicanas, sin la menor intención del autoflagelo ni de postularse al martirologio, que son quienes dedican decenas de horas a dar cumplimiento a las exigencias académicas que deben tener las revistas científicas, simplemente parecieran no existir. Es una tarea que se invisibiliza a la hora de evaluar la producción científica de un investigador, como si las revistas en automático hicieran todo el quehacer y las plataformas digitales no fueran alimentadas por alguien que hace la labor para que otros colegas cumplan con su encomienda de difundir el conocimiento que van generando. Pero es un círculo vicioso que en algún momento deberá convertirse en uno virtuoso: no se reconoce al director, ni al editor, pero tampoco el trabajo de los revisores de artículos, a quienes en teoría se les debería dar el respectivo crédito por ser reconocidos como autoridades en su materia y, por ende, dignos de fungir como árbitros ante sus pares académicos. ¿Entonces cómo la propia Constitución habla de la difusión de la ciencia y la cultura, pero a quienes laboran en dar cumplimento a ello no se les reconoce tal labor?

Sin duda, México ha dado un gran paso hacia la ciencia abierta, ojalá que se siga fortaleciendo esta tendencia y verdaderamente se cumpla a cabalidad el precepto constitucional de fomentar y garantizar la investigación, innovación y difusión de las ciencias, humanidades, cultura e innovaciones tecnológicas.