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Introducción
En el marco del clima de violencia que existe actualmente en el Municipio de Acapulco de Juárez, en este artículo busco conocer ¿de qué manera las organizaciones de la sociedad civil mediante la cohesión y controlaría social contienen y previenen la violencia?
Según datos de la Presidencia de la República, en la Base de Datos de Fallecimientos Ocurrido por Presunta Rivalidad Delincuencial, en 2009, Acapulco de Juárez ocupaba el sexto lugar del país en los asesinatos con 158 (en términos absolutos). Sin embargo, tan solo un año después, en 2010, ya estaba en cuarto lugar con 370. Esto significa que es el quinto municipio del país con mayor aumento en cuanto a ejecuciones, solo por detrás de Juárez, Chihuahua, Mazatlán y Tepic.1 Se desconocen los datos actuales, debido a que esta base dejó de actualizarse por motivos no especificados, a partir de 2010.
Por contención de la violencia, entiendo todas las actividades encaminadas a aminorar la violencia en cuanto sus prácticas y actividades violentas, así como proteger y fomentar el cuidado de la vida.
Por prevención de la violencia, siguiendo a Triana (en prensa) entiendo que:
[…] consiste en acciones enmarcadas en la legitimidad legal pero ajenas a la sanción penal que, en el ámbito de lo público, conducen a disminuir la probabilidad de ocurrencia del delito en el corto, mediano y largo plazo, producto de la disminución simultánea de delincuentes, delitos cometidos, víctimas y daños ocasionados, a través de medidas que atienden factores de riesgo y protección de carácter: individual, social, comunitario y focalizado […].2
También me intereso en la capacidad de las organizaciones para llevar a adelante con sus actividades dos procesos interrelacionados, pero diferenciables. En primer lugar, la cohesión social, es decir, la construcción incluyente y participativa de lazos de solidaridad o ayuda mutua y mecanismos de protección que permitan dar resoluciones colectivas, dialogadas y consensuadas, a las necesidades cotidianas de la comunidad. En segundo lugar, la contraloría social, es decir, el desarrollo de mecanismos autónomos, participativos y efectivos de contrapeso al gobierno municipal que exijan rendición de cuentas, transparencia, eficacia, legalidad y honradez.3
Incrustación, cohesión y contraloría social: categorías de análisis
Mi presupuesto es que las actividades de las organizaciones civiles, cuando están incrustadas con la comunidad y con otras organizaciones, así como cuando desarrollan mecanismos de cohesión y contraloría social, pueden funcionar como instancias de contención de la violencia. A la inversa, si sus actividades no están incrustadas y, además, no coadyuvan en la cohesión y contraloría social, estas no pueden funcionar como instancias de prevención y contención de la violencia.
El punto de partida de la investigación fue el diagnóstico territorial de las causas sociales de las violencias elaborado por Jusidman et al., en 2011,4 en particular, la sección metodológica dedicada a las organizaciones sociales. Aunque añado otras dimensiones y aspectos a su análisis, este trabajo buscó ser una réplica del diagnóstico aplicada a la situación de las organizaciones de la sociedad civil en el municipio de Acapulco.
En este sentido, se trata de un análisis descriptivo y exploratorio debido a que, hasta el momento, no existen investigaciones que traten de manera conjunta organizaciones de la sociedad civil y la relación con la violencia y su prevención en Acapulco, a pesar de ser uno de las ciudades más peligrosas del país desde 2007. La finalidad de este estudio es profundizar y comprehender los significados y sentidos que dan los propios entrevistados. Se trata de un análisis comprensivo y su principal análisis es cualitativo, aunque se apoya en datos cuantitativos a modo de radiografía de una situación que permita, posteriormente, con los relatos una mayor profundización.
Realicé un análisis de contenido, si bien es una técnica de análisis heterogénea con varias aristas, en este estudio me centré como indica Fernández5 “[…] En sus características internas: para conocer los valores en que se basa, los principios que apoya, los mensajes que pretende transmitir […]”.6 El objetivo era describir “[…] las semejanzas y diferencias […]”7 de las organizaciones para poder “[…] Identificar actitudes, creencias, deseos, valores, centros de interés, objetivos, metas, etc., de personas, grupos, organizaciones […]”.8
Es un trabajo exploratorio porque hasta el momento en la búsqueda bibliográfica, no he encontrado investigaciones que aborden específicamente la relación entre las actividades de contraloría y cohesión social de las organizaciones de la sociedad civil para la prevención y contención de la violencia en el municipio de Acapulco. Existe, en general, poca información sobre Acapulco y violencia. Dentro de las que lo abordan, se trata de investigaciones recientes y la calidad de las publicaciones es variable. Estas van desde entrevistas a especialistas e intelectuales sobre cómo abordar la problemática hasta artículos académicos de mayor rigurosidad científica. Algunos autores abordan la repercusión de la violencia en el turismo como Gutiérrez,9 Grigoriadis y Cuddehe,10 Cattan11 y Agren.12 También están los autores que estudian la percepción de la violencia Triana13 y Ríos.14 El primero de ellos lo hace basándose en la misma encuesta que uso en este trabajo y aborda los mismos polígonos señalados por el Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED) como más delictivos. Sin embargo, no se centra como tal en el papel de las organizaciones, sino en la percepción de la muestra en cuanto a inseguridad. Este es el trabajo más cercano al propuesto aquí, pero es cuantitativo y no profundiza en los significados que dan los encuestados. Dentro de la bibliografía encontrada, hay dos autores que analizan el caso Ayotzinapa Marco Jiménez15 y Mariana Mora.16 Otra autora que estudia la relación entre la violencia y participación electoral es Sandra Ley.17 Por último, Rivera18 (2015) y Llana19 (2006) se centran en la expansión de la violencia en otros estados, pasando de Ciudad Juárez o Michoacán a Guerrero, en concreto, en Acapulco. Para Rivera, Acapulco es la ciudad más violenta del país para en el año 2012 y 2013, remplazando así a Ciudad Juárez.
Incrustación y cohesión social
Como se afirma en el diagnóstico citado, en principio, las organizaciones pueden ser de distinto tipo: económico-gremiales (sindicatos, asociaciones empresariales, ligas profesionales), religiosas (iglesias), urbanas, de asistencia privada (siempre que no persigan el lucro), movimientos sociales, organizaciones de base, organizaciones de la sociedad civil y redes sociales (deportivas, culturales, vecinales, también bandas o pandillas de barrio). También se incluyen, en menor medida, las redes familiares y entre localidades (aquellas que establecen relaciones con otros municipios, estados y/o con el extranjero). En mi estudio confluyen, bajo el rótulo de “organizaciones civiles”, ejemplos de los diversos tipos de organizaciones municipales.
En este sentido, se trata de analizar, en primer lugar, cuántas son (número) y qué hacen (actividades). En segundo lugar, cómo se vinculan con los habitantes del municipio y entre ellas mismas, bajo la presunción de que mientras el arraigo de las organizaciones sea profundo en la población y más estrechas sean las relaciones de las organizaciones entre sí, se dará una densidad más profunda del tejido organizativo y asociativo municipal. Siguiendo a Karl Polanyi, a esta interpenetración, vertical en relación con la comunidad y horizontal entre las organizaciones, lo llamé incrustación.20
En cuanto a la cohesión social, cabe señalar que no solo las políticas públicas y la gestión gubernamental orientadas a la “procura existencial”,21 sino también las organizaciones sociales, civiles y comunitarias pueden cumplir una función decisiva para la cohesión, es decir, para la inclusión y participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y la defensa de sus intereses, en el marco de una democracia local.22 En relación a la violencia, las organizaciones, a través de la intermediación, podrían evitar y solucionar conflictos, ayudando en el involucramiento participativo de la ciudadanía, difundiendo la cultura de la paz y los servicios sociales que atienden problemas cotidianos que, por distintos motivos, el gobierno municipal no cubre (por ejemplo, opciones de esparcimiento en el tiempo libre para niños, niñas y jóvenes). Cuando sus actividades obtienen resultados satisfactorios (“buenas prácticas”), estas constituyen experiencias ejemplares que pueden ser replicadas en otras áreas, zonas o sectores sociales problemáticos.
En este sentido, resulta útil para un diagnóstico establecer el mapa de organizaciones que señale cuántas organizaciones existen; cuáles son sus temas, objetivos y actividades; quiénes las integran; con qué poblaciones y otras organizaciones están vinculadas; cómo son percibidas por los habitantes; si prestan o no servicios sociales a personas y familias y cuáles son; si promueven o no la inclusión y la participación ciudadana en los asuntos públicos; si proponen o no soluciones colectivas de los problemas municipales y, en particular, a la prevención y contención de la violencia; si llevan a cabo prácticas que puedan ser replicadas en otros contextos. Asimismo, es preciso conocer, por un lado, si el gobierno municipal (y a veces estatal) cuenta con mecanismos de apoyo y promoción de tales organizaciones y de la participación ciudadana. Por otro lado, conocer si las organizaciones participan e inciden efectivamente en asuntos públicos y el desarrollo de políticas y programas gubernamentales.
Contraloría social
Los mecanismos sociales de control son aquellos que, bajo la forma de contraloría social, funcionan como contrapesos a la actividad gubernamental del municipio.23 Incluyen, por ejemplo, consejos consultivos, comités de vigilancia u observatorios ciudadanos, y se desarrollan en áreas como los derechos humanos o el acceso a la información. Mi estudio también atendió a este tipo de organizaciones y actividades.
En general, constituyen todos aquellos mecanismos sociales de seguimiento, fiscalización, opinión y evaluación de la actividad gubernamental (decisiones, políticas públicas y, en general, gestión de gobierno). Persiguen fundamentalmente dos objetivos. En primer lugar, aspiran a asegurar que las autoridades municipales estén sujetas al principio de rendición de cuentas.24 Cuando estos mecanismos funcionan, los políticos, funcionarios y servidores públicos locales, en este sentido, están obligados de forma permanente a ofrecer información y justificaciones públicas de sus acciones, bajo la posibilidad efectiva de ser sancionados, por las instancias competentes, en los casos de incumplimiento de sus deberes legales. En segundo lugar, buscan garantizar que el gobierno y la administración municipal se orienten por los principios de transparencia, eficacia, legalidad y honradez. De esta manera, el cometido principal de los mecanismos sociales de control es restringir, mediante contrapesos efectivos, el poder gubernamental y proteger los derechos ciudadanos (civiles, políticos, sociales, culturales) frente a la autoridad, es decir, ayudar en la construcción, mantenimiento y profundización del Estado democrático de derecho a nivel local.25
Las condiciones fundamentales para que tales mecanismos cumplan con sus objetivos son la autonomía respecto al gobierno y la participación ciudadana, no solo mediante la enunciación de necesidades, intereses y demandas, sino también con la participación directa en consejos y órganos de dirección y/o en la elección de directivos. La autonomía y la participación permiten que los mecanismos operen como instancias de intermediación entre la sociedad y el gobierno, de modo que, si estas condiciones no están aseguradas, se puede decir que no hay formas de contraloría social a nivel municipal.
Al igual que en el caso de las organizaciones civiles, es preciso conocer su número e influencia en las tareas de contraloría; el nivel de desarrollo de los organismos autónomos; la calidad de su desempeño; y el comportamiento de las autoridades municipales frente a estos mecanismos, principalmente, si coadyuvan o limitan el ejercicio de sus actividades contraloras. Resulta especialmente relevante dar cuenta de la capacidad de influencia o incidencia que los mecanismos tienen en el municipio, en otras palabras, si efectivamente fortalecen el ámbito de los derechos ciudadanos y la sociedad civil o son solo instrumentos de consulta sin capacidad efectiva de decisión y control sobre el gobierno.
En resumen, las categorías utilizadas para realizar el análisis fueron, en primer lugar, la incrustación organizativa, es decir, el tejido de relaciones de las organizaciones con la comunidad (vertical) y de las organizaciones entre sí (horizontal). En segundo lugar, la cohesión social en el sentido de mecanismos incluyentes y participativos de ayuda mutua y protección que buscan resolver de un modo consensuado necesidades comunitarias. En tercer lugar, la contraloría social, esto es, mecanismos autónomos, participativos y efectivos que contrapesan la actividad del gobierno municipal. Mientras la incrustación y la cohesión social enfatizan las relaciones entre organizaciones y comunidad, y entre unas y otras organizaciones, la contraloría social enfatiza la relación entre organizaciones y comunidad con el gobierno.
Cuestiones metodológicas
La fuente principal de información que sostiene mi argumento fueron entrevistas cualitativas realizadas en 2016. Como mi objetivo era conocer las actividades de las organizaciones y su posible actividad respecto a la contención y prevención de la violencia, las entrevistas se realizaron fundamentalmente a integrantes de tales organizaciones. Estos fueron informados de los objetivos del diagnóstico, asegurando a los informantes la confidencialidad estricta y el uso exclusivamente académico de la información que nos proporcionaran.
La información preliminar sobre las organizaciones fue recopilada en enero de 2016. El propósito no solo era contar con aquellas organizaciones que estuvieran legalizadas, sino también con otras que pudieran ser comunitarias, vecinales, etc. La información fue extraída de: SEDESOL, Revista de Red de Apoyo Joven del Ayuntamiento de Acapulco y del Instituto Municipal de la Juventud, la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), Donatarias Autorizadas-cemefi.org (publicadas en el Diario Oficial de la Federación). De manera complementaria, se acudió al Directorio General de organizaciones registradas ante el gobierno.26 Asimismo, siempre que fue posible, se utilizó la técnica “bola de nieve” para ubicar informantes, es decir, preguntar a los propios integrantes de las organizaciones si conocían a otros integrantes que estuvieran dispuestos a responder nuestra entrevista.
A partir de esta información, se elaboró una base de datos que funcionó como un directorio de organizaciones municipales. En cuanto a la información general, me interesé por el nombre de la organización, su fecha de constitución, el número de personas que la integraban, el número de líderes (delegados, coordinadores, etc.), y sus nombres, si aparecían en algún registro o directorio del gobierno, el tipo de organización (No legalizada, legalizada como AC, IAP,27 SC,28 o de otro tipo), colonias (polígonos) en las que desarrollaba sus actividades y dirección postal.
Para las entrevistas se elaboró un guion de preguntas diseñado a partir de un conjunto de indicadores, que fueron los siguientes: 1) número de asociaciones; 2) nombre de las asociaciones; 3) tipo de organización (legalizadas en AC, IAP, SC, no legalizadas, gremiales, sindicales); 4) forma de organización (liderazgo y participación); 5) objetivos de las organizaciones (funciones, metas); 6) temas y actividades; 7) relación con el gobierno local; 8) servicios ofrecidos (cuántos, cuáles, a quiénes); 9) mecanismos de exigibilidad (consulta, defensa y ampliación de derechos); 10) mecanismos de mediación con la representación gubernamental (interlocución, evaluación y monitoreo de la gestión gubernamental); 11) mecanismos propuestos por el gobierno (control y fomento de la participación).
El tipo de entrevista que se utilizó fue semiestructurada, es decir, con preguntas relativamente abiertas y relativamente cerradas. En cada una se hizo un total de 10 preguntas, a las que habría que agregar aquellas que iban dirigidas a conocer información básica.
En un principio, se pensó realizar entrevistas grupales, debido a que podía resultar una manera óptima de encontrar información relevante y plural. Sin embargo, no siempre fue posible y, finalmente, pocas entrevistas fueron grupales. En los otros casos, entrevistamos a personas que tuvieran alguna responsabilidad dentro de la organización, es decir, que pudieran responder, en algún sentido, por ella: voceros/as, presidentes/as, directores/as o el nombre que la organización empleara para referirse a tales cargos o puestos.
El contacto con las organizaciones siguió un procedimiento predeterminado. Se llamó telefónicamente al listado completo de organizaciones en cuatro ocasiones diferentes. En caso de no recibir respuesta, se reportara un teléfono equivocado, fuera de servicio o atendiera el buzón de voz, se enviaba un correo electrónico donde se indicaba el deseo de hacer la entrevista, el propósito de la investigación y la información de la persona encargada de entrevistar. Si la organización no respondía el correo, se volvía a llamar y, de no obtener respuesta positiva, se volvía a enviar el mensaje (hasta en cuatro ocasiones).
En general, todas las organizaciones que respondieron nuestra llamada también aceptaron responder la entrevista. Solo tres de ellas no lo hicieron. Una solicitó mayor información, por lo que se le facilitó la metodología, el guion de entrevista y el proyecto. Finalmente, después de unos días y de preguntar a las oficinas centrales de la organización en la Ciudad de México, se negó a conceder la entrevista, por estar trabajando con víctimas en la Colonia Jardín y por el poco tiempo que llevaba en el lugar, lo que incrementaba su vulnerabilidad (en concreto, la de las víctimas). Otra organización accedió a responder la entrevista en las cuatro ocasiones, pero el día de la cita no se presentó por una agenda laboral apretada. Por último, algo similar pasó con una entrevista ya programada. En este caso, la persona a entrevistar no acudió al lugar convenido y dejó de responder llamadas y mensajes.
Una forma de contactar y generar confianza con rapidez consistió en agregar a las personas a entrevistar a la aplicación de WhatsApp, de tal modo que pudieran desde allí hacer las preguntas que consideraran pertinentes antes de la entrevista, vieran una foto y supieran que alguien estaba al otro lado. Por razones de confidencialidad, no publico el nombre de la organización. También para asegurar el anonimato, se restringieron las fuentes, es decir, los nombres de las organizaciones. Para ello se asignó un número de entrevista.
Todas las preguntas realizadas se respondieron puntualmente. En general, la mayoría de las organizaciones, después de hacer las preguntas, se mostró abierta a participar y respondió todas las preguntas. Ninguna de las organizaciones a las que se entrevistó abandonó la entrevista mientras esta se desarrollaba. Todas las finalizaron. Se mostraron disponibles por si se requería mayor información y me instaron a compartir con ellas los resultados de la investigación.
De enero a marzo se hizo el levantamiento de entrevistas. En total se hicieron 34 entrevistas dentro de un conjunto de 126 organizaciones. Por lo delicado del tema que analizo en esta investigación, aunque cuento con un directorio, las bases de datos y las transcripciones de las entrevistas, he decidido suprimir los nombres de las organizaciones que amablemente participaron en las entrevistas y me ofrecieron sus puntos de vista.
También se elaboró un mapa georeferencial de organizaciones con la ayuda de la herramienta ArcGis, a partir del directorio de organizaciones realizado previamente. Se hizo con un total de 81 organizaciones. Se siguieron dos criterios de ubicación de las organizaciones: a) el domicilio postal; b) las zonas del municipio donde realizaban sus actividades.
Finalmente, utilizo algunos datos de la encuesta PRONAPRED,29 realizada en 2015, referidos a la percepción ciudadana de las organizaciones de la sociedad civil, su relación con la comunidad y la participación ciudadana, en el contexto de la prevención de la violencia. La encuesta se hizo con un muestreo por conglomerados en varias etapas. La muestra se obtuvo de manera aleatoria. Se hizo un total de 831 encuestas en 5 colonias de la ciudad (Petaquillas, Renacimiento, Progreso, Zapata, Jardín), respetando la proporcionalidad de sexo y edad. Estas cinco colonias fueron seleccionadas por el Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED), al ser consideradas desde 2012 como “focos rojos” del municipio en cuanto a crimen organizado, desigualdad y violencia.
Testimonios de las organizaciones civiles: análisis
Incrustación organizativa y cohesión social
En el siguiente cuadro se muestra la distribución de la sociedad civil en el municipio de Acapulco. Como se ve, la sociedad civil se concentra en aquellas colonias (polígonos) en las que el gobierno estatal, a través de PRONAPRED, ha puesto mayor atención y financiamiento, a saber, Renacimiento, Progreso, Petaquillas, Jardín y Zapata.
La cohesión social, según mi argumento, alude a mecanismos incluyentes y participativos de ayuda mutua y protección que resuelven, de un modo consensuado, necesidades comunitarias. Desde la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil de Acapulco que formaron parte de este diagnóstico, la construcción, expansión y mantenimiento de tales mecanismos constituye su propia razón de ser, más allá de las diferencias que estas puedan tener en cuanto a sus objetivos particulares. Al ser interrogadas, suelen considerar que es una tarea compartida con las autoridades gubernamentales, en los distintos niveles de gobierno. Tales actividades van desde una apropiación ciudadana de lo público hasta espacios vecinales de encuentro, comunidad y convivencia.
[…] La recuperación del tejido social, que nos dé sentido de pertenencia y que nos dé la posibilidad de participar y generar participación social para apropiarnos del territorio, de lo público. […] hay que generar procesos de encuentro que abonen a esa cercanía con los miedos, con las preocupaciones del ciudadano y que se construyan estrategias afines, visiones conjuntas […].30
Esos “miedos” y “preocupaciones” son, precisamente, las necesidades comunitarias que las organizaciones quieren atajar. El deseo de desplegar esta proximidad, mediante “estrategias afines” y “visiones conjuntas” con la comunidad muestra que estas, en principio, aspiran a integrarse estrechamente con la comunidad, es decir, incrustarse verticalmente en la vida social del municipio. Así, existe una visión, por parte de las organizaciones, de una recuperación de lo público mediante una apropiación del espacio comunitario y público. Esto ayudaría a generar lazos comunitarios, que permitan una apropiación del territorio diferente a la de la ocupación en las calles del crimen organizado, a la de la violencia. Esto es, que no sea el miedo el que inhiba el fomento del tejido social, sino, en contraposición, la participación ciudadana, como un mecanismo de generar puentes de ayuda mutua, incluyentes y participativos mediante una apropiación del espacio público por ciudadanía y de la sociedad civil organizada.
Un ejemplo son las llamadas “Cadenas de vecinos” que buscan provocar
[…] que la ciudadanía se integre y conviva. Lo contrario de la violencia es la convivencia […] fomentar que unos vecinos con otros convivan, que utilicen los espacios públicos, hacer comunidad, hacer comunidad en las comunidades […].31
Cabe señalar que actividades como estas se inscriben en una dirección distinta a la estrategia militar-policial que las organizaciones suelen interpretar críticamente y asociar con el gobierno federal: “[…]estamos convencidos de que las sociedades más seguras son aquéllas, donde todos conviven entre sí, no tanto las que tienen más policías […]”.32 Se trata, entonces, de un espacio público ocupado por la ciudadanía, por la convivencia, por el sentido de pertenencia a la comunidad, lo que redundaría, en visión de las organizaciones, en la posibilidad de una reconstrucción del tejido social, que en este momento está debilitado y fragmentado. Esta visión de la comunidad y de la ocupación del espacio público por la comunidad se contrapone con una ocupación policial y militar en las calles. Esta última ha sido la estrategia desarrollada por el gobierno desde enero 2007.
Es destacable la valoración repetida de las organizaciones respecto al papel del gobierno/Estado/política institucional:
[…] la respuesta de parte del gobierno tiene que ser más integral. La respuesta policiaca o militar no resuelve el problema de raíz, que la estrategia tiene que ser más inteligente, más integral, mirar la causa de la violencia […].33
[…] El Estado le ha apostado mucho a la militarización. No creo que esté dando resultados, la política de la militarización la tenemos desde del 2012 y en 2016 no ha dado cambios […].34
Gobierno, Estado, militares, instituciones son para la sociedad civil términos intercambiables, equivalentes y sinónimos, en lo que respecta a la capacidad de respuesta y atención de las instituciones al problema de la violencia y la prevención de la violencia en Acapulco. Es una idea, en efecto, que, con matices, apareció reiteradamente en las entrevistas. Si bien las organizaciones apuestan por una ocupación mayor por parte de la ciudadanía que fomente los lazos vecinales y comunitarios en el puerto, esta visión integral no está desarrollada. Las organizaciones tienen una crítica frontal a la presencia militar y policial en el espacio público, sobre todo, en las zonas turísticas del puerto, como un modo de “aparentar” seguridad, pero no profundizar en la problemática de la violencia, justo porque no se están fomentando los vínculos entre los ciudadanos con estas medidas ni está desarrollado en toda la ciudad, sino en las zonas de acceso al turismo.
En la misma orientación hacia el fortalecimiento de la cohesión social, para muchas organizaciones la clave de todas las actividades es la participación ciudadana:
[…] Acapulco necesita una emotiva participación ciudadana, que active un sistema nervioso central de flujo y sensibilidad. Acapulco necesita una revolución sin muertos, una revolución de ideas, que transforme de esta ciudad a la ciudad que queremos. No podemos seguir aletargados ni por el miedo, ni por la apatía. O actuamos o actuamos, o si no, esta ciudad va a colapsar y ya no va a tener un fin, no nada más en cuestión de seguridad, sino es cuestión de recuperación social […].35
Así lo enunciaba otro informante:
[…] Yo creo que el problema de la violencia se va a resolver en la medida en que participe la sociedad. Si no participa la sociedad, desde el gobierno no se va a resolver. Se tiene que promover más la gobernanza, más que la gobernabilidad, la participación, más que nada que el poder recaiga en el pueblo […].36
Como muestra este testimonio, la participación ciudadana aparece en ocasiones asociada con el ejercicio de la democracia y la soberanía popular local. En este sentido, la sociedad en su conjunto, respaldada por una sociedad civil organizada, debe tener, para las organizaciones, un papel protagónico en esta recuperación y reconstrucción del tejido social, como modos de contener y prevenir la violencia. Así, esperan una incrustración tanto horizontal (articulación entre las organizaciones) como vertical (articulación entre las organizaciones y la sociedad) como un modo de responder a la violencia ocasionada en Acapulco.
En términos generales, hay una convicción más o menos extendida entre las organizaciones de que las actividades relacionadas con la contención y la prevención de la violencia municipal, además de exigir la promoción de la participación ciudadana, no pueden ser la función específica de ninguna organización en particular, sino que deben ser afrontadas conjuntamente por todos los actores organizados de la sociedad civil. De este modo, está extendida la idea, entre las organizaciones, de una necesidad de incrustación horizontal, como una forma de reparar la violencia en el municipio:
[…] nadie va a hacer nada solo y nos necesitamos todos. Por eso hay que atajar los prejuicios y construir confianza, solamente la confianza es un elemento clave para poder hacer frente a todo esto y para encontrar confianza, hay que encontramos y hablar […].37
La idea de que “nos necesitamos todos” alude a que los problemas de Acapulco exigen la intervención conjunta de todos los actores y el establecimiento de un tejido organizativo (horizontal) entre las organizaciones. En este sentido, en una situación municipal percibida como crítica, algunas iniciativas sociales han estado dirigidas a construir espacios de diálogo entre las propias organizaciones y otros actores sociales:
[…] El Estado está rebasado. Desde la sociedad civil ¿qué hay que hacer? No podemos quedarnos con los brazos cruzados, debemos buscar iniciativas. Entonces pensamos entre algunos actores que era necesario un espacio de diálogo social, para comenzar. Esta crisis social y política nos llevaba a una situación de dispersión y de confrontación, nadie escucha a nadie: ni el gobierno escucha, ni las organizaciones sociales en muchos casos tampoco se escuchan. Polarizan unos por un lado y otras por el otro. Decíamos por lo menos hay que escucharnos, por lo menos en el ámbito social, y para eso hay que generar un espacio de diálogo social en donde podamos sentarnos en una mesa empresarios, académicos, religiosos o de organizaciones sociales. Esos grupos, donde cada quien diga cómo se siente, cómo ve la situación y empezar a lograr espacios de confianza y de colaboración […].38
Si bien como propuesta de las organizaciones se encuentra esta forma de reconstruir el tejido social de manera horizontal y vertical, es aún -en algunas ocasiones- una propuesta, debido a que algunas de ellas señalan críticamente el papel de algunas organizaciones que tienden a polarizar en vez de articular. En este sentido, si bien se trata de un horizonte deseable para que haya una contención y prevención de la violencia, que corresponde a un trabajo propio de las organizaciones y de estas con la sociedad, está aún iniciando.
A este respecto, hay dos aspectos que destacan: en primer lugar, como señalé la idea de “comienzo”. En efecto, los entrevistados comparten la impresión de que las iniciativas de diálogo social que podrían fortalecer el tejido organizativo y social, así como, en general, las actividades de contención de la violencia distintas a la estrategia militar-policial del gobierno, están en una fase inicial o aún no han comenzado. Si existen, son básicamente incipientes y requieren aún de desarrollo. Al igual que la participación ciudadana y otros objetivos orientados a la cohesión municipal, se trata más de una necesidad percibida que de una realidad ya conquistada. En segundo lugar, la alusión a la confianza aparece como un elemento central en las entrevistas.
No obstante, como se trasluce en los pasajes transcritos, lo que impera en el ambiente municipal es exactamente lo contrario, a saber, la desconfianza y el miedo: “[…] estamos gastados y desconfiados tanto de organizaciones de la sociedad civil como del mismo gobierno […]”.39 La propia vida cotidiana de los ciudadanos está determinada por el aislamiento, no por las acciones colectivas:
[…] Si yo me subo a un taxi no platico con el taxista. No sé si pueda ser un ‘halcón’. Entonces se requiere establecer como los lazos comunitarios. […] Toda esta situación hace que entre vecinos se aíslen, que prefieran aislarse para protegerse. Eso hace mucho daño y hace más vulnerable a una Colonia […].40
Lejos de percibir el despliegue de mecanismos de protección y ayuda mutua compartidos por la ciudadanía acapulqueña, lo que parece imperar es el resguardo temeroso en el ámbito privado o individual. Se trata de un conjunto de estrategias individuales de protección cuyo resultado es, a juicio de las organizaciones, un incremento de la vulnerabilidad ciudadana. No logra lo que pretende. En este sentido, así como las iniciativas de diálogo son más una necesidad que una realidad, la confianza, base de la incrustación vertical y horizontal de las organizaciones civiles, constituye un deseo aún no realizado, en el mejor de los casos un proceso aún incipiente. La experiencia que traslucen los informantes es de desintegración, dispersión y aislamiento. En definitiva, no se trata únicamente de un miedo y desconfianza hacia el gobierno municipal, estatal y federal, sino también a otros ciudadanos y organizaciones. El miedo permea la vida social, llevando al aislamiento y el intento por la vida comunitaria se diluye en esta desconfianza.
Las organizaciones atribuyen causas a esta situación, entre ellas, aparece en un lugar destacado, por supuesto, la violencia en el municipio. Esta aparece extendida en todos los ámbitos de la vida social y, al hacerlo, ha hecho que los vínculos entre ciudadanos estén básicamente rotos y la comunidad se encuentre dividida:
[…] Creo [en] la importancia de volver a confiar en tu vecino, en la gente que tienes en tu entorno. Este tipo de violencia partió por completo la comunidad, o sea, los vecinos ya no salen, ya no hacen las fiestas como antes que invitaban a todos los vecinos, dejaron de hacer varias de las cosas que hacían y unían a la comunidad y que, de alguna manera, al estar unida, evitaban también, o si pasaba podían como que ver quién era quién y pues denunciar. Pero ahora cada quien está en su casa, ya no se sabe realmente lo que está haciendo la otra persona y se perdió por completo esa seguridad, esa confianza que había en la comunidad […].41
El miedo, el aislamiento y la desconfianza mutua, que aparecen, en opinión de las organizaciones, como efectos de la violencia, son un obstáculo crucial para el despliegue de actividades que coadyuven a la cohesión social. No se propician espacios de comunidad, donde se pueda convivir y afianzar los lazos de solidaridad y ayuda, por el contrario, estos espacios se están reduciendo por el miedo y han dado paso de una comunidad con lazos más o menos sólidos y de convivencia a una comunidad donde prevalece la desconfianza. Lejos de encontrar una seguridad propiciada por la comunidad, hay una estrategia individual de aislamiento en el hogar, debido a que es el lugar donde parece haber un resguardo. En este sentido, las organizaciones tienen un doble relato. Por un lado, su proyecto a mediano plazo basado en reconstruir la comunidad y la confianza que redunde en menor miedo y más seguridad. Por otro lado, estrategias individuales iguales como otros ciudadanos, que muestran las dificultades por establecer articulaciones tanto entre ellas como con la sociedad. Así, los límites entre las organizaciones y las estrategias individuales de los entrevistados no son diferenciables, por el contrario, son límites porosos, donde se borra dónde comienza el ciudadano y dónde comienza la organización.
La conclusión de un informante parece recoger una opinión común entre las organizaciones civiles: “[…] tenemos una sociedad civil débil, fragmentada, incluso hasta polarizada […]”.42 En este sentido, si bien hay una apuesta de las organizaciones por mejorar los lazos comunitarios y sociales, las sociedad civil aún está descompuesta y frágil.
Si se cruzan estas impresiones con otros datos se muestra que son congruentes con los datos de la encuesta. Por un lado, la encuesta también da cuenta de la desconfianza.
A la hora de confiar los asuntos de interés público a las organizaciones, aquellas de tipo religioso son, de acuerdo a los encuestados, las que cuentan con mayor confianza entre la población del municipio. Descartando las 283 respuestas que señalan no saber o deciden no contestar, es decir, considerando solo las respuestas que identifican un tipo de organización que les brinda confianza (548 observaciones, correspondiente al 65.94 % del total de respuestas), las organizaciones de tipo religiosas fueron elegidas por 200 personas, lo que equivale al 36.5 % de los encuestados. Fueron seguidas por las de tipo civil. Por el contrario, las organizaciones de tipo empresarial, así como las de tipo cultural, son las que menos confianza producen en los encuestados, el 2.19 % y 3.83 %, respectivamente, entre quienes manifestaron su preferencia.
Asimismo, se preguntó si las personas participaban en organizaciones sociales. Los resultados muestran que, de la población encuestada, aproximadamente poco más de la mitad participa en al menos una organización (421 personas).
Sin embargo, de las personas que participan en al menos una organización social, la mayoría corresponde a asociaciones de padres de familia (21.49 %). Siguiendo en orden de mayor a menor participación, aparecen los sindicatos (12.32 %), las agrupaciones religiosas (10.32 %), deportivas (9.74 %), y de vecinos, colonos y condominios (9.46 %). Estas son las primeras cinco preferencias de participación. En el gráfico siguiente se pueden observar los distintos tipos de organizaciones por las que se preguntó en la encuesta, así como el porcentaje de la población que participa en cada organización (del total de personas que participan en al menos una organización).
Si solo se consideran las respuestas de aquellos encuestados que participan en al menos una organización y, además, indican la frecuencia con que la organización asiste a las actividades municipales o vecinales (124 personas), se observa claramente que dicha participación tiende a ser bastante baja. Un máximo de dos veces por mes es la frecuencia de participación que reportan 63 personas, equivalente al 50.81 %, mientras que participan diariamente o casi diariamente solo el 13.71 % de las personas, 17 de las consideradas en esta pregunta.
En general, los datos de la encuesta indican una baja participación ciudadana en organizaciones. Ahora bien, si se vuelve a las entrevistas, se puede profundizar en estos datos y detectar algo adicional: el miedo provocado principalmente por la expansión de la violencia no afecta solo a los ciudadanos de Acapulco. Los propios integrantes de las organizaciones entrevistadas señalan el miedo que experimentan cuando realizan sus actividades. Viven en una situación de mucho riesgo y esto ocasiona que muchos abandonen el área de prevención y contención de la violencia. Así lo relata un informante:
[…] No todas [las organizaciones] se meten en cuestiones para prevenir la violencia y la delincuencia que nos está afectando a todos. Pero no todos le entran porque es una cuestión de riesgo para las organizaciones. Me ha tocado saber de algunos compañeros que les ha tocado salir a hacer trabajo y luego llega la gente que controla esos lugares: ‘¿y qué están haciendo? Esto es nuestro territorio y esas actividades van finalmente a contrarrestar el negocio de la compra de droga’ y demás. Entonces a ellos afectan sus intereses, por eso los ponen en peligro a los integrantes de las organizaciones. Por eso muchas organizaciones no se meten en esa situación, aparte de que si, por un lado, la delincuencia organizada, y, por otro lado, las autoridades también ponen barreras para poder llevar a cabo ciertas actividades que tienen que ver con eso… Hacen difícil el trabajo que tiene que ver con las organizaciones, por eso muchas no trabajan sobre ese tema […].43
Los peligros y riesgos asociados con el activismo social que busca contener la violencia es un aspecto relevante de la situación que describen las organizaciones y que impiden, de algún modo, trabajar en la contención y prevención de la misma. Durante las entrevistas, aunque no era mi objetivo, encontré testimonios en primera persona de los efectos de la violencia en las biografías de activistas.
[…] Cuando yo estaba en la escuela, yo estaba trabajando la tesis justamente. Apenas estaba este auge de la violencia. Con un profesor estábamos trabajando el tema justamente el tema de violencia. Sin embargo, ocurre un suceso que marca mi caso y es que a este profesor lo secuestran y lo asesinan de manera sanguinaria, lo decapitan frente a su esposa cuando va a dar el rescate y hacen que su esposa observe ese hecho […].44
Esta sensación de miedo entre los activistas de las organizaciones muestra que el problema de la violencia, desde el punto de vista de la sociedad civil, va más allá de si las actividades de las organizaciones contribuyen o no a la contención de la violencia. Muestra que, al menos en muchos casos, el problema es que no pueden llevar a cabo ninguna actividad relacionada con el tema. La propia dinámica de la violencia parece arrastrar consigo las iniciativas de la sociedad civil que, eventualmente, pudieran contribuir a morigerar sus efectos.
Posiblemente esta situación contribuya también a explicar algunos datos de la encuesta. Consultadas las personas respecto de si las organizaciones en que participan desarrollan actividades preventivas de violencia urbana, encontramos un total de 376 personas que tienen información al respecto, de las cuales 303 responden que “no” y 73 responden que “sí”. Solo el 19 % participa en organizaciones que desarrollan actividades de prevención de la violencia urbana, frente a un 81 % que no participa en estas actividades.
Si se observa qué tipo de organizaciones participan de actividades de prevención de la violencia urbana, destaca que, además de ser el tipo de organización que tiene mayor cantidad de participantes, las asociaciones de padres de familia son las que realizan un mayor número de actividades de prevención (18.02 %), seguidas por los sindicatos (16.22 %) y las organizaciones religiosas (13.51 %). De estas actividades, de acuerdo con lo señalado por los encuestados, participa en promedio 15 personas por actividad.
Cabe destacar que, para las organizaciones entrevistadas, la ausencia de seguridad jurídica contribuye, asimismo, a incrementar los costos del activismo y la participación ciudadana. En particular, las denuncias no solo no contribuyen a reducir la impunidad, sino que aumentan los riesgos para las personas:
[…] Las personas tienen miedo a acudir por las experiencias vividas, porque sabemos que no hay seguimiento a los casos. No es tan confiable hacer denuncias, porque es bien sabido por todos, porque hemos sabido de casos, que después de denuncias, ha habido consecuencias. Entonces, hay desconfianza, hay miedo. Acudir a recibir atención no es para muchos tan fácil o, inclusive, como que quieren minimizar lo que viven o quieren ocultarlo o negarlo, a enfrentarlo. Entonces, no es tan posible que accedan a las atenciones […].45
En general, el ambiente de impunidad y de complicidad del Estado con el crimen organizado, genera una situación de miedo, incertidumbre y desesperanza entre las organizaciones y la ciudadanía. Esta última, en opinión de las organizaciones, prefiere negar, minimizar o normalizar la problemática a enfrentarla, mediante una apropiación de sus espacios cercanos con la ayuda de las organizaciones. Esta relación entre unas instituciones cuestionadas en cuanto a su hacer, junto con una falta de la cultura de la legalidad, provocan cierta indiferencia e inmovilidad, que se contrapone a un activismo movilizado, participativo y que contrarreste o ayude a aminorar la violencia. En efecto, estas condiciones adversas dificultan sensiblemente que se realicen actividades de contención o, en general, relacionadas con la prevención de la violencia. No se trata solo de que las actividades tengan mayor o menor impacto, muchas veces simplemente no se pueden llevar a cabo o la participación es mínima.
En este contexto, las organizaciones describen una vida social en el municipio marcada por la desesperanza y la desmovilización, sensaciones que se extienden y sedimentan en la vida cotidiana de los acapulqueños:
[…] No solamente tiene que ver con la pugna o la lucha entre cárteles, como dice el gobierno, sino que se está afectando a gente inocente, están matando a gente inocente y el problema yo creo que la violencia también se está convirtiendo en un estilo de vida, para resolver problemas y conflictos […].46
Esto significa que, más allá de la violencia asociada a la delincuencia organizada, algunas organizaciones perciben que distintas formas de violencia se generalizan y afectan el día a día de los ciudadanos. La impresión es que un contexto de violencia asociado con la delincuencia organizada y la ausencia estatal favorece, directa o indirectamente, el desarrollo de otras formas de violencia.
[…] Entonces en cuanto a la participación yo creo que no se han hecho muchas acciones, realmente que digas a la gente o fomentes esta participación. Yo creo que no solamente es una tarea del gobierno. Creo que es una cuestión de coparticipación. Entonces, creo que la ciudadanía tampoco ha puesto como mucho al respecto. Me parece que hay una percepción demasiado proyectada respecto de que ‘ya nada se puede hacer. Entonces ya no vale la pena como movilizarse, no vale la pena trabajar’. Es una cosa de conformismo, ‘ya nos tocó este [tiempo]’. Hay un abandono de la esperanza. Hay un tema como de pronto la ciudadanía ha abandonado la esperanza de que se pueda cambiar las cosas, la inseguridad es solo un aspecto […].47
Expresiones como estas, que aluden a la desesperanza, son frecuentes en los testimonios de las organizaciones. Constituyen la antítesis del activismo social, la participación ciudadana y, en general, de los mecanismos de cohesión social, sobre todo si el mapa se complementa con la desconfianza y el miedo extendidos incluso en la vida cotidiana de los ciudadanos. Las organizaciones civiles denuncian la presencia de una “cultura” sin referentes positivos que, eventualmente, pudieran contrarrestar el clima de desconfianza, miedo y desesperanza:
[…] Hay demasiada construcción de referentes negativos, la narcocultura, todas esas cosas que van como fomentando estas visiones. Pero no hay referentes positivos en la sociedad, no hay nada que digas ‘está chido lo que está haciendo esta persona, este grupo o esta institución’, no hay un contrapeso contra todo esto. Y creo que es lo que también hace falta rescatar y visibilizar […].48
De nuevo, el diagnóstico sombrío de las organizaciones parece contrarrestado solo con alusiones a necesidades que hay que atender, más que con instancias sociales efectivas que estén ya operando en el municipio para contener la violencia.
Contraloría social
La contraloría social, como la definí en este trabajo, refiere a mecanismos autónomos, participativos y efectivos que contrapesan la actividad del gobierno municipal y contribuyen al desarrollo de un Estado de derecho a nivel local. La información recogida permite analizar las relaciones entre las organizaciones y el gobierno, en particular, el municipal, siempre desde la perspectiva de las propias organizaciones que respondieron a las entrevistas.
Las organizaciones, según su propio testimonio, no cuentan con recursos o estos son limitados, por ejemplo, económicos y de personal. A menudo, las personas que trabajan en ellas no pueden dedicar a sus actividades el mismo tiempo que dedicarían si recibieran un sueldo. Reconocen que, en ocasiones, reciben apoyo económico o logístico del gobierno para realizar sus actividades. No obstante, se quejan recurrentemente de los trámites administrativos para solicitar recursos:
[…] Siempre hay uno que dice: ‘no, pues lléname un acta así tal, oficial, con firmas y que diga qué quieres y lo entregas en tal lado’, al final se pierde como cualquier papel dentro de lo que pides a un gobierno, sino es que se va a la recicladora. Nada más fue para la pura foto […].49
Paralelamente, se percibe una insuficiente capacitación por parte de los funcionarios. Algunas consideran que sus propios integrantes podrían tener un mejor desempeño que los funcionarios:
[…] Hay muchos compañeros que sí están capacitados, y hasta puede suceder que los mismos compañeros de las organizaciones sociales están más aptos para obtener de alguna de esta manera puestos para ejercerla en alguna dependencia, y ser más eficiente en cuestiones de la materia en que se le pongan dentro de una dependencia de gobierno[…].50
Las quejas sobre la “burocracia” son muy frecuentes: “[…] Hay demasiada burocracia, hay demasiadas vueltas que dar en temas de prevención. Incluso, hemos llegado a la conclusión, si se puede decir, de que hay violencia institucional pues[…]”.51 Esta alusión a una “violencia institucional” muestra la experiencia que algunas organizaciones tienen respecto a la existencia de una brecha entre el gobierno y la sociedad civil, lo que dificulta que existan rutinas de contraloría social.
Algunas organizaciones se han constituido redes para articular intereses, pero perciben que no se han obtenido resultados en política pública. La impresión de que “[…] los resultados son pocos o no muy buenos […]”52 está muy generalizada entre las organizaciones. Así narra un informante su propia experiencia:
[…] En algunas de las reuniones se tocaba la necesidad de vincular a las organizaciones para trabajar a nivel de juventud y prevención de violencia. Sin embargo, fue muy complicado. La articulación se tornó compleja y no se incidió, hasta donde yo sé, en política pública como tal. De ahí en fuera, no hemos tenido ningún acercamiento para este asunto ni invitación por supuesto […].53
En este caso, solo conformaron un directorio que permite que las organizaciones estén al tanto de las actividades que realizan otras y de esta manera hacer más sencillo, si fuera el caso, la vinculación entre ellas para algunas actividades.
Aunque muchas acusan la falta de recursos del gobierno, otras señalan que hay programas y presupuesto, pero estos no tienen impacto debido a que no integran participativamente a las comunidades:
[…] lo que veo es que no tienen impacto y yo creo que no tienen impacto por eso, digamos, ese desfase entre gobierno y sociedad; mientras las comunidades no se integren en estos procesos como sujetos, como protagonistas de estos sucesos, simplemente no va a pasar nada[…].54
Las organizaciones, en general, consideran que sería necesario propiciar un mayor vínculo e involucramiento de la sociedad y de la sociedad civil organizada. Hacerlos protagonistas, que se puedan apropiar de la problemática haría que se fueran cambiando el problema de la violencia. Sin embargo, frente a esta demanda, lo que reciben como contraparte son problemas presupuestarios y un gobierno que quiere simular un trabajo participativo de la sociedad civil.
Algunas otras organizaciones afirman tener un contacto o acceso al gobierno a través de comités, básicamente a través de reuniones en las que sus integrantes hacen sugerencias y aportan puntos de vista que las autoridades no tienen: “[…] [Con el gobierno] tenemos una relación buena, muy buena, de primer contacto de trabajo, de apertura a recibir nuestras propuestas, nuestras peticiones […]”.55 No obstante, a pesar de esta apertura,
[…] su capacidad de respuesta no es la más eficiente, por diferentes factores: porque van empezando, porque no tienen suficientes recursos públicos, por vicios que ya se tiene de gobiernos anteriores, o del mismo personal que labora en las diferentes instituciones […].56
Es común que se den situaciones que parecen favorables para la interlocución y la realización de proyectos, se inician las acciones, pero no se obtienen resultados. En este sentido, no basta con la existencia de un vínculo para que las actividades contraloras de sociedad civil existan y sean efectivas. Asimismo, como se ve, desde distintos caminos las organizaciones suelen concluir que las políticas públicas y, en general, el ejercicio de gobierno, no producen los resultados deseados.
Algunas de estas reuniones en las que las organizaciones participan como invitadas tienen como objetivo, por ejemplo, que formen parte de consejos o comités de seguridad que, eventualmente, podrían ejercer tareas de contraloría. En este sentido, si bien hay, en ocasiones, un acercamiento, esta no responde a la demanda autónoma de las organizaciones, sino que se inserta en las propias actividades del gobierno. Cuando participan como contraloras, el papel de las organizaciones es de copresencia y de consejero, pero no tiene un papel autónomo y activo en el proceso que podría ir desde la propuesta y la exigencia. Asimismo, en los relatos de los informantes estas actividades son incipientes, no constituyen una rutina dentro de la administración. Al igual que las actividades analizadas en la sección anterior respecto a la incrustación organizativa o la participación ciudadana, en su mayoría se encontraban en proceso al momento de realizar las entrevistas.
Es el caso, por ejemplo, de una organización que asegura llevar a cabo, junto a otras, un proceso de vigilancia o contraloría del uso gubernamental de los recursos públicos en materia de seguridad. Sin embargo, señalan que “[…] hasta la fecha los resultados han sido muy incipientes y no estamos viendo una mejoría[…]”.57 Otro ejemplo es el de una organización que, a través de su vinculación con la Secretaría de Gobernación en sus programas para personas que han sufrido la violencia, estaban gestionando un espacio para construir un “memorial de víctimas”:
[…] espacio en el cual no se nos olviden los miles de víctimas que hemos tenido aquí en Acapulco y las tengamos en cuenta y las tengamos en la memoria y que eso nos lleve a acciones de prevención y a políticas públicas para atenderlas también a ellas […].58
Esta actividad aún no había dado resultados al momento de realizar la entrevista. Si bien estos son ejemplos puntuales de trabajo conjunto, invitadas por el gobierno, en la mayoría de los casos entrevistados indican una falta de articulación y trabajo conjunto que ayude en la contención y prevención de la violencia.
En el análisis de los mecanismos de contraloría social reaparece el problema de la desconfianza. Es lo que señalan numerosos testimonios: “[…] Yo creo que el gran desafío aquí es que pueda haber confianza, se genere confianza entre las autoridades, y la sociedad civil y las comunidades […]”.59 Uno de los principales motivos de desconfianza es la dinámica política que penetra las relaciones gobierno-organizaciones:
[…] No hay pues mucha confianza para trabajar con las instituciones y la desconfianza que hay viene de la sociedad, porque tú vas y le dices: ‘oye, tenemos este proyecto’. Luego te dicen: ‘¿de dónde vienen? ¿Qué van a dar?’ Ya la gente tiene desconfianza en trabajar con el gobierno. Creen que uno va por parte del gobierno y las organizaciones están haciendo lo que puedan o estamos haciendo lo que podemos y recalco que no es el papel de las organizaciones. Cada organización tiene sus objetivos justificados en las actas constitutivas de las que tenemos constitución legal y la mayoría se dedica a la gestión de crear clientelas para las elecciones que es lo que pasa básicamente […].60
Otro problema, aunado a los problemas de desconfianza, es la falta de capacidad de las organizaciones por trabajar temas relacionados a la violencia, debido a que fueron creadas para otras cosas.
En algunos casos se abren espacios de interlocución con el gobierno, por ejemplo, a través de invitaciones. Pero no hay continuidad: “[…] Pero cuando vimos cómo estaba el proceso político decidimos no entrar a ese proceso […]”.61
No es solo un problema administrativo o de gestión, sino también de “política”, al menos en un doble sentido: por un lado, perciben partidismo en la gestión gubernamental; por otro, una voluntad de utilizar a las organizaciones para beneficiarse electoralmente.
Tales dinámicas hacen que el acceso con las autoridades sea a menudo difícil. Muchas organizaciones, que quieren mantener su autonomía respecto al gobierno y no convertirse en clientes suyos, consideran que este solo las utiliza como “imágenes”:
[…] Aquí en Acapulco sí es muy difícil porque todo se politiza. Para que una organización civil realmente trabaje de la mano con una institución gubernamental, sí está muy complicado, porque aquí, bueno aquí y en todas partes, es política y política… Entonces las instituciones utilizan a las organizaciones civiles solo para salir en un periódico o una página de Internet y decir que ya hicieron un trabajo. Entonces sí está muy complicado que una organización civil trabaje con una institución de gobierno […].62
Estas acciones del gobierno, tal y como las relatan los entrevistados, son formas de legitimar a los políticos y no de atender a las necesidades comunitarias: “[…] La experiencia que tenemos muchos es que el gobierno lo que quiere es validar sus acciones ante la opinión pública, ante la ciudadanía […]”.63 Las políticas públicas en las que se concreta la acción del gobierno no incluyen a las organizaciones ni, en la mayoría de los casos, son vigiladas por ellas:
[…] mi experiencia con el gobierno del estado y municipal es que no hay un interés genuino por escuchar a los ciudadanos. Entonces como cuates tú me invitas y yo te invito, pero nada más, ellos son dueños de las políticas, los temas de política de pública […].64
Pocas fórmulas pueden ser más expresivas de la percibida ausencia de mecanismos de contraloría social que el gobierno es “dueño de las políticas”.
Un término recurrente en las entrevistas para describir al gobierno es “simulación”: “[…] Yo veo a la red haciendo un esfuerzo importante, pero completamente minúsculo en términos del problema concreto, pues, y el gobierno, más bien, simulando […]”.65 En este mismo sentido, las organizaciones detectan un discurso sobre seguridad, pero no acciones que se correspondan con él.
[…] A lo mejor en el discurso sí está, pero la acción está por otro, pues tampoco hay mucha posibilidad de ejercer política pública en materia de seguridad. Hay muchas correlaciones en torno a la intención de hacer política pública de seguridad, se dice que sí, pero en la práctica no necesariamente se desarrolla. Entonces, necesitamos procesos de estabilización y monitoreo de contraloría de los ciudadanos, pero desde una postura de conocimiento para hacer el proceso. De otra manera, pues se queda solo el discurso y no se pone en práctica […].66
Las relaciones con el gobierno están mediadas también por un proceso de selección que excluye a algunas de ellas:
“[…] pienso que [el gobierno] apoya pero a ciertas organizaciones, no a todas. Muchas veces se ve como la influencia de algunos parientes, y es así como le dan el apoyo, y hay unos que los dejan fuera, los que no tienen relación con personas o con políticos son los que van dejando fuera […]”.67
Esta impresión de los testimonios respecto al trato desigual e interesado que reciben las organizaciones, tanto para la interlocución con el gobierno como para la captación de recursos públicos, puede traslucir también una falta de autonomía de la sociedad civil. En un sentido semejante, las condiciones de pluralidad en la participación, desde la opinión de los informantes, no siempre parecen aseguradas:
[…] De manera formal el gobierno municipal ha convocado la participación ciudadana. Yo creo que la participación no ha sido plural, no ha sido abierta, sino, más bien, ha sido elitista con ciertos sectores. Ha participado la sociedad de la Costera, nada más de Costa Azul y se ha olvidado de la gente de la periferia, de la gente que sufre también la violencia […].68
Esto hace que la acción del gobierno sea percibida como poco plural y desigual. En algunos casos, se denuncia el intento gubernamental de socavar las redes de las organizaciones, introduciendo divisiones:
[…] en el tema de víctimas que pasó, incluso el gobierno indujo dividir a las organizaciones que están con víctimas y hay algunas que están más con el gobierno de la mano y otras más lejos, no hay ni siquiera un acercamiento entre todas las organizaciones que tienen que ver con víctimas […].69
Lo que cierra el mapa que las organizaciones civiles presentan de las relaciones con el gobierno es la impunidad y la corrupción. Parece a menudo un problema que desborda la capacidad de incidencia de las organizaciones: “[…] todo eso viene desde arriba. Nosotros no podemos, por más que queramos, cambiar allá arriba como está la situación actualmente. Nosotros estamos haciendo lo que podamos en nuestros territorios[…]”.70 En este sentido, muchas organizaciones no se perciben a sí mismas como instancias capaces de asumir entre sus actividades el ejercicio de la contraloría social, no solo sobre el problema de la violencia.
En los testimonios, sin embargo, este desbordamiento va acompañado, en ocasiones, de un llamado al fortalecimiento de la sociedad civil y la asunción de responsabilidades desde la sociedad. Es decir, la responsabilidad, desde este punto de vista, no solo recae sobre el modo de gobierno local:
[…] Tampoco vamos a entrar en ser policías ciudadanas, porque no se trata de eso. Sí se trata, estoy convencido, de hacer ciudadanía antes que crear ciudad. […] Atacar mucho al contagiarle a la gente el despertar y decirle: ‘a ver, el gobierno no va a venir con una varita mágica a componerme la vida’, pero si no me organizo yo como ciudadano, ¿cómo, entonces, le voy a exigir al gobierno? ¿Cómo, entonces, también de exigir voy aportarle ideas? […] Antes de cambiar de gobiernos hay que formar ciudadanos […].71
Ahora bien, la construcción de ciudadanía municipal, que podría ser un proyecto que incluyera los mecanismos de reforzamiento de la incrustación organizativa, la cohesión y la contraloría, aparece entre las organizaciones de Acapulco, de nuevo, como una necesidad detectada, no como una realidad o un proceso en curso.
Existen varios factores, en opinión de las organizaciones, que dificultan el papel de contraloras o de contrapeso con las políticas del gobierno. Estos son: a) falta de recursos económicos y humanos que permita a las organizaciones una dedicación total para vigilar y contrapesar las tareas del gobierno; b) limitado conocimiento y capacitación de los funcionarios; c) falta de conocimiento y capacitación por parte de las organizaciones sobre cómo se puede realizar una política pública en términos de seguridad y la exigencia para llevarla a cabo; d) desconfianza hacia el gobierno que es percibido como un gobierno que “simula” un trabajo con las organizaciones en algunos temas puntuales, pero para las organizaciones hay un problema de voluntad política para llevarlo a la práctica; e) una violencia institucional que afecta el trabajo de las organizaciones; f) falta de continuidad en las actividades; g) un trato desigual y poco plural hacia las organizaciones para convocar a las reuniones, comités y comisiones; h) la impunidad y la corrupción de los gobiernos que gastan recursos en otros rubros o hacen uso privado de los recursos públicos. Estos son los factores o problemas que afectan directamente el trabajo contralor de las organizaciones.
Conclusiones
En este trabajo quise responder a la manera en que las organizaciones, a través de la cohesión y la contraloría social pueden contener y prevenir la violencia. Partí, para ello, del presupuesto de que las actividades de las organizaciones civiles, cuando están incrustadas en la comunidad y con otras organizaciones, así como cuando desarrollan mecanismos de cohesión y contraloría social, funcionan como instancias de contención de la violencia. En sentido contrario, si sus actividades no están incrustadas y, además, no coadyuvan en la cohesión y contraloría social, estas no funcionan como instancias de prevención y contención de la violencia.
Este artículo buscó recuperar la perspectiva o el punto de vista de los actores, de los miembros de las organizaciones, esto marca los límites y alcances de este trabajo. La importancia de recuperar la visión de los actores, de profundizar en los sentidos de las personas que trabajan más cercanamente al problema -no tanto porque esté entre sus objetivos o metas como organizaciones, sino más bien tratando de resolver un problema de violencia que se ha planteado de manera drástica en el municipio-, permite vislumbrar posibles soluciones a la larga y comprender de mejor manera las distintas aristas o factores que dificultan la prevención y la contención de la violencia en uno de los municipios más violentos del país.
El principal hallazgo de este trabajo, después de plantearme esta pregunta, es qué actividades de las organizaciones no están incrustadas ni horizontalmente (con otras organizaciones) ni verticalmente (con la sociedad) debido a que las actividades que se están realizando de contención y prevención de la violencia están desarticuladas y son aún incipientes. Asimismo, el trabajo de contraloría social que pudiera redundar en una vigilancia, contrapeso y ampliación de las políticas del gobierno por parte de las organizaciones son aún limitadas y también se encuentran en una fase inicial. En este sentido, la contención y prevención de la violencia está aún en una fase incipiente y las organizaciones aún no pueden solas o en conjunción con otras organizaciones, actores institucionales o ciudadanía llevarlas a cabo.
Desde la perspectiva de los miembros de organizaciones que participaron en el estudio, la construcción incluyente y participativa de lazos de solidaridad o ayuda mutua y mecanismos de protección que permitan dar resoluciones colectivas, dialogadas y consensuadas, a las necesidades cotidianas de la comunidad, así como el desarrollo de mecanismos autónomos, participativos y efectivos de contrapeso al gobierno municipal que exijan rendición de cuentas, transparencia, eficacia, legalidad y honradez, no forman parte de la experiencia del municipio de Acapulco.
El análisis de los testimonios de miembros de las organizaciones civiles del municipio de Acapulco muestra que las actividades orientadas a la incrustación organizativa y la cohesión social son asumidas por las organizaciones como un objetivo propio, aunque también del gobierno en sus distintos niveles. Los informantes enfatizan, especialmente, la participación ciudadana, en ocasiones como un componente no solo de la cohesión sino, más en general, del fortalecimiento de la democracia y la soberanía popular. Aparte de la participación ciudadana, asumen que es necesario articular las experiencias y trabajos de todos los actores organizados de la sociedad civil mediante espacios de encuentro y diálogo, como condición indispensable para afrontar los problemas que afronta el municipio.
Sin embargo, la participación de la comunidad en organizaciones civiles tiende a ser baja. Es compartida la impresión de que las iniciativas de diálogo que podrían fortalecer el tejido organizativo y social, así como, en general, las actividades de contención de la violencia se encuentran en una fase inicial o simplemente aún no han comenzado. Cuando estas actividades existen, son incipientes y no del todo desarrolladas. Se trata más de una necesidad percibida que de una realidad conquistada.
La apelación a la confianza constituye un aspecto central desde la perspectiva de las organizaciones analizadas. No obstante, ellas mismas señalan que lo que impera en el ambiente municipal es la desconfianza y el miedo, tanto en los ciudadanos como en los activistas, quienes perciben (o han experimentado) un riesgo muy alto que desestimula las actividades de contención de la violencia. En la vida cotidiana, aparecen estrategias, no siempre eficaces, de aislamiento en el ámbito individual-privado como forma de protección, lo que muestra una baja presencia de actividades colectivas o comunitarias. La consecuencia de esta situación es que, a menudo, las organizaciones no pueden llevar a cabo actividades relacionadas con la contención de la violencia, por lo que la propia dinámica de la violencia parece impedir el desarrollo de iniciativas de la sociedad civil que, eventualmente, pudieran contribuir al tratamiento del problema. En este sentido, no solo emerge la cuestión de las actividades de las organizaciones tienen o no un impacto, sino que muchas veces estas actividades no se pueden llevar a cabo. Aunque se aspire a construir espacios de encuentro entre las organizaciones, lo que mostraría un proceso de incrustación organizativa, las iniciativas de diálogo social son también más una necesidad que una realidad. La confianza, base de la incrustación vertical y horizontal de las organizaciones civiles, constituye un deseo aún no realizado, en el mejor de los casos un proceso incipiente. La experiencia que transmiten los testimonios es el reverso de la confianza: desintegración, dispersión y aislamiento. La violencia rompe los vínculos entre los propios ciudadanos e impide la actuación de la sociedad civil y el despliegue de mecanismos que coadyuven a la cohesión social. Según la descripción de los actores, la vida social en el municipio está marcada por la desesperanza y la desmovilización. Estos procesos, que socavan el activismo social, la participación ciudadana y, en general, el desarrollo de mecanismos de cohesión social, se refuerzan, finalmente, por una cultura marcada por referentes asociados a la violencia y generadores de nuevas violencias.
En cuanto a la contraloría social y, en general, a las relaciones entre organizaciones y gobierno, las primeras afirman no contar con recursos o solo con recursos limitados. Ocasionalmente, reciben apoyos, pero, a menudo, trámites administrativos costosos y/o una percibida incapacidad en los funcionarios competentes impiden recibirlos. Se señala también que el gobierno, incluso cuando cuenta con recursos presupuestarios, estos no se traducen en resultados positivos para las organizaciones y la comunidad acapulqueña.
Lejos del ejercicio contralor de la sociedad y el reforzamiento del Estado de derecho local, las organizaciones perciben que las políticas públicas destinadas a la violencia no producen resultados sólidos. Tampoco las organizaciones participan en las políticas, por falta de conocimiento de las organizaciones, por dificultades en la administración burocrática, por falta de capacitación de los funcionarios, por lo que aún no pueden hacer de contrapeso y vigilancia de las actividades del gobierno en temas de violencia. Desde su perspectiva, la participación que verifican como ausente o parcial, y cuyo fortalecimiento reclaman, podría desembocar en mayor eficiencia de las políticas.
Existen canales de comunicación entre las organizaciones y el gobierno. En efecto, algunas organizaciones tienen una interlocución más o menos regular con las autoridades y, mediante el mecanismo de la invitación a reuniones, pueden hacer sugerencias y aportar ideas. Algunas de estas reuniones aspiran a que las organizaciones pasen a formar parte de consejos o comités de seguridad, por lo que, en principio, podrían asumir funciones de contraloría. Sin embargo, como en otros casos, estas actividades son relatadas, en el mejor de los casos, como incipientes, no como una rutina dentro de la administración.
En términos generales, la relación organizaciones-gobierno parece atravesada por la desconfianza. Muchos miembros de las organizaciones perciben que los políticos profesionales solo aspiran a utilizarlas como clientelas, de modo que, aparte del aspecto meramente administrativo, hay también un aspecto “político”: se afirma que los gobiernos manifiestan actitudes partidistas y la voluntad de utilizar a las organizaciones para beneficiarse electoralmente. Estos procesos parecen incidir también en casos relatados en los que el gobierno selecciona a las organizaciones con las que quiere tener interlocución, descartando otras, basándose en intereses partidistas, nepotismo y/o favorecimiento de grupos sociales acomodados dentro del municipio. De esta manera, la autonomía de las organizaciones, si existe, aparece muy debilitada. Correlativamente, las organizaciones consideran que la acción gubernamental está desconectada de su discurso.
En consecuencia, las organizaciones parecen detectar una brecha profunda entre el gobierno y la sociedad civil, marcada por la desconfianza mutua, lo que dificulta o impide el desarrollo de mecanismos de contraloría social. Esta brecha apunta también a una brecha entre el gobierno y la ciudadanía, la cual se muestra reforzada por problemas que, en principio, van más allá de la violencia, a saber, la corrupción y la impunidad. En este sentido, las acciones gubernamentales no incluyen a las organizaciones ni son vigiladas por estas.
