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Introducción
El zócalo de la ciudad de México ha sido un espacio en el cual se han alzado algunos de los símbolos más importantes del poder político y religioso del país.1 Desde mediados del siglo XIX comenzó a albergar la celebración del grito de Independencia y con la institucionalización de la Revolución Mexicana fue el escenario de las principales ceremonias del calendario cívico. Desde luego, no ha estado exento de conflictos, especialmente en la pugna que distintas facciones políticas entablaron por significar la ceremonia del grito de Independencia;2 en la historia reciente del país, el zócalo de la ciudad de México ha sido escenario de las demostraciones monumentales del Estado, pero también de las movilizaciones de la sociedad civil, sobre todo a partir de las manifestaciones del movimiento estudiantil de 1968.3 No obstante, permaneció como un espacio sagrado, por tanto intocable, cuando se trataba de celebrar dos eventos: el grito (15 de septiembre) y el desfile militar que le sigue al otro día,4 hasta inicios del siglo XXI, cuando algunas movilizaciones sociales buscaron interferir o impedir la celebración de estas ceremonias oficiales.
Un primer antecedente claramente visible de este cambio se produjo en 2006;5 sin embargo, la primera disputa abierta por el uso del zócalo como espacio de expresión de las ceremonias estatales y de la sociedad tuvo lugar con motivo de la celebración del grito de Independencia en 2013. El conflicto que derivó en la disputa por el zócalo se inició en diciembre de 2012 cuando, en el discurso posterior a la toma de protesta, el presidente Enrique Peña Nieto anunció, entre otras políticas, una reforma educativa en los términos acordados con los principales partidos políticos del país en el Pacto por México.6 En virtud de esta concertación interpartidaria, la reforma constitucional en materia educativa fue aprobada de manera inmediata por la Cámara de Diputados -el 20 de diciembre- y por la Cámara de Senadores -al día siguiente- y fue promulgada por el presidente el 25 de febrero, una vez aprobada por las legislaturas estatales.7 El proceso de reforma se extendió hasta el 10 septiembre cuando el presidente promulgó la Ley General de Educación (LGE), la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (LINEE), y la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD).
La forma de la puesta en marcha de las reformas daba cuenta de las intenciones restauradoras de la figura presidencial.8 A pesar de contar con una mayoría parlamentaria propia, el nuevo gobierno intentó emular la aplastante mayoría que solía acompañar a los presidentes del régimen posrevolucionario mediante la firma del Pacto por México. La reforma educativa se mostró como producto de una voluntad estatal unificada, supra-parlamentaria, que transitaba por el Congreso de la Unión sin contrapesos. La voluntad así expresada pretendía generar la idea de una comunión indubitable entre el Estado y el bien común y se manifestaba a través de un proceso sin cabildeos ni debates. No obstante, desde el momento mismo de su enunciación, tanto el gobierno como los principales actores políticos sabían que la reforma educativa habría de motivar un conflicto prolongado. La posible reacción del oficialista Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) fue atemperada, siguiendo los usos y costumbres tradicionales, mediante la detención de su líder, Elba Esther Gordillo,9 un día después de la promulgación de la reforma constitucional. Sin embargo la disidencia magisterial encabezada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) puso en marcha de inmediato un plan de lucha nacional. El gobierno federal buscó desactivarlo mediante la instalación de una mesa de negociación entre la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la CNTE, y permitiendo -en coordinación con el Gobierno del Distrito Federal (GDF)- que la CNTE instalara el 8 de mayo un campamento en el zócalo.10 Teniendo como base ese campamento, durante los siguientes tres meses la CNTE intentó abortar mediante la movilización permanente el tratamiento de las leyes secundarias y revertir la reforma constitucional.
En este marco, el artículo se propone analizar la resistencia que tuvo lugar a partir del conflicto magisterial derivado de la reforma educativa.11 El largo conflicto magisterial no sólo implicó una serie de acciones tendientes a impedir la puesta en operación de la reforma, sino que en su desarrollo buscó cuestionar la capacidad del gobierno para llevar a cabo una de las ceremonias clave de la liturgia política, misma que permite, de forma simbólica, refrendar la constitución del Estado-nación mexicano: el grito de Independencia. El eje de la contienda simbólica fue el uso del zócalo, respecto del cual el Estado y los líderes del movimiento magisterial reclamaban derechos sobre el sentido de su uso. Cuando el Estado visualizó que el grito podría celebrarse en un espacio ocupado por un movimiento que le cuestionaba, decidió desalojarlos y llenar el zócalo con personas afines, traídas de los municipios del Estado de México -entidad bajo el control político del presidente de la República. Con esto se garantizó que la ceremonia del grito, y el desfile militar, se desarrollaran según el protocolo. Sin embargo, es precisamente esta puesta en escena la que a nuestro entender, transformó una ceremonia gubernamental rutinaria12 en un campo de batalla simbólico, sujeto a cuestionamientos y críticas.
Analizamos este conflicto como un esfuerzo deliberado de los actores políticos involucrados por colocar mensajes dirigidos tanto a los destinatarios de la acción como a un auditorio amplio de actores, a nivel cognitivo y emocional, a través de la combinación de discurso e imágenes.13 A estos actos intencionales se los puede definir como acciones simbólicas o performances, donde los actores, individual o colectivamente, despliegan hacia otros un sentido consciente o no de su situación social.14 Se busca analizar las percepciones que de esos performances tuvieron otros actores, particularmente la opinión pública expresada en los medios de comunicación nacional, cómo los interpretaron y decodificaron. Los actores políticos tratan de que sus performances sean interpretados como auténticos, por eso pretenden articularlos con un telón de fondo cultural que apela a los valores de la democracia, de tal suerte que generan la sensación de que está vivo un número determinado de símbolos y valores: buscan dar pie a una expresión cargada de verosimilitud y no a una acción apreciada como artificial. Si se valora como auténtica, entonces se piensa que los actores y parte de los elementos del performance no están sujetos a la lógica de la manipulación de los poderes sociales.15 Con todo, hay performances que por su articulación funcionan como actos litúrgicos que generan la sensación de que son autónomos de la capacidad y voluntad de sus actores, quienes aparecen como “instrumentos animados” de protocolos, reglamentos o leyes,16 y que respaldados por la tradición, adquieren una superioridad moral e institucional poco menos que incuestionable frente a los otros actores y al auditorio, lo que tiene como consecuencia que el performance litúrgico sea menos personal y se encuentre menos expuesto a una valoración sobre su autenticidad o verosimilitud.
En este sentido, el argumento de este artículo es que el conflicto por el zócalo, como espacio de una ceremonia litúrgica sujeta a pocos cuestionamientos de autenticidad o inautenticidad, terminó por ser transformada en un performance político sujeto abiertamente a su interpretación en términos de autenticidad o inautenticidad. Desde nuestro punto de vista, los esfuerzos por asegurar narrativamente la superioridad representacional del grito terminaron por ser un factor determinante para la finalización del conflicto y para el proceso de restauración de las formas y usos del modelo posrevolucionario frente a las capacidades contra-performativas del movimiento magisterial para minarlo. No obstante, esto se produjo a costa de socavar la sacralidad de una las ceremonias republicanas clave de la vida política nacional y del espíritu nacionalista. Así, los performances, contra-performances y la significación de la liturgia del grito puestos en escena durante el conflicto magisterial de 2013, contribuyeron a evidenciar un campo de batalla simbólico que dejó expuesta la construcción de una serie de discursos que plantearon la necesidad de la restauración del código autoritario para garantizar la reproducción simbólica del poder político y de la idea de la nación misma. La materia que desató originalmente el conflicto se convirtió, en la fuente de posicionamientos discursivos binarios: por una parte, quienes consideraban la recuperación del zócalo como una prueba de que el gobierno tenía la capacidad y la voluntad para recuperar el espacio central de producción simbólica del poder político; y por otro lado, quienes reclamaban el uso del zócalo como el lugar privilegiado para hacer escuchar demandas que consideraban legítimas. Siguiendo un planteamiento de Balandier,17 la disputa por el zócalo puede ser entendida como la disputa por un teatro en el que la sociedad “oficial” se produce, y en la que la protesta “popular” se manifiesta.
El trabajo abre con una descripción de los acontecimientos que se desarrollaron durante el conflicto, que van desde la promulgación de la reforma constitucional en materia educativa al desalojo del zócalo de los maestros nucleados en la CNTE. Posteriormente, se analizan las narrativas binarias proyectadas por los medios de comunicación hacia los actores centrales de la disputa en torno a la reforma educativa: el Estado y la CNTE. Dichas narrativas se centraron en señalar que el conflicto se debía, por un lado, a la debilidad de las diferentes instancias estatales (gobierno federal, gobierno local y Congreso de la Unión) para hacer frente a un gremio organizado y fuerte; por otro lado, a señalar la falta del oficio del gobierno federal frente a un magisterio hábil para defender sus derechos y canonjías. En el tercer apartado, se examinan las narrativas binarias destinadas a negar la autenticidad de la protesta y a producir la polución de la CNTE, convirtiéndolo en un actor impuro para la vida política nacional. En el siguiente apartado se trata de mostrar cómo esta narrativa adquiere un peso fundamental cuando se conecta con la construcción de la sacralidad política y cívica del zócalo, particularmente como espacio en el que se lleva a cabo la ceremonia del grito. El trabajo concluye con una reflexión en torno al lugar que ocupa la disputa simbólica en la consolidación del nuevo orden político democrático o la restauración del orden posrevolucionario.
Ejes para el análisis
Este trabajo sigue la propuesta del “giro performativo” que Jeffrey Alexander ha desarrollado dentro del programa de la sociología cultural. Por tanto, no es un artículo que se inscriba en la interpretación antropológica del performance a la manera de Víctor Turner o desde la sociología de Erving Goffman. Turner privilegió el contenido simbólico de la acción, enfatizó su adscripción al campo de los referentes culturales, mientras los análisis de Goffman subrayaron los posicionamientos estratégicos. El primero resaltó los ambientes rituales y sagrados de la acción, el segundo los de carácter racional y profano. En cada una de esas propuestas se trata de explicitar en qué medida se produce o no un orden simbólico. Cuando esto último se logra se dice que la acción simbólica tiene un contenido propiamente vinculado a la esfera cultural; si sucede lo contrario, se concluye que está regido por una cierta racionalidad estratégica. Pensar la acción de estas dos maneras es una invitación a reproducir la idea de que el actor o se mueve obligado por un ambiente cultural internalizado o despliega en la acción sus intereses de manera consciente y racional. La sociología cultural sugiere pensar las cosas por otra vía. Más que atribuir desde afuera una intencionalidad ritual-sagrada o racional-profana a los intérpretes del performance, es necesario considerar cómo la acción de éstos es percibida y evaluada por los otros actores. Es decir, si quien observa la acción la pondera como ritual (porque reconoce que ella apela a valores considerados sagrados) o racional (vinculándola al ambiente de lo profano). Si la acción es adscrita al primer parámetro es considerada auténtica o creíble y, en el segundo caso, inauténtica o no creíble con respecto a la imagen, posición o argumentación que se intenta representar. La autenticidad, sin embargo, debe ser considerada aquí más como categoría interpretativa del público que participa como actor en el performance, que como un estado ontológico.18 La liturgia, sin embargo, es un performance “menos personal” y “más mecánico”, por lo tanto se encuentran bajo una presión menor sobre su autenticidad o inautenticidad y se valoran más por su efecto funcional en las instituciones como ciertas liturgias políticas.19
La acción política puede ser observada a partir del esfuerzo deliberado de quienes la ejecutan por colocar un mensaje dirigido tanto a los destinatarios de la acción como al auditorio, a nivel cognitivo y emocional, a través de la combinación de discursos e imágenes.20 Estos actos intencionales pueden ser definidos como performances En los performances políticos, en general, los intérpretes producen un entramado de proyecciones simbólicas en las que tratan de articular su discurso, su imagen personal y su capacidad de liderazgo,21 a fin de generar emociones, simpatías y empatías morales con distintos interlocutores y auditorios.22 Si la conexión resulta efectiva, entonces el performance puede llegar a movilizar afectos y apoyos, de lo contrario, puede convertirse en objeto de crítica por parte de quienes no consideran que dicha conexión sea auténtica o verosímil.
Que un performance político sea considerado auténtico o inauténtico a los ojos del público depende de la forma en la que el público recibe, siente o lo interpreta. Esto significa que mientras para algunos un performance puede resultar creíble, para otros se trata de una puesta en escena falsa, montada con el objetivo de ocultar o distorsionar la realidad.23 El éxito de un performance radica, en buena medida, en la capacidad para controlar los medios de producción simbólica que permiten su definición, diseño y construcción.24 Articular exitosamente objetos, imágenes y discursos en una puesta en escena (mise-en-scène) en el que se visualizan motivos, valores y un marco moral delimitado, requiere “productores” y “directores”,25 aunque este despliegue de medios, recursos y conocimiento no garantiza un efecto de adherencia generalizado.
Ciertos performances por su operación, generan la sensación de que funcionan independientemente de la capacidad y voluntad de sus actores. Es el caso de la liturgia. En estos performances, la supuesta intención consciente o inconsciente del agente se reduce al seguimiento del protocolo establecido por un canon, reglamento o norma, generando la sensación de que los actores carecen de voluntad. Aunque protocolizada, la liturgia tiene ejecutantes que definen su praxis específica. Las liturgias hacen de estos últimos aparentes autómatas que comulgan con un ejercicio de la autoridad. A diferencia de otro tipo de performances, en la liturgia el ejecutante tiene una superioridad moral e institucional prácticamente incuestionable frente a los otros sujetos que forman parte de la ceremonia, superioridad que no se debe a la persona sino al rol que desempeña: el de representar a una entidad superior.
Por tal motivo, este tipo de performance se encuentra menos expuesto a la crítica del auditorio en términos de su autenticidad o verosimilitud. Su despliegue representa la reafirmación del vínculo entre los ejecutantes, el auditorio y aquello que inspira la celebración litúrgica, por lo que es difícil, aunque no imposible, establecer una crítica sobre su autenticidad o inautenticidad. La operación litúrgica es independiente de la capacidad dramática de sus oficiantes, cuando éstos se ajustan al canon. Por tanto, son regularmente interpretados como indispensables, incluso para quienes no están de acuerdo con que se lleven a cabo. Para evitar los efectos de la reafirmación del vínculo, se requiere que no se lleven a cabo. Si esto no es posible, resta tratar de minarlos, como a cualquier otro performance, a través de contra-performances, con el fin de debilitar el vínculo que se pone en juego entre sus participantes y aquello que inspira su puesta en escena. Lo que nosotros tratamos de mostrar en el texto es precisamente como ciertos performances y contra-performances por la disputa de un espacio -el zócalo de la ciudad de México- puso en cuestión la realización de una liturgia -la celebración del grito de independencia- generando con ello campo de batalla simbólico, sujeto a cuestionamientos y críticas, que pusieron en escena una serie de códigos representacionales del poder político en México.
Para dibujar este paisaje de conflictividad simbólica se desarrolló una metodología que permitió reconstruir: primero, los momentos emocionales de los performances y, segundo, las narrativas de categorización y tipificación de dichos performances como auténticos o inauténticos hechas por otros actores. Con respecto al primer tipo de metodología, se revisaron fuentes secundarias -particularmente crónicas escritas y visuales publicadas en los periódicos más importantes de circulación nacional, de igual forma que en noticieros de televisión e internet.26 Respecto de los videos, se hizo una minuciosa búsqueda de grabaciones levantadas por distintos actores sociales que pueden encontrarse en plataformas como YouTube.27 Con ello se construyeron marcos de interpretación sobre las condiciones de producción de emociones en los performances analizados. Es necesario apuntar que cuando se cuenta con este tipo de información es necesario comparar las evidencias entre sí con el fin de poder establecer un marco de interpretación lo más plausible posible -en la medida en que la crónica periodística es ya una interpretación sobre un acontecimiento. La interpretación final que construimos derivó entonces de la puesta en operación de una cierta imaginación sociológica para conectar nuestros distintos “modelos de interpretación y explicación con el objetivo de obtener una lúcida perspectiva de lo que está pasando”.28
Por otro lado, la metodología destinada a dar cuenta de la conformación del campo de batalla simbólico se construyó a partir de las columnas editoriales de la prensa y de la televisión, en la medida en que son ellas las que generan un espacio privilegiado en el que se discute la autenticidad o no de un performance político.29 Los editoriales y las columnas de opinión fueron analizados considerando la forma en cómo decodificaron los códigos y la actuación de aquellos actores que participaron en los performances sujetos a su crítica. Con ello se trató de mostrar cómo se construyeron las tipificaciones, juicios y categorizaciones sobre los actores involucrados y su desempeño dramatúrgico, en particular, y del performance, en general. Siguiendo la propuesta metodológica de Alexander y Mast,30 se trató de observar cómo los medios de comunicación construyeron narrativas binarias en función de tres esferas a partir de las cuales se clasifica y tipifica la acción performativa. La primera de ellas es la esfera de los motivos, donde se tipifica, por ejemplo, si las inspiraciones que están detrás de los actores derivan de un proceso libre y autónomo, o son el resultado de fuerzas que controlan y manipulan a dichos actores. En la esfera de las relaciones, por otro lado, se categoriza el tipo de vínculos que construyen los actores, definiendo en qué medida son abiertas, críticas y francas, o cerradas, discrecionales y estratégicas. En la esfera de las instituciones se clasifica, finalmente, el espacio donde los actores están inscritos: si están regulados por reglas y normas, si son incluyentes e impersonales o, por el contrario, si predomina el uso discrecional del poder, las lógicas de exclusión y las relaciones personales.31 De esta forma, se define un espacio moral donde se cristalizan los valores sobre lo bueno y lo malo, lo puro y lo impuro, aquello que merece ser incluido o excluido, quién es amigo o enemigo. Un emplazamiento organizado de patrones simbólicos que se comprende e interpreta de manera diferencial por los actores.
El conflicto magisterial y la ocupación del zócalo
Como se mencionó, en el mes de mayo la CNTE instaló un campamento en el zócalo, desde donde trató de presionar e impedir la promulgación de las leyes secundarias y revertir la reforma constitucional en materia educativa. El conflicto recrudeció en los meses siguientes ante el rumor de que el Congreso daría tratamiento expedito a las leyes secundarias durante el periodo extraordinario de sesiones que iniciaba el 22 de agosto. Ante la confirmación del rumor, la CNTE bloqueó los accesos de las cámaras de diputados y senadores, impidiendo que se llevaran a cabo las sesiones. Por primera vez en décadas, los legisladores debieron trasladarse a una sede alterna para poder sesionar. Al mismo tiempo, los manifestantes bloquearon las vialidades de acceso al aeropuerto de la ciudad de México. Con el objeto de disminuir la conflictividad, y a propuesta del Partido de la Revolución Democrática (PRD), los legisladores quitaron de la agenda parlamentaria el tratamiento de la LGSPD, proponiendo una discusión más amplia y postergando su tratamiento para el periodo ordinario que comenzaba el 1 de septiembre. Las otras dos leyes secundarias -la LGE y la LINEE- fueron aprobadas por ambas cámaras el 23 de agosto. Los integrantes de la CNTE consideraron insuficiente la postergación del tratamiento de la LGSPD frente a lo cual decidieron replegarse hacia el zócalo e incrementar su presencia de cara a la presentación del primer informe de gobierno y la celebración del grito. No obstante mantuvieron reuniones con legisladores de ambas cámaras respecto de las cuales no guardaban ninguna esperanza. Las reuniones, que prometían superar la falta de diálogo denunciada por los líderes magisteriales y una parte de la izquierda partidista, confrontaron posiciones irreductibles: de un lado, la exigencia de derogación de la reforma constitucional y de las leyes secundarias ya aprobadas; del otro lado, impedir cualquier regreso sobre lo andado y discutir exclusivamente en torno al proyecto de LGSPD. Mientras se llevaban a cabo las reuniones, la CNTE no dejó de realizar marchas de forma sistemática hacia los sitios de reunión y simultáneamente cercó en diferentes oportunidades las principales televisoras del país y las embajadas de Estados Unidos, Francia y España.
Frente a las posiciones irreductibles, a finales de agosto el gobierno federal presionó el tratamiento de la ley secundaria pendiente. Los legisladores partidarios a la reforma solicitaron a los gobiernos federal y capitalino que garantizaran el inicio de las sesiones ordinarias y el funcionamiento del Congreso. El gobierno federal habló por primera vez del uso de la fuerza ante acciones que se consideraban podría lastimar a terceros, señalando que toda protesta tiene un límite, y cuando ella se rebasa es necesario aplicar el estado de derecho.32 La CNTE respondió con una marcha de 50 000 maestros desde el zócalo hasta la residencia de Los Pinos. Los gobiernos de los estados de donde provenían los maestros movilizados amenazaron con el descuento de los días no laborados y desde el SNTE se ofrecieron estímulos para aquellos maestros que apoyaran la propuesta oficial.33 Las autoridades del PRD se apartaron de las posiciones de la CNTE en la materia y la instó a revisar la propuesta oficial.34 Antes habían declarado no compartir las estrategias de protesta utilizadas por la CNTE.35
El 30 de agosto, el Partido Acción Nacional (PAN) ordenó a sus legisladores interceder para votar de inmediato por la LGSPD. Desde su punto de vista, compartido por las principales organizaciones empresariales del país (impulsoras de la reforma educativa), la postergación del tratamiento de la misma había sido una concesión al chantaje de la CNTE y la calificaron de “golpe de estado al Congreso”.36 Ambos actores promovían, además, la represión de las manifestaciones magisteriales, hablaban de la connivencia del GDF -en manos del PRD- para solaparlas e impulsaban un juicio político para el jefe del GDF -quien sistemáticamente sostenía que no habría de reprimir a los manifestantes. A esta petición se sumaron los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM).37 En medio de un fuerte cerco policial, la Cámara de Diputados aprobó la LGSPD el 1 de septiembre, a lo que los maestros respondieron con una amenaza de “insurrección magisterial”.38 Mientras que en un nuevo procedimiento fast track, el Senado aprobó la LGSPD el 3 de septiembre. La CNTE respondió paralizando la ciudad y exigió que el presidente vetara las leyes secundarias.
El día de la presentación del mensaje relativo a la entrega del primer informe de gobierno 5 000 policías federales custodiaron la sede,39 cuya relocalización en la residencia de Los Pinos había sido anunciada el 29 de agosto por la presidencia de la República.40 A pesar de que este evento, otrora performance central del presidencialismo mexicano, había perdido fuerza sobre el final del gobierno de Fox y durante el de Felipe Calderón, pretendía ser un ejercicio de recuperación de la ritualidad priísta.41 No obstante, la movilización del magisterio había puesto en cuestión incluso la posibilidad de realizar dicha ceremonia, a tal punto que tuvo que realizarse en la propia residencia presidencial para garantizar el control de su desarrollo.
Ante la promulgación de las leyes secundarias, la CNTE decidió permanecer indefinidamente en el zócalo e impedir la celebración del grito. La SEGOB y el GDF realizaron negociaciones para reubicar a los manifestantes con el objeto de permitir la celebración del acto cívico, mismas que fracasaron. La noche del 12 de septiembre las autoridades federales advirtieron a la CNTE que al día siguiente desalojarían el zócalo. Los dirigentes magisteriales respondieron con una asamblea en la que si bien decidieron resistir no pudieron evitar el éxodo masivo de los manifestantes. Al mediodía del 13 de septiembre las autoridades lanzaron un primer ultimátum y ordenaron cerrar las oficinas y los comercios en una amplia zona aledaña al zócalo y se suspendieron los servicios de las estaciones cercanas del Metro.42 A las dos de la tarde las autoridades lanzaron un segundo ultimátum, a lo que los dirigentes magisteriales respondieron con una solicitud para negociar. Luego de las negociaciones, las autoridades concedieron a los manifestantes dos horas para desalojar el zócalo.43 Una parte de los que aún permanecían decidió abandonar la plaza, mientras que otros montaron barricadas, encendieron fogatas y se armaron con piedras, palos y tubos.
Quince minutos después del plazo otorgado, 3 600 policías federales avanzaron sobre el zócalo armados con toletes, escudos, chalecos antibalas, cascos, rodilleras y espinilleras, desde los dos ángulos del norte de la plaza. El avance de los policías fue apoyado por carros hidrantes y helicópteros.44 A su paso destruyeron el campamento y los maestros fueron conducidos hacia la avenida 20 de noviembre. Alrededor de las cinco de la tarde ingresaron al zócalo 20 camiones del GDF para hacer la limpieza y empezar con los preparativos de la ceremonia del grito.45 El grueso de los maestros que emigró del zócalo se concentró en el Monumento a la Revolución, sitio en el que acordaron con las autoridades continuar con su protesta. Una hora antes del inicio del desalojo, en la sede del Colegio Militar el presidente afirmó que “México [era] un país de paz, de armonía social, y para fortuna de los mexicanos cuenta con instituciones democráticas que están dedicadas a velar por el Estado de derecho, y tienen la obligación de hacerlo por los derechos de los ciudadanos”.46
Como puede observarse, los performances de la CNTE estuvieron orientados a evidenciar su capacidad de organización y su fuerza para tomar el espacio público de la capital del país. Sus movilizaciones buscaron socavar el tránsito de vialidades principales, bloquear el Congreso, así como posicionar sus reclamos en sitios clave que les daban una visibilidad internacional -como su presencia en embajadas y en el aeropuerto de la ciudad de México. Otro punto central de la protesta fue sin duda delante de las televisoras. Con esto dejaban en claro el mensaje de rechazo a la reforma educativa frente a los otros actores políticos -particularmente los partidos y el presidente de la República- y ante la opinión pública. Generaron así una serie de respuestas, a veces de rechazo y otras de comprensión de su lucha, algo normal en este tipo de disputas. No obstante, las protestas magisteriales adquirieron otro tono cuando fueron colocadas en un registro tal que cuestionaron, para algunos, performances y liturgias políticas centrales para la reproducción simbólica del poder político, mismas que en ese momento buscaba restaurar el PRI y su gobierno: el informe presidencial, el grito y el desfile militar. Cuestionamientos que se hacían, además, desde el centro del poder político del país: el zócalo. De esta forma, la CNTE puso en juego acciones que fueron evaluadas por la opinión pública de una forma diversa, pero que en el fondo se interpretaban como un desafío a los performances del poder, no sólo del gobierno, sino del Estado mismo.
Salvo para los especialistas -cuyas manifestaciones aparecían sólo marginalmente en los medios de comunicación- el debate conceptual sobre la reforma educativa contraponía principios incontrovertibles.47 No obstante, más allá de lo irresoluble de este debate, el mismo fue puesto pronto en un segundo plano, dando lugar a otro, relativo al derecho de la CNTE para manifestarse en las calles de la ciudad, fundamentalmente, de ocupar el zócalo. Aun cuando la pretensión de la CNTE de impedir la celebración de las ceremonias oficiales nunca fue explícita, los observadores la dieron por hecho y así la confrontación con el gobierno federal fue leída a partir de dos conjuntos de discursos binarios. El primero de ellos centró el conflicto en términos de relaciones de fuerza: la CNTE era fuerte por la propia debilidad del Estado para hacerles frente mediante la ley. En este sentido la confrontación era una disputa entre aquellos que no respetaban la ley y quienes no la querían aplicar. El segundo conjunto estableció la premisa de una relación asimétrica de oficio político: la CNTE era clara en su posición y objetivos -lo cual hacía comprensible su actuación- y ello le permitía movilizarse de forma efectiva, mientras que el gobierno había sido torpe y carente de imaginación para evitar la movilización. Por tanto, el conflicto era el resultado de la pericia política la CNTE frente a la impericia política del gobierno. Ambos conjuntos de discursos binarios no estaban dirigidos a cuestionar la capacidad del Estado para procesar el tratamiento de la reforma educativa, de hecho, tanto la reforma constitucional como las leyes secundarias fueron aprobadas por amplias mayorías y en tiempos relativamente cortos, sino que se orientaban a la capacidad del Estado para evitar la movilización de la CNTE.
Fortaleza sindical versus debilidad institucional
La capacidad de movilización de la CNTE fue vista como proporcional a la incapacidad del Estado, como su contracara. Se decía que “los ‘maestros’ exhibieron la debilidad del Estado mexicano”,48 por lo que el país había sido testigo de una ausencia de gobierno, o quizá peor aún, la rendición anticipada del gobierno, como una especie de confesión de que la policía de la ciudad de México no puede hacer su trabajo y garantizar la movilidad de sus habitantes.49 Esta incapacidad de acción fue interpretada como una prueba de que las autoridades habían permitido el debilitamiento del Estado, las instituciones y el sistema democrático, expresando con ello su incapacidad para contener la ingobernabilidad que generaba la CNTE.50 En este sentido, se comentaba que “la espiral de ingobernabilidad que [habían] desatado las protestas de los militantes de la CNTE [fuera incremental]”.51
Frente a esta situación, considerada intolerable, algunos comentaristas se preguntaban qué debía hacerse. Las respuestas eran diversas, pero en un solo sentido. Se decía que la autoridad debía cortarles el financiamiento, frenar sus marchas que afectaban a terceros, proceder contra sus líderes, exhibiendo su situación fiscal, sus tropelías y de quienes los apoyan.52 Además había que modificar los incentivos de los maestros en protesta, porque “si por no trabajar les pagan igual que por trabajar, y si los bloqueos y actos de violencia son premiados en vez de castigados, seguirán haciendo lo que han estado haciendo”.53 De esta forma se señaló que había que terminar con la impunidad con la que el magisterio se mueve, ya que no son “detenidos por los actos de violencia y por someter a los diputados a una presión ilegal”.54 En síntesis, se pedía de la autoridad que se negara a negociar la ley y que usara la fuerza pública.55
A juicio de estos comentaristas, parecía existir la consigna gubernamental de permitir a los maestros cualquier tropelía y con ello evitar un enfrentamiento directo con las fuerzas del orden. 56 Sin embargo, se apuntaba, “la salvaguarda del proceso de negociación incluyente [había] vuelto rehén al Congreso y a la ciudad de un grupúsculo de revoltosos y provocadores”.57 Sostenían que no se reprimía porque “de acuerdo con la lógica de la autoridad [hubiese sido] más costoso derramar una gota de sangre de algún ‘mentor’ que proteger el ritmo de vida de miles de ciudadanos”.58 Se estimaba que el miedo se debía a que las autoridades estaban marcadas “por Tlatelolco, donde se restableció el orden y se reencausó la vida institucional con enérgicas acciones oficiales, se [habían] negado a emplear a la policía contra manifestaciones, marchas y plantones, de las que ya [estaba] harta la población”.59 Se trataba, aducían, de “un trauma oficial”, ya que todo mundo rehuía convertirse en el siguiente Díaz Ordaz o Echeverría. En este sentido se llamaba a dejar atrás este trauma, sobre todo porque se consideraba que entre la propia población se extrañaba el uso de la fuerza al estilo de Gustavo Díaz Ordaz.60
Pericia política sindical versus carencia de oficio político gubernamental
Frente al discurso contra la CNTE se alzaron voces que buscaban contextualizar la situación y tratar de comprender los comportamientos de los manifestantes. A diferencia de aquel, este conjunto de voces era mucho menos sistemático -lejos estaba de aparecer a diario en los periódicos- y era mucho más disperso -atendía un conjunto de asuntos más amplio y con enfoques más plurales- aunque se dirigían esencialmente al Estado. Sin pronunciarse acerca del derecho a la manifestación, atribuían las manifestaciones de la CNTE a la impericia gubernamental y sin criticar la reforma educativa cuestionaban el procedimiento:
las molestias y perjuicios provocados por marchas y plantones [debía] atribuirse a quienes impiden a los disidentes emplear los instrumentos modernos de transmisión de sus intenciones. Si la causa original [era] la presión oficial sobre los medios o la corrupción de quienes los controlan, [era] hora de modificar esa conducta para que la libertad de hablar, no la policía ni los soldados, [fuera] la que despeje de protestantes las arterias urbanas.61
Se acusó al gobierno y a los legisladores de no explicar adecuadamente los alcances de la reforma educativa. Se decía que el éxito de la reforma no sólo dependía de su pertinencia sino como se había argumentado su puesta en operación, y en este último punto el gobierno había fallado.62 Se afirmaba que cuando el impacto y los efectos de una reforma como la llevada a cabo no quedan claras, las protestas son inevitables.63 Se consideró por tanto que los errores comenzaron cuando la reforma se cubrió de un discurso amenazante, lo cual debilitó su legitimidad desde su nacimiento y la transformó en una reforma punitiva.64 Peor aún, frente a estas argumentaciones otras opiniones se orientaron a señalar que el gobierno había sido tomado por sorpresa por la protesta social, mostrándose incapaz de defender y convencer con su propuesta.65
Se objetó también la prisa con la que se procesó la reforma. Se cuestionó que no se hubieran hecho foros y consultas en el que se invitaran no sólo a la CNTE y el SNTE, sino también a especialistas. Se tenía que haber dado un tiempo al Congreso para debatir en comisiones la reforma. 66 Objetaron así al Estado el haber confundido los planos del debate educativo. Desde esta perspectiva, la LGSPD había puesto “en el centro un tema laboral como nudo educativo. Tocó la fibra sensible en un sector depauperizado [sic], desesperanzado, atrapado”,67 de allí que no haya sido “un conflicto educativo, sino uno político que ha afectado, afecta y afectará a lo educativo”,68 y “por eso el conflicto [era] tan difícil de entender”.69 Se decía que “lo que [estaban] peleando los maestros [...] no [era] una reforma educativa, [era] una reforma laboral”.70 También fue catalogada como impericia la falta de operación política. Se apuntaba que desde el gobierno no hubo algún intento de operar políticamente con la SNTE y la CNTE, quizás porque se pensó que la coordinadora no iba a reaccionar de la manera en que lo hizo.71 Esto fue interpretado como una falla en la posible definición de escenarios de conflicto por parte del gobierno quien, se consideró, menosprecio al magisterio.72 En este sentido se evaluó la pobre operación política del gobierno como un intento fallido por resolver los problemas políticos a la vieja usanza de los años cincuenta y sesenta, utilizando la policía contra cualquier movilización popular.73
Algunas críticas estuvieron dirigidas a la falta de perspectiva histórica con que se analizaba el conflicto magisterial por parte del gobierno y algunos comentaristas en los medios de comunicación. En defensa de los maestros se decía que estaban “peleando lo que les prometieron cuando firmaron, cuando comenzaron a trabajar, cuando compraron o cuando heredaron su plaza. Punto. [Sonaba] horrible que se compren, se vendan o se hereden plazas de maestro, como cuando se compran, venden o heredan plazas en muchos otros ámbitos en nuestra vida nacional. Pero la culpa no [era] de los maestros, [era] de la gente que [estaba] arriba de ellos”.74 Así, el problema magisterial se planteó como el resultado de un cambio en las reglas del juego por parte del Estado hacia los maestros sin involucrarlos en ningún tipo de negociación y acuerdo.75 Conforme esta perspectiva, los maestros percibían “que las canonjías o privilegios [eran] producto de décadas de lucha y negociación; de posicionamiento de clase y movilidad social para un estrato históricamente menos privilegiado. Ellos no [veían] la herencia o venta de plazas y los accesos o ascensos automáticos como una práctica corrupta, sino como una especie de compensación de clase, un patrimonio familiar. Después de todo, [corría] el argumento, empresarios y políticos [habían] sido capaces, a través de distintas concesiones, arreglos o protecciones, con frecuencia monopólicos, de acumular patrimonios numerarios mucho más grandes para heredar. [...] Con estas posiciones, es decir, si una parte [veía] el objeto de la negociación como una práctica corrupta, y la otra como un patrimonio heredable, no [existía] espacio sino vacío de negociación”.76
El conjunto de estos discursos binarios estableció un campo en el que se confrontó, por un lado, un Estado incapaz de ejercer la ley frente a quienes se consideraba que la estaban violando y, otro más, que subrayó la impericia de un gobierno incapaz de poner en marcha una reforma de forma adecuada, sin generar enojo ni confusión. En el otro extremo, pero con más fuerza, la CNTE fue categorizada como un sindicato que constantemente violaba la ley como recurso para hacer entender que la reforma afectaba derechos y reglas de juego negociados con anterioridad con el Estado. Estos discursos marcaron, de alguna manera, la forma en qué se estableció la disputa que finalmente se dio por el zócalo. Definieron una primera categorización o tipificación de los actores donde a veces el responsable del desorden político era el gobierno y otras veces el sindicato. Unos y otros fueron catalogados en la esfera pública, siguiendo a Alexander,77 en función de los aparentes motivos, relaciones e instituciones que ambos actores ponían en juego en su confrontación política. No obstante, una vez que dicha confrontación se llevó al ámbito de la disputa por el uso del zócalo, estos elementos adquirieron una condensación tal que incluso pusieron en un primer plano el alcance y significado simbólico del poder político en México.
El derecho al uso de suelo y los vándalos del movimiento magisterial
Quienes criticaron la posición de la CNTE interpretaron la ocupación del zócalo como un ejercicio de privatización del espacio público. Se decía que “no se puede permitir que una plaza que es de todos los mexicanos sea ‘confiscada’ por unos cuantos, impidiendo a los demás que también la transitemos”.78 De ello se derivaba que todo acto público en el zócalo que fuera convocado por cualquier grupo particular de la sociedad civil podía ser objetado por la misma razón. De este modo, sólo los actos hechos a nombre del pueblo mexicano -de formas más o menos creíbles- y/o convocados por el Estado podrían ser calificados como legítimos y estarían por encima del derecho de todos a transitar. Con ironía se afirmaba que “quizá el jefe de Gobierno [debió] cambiar [...] el uso de suelo del Paseo de la Reforma y dejarlo como sede permanente de las manifestaciones y plantones de la CNTE o de cualquier otro grupo político”.79 De esta manera se puso en el centro del debate un conflicto entre derechos, enfocando la confrontación no ya entre el Estado y un grupo movilizado de la sociedad sino entre particulares, y exigiendo del Estado no la conciliación de derechos sino la declaración administrativa de la superioridad de unos derechos sobre otros y la utilización de la fuerza para imponerlos. Coloquialmente se hablaba del derecho de unos pocos frente al derecho de todos los particulares.
La inferioridad de los derechos de asociación y manifestación estaría dada per se, pero también por el uso que de ellos hacía la CNTE. Se afirmaba que resultaba lamentable que el gobierno hubiera cedido a los chantajes y presiones violentas de la CNTE, cuando en una democracia los intereses generales están por encima de los sectoriales.80 De hecho, se apuntalaba, no había democracia “donde la minoría [repudiaba] violentamente las formas establecidas de deliberación. La distancia entre ese estilo de protesta y un ‘golpe de Estado democrático’ [era] [...] demasiado corta”.81 Desde el inicio del conflicto, pero sobre todo a partir del bloqueo de las cámaras legislativas y del aeropuerto, la mayor parte de la prensa cuestionó los “métodos” de la CNTE. Su actuación fue catalogada como incivilizada, sus métodos buscaban desafiar al Estado, fracturar el tejido social y la legalidad, dañando así el prestigio internacional del país a través de la violencia y actos vandálicos.82 Los actos que la CNTE realizaba eran calificados como “infracciones, contravenciones y delitos”83 y su aceptación por parte de la autoridad como “el fin de la democracia”.84 La crítica sobre el uso del zócalo se interpretó, por tanto, a través de una narrativa en la que se trataron de enmarcar los motivos particulares y heterónomos, que fincaban relaciones opacas, discrecionales, racionalmente orientadas para beneficios personales por parte de una institución -la CNTE- con reglas de funcionamiento poco claras, personales, excluyentes, que se anclaban en el uso discrecional del poder, tanto a su interior como frente a otros actores.
En la esfera de los motivos, se cuestionaron los objetivos que perseguía la CNTE, a los que se consideró que no estaban por ningún motivo orientados a mejorar el sistema educativo nacional. Sus motivos fueron enmarcados como propios de una agrupación gremial. Se afirmaba que su único propósito era asegurar canonjías, medrar con las plazas, paralizar escuelas y vivir con prebendas inmerecidas provenientes del erario.85 Para ello bastaba con dar cuenta de cómo “la CNTE ha derivado en rentable y eficiente la industria de la protesta y el chantaje”,86 y que para la CNTE era “inconcebible dejar pasar coyunturas emblemáticas [...] sin demostrar que [podían] llevar a la Ciudad de México al borde del Apocalipsis”.87 Por lo que su radicalidad respondía sobre todo a un interés por sabotear el desarrollo del país. Se trataba de un intento claro por descarrilar a la nación, con el fin de crear un movimiento político más radical que el López Obrador, a través de agudizar las contradicciones sociales88. En este sentido el movimiento de la CNTE fue visto como la acción decidida de ciertos grupos por escalar un conflicto educativo y laboral a uno de cariz político.89 En suma, lo que realmente buscaban, según ciertas opiniones, era “en un primer momento, someter a los poderes constitucionales y, más allá, reemplazar, por las buenas o por las malas, al ‘sistema económico y político burgués’ y poner en su lugar un ‘gobierno popular’”.90 Todo lo cual colocaba a los motivos de la CNTE en las antípodas de los referentes universales democráticos de la esfera civil.
Por otro lado, la tipificación de las relaciones al interior de la CNTE fue sometida a un proceso similar de contaminación. Se señaló que tenía una estructura relacional de carácter mafiosa, que “más del 90% de los maestros que siguen a la CNTE [eran] rehenes de la cúpula mafiosa, que los [chantajeaba] con quitar plazas y prebendas si [dejaban] el activismo”. Y se movilizaban “porque el chantaje político [era] la más rentable de las actividades políticas, en un México en donde la palabra maldita [era] ‘represión’”.91 De hecho, se consideraba que sus integrantes no se movían por los ideales de izquierda típicos de los luchadores sociales, sino que eran “individuos y mujeres que algo [ocultaban] y que durante lustros [habían] sido manipulados por líderes perversos”.92 Incluso se llegó a decir que era “una organización fascista que [buscaba] obtener privilegios del gobierno a través del secuestro de los inocentes. [...] Su táctica [era] la de los secuestradores que [golpeaban] a un indefenso para que el poderoso les dé dinero”.93 A tal grado fue considerada como un ente impuro que hay quienes llegaron a señalar que la coordinadora pertenecía “al viejo mundo de la cultura nacionalista revolucionaria que lentamente se [estaba] desvaneciendo y [estaba] contaminada por la putrefacción de una cultura sindical que se [resistía] a desaparecer del panorama político”.94 No había duda de que eran “una suerte de “Criminales y Negociantes del Terror Educativo”,95 y que “la PGR de Jesús Murillo [tenía] documentados secuestros cometidos por ‘maestros y dirigentes’ de la ‘Sección XXII de la CNTE’ contra familias pudientes de Oaxaca”.96
Las relaciones hacia el exterior que la coordinadora establecía les eran asignadas con los partidos de abierta oposición al gobierno -que no habían suscrito el Pacto por México- y dentro de los partidos moderados, con los grupos que estaban en desacuerdo con el pactismo. Básicamente se le vinculaba con López Obrador y con Bejarano.97 A éstos, algunos les asignaban un vínculo orgánico con la coordinadora; otros, en cambio, les atribuían “una buena dosis de nostalgia y otra de rechazo absoluto a todo lo que digan los demás”.98 Las denuncias genéricas de los vínculos entre el PRD y la CNTE fueron establecidas a partir de la asociación libre de conductas similares: “las graves violaciones al Estado de derecho que [habían] ejecutado los integrantes de la [...] CNTE dejan al descubierto la serie de maniobras que por largos años han utilizado los integrantes del PRD”;99 o por supuestos intereses comunes, dado que no era sorprendente que hubieran sido “los perredistas quienes abogaron por congelar la [LGSPD]”.100 La imputación de los vínculos de la CNTE con el PRD, López Obrador y Bejarano fue subrayada como una prueba de los supuestos intereses políticos más que educativos de la coordinadora, en la medida en que era conocida la oposición de aquéllos al modelo de desarrollo impulsado por los gobiernos priistas y panistas desde la década iniciada en 1990. Pero los vínculos con fuerzas políticas “retrógradas” iba más allá cuando se afirmaba que los tenía “con movimientos guerrilleros y [que] algunos de sus miembros [habían] participado en secuestros”.101
Finalmente la CNTE como institución fue definida por su opacidad, por no funcionar con reglas impersonales y, por tanto, regida bajo mecanismos en los que imperaba la discrecionalidad del poder. En particular se señaló el origen de su financiamiento. Así, se cuestionaba el costo de la movilización y ocupación del zócalo, al que se lo calificaba como “plantón VIP” dado que “no eran plásticos atados con cuerdas que exhibieran las grietas de otras movilizaciones. No había cartones pegados que se improvisaran ante la decisión de sus líderes. Las tiendas de campaña [eran] de marca Coleman. [Y que los manifestantes habían llegado] en cómodos camiones que los [habían] transportado desde sus estados”.102 De igual forma se cuestionaba el origen del dinero: “¿de dónde [salían] las carretadas de dinero para mantener en la ciudad de México a un ejército que promedia los 14,000 seguidores?”103 La respuesta que se ensayaba era que los habían “obtenido gracias a que [controlaban] a los gobernadores del Pacífico, pero también a la capacidad organizativa, que [llevaba] décadas de perfeccionamiento”,104 y a que tenían “el uso y costumbre de extraer rentas del presupuesto educativo”.105 Hemos señalado que a los líderes de la CNTE se les acusaba de medrar con las plazas y obtener inmerecidas prebendas, con ello se les imputaba el deseo de obtener beneficios personales a costa de sus representados y del Estado. Por momentos, sin embargo, parecía que el único objetivo atribuido a la CNTE era la movilización. Desde esta perspectiva, los recursos y privilegios obtenidos estarían destinados al financiamiento de las marchas y plantones, y el control de las plazas a garantizar el funcionamiento de la maquinaria y el activismo.
De esta manera se construyó un actor moral que cristalizaba valores contrarios a la democracia, impuro en términos de los fines políticos de un régimen democrático que, por lo tanto, debía ser excluido de la vida social. Se generó en la esfera civil mexicana una suerte de emplazamiento organizado, siguiendo a Alexander,106 de patrones simbólicos en los que se buscó enmarcar a la CNTE como un agente político impuro con performances inauténticos y contrarios al marco democrático de la política mexicana. No obstante, este discurso no fue suficiente para justificar la salida de la CNTE del zócalo, al final de cuentas la contaminación de los actores en la vida política resulta un proceso propio de las relaciones agonísticas de carácter político, donde son permanentes las acusaciones sobre la impureza entre los distintos actores. Se tuvo que construir un discurso en el que se trató de subrayar el supuesto carácter sagrado del zócalo, idealizándolo como un lugar relevante para la vida política nacional: un lugar donde supuestamente la sociedad “oficial” se reproduce. De esta manera se trató de contrastar el carácter impuro e inauténtico atribuido a la CNTE con el carácter puro y auténtico atribuido al lugar y el momento que ocupaba. Este contraste fue considerado por nosotros como clave para tratar de movilizar a cierta opinión pública a favor de expulsar a la coordinadora del zócalo.
El grito
Conforme los días avanzaban y la ceremonia litúrgica del grito iba a tener lugar se resignificó la operación hecha desde el discurso contra la CNTE. El conflicto se transformó de uno acerca de la política educativa entre el Estado y los maestros, en otro entre unos ciudadanos de dudosa reputación y la totalidad de los ciudadanos de bien. Al mismo tiempo, la ceremonia del grito pasó de ser una ceremonia oficial a una de todos los mexicanos. El Estado pasó de ser sujeto de una disputa a defensor de un oficio republicano que simbolizaba no sólo el nacimiento de un país. Como apunta Balandier, cada vez que el presidente da el grito a las once de la noche, los dirigentes se transforman en los guardianes de la continuidad mística de la Independencia y de la Revolución, creando la ilusión de su permanencia.
Dada la relevancia de esta liturgia, se expresaba la necesidad de su realización en forma de plegaria. Al menos en este sentido se expresaba en algunas columnas que afirmaban que tenían la esperanza que de que a través de súplicas o amenazas la CNTE se apiadara o atemorizara y dejara libre el zócalo.107 Se consideraba que esto era necesario porque este espacio, como cualquier otro símbolo festivo de cualquier nación, es importante para la vida cívica de sus ciudadanos. De esta forma se consideraba que el gobierno de Peña Nieto debería mostrar que tenía la capacidad y decisión de utilizar la plaza, y evitar así que un grupo político decretara la cancelación o cambio de una de las ceremonias consideradas como claves en México. Ello sería una muestra, además, de que tenía la autoridad para terminar con éxito su sexenio.108
Frente al grito, las voces discordantes parecieron acallarse. Quienes, como los panistas, trataban a los maestros como vándalos, celebraron que éstos “hayan decidido” desalojar el zócalo. Los perredistas, quienes desde el GDF se habían negado sistemáticamente a desalojar a los maestros, elogiaron que se “haya acordado el retiro pacífico” y atribuyeron la necesidad del operativo a actos que “fueron protagonizados por manifestantes ajenos a los profesores, hechos respecto de los cuales los propios maestros se han deslindado”.109 Si bien algunos actores políticos se expresaron en contra del uso de la fuerza o definieron como absurdo al operativo y reclamaron la falta de concertación para el desalojo del zócalo, ninguno objetó que el objetivo fuera la realización de las ceremonias cívicas del día de la independencia.
Menos de una hora después de haber ingresado la policía federal al zócalo de la ciudad, los trabajadores de la Secretaría de Obras del GDF iniciaron las labores de limpieza.110 Cuatro horas más tarde, el ejército comenzaba a instalar el mobiliario para los festejos;111 fueron colocadas 12 mil vallas metálicas en todo el perímetro de la plaza y fue encendida la iluminación de los símbolos patrios.112 A partir de ese momento 5 000 elementos de la policía federal coordinados por el Estado Mayor Presidencial vigilaron el zócalo.113 El número de elementos llegaría a 10 000 el día del grito. En torno de la plaza se estableció un perímetro de seguridad que abarcó 20 manzanas del Centro Histórico. El cerco incluyó, cuatro cinturones de seguridad, 35 arcos detectores de metales, nueve aparatos de rayos x y perros amaestrados.114 Además, y ante el temor de infiltraciones por parte de los llamados grupos radicales, se desplegaron decenas de “’indicadores’, que son funcionarios de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Seguridad, la Presidencia y autoridades locales que [habrían de vestirse] como deportistas, padres de familia y amas de casa, para avisar”.115
La plancha del zócalo fue dividida en dos: una franja a lo largo del Palacio Nacional, a manera de primera fila frente al balcón desde el cual el titular del poder ejecutivo presidiría la ceremonia, estuvo destinada para los acarreados del Estado de México, quienes vestidos de rojo y/o portando el logotipo y pines priistas arribaron entre las 15:00 y las 18:00 horas en camiones provenientes de los municipios de Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero, Tultitlán, Nezahualcóyotl, y Zumpango, principalmente.116 Sus expresiones de apoyo, “¡Peña! ¡Peña!”, buscaban contrarrestar algunas manifestaciones contrarias al presidente.117
Los que no llegaron en camiones que portaban cartulinas con la frase “Acceso Vehicular - México: Gobierno de la República”118 y que fueron estacionados detrás de la Catedral, tuvieron problemas para ingresar al zócalo.119 La revisión rigurosa en los cinturones de seguridad incluía el decomiso de paraguas, botellas, palos, pilas, llaveros y hasta elotes.120 Se estima que, por dificultades de acceso, 8 000 personas no pudieron llegar al zócalo.121 El saldo fue una asistencia de 50 000 visitantes, casi 50% menos que la registrada en años anteriores.122
En un ambiente desangelado, en el que ni la promesa de la presencia de artistas de mucha convocatoria, como Juan Gabriel, logró levantar los ánimos,123 en punto de las 23:00 horas, como establece el protocolo, Peña Nieto procedió a oficiar la ceremonia de acuerdo con el canon: apareció en el balcón acompañado exclusivamente por su mujer en un evidente segundo plano, hizo tañer la campana nueve veces y pronunció los nombres de Hidalgo, Josefa Ortíz de Domínguez, Allende, Aldama, Galeana y Matamoros, ayudado por un “acordeón” al que recurrió, al menos en cuatro ocasiones y sin improvisar una sola palabra.124 Luego entonó el himno nacional y, ya acompañado también por los hijos del matrimonio presidencial, presenció el espectáculo de fuegos pirotécnicos.125
Al interior del Palacio Nacional, 740 invitados especiales126 asistían a la otra parte de la liturgia y atestiguaban “el regreso del PRI a los protocolos de las fiestas patrias”,127 aunque un evento extraordinario lo obligará a alterar sobre el final el script. A las 22:00 horas descendió de un helicóptero y se dirigió a su despacho “donde se ajustó la banda presidencial y realizó un ajuste de tiempo”; acompañado de su esposa, “salió por la Biblioteca Presidencial, y cruzó los salones Verde, Azul y Morado hasta llegar al salón de Recepciones”, a unos pasos del balcón recibió de una escolta de cadetes del Heroico Colegio Militar la Bandera nacional y se asomó a oficiar el grito.128 “Todo aquí [funcionó] conforme a un guión preestablecido: los invitados [ocuparon] los salones alrededor del balcón presidencial, para presenciar desde ahí el grito de Peña Nieto y la pirotecnia”.129 A las 23:30 horas los invitados comenzaron a bajar hacia el patio central al que habría de acudir el presidente después de la ceremonia propiamente dicha y tras una reunión urgente con el gabinete en su despacho. “Un prolongado aplauso [coronaba] su entrada al patio central, al son del Huapango de Moncayo”.130 Frente a los invitados agradeció “su presencia y se [excusó], además de expresar su solidaridad con las familias de los fallecidos a causa de fenómenos naturales”.131
Las circunstancias específicas en las que se desarrolló la ceremonia del grito de 2013 promovieron que los discursos que se estructuraron en los días posteriores pusieran en duda -tal vez por primera vez- su autenticidad. Si bien en las crónicas del día siguiente no faltaron las descripciones tradicionales de la “gala” y la “verbena popular”, los medios no soslayaron que se trataba de un montaje. Si bien aquellos que denunciaron la calidad de los autobuses y los costos de movilización de los maestros no se pronunciaron en cuanto a los de los “simpatizantes”, pareció evidente que se trataba de expulsar a unos para acarrear a otros. No hubiese sido la primera vez en la que un presidente hubiese tenido que enfrentar consignas contrarias a su persona, tampoco lo fue el hecho de que la movilización no haya sido espontánea, sabido es que en los tiempos de oro del sistema posrevolucionario las estructuras de las organizaciones corporativas de masas eran movilizadas de manera obligatoria, pero nunca había sido tan evidente el contrate entre quienes querían permanecer en el zócalo y aquellos que debieron ser “invitados” para llegar.
El cuestionamiento de la autenticidad del grito se hizo evidente en la medida en que revitalizó los posicionamientos discursivos binarios entre quienes a) consideraban la recuperación del zócalo como una prueba de que el gobierno tenía la capacidad y la voluntad para recuperar el espacio central de producción simbólica del poder político; y b) reclamaban el uso del zócalo como el lugar privilegiado para hacer escuchar demandas que consideraban legítimas. Entre los primeros, continuó exaltándose la calidad y necesidad del operativo policial. Se decía que “el DF no [era] la ciudad de Oaxaca”,132 que se utilizó la “fuerza pública sin excesos”133 y que “Peña y Mancera acabaron con ‘el mito’ y la ‘tara’ -políticas y sociales- de la represión brutal y hasta criminal de 1968”.134 Si bien los partidarios del desalojo no hicieron mayores comentarios respecto de la ceremonia del grito, antes bien la obviaron, reconocieron de manera irónica, que “no cabe duda que los priístas del Estado de México quieren mucho a Enrique Peña Nieto, pues ahora resulta que ellos solitos se organizaron para ir a apoyarlo en su primer Grito de Independencia”, aunque compensaron la crítica indirecta con un reconocimiento al presidente por haber cancelado la cena en Palacio Nacional para atender la emergencia de las lluvias.135 Entre los segundos se reclamaba que “tras enviar contingentes de policías antidisturbios y columnas de provocadores a desmantelar el campamento magisterial, Peña organizó un espectáculo de autoexaltación con miles de acarreados mexiquenses”136 y que el “peñismo violentó derechos y garantías para satisfacer necesidades ceremoniales”.137
Conclusiones
El conflicto magisterial debe ser analizado a la luz del proyecto de restauración política, pero fundamentalmente simbólica, puesta en marcha por el PRI y el presidente Peña Nieto y su equipo. La recuperación de la figura presidencial a partir de la idea de eficacia gubernamental era la piedra angular de ese proyecto. Frente a un escenario de pluralidad partidista y gobiernos divididos, la presidencia se propuso demostrar que era posible poner en marcha un amplio proceso de reformas estructurales que los gobiernos panistas de los dos sexenios anteriores habían sido incapaces de lograr en escenarios de complejidad política similares y aún gozando del bono democrático producido por la alternancia. La educativa era la primera de un paquete de reformas respecto de las cuales, se sabía, se habrían de generar múltiples resistencias. El panismo había consumido en los doce años posteriores a la alternancia todo su capital político tratando de impulsar infructuosamente las reformas fiscal, hacendaria y energética. El nuevo gobierno asumía el desafío de impulsarlas y agregar a la agenda las reformas educativas y de telecomunicaciones. Todas implicaban consecuencias distributivas de alto impacto. Todas, por lo tanto, eran controvertidas.
Por ser la primera, la reforma educativa debía superar no sólo su tratamiento legislativo, que estaba garantizado por el Pacto por México, sino la batalla simbólica que habría de producirse a partir de la resistencia. El nuevo gobierno podía presumir que, a diferencia de sus predecesores, podía lograr la aprobación legislativa de las reformas sin mayor trámite, pero el proceso de restauración de la presidencia imperial requería, además la demostración de la capacidad de negociar los conflictos sin tener que hacer concesiones. Desde la presentación de la propuesta de reforma educativa el gobierno sabía dos cosas: que habría de haber conflicto y resistencia y que no podía retroceder en sus decisiones. La firma del Pacto por México había sido un arma de dos filos para el proyecto restaurador: si bien garantizaba al gobierno un tratamiento legislativo similar al que tenían los gobiernos priístas de la época clásica, le dejaba toda la responsabilidad argumentativa y de gestión política.
El conflicto, aunque esperado, resultó mucho más duro y costoso de lo presupuestado. A lo largo del mismo, el gobierno evidenció que el proyecto restaurador presentaba grietas. La búsqueda por recuperar la sacralidad del régimen priista posrevolucionario mediante la reinstalación y adecuación de su abanico performativo chocó con una sociedad que ya no se disciplinaba fácilmente mediante el encuadramiento que ofrecían entonces las organizaciones de masas. La prolongación del conflicto le permitió al gobierno apelar, para lograr su conclusión, a la más sagrada de las liturgias republicanas: el grito de Independencia.
La disputa del CNTE y el gobierno federal por el uso del zócalo puso en escena una serie de códigos representacionales del poder político en México. Ciertamente el conflicto por la reforma educativa de alguna forma está detrás de esa disputa, pero no la condiciona en su desarrollo. Las discusiones sobre quién y cómo se debe usar la plancha del centro de la ciudad, así como otros espacios públicos estuvo enmarcada por la agonística constante entre la CNTE y el gobierno, así como por un número importante de medios de comunicación -particularmente escritos, aunque no exclusivamente. El resultado fue no sólo la descalificación de unos y otros- en los que a veces el gobierno era acusado de ineficiente e incapaz, mientras que la CNTE era dotada de una perversión en todos los sentidos. Poco a poco se fue construyendo a través de ciertos códigos considerados anticiviles, en el ámbito de los motivos, las relaciones y las instituciones, una CNTE marcada por supuesta tendencia natural a cálculo estratégico, la conspiración, la arbitrariedad, la irracionalidad, la pasión y sus intereses de gremio. Lo cual permitió definir un actor que condensó, como sugiere Alexander,138 las características de todo aquello que representa un peligro para la esfera civil.
Como se ha sugerido en el conjunto de este artículo, este tipo de descalificaciones propias de una sociedad civil que se define por sus continuos conflictos entre códigos binarios y entre actores que los invocan, terminó de alguna manera favoreciendo al gobierno en cuanto la presión de algunos sectores de la opinión pública manifestaron su preocupación por la cercanía de la ceremonia del grito. Es aquí cuando esas condensaciones de lo anticivil que fueron impuestas a la CNTE tuvieron otro alcance. El lugar destinado a ser el teatro de la liturgia que da sentido tanto a la fundación de este país, como de su poder político, estaba siendo ocupado por una fuerza ya de entrada considerada impura para esa misma liturgia. Lo importante no era el lugar, si no el sentido simbólico del mismo. El gobierno construyó entonces una narrativa en la que colocó al zócalo no como un espacio para la reproducción de una liturgia política, sino para una liturgia que funda la nación mexicana. El zócalo es del pueblo de México, fue la fórmula que permitió dar pie a ese desplazamiento de su sacralidad como espacio litúrgico. Con este movimiento logró justificar el desalojo y el apoyo de un importante sector de la opinión pública.
Sin embargo, la disputa generó un vaciamiento del propio zócalo en sentido simbólico y escenográfico. Simbólico, porque la liturgia -esa representación del poder que no es susceptible de valorarse en términos de su autenticidad o inautenticidad- de cada año, terminó por convertirse en un performance sujeto a los cuestionamientos de la sociedad civil sobre su verosimilitud. Escenográfico, porque al haber ocupado el zócalo inmediatamente después del desalojo de la CNTE con acarreados, hizo que el evento pareciera más una manifestación político electoral, que una ceremonia tendiente a rememorar y, por tanto, a mantener viva, la potencia del poder político y la identidad nacional. En este sentido, lo que quedó al final de la disputa por el zócalo fue un teatro en el que la sociedad “oficial” terminó por verse cuestionada en sus formas de producirse y donde, al contrario, la protesta “popular” terminó por desplazarla. No obstante, mientras que el grito, según las crónicas, sigue careciendo de la asistencia que le caracterizó en otros años, el zócalo parece que no pierde su fuerza como campo gravitacional de la protesta popular, como lo han puesto de manifiesto las marchas por los 43 jóvenes estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
La ceremonia del grito representa, a nuestro parecer, la segunda batalla simbólica relevante que el gobierno de Peña Nieto tuvo que enfrentar a menos de un año de jurar como presidente de la República. La primera fue la que se dio el mismo día de su asunción, cuando las protestas llevadas a cabo pusieron en cuestión la permanencia de una liturgia fundacional que apelaba a la reproducción de ciertos códigos, símbolos y signos que daban continuidad al orden político. En aquellos acontecimientos la fuerza simbólica de la liturgia fue tan fuerte que sirvió como justificación para el uso de fuerza, reprimiendo a un importante grupo de manifestantes que protestaban en su contra, y estos grupos sólo lograron hacer evidente su indignación política, algo insuficiente para minar aquello que el Estado movilizó para garantizar su continuidad.
En este sentido, consideramos que algo está cambiando más allá del aparato político institucional o del régimen político, y que tiene que ver con los códigos, performance e íconos que definen al poder en México. Ese desplazamiento se debe en parte a los intentos de restauración de ciertas prácticas culturales y códigos autoritarios que el peñismo ha puesto en marcha en años recientes, incluso desde su etapa como gobernador del estado de México.139 Lo que sorprende es que parece que la academia no ha generado un interés particular por entender algunas dinámicas culturales que mueven el poder político en los tiempos de la restauración. Algo que llama la atención porque el tema de la cultura política fue central en las investigaciones de la sociología durante los años de esplendor y crisis del régimen posrevolucionario, muchas de las cuales evidenciaron los procesos simbólicos que proporcionaban el cemento del ejercicio del poder político. Consideramos que ahora se requiere hacer un esfuerzo en ese sentido para dar cuenta de cómo la política de la restauración autoritaria del país genera importantes batallas simbólicas en las que se definen, entre otras cosas, el futuro de la democracia en México.
