Las leyes o el espacio de lo posible

Bajo el título IX de la Constitución de Cádiz de 1812 se intentó articular una instrucción pública en todos los pueblos de la monarquía hispánica. Se supondría que, con la reunión a Cortes y de acuerdo con el artículo 370, se crearía una Dirección General de Estudios encargada de supervisar la enseñanza pública. El idealismo legislativo de aquella década se enfrentaría no sólo a la vuelta del rey Fernando VII en 1814, sino al desmoronamiento de un imperio con grandes divisiones jurisdiccionales, corporativas y, sobre todo, a la falta de ejecutores de aquellas novedosas leyes.

Así, con el Reglamento General de Instrucción Pública decretado el 29 de junio de 1821, volvieron a promoverse transformaciones en las instituciones educativas. El plan arribó a la Nueva España cuando ésta había declarado su independencia política, por tanto, no llegó a ejecutarse; mas las ideas quedaron impresas en quienes en otros momentos trataron de cumplirlas.⁴

La independencia política de 1821 supuso para quienes se hicieron cargo del gobierno en México que se llevaría a cabo la formación de un modelo educativo moderno. Se intentó articular y legislar la educación en el Reglamento Provisional del Imperio Mexicano. Sin embargo, la serie de leyes y la articulación de un sentido imperial tradicional no permitió la ejecución de un cambio educativo (^{Ramos, 1994}). No obstante, pese a la caída de Iturbide, existió un avance al romperse el modelo jurisdiccional que incidió poco después en eliminar el control educativo universitario que se mantenía desde la ciudad de México y Guadalajara.

El recién inaugurado proceso de autonomía regional se enfrentó al modelo imperial que se trató de imponer desde el altiplano. Sabemos que al final se impuso esa autonomía. Así, bajo la lógica federalista inaugurada en 1824, de cambio y transformación del modelo jurídico-educativo, y pese a la dilación corporativa del impulso promovido con Cádiz, se propusieron varios planes educativos de tendencia nacional, con la predisposición a generar una reforma en la ciudad de México durante los años de 1826 a 1830 (^{Meneses, 2001}).

La tardada respuesta de los rectores de los distintos colegios a las transformaciones se debió a que no veían en los nuevos sujetos políticos una figura de autoridad y legitimidad. Incluso se puede sugerir que aquellos que se hallaban al frente de las reformas no conocían los heterogéneos elementos que, a manera de un rizoma arbóreo,⁵ articulaban a las corporaciones en un plano económico-legislativo particular.⁶

Además, como sucede con las grandes crisis de carácter económico, la homogeneidad que el liberalismo tendió a fomentar se reflejó en la fractura económica del llamado Pánico de 1825 (^{Marichal, 1988}). Dicha situación tuvo que ver con las moratorias de deuda que los países latinoamericanos enfrentaron debido a los procesos de independencia política y otros negocios que indirectamente repercutieron en el orden educativo y financiero (en especial en la pérdida de sus inversiones) de los diferentes colegios de la ciudad de México. Al estar económicamente interconectadas la serie de cuerpos educativos, el quiebre económico inglés llevó en esos años iniciales al cierre parcial de algunos de ellos, o a exigir apoyo para su mantenimiento entre diciembre de 1826 y enero de 1828. Uno de estos efectos se observa en el momentáneo cese de actividades del Colegio de Minería, que tenía inversiones en algunos sectores económico-corporativos relacionados con Inglaterra.

Los cambios que se propusieron legalmente fomentaron la desincorporación de hospitales, renovación de rectores, cambios en las plantas administrativas y la expulsión de españoles de algunas de ellas. Estas acciones políticas reorganizaron un orden económico desde el gobierno que afectó a la unidad corporativa de antiguo régimen que en distintas escalas conservaban los colegios. Y pronto llegó la propuesta de otra reforma.

Un espacio para los estudios preparatorios

El proyecto de reforma educativa de 1833 se dio a conocer con una serie de decretos que, desde un horizonte de posibilidad, prometían materializar un sistema educativo nuevo. El 19 de octubre de 1833 se ordenó clausurar la Nacional y Pontificia Universidad y en su lugar se creó una Dirección General de Instrucción Pública. Ésta sería una institución republicana encargada de organizar los reglamentos de enseñanza y gobierno económico de cada una y todas las escuelas. Cuatro días después, otro decreto ordenó crear seis establecimientos, entre ellos uno dedicado a los estudios preparatorios. De acuerdo con la ley estaría ubicado en el Hospital de Jesús de Nazareno, una corporación que poseía un financiamiento mixto producto de privilegios otorgados por la corona, donaciones y herencias de algunos potentados, como Hernán Cortés.

Así vemos como los primeros pasos de la reforma se encaminaron a tratar de ubicar los espacios de una manera particular para impulsar las actividades educativas. Sin embargo, lo que legislativamente se diseñó para este establecimiento no fue posible cumplirlo. Aquí debemos valorar el espacio de enunciación y posibilidad que la política liberal tiende a generar discursivamente. Un espacio utópico y performático que entra en pugna con la realidad material. Veamos esto.

De acuerdo con las notas económicas de Pedro Fernandez del Castillo, ecónomo de la reforma, se pagó por el avalúo y el costo económico que implicó el desalojo de las 23 personas que ocupaban parte del edificio del hospital donde se propuso instalar el Establecimiento de Estudios Preparatorios (EEP). Se liquidó en el mes de noviembre la cantidad de $662.36 pesos por esos conceptos.⁷ No obstante, después de lanzar a los inquilinos a la calle, las instalaciones de la propiedad del hospital necesitaron reparaciones. Hacerlas impidió la puesta en marcha inmediata de los estudios preparatorios en ese espacio, pese a la urgencia política con que se trató de intervenir en el Hospital de Jesús. Ahora bien, si en ese sitio no fue posible instalarlo, ¿qué lugar se le daría para funcionar? Observemos esto a partir del Reglamento de Estudios que cada establecimiento debía crear con el fin de ordenar su funcionamiento.

El Reglamento de los Estudios Preparatorios se creó el 19 de noviembre de 1833.⁸ Se estipulaba, en su artículo segundo, que se ocupara “la fábrica material de los que formaban antes parte del de San Pedro y San Pablo, además de la iglesia continua de Nuestra Señora de Loreto”.⁹ Es notable aquí el cambio de espacio que fue del Hospital de Jesús a los nuevos sitios propuestos. No sólo eso, el horizonte reformista parecía buscar anular los nombres pasados, censurar su existencia corporativa y su memoria económica. Tal se comprueba al no citar el Colegio de San Gregorio, que también formaba parte del conjunto anterior y sobre el que, todo indica, no se tomó decisión alguna en ningún momento de la reforma.

La Dirección de Instrucción Pública ordenó que todos los establecimientos educativos inauguraran sus actividades el 5 de diciembre de ese año,¹⁰ mas no sucedió así con el de Estudios Preparatorios. A diferencia del Establecimiento de Ciencias Físicas y Matemáticas (inaugurado el 31 de octubre de 1833 en su propio inmueble para desarrollarse, el Palacio de Minería), o el de Ciencias Médicas (el 27 de noviembre de 1833), que ya contaba con catedráticos dedicados a la enseñanza en sus diversos espacios; el EEP que aquí nos ocupa se inauguró el 1 de enero de 1834. La oposición a la serie de reformas que el gobierno había intentado realizar comenzó a crecer en el inicio de 1834. Fue notable aquí la decisión de Rodríguez Puebla para inaugurar el EEP en la fecha acordada.

Se puede consultar en la dirección https://mexicana.cultura.gob.mx/es/repositorio/detalle?id=_suri:ESPECIAL:TransObject:5bce55047a8a0222ef15d46fo en su defecto en la reedición realizada por el Instituto de Investigaciones Estéticas. Francisco de la Maza, Luis Ortiz Macedo, Elisa Vargas Lugo, ^{Plano de la Ciudad de México de Pedro de Arrieta, 1737}, de Bosch; Pedro de Arrieta, México, UNAM, IIE, 2008.

Fragmento del Mapa original y perfecto, superficial y pleno con todo lo que es la ciudad, levantado en 1737 por Don Pedro Arrieta, Don Miguel Custodio Durán y Don Miguel José de Rivera.*

Mapa original imagen 1737 

Aquellos que integraban la camarilla reformista de 1833 poseían un refinamiento letrado (^{Simmel, 1986}), que se hallaba inmerso en un sentido de lo moderno como un horizonte educativo a alcanzar. Sin embargo, lo rústico de una cultura hispánica amplia, basada en leyes corporativas sobre el sentido de propiedad y tradición, chocaba con la poca experiencia administrativa y la falta de planeación de aquellos sujetos impetuosos que deseaban imponer su orden moral a una sociedad que no veía con buenos ojos su severidad jurídica. Como podemos observar, las leyes definieron un espacio utópico ideal pero la posibilidad para que esto se realizará dependió de los hombres que ejecutaron esas leyes a la par de la situación material y administrativa de los espacios corporativos. Observar la labor de los administradores nos permitirá adentrarnos en otra escala de análisis.

¿Rector o director?

La reforma educativa al intentar ser integral demostraba querer un cambio, pero no contaba con la serie de leyes corporativas que aún estaban vigentes al interior de las corporaciones colegiales, como ocurrió en particular con el Colegio de San Gregorio, un colegio encargado de ofrecer cátedras de gramática latina, filosofía y leyes a indígenas caciques y cuya descorporativización había comenzado en 1828 con la modificación de su rectoría, cuando se colocó en ella al licenciado Juan Rodríguez Puebla y sobre el que la Dirección General de Instrucción Pública que, por cierto, sesionó de manera inconstante en el edificio de la clausurada Universidad, continuó haciéndolo en 1833.

El 22 de diciembre de 1833 la Dirección designó al director y a la planta de profesores del EEP. El encargado de dirigirlo sería el propio Rodríguez Puebla¹¹ y como Vice-Rector funcionaría don José María Troncoso (^{Tecuanhuey, 2010: 351-387}). No obstante, más allá de este proceso burocrático, analicemos la problemática situación administrativa y de financiamiento para este establecimiento.

Manuel Eduardo de Gorostiza, integrante de la Dirección General, pidió que: “se manden a la Dirección, por parte del secretario y administrador de la antigua junta del Colegio de San Gregorio, San Pedro y San Pablo, los libros y papeles pertenecientes a la corporación así como de sus fundaciones piadosas”.¹² De esta manera se introducía una cuña económica para modelar el orden económico de los nuevos establecimientos. En el caso que nos ocupa, observamos que el Colegio de San Gregorio fue tocado en 1833 en sus intereses económicos, no sólo por la ocupación de su edificio y porque se pretendió quitar la paga como rector a Rodríguez Puebla (^{Mora, 2008}), sino por tratar de apropiarse de sus bienes.

Ante esto surgió la pregunta, cómo conciliar las diferencias entre un modelo jurídico de antiguo régimen -con el que las corporaciones administrativamente aún se regían- ante un gobierno republicano que deseaba controlar todo bajo una sola institución. Los roces entre los sujetos impulsores del cambio gubernativo y los encargados de la rectoría de algunos colegios eran ya de por si notables antes de la reforma. Uno de ellos fue el suscitado entre Juan Rodríguez Puebla y José María Luis Mora, quienes habían tenido fricciones políticas desde 1824 (^{Flores, 2012: 409-420}), y luego otros derechos y privilegios se tocaron en 1828. Regresemos años atrás para explicar este asunto.

La pugna surgió debido a dos cuestiones. La primera tenía que ver con la calidad social del indígena en el tránsito de la Colonia a la República. La eliminación del indio en los estudios de colegios y universidad implicaba acabar con privilegios que lentamente se habían construido en torno a una élite indígena (^{Aguirre, 2021}).

El ideal republicano que propugnaba la igualdad utópica de los derechos, entre ellos el dedicado en 1824 a la educación, fue un pretexto ideal para mostrar cómo era un “privilegio” la educación colegial brindada a una parte de la población indígena (^{Mateos, 1879: 966}). José María Luis Mora buscaba una educación extensiva en su enunciación política, pero al excluir al indio de los estudios superiores, acortaba el derecho ilustrado de la educación a una cuestión de ciudadanía selectiva, es decir, destinada a aquellos que cumplieran con los requisitos dentro de la lógica de emprendimiento republicano idealizado.

Por tanto, Mora fue promotor de la eliminación de la calidad de “indio” heredada del antiguo régimen. Idea que implicaba la eliminación de privilegios que, dentro del entramado corporativo y educativo, afectaba la continuidad y pervivencia de un colegio como el de San Gregorio, dedicado a la educación de los que fueron hijos de caciques indígenas.

No sólo era eso, también se presentó como un problema de carácter económico; pues la continuidad de una educación indígena corporativa resultaba opuesta al avance en la descorporativización de bienes materiales del Colegio de San Gregorio o la integración de los peculios del Hospital de Naturales a la hacienda pública. Eliminar esa educación ponía en entredicho el desarrollo educativo ilustrado que buscaba establecerse para todos y abría problemas y debates sobre dinámicas de raza, clase y género.

En ese sentido, Rodríguez Puebla expresó, el 8 de octubre de 1824, que a pesar de que se eliminara tal calidad, la diferenciación social -a la que podríamos decir que se sumaría la racial, política y económica- continuaría. Por ello promovió que se otorgarán los recursos económicos del Hospital de Naturales al Colegio de San Gregorio para mantener las becas de los indios y su funcionalidad en la formación de ciudadanos útiles al país. Logró que sucediera así. Se otorgarían becas a dos o más estudiantes seleccionados provenientes de los estados o territorios de la Federación que fueran contribuyentes (^{Flores, 2012: 412-413}). Como puede observarse, el proceso de descorporativización del colegio no se logró en 1824 y lo que en su momento pareció una defensa de privilegios resultó más una expansión de éstos para tratar de darle sentido, al menos en el papel, a un proceso de educación nacional en el que se ampliara el modelo anterior.¹³

Por razones como esas Mora expresaba que lo que se tenía que hacer con la educación era demoler aquella mentalidad corporativa que era perjudicial e inútil, mantener una corporación colegial lo era en esa concepción (cfr. ^{Hidalgo Pego, 2020: 91}). Es decir, para él defender la autonomía de los colegios agudizaba una resistencia de grupos letrados, formados en una jerarquía novohispana, al ordenamiento cívico republicano.

Sumado a lo anterior, en 1828 la elección de rector de San Gregorio por una moderna Junta Directiva de dicho colegio, cargo que recayó en Rodríguez Puebla, negó la posibilidad de que ocupara dicho puesto José Calixto Vidal, quien también competía (^{Muñoz, 1998}). A diferencia del primero, éste si era indígena y graduado del Colegio. Incluso, por parte de Mendoza y Moctezuma, se mencionó que Rodríguez Puebla violentaba los estatutos del Colegio al no ser ni indio puro, ni sacerdote (^{Tanck, 2012: 164}).¹⁴

¿Qué significó quitarle al Colegio de San Gregorio el carácter de indígena al nombrar como rector a una figura considerada criolla como Rodríguez Puebla? Si bien se ha mencionado en algunas obras la existencia de intelectuales indígenas, valdría la pena preguntarnos si esa figura es más la invención romántica e idealizada de algunos autores, la continuidad pocas veces vista de indígenas caciques participando en las esferas políticas de la época o la forma en que algunos letrados indígenas comenzaron a formar parte de las administraciones en el gobierno republicano.

Ante esta situación podemos señalar que la figura del cacique indígena, o bachiller letrado, formó parte de los diferentes cargos en curatos ligados al orbe mexicano a lo largo de las cinco primeras décadas del siglo XIX. San Gregorio funcionaba en forma paralela como una suerte de residencia temporal para religiosos que eran educados en el dominio de las lenguas indígenas (^{Soberón, 2020}). Estos bachilleres lengua han sido poco estudiados para dicho periodo. ¿Acaso este privilegio fue menguando a partir de la ocupación del Colegio de San Gregorio con la reforma de 1833?

Retomando la problemática seguida, de hecho se agudizó para el año de 1833. Mora, como promotor del innovador sistema educativo, buscaba modificar de manera tajante la autonomía que existía entre las corporaciones educativas para unificarlas bajo un sistema. Una labor que no poseía una renovación legal en la base de su transformación, pero que reflejaba un autoritarismo jurídico. Un ejemplo de esas actitudes autoritarias fue el uso de leyes discrecionales como la ley del caso de 23 de junio de 1833, que fue resultado de las acciones de la camarilla política en el gobierno. Dicha ley especificaba ser extensiva a todos los individuos “que estuvieran en el mismo caso”, sin explicar cuál era tal caso. Tal acción permitió en la época a diversos congresos estatales elaborar sus propias listas de sus opositores para deshacerse de ellos (^{Vázquez, 2000}).

En cuanto a la disputa entre ambos personajes en 1833, al ser nombrado Rodríguez Puebla como director del Establecimiento de Estudios Preparatorios, por tanto, debía renunciar a su nombramiento anterior como rector del Colegio de San Gregorio. De hacerlo, de negociar y participar en este proceso, indirectamente sometía el destino del colegio indiano a pasar a la historia de México bajo el control de la Dirección General de Instrucción Pública - en la que participaba Mora-. No sólo eso, en este punto, hay que pensar esa batalla en términos de utilidad. Para un liberal católico como Rodríguez Puebla, dicho cambio administrativo de rector a director suponía la pérdida de privilegios obtenidos bajo una elección corporativa, ganada en 1828, que le suponía defender y cuidar de los intereses de ese cuerpo educativo, así como una serie de prebendas, incluyendo la vivienda que ocupaba dentro del edificio del colegio. Al ser nombrado director del nuevo establecimiento cedía su prerrogativa y pasaba a formar parte de una planta burocrática al servicio del gobierno.

Al mismo tiempo, el que se le eliminará su figura de rector -como administrador, con cierta autonomía, y gobernador del colegio- y se le brindará el favor de ser director -como un empleado más al interior de una institución educativa- generaba un sentido de lealtad con la reforma y con la camarilla en el gobierno para mantenerse al frente del Colegio de San Gregorio.

Actualmente sabemos que las camarillas y grupos de poder tienden a pagar las lealtades. Este grupo radical de 1833 no fue la excepción. Intentó construir sus lealtades sustituyendo funciones de los diferentes administradores y rectores encargados de las corporaciones. Sin embargo, éstas defendieron sus intereses a partir de mostrar con sus legislaciones internas los huecos legales que la República les había atacado, así como la falta de orden en la transformación educativa que se promovía.

En la defensa de San Gregorio por parte del rector Rodríguez Puebla, fue más sencillo construir por parte del grupo liberal un discurso contra “la Iglesia” que aceptar su ignorancia sobre las leyes que transgredía, las lealtades que se congraciaban o los hombres que se oponían. A Rodríguez Puebla se intentó atraerlo a la reforma y a la lealtad a un grupo con un puesto que reducía su figura de autoridad a un empleado más del orden republicano. Su negativa a aceptar el cargo y continuar su defensa de San Gregorio de ataques políticos le valió un cierto tipo de deslustre a su figura histórica, poco atendida por la historiografía.

En cuanto al desenlace de este conflicto, las diferencias administrativas ocasionaron que, desde el mes de diciembre de 1833, Troncoso explicara a Gómez Farías las dificultades que padeció con Rodríguez Puebla para que este alentara el ejercicio de su trabajo como director de los estudios preparatorios. Al parecer esa explicación no fue considerada, por lo que en el mes de enero de 1834 Troncoso escribió una airada misiva a Gómez Farías.

En dicha misiva, Troncoso explica que “Rodríguez Puebla se hallaba postrado en cama por haberse quebrado una pierna”, que no contaba con dinero para curarse, si bien tenía el apoyo de su familia. Agregaba que, al ser nombrado director del EEP se le prohibió percibir sueldo como rector del Colegio de San Gregorio. Al final de la carta pidió se le pagara a Rodríguez Puebla el dinero que se le prometió desde el 2 de noviembre de 1833.¹⁵ Tal situación nos lleva a preguntarnos: ¿El estado de salud de Rodríguez Puebla fue una táctica dilatoria para resistirse a los cambios educativos? Como sea, el dinero de su salario como director de estudios preparatorios se le abonó el día 7 de enero de 1834 para que pudiera tratar su convalecencia. En otro sentido, puede interpretarse que con ese gesto se buscaba que cediera a las pretensiones de la reforma, ya que a algunos otros profesores y directores no se les pagó sino hasta 1837.

Sin duda, la “empleomanía” que en varias ocasiones criticó Mora en la época, se pone también de manifiesto aquí. Si se tenía conocimiento de que Rodríguez Puebla tenía ya un empleo como rector de San Gregorio ¿porqué se le nombró director de este nuevo Establecimiento? ¿Por qué no se tocó a San Gregorio? La manipulación reformista al ocupar los fondos de otro colegio evidenciaba el fin de privilegios indianos de los que el mismo Rodríguez Puebla era beneficiario.

Sobre la disputa de estos personajes y la instrumentalización de un orden educativo con la instalación de este establecimiento, no contamos con más evidencias, sin embargo, queda lo mencionado como prueba de las dificultades para avanzar los cambios educativos. Veamos ahora aspectos administrativos y de financiamiento que se pusieron en marcha para echar a andar el EEP.

La administración del Establecimiento de Estudios Preparatorios

Los problemas de salud argumentados por Rodríguez Puebla para ocupar la dirección del EEP llevaron a tomar el cargo a José María Troncoso. Tal fue uno de los primeros cambios que tuvo este establecimiento a inicios de 1834.

Por lo que toca a la designación de los profesores, fueron seis catedráticos, cuyos nombres se pueden ver en el siguiente cuadro. No necesariamente se cumple la idea de una secularización educativa. Por el contrario, podemos inferir por la composición del profesorado presente en esa lista, en el que participaron un militar y un clérigo, el predominio de cierto liberalismo católico en la enseñanza. Ahora bien, sin duda, el reordenamiento educativo impulsó nuevas áreas de conocimiento en los estudios medios o preparatorios.

El aprendizaje de nuevos idiomas, como el inglés (y el alemán en el Establecimiento de Ciencias Físicas y Matemáticas), que unido a la continuidad del estudio de varias lenguas indígenas, buscaba una apertura al ámbito de lo global. Se evidencia aquí que no se buscaba eliminar el estudio de éstas con la pretendida homogeneidad del castellano en esta oleada liberal.

La creación de los estudios preparatorios cumplía con la eliminación de los antiguos estudios en artes o filosofía. Los nuevos estudios, de carácter propedéutico, permitirían acceder a los saberes en medicina, jurisprudencia y teología, si bien en algunos casos, los estudiantes tenían que asistir a cursos particulares en otros de los establecimientos, ya fuera al de Estudios Ideológicos y Humanidades, o al de Física y Matemáticas, dependiendo de la formación a seguir. Al incluirse los Estudios de Neumatología, o Estudios de la Religión, se organizaba la base para acceder a cuatro de los establecimientos, tres de los cuales desplazaban a las antiguas facultades universitarias (^{Santiró, 2008: 382}).

Siete meses después de darse los cambios legislativos, y casi cuatro después de abrirse el establecimiento, el 15 de abril de 1834 se mandó una circular pidiendo informes y datos sobre el avance y situación del mismo.¹⁶ José María Troncoso envío el solicitado informe a la Dirección General de Instrucción Pública.

En cuanto a los estudiantes, de acuerdo con el informe, en las dos cátedras de latinidad, 1ª y 2ª, había 40 alumnos. Entre ellos había pocos que no se distinguieran por el cultivo de sus luces sobresalientes según las notas del archivo. A la cátedra que impartía Troncoso (Teología natural, Pneumatología y conocimientos filosóficos morales) asistían siete alumnos. En la clase impartida por Juan Portillo (Lógica, elementos de aritmética, geometría y algebra), 35 alumnos.

Algo a señalar en la enseñanza de los idiomas fue la libertad otorgada a los alumnos para trasladarse de un establecimiento a otro para cursarlos. A la cátedra de alemán, que se impartía en el actual ex colegio de Minería, asistieron tres alumnos del Establecimiento de Estudios Preparatorios. Si bien no fue prevista en la reforma para enseñar a los alumnos de este establecimiento, se impartió bajo la tutoría de Jorge Reeger con un texto propuesto por él en clase.¹⁷

En la enseñanza de otros idiomas podemos observar que se impartió la cátedra de francés a 56 alumnos. Ésta se enseñaba con el texto de François de Salignac de la Mothe, Le aventure di Telémaco (^{Salignac, 1831}). La cátedra de mexicano se les impartió a cinco alumnos, la de otomí a dos y la de griego a dos por igual.¹⁸ De éstas últimas no tenemos datos sobre el texto usado.

Es de notarse que la reforma no fue radical en la eliminación de los saberes teológicos en los estudios preparatorios. Se observa esa continuidad en la enseñanza de materias como teología o pneumatología (^{Ríos, 1996: 595-628}). Saberes que continuaban con el modelo educativo novohispano, así como en la preparación de conocimientos del latín para la formación en el derecho civil o el derecho eclesiástico. Suponemos que lo primero se debió a que, a estas alturas, pese a la pretendida radicalidad de la reforma, no había aún un rompimiento con la religión y, en cuanto a lo segundo, se les ofrecía a los alumnos la enseñanza de una lengua con la que estarían preparados para continuar de mejor manera los estudios que eligieran, pues todavía el uso de textos en latín era bastante socorrido. Analicemos ahora que pasaba con el financiamiento.

Financiamiento

El Establecimiento de Estudios Preparatorios gozaba de un espacio amplio en las instalaciones del Colegio de San Gregorio a diferencia de lo que hubiera tenido en la vecindad que pertenecía a las propiedades del Hospital de Jesús. La mudanza al edificio de dicho colegio exigió una inversión económica de $548 pesos.¹⁹ Allí funcionó y recibió financiamiento del 2 de enero al mes de julio de 1834.

Lo primero que se decidió hacer con el nuevo espacio designado fue realizar gastos para adecuar el inmobiliario. Contamos con una lista del 3 de enero de 1834, sobre las compras realizadas para adecuar el espacio educativo y echarlo a andar.²⁰

De acuerdo con Troncoso, entre diciembre de 1833 y enero de 1834, se definió un modelo económico en la manutención del establecimiento. Los sirvientes del establecimiento ganarían el que más 10 pesos y el que menos 3 pesos. Estos empleados le manifestaron a Troncoso que “o les subía el salario o les pagaba la comida con el fin de continuar sus labores”, por lo que éste elevó la duda a la Dirección General de Instrucción Pública para que solucionara la situación financiera.²¹

En palabras de Troncoso, se sugería como factible que a cada uno de los ocho sirvientes se les diera la comida antes que aumentarles el sueldo, porque si a uno u a otro se dotaba con $19 pesos, el monto del pago mensual sería de $120 pesos. Esto se complicaba ya que la ración de comida, a real y medio, lo menos subía a $45 pesos, que sumados daban $52 y entonces ganaban “la impronta de $97”. La Dirección sólo respondió que se aprobaría el gasto en comida, sin embargo, que aún no se les aumentará el sueldo.

De esta manera se resolvieron problemas de financiamiento con el pago al personal que se mantuvo en sus puestos, a diferencia de lo que pasó en el Establecimiento de Estudios Eclesiásticos o en el Establecimiento de Ciencias Médicas. En estos dos se tuvo que contratar a personal para ejercer las actividades de mantenimiento, cocina, portero o el culto.

Gracias a las fuentes podemos conocer parte de los gastos mensuales realizados durante tres de los seis meses en que funcionó el Establecimiento en el inmueble de San Gregorio. Los honorarios fueron expresados en pesos, reales y tomines.

Los datos anteriores fueron anotados por José Zavala y avalados con la rúbrica del director Troncoso. En las fuentes se perciben los gastos que en la vida cotidiana y administración del Establecimiento se llevaron a cabo. Los mayores gastos fueron los dedicados a los sueldos de los profesores y sirvientes, y a la manutención de los jóvenes en el establecimiento. Le seguían los datos sobre las escuelas de primeras letras que continuaron en los espacios corporativos, así como el gasto en los oficios del culto.

En esto último podemos ver la unidad corporativa con la iglesia de Loreto donde se realizaba el culto, ya como una situación normalizada para enseñar a los jóvenes la doctrina. Claro que, a diferencia del Establecimiento de Ciencias Médicas o el de Ciencias Físicas y Matemáticas, en los que hubo gastos por servicios espirituales, en el que aquí nos ocupa el costo del culto fue de los más altos. Se pagaron por este rubro, nada más para este establecimiento, $2 800 pesos a lo largo de todo el periodo de la reforma.

Si pensamos que, por todos los sueldos, pensiones, réditos de capitales, obras pías y gastos de culto en toda la reforma se gastaron $23 007,²² ¿de verdad se estaba peleando contra la Iglesia por parte de ese gobierno o simplemente se estaba transitando a un nuevo modelo económico con base en la eliminación del privilegio eclesiástico y la diversidad corporativa?

Lo que observamos en el EEP es una pugna no sólo por los espacios, los gastos privados y públicos de las capillas e iglesias que existían en los establecimientos, sino una batalla por el control de un espacio corporativo amplio ya secularizado o en vías de serlo y, sobre todo, por el uso de capitales que el gobierno en turno deseaba controlar y disponer de forma discrecional.

Dentro de las rentas ocupadas se encontraba la hacienda de Acamilpa (en el actual Morelos). De esta propiedad se le debían pagar a don Agustín Vicente de Eguía por la transacción $13 269 pesos.²³ La segunda renta provenía del arrendamiento de un espacio en el que se instaló un teatro. De éste percibía el Colegio de San Gregorio $ 8 000 pesos anuales.

El uso de rentas y pasivos fue ocupado por el gobierno para el manejo e inversión de nuevos espacios educativos. Esto sucedió y puede ser ejemplificado con las órdenes de los Belemitas y los Camilos, así como de los bienes del duque de Monteleone o los de la extinta Universidad.

En estos honorarios se observa la existencia de 58 colegiales a los cuales se les daba su alimento. También advertimos la continuidad del número de colegiales de dotación que pertenecieron al Colegio de San Gregorio. Gracias a estos datos podemos ver que el costo de los estudios, con alimentos o sin alimentos, variaba por 3 reales. Esto se concluye a partir de la equivalencia de 8 reales que son igual a un peso para la época.

El pago al culto bien podía evitarse y tratar de introducir en el establecimiento a diez niños más, sin embargo, aquí la diferenciación y separación de la iglesia y la educación de los estudiantes del establecimiento no era visible. Otro aspecto que se advierte en los informes es la inclusión de los auxiliares de la escuela de primeras letras. A la par de esto, se muestran las cantidades pagadas a mayordomos y sirvientes del establecimiento.

Para el mes de Julio se ofreció por parte de José María Troncoso el último presupuesto para el colegio, así como también el fin de su participación como director.

El 16 de julio de 1834 el administrador de los fondos de instrucción pública remitió una circular a todos los establecimientos. En esta se pedía que se cumpliera con el artículo 4, capítulo 5, del reglamento de la administración. En dicho artículo se previene como indispensable que la Dirección General se sirva de anunciar a los establecimientos que pasen a la administración un índice exacto de las escrituras e hipotecas, obligaciones y demás enseres que tengan relación con los fondos de instrucción pública y con las fundaciones que existieran en los archivos. Sin estos datos, se les comunicó, sería imposible generar, como ahora, los cobros reales hechos y los atrasos eguirían por la falta de capitales y de la información sobre los pormenores “de cuanto sean conscientes y oportunos los bienes a los fondos”.²⁴ En estos datos es posible observar como se seguía una lenta descorporativización, que ayudaría a financiar el nuevo sistema educativo. Los acontecimientos lo limitarían. Veamos algunos datos más acerca de los alumnos.

Alumnos

Las fuentes no nos mencionan los nombres de los alumnos a diferencia de tres de los establecimientos ya estudiados por la historiografía. Sobre las 32 becas de dotación no se señalan si provenían de benefactores anteriores a la Independencia, pertenecían al clero secular o formaban parte de los alumnos traídos de los estados de la Federación. Esas becas ya no serían administradas por los rectores del colegio sino por la figura presidencial. Quizá eso evitaría la continuidad de apellidos y, por tanto, de privilegios promovidos en el antiguo régimen.

Se comenzaron a impartir clases en enero de 1834 con un número cerrado de 45 alumnos; sin embargo, para el mes de abril el número aumentó a 56. Esto probablemente debido a la movilidad que se permitió establecer entre alumnos que no poseían conocimientos en matemáticas y también a la prevención hecha por la Dirección General de Instrucción Pública sobre que aquellos estudiantes que no demostraran habilidades para realizar sus estudios en ciencias físicas fueran enviados al EEP para recibir la instrucción necesaria y adecuada.

Además, en el establecimiento, debido a su tamaño, se contuvo a otros escolapios en sus instalaciones. En la escuela de leer y escribir (primeras letras), concurrían alrededor de 500 niños, de acuerdo con Troncoso.

Hubo normas específicas, por ejemplo para asuetos definidos,²⁵ o la delimitación para que los estudiantes salieran del establecimiento para comer los días libres o de fiesta con o sin el permiso de sus padres.²⁶ Además también se dio a conocer que, por razones no especificadas, dadas por Gómez Farías, no se otorgarían las vacaciones para todos los que estudiasen en los establecimientos.²⁷ Al contrario, lo que se deseaba era recuperar el tiempo de estudio que se había perdido por la crisis del cólera en la ciudad y por los cambios debido a la instalación de la nueva infraestructura educativa.

Dentro de las normas se definió que no se admitiera a ningún alumno en ningún establecimiento, si no mostraba los certificados correspondientes.²⁸ También se pidió que para obtener la entrada a los cursos finales el estudiante fuera examinado por algún profesor o perito y cuando fuera aprobado en los términos ordenados se le expidiera el correspondiente título.²⁹ Todo lo anterior se presenta a grandes rasgos pues es poca la documentación que hallamos sobre este establecimiento.

El 24 de julio de 1834 Troncoso aún recibió por parte de la Dirección General de Instrucción Pública dos ejemplares impresos del reformado reglamento educativo.³⁰ Dicho plan, sin embargo, ya no tuvo sentido, ya que para el mes de agosto la reforma educativa sería cancelada.

Conclusiones

En el breve lapso en análisis el gobierno no contaba con un estudio sobre las condiciones reales de las corporaciones que le permitiera tomar decisiones que hicieran posible realizar transformaciones de raíz. Debido a ello, la contingencia en la forma de hacer leyes chocó con la forma de ejecutarlas. Así, la reforma educativa de 1833 realizó una serie de leyes decretadas de manera contingente por imponer un orden de gobierno de forma rápida. La pugna entre el gobierno republicano y las autonomías corporativas de los heterogéneos colegios era reflejo de una sociedad que poco se había transformado.

Por las razones anteriores, quienes planearon la reforma y en particular el lugar donde se instalaría el Establecimiento de Estudios Preparatorios, lo decidieron sin tomar en cuenta los posibles inconvenientes que podrían encontrarse para lograrlo. Así, al no lograr que funcionara en el Hospital de Jesús y optar por enviarlo a ocupar parte de la “fábrica material” del Colegio de San Gregorio, que aún presidía Rodríguez Puebla, a quién para colmo se nombró como director de la nueva institución, se ocasionó tal embrollo que terminó provocando una pugna entre éste y José María Luis Mora.

En cuanto a otros aspectos, la transición de la cátedra de artes o filosofía hacia los estudios preparatorios, muestra la lenta transformación que se estaba configurando en los saberes a partir de una nueva legislación. No obstante, estos tendrían que homogeneizarse y jerarquizarse gradualmente, eliminando las leves diferencias existentes en los estudios de este carácter que se ofrecían en seminarios conciliares, colegios, universidades e institutos.

El Establecimiento de Estudios Preparatorios al final de cuentas funcionó bajo la dirección de José María Troncoso, si bien como todos los demás de la Reforma de 1833, no lo hizo más allá de cinco o seis meses, pues la reacción al gobierno de Gómez Farías y la vuelta al poder de Antonio López de Santa Anna, llevó a su fin todo el proyecto. Es decir, tuvo una realización breve, no ideal, mas si real y concreta. Por eso, cualquier contraste entre una legislación ideal con la serie de problemas materiales con las que se encontraban los involucrados en tales proyectos al momento de llevarlos a la práctica, permitirá profundizar en la experiencia humana; en los intentos de una parte de la sociedad por transformar la realidad y también en los de otra parte por resistirse a los cambios. Observar las diferentes facetas de esa batalla es labor de la historiografía dedicada a la historia social de la educación de la época.