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Introducción
Respecto al conocimiento de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se han realizado trabajos que tratan este tema desde distintos planos como el jurídico, histórico o político. También se ha abordado desde temas como movimientos estudiantiles, congresos estudiantiles y de universitarios (poco), o sobre proyectos de personajes como Justo Sierra y Ezequiel A. Chávez. No obstante estos estudios, muchos de ellos narrativos y descriptivos, es importante insistir en el conocimiento de la institución desde otras ópticas, que permitan comprender los procesos y génesis de situaciones conflictivas en distintos momentos de su historia. En este sentido, la perspectiva socio-histórica aporta elementos sustantivos para una mejor comprensión de la institución Universidad en su relación con particulares circunstancias históricas de la sociedad. Aunque la Universidad ha sido descrita a lo largo de su historia, se puede notar que existe un vacío sobre estudios con una perspectiva como institución social, de aquí que la adopción de este tipo de enfoque pueda dar respuesta a preguntas respecto a cómo se ha constituido en distintas circunstancias sociales.
Por lo anterior, una perspectiva que permite hacer esta lectura socio-histórica es la propuesta por Castoriadis (1983), en el sentido de que una sociedad histórica inventa significaciones que la articulan, al constituirse como tal. Las instituciones imaginadas (lenguaje, normas, familia, modos de producción) constituyen la sociedad misma y tienen asignadas funciones sociales específicas en relación con la significación que se les otorga (tótems, tabúes, dioses, dios, polis, mercancía, riqueza, patria, educación, etcétera). Todo esto es creación de los hombres que forman parte de la sociedad misma. De acuerdo con lo anterior, estas son las concepciones fundamentales adoptadas para este estudio de la institución. Aunque, la obra de este filósofo es interesante, compleja, amplia, profunda y merece toda la atención, ya que ésta es fundamentada en un conocimiento pleno del marxismo, al cual renuncia pero retoma, de la filosofía y del psicoanálisis, con las cuales construye una filosofía de la sociedad, no es pretensión de este trabajo adentrarse y discutir sobre el trabajo de este autor. Lo que interesa es llevar a la práctica un estudio sobre la institución imaginaria, Universidad, desde su significación social al momento de su creación a fines del porfiriato y durante el proceso de articulación con los gobiernos de la revolución. Todo esto a partir de los imaginarios expresados en la legislación y en los debates de los congresos estudiantiles. En razón con lo anterior se adoptan de Castoriadis las nociones de sociedad, institución imaginaria, significación en relación a la función asignada en una sociedad en el proceso de construcción de identidad. Recapitulando, para este estudio se adoptaron las siguientes premisas: imaginario, al referirse al contenido discursivo sobre la institución Universidad; la significación, en relación con la función en la sociedad encomendada al origen y a las necesidades sociales que emergieron en el proceso de construcción de identidad. Todo esto en circunstancias históricas de rompimiento y articulación social en México, en una época en que por una parte se reproduce la sociedad pero también se renueva (1910-1933).
Los resultados que se presentan forman parte de una investigación más amplia sobre los diez congresos nacionales estudiantiles y el de universitarios, ocho de los cuales se celebraron en distintos estados de la República, y tres, en la Universidad Nacional; paralelamente se va articulando un estudio sobre el desarrollo de la Universidad Nacional de México (UNM), después UNAM, a través de su legislación. El eje del análisis es la función social de la Universidad, en el sentido de conocer sus significaciones, es decir, a qué necesidades sociales responde y cuáles otras emergen durante las tres primeras décadas de existencia de la institución. Se entiende por congresos los espacios de discusión creados por los estudiantes y celebrados de manera seriada desde el primero, en 1910, paralelo a la inauguración de la Universidad, al último —el décimo— y el de universitarios que conjuga institución y congresos en 1933.
Algunas precisiones metodológicas, la investigación, por una parte, es una pesquisa bibliográfica sobre el tema de los congresos, la universidad, los estudiantes, los órganos de gobierno y los temas derivados; por otra parte, es una búsqueda en el Archivo Histórico de la UNAM (AHUNAM) y en publicaciones periódicas como El Universal, Excélsior y El Nacional. Básicamente se recupera información de fuentes originales de la época.1 Para este estudio, “la Universidad y su función social”, se recupera y sistematiza la temática desde documentos de los archivos, como la normatividad o crónicas y ponencias de los congresos de 1910 a 1933. Paralelo a la recuperación y sistematización de la información, se lleva a cabo el análisis de la misma desde la perspectiva antes señalada, los resultados se presentan en tres partes.
La primera parte del trabajo se dedica al desarrollo histórico de la institución desde su función social, planteada, por una parte, en la normatividad y, por otra, en la serie de congresos estudiantiles que se celebraron en distintos estados de la República, en los que se observa la emergencia de nuevas necesidades que atender por parte de la institución Universidad. Una segunda parte aborda el Congreso de Universitarios Mexicanos de 1933, con la finalidad de mostrar los acuerdos, debates y actores en su relación con las expectativas institucionales y de los congresos estudiantiles respecto a la función social, en el sentido de darle una orientación específica a la Universidad. Finalmente, se exponen algunas reflexiones.
La pregunta a responder es: ¿cómo se caracterizó la función social de la Universidad en el proceso que va de su constitución en 1910, hasta 1933 cuando se celebra el Congreso de Universitarios Mexicanos?
La normatividad de la Universidad y los congresos estudiantiles
El Congreso de Universitarios Mexicanos fue la culminación de un ciclo de vida institucional que tuvo como antecedentes, por una parte, una crisis de la UNAM evidente en 1933, gestada desde su nacimiento; por otra parte, las demandas de los estudiantes reunidos en distintos congresos celebrados de 1910 a 1933 (diez en total). En esos espacios emergieron necesidades que no habían sido incluidas o atendidas por la institución Universidad. De esta manera, paralelamente al desarrollo de la Universidad y la realización de los congresos de estudiantes, en 1933 se llegó a coincidir en la importancia de crear un espacio para tratar los asuntos universitarios de todo el país, al que se le denominó Congreso de Universitarios Mexicanos.
La normatividad de la Universidad
Respecto a la normatividad de la Universidad, en el periodo estudiado se institucionalizan dos leyes, la de constitución y la denominada Ley Orgánica, que se dan en momentos y circunstancias sociales distintas y son antecedente del Congreso de 1933. Sobre este tema tratará este apartado.
Inicialmente, la sociedad de 1910 consideró la creación de una institución denominada Universidad Nacional de México, que tendría como función central organizar la educación superior del país. Siguiendo lo planteado por Castoriadis, una institución nace “por la función que cumple en la sociedad y las circunstancias dadas, por su papel en la economía de conjunto de la vida social” (1983: 198).
Las circunstancias sociales en las que se inscribe la creación de la institución tienen dos vertientes, una implícita, de contención de la crisis por el descontento con el gobierno de Díaz de algunos sectores sociales (obrero, campesino, educativo y otros), y la otra, explícita, festiva en la coyuntura del centenario de la Independencia de México, cuando el gobierno quiso mostrar al mundo la imagen de un país desarrollado, que a partir de ese año contaría con una universidad (Velázquez, 2000); ésta será la vertiente a seguir. Para Justo Sierra esta institución significaba mucho más, como lo podemos notar desde el discurso que pronunció en la inauguración de la Universidad:
Los fundadores de la Universidad de antaño decían: “la verdad está definida, enseñadla”; nosotros decimos a los universitarios de hoy: “la verdad se va definiendo, buscadla”. Aquellos decían: “sois un grupo selecto encargado de imponer un ideal religioso y político resumido en estas palabras: Dios y el Rey”. Nosotros decimos: “sois un grupo de perpetua selección dentro de la substancia popular, y tenéis encomendada la realización de un ideal político y social que se resume así: democracia y libertad" (Sierra, 1984b: 456-457).
Así, a finales del gobierno de Porfirio Díaz, se instituye la Universidad Nacional de México con esos ideales, y es proyectada con la función de organizar la educación superior de todo el país (UNM, 1910: 2). Se le dio cuerpo como institución con algunas escuelas nacionales ya existentes y en consecuencia surgió con una base; de acuerdo con el artículo segundo, quedó constituida por las antiguas escuelas nacionales: Preparatoria, Jurisprudencia, Medicina, Ingenieros, Bellas Artes y Altos Estudios. El gobierno federal, según se indicaba en el mismo artículo, podía poner bajo la dependencia de esta Universidad otras instituciones superiores y las que fundara (UNM, 1910: 3-4). De esta manera, se sentaron las bases de la Universidad mexicana como un elemento para la modernización del país en materia de educación, que al mismo tiempo no estuviera subordinada al Estado; este aspecto no se hizo manifiesto en la normatividad, aunque sí en el proyecto de su creación. Justo Sierra lo expresó así:
Creemos que en algunas materias nuestro país puede entrar en esa fase de evolución así simultánea con lo que llama Spencer la integración y que el mismo sabio apellida diferenciación, para facilitar por medio de la ley la formación de un grupo social dentro de la sociedad, con vida propia, es preciso que la creación asuma dos caracteres: que coadyuve mejor en su nueva forma a la evolución total; que la continuación de la absoluta sumisión del grupo social al Estado no sea un obstáculo al progreso (1984a: 65).
Al darle cuerpo, forma, a la institución con la asignación de escuelas nacionales, la creación de otra y la apertura a incorporar otros establecimientos, de acuerdo con Velázquez (2000: 26), "significó el logro de una estructura de identidad como comunidad separada del Estado para el ejercicio de la cultura y el conocimiento". Citando a Castoriadis (1983: 228), la institución "es una red simbólica socialmente sancionada, en la que se combinan en proporción y relación variable, un componente funcional y un componente imaginario"; cuando se habla de imaginario se hace referencia a algo inventado, como el mismo autor lo menciona (1983: 119). En síntesis, la Universidad mexicana nace con la combinación de un componente funcional (el de las escuelas nacionales que venían desarrollándose desde 1867) y otro imaginario (la Escuela de Altos Estudios y las que se fundarán en adelante); a partir de esa estructura se organiza y se va desarrollando la educación universitaria hasta 1933.
Durante la década de 1910, en plena guerra civil, se sucedieron diversos gobiernos; con la estructura que había sido creada, la Universidad cumplió con la función de organizar la educación superior, más aún, incorporó otros establecimientos tanto de enseñanza como de investigación y difusión. Si bien se mantuvo orientada hacia las profesiones liberales y el ejercicio privado, se puede notar que esta perspectiva, desde los sucesos posteriores, había sido rebasada.
En la década de los veinte, después de los sucesos revolucionarios, accedió al gobierno el grupo de los sonorenses Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, los cuales llevaron a cabo una política de unificación de las corrientes revolucionarias, cuya característica principal fue conciliar los intereses de una sociedad como la del México postrevolucionario (Pozas, 1982). Para alcanzar ese objetivo se consideró un nuevo proyecto de Estado que abarcó la obra económica, pues la que existía había sido destruida durante la guerra civil. Por ello, se contemplaron la agricultura, el sistema bancario, la industria y el comercio.
En ese proyecto se dio un papel muy importante a la educación, pues en principio se estimó que este servicio debía expandirse para alcanzar a una mayor parte de la población. Así, en el nuevo proyecto de Estado, implícitamente se encomienda a la institución Universidad la formación de profesionistas que contribuyeran al desarrollo económico —en ese momento basado en la industria—, por lo que se impulsaron políticas educativas para establecer nuevas profesiones y hacer cambios en la orientación de algunas carreras universitarias, como medicina y veterinaria. En este caso, la respuesta de algunos universitarios fue de rechazo a la modificación de lo establecido (Velázquez, 2000: 67). Al mismo tiempo, como parte de las estrategias de los gobiernos revolucionarios para impulsar la educación pública, al inicio de los años veinte se creó la Secretaría de Educación Pública (SEP), con el fin de organizar la educación del país.
Paralelamente a la implementación de las políticas gubernamentales, en 1929 las autoridades universitarias intentaron cambiar el método de aplicación de los exámenes en la Facultad de Jurisprudencia y los contenidos del plan de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria. Los estudiantes universitarios de ambos planteles se negaron a aceptar esos cambios, lo cual derivó en un conflicto entre el gobierno y la institución. En un inicio, los alumnos de esos planteles se fueron a huelga, al tiempo que se incorporaron al movimiento los estudiantes de otras facultades y escuelas; más tarde, los universitarios organizaron manifestaciones de protesta y fueron reprimidos por los bomberos y policías. Esa situación fue el detonante para que el movimiento en contra de los cambios en los exámenes y el plan de estudios, en un principio académico, se convirtiera en un movimiento político contra el autoritarismo, como señala Sergio de la Peña (1992).
Como el movimiento había durado dos meses y parecía prolongarse, además de que era periodo de elecciones presidenciales, el gobierno, como estrategia para contener el conflicto, otorgó la autonomía a la Universidad, que en ese momento no la había solicitado. Sin embargo, cabe aclarar que previamente —en 1923— el tema de la autonomía había sido abordado por la organización Federación de Estudiantes de México, instancia que convocaba a la celebración de los congresos estudiantiles. La Federación pidió a la Cámara de Diputados que se decretara la autonomía de la Universidad de México, según consta en el Diario de Debates (1923: 4), pero esta petición no fue atendida. Fue años después, ante las circunstancias sociales ya comentadas, que se otorgó la autonomía y se promulgó la Ley Orgánica de 1929, en la que quedó establecida la autonomía e implícitamente su función social. El artículo primero dice:
La Universidad Nacional de México, Autónoma, tiene por fines impartir la educación superior y organizar la investigación científica, principalmente la de las condiciones y problemas nacionales, para formar profesionistas y técnicos útiles a la sociedad y llegar a expresar en sus modalidades más altas la cultura nacional, para ayudar a la integración del pueblo mexicano (De María y Campos, 1975: 218).
Para ese año eran aproximadamente 19 las facultades, escuelas e institutos universitarios, y por lo que se puede observar la institución Universidad no sólo había cambiado y había crecido en número de dependencias, también su papel social se había transformado; se puede decir que mantenía algunos componentes de su imaginario original y se habían incorporado otros a su estructura y función social que no estaban incluidos en la normatividad original. Así, ya no fue más la Universidad Nacional de México como inicialmente se le denominó, a partir de 1929 se convirtió en la Universidad Nacional Autónoma de México, a la que oficialmente ya no correspondía organizar la educación superior del país, pero sí la investigación científica con el matiz de que se enfocara en las condiciones y problemas nacionales, que serían la base para la formación de profesionistas y técnicos. Sin embargo, quedó pendiente quién debía organizar el nivel educativo superior, el universitario, del país.
En lo que respecta a la reglamentación universitaria, fue hasta la Ley Orgánica de 1929 que se legitimaron la autonomía y la función social, que por cierto la institución UNAM ya venía realizando. Para Mendieta:
La autonomía concedida a la Universidad en 1929 no fue completa, en realidad la ley respectiva la transformó de establecimiento oficial que era, en una institución descentralizada del Estado. Ya se había conseguido mucho; pero el ideal de autodeterminación absoluta quedaba en la conciencia de profesores y estudiantes como ambición latente que sólo esperaba la primera oportunidad para realizarse (texto consultado en Pinto Mazal, 1974:169).
Luego de la autonomía, los conflictos entre el gobierno en turno y la Universidad se agudizaron; la institución se vio afectada en su presupuesto, puesto que disminuyeron y se retrasaron los recursos que se le debían otorgar, según se indicaba en la prensa de esos años. La comunidad universitaria estaba dividida, pues cada cambio de rector había sido motivo de conflicto. En 1933, la institución se caracterizaba por el desarrollo que desde sus gremios (médicos, abogados, ingenieros) habían alcanzado las antiguas escuelas nacionales, y por el surgimiento de nuevos grupos en las nuevas facultades, escuelas e institutos. Obviamente, aparecieron otras opiniones sobre el rumbo de los estudios universitarios y las necesidades sociales a satisfacer.
Así, en 1933 la heterogeneidad de la comunidad y las diferencias manifiestas se centraban, fundamentalmente, en dos perfiles de institución, el de las profesiones liberales y el de las impulsadas por los gobiernos de la Revolución, que se dirigían a lo público y se vinculaban con el nuevo proyecto de Estado. Por esa razón, para resolver las tensiones de la UNAM y después de haber sido otorgada la autonomía, algunos miembros de la comunidad universitaria, estudiantes, profesores y funcionarios pensaron en un Congreso de Universitarios, como una forma de organizar y definir el rumbo de la Universidad.
Los congresos nacionales estudiantiles
La función de organizar la educación superior tuvo varias aristas, no únicamente definir qué escuelas debían ser consideradas universitarias, sino también qué carreras, qué contenidos de los planes de estudio y qué estudios debían ser revalidados, aspectos todos que, paralelamente al desarrollo de la institución, emergieron en las discusiones de los estudiantes reunidos en los congresos.
Es posible observar los temas de interés y los problemas de los jóvenes de esas generaciones, durante el tiempo en que se llevaron a cabo los congresos estudiantiles, así como las vías imaginadas para tratarlos y resolverlos de manera institucional. El vínculo que se fue tejiendo entre las celebraciones estudiantiles y la Universidad, de 1910 a 1933, estuvo estrechamente ligado a las circunstancias sociales de la época, como el impulso al proyecto de Estado de los gobiernos de la Revolución.
A esos congresos asistían representantes de todas las escuelas superiores y universitarias del país, que en esos espacios compartían sus distintas preocupaciones y puntos de vista. Un hilo conductor de estas preocupaciones fue el relativo a los diferentes contenidos de los planes de estudio; a principios de los años treinta, se puede observar cómo esta situación constituyó un gran problema. En las reuniones estudiantiles celebradas anualmente, a partir de 1925, se nota cómo año tras año fue creciendo esta preocupación, a la par que creció el número de nuevas escuelas participantes en los congresos.
A los jóvenes estudiantes de esas generaciones les afectaba la diversidad de contenidos, situación que plantearon en sus congresos, pues cuando querían continuar sus estudios en otra ciudad o en la capital del país, concretamente en la Universidad Nacional, no cubrían los requisitos de ingreso, porque el plan de estudios que habían cursado no se correspondía con el de la Universidad al momento de solicitar la inscripción. Un ejemplo de esta situación es el caso de los estudios preparatorios para ingresar a las carreras universitarias en la Universidad Nacional; entre 1910 y 1920, en la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad, estuvieron vigentes cinco planes de estudio: los de 1907, 1914, 1916, 1918 y 1920 (Velázquez, 1992), en tanto que en los establecimientos de los estados de la República de ese nivel educativo podía estar vigente cualquiera de esos u otros; más tarde, en los años veinte y hasta los treinta se cambiaron tres veces más.
De esta manera, el tema de los contenidos de estudio tenía que ver con la función social asignada a la Universidad Nacional, en el sentido de que organizaba la educación superior del país; es de suponerse que, ante la situación del país en la década de la guerra civil y los cambios de la sociedad mexicana en esos años, esta función había sido cubierta parcialmente por la institución universitaria. También se debe considerar que durante el periodo de estudio se realizaron cambios significativos en el país, se crearon nuevas escuelas, otros establecimientos de los estados de la República se convirtieron de institutos científicos y literarios en universidades, y en la Universidad Nacional se habían ido modificando los contenidos de estudio en algunas escuelas o facultades, y también se habían incorporado o creado nuevas instituciones universitarias. La función de organizar la educación del país recayó, como ya se había comentado, en la Secretaría de Educación Pública, pero la organización de la educación universitaria del país no tuvo un eje y fue motivo de disputas durante los gobiernos de la Revolución.
La Universidad, por su origen y desarrollo (profesiones liberales), no fue considerada como prioridad por los gobiernos de la Revolución, ya que la nueva política era impulsar las profesiones vinculadas al desarrollo de la industria. Por eso, no es casual que en la década de los veinte y principios de los treinta se observe que en los congresos estudiantiles hubiese pronunciamientos sobre la necesidad de discutir y darle una orientación a los contenidos de la educación superior del país, y que se propusiera como vía un Congreso de Universitarios en el que se discutiera y definiera el rumbo de la educación universitaria, no únicamente en la UNAM, sino en todas las universidades del país. Estos congresos fueron los celebrados en 1926 en Ciudad Victoria, Tamaulipas; en 1927, en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca; en 1928, en Culiacán, Sinaloa; en 1929, en Mérida, Yucatán; en 1930, en Monterrey, Nuevo León; en 1931, en la Universidad Nacional, en la ciudad de México; en 1932, en Toluca, estado de México, y en 1933, en el puerto de Veracruz.
Es un hecho que la población urbana había crecido y, por tanto, también la necesidad de educación; a esta demanda, distintos gobiernos respondieron con la ampliación del servicio educativo básico para beneficiar a un mayor número de personas y con la división en 1925 de los estudios preparatorios en tres años de secundarios, a cargo de la SEP, y dos propiamente preparatorios, en la UNAM. Respecto a la educación superior o universitaria, la idea de la Universidad Nacional de México de 1910, como máxima instancia de la educación superior, tuvo que ser complementada, a partir de 1917, con el modelo de federación adoptado desde el gobierno de Venustiano Carranza. A los institutos y colegios con prestigio en los estados, se les había dado el carácter de universidades, como en los casos de Puebla y Michoacán en 1917, Yucatán en 1922, San Luis Potosí en 1923 y Guadalajara en 1925 (Robles, 1981: 116-117).
No obstante la demanda de educación universitaria durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, como comenta Martha Robles, no se dio apoyo a este nivel educativo ni se crearon más instituciones (cambiaron de nombre de institutos a universidades) y hubo un notorio deterioro de las ya existentes (1981: 117). En la práctica, el apoyo que el gobierno central dio a la educación universitaria consistió en no restringir las manifestaciones de protesta e incluso en dar difusión a las reuniones estudiantiles y congresos, ya que por la política de federalización del servicio educativo dependía de cada estado de la República dar importancia o no al nivel superior. Cabe hacer notar que el espacio de los Congresos Nacionales de Estudiantes fue sin lugar a dudas un termómetro o instrumento para medir el ambiente del sector social universitario ante los problemas de la época.
Hasta 1933, los jóvenes demandaron la apertura de universidades en todo el país, centralmente en el Congreso celebrado en la ciudad de Monterrey; al respecto, opinaron sobre los lugares donde consideraban importante la ubicación de estas instituciones, señalando puntos estratégicos para erigirlas: la de occidente en el estado de México, la del oriente en Veracruz, la del sureste en Yucatán, la del norte en Saltillo o Monterrey. Con esas instituciones pensaban que se resolvería el problema de la distribución del servicio educativo superior (Excélsior, 1930, febrero: 15, 19, 22, 23, 24, 26). Es interesante señalar que incluso se dio un debate en ese congreso respecto a si la universidad del norte debía estar en Monterrey o en Saltillo. Lo más relevante de todo esto es que los gobiernos de esos estados estaban dispuestos a financiar la creación de una universidad en sus territorios.
Una de las características que se observan en los congresos estudiantiles es la forma como se imaginaba la organización de las universidades; por una parte, se proponía expandir la educación universitaria a las entidades que lo demandaran, y por otra, se pretendía concentrar y centralizar las decisiones académicas, en suma, ampliar el servicio de educación universitaria a todo el país y contar con planes de estudio uniformes. Se debe señalar también que los jóvenes consideraron como medio para democratizar la educación que la institución tuviera una connotación de Universidad Popular Autónoma. De igual forma, se hablaba de la Universidad Libre de México, con una organización moderna, aunque no se especificaba en qué consistía ésta (El Universal, enero 19, 1927).
Para llevar a cabo lo antes señalado, consideraban que los contenidos debían ser acordados en un espacio común con la representación de especialistas en la enseñanza de todas las universidades, por lo que llegaron a la conclusión de que la mejor manera de tratar esos asuntos era convocar a un Congreso Universitario en la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México.
En síntesis, en virtud de lo tratado en los congresos estudiantiles celebrados de 1910 a 1933, se acordó llevar a cabo un congreso de universitarios en el que participaran estudiantes y autoridades académicas reconocidas por la comunidad, con el fin de resolver los problemas que habían emergido en las reuniones a lo largo de ese periodo. La finalidad de este evento era definir el rumbo de la Universidad en México. Así es como, en 1933, se articulan, por una parte, las demandas de los estudiantes reunidos en congresos y, por otra, la crisis de la UNAM; ambas situaciones son el móvil visible que lleva a convocar al Congreso de Universitarios Mexicanos de 1933.
Recapitulando, este congreso se vio como una vía para resolver las diferencias al interior de la institución y con el gobierno en turno, pero también como una forma de organizar y orientar la educación superior del país, es decir, como parte de un procedimiento para definir y validar no sólo el rumbo de la Universidad Nacional Autónoma de México, sino también el de las universidades de los estados. Hay que enfatizar que durante el periodo (1910-1933) se había gestado y desarrollado una relación entre los congresos estudiantiles, la UNAM y las instituciones universitarias de los estados de la República, en razón de que compartían la idea de realizar el Congreso de Universitarios Mexicanos como una forma de ordenar la educación universitaria del país, para de esa manera atender la función social de la institución Universidad de forma más amplia.
La función social de la Universidad desde el Congreso de Universitarios Mexicanos
Como se puede observar, unificar la organización de la educación universitaria y legitimar los nuevos componentes de la función social de la Universidad Nacional de México y de las universidades de los estados de la República, fue un objetivo compartido por los actores del congreso de universitarios.
Los convocantes al Congreso de Universitarios Mexicanos de 1933 fueron la Confederación Nacional de Estudiantes (organización surgida en los congresos estudiantiles) y la Universidad Nacional Autónoma de México. Para dar una idea de la importancia dada a este evento, el diario El Nacional mencionó, a propósito de la inauguración del Congreso, que:
el lugar de honor lo ocupó el Presidente de la República general don Abelardo L. Rodríguez, a su derecha el señor Secretario de Educación, licenciado don Narciso Bassols, y a su izquierda al señor Rector de la Universidad Nacional, ingeniero don Roberto Medellín; a la derecha del señor Secretario de Educación, seguían el señor licenciado don Francisco Xavier Gaxiola, Secretario particular del Primer Magistrado, y el señor licenciado don Vicente Lombardo Toledano (uno de los principales protagonistas del congreso), Director de la Escuela Nacional Preparatoria; a la izquierda del Rector; tomó asiento el doctor don Enrique Díaz de León, Rector de la Universidad de Guadalajara. Detrás del lugar de honor, estaba el Claustro Universitario o sean los Directores de Escuelas, Facultades e Institutos y Consejo Universitario y luego el H. Cuerpo Diplomático (1933, 8 septiembre).
El evento reunió a representantes de autoridades, profesores y alumnos de instituciones universitarias de 21 estados de la República, y algunos de los temas tratados fueron de gran importancia para la organización de las universidades: los planes de estudio, la expedición de certificados, las revalidaciones de estudio, la “posición ideológica de la Universidad" y la importancia social de la institución en esos años. Para tratar cada uno de los temas de la convocatoria se organizaron comisiones, pero poco se dijo de lo que discutieron ya que sólo trascendieron las conclusiones que llevaron al pleno. De esta manera, las demandas de los congresistas sobre los puntos a legitimar, que se pueden ver como elementos de la función social de la UNAM, se sintetizaron en un documento al que se denominó "Acuerdos sobre la posición ideológica de la Universidad", que se llevaría al Consejo Universitario con la idea de que fueran implementados en las facultades y escuelas de la UNAM, así como en otras universidades e instituciones de educación superior. Se reproducen textualmente por su importancia:
Primera. Las universidades y los institutos de carácter universitario del país tienen el deber de orientar el pensamiento de la Nación Mexicana.
Segunda. Siendo el problema de la producción y de la distribución de la riqueza material, el más importante de los problemas de nuestra época, y dependiendo su resolución eficaz de la transformación del régimen social que le ha dado origen, las universidades y los institutos de tipo universitario de la Nación Mexicana contribuirán, por medio de la orientación de sus cátedras y de los servicios de sus profesores y establecimientos de investigación, en el terreno estrictamente científico, a la sustitución del régimen capitalista, por un sistema que socialice los instrumentos y los medios de la producción económica.
Tercera. Las enseñanzas que forman el plan de estudios correspondientes al bachillerato, obedecerán al principio de la identidad esencial de los diversos fenómenos del universo, y rematarán con la enseñanza de la filosofía basada en la naturaleza. La historia se enseñará como la evolución de las instituciones sociales, dando preferencia al hecho económico como factor de la sociedad moderna, y la ética, como una valoración de la vida que señale como norma para la conducta individual, el esfuerzo constante dirigido hacia el advenimiento de una sociedad sin clases, basada en posibilidades económicas y culturales semejantes para todos los hombres.
Cuarta. Frente a determinados problemas y hechos sociales de México, las universidades y las instituciones de tipo universitario del país contribuirán: 1) al conocimiento de los recursos económicos de nuestro territorio; 2) al conocimiento de las características biológicas y psicológicas de nuestra población y 3) al estudio de nuestro régimen de gobierno, con el propósito de iniciar ante el Estado la organización de sistemas, de instituciones o de procedimientos que mejoren las condiciones económicas y culturales de las masas, hasta la consecución de un régimen apoyado en la justicia social.
Quinta. Para lograr la formación de verdaderos investigadores y de técnicos de capacidad superior, deberá proveerse en forma vitalicia a las necesidades económicas de los elementos de cualidades de excepción, para que éstos dediquen, desde que sean estudiantes, con tranquilidad y entusiasmo, todas sus energías a la investigación científica.
Sexta. Los profesionales y, en general, todos los graduados en las instituciones universitarias, deberán prestar un servicio obligatorio, retribuido, durante un año por lo menos, en donde sus servicios sean considerados como necesarios por la institución en la que hayan obtenido el grado (Excélsior, 1933, 13 septiembre).
Como se puede inferir de estas conclusiones, se definieron pautas sobre la función social de la Universidad mexicana, más allá de que se compartiera o no esa orientación que en sí era reflejo de lo que ocurría en el entorno social mexicano de aquellos años.
Por cierto, después del Congreso se dio una polémica muy dura en la prensa a propósito de los acuerdos alcanzados respecto a la orientación que se pretendía dar a la UNAM; el debate más interesante se llevó a cabo entre Antonio Caso y Vicente Lombardo Toledano, dos universitarios destacados, el primero de los cuales formó parte del Ateneo de la Juventud y fue profesor de la generación de estudiantes de los años quince, entre quienes se encontraba el segundo. Se dijo que Antonio Caso defendió el idealismo y Lombardo Toledano el materialismo. El debate tenía como pretensión adoptar la filosofía marxista como orientación de las cátedras y las tareas de investigación científica y cultural de la universidad, en contraposición a la libertad de cátedra, como bien lo definió más tarde uno de los contendientes (Lombardo, 1963).
Un aspecto relevante a señalar es que las generaciones de universitarios (1910-1933) que transitaron por las aulas de la UNAM, ya fuera por su carácter de estudiantes universitarios en calidad de participantes en distintos congresos, así como profesores o funcionarios de la institución y del gobierno, jugaron un papel relevante en el destino de la institución y de la educación superior del país. Las diferencias manifiestas en los debates posteriores al congreso de universitarios son un ejemplo de las visiones que emergieron en ese periodo.
Una situación interesante es el caso de los que habían sido estudiantes en los años quince, algunos de ellos conocidos como “Los Siete sabios”, quienes compartieron perspectivas comunes como integrantes de la organización estudiantil y que años más tarde tomaron rumbos y posiciones distintas. Así, tenemos que en 1933, cuando se celebra el congreso, Narciso Bassols era secretario de Educación Pública; Vicente Lombardo Toledano, director de la preparatoria y profesor universitario; Antonio Castro Leal había sido rector de la UNAM en 1929; Antonio Caso (protagonista en 1933) había sido profesor de todos ellos y rector de la UNM a principios de los años veinte. Otro de los llamados Siete sabios que participó en esas circunstancias fue Gómez Morín, quien después del congreso y los sucesos posteriores de ruptura con la institución fungió como rector de la UNAM en 1933.
La posición ideológica imperante en esos años era el socialismo; no olvidemos que en 1934 se modificó el artículo 3°, en el sentido de que la educación tuviera una orientación socialista. Esta situación, que se dio en el gobierno del general Lázaro Cárdenas y que años después se modificó, nos da una idea de los conflictos y divisiones que había en la época, y que fue precisamente en la Universidad Nacional de México y en otras universidades de la República donde se pretendió dar una orientación ideológica a la Universidad mexicana (socialismo).
Aunque el marxismo ganó en el Congreso, en la práctica no se implementaron esos acuerdos precisamente por la diversidad de posiciones e intereses dentro y fuera de la Universidad. De tal forma que algunos grupos de estudiantes, principalmente de jurisprudencia, iniciaron un movimiento estudiantil para que esos acuerdos no fueran aprobados por el Consejo Universitario. Así, con el Congreso de Universitarios Mexicanos se cierra un ciclo de vida institucional y se abre otro con una nueva normatividad, la de 1933. La disputa sobre el proyecto a seguir fue el detonante que agudizó la crisis en la institución universitaria y tuvo como consecuencia la ruptura del gobierno con la UNAM. Así, la existencia misma de la Universidad y la definición de su función social estuvo sujeta a los vaivenes en que se inscribió este proceso histórico-social, como dice Castoriadis:
no pueden comprenderse las instituciones, y menos aún el conjunto de la vida social, como un sistema simplemente funcional, serie integrada de ordenaciones sometidas a la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Toda interpretación de este tipo suscita inmediatamente el interrogante: funcional en relación a qué y con qué fin —pregunta que no comporta respuesta en el interior de una respuesta funcionalista—. Las instituciones son ciertamente funcionales en tanto que deben asegurar necesariamente la supervivencia de la sociedad considerada. Pero ya lo que llamamos “supervivencia” tiene un contenido completamente diferente según la sociedad que se considere; y, más allá de este aspecto, las instituciones son “funcionales” en relación a unos fines que no se desprenden ni de la funcionalidad, ni de su contrario (1983: 235 y 236).
La ruptura con la institución UNAM no implicó su desaparición, ya que siguió siendo funcional para algunos, incluido el propio gobierno que la consideraría como una universidad más (la relación gobierno-UNAM se restableció en 1945).
Comentarios finales
La función social de la Universidad definida en 1910 se había transformado en 1929. La tarea original de organizar la educación superior quedó superada y se incorporaron a ella nuevas tareas, como las de impartir la educación superior y organizar la investigación sobre las condiciones y problemas nacionales para formar profesionistas y técnicos. Con la autonomía que se otorgó a la institución también se le concedió la facultad de organizarse, y el Congreso de Universitarios Mexicanos pudo verse como una forma justamente para definir esa organización. Pero algo que es importante destacar es que primero como Universidad Nacional y luego como UNAM, por su carácter nacional y por haber sido la primera y única en el país, fue la institución que formó a los universitarios de los distintos estados de la República y de algunos países del centro y sur del continente americano. También cabe destacar que fue la guía de todas las universidades de los estados de la República que aparecieron a partir de 1917, de tal forma que en 1933, cuando el gobierno rompe con la UNAM, también lo hace con algunas instituciones de educación superior del país que no implementaron los acuerdos del Congreso.
Más aún, lo interesante de este ciclo de vida institucional es la manera cómo se fue construyendo ese espacio para las discusiones llamado Congreso de Universitarios Mexicanos, desde la propia institución y los congresos estudiantiles. Se puede decir que para la UNAM, en cuanto institución del gobierno, representó una vía para validar la política educativa impulsada por el gobierno en turno, ya que algunos directivos y funcionarios del mismo compartían la visión socialista de la educación. Para los jóvenes participantes en los congresos nacionales estudiantiles significó un mecanismo para abordar los problemas de la educación universitaria, para su solución. Se puede decir que el significado común fue la creación de un espacio para la discusión de los problemas de la enseñanza y la validación de las soluciones, independientemente del contenido y la tendencia de éstas.
Finalmente, los congresos celebrados de 1910 a 1933 constituyeron un termómetro importante para visualizar lo que ocurría en la clase estudiantil y, por lo tanto, en las instituciones de educación superior, particularmente en la UNAM.
