Introducción

Según detallan diversos autores, el surgimiento de la investigación educativa en nuestro país se relaciona con procesos de administración y modernización en organismos estatales durante las décadas de 1950 y 1960 (^{Palamidessi, Suasnabar y Galarza, 2007}). Las reformas educativas y de la educación superior¹ y los cambios en los lineamientos políticos de ciencia y tecnología producidos a mediados de la década de los noventa, habrían impulsado la demanda de conocimiento especializado. A su vez esto favoreció la expansión de investigadores en educación y, como una consecuencia lógica, el crecimiento de los proyectos de investigación.

Respecto a las agencias, instituciones y organismos que participaron en las acciones de promoción y financiamiento de la investigación educativa se pueden identificar universidades públicas, en menor medida universidades privadas, organismos intergubernamentales y fundaciones del empresariado entre otros. En la mayoría de estos casos su ubicación geográfica responde a la zona metropolitana, y en menor medida a la región pampeana.

En la década siguiente, sobre todo a partir de 2003, se van a producir cambios en las orientaciones de las políticas públicas en general, y en las políticas educativas en particular, en el marco de un “neointervencionismo estatal” según ^{Marquina (2012: 52)}. Es así como se legisló en tal sentido a través de algunas leyes claves como la Ley de Educación Técnico-Profesional (Ley 26.058) en 2005, la Ley de Financiamiento Educativo (Ley 26.075) y la Ley de Educación Nacional en 2006 (Ley 26.206). En el caso de la Ley de Financiamiento Educativo se propuso el incremento del presupuesto educativo y universitario, hasta llevarlo al 6% del PBI en año 2010.² Este aumento del presupuesto se acompañó de las metas educacionales a las cuales estaría destinado. La Ley de Educación Nacional deroga la anterior Ley de Educación Federal, extiende la obligatoriedad a 13 años de escolaridad, retorna al modelo de educación primaria y secundaria y crea el Instituto Nacional de Formación Docente, entre otras medidas. En lo referente a la Ley de Educación Superior (LES) sancionada en 1995, no se consideró como prioridad la sanción de una nueva legislación que regule el marco de funcionamiento universitario, a pesar de que según ^{Mollis (2009)} entre 2006 y 2007 se habían presentado siete proyectos de les en la Cámara de Diputados de la Nación. Esta continuidad en los aspectos legislativos en el ámbito universitario, contrasta con otras temas como la política salarial en torno a la evolución de los salarios docentes universitarios, tal cual se detalla en el informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) coordinado por Eduardo Basualdo (2014) y según el cual la recuperación del salario universitario a partir de 2004 supera en poder adquisitivo aún al de otros trabajadores registrados. Por otra parte, algunos autores como ^{Chiroleu y Iazzetta (2012)}, manifiestan también las escasas medidas destinadas a revisar algunas políticas universitarias heredadas de la ley de la década anterior, en un contexto político signado por medidas innovadoras y fundacionales, como la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MINCyT) en 2007, que claramente puso al conocimiento en un lugar políticamente estratégico.

En el presente artículo se pretende describir el estado de situación de la investigación educativa en dos agencias estatales, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), a partir de considerar la presencia de una base profesional de becarios e investigadores, así como los proyectos financiados. En este sentido la indagación se realizó sobre la base empírica de estadísticas de ambas agencias respecto a proyectos financiados y datos de becarios e investigadores, fundamentalmente durante el periodo que transcurre entre 2000 y 2014. También así se deja constancia de que en algunos casos el material resultó incompleto para su análisis, motivo por el cual la caracterización realizada resulta limitada a los datos disponibles. Por otra parte también se dejaron fuera en este intento, otras líneas de promoción y financiamiento de la investigación educativa como el Programa de Incentivos a los Docentes/Investigadores, de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU).

A los fines de su presentación, el artículo se organiza en un primer apartado que caracteriza de modo general algunos lineamientos de las políticas científicas de la década de 1990, para luego presentar continuidades y cambios relativos en la década siguiente. El segundo apartado se concentra en algunos datos relevantes en las dos agencias en cuestión, la ANPCyT y el CONICET, sobre los proyectos financiados en las áreas de Humanidades y Ciencias Sociales, comparados con el total de las otras áreas del conocimiento. Siendo que los proyectos de investigación educativa forman parte de las convocatorias de estas áreas, en un tercer apartado se analiza específicamente las características que asume la presencia de investigadores y proyectos de investigación educativa en las convocatorias realizadas durante el periodo en cuestión.

Aspectos generales de las políticas científicas

El análisis de las políticas públicas de ciencia y tecnología durante el periodo que transcurre a partir de la década que inicia en 2000, estuvo caracterizado por cambios importantes en las formas de coordinación, financiamiento y organización de las actividades científico-tecnológicas. Si bien algunos de estos cambios pueden asociarse a políticas cuyo origen data de la década previa, su concreción se dio en el marco de cambios económicos y políticos regionales. Así, podemos repasar algunas acciones concretas que contribuyen a explicar este escenario, entre ellas la creación de los instrumentos jurídicos que permitieron la actual reconfiguración del sistema científico nacional y, por otra parte, las instituciones y prácticas resultantes de estas nuevas formas de regulación.

Una mirada retrospectiva sobre la Argentina de los noventa, nos permitirá evaluar las iniciativas de políticas de ciencia y tecnología en nuestro país. Los argumentos políticos e ideológicos que sirvieron de marco referencial para la reforma del Estado, también hicieron su aporte tanto en los ámbitos académicos como en los ámbitos de generación de políticas de ciencia y tecnología. Contribuyeron así a presentar diagnósticos basados en generalizaciones sobre el estado del sistema científico tecnológico local, y fundamentaron prescripciones sobre “casos exitosos ocurridos en otras latitudes” (^{Hurtado y Mallo, 2012: 135}). A esta situación se sumó la utilización de categorías teóricas referenciales generadoras de políticas públicas que intentaron adecuar la producción y uso de conocimientos al proceso económico general. ^{Di Bello y Versino (2011: 5)} señalan que a mitad de este periodo se producen cambios en la orientación de las políticas de ciencia y tecnología que tienden al fortalecimiento del “sistema nacional de innovación”. Este enfoque de “sistema nacional de innovación” se va a traducir en la “perspectiva teórica oficial” (^{Mallo, 2011}) con la sanción de la Ley 23.877 (Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica) en 1990.

Otro instrumento tendiente a consolidar la perspectiva anterior fue la sanción de la Ley 25.467 (Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación) en 2001. En esta normativa se plantea la conformación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que estará constituido por órganos políticos que desempeñen tareas de asesoramiento, articulación y ejecución, entre otras funciones. Se mencionan también las universidades y otros organismos del sector público o privado que desarrollen actividades vinculadas al desarrollo científico y tecnológico. Estas generalidades mencionadas en el artículo cuarto de dicha ley, encuentran su expresión en términos de concreción política fundamentalmente en los artículos octavo y décimo que refieren respectivamente a la creación del Gabinete Científico Tecnológico (GACTEC), ya funcionando por Decreto 1273/96, y también le otorga estatus legislativo a la ANPCyT creada por el Decreto 1660, en 1996 (^{Mallo, 2011: 140}). La ANPCyT, desde sus orígenes, dependió de la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SECyT).

Luego de la crisis económica, política y social de 2001, se pueden observar continuidades respecto a las políticas de innovación mencionadas en el periodo anterior, pero también una marcada decisión política de incrementar el financiamiento al sector científico a partir de la reconfiguración que se inicia en 2003. Como parte de esta etapa, se produce un fuerte incremento en los recursos destinados a financiar actividades de investigación y así también en la formación de investigadores y becarios. En este sentido también se puede señalar que se produce un incremento en el gasto en las actividades de ciencia y tecnología (ACT), que evoluciona del 0.40% en 2004 al 0.66% en 2014 (^{RICyT, 2015}).

Con la creación en 2007 del MINCYT, se incrementan los instrumentos de incentivos a la investigación a la vez que se direccionan políticas orientadas hacia la inclusión y la sustentabilidad. En este sentido se busca que los esfuerzos y recursos del área impacten significativamente en sectores sociales y productivos. Entre otras medidas se puede mencionar la creación en 2011 del Programa Consejo de la Demanda de Actores Sociales (PROCODAS), con la finalidad de generar desarrollos científico-tecnológicos tendientes a promover la inclusión social.

La ANPCyT, que quedó bajo la órbita del MINCYT con carácter de organismo desconcentrado y gobernado por un Directorio de nueve miembros, cuenta, como parte de sus acciones de promoción de la actividad científica, con diversos fondos de financiamiento: Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCTyT), Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), Fondo Fiduciario para la Promoción de la Industria del Software (FONSOFT) y Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC).

Como parte de los nuevos lineamientos mencionados anteriormente, y producto de demandas de diversos sectores con la intención de focalizar en la inclusión social, se conformó el Plan Argentina Innovadora 2020 que estableció núcleos socioproductivos estratégicos para orientar la investigación en el desarrollo científico y tecnológico. Tanto ANPCyT como CONICET incorporan estas temáticas como referencia, y desarrollan líneas de promoción específicas, como por ejemplo los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) identificados con el Plan Argentina Innovadora 2020 en la ANPCyT, y los Proyectos de Investigación Científica Orientada (PIO) en CONICET.

En orden de acciones políticas orientadas a los recursos humanos, se destaca el Programa Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el Exterior (RAICES), cuyas acciones comienzan en 2003. Por la importancia en la repatriación de investigadores y el aporte en la formación de recursos humanos altamente calificados, en 2008 el programa RAICES se reconoció como Política de Estado y se sancionó la Ley 26.421. El programa RAICES permitió la reinserción o vinculación de investigadores en las actividades científicas a través de líneas de acción de distinta naturaleza. Entre estas acciones se contaron los PICT RAICES, los cuales incorporaron un miembro del Programa en el grupo responsable, y los Subsidios de Retorno, destinados a orientar y facilitar la inserción profesional de quienes decidan radicarse en el país, a partir de su incorporación en una institución pública o privada, y a su vez se complementan con la beca de inserción del CONICET.

Algunos datos sobre la investigación en ciencias sociales en el periodo en cuestión

En lo referente a las acciones orientadas al financiamiento y la promoción de investigación en ciencias sociales, se puede mencionar la creación del Programa de Investigación Científica sobre la Sociedad Argentina Contemporánea (PISAC). El mismo fue impulsado por las universidades nacionales a través del Consejo de Decanos de Facultades de Ciencias Sociales y Humanas, entidad que agrupa 40 facultades, escuelas y centros de investigación miembros, los cuales se expresaron en 2009 manifestando el déficit en el que se encuentra el país respecto a investigaciones sociales que reflejen las múltiples heterogeneidades sociales. Así, en una acción conjunta con el MINCyT, se creó el PISAC con la aspiración de cubrir un área vacante en la investigación científica argentina vinculada con las heterogeneidades de la sociedad contemporánea. Así mismo, se señala el déficit de estudios sociales, culturales, políticos y económicos de alcance nacional, situación que se vincula en sus orígenes y según los autores del documento, con el abandono de los estudios de corte estructural y su reemplazo por investigaciones de tipo cualitativo, centradas fundamentalmente en lo micro, y por lo tanto, imposibilitadas de explicar fenómenos sociales en una escala mayor. Actualmente, el mismo se encuentra en desarrollo con participación de 44 unidades académicas de 34 universidades nacionales.

También en 2009, el Directorio de CONICET propuso la creación de programas globales con la finalidad de integrar grupos de investigación y generar enfoques interdisciplinarios para el abordaje de problemas complejos. Dichos programas pretenden mejorar la disponibilidad de información existente, de tal forma que sean usados por la propia comunidad científica como así también por gestores de distintas áreas del conocimiento. En el marco de esta línea política, surge la Plataforma Interactiva de Investigación en Ciencias Sociales (PLIICS), para la cual se convocó a expertos de universidades nacionales, de institutos de investigación de CONICET y de otras instituciones del Estado. Se trata de un repositorio digital que trabajará en dos niveles, un catálogo de bases de datos y un portal de material multimedia. Como uno de los principales puntos de partida de tal emprendimiento se encuestaron 730 investigadores en ciencias sociales, que respondieron sobre distintos aspectos de la digitalización de sus documentos de trabajo.

En el caso de CONICET, como parte de sus actividades de apoyo a la investigación, se seleccionó y financió por concurso proyectos de investigación y desarrollo en disciplinas tradicionales como también así en disciplinas de nueva generación. Se trata de los Proyectos de Investigación Plurianuales (PIP), convocatoria que se realiza anualmente desde 2009. El análisis de las convocatorias en el periodo estudiado, permite identificar los resultados respecto al financiamiento de proyectos en la gran área de ciencias sociales y humanidades, tal como se observa en el Cuadro 1. Respecto al número de investigadores CIC y becarios en esta gran área, los datos muestran un crecimiento muy significativo, tal como se muestra en el Cuadro 2.

Fuente: Centro de Estudios de la Ciencia y la Técnica José Babini, UNSAM. Elaboración propia con base en datos de CONICET.

Cuadro 1 Total de Proyectos de Investigación Plurianual (PIP-CONICET) financiados en las convocatorias 2009-2015, discriminando los PIP de Ciencias Sociales, con porcentual relativo 

Fuente: elaboración propia con base en datos aportados por la Gerencia de RR.HH. de CONICET

Cuadro 2 Cantidad de becarios e investigadores CIC en gran área de Ciencias Sociales y Humanidades 2003-2015 

Por su parte, en la ANPCyT, la investigación social se canaliza fundamentalmente a partir de las líneas de financiamiento otorgadas por el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCTyT), el cual tiene como función apoyar a través de sus diferentes líneas de financiamiento el desarrollo de proyectos de investigación científica y tecnológica, tanto en investigación básica como aplicada. La adjudicación de subsidios se realiza por medio de convocatorias públicas. Entre las líneas de financiamiento se encuentran: PICT (Proyectos de Investigación Científica Tecnológica); PICT-O (PICT Orientada); PID (Proyectos de Investigación y Desarrollo); PME (Proyectos de Modernización de Equipamiento); PAE (Programa de Áreas Estrategias); RC (Reuniones Científicas).

El estudio de las convocatorias realizadas para PICT muestra variabilidad respecto a las categorías y tipos de proyectos concursables en cada convocatoria, así como sobre los resultados obtenidos para las áreas de las Ciencias Humanas y las Ciencias Sociales. A su vez, esta marcada heterogeneidad parece estar relacionada con las transformaciones acontecidas a partir de 2003, tanto en términos presupuestarios como políticos, por ejemplo, la creación del Programa RAICES, o de modo más contundente, la creación del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva en 2007. En el Cuadro 3 se presentan los PICT en Ciencias Humanas y Ciencias Sociales financiados en cada convocatoria y la relación que guarda con el total de proyectos financiados.

Fuente: Centro de Estudios de la Ciencia y la Técnica José Babini, UNSAM. Elaboración propia con base en datos públicos de la ANPCYT.

Cuadro 3 Total de PICT financiados en las convocatorias 2000-2014, discriminando los PICT de Ciencias Humanas y Ciencias Sociales, con porcentual relativo 

Incidencia de las políticas de ciencia y tecnología en la investigación educativa

Como se señaló anteriormente, para el caso de los proyectos de investigación social, en la ANPCyT el financiamiento se realiza a través del FONCTyT, mayoritariamente en sus líneas PICT y PICT-O, y se traduce a partir de dos áreas: Ciencias Humanas y Ciencias Sociales. En ambas es posible identificar la presencia de proyectos de investigación educativa de distinta naturaleza. En el caso de los PICT, los datos analizados desde 2000 en adelante muestran la presencia de escasos proyectos de investigación educativa en el total de los PICT subsidiados por la ANPCyT (^{Lastra, 2013}). El Cuadro 4 presenta los resultados obtenidos en cada convocatoria en los PICT, considerando las líneas Impacto regional, Prioridades, REDES, Temas Abiertos y Plan Argentina Innovadora 2020; también detalla las universidades beneficiarias.³

Fuente: Fuente: Centro de Estudios de la Ciencia y la Técnica José Babini, UNSAM. Elaboración propia con base en datos públicos de la ANPCyT.

Cuadro 4 PICT Educación financiados en las convocatorias 2000-2014, con identificación de las instituciones beneficiarias de los mismos⁸  

Por otra parte, en el análisis de los PICT-O, los proyectos de investigación educativa adquieren una relevancia mayor, ya que se registran antecedentes de convocatorias específicas para Educación. En este caso se hace referencia a las siguientes convocatorias: PICT-O Educación 2005,⁴ por el cual se subsidiaron 34 proyectos con base de ejecución en institutos de profesorado, universidades nacionales y en dos casos por organismos de diseño y ejecución de políticas educativas; la Secretaría de Educación del GCBA, y el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba; PICT-O CONEAU 2006,⁵ financiaron tres proyectos de investigación sobre temas de educación superior; PICT-O UNSAM 2008,⁶ ocho proyectos de Educación financiados; PICT-O UNIPE 2012,⁷ con 11 proyectos de investigación financiados. En el Cuadro 5, se observa cómo se vieron distribuidos los PICT y los PICT-O educación, atendiendo a la región económica. Se apreciará allí la marcada asimetría entre los beneficiarios.

Fuente: Centro de Estudios de la Ciencia y la Técnica José Babini, UNSAM. Elaboración propia con base en datos de ANPCyT.

Referencias: Región Pampeana: Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fé. Región Patagónica: Chubut, Neuquén, Rio Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Región NOA: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Región Cuyo: Mendoza, San Juan y San Luis. Región NEA: Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones.

Cuadro 5 Cantidad de PICT Educación y PICT-O Educación subsidiados durante el periodo 2000-2012, de acuerdo con la región económica 

En cuanto a CONICET, datos actualizados y oficiales de 2015, dan cuenta de 56 investigadores en la disciplina Educación, registrados en la Carrera de Investigador Científico (CIC) de CONICET. Respecto a la categoría de Investigador, se contabilizan 18 investigadores asistentes, 22 investigadores adjuntos, 12 investigadores independientes y 4 investigadores principales. Entre las subdisciplinas de especialización en las que desarrollan sus proyectos becarios e investigadores, figuran los estudios sobre sociología de la educación, lingüística, psicología educacional, historia de la educación, y otras con menor recurrencia. En el Cuadro 6 se presentan datos sobre cantidad y categoría de investigador en Educación.

Fuente: elaboración propia con base en datos aportados por la Gerencia de RR.HH. de CONICET.

Cuadro 6 Cantidad de investigadores CIC Educación por categoría 2001-2014 

En el Cuadro 7, una vez más se considera la variable regional para observar la distribución de investigadores CIC y becarios en educación en todo el territorio, y la evolución cuantitativa cada cuatro años. Finalmente, en los Cuadros 8 y 9 se puede apreciar la acotada participación de becarios e investigadores en educación en el conjunto de las investigaciones en ciencias sociales.

Fuente: elaboración propia con base en datos aportados por la Gerencia de RR.HH. de CONICET.

Cuadro 7 Cantidad de investigadores CIC y becarios de educación por región económica, con evolución cada cuatro años 2004-2012 

Fuente: elaboración propia con base en datos aportados por la Gerencia de RR.HH. de CONICET.

Cuadro 8 Investigadores CIC por categoría en la gran área Ciencias Sociales y disciplina educación 2007 

Fuente: elaboración propia con base en datos aportados por la Gerencia de RR.HH. de CONICET.

Cuadro 9 Investigadores CIC por categoría en gran área Ciencias Sociales y disciplina educación 2015 

Otro dato significativo respecto a la presencia de investigación educativa en el organismo, lo ofrecen los siguientes resultados que se desprenden de las sucesivas convocatorias para los Proyectos de Investigación Plurianual (PIP) antes mencionados. En el Cuadro 10 se presentan los totales financiados para proyectos de Ciencias Sociales, y los correspondientes a Educación obtenidos en cada periodo. En este caso, es notable ver como en la última convocatoria sólo se financia un proyecto de investigación educativa en el total de proyectos de Ciencias Sociales.

Fuente: Fuente: Centro de Estudios de la Ciencia y la Técnica José Babini, UNSAM. Elaboración propia con base en datos de CONICET.

Cuadro 10 Total de Proyectos de Investigación Plurianual (PIP-CONICET) de Ciencias Sociales financiados en las convocatorias 2009-2012, discriminando los PIP de Educación 

Si bien como se señaló antes el Programa de Incentivos a los Docentes Investigadores de Universidades Nacionales dependiente de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, constituye quizás el espacio de mayor desarrollo de actividad científica de los docentes universitarios (^{Korsunsky y Campero, 2012: 283}), el número de investigadores totales, independientemente de su designación y categoría, se vio incrementado de 19 507 en 2001 a 23 155 en 2010 (SPU, 2011). En el mismo documento se registra la distribución porcentual de investigadores incentivados totales por área de conocimiento. De un total de 23 155 investigadores, 2 881 pertenecen al área de Humanidades, lo que representa un 12.5 % del total, y 5 401 investigadores son del área de Sociales, en términos porcentuales 23.3 % del total. Si sumamos los porcentajes de Humanidades y Sociales, estaríamos contando con un 35.8 % de investigadores, entre los cuáles acreditan sus proyectos quienes desarrollan investigación educativa. Si bien un porcentaje importante de los investigadores en educación inscriben sus investigaciones en el Programa de Incentivos de la SPU o en proyectos acreditados por las propias casas de estudios, la escasa presencia de proyectos de investigación educativa en ambos organismos permite delinear algunas características en torno a los niveles de profesionalización del campo pedagógico.

Algunas conclusiones

A partir del análisis de los datos obtenidos, se hace evidente la presencia de políticas públicas orientadas hacia el desarrollo y fortalecimiento del sistema científico nacional, con algunas continuidades, cambios y transformaciones en la década que comienza a partir de 2000 aproximadamente, y sorteando la crisis del 2001. Esto es visible a partir de repasar el conjunto de acciones que van desde el marco jurídico que regula la actividad en el área hasta el incremento en el presupuesto asignado al sector durante el periodo estudiado. El impacto que provocó en las dos instituciones estudiadas, ANPCyT y CONICET, se puede observar tanto a través del crecimiento de los proyectos de investigación financiados en el caso de ANPCyT como también en el aumento del número de investigadores y becarios en el caso de CONICET, además de la aparición del nuevo instrumento de financiamiento que significaron los PIP en 2009, entre otras medidas. Este notable esfuerzo en términos presupuestarios, y el importante incremento en la formación de investigadores y becarios en ciencias sociales, además del número de proyectos financiados durante el periodo, dan cuenta de la incidencia de las políticas de ciencia y tecnología implementadas.

Pero para el caso particular de la investigación educativa, en las dos agencias estudiadas (ANPCyT y CONICET), esta incidencia pareciera haber sido menos significativa en términos de crecimiento y expansión que la que se observa en otras áreas y disciplinas. En el caso de CONICET, del análisis de los datos se desprende claramente que el número de investigadores en Educación se duplicó entre 2001 y el 2015, sin embargo, en el total de las ciencias sociales reviste un carácter limitado.

Respecto a indicadores de tipo regional, se observará tanto en el caso de ANPCyT como en CONICET, la fuerte concentración de becarios, investigadores y proyectos financiados en la región Pampeana, aunque se diversificaron las instituciones sedes. En el resto del territorio, la investigación educativa se expande de modo desigual.

El fortalecimiento del área pareciera asociarse a ciertas convocatorias específicas sobre temas prioritarios o áreas de vacancia a través de la línea PICT-O. En este sentido se realizaron cuatro convocatorias en el periodo estudiado, de las cuales dos financiaron proyectos de investigación educativa sin especificidad; otra, por tratarse de la CONEAU, se abocó a los estudios sobre educación superior, y una cuarta convocatoria realizada con la Universidad Pedagógica Provincial, reúne una variedad de proyectos sobre cuestiones curriculares, pedagógicas e institucionales.

Un tema interesante para reflexionar en futuros estudios lo plantea la elección temática de los investigadores, y su posible articulación con problemas de impacto regional o con organismos que definen y ejecutan políticas educativas, cuestiones ambas que manifiestan un déficit tal como se desprende de los datos analizados. A su vez, los proyectos financiados se despliegan sobre una variedad de temas de muy distinto perfil, sobresaliendo la investigación teórica por sobre la investigación aplicada, y la heterogeneidad en las áreas de interés de los investigadores.

Para finalizar, se podría considerar que a pesar del marcado incremento presupuestario y las políticas implementadas en el sector, al parecer la investigación educativa no se fortaleció en términos de crecimiento, diversificación y expansión respecto al desarrollo de su base profesional y a lograr mejores condiciones e institucionalización de las actividades que desarrolla.