Introducción

La Universidad de Buenos Aires (UBA) es, por número de estudiantes, la mayor universidad de América del Sur, y comparte ese lugar con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a nivel latinoamericano,¹ lo que le asigna una significativa relevancia regional. Si bien su historia se aproxima al bicentenario, dada su fundación en 1821, nuestro objetivo en este trabajo será analizar su pasado más reciente, aquel que comienza con el retorno a la democracia en Argentina en 1983, dando cuenta particularmente de los modos en que la institución ha ido atravesando este nuevo periodo, el impacto que han tenido sobre la UBA los sucesos políticos y económicos que vivió el país, pero también analizando los factores internos que interactuaron para producir una serie de importantes reformas que, con el correr de los años, fueron perdiendo ese ímpetu transformador inicial. Sobre este punto nos centraremos en un elemento que consideramos central: los diversos intentos de reforma de su estatuto universitario, y los modos en que la sanción de la Ley de Educación Superior en 1995 —que generó un importante conflicto entre esa Universidad y el gobierno nacional— terminaron anulando la posibilidad de avanzar con cambios significativos. El objetivo es mostrar el modo en que ciertos actores relevantes de la comunidad universitaria jugaron para impulsar y posteriormente bloquear los ímpetus reformadores dados los impredecibles efectos a nivel gobierno de la institución de algunos de los cambios ordenados por el nuevo marco legal.

El trabajo se ha basado en el análisis de múltiples fuentes documentales, estatutos y debates sobre los mismos, resoluciones de la propia universidad, así como en la revisión de una numerosa serie de entrevistas a informantes claves que han participado en las últimas tres décadas de su historia.

Del regreso a la democracia a la Ley de Educación Superior

En diciembre de 1983, apenas asumido el nuevo gobierno constitucional en Argentina, las universidades nacionales son intervenidas. Se inicia así un periodo al que se denominó "normalizador" y que buscaba ponerle fin a una extensa historia de intervenciones que habían condicionado sus vidas académicas, al compás de los sucesos nacionales.²

En ese momento el nuevo gobierno nacional toma la decisión de que las universidades retornen a los estatutos vigentes con anterioridad al golpe de estado de 1966,³ derogando las implicancias de la ley de facto 22.207.⁴ Se trata de una decisión de un gran poder simbólico que intenta señalar que el modelo de universidad anhelado era aquel interrumpido por la fuerza bruta de la guardia de infantería en la llamada "Noche de los bastones largos", como se conoce a la intervención represiva en algunas facultades de la UBA en julio de 1966, apenas un mes después de ese nuevo golpe de estado.

El retorno a los estatutos previos a ese episodio significó una apuesta a la reconstrucción de una universidad fundamentalmente autónoma, reformista, y cogobernada.⁵

De este modo, en el caso de la UBA, recobra vigencia el estatuto sancionado en octubre de 1958, al que se le habían realizado algunos cambios en 1960; es decir, un texto que había sido discutido y pensado para una universidad muy distinta a la que estaba tomando forma en el regreso a la democracia y cuyas principales características se iban a acentuar fuertemente en la segunda mitad de la década de 1980: aumento del número de estudiantes, de auxiliares docentes, reducción de la participación relativa de los profesores en el total del cuerpo docente, crecimiento de los posgrados y un proceso de complejización general de la institución.

No entraremos aquí en la discusión sobre el valor del periodo 1958-1966, al que se suele identificar como la "etapa dorada" de la universidad, en especial por lo que sucedía en algunas de sus facultades, y por cierta capacidad de reflexión que el entonces rector Risieri Frondizi (ocupó el cargo entre 1957 y 1962) supo exponer, tanto durante como fundamentalmente luego de su gestión (^{Frondizi, 1971}).

Lo que notamos es que la principal apuesta del nuevo gobierno democrático surgido a fines de 1983⁶ hacia las universidades nacionales, y particularmente hacia la UBA por el lugar preponderante que representaba en el sistema universitario nacional, fue devolverles la capacidad para gobernarse, confiando que de ese modo, las mismas iban a retomar un sendero virtuoso de desarrollo. Sin dudas, la magnitud de los desafíos que se le presentaban al gobierno nacional, entre ellos la complejidad de lidiar con un actor militar aún relevante en los inicios de la transición democrática, a lo que se le debían sumar una compleja situación económica, en parte por el condicionamiento ocasionado en el endeudamiento externo, y el triunfo de sectores afines al Partido Radical en la mayor parte de las elecciones universitarias, fueron elementos que fortalecieron la tendencia a delegar en las propias universidades buena parte de la administración de sus procesos de reconstrucción y crecimiento.⁷

En la UBA la intervención "normalizadora", que se extenderá entre fines de 1983 y1986, quedará a cargo de Francisco Delich como rector, quien emprenderá ese desafío de la autotransformación produciendo ciertos hitos relevantes si analizamos los primeros años del regreso a la democracia.

Allí podemos ver que la universidad emprende iniciativas relevantes y novedosas que parecen responder a las expectativas del gobierno, pero también a las de una sociedad que demanda con interés un mayor acceso a la universidad una vez superadas las restricciones impuestas por la dictadura militar.⁸

A modo de ejemplo, en 1984 se crea la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, en 1985 se pone en marcha un ciclo de estudios iniciales para lidiar con el complejo tema del ingreso irrestricto, el Ciclo Básico Común (CBC, que se convertirá en la mayor unidad académica de la universidad, al recibir a los ingresantes de todas las carreras), y poco después en 1986 surge el programa de educación a distancia UBA XXI articulado con los contenidos del citado CBC. Paralelamente se organizan nuevas carreras en varias facultades, se reforman múltiples planes de estudio, se le da entidad de facultad a la carrera de Psicología en 1985. También se intenta recomponer el sistema de investigación que había sido fuertemente reducido en los años de represión, y para ello se crea una Secretaría de Ciencia y Técnica y se inaugura la programación científica "UBACyT" como mecanismo de financiación de investigaciones y becarios desde 1986. Finalmente, se crea la Facultad de Ciencias Sociales en 1988 como último elemento del ciclo de importantes innovaciones de la UBA correspondientes a los primeros años del retorno a la democracia.

El análisis de los cambios posteriores a ese año, incluso la posibilidad de discutir una reforma del estatuto, cada vez más alejado de lo que estaba pasando en la universidad, parece mostrar que el espíritu transformador comienza a agotarse.

El peso de la crisis económica nacional que se traduce en dificultades presupuestarias, acentuadas a partir de 1987, se combina con un acelerado crecimiento del número de ingresantes que redimensiona toda la estructura de la universidad, poniendo en evidencia ciertos límites.⁹

Pero por otro lado, la crisis del radicalismo en el gobierno y la renuncia anticipada del presidente en 1989,¹⁰ también tendrá un fuerte impacto al interior de la UBA, donde el repliegue del partido radical llevará a un cierre de ese ciclo de autorreformas, iniciando un proceso de consolidación de entramados de poder fuertemente conservadores de sus posiciones.

Con la asunción como primer rector democrático electo por los reestablecidos procedimientos estatutarios de quien venía desempeñándose como decano normalizador de la Facultad de Ciencias Económicas, el contador Oscar Shuberoff,¹¹ se produce, como en otras universidades nacionales, “la rápida consolidación […] de una coalición de poder integrada por un sector del profesorado, una parte de la dirigencia estudiantil y un sector de los graduados” (^{Buchbinder, 2005: 218}) que a partir de ese momento comienzan un proceso de fortalecimiento como élite gobernante-administradora, poco afecta a cambios que puedan poner en riesgo sus cuotas de poder en una institución que, a pesar de los problemas de presupuesto, comienza a ser considerada por algunos protagonistas como una suerte de “provincia” radical resistente a los sucesivos embates político-electorales desfavorables que se presentaban a nivel nacional.¹²

En este contexto se desarrolla el nuevo ciclo de los años noventa, signado por las reformas neoliberales que promovió el nuevo gobierno nacional.

Si bien las universidades no estuvieron en la primera línea de las transformaciones implementadas desde 1989, el gobierno no va a desatender ese aspecto presupuestario que genera inquietud, en particular cuando las necesidades de equilibrio fiscal se acentúan luego del lanzamiento del plan de Convertibilidad en abril de 1991.

Paralelamente, la muy estrecha relación entre el gobierno nacional y los organismos financieros internacionales, en especial el Banco Mundial, que fue un activo financiador de la reforma del Estado,¹³ tuvo el efecto de señalar a la universidad como un campo en el que debían darse las transformaciones “racionalizadoras”.

De allí un renovado interés por gobernar al sistema universitario, percibido en cierta medida como opositor al gobierno, que comienza a desarrollarse de la mano de un conjunto de iniciativas: la creación en el ámbito del Ministerio de Educación de la Nación de la Secretaría de Políticas Universitarias en 1993,¹⁴ y posteriormente la aprobación de la Ley de Educación Superior (LES) 24.521, de 1995,¹⁵ que introduce nuevos criterios que van a operar sobre las universidades públicas, son sin duda una gran paradoja. Mientras el Estado se achica y desregula mercados, en el sistema universitario vemos un proceso inverso: se crean estructuras específicas para controlar al sector y en especial para evaluarlo, partiendo del diagnóstico de que ese sistema resulta costoso, poco eficiente y aislado de las necesidades sociales.

En este contexto, la relación de la UBA con el Estado nacional se muestra particularmente compleja. El gobierno intenta reducir la supremacía de esa universidad en el sistema nacional, y para ello comienza un proceso de apertura de nuevas casas de estudios en el área metropolitana de Buenos Aires, que buscan captar estudiantes, docentes e investigadores de la UBA, lográndolo en cierta medida (^{Rovelli, 2012}).

Por su parte, la estrategia de la UBA será la resistencia, fundamentalmente por dos vías: la apelación a la autonomía para frenar los intentos del gobierno por tener injerencia sobre su funcionamiento y un acelerado proceso de mercantilización de determinadas áreas que le permitirá generar recursos propios para que su dirigencia administre, con la cuota de poder que ello conlleva. Así irá desplegándose muy rápidamente una importante y dinámica oferta de servicios pagados, integrada por cursos de posgrado (^{Unzué, 2011}), de extensión, pasantías o consultorías que, administrados con recelo, contribuirán a consolidar las redes de poder que sostendrán a diversas dirigencias. Nuevamente en palabras de ^{Buchbinder (2005: 233)} referidas no sólo a la UBA, “la falta de renovación del cuerpo docente ha permitido que se perpetúe en el poder una elite que actúa en forma corporativa y que defiende con dureza sus privilegios […] ha estimulado la creación y desarrollo de extensas redes clientelares que se manejan con mecanismos no muy distintos de los de la política nacional”.

Ello no evitará cierto ajuste interno expresado en el aumento de los cargos docentes ad honorem, pero también en una variación de la relación profesores/docentes, e incluso docentes/estudiantes, como modo de satisfacer la presión del creciente número de ingresantes.¹⁶

El ya mencionado impulso auto-reformista amenazó con resurgir en un relativamente frustrado capítulo, cuando en abril de 1995, poco antes de la sanción definitiva de la les que impulsaba el gobierno nacional, el rectorado convocó al llamado “Encuentro de Colón” (que tuvo su continuidad al año siguiente con otra reunión en Mar del Plata). En ambos eventos la mayor parte de las autoridades de la universidad y de las facultades, más representantes estudiantiles, acordaron una serie de reformas académicas para adaptar a la universidad a su nueva realidad, aunque los efectos concretos de las mismas fueron muy limitados.

El clima de tensión generado por el constante enfrentamiento de la conducción de la UBA con el gobierno nacional también se vió plasmado en una serie de disputas internas, muchas de ellas referidas a la propia vigencia de la les, siendo la más significativa la que enfrentó al rectorado con la dirección de la Facultad de Medicina en torno a la creación de un mecanismo de ingreso específico para esa unidad académica a fines de 1995.¹⁷

En ese escenario de tensión, la UBA interpuso con éxito ante el Poder Judicial un recurso de amparo que le permitió sustraerse del cumplimiento de algunas de las obligaciones legales impuestas por la LES,¹⁸ aunque acató aquellas facilidades que la ley fue promoviendo para que las universidades generen recursos propios.

En este sentido, la UBA no sólo no aceptó en un primer momento la acreditación de sus carreras por parte de la también recientemente creada Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU),¹⁹ sino que se resistió a modificar su estatuto para ajustarlo a diversas demandas de la ley, entre ellas, las referidas al gobierno universitario.

El problema del estatuto de la UBA y la LES

La puesta en vigencia de la les estableció una serie de obligaciones que deberían llevar a que los estatutos de las universidades nacionales se adecuaran a la nueva normativa. Más aún, en las disposiciones complementarias y transitorias del texto legal se definieron un conjunto de procedimientos como el determinado en el artículo 78, donde se instauró que las universidades nacionales deberían adecuar sus plantas docentes a lo definido en el artículo 51, fijando un plazo de tres años para ello.²⁰ Ese artículo 51 se muestra de excepcional importancia por sus implicancias para el tema del gobierno universitario, cuando en su segundo párrafo define que no menos del 70% de las plantas docentes deben estar compuestas por cargos “regulares” (es decir concursados), lo que los habilita a votar y ser elegidos.

Luego, el artículo 79 de la ley fijaba un plazo de 180 días desde la promulgación de la misma para que las universidades procedieran a esa adecuación y el artículo 80 hacía expresa referencia a la necesidad de cumplir con lo dispuesto en el artículo 53, referido a la composición de los órganos colegiados de gobierno universitario, estableciendo otro plazo de 180 días desde la reforma de los estatutos para adecuarse.

En este punto, la ley definió que el claustro docente debía tener al menos el 50% de la representación, los estudiantes regulares el 30%, que debía haber representación del personal no docente, y que en el caso de existir un claustro de graduados, éstos no debían tener relación de dependencia con la universidad.

Dicho de otra forma, la les estipulaba que en un plazo de un año desde su promulgación todas las universidades nacionales debían completar esta serie de reformas con impacto directo sobre sus órganos de gobierno, lo que significaba para la UBA una enorme e impredecible mutación política.

Hasta ese momento, y así continúa actualmente, la figura del cogobierno tripartito se ha plasmado con la representación de los profesores regulares, los graduados y los estudiantes de grado en los diversos órganos colegiados, a saber: Juntas de Carreras o Departamentos, Consejos Directivos en Facultades y Consejo Superior y Asamblea Universitaria a nivel institución.²¹

Vale decir, la estructura del cogobierno presente en el estatuto de 1958 no se ajusta a las nuevas demandas legales posteriores a 1995. En primer lugar, porque suponía la realización de un número de concursos que comprometía los padrones de profesores en todas las facultades y en el propio CBC,²² dado que en ningún caso se alcanzaba ese 70% de regulares.²³ En segundo lugar, porque una adecuación abría el problema de los docentes auxiliares hasta el momento sin representación como tales (y sí como graduados pero incumpliendo el requisito de la ley de ser graduados “puros”, sin relación de dependencia con la universidad).²⁴ A este punto se le debe agregar el tema de la carrera docente, la posibilidad del claustro único de docentes, la revisión del rol de los graduados y de los no docentes, donde las demandas gremiales de representación en los órganos colegiados ya comenzaban a hacerse presentes, entre otras discusiones, como la de la forma de elección del rector (directa o indirecta) o el peso del voto estudiantil.

La imprevisibilidad del resultado político de todos esos cambios, en medio del clima de cerramiento de la UBA sobre sí misma, hizo del tema de la revisión del estatuto de 1958, que sin duda había sido planteada como una tarea en los primeros años del retorno a la democracia, un asunto inabordable, percibido como una suerte de caja de Pandora, cuya apertura podría amenazar toda una estructura de poder, incluso debilitándola ante los embates de un gobierno siempre preocupado por intervenir en la gestión de la mayor universidad del país.

Paralelamente, este recelo por evitar la injerencia de la ley sobre los asuntos internos de la UBA, argumentando en torno al carácter inconstitucional de sus disposiciones, por violar el artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional reformada en 1994, que refiere a la autonomía y autarquía de las universidades nacionales, también reposa sobre el argumento de la preexistencia del estatuto de la UBA a la LES, operando de este modo como un cerrojo a cualquier reforma voluntaria posterior.

Así, desde ese momento, el tema de la reforma queda relegado en la agenda oficial de la universidad y recién comienza a resurgir como demanda expresa en la elección de rector en 2002.

El malestar universitario

La historia de la UBA reconoce una estrecha proximidad con los sucesos nacionales. Es cierto que una universidad nacional es parte de la sociedad y del Estado, pero en el caso de la UBA, tanto su historia, su ubicación geográfica, su visibilidad social y política, así como su tamaño, y la fuerte vinculación entre sus graduados y profesores y las élites políticas argentinas, parecen elementos que han llevado a que los ecos de los conflictos nacionales se repliquen con gran fuerza en su interior.

Algo de esto sucede con la gran crisis argentina de 2001. No sólo la nueva caída de un gobierno democrático radical, en el que abundaban cuadros universitarios formados en las diversas facultades de la universidad porteña (y muchos con trayectoria universitaria vinculados por ejemplo a su Facultad de Derecho, como el propio presidente de la Nación), sino la crisis de representatividad nacional, tienen un fuerte impacto al interior de la Universidad, que se refleja en la derrota del radicalismo tanto en las elecciones estudiantiles de 2001 y 2002, como finalmente en los intentos más duros para garantizar la continuidad en la elección de rector en 2002.

En el primer caso, la hegemonía del brazo estudiantil del radicalismo, la agrupación “Franja Morada”, se revierte abruptamente con una serie de derrotas en las elecciones estudiantiles en la mayor parte de las facultades en el mismo 2001. Centros de estudiantes y representaciones estudiantiles en los órganos colegiados de gobierno, tradicionalmente controlados por esa agrupación, pasan a manos de nuevos grupos identificados en general con agrupaciones autodenominadas independientes o de izquierda,²⁵ lo que complejiza fuertemente el escenario de la política estudiantil desde ese entonces. A raíz de estas derrotas se produce también el desplazamiento de la Franja Morada de la conducción de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), un bastión fundamental en la formación de cuadros dirigentes del movimiento estudiantil.²⁶ En diciembre de 2001 una extensa alianza entre independientes y movimientos de izquierda²⁷ lleva a la presidencia de la FUBA al estudiante de economía Iván Heyn, desplazando por primera vez desde el retorno a la democracia al radicalismo.

El escenario de renovación se repite en la elección de rector de 2002, donde luego de varios intentos por posicionar a candidatos surgidos del riñón del rector saliente, la disputa termina saldándose entre la candidatura del economista Aldo Ferrer, un nombre propuesto a último momento y la de Guillermo Jaim Etcheverry, ex decano de Medicina que ya había sido candidato derrotado por Shuberoff en la renovación de su cargo en 1998, y que en esta segunda oportunidad sale triunfador con el apoyo de sectores muy diversos, incluso de algunos grupos radicales.

La elección de 2002 es un quiebre en varios sentidos. El rector saliente, desprestigiado y con denuncias penales a cuestas, había perdido la mayoría de profesores en el Consejo Superior, lo que le impide imponer una sucesión, y el propio radicalismo enfrenta la elección dividido. También es una elección donde el movimiento estudiantil irrumpe violentamente, impidiendo la sesión de la Asamblea Universitaria (órgano máximo de gobierno de la universidad y encargado de la elección del rector), en un escenario que desde ese momento se volverá común en cada elección posterior.

Como se sostiene en un escrito contemporáneo a ese proceso, “la conflictividad universitaria hasta 2001 se centraba en el frente externo (defensa de la autonomía y del presupuesto). La novedad ahora es la emergencia de conflictos de niveles normativos en el interior de la institución misma” (^{Naishtat, 2005: 15}).

Toda la elección de 2002 y el triunfo de Etcheverry, que busca expresar una demanda de refundación de la universidad,²⁸ son una clara expresión del malestar interno en la UBA, donde la demanda social del “que se vayan todos” se hace presente fuertemente en la Asamblea Universitaria, particularmente en sectores de la representación estudiantil que no reconocen la legitimidad de la misma, y que comienzan a instalar una serie de reclamos que se mantuvieron como estandartes por más de una década: la elección directa del rector, la denuncia del peso del voto restringido a una minoría de los profesores regulares, la demanda de facilitación del voto de graduados y de mayor peso de la representación estudiantil.²⁹

La promesa de la reforma del estatuto

El rectorado de Etcheverry se inicia con el apoyo de sectores que apelan a un fuerte cambio. Sin embargo, la complejidad que ha adquirido la UBA y su alto grado de fragmentación, la supremacía de lo que se ha llamado “el particularismo puertas adentro” (^{Iazzetta, 2001}), se volverán rápidamente un gran rompecabezas para una gestión que tropieza con densas redes de poder autonomizadas y expectativas que por debilidades propias no consigue satisfacer.

Los ímpetus reformistas no logran canalizarse sobre una creciente demanda de reforma estatutaria, lo que limitará la capacidad del rector para plantear una continuidad de su mandato. Como él mismo sostendrá, al verse aislado y con su proyecto de reelección agotado, “la UBA consiste en un juego claro de intereses personales y de grupos, que esconde la necesidad de debatir el modelo de universidad”.³⁰

El fantasma de Shuberoff, que había logrado sus cuatro reelecciones consecutivas, estuvo presente en la elección de 2006, en la que el rector saliente fracasa en lograr conservar los apoyos que lo habían llevado a su cargo cuatro años antes.

La candidatura del decano de Derecho, Atilio Alterini, parece allanada cuando logra rápidamente una serie de respaldos que se materializaron en la obtención de las mayorías en el Consejo Superior, preanunciando un retorno de una alianza de sectores en la que participaban varios grupos próximos al radicalismo.

Sin embargo, los niveles de conflictividad se elevarán aceleradamente abriendo un prolongado conflicto no exento de numerosas manifestaciones de violencia que enfrentaron a estudiantes, docentes y no docentes en varios intentos por reunir a la Asamblea universitaria para consumar la elección.

Lo traumático del proceso electoral de 2006 llevó a la crisis de la UBA al centro de la agenda política nacional. No faltaron las declaraciones en el Congreso de la Nación, los comentarios de altos funcionarios del poder ejecutivo nacional y la presencia constante y prolongada del tema en los medios masivos de comunicación. También las manifestaciones callejeras en las que participaron organismos de derechos humanos y agrupaciones estudiantiles que demandaban la “democratización de la universidad”.

La sucesión de suspensiones de la elección debido a las tomas estudiantiles llevó a un deslucido fin del mandato de Etcheverry, reemplazado por el vicerrector hasta tanto se materializará la elección postergada.

La persistencia y magnitud del conflicto abrió un espacio de negociación que terminó llevando a la renuncia de Alterini a su candidatura como prenda para destrabar una situación que había llegado a un punto muerto, disparando los mecanismos reglamentarios de acefalía.³¹ Paralelamente, y como forma de dar respuesta a algunos de los reclamos, se conforma una comisión para recibir propuestas de reforma del estatuto.³²

Al asumir el rectorado en forma transitoria el nuevo vicerrector Aníbal Franco, también declara públicamente que su propuesta es avanzar en la reforma del estatuto de la UBA apenas se resuelva el tema de la elección del rector.³³

El periodo de profunda crisis se extenderá por ocho meses, con cinco intentos de elección de rector frustrados. En ellos se produjeron numerosas negociaciones dentro y fuera de la universidad y operaciones de todos los tipos que mostraban la precaria situación en la que diversas fuerzas parecían tener capacidad de veto.³⁴

Finalmente, el escenario logra destrabarse en diciembre de 2006, cuando en medio de medidas de seguridad excepcionales, la Asamblea Universitaria sesiona en el recinto del Congreso de la Nación con fuerte custodia policial para elegir como nuevo rector al entonces decano de Veterinaria Rubén Hallú, un profesor que se declara peronista y que llega con los votos de un amplio abanico de sectores, entre ellos los radicales, pero también de las facultades que se habían mantenido opositoras y que acuerdan ingresar a la negociación para recomponer la institucionalidad severamente debilitada. Parte de la expresión de este acuerdo será el nombramiento del decano de Arquitectura, Jaime Sorín, para el cargo de vicerrector (obligando a la renuncia de Franco).

Sin dudas la elección de Hallú fue un intento de recomposición de cierta institucionalidad, aunque nuevamente bajo la promesa de avanzar en la reforma de los estatutos. El propio rector manifestó que para julio de 2007 debían estar listas las conclusiones de la comisión formada a ese fin.³⁵

El camino inconcluso de la reforma estatutaria

Parte de la legitimidad de origen del rector Hallú (como ya había pasado con su antecesor Etcheverry) se jugaba en su apuesta por la reforma del estatuto, dado que la heterogénea y circunstancial alianza que permitió salir de la crisis de 2006 contemplaba ese compromiso.³⁶

Pero la discusión de la letra chica de una reforma tropieza rápidamente con una serie de límites que se mostrarán insalvables. La posición de activas agrupaciones estudiantiles, que siguen apostando por un cambio muy profundo, y los diversos intereses de los sectores controlantes de diversas partes de la universidad, se revelan inmediatamente incompatibles. No faltan las declaraciones públicas de altos funcionarios que comienzan a considerar que la reforma de los estatutos no es prioritaria.³⁷

En marzo de 2007 se inicia la labor de las comisiones de reforma en un clima que hace prever que es poco lo que se puede avanzar. Se definen cuatro grupos de trabajo que funcionarán bajo los siguientes títulos: “Bases y condiciones de la universidad”, “Docentes”, “Presupuesto” (que nunca logrará quórum para sesionar) y el capítulo más conflictivo, “Gobierno”.

Los problemas para avanzar en la reforma se manifestarán en una serie de crisis internas: en los colegios universitarios, en la renuncia del vicerrector (en julio de 2008) como expresión del quiebre de la alianza con las facultades más críticas;³⁸ como consecuencia de ello el bloque mayoritario logrará la reelección de 2009 sin la participación de las mayorías de esas unidades académicas.³⁹

La prometida reforma de los estatutos se mostró rápidamente devaluada. Como bien señalara Sandra Carli (2009: 112), “posiblemente la reforma del estatuto, que era una consigna de época en la que se depositaba la posibilidad de transformación —aunque parcial— de la Universidad (sea su mejoramiento institucional o su democratización) y que fuera suscripta por distintos actores, no tuvo el consenso necesario, primando la conflictividad”.

La reforma de 2008 y después

El llamado a la Asamblea Universitaria para la reforma del estatuto, en agosto de 2007, termina en un estrepitoso fracaso, cuando luego de varias horas de tensión se levanta la sesión sin ningún cambio. Las posiciones muy enfrentadas entre gremios, agrupaciones estudiantiles, y funcionarios, entre otros, hacen imposible avanzar. Desde allí, el tema de la convocatoria a una nueva reunión parece estar constantemente en la agenda, aunque las dilaciones se suceden por más de un año mientras se refuerzan ciertas voces, principalmente provenientes del rectorado, que se expresan públicamente a favor del reconocimiento de las bondades del estatuto existente.

De este modo se llega a la parcial e inconclusa reforma de octubre de 2008, que parece más un trámite a cumplir, en vistas de los compromisos de 2006, que un real cambio que comprometa el rumbo de la Universidad.

Con escasa difusión en la comunidad académica, y baja repercusión pública, el Consejo Superior cita a la Asamblea para aprobar un conjunto de modificaciones que dejan expresamente al margen la discusión sobre las cuestiones de gobierno.

En una sesión breve, sin discusión pero con episodios de violencia que involucran a representantes de la FUBA, se votan las enmiendas. La gacetilla informativa emitida por el rectorado celebraba que “con el 87% de los votos de los asambleístas, incluyendo las mayorías de todos los claustros, se modificaron más de 70 artículos del Estatuto Universitario”.⁴⁰

El oficialismo sostiene que ha cumplido su promesa. Las facultades opositoras, debilitadas por la renuncia del vicerrector y sus diferencias internas, acompañan la reforma y apuestan a una futura apertura del capítulo referido al gobierno, algo que no sucederá a pesar de la promesa de hacerlo en 2009.⁴¹

Las representaciones estudiantiles mayoritarias y algunos gremios docentes⁴² denuncian la reforma por privatizadora y defensora de los privilegios de algunas minorías.

Un repaso parcial por los puntos cuyo cambio fue propuesto permite ver que se reafirma la autonomía universitaria, se destaca el rol de la universidad en la resolución de los problemas nacionales, y se agregan aquí los latinoamericanos, se consagra la gratuidad del grado, y se establecen modificaciones ligadas entre otras cosas a las cuestiones administrativas. No se innova en la cuestión de la ciudadanía universitaria, no se resuelve la ya mencionada situación institucional del CBC (a 30 años de su creación) y de sus docentes que no cuentan con mecanismos institucionales de representación. Tampoco se trata el tema de la representación de los no docentes, la carrera docente,⁴³ el problema de las jubilaciones,⁴⁴ ni el de los docentes y estudiantes de posgrado, cada vez más numerosos y excluidos del cogobierno como tales, entre otras cuestiones relevantes. La reforma parcial de 2008 parece la expresión de un cierto gatopardismo que refleja el peso de los sectores conformes con el status quo.

Pero hay otro problema, que casi sin ser considerado en los debates realizados, involucra un aspecto relevante en la discusión: la UBA mantiene la muy prolongada disputa sobre los alcances de la LES, y ello resulta un límite fundamental para cualquier reforma del estatuto que no sea su adecuación al texto de la misma, dado que el procedimiento legal previsto para las reformas estatutarias supone que las universidades deben girar sus nuevos estatutos al Ministerio de Educación de la Nación, para su aprobación final y publicación en el Boletín Oficial, lo que termina de darles validez.

La no resolución plena de la disputa LES/autonomía para el caso de la UBA —notemos que es la única universidad argentina que no ha modificado su estatuto en las últimas dos décadas (^{Nosiglia, 2015})— deja en una posible nebulosa jurídica a cualquier modificación estatutaria,⁴⁵ lo que quedó en evidencia cuando, a raíz de la temprana voluntad de Hallú de presentarse a un tercer mandato como rector en 2013,⁴⁶ él mismo manifestó que las reformas del estatuto realizadas en 2008 (incluido un supuesto límite de dos elecciones consecutivas para el cargo) aún no estaban en vigencia, dado que habían sido giradas a una “comisión de redacción” que no había cumplido con su elevación al Ministerio de Educación de la Nación para su aprobación y publicación.

El verdadero argumento podría ser que esa presentación sería inevitablemente objetada por el Ministerio argumentando que el estatuto era violatorio de la LES.⁴⁷

Esto significa que las enmiendas realizadas al estatuto de 1958, particularmente las de 2008, podrían ser objeto de una disputa jurídica sobre su vigencia legal, y que lo mismo sucedería con cualquier futuro cambio de estatuto hasta tanto se resuelva, sine die, un litigio cuyos capítulos jurídicos iniciales se escribieron en los años noventa, y parecen tan extensos como sus implicancias políticas.

Conclusiones

La “maraña” legal que se ha gestado en los diversos capítulos de la judicialización de la relación entre la UBA y el Estado Nacional, particularmente significativa en torno a la aplicación de la LES en dicha universidad, se ha vuelto también un enorme escollo para cualquier intento auto-transformador que suponga la reforma de los viejos estatutos. Los enormes cambios que ha conocido la UBA en más de medio siglo, en su tamaño, su estructura, sus formas de funcionamiento, su relación con la sociedad, entre otras cosas, hacen que una reforma múltiples veces pedida y anunciada, que incluya la revisión de los capítulos sobre su gobierno, resuene como una gran tarea pendiente, que se ha presentado con insistencia casi desde el retorno a la democracia en 1983, pero en particular desde las elecciones de rector de 2002. Esa reforma postergada parece estar en un callejón con pocas salidas, pero con un costo en términos de un inmovilismo erosivo: no hay cambios posibles del estatuto de 1958 sin su adecuación a la LES y no hay acuerdos para realizar esa adaptación.

Resta esperar una eventual reforma, también anunciada y pendiente, de la propia Ley de Educación Superior. A fin de cuentas, todos los bloques parlamentarios han presentado proyectos de reforma de la les en las últimas dos décadas. Nuevamente, arrecian las críticas y faltan los acuerdos. Todos piensan que hay que modificar la ley, pero no se logran los consensos para hacerlo. Se trata de una tarea compleja que, tarde o temprano, deberá ser retomada.

Está por verse qué resistencias serán más fuertes, cuáles caerán primero, si aquellas que han limitado la reforma del estatuto de la UBA para no cumplir con el texto legal o las que han impedido la sanción de una nueva ley en reemplazo de la les, que ya se mueven a otros niveles, más sistémicos, donde son muchos más los actores que tienen voz y participación.

Será sólo en ese momento, cuando caiga la resistencia autonomista en la UBA o cuando se alcancen los consensos reformistas en el parlamento nacional (y en el Poder Ejecutivo, claramente), que comenzará a escribirse un nuevo capítulo de esa historia extensa y por momentos conflictiva entre la Universidad de Buenos Aires y el Estado Nacional.