La evolución de la situación económica laboral

En la primera década del presente siglo, Argentina pasó de una grave crisis económica y social a una etapa de crecimiento del producto, del empleo y mejora en la situación social. A fines de 2001, luego de más de tres años de estancamiento y recesión, el plan de convertibilidad, uno de los instrumentos centrales de la política económica de la década del noventa, se había derrumbado comenzando otra etapa en la economía del país (Kicillof et al., 2010).

Como era de esperar, luego de la devaluación y pesificación de 2002, se manifestaron los peores valores en los indicadores laborales y sociales (Kicillof et al., 2010), los que ya eran preocupantes en los años anteriores. En lo sucesivo, se evidenció un cambio en el rumbo económico que tuvo manifestaciones positivas en lo laboral y social. A partir de 2003, se instrumentaron políticas destinadas a mejorar los ingresos de segmentos significativos de la población y, consecuentemente, a acrecentar el consumo y la demanda interna: promoción de las discusiones salariales en el marco de los convenios colectivos de trabajo, aumento del salario mínimo vital y móvil, aumentos de los haberes de los jubilados y pensionados, ampliación de la cobertura de la seguridad social a nuevos beneficiarios, incrementos en el salario indirecto de los trabajadores en relación de dependencia y otros (^{Dirié y Sosa, 2011}).

Desde 2003 se observó un importante crecimiento del producto (alrededor del 9% anual) y de la ocupación, en el que adquirió un rol destacado el sector industrial, muy debilitado en la etapa anterior. Los sectores productores de bienes manifestaron durante gran parte del periodo mayor ímpetu en el crecimiento económico del país, especialmente la construcción y la industria manufacturera. En el periodo 2002/2007 la tasa anual acumulativa de expansión del sector productor de bienes fue del 10.2 % y la del sector prestador de servicios del 7.2% (CENDA, 2008). El impacto de la crisis internacional que se desató en 2008 moderó la evolución de algunos de estos indicadores. Entre el primer trimestre de 2008 y el primero de 2010 la tasa de variación del valor agregado mostró un 2.4% de crecimiento entre los productores de bienes y un 11.4% entre los productores de servicios. Específicamente los servicios de enseñanza, sociales y de salud se incrementaron un 9.9%. Se advierte así que los sectores productores de bienes y en particular la industria, han sido clave en la generación de empleo en los primeros años tras la devaluación de la moneda, pero ya con anterioridad a la crisis internacional de 2008-2009 habían perdido fuerza. El análisis sectorial del empleo registrado muestra también el papel destacado que ha tenido el empleo público durante la crisis y la recuperación (CENDA, 2010).

Un rasgo del periodo mencionado es que, a diferencia de otros, el crecimiento económico sostenido implicó una significativa tasa de crecimiento del empleo, generándose más empleos por unidad de crecimiento del Producto Interno Bruto (PBI). La caída inicial del salario real, de alrededor del 30%, como consecuencia de la devaluación de la moneda, favoreció el sesgo trabajo-intensivo del patrón de crecimiento, reflejado en la incorporación de trabajadores al proceso económico. Al disminuir la desocupación y extenderse las negociaciones colectivas, los salarios reales fueron aumentando, aunque de manera desigual. Por otra parte, se aplicaron políticas laborales protectoras de distinto tipo que propiciaron la generación de empleo registrado (Kicillof et al., 2010).

Con base en la información recogida por la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA), señala ^{Salvia (2011)} que “en líneas generales, entre los años 2004 y 2010 se observa un balance positivo de la situación laboral de la población relevada, evidenciado por un aumento del empleo de calidad y una disminución de la desocupación. Sin embargo, estas mejoras no se verificaron con la misma intensidad para el total de la población”. Agrega que:

especialmente hasta el 2007, la reactivación económica se plasmó en generación de puestos de trabajo, en el aumento de la proporción de empleos plenos de derechos y en el descenso de la desocupación. Posteriormente, las crisis nacional e internacional, en 2008 y 2009, generaron un relativo retroceso sobre el nivel de empleo y la calidad del mismo, pero luego se observó una pronta recuperación no obstante que la persistencia de una alta proporción de ocupados que no pueden acceder a un empleo pleno de derechos continúa siendo uno de los problemas fundamentales del escenario laboral (^{Salvia, 2011}).

Respecto a la media de ingresos laborales, indica que:

cualquiera sea el método utilizado, el promedio de ingresos laborales reales aumentó entre el 2004 y 2010. En el caso de considerar el IPC-INDEC, el incremento real durante el periodo habría sido de 142%($1031a$2498), pero si se usa el IPC 7 Provincias, el incremento real del promedio del ingreso fue sólo de 56% ($ 1 597 a $ 2 498). Esta diferencia se explica fundamentalmente por la desigual evolución que siguen los ingresos a partir de 2006 según se aplique una u otra medida de ajuste (^{Salvia, 2011: 15}).

Respecto a las retribuciones al trabajo, Halperín Weisburd dice:

La retribución media al trabajo aumentó a lo largo de la década como consecuencia de un retorno a la discusión salarial en el marco de los convenios colectivos y del incremento continuado de la tasa de empleo. Si bien la división entre empleos formales e informales implicó una diferencial en la retribución media de unos y otros, se experimentó también un alza de los salarios para los no registrados. Esto se tradujo en un aumento de la participación de la retribución al trabajo en la distribución funcional del ingreso —en 2006, último dato disponible, fue del 34.1% del ingreso (CEPED)—. Sin embargo, la menor elasticidad del empleo-producto observada en los últimos semestres de la década ralentizó la tasa de crecimiento del empleo (formal e informal) y de ese modo apareció una tendencia hacia una participación menor del salario frente a la variación positiva de la productividad media del trabajo (^{Halperín, 2011: 58}).

El mismo autor indica que en la fase de recuperación y de crecimiento del PIB per capita registrada desde 2002, también tuvo lugar una disminución del grado de desigualdad entre las retribuciones de los empleos formales y un incremento de la ocupación en las actividades que requieren mayores niveles de educación. Específicamente, la ocupación creció en forma más pronunciada para los miembros de los hogares con mayores recursos, cuyos jefes finalizaron el nivel secundario de educación. Las oportunidades laborales fueron relativamente más restringidas para los trabajadores con grados inferiores de instrucción formal. Y la inestabilidad de los empleos afectó en mayor proporción a aquellos con bajo nivel educativo y fue más frecuente entre los miembros no jefes, los jóvenes y las mujeres (^{Halperín, 2011}).

Desde 2007 se asistió a un amesetamiento en la tasa de empleo. Si bien la población ocupada no se redujo, dejó de presentar una trayectoria expansiva como la que había exhibido a lo largo del periodo comprendido entre 2002 y 2007. A la vez, el aumento en el ritmo de variación de los precios condujo a una estabilización de los salarios reales, quebrando de esta forma la tendencia expansiva que habían verificado los mismos desde el piso histórico al que habían sido reducidos en 2002 (^{CIFRA, 2011}).

En términos de las tasas de crecimiento sectoriales se produjo un cambio importante en el periodo. Mientras que en los primeros años de la posconvertibilidad los sectores productores de bienes (en particular, industria y construcción) crecieron por encima del promedio de la economía, desde 2007 la tendencia se revirtió y los servicios comenzaron a expandirse más aceleradamente que el promedio. El impacto de la crisis internacional intensificó esta tendencia, dado que fueron los sectores productores de bienes los que se vieron más afectados por el mismo. Así, la tasa anual acumulativa registrada por el conjunto de los sectores productores de bienes entre 2003 y 2007 resultó de 9.2% y el PIB se expandió al 8.8%; mientras que entre 2007 y 2010 estos sectores crecieron al 3.2% y el PIB al 5.5% (^{Arceo y González, 2011}).

Indican Arceo y González que en el total de aglomerados urbanos entre 2003 y 2007 la tasa anual acumulativa de variación del empleo total fue del 4.5%, advirtiéndose comportamientos diferenciales entre las ramas productoras de bienes y la de servicios. Mientras que en ese periodo en los primeros el incremento del empleo fue del 7.2% anual, en los segundos fue del 3.7% anual. El incremento del empleo se desaceleró entre 2007 y 2010, y el comportamiento intersectorial se invirtió. En el periodo el empleo total creció a una tasa anual acumulativa del 1.2%, el empleo en los sectores productores de bienes decreció a una tasa anual acumulativa del 0.1% mientras que en los sectores productores de servicios el empleo creció a una tasa anual acumulativa del 1.6% (^{Arceo y González, 2011}).

Políticas relacionadas con la integración regional, las migraciones y la educación

A partir de aquí se analizarán aspectos de políticas públicas nacionales que tienen relación con la integración regional, las migraciones y el sistema educativo.

En el marco del MERCOSUR⁴ se promovieron en estos años distintos tipos de políticas regionales que se relacionan con la temática de este estudio.

Respecto a la cuestión de las migraciones, en 1996 se creó la Reunión de Ministros de Interior del MERCOSUR y Estados Asociados, destinada a trabajar en la adopción de medidas consensuadas respecto de dos grandes temas: migraciones y seguridad. En mayo de 2004 en la II Reunión del Foro Especializado Migratorio del MERCOSUR se manifestó el respeto a los derechos de los migrantes; se rechazaron las expulsiones masivas; se afirmó que la irregularidad migratoria no es una conducta punible desde el derecho penal y se reafirmó el deseo de mantener una política migratoria abierta e inclusiva. A su vez, se reclamó que en otras regiones del mundo se dé a nuestros ciudadanos y ciudadanas el mismo trato que nosotros brindamos a los nacionales de esas otras regiones.⁵

Un paso muy significativo ha sido la firma del Acuerdo de Residencia del MERCOSUR y Estados Asociados, por el cual se posibilita que aquel que haya nacido en un país del bloque pueda obtener una residencia regular en otro país del mismo, mediante un trámite basado exclusivamente en la nacionalidad del peticionante y su carencia de antecedentes penales.⁶

Por otra parte, el Sector Educativo del MERCOSUR (SEM), que incluye también a los Estados Asociados, busca crear un espacio educativo regional y común en el que se estimule la formación de una conciencia ciudadana acorde al proceso de integración, la capacitación de los recursos humanos y la armonización de los sistemas educativos de los países miembros.

La agenda de educación en el MERCOSUR estuvo desde el comienzo fuertemente concentrada en los temas de educación superior, que incluye la enseñanza universitaria y de posgrado. En estos temas se cuenta con una prolífica actividad que ha redundado en políticas públicas regionales referidas principalmente a: I) Acreditación de títulos de grado en pos de facilitar la movilidad académica regional; II) Movilidad, en lo que compete a la creación de un espacio regional común en educación superior por medio de acciones de gestión académica e institucional, de la movilidad de estudiantes, de transferencia de créditos y de intercambio de docentes e investigadores, y III) Cooperación interinstitucional, la realización de programas colaborativos de grado y posgrado, investigaciones conjuntas, la constitución de redes de excelencia, y el trabajo conjunto con otros niveles educativos en lo que compete al campo de la formación docente.⁷

A lo largo de estos años la agenda educativa regional ha conseguido poner en marcha iniciativas de relevancia para el MERCOSUR, facilitando a los estudiantes de los países el reconocimiento de títulos en los Estados vecinos, así como acciones tendentes a formar una conciencia ciudadana y una identidad regional. Entre otras pueden citarse la Acreditación Regional de Carreras Universitarias del Sur (ARCUSUR), el programa marca de movilidad de estudiantes de grado para las carreras acreditadas por el mecanismo de acreditación regional del MERCOSUR, el Núcleo de Estudios e Investigaciones en Educación Superior del MERCOSUR y el Proyecto de Apoyo de la Unión Europea al Programa de Movilidad del MERCOSUR (^{CIIE, 2010}).

Con simultaneidad al proceso de profundización de la integración regional, en Argentina se dictan normativas y se instrumentan políticas migratorias y educativas que tienden a brindar más derechos a los inmigrantes procedentes de países limítrofes que residen en el país, favoreciendo su integración social y su participación ciudadana.

En cuanto a políticas migratorias, en 2004 se promulgó la nueva Ley de Migraciones (Ley 25 871), la cual colocó al país a la vanguardia mundial en materia migratoria debido a sus criterios de apertura, inclusión, integración e irrestricto respeto a los derechos humanos. A propósito de la misma, se señala que:

La nueva norma es ambiciosa: apunta a formular una nueva política demográfica nacional, [...] a fortalecer el tejido sociocultural del país y promover la integración sociolaboral de los inmigrantes [...]. Mientras que en la ley militar⁸ el rol del Estado aparece insistentemente asociado al control migratorio y a la prohibición, en el nuevo texto el Estado aparece como garantizador: del derecho a migrar, de la igualdad de trato para los extranjeros, del acceso igualitario a los servicios sociales (^{Novick, 2004}).

Otro hecho fundamental vinculado a la nueva política migratoria inclusiva tuvo lugar a partir de la presentación del Programa Nacional de Normalización Documentaria Migratoria “Patria Grande”,⁹ el cual tuvo como objetivo la regularización de los inmigrantes del MERCOSUR y países asociados que vivían en el territorio argentino.

Para el ámbito educativo, el artículo 7° del decreto 616/2010 reglamentario de la nueva ley de migraciones (Ley 25 871), establece que “el Ministerio de Educación dictará las normas y dispondrá las medidas necesarias para garantizar a los extranjeros, aún en situación de irregularidad migratoria, el acceso a los distintos niveles educativos con el alcance previsto en la Ley No 26.206”.

Asimismo, los programas y políticas socioeducativas más importantes, con cobertura nacional, destacan claras prescripciones respecto a la inclusión de todos los alumnos en el sistema educativo, sean o no argentinos, lo cual constituye un gran avance en relación con situaciones anteriores en las que la irregularidad migratoria y documentaria era castigada, y a los niños y jóvenes sin DNI se les obstaculizaba el acceso al sistema educativo argentino. Por otra parte, los alumnos extranjeros que estudian en los distintos niveles de enseñanza del sistema educativo son alcanzados, en igualdad de condiciones con los argentinos, por los diversos programas educativos que se instauran. Esta prescripción también cabe para la entrega, en el marco del Programa Conectar Igualdad,¹⁰ de netbooks a los alumnos de todos los institutos terciarios de formación docente (^{CFE, 2010}).

Por su parte, y en relación con alumnos extranjeros en las instituciones universitarias argentinas, en 1990 el Ministerio de Cultura y Educación dictó la Resolución 1 523¹¹ con el fin de adecuar el régimen entonces vigente respecto a ellos. En sus considerandos se explicita que:

Está establecido como requisito de admisión para el ingreso de estudiantes nacionales a las universidades estatales, el tener aprobados los estudios correspondientes al nivel medio [... y que] se pretende evitar que el sistema regido por la presente Resolución se constituya como único y excluyente, para la admisión de estudiantes extranjeros, limitando el ingreso de aquellos aspirantes que hubieran decidido radicarse definitivamente en nuestro país, para los cuales se mantiene vigente el régimen que prevé la reválida previa de estudios secundarios realizados en sus respectivos países de origen.

En su Artículo 2° establece que “Cada Universidad Nacional instituirá anualmente un cupo de vacantes para ser ocupadas por estudiantes extranjeros, sin residencia en el país, que deseen cursar carreras universitarias”. El Artículo 3° establece que:

El Ministerio de Educación y Justicia comunicará al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto los cupos ofrecidos por cada Universidad Nacional y las fechas de iniciación de los cursos de cada Facultad, a fin de que la Cancillería formule las asignaciones por países, de acuerdo con pautas que esta misma fije al respecto, lo que será informado por la Dirección General de Asuntos Culturales de la misma a cada una de las embajadas argentinas acreditadas en el exterior, las que serán la única instancia que tendrá la responsabilidad del otorgamiento de los mencionados cupos.

Por su parte, el Artículo 6° prevé que “Los estudiantes extranjeros ingresarán directamente a la universidad asignada para iniciar sus estudios, quedando eximidos de cumplimentar los requisitos generales de reválida de los estudios de nivel medio, sin perjuicio de los requisitos que cada Universidad considere necesario aplicar para la correcta evaluación del candidato”. El Artículo 11° aclara que esta normativa no es aplicable a los extranjeros que tengan residencia en el país, otorgada por la Dirección Nacional de Migraciones y que en esos casos el ingreso a la Universidad se regirá por las mismas normas aplicables a los aspirantes argentinos, debiendo previamente cumplimentar las equivalencias del nivel secundario, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes y según el régimen general administrado por la Dirección Nacional de Educación Media.

La participación de los alumnos extranjeros en la matrícula que asiste a la educación superior

El sistema de educación superior en Argentina está conformado por dos subsistemas. Por un lado la educación superior no universitaria, integrada por las instituciones que brindan formación docente y/o formación técnico profesional. Y por el otro, existe un sistema universitario conformado por 106 instituciones públicas y/o privadas.

Los alumnos extranjeros en el nivel superior no universitario

Se observa que en este subsistema de la educación superior de Argentina los alumnos se distribuyen mayoritariamente en instituciones estatales y dedicadas a la formación docente. No obstante, es muy importante la participación privada y del alumnado que realiza estudios de formación técnico profesional. En la formación docente más de siete de cada diez estudiantes cursa en instituciones estatales, mientras que en la formación técnico profesional ocurre lo contrario: casi dos terceras partes del alumnado concurre a instituciones privadas (ver cuadro 4).

Fuente: elaboración propia con base en Relevamiento Anual 2009

Cuadro 4 Alumnos que cursan estudios en establecimientos de nivel superior no universitario por sector de gestión y tipo de formación, 2009 

La información muestra que, como en el resto de los niveles de enseñanza, también en este subsistema de la educación superior (el no universitario) hay participación de alumnado extranjero y que, en términos porcentuales, en el “total país” tal participación es muy reducida.

Puede apreciarse que entre los alumnos extranjeros que cursan el nivel superior no universitario, también es mayoritario el peso porcentual de los que nacieron en países limítrofes o Perú, pero la participación porcentual de alumnos de otras nacionalidades (25.7%) es muy superior a la que se advierte entre los otros niveles de enseñanza.

Si bien la participación de los alumnos extranjeros en la matrícula del nivel superior no universitario continúa siendo muy reducida, se advierte que entre el 2003 y el 2009 se duplicó. Mientras que la matrícula total inscrita en el nivel superior no universitario creció en el periodo un 18.2%, la matrícula extranjera se incrementó un 135%.

También se visualiza una muy diferente participación de alumnos de diferentes nacionalidades que, por otra parte, no resulta coincidente con la participación porcentual de cada nacionalidad entre la población extranjera que vive en Argentina. Así se observa que los paraguayos están subrepresentados entre los alumnos de este nivel mientras que los peruanos y los uruguayos se encuentran sobre representados. Las diferencias en el nivel educativo promedio de estos colectivos así como su inserción territorial y laboral estarían influyendo en ello.

Antes (ver cuadro 3) se señaló la diferente participación porcentual de los alumnos extranjeros en cada nivel de enseñanza y el hecho de que, en Argentina, en todos los casos, tal participación es muy reducida. En contraste con el discurso que alude a la “invasión descontrolada” y a la “fuerte presión”, es evidente que tanto en números absolutos como porcentuales los inmigrantes no ejercen una presión importante en ninguno de los niveles de enseñanza del sistema educativo del país.

Fuente: elaboración propia con base en Relevamiento Anual 2003 y 2009.

Cuadro 5 Distribución del total de alumnos y de los extranjeros que cursan estudios de nivel superior no universitario, 2003-2009 

La distribución territorial de los extranjeros se concentra fundamentalmente en dos jurisdicciones y, consecuentemente, lo mismo ocurre con la matrícula escolar extranjera, lo que contribuye a visibilizar más a estos alumnos. En el caso del nivel superior no universitario la concentración territorial de los alumnos extranjeros se profundiza. Si bien la mayoría de los migrantes nacidos en países limítrofes reside en la provincia de Buenos Aires, casi seis de cada diez alumnos extranjeros que estudia en establecimientos de nivel superior no universitario lo hace en instituciones situadas en la ciudad de Buenos Aires (ver cuadro 6).

Fuente: elaboración propia con base en Relevamiento Anual 2009.

Cuadro 6 Alumnos que cursan estudios de nivel superior no universitario, totales y extranjeros, según jurisdicción, 2009 

Fuente: elaboración propia con base en Relevamiento Anual 2009.

Cuadro 7 Alumnos en el nivel superior no universitario por sector de gestión según nacionalidad, 2009 

Así, la participación de los alumnos extranjeros en los establecimientos de este nivel de enseñanza llega al 3.4% del total de alumnos en la ciudad de Buenos Aires, mientras que en la provincia representan algo menos del 1%. Los diferenciales en las características de la oferta educativa de este nivel entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires podrían estar influyendo en esta situación.

Lo mismo ocurre respecto al sector de gestión en el cual cursan sus estudios los extranjeros que, al respecto, muestran un comportamiento distinto al del total del alumnado. En este nivel de enseñanza seis de cada diez alumnos extranjeros cursa estudios en instituciones de gestión privada y se observan diferencias entre nacionalidades, probablemente debidas a las particularidades de la inserción laboral y niveles de ingresos que tiene, en promedio, cada una de ellas.

Los estudiantes extranjeros en la UBA

La Universidad de Buenos Aires (UBA) es la casa de altos estudios más grande del país. Alberga a alrededor de 300 mil estudiantes de grado y posgrado.

Según la información recogida en el último Censo de Alumnos de esta institución realizado en 2011, en ese año se registraban 10 646 alumnos de grado que declaraban ser extranjeros y que representaban el 4% del total de alumnos de grado de esa entidad académica. Entre los estudiantes extranjeros predominan aquellos de los países limítrofes y Perú (8 123 estudiantes) y las unidades académicas que presentan mayor presencia de estudiantes extranjeros son el Ciclo Básico Común (7.2%), la Facultad de Odontología (6.0%) y la de Medicina (5.7%). En dichas unidades académicas es donde los estudiantes de los países limítrofes y Perú predominan entre los extranjeros.

De los 10 646 estudiantes de grado que declaran tener nacionalidad extranjera el 25.3% corresponde a Perú, seguido de los países limítrofes de Bolivia (18%), Paraguay (11.3%), Brasil (8.8%) y Chile (8.2%). Siguen en importancia los países de Colombia, Uruguay y Estados Unidos con el 6%, 4.8% y 2.4% respectivamente.

Importa resaltar que sólo el 14.2% de los estudiantes extranjeros declara haber cambiado de residencia debido a sus estudios en la uba, de éstos la mayor parte proviene de Perú (472 estudiantes), de Chile (297 estudiantes) y de Colombia (217 estudiantes). Si bien la información es aún insuficiente para afirmarlo, si se toma como fuente lo declarado por los alumnos extranjeros, al menos en los estudios de grado, sería pensable descartar la hipótesis de que los alumnos extranjeros se trasladan a este país con el principal objetivo de realizar estos estudios.

Si bien el número de estudiantes de posgrado de nacionalidad extranjera (2 165 alumnos) en esta universidad es mucho menor que los de grado, la participación porcentual de aquellos en el total del alumnado de posgrado de la universidad es mayor, representando el 15% del total.

Al interior de las unidades académicas, las que tienen mayor proporción de estudiantes extranjeros en cursos de posgrado son las facultades de Ingeniería, Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Odontología y Psicología, con 41%, 40.2%, 25.5% y 21.1% de estudiantes extranjeros respectivamente.

De los 2 165 estudiantes extranjeros, el 47.8% declara ser de nacionalidad colombiana. Le siguen en importancia los estudiantes provenientes de Venezuela (7.4%), de Bolivia (6.6%), de Ecuador (6.2%), de Brasil (5.6%), de Chile (5.6%) y de Uruguay (4%).

Otra fuente de información para analizar el número de estudiantes universitarios en el país es el registro de alumnos ingresados bajo el régimen de la resolución 1523/90 (ver cuadro 8) que se reseñó antes. Nótese, sin embargo, que como la normativa lo indica se acogen a ella sólo una parte de los alumnos universitarios extranjeros.

Fuente: elaboración propia con base en Anuario 2010 CIIE.

Cuadro 8 Cantidad de alumnos extranjeros que eligieron Argentina para estudiar bajo régimen Resolución 1523/90 por zona de procedencia, 2010 

Como se advierte en los cuadros construidos con base en información del CIIE 2010, en ese año había 1 563 alumnos extranjeros bajo ese régimen, dos tercios de los cuales procedían de países de América del Sur. Obsérvese que dentro de estos últimos la participación de los estudiantes procedentes de Chile es muy alta ya que constituyen uno de cada tres estudiantes extranjeros y uno de cada dos de América del Sur. Le siguen en importancia numérica los alumnos procedentes de Colombia (ver cuadro 9).

Fuente: elaboración propia con base en Anuario 2010 CIIE.

Cuadro 9 Distribución de alumnos extranjeros procedentes de América del Sur e inscritos en universidades nacionales según la Resolución 1523/90 según país de origen, 2010