Artículos técnicos

 

Regreso a Dublín: ¿gestionan las comunidades tradicionales el agua como recurso económico?

 

Return to Dublin: Do Traditional Communities Manage Water as an Economic Resource?

 

José Antonio Batista-Medina*
Universidad de La Laguna, España
*Autor de correspondencia

 

Dirección institucional del autor

Dr. José Antonio Batista-Medina

Universidad de La Laguna
Facultad de Geografía e Historia
Campus de Guajara
Apdo. 456
38200 San Cristóbal de La Laguna,
Santa Cruz de Tenerife, España
Teléfono: +34 (922) 317 744
jbatisme@ull.es

 

Recibido: 12/11/2013
Aceptado: 03/12/2014

 

Resumen

La idea del agua como bien económico no es nueva, pero se ha extendido desde la Conferencia de Dublín (1992). ¿Cuál es el significado del agua como recurso económico? Podemos identificar dos acercamientos o interpretaciones. La primera considera que el agua es un input (un input productivo), como otros, en un sistema económico. En este sentido, el agua debe tener precio o debe ser transferida mediante las instituciones de mercado. Esas herramientas económicas llevarán a un uso eficiente o, en otras palabras, al uso más beneficioso. Así pues, el agua se convierte en una mercancía. La segunda interpretación es menos estrecha en su sentido económico. El agua como recurso económico significa que es escasa y debe ser gestionada cuidadosamente para alcanzar los objetivos establecidos en una sociedad concreta. Tratar el agua como un recurso económico no implica el uso de un conjunto específico de herramientas económicas. Los precios, los mercados, la propiedad privada, etcétera, son herramientas en una caja de herramientas; pero hay otras, otros medios para gestionar el agua de una manera social, económica y ecológicamente sostenible. Aplicaremos esta segunda interpretación al análisis de la gestión del agua en las comunidades tradicionales. En este sentido, intentaremos responder a la siguiente cuestión: ¿gestionan estas comunidades el agua como recurso económico? La investigación en ciencias sociales sobre la gestión de sistemas de riego de pequeño tamaño muestra que tratan el agua en general como un recurso económico, esto es, como un recurso escaso. Esos sistemas de riego tradicionales han funcionado generalmente bien en términos sociales, económicos y ecológicos; pero la política y la ciencia modernas del agua han ignorado esos sistemas, transformándolos o destruyéndolos por la aplicación de conceptos, criterios y herramientas universales. Concluimos que estas organizaciones e instituciones tradicionales e indígenas tienen muchas lecciones que enseñar en el tratamiento y gestión del agua, y deben ser apoyadas y protegidas.

Palabras clave: agua, agua como bien económico, sistemas de riego tradicionales e indígenas, gestión sostenible, gestión integrada de los recursos hídricos, cultura del agua.

 

Abstract

While the idea of water as an economic good is not new, it has expanded since the Dublin Conference was held (1992). What is the meaning of water as an economic resource? We can identify two approaches or interpretations. The first considers water to be an input (a productive input), as any other in an economic system. In this context, water must have a price or be transferred through market institutions. These economic tools will create an efficient use of the water, that is, more benefits. Water thereby becomes a commodity. The second interpretation is defined in broader economic terms. Water as an economic resource means that it is a scarce resource and must be carefully managed to attain the goals established by a particular society. Treating water as an economic good does not imply the use of one specific set of economic tools. While prices, markets, private property, etcetera are tools that can all be found in a particular toolbox, other toolboxes exist. There are other ways to sustainably manage water from a social, economic and ecological point of view. We will apply this second interpretation to the analysis of water management in traditional communities. We will attempt to answer the question of whether traditional communities manage water as an economic resource. Social science research about the management of small scale irrigation systems shows that those systems generally manage water as an economic resource; that is, as a scarce resource. Although traditional irrigation systems had generally operated well in social, economic and ecological terms, modern water science and policies have ignored them, transforming or destroying them by applying universal concepts, criteria and tools. We conclude that traditional and indigenous institutions and organizations have many lessons to teach in regard to the treatment and management of water, and they should be supported and protected.

Keywords: Water, water as an economic good, traditional and indigenous irrigation systems, sustainable management, Integrated Water Resources Management, water culture.

 

Introducción

En los últimos tiempos se ha debatido mucho sobre la naturaleza del agua (aquí nos centraremos en la de uso agrícola), y no es una cuestión baladí o un mero ejercicio académico o intelectual. Hemos de tener en cuenta que las formas de percibir o conceptuar este recurso tienen una expresión práctica en muchos aspectos, como las políticas diseñadas; las instituciones y organizaciones consideradas mejores para su manejo; los responsables de ello; los fines prioritarios, etcétera. En Occidente, como veremos en el primer apartado, la concepción dominante es la del agua como recurso, como input, y en especial como recurso económico (lo que se ve reforzado en la Conferencia de Dublín de 1992), que implica, en algunas interpretaciones, su consideración como bien sometido a los principios del mercado. Lo significativo es que se ha ido extendiendo desde Occidente rápidamente a muchos lugares en lo que podemos entender, en términos generales, como "política asimilacionista de aguas".

Sin embargo, no todos mantienen y aceptan la misma visión (apartado 2). En otros términos, no todo el mundo considera que lo económico tenga que ver con lo que aparece en las formulaciones convencionales (precios, mercados, mercancías, sector privado...). Hay posturas alternativas que, sin rechazar esa calificación (el agua como recurso económico), plantean una definición o concepción menos rígida o estrecha, menos economicista. Se trata de la interpretación que viene a plantear que lo económico hace referencia a escasez, con lo cual considerar el agua como bien económico es entender que nos hallamos ante un recurso escaso, sin que ello presuponga establecer herramientas específicas para su gestión. A esto hay que añadir que el agua no es solo un recurso económico, sino también social, cultural, biológico, político... Nos hallamos ante un elemento multidimensional, no solo frente a un input.

Pues bien, en el presente ensayo pretendemos responder a la siguiente cuestión: ¿gestionan las comunidades tradicionales e indígenas el agua como recurso económico? Nuestro planteamiento es que si aceptamos esa definición alternativa del agua como recurso económico (escaso), hallaremos, como se verá en el tercer apartado, que son numerosas las comunidades, las sociedades del presente y del pasado, indígenas y campesinas de diversas partes del mundo (perspectiva transcultural), que han reconocido la escasez y la importancia del agua, y que han construido y puesto en marcha sistemas de gestión bastante eficaces en términos económicos, sociales y ambientales. Son, además, sistemas que se aproximan a lo que se denomina Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH). De acuerdo con la definición del Global Water Partnership: "La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos es un proceso que promueve el desarrollo y la gestión coordinados del agua, la tierra y los recursos relacionados con el objetivo de maximizar el bienestar económico y social de una manera equitativa sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales" (GWP, 2000; véase también Rahaman & Varis, 2005). La GIRH "se basa en la visión de que los recursos hídricos son un componente integral del ecosistema, un recurso natural y un bien económico y social" (GWP, 2010).

Con ello queremos decir que muchos de los elementos que se consideran actualmente básicos en la gestión del agua (p. ej., que integren lo económico, social y ecológico; que sigan fórmulas participativas, etc.) y de los objetivos considerados prioritarios (eficiencia, sostenibilidad, equidad), ya existen, siguen en funcionamiento en muchas partes y lo llevan haciendo, en numerosos casos, desde hace siglos. Sin embargo, son sistemas que han sido ignorados y minusvalorados por la tecnociencia occidental y las políticas de desarrollo fuertemente etnocéntricas y, lo que es peor, no pocos han sido sustituidos por otros "modernos" o han sufrido importantes alteraciones por la imposición de una política de aguas (la "moderna") que no entiende o valora la diversidad, que no concibe el manejo de este recurso si no es con principios, criterios y herramientas tecnoeconómicos.

Nuestra reflexión final apunta en dos líneas. Por un lado, consideramos que los sistemas tradicionales de gestión del agua han de ser apoyados, reconocidos y potenciados (y mejorados cuando corresponda) como fórmulas viables (en términos sociales, económicos y ambientales) de manejo de ese recurso escaso. Por otro, entendemos que de ellos podemos aprender, sin sobrevalorarlos o caer en visiones románticas, con el objetivo de conseguir concepciones del agua y modelos de gestión que nos ayuden a resolver algunos de los problemas actuales y futuros de este recurso, y cumplir con los objetivos de eficiencia, equidad y sostenibilidad.

 

El agua como recurso económico: precios, mercados, mercancías

Si bien la idea del agua como recurso económico no es nueva, es cierto que tras la Conferencia de Dublín (ICWE, 1992) toma fuerza a raíz de lo expresado en su punto 4: "El agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos en competencia y debería reconocerse como un bien económico. (...) El no haber reconocido en el pasado el valor económico del agua ha llevado al derroche y a usos del recurso medioambientalmente dañinos. La gestión del agua como bien económico es una manera importante de alcanzar un uso eficiente y equitativo y de favorecer la conservación y la protección de los recursos hídricos". Lo contenido en este punto ha sido interpretado por numerosos autores, expertos, agencias, organizaciones, corporaciones, etcétera, en el sentido de que el agua es, dejando a un lado algunas características particulares, un elemento más (véase por ejemplo Gray, 1983), un input de un sistema económico, un "recurso" que no se diferencia, o no debe diferenciarse, de otros en su concepción, tratamiento y gestión. El agua es, pues, un recurso económico, en el sentido más formal del término, apareciendo en las concepciones más extremas vaciado de otros aspectos relevantes. Los problemas de esta visión surgen de la interpretación (a veces implícita) que se hace de lo económico y, sobre todo, de lo que implica en el diseño de políticas de agua. Partimos de que la concepción de este recurso deriva en formas concretas de valorarlo, gestionarlo y utilizarlo y, por lo tanto, en las "herramientas" que se consideran más apropiadas para ello.

Pues bien, en la interpretación más generalizada (que podríamos llamar ortodoxa) del agua como recurso priman los conceptos, los criterios, las herramientas, etcétera, tecnoeconómicos. El valor del agua es, básicamente, valor económico, que se refleja, además, o ha de reflejarse, en los precios (véase Ward & Michelsen, 2002: 443). El agua, como otros inputs de un sistema, ha de tener precios que reflejen su situación (oferta-demanda) en un momento determinado y, en su caso, los costos totales. Son los precios (ver, p. ej., Dinar, 2000; Van der Zaag & Savenije, 2006; Rogers, De Silva, & Bathia, 2002; World Bank, 2004) los que garantizarán, en principio, su uso eficiente, los que actuarán contra una utilización inadecuada o ineficiente (en términos principalmente económicos). Se parte de que la consideración del agua como un recurso "libre", gratuito, lleva al sobreconsumo, a la ineficiencia y a numerosos problemas medioambientales. Es decir, se considera de manera errónea, como veremos, que la ausencia de precios y mecanismos como el mercado se traduce en problemas económicos y ecológicos. No son raras, en este sentido, las alusiones a la "tragedia de los comunes" de Hardin (1968) para explicar algunos de los males del sector hídrico.

En este contexto, el mercado (los mercados de agua) se erige en el principal (y considerado mejor) mecanismo para asignar el agua como recurso escaso entre fines y usuarios en competencia (ver, por ejemplo, MacDonnell, 2004; Glennon, 2005; Henderson & Akers, 2008; Ward & Michelsen, 2002; Zilberman & Schoengold, 2005; Rogers et al., 2002; Libecap, 2009, 2010; Briscoe, 2011; Fonseca, 1998; World Bank, 2004). De esta manera, se da un paso más, y ya no es solo un recurso (un input), sino, además, una mercancía (ver MacDonnell, 2004; Serageldin, 2010; Mitchell, 1984). Y aquí está la clave de la interpretación economicista del cuarto principio de Dublín: la afirmación de que el agua es un recurso económico lleva a su consideración como un bien que ha de asignarse mediante el mercado y que, por ello, acaba convertido en una mercancía. En este nivel, ya no nos encontramos únicamente ante una cuestión de eficiencia, de asignación a los usos más beneficiosos, más valiosos (en términos económicos), sino que, además, aparece como una oportunidad de negocio, una fuente de cuantiosos (y seguros) beneficios a la que miran grandes empresas e inversores conscientes de su importancia estratégica en el presente siglo (ver, p. ej., Goldman Sachs, 2008; Morgan Stanley, 2012; Serageldin, 2010). Podríamos decir que la visión más estrecha del agua como recurso económico sirve como fundamento o argumento para su concepción como mercancía, como un elemento que "pertenece" (o ha de pertenecer) al ámbito del mercado, sometido a los principios de este y orientado, más allá de los argumentos de la eficiencia (técnica, ecológica y económica), a la obtención de beneficios.

En esta línea argumental, la forma de propiedad más apoyada es, lógicamente, la privada (véase, p. ej., Libecap, 2009). Para el buen funcionamiento del mercado, los derechos (de propiedad) sobre el agua han de estar bien definidos, ser reconocidos legalmente y estar garantizados (legal y jurídicamente) por el Estado. Ello significa que se prioriza y da más valor al control individual del recurso hídrico frente a otras formas, como las comunales (cooperativas) o las estatales (centralizadas). Los niveles supraindividuales, en todo caso, no deben interferir o deben interferir lo mínimo en las decisiones (racionales) individuales posibles sobre el uso y la asignación del agua. El individuo (el titular de los derechos privados) se eleva, pues, a un lugar central; el individualismo se impone frente al colectivismo; lo individual a lo colectivo (véase también Ingram & Brown, 1998: 123-124). El interés individual gana frente al general o social, aunque este último aparezca con muchísima frecuencia como argumento de ciertas decisiones que apoyan los mercados de agua, la propiedad privada... Se lleva al ámbito de la gestión y política de aguas la vieja idea de que la acción económica individual generará beneficios colectivos (o evitará costos sociales). Por medio del mercado, por consiguiente, no solo se benefician los propietarios y usuarios del recurso hídrico, sino también la sociedad en su conjunto, al promoverse una utilización más beneficiosa en términos económicos generales, sociales y ambientales (al promover, se dice, su conservación, la sostenibilidad). De hecho, hoy, a diferencia del pasado, hay un reconocimiento expreso de la necesidad de integrar los aspectos medioambientales en las políticas hídricas (Gleick, 1998, 2000), concretado en la explicitación de la sostenibilidad como objetivo (GWP, 2000). Pero las soluciones más apoyadas por la ciencia económica ortodoxa (ver por ejemplo Adler, 2008, 2008/09, 2012) y por diversos organismos oficiales pasan, como se ha señalado, por la defensa de los mercados.

En suma, esta interpretación del agua como recurso económico, la que podemos considerar más dura o extrema, se basa en elementos como precios, mercados, propiedad privada, eficiencia, control individual... En otros términos, el carácter económico, en esta interpretación, implica que el agua ha de tener precios bien determinados por el mercado o bien administrativamente (sistemas tarifarios).

 

El agua como recurso económico: gestión de la escasez

Otra interpretación del cuarto principio de Dublín parte de que la consideración del agua como recurso económico no tiene que ver con el sentido economicista que hemos analizado en el anterior apartado ni pasa por la instauración de precios, propiedad privada y mercados. Es decir, tal concepción no lleva aparejadas "herramientas" concretas. Para exponerla basta con recordar la definición clásica de Robbins de aceptación generalizada en la ciencia económica. Según este autor, la economía se encargaría del estudio "de la conducta humana como relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos" (Robbins, 1994: 85). La clave de esta definición, como se sabe, radica en la escasez de los medios, de tal modo que lo económico haría referencia al ejercicio mediante el cual los individuos usan los recursos con los que cuentan para satisfacer ciertas necesidades o alcanzar determinados fines alternativos. Por extensión de esta idea, un recurso económico se consideraría un recurso escaso. De este modo, la economía se ocuparía de estudiar la mejor forma de asignar los recursos (escasos) disponibles para conseguir unos objetivos (Mochón, 1994: 4). La economía (específicamente la microeconomía) es, en términos generales, concebida como ciencia de la elección en situaciones de escasez (Frank, 2002: 24).

Por consiguiente, los componentes básicos de esta interpretación del agua como recurso económico son la escasez y, por ello, la necesidad de toma de decisiones sobre su (mejor) uso y/o asignación. Obviamente, los fines (alternativos) no están dados, sino que son definidos socialmente, aunque pueda haber cierto acuerdo en determinados objetivos generales como su buen uso, su conservación..., tal y como se refleja en numerosos documentos y acuerdos internacionales (p. ej., ICWE, 1992; GWP, 2000). Y tampoco hay referencia a herramientas o medios concretos para alcanzar esos fines.

Esta es, la basada en subrayar la escasez y la necesidad de gestión eficaz, la "otra" interpretación que se hace del cuarto principio de Dublín por diversos autores (ver, p. ej., Savenije & Van der Zaag, 2002; Savenije, 2002; Brown, 1997; Hellegers & Perry, 2006; McNeill, 1998; Ali, 2011).

 

¿Gestionan las comunidades tradicionales el agua como recurso económico?

Con no poca frecuencia, la gestión tradicional del agua ha sido percibida de manera negativa. Se habla, así, de sistemas arcaicos y atrasados, de mecanismos de asignación y distribución del recurso hídrico ineficientes (en sentido técnico y económico), de usuarios atados a sus tradiciones y conservadores en exceso, que no reconocen el valor (económico) del agua y desconocen los elementos de la gestión moderna de este bien, etcétera. Ello ha supuesto, en demasiados casos, ignorar tales sistemas, minusvalorarlos y sustituirlos por otros modernos en su estructura organizativa y en sus procedimientos (véase también Chartres & Varma, 2011: 152-153). Ahora bien, ¿es cierto que las comunidades tradicionales y nativas que han basado sus economías en el agua no la reconocen y gestionan como recurso económico?

Si tenemos en cuenta lo recogido en la amplísima literatura que desde las ciencias sociales (ver, p. ej., Maass & Anderson, 1978; Tang, 1992; Guillet, 1992; Sengupta, 1991; Lam, 1998; Siy, 1982) se ha ocupado de esos sistemas (del pasado y del presente), puede afirmarse que, en general, en ellos no se niega, como a veces se supone, la importancia económica y productiva del agua, aparte de que, por lo general, se reconoce su escasez y se gestiona cuidadosamente. Es más, para estas comunidades, tener tal recurso o tener acceso a él es vital en el sentido más estricto del término. Poder regar significa producir alimentos que se destinan al propio consumo y/o a la venta. Proteger el agua, defenderla, "adorarla", cuidarla, es una estrategia (racional) de supervivencia. Y tratar de mejorar su uso, de hacerlo más "eficiente", también forma parte de esa estrategia. Esto viene a indicar que no se rechaza el carácter económico del agua, entendida como recurso escaso, y que, por lo tanto, requiere de una gestión cuidadosa para lograr fines productivos, sociales y ambientales. Es más, los sistemas comunales y tradicionales de riego tienen una larga y variada experiencia en la gestión de la escasez (ver, p. ej., Brown, 1997; Jinapala & Somaratne, 2002; Hellegers & Perry, 2006; Ingram & Brown, 1998; McNeill, 1998; Toro-Sánchez, 2007); pero, eso sí, siguiendo un modelo colectivo (participativo, en términos modernos), un modelo que además integra los aspectos económicos, sociales, ambientales y culturales del agua. De no haber sido así, no podría entenderse la longevidad de muchos de estos sistemas y su sostenibilidad en términos económicos, sociales y ecológicos (ver Walker & Salt, 2012: 58).

El discurso oficial internacional del agua habla frecuentemente de integración, de enfoques integrados de gestión, de holismo (GWP, 2000; véase también Rahaman & Varis, 2005). Pues bien, tal concepción del agua y de su manejo está presente, en general, en los sistemas indígenas y tradicionales. Por un lado, ha de indicarse que el recurso hídrico se concibe de forma integral, holística. En otros términos, se considera un elemento multidimensional (ver también Mehta, 2000; Wateau, 2011), en el sentido de que los aspectos sociales, ecológicos (o biológicos), infraestructurales, económicos, culturales, etcétera, forman parte de una visión totalista (un todo), que se contrapone a la atomicista y economicista propia de nuestra cultura occidental (el agua como recurso económico, como input), en donde domina, como se ha visto, el discurso económico y los criterios mercantiles, y el individuo (no el grupo o la comunidad) se erige en central, en protagonista.

La gestión integrada puede observarse en aquellos casos (y son numerosos) en los que más que ver y manejar el agua como un recurso independiente o separado, se han gestionado ecosistemas, en los que los demás recursos naturales juegan un papel fundamental y son determinantes en la disponibilidad de aquella (esto es lo que llama Ávila-García (2006) "matriz territorial": agua-suelo-monte). De especial significación, por sus efectos directos en el recurso hídrico disponible, es el manejo cuidadoso de las zonas boscosas en las que nacen y por las que discurren fuentes y ríos. Los agricultores tradicionales e indígenas saben que el cuidado de los bosques es fundamental para el mantenimiento del suministro hídrico en sus territorios y comunidades, de ahí que hayan integrado su gestión (ver, p. ej., Taniyama, 2004; Rivadeneira & Peralta-Proaño, 2009). La gestión sostenible del agua puede verse en diferentes prácticas, reglas y otros elementos de distinto orden de los regadíos tradicionales e indígenas. Por ejemplo, la distribución del recurso hídrico de arriba-abajo, siguiendo la disposición espacial de los canales y las fincas, se ha adaptado bien a entornos marcados por fuertes pendientes, reduciendo las pérdidas o permitiendo, cuando se producen, su aprovechamiento por los regantes con terrenos situados más abajo, lo que viene a cuestionar las concepciones técnicas de eficiencia (ver Guillet, 2006; Boelens & Vos, 2012). Incluso, la reticencia a ampliar las zonas regables, lo que se ha observado en infinidad de casos (ver, p. ej., Maass, 1994; Maass & Anderson, 1978; Trawick, 2001a; Batista-Medina, 2001), puede interpretarse como un mecanismo con efectos ecológicos positivos (la ligazón a un territorio concreto inhibe la tendencia a buscar más agua), aparte de sociales, económicos y sistémicos (pues evita el colapso del sistema de riego). Debe tenerse en cuenta que la limitación de las zonas de riego es una forma de ajustar la "oferta" y "demanda" de agua actuando sobre esta última (gestión de la demanda), lo que supone garantizar un mínimo de ella para todos los que tienen derecho. Además, con este mecanismo se evitan conflictos (entre los "viejos" y "nuevos" regantes). En cambio, donde no ha existido la ligazón del agua a la tierra o a un territorio (o se ha eliminado), la propiedad privada y los mercados han llevado, si se han dado las condiciones adecuadas (elevado valor productivo del agua, agricultura comercial...), a un crecimiento insostenible de las zonas regables, lo que ha dado lugar a situaciones conflictivas, y problemas económicos (muchos agricultores pueden verse sin la cantidad de agua mínima para regar sus tierras) y ecológicos (sobreexplotación de acuíferos) (ver, p. ej., Budds, 2012; Poncet, Álvarez-Latorre, & Reyes-Serrano, 2011; Toro-Sánchez, 2007).

Aparte de estos mecanismos concretos (entre muchos otros), debemos resaltar las implicaciones de ciertos valores o patrones de comportamiento contenidos en creencias religiosas, leyendas, mitos... en las pautas de uso y consumo del agua (ver, p. ej., Maliva & Missimer, 2012; Bark, Hatton-MacDonald, Connor, Crossman, & Jackson, 2011; Jinapala & Somaratne, 2002; Vargas, 2006; Ávila-García, 2006; Angchok & Singh, 2006; Park & Ha, 2012). En otros términos, la valoración simbólica del recurso hídrico en muchos de los sistemas tradicionales e indígenas se traduce, directa o indirectamente, en prácticas sostenibles. El hecho de que el agua no se considere un mero recurso externo e independiente (tal y como ocurre en nuestra sociedad), apropiable y dominable, sino parte de un "nosotros", que se rodee de carácter espiritual o divino (el agua como don divino), o que se conciba como recurso vital en un sentido amplio, da lugar a que su tratamiento y uso sean cuidadosos, respetuosos ecológicamente. Como señala Peña (1999: 109; 2012a), refiriéndose a las "acequias" de Nuevo México, puede hablarse de una auténtica ética ambiental en la que los agricultores no son propietarios (individuales) o meros productores o usuarios, sino auténticos "guardianes" de un recurso que han heredado del pasado (de la naturaleza, de los ancestros, de los dioses) y que han de cuidar también para las generaciones futuras (Ingram & Brown, 1998: 124).

Tampoco podemos dejar de citar por su importancia los efectos ecológicos positivos de esos sistemas. Numerosos estudios indican que los regadíos tradicionales e indígenas no solo han hecho posible la producción y, por consiguiente, la supervivencia de comunidades y grupos en entornos muy diferentes (a veces realmente extremos), sino que además, como efectos no intencionales, han creado y mantenido espacios y territorios ricos en flora y fauna (ver, p. ej., Martínez-Saldaña, 2012; Brown & Rivera, 2000; Peña, 1999; Peña, 2012b; Rivera, 1996). Han sido, en otros términos, generadores y mantenedores de vida, de biodiversidad. Las aguas que corren, se infiltran, se "pierden" de unos canales alimentan plantas, animales, recargan acuíferos o retornan a cursos superficiales cercanos (ver Fernald, Guldan, & Ochoa, 2010). Constituyen auténticos "caudales ecológicos", aunque lo corriente haya sido, desde la tecnociencia moderna, ver pérdidas, ineficiencia, prácticas despilfarradoras e insostenibles, etcétera.

En los documentos internacionales sobre el agua se está poniendo atención a cuestiones como la equidad y seguridad en el acceso al agua, pensando en especial en los grupos más desfavorecidos de la sociedad. Pues bien, ambas cuestiones también están presentes, por lo general, en los sistemas de riego campesinos e indígenas (ver Boelens & Dávila (Eds.), 1998; Whiteley, Ingram, & Perry (Eds.), 2008; Mabry (Ed.), 1996; Mabry & Cleveland, 1996). Es más, en muchos de ellos, ambos objetivos son prioritarios, diseñándose e implantándose mecanismos y reglas para que todos los que tienen derecho al agua tengan acceso a ella de manera equitativa y de forma segura, sin ignorar lo relacionado con la eficiencia y la productividad. Por ejemplo, el sistema de adscripción o unión del agua a la tierra, presente en infinidad de sistemas de riego, supone que todo agricultor con terrenos en la zona regable tiene acceso a una parte (proporcional) de la disponible. Todos, en suma, comparten la abundancia y, sobre todo, la escasez de agua. Esto no solo supone el acceso equitativo a un recurso básico, sino también seguro, garantizando que todos puedan, así, producir alimentos. Y no puede pasarse por alto que la equidad es uno de los elementos que da estabilidad a estos sistemas, que contribuye, en otros términos, a hacerlos socialmente sostenibles (ver también Trawick, 2001a: 14; Trawick, 2001b: 373). De hecho, donde no está presente, por las razones que sean, destacan las conductas oportunistas y, en distintos grados, la conflictividad interna.

 

Reflexiones finales

Como se ha visto en las anteriores líneas, la gestión del agua como recurso económico, en su segunda interpretación, puede hallarse en infinidad de sistemas indígenas y campesinos de diversas partes del mundo, al igual que algunos de los principios básicos de la llamada Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. Al margen del concepto (recurso económico), que puede dar pie a confusiones y, sin duda, a cierto rechazo, lo que nos dicen los estudios transculturales e históricos realizados por diversos científicos sociales e historiadores es que los sistemas tradicionales han venido manejando el agua como recurso económico (léase, recurso escaso), en algunos casos desde hace siglos. Y ha sido, en general, una gestión bastante eficaz si tenemos en cuenta la longevidad de muchos de esos sistemas, con frecuencia en entornos extremos.

Pero estos sistemas se han enfrentado, y enfrentan aún hoy, al desconocimiento, incomprensión y desdén de los expertos, técnicos y responsables políticos del agua, dando como resultado, con mucha frecuencia, la eliminación de tales sistemas o la generación, por la aplicación de esas políticas de agua, de serios problemas. En otros términos, en numerosos casos se han introducido modelos de gestión "modernos", basados en la idea más estrecha del agua como recurso económico y en la tecnociencia occidental, en donde ya funcionaba una gestión cuidadosa, sostenible, equitativa y razonablemente eficiente de un recurso considerado escaso y vital.

Frente a ello, cada vez son más las voces que se alzan en favor de corregir esa política de aguas y las intervenciones basadas en ella, aprendiendo de los sistemas indígenas y tradicionales, investigándolos, apoyándolos, reconociéndolos, teniéndolos en cuenta (ver, p. ej., Mabry & Cleveland, 1996: 228; Chartres & Varma, 2011; 152-153), tal y como se ha hecho, por ejemplo, en España, con las Comunidades de Regantes (ver Giménez-Casalduero & Palerm-Viqueira, 2007). Y no se trata de sobrevalorarlos, de pensar que todos y cada uno de ellos funcionan de manera correcta en todos sus aspectos, cayendo así en una especie de postura de marcado romanticismo (ver también Mehta, 2000: 14-16; Wateau, 2011: 264; Bakker, 2007: 444; Chalaune, 2009: 104-106). Pero parece claro que de ellos se pueden sacar muchas lecciones para el presente y futuro de un recurso tan amenazado y tan vital para todos. Y también que siguen siendo una opción de gestión válida en muchos casos. No podemos ignorar su contribución al manejo sostenible del agua y de los ecosistemas hídricos ni sus funciones económicas y sociales, habiendo ayudado, y ayudando aún, a sostener numerosísimas comunidades indígenas y campesinas, y hasta economías regionales y nacionales, si tenemos en cuenta que son los pequeños y medianos agricultores y los sistemas de riego gestionados por estos los que aportan una buena parte de la producción agrícola (ver Mabry, 1996: 6).

Lo expuesto no significa ir contra el mercado, contra la propiedad privada, los precios... Esos mecanismos forman parte de una caja de herramientas, una más, que puede funcionar en determinadas circunstancias, pero que en otras puede ser problemática, difícil de implementar... (ver Savenije, 2002; Aguilera, 2002; Henderson & Akers, 2008; Zilberman & Schoengold, 2005; Bauer, 1997; Van der Zaag & Savenije, 2006; Dellapenna, 2000, 2009, Draper & Sehlke, 2005). Pero hay otras que no están en los textos de economía del agua, en las aulas universitarias o los despachos de gobiernos, instituciones y organizaciones. Han estado (y aún están) ahí "fuera", en zonas áridas, semiáridas y templadas, en zonas montañosas y en valles, en lugares recónditos o cercanos...

 

Referencias

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