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Introducción
El nivel educativo de las personas ha adquirido especial relevancia en la sociedad actual, por lo que las diferencias educativas entre la ciudadanía pueden llegar a causar divisiones sociales. Sin embargo, a diferencia del racismo o los problemas de género, este tipo de discriminación pasa desapercibida en la mayoría de los casos (Easterbrook et al., 2016). La educación superior como fenómeno social es determinante en la definición de las condiciones de movilidad social, aun cuando ésta no suceda de forma adecuada.
La educación ha sido uno de los compromisos fundamentales de las sociedades modernas en la búsqueda del progreso colectivo y del logro de una mayor equidad y justicia (Locatelli, 2018). De manera general, el término educación nos habla de la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas, de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen.
En este sentido, además de tener una función formativa, la educación desempeña un papel trascendental para alcanzar mejores niveles de bienestar social y crecimiento económico (Marqués-Perales, Fachelli, 2021); reduce las desigualdades económicas y sociales (Zafra, Zárate, 2020); propicia la movilidad social (Muñoz, 2001; Vélez et al., 2015); contribuye a conseguir mejores empleos y amplía las oportunidades de los jóvenes, alcanza una mayor democracia (Guanipa et al., 2019); e impulsa la ciencia, la tecnología y la innovación (León et al., 2021), entre otros.
El conocimiento se ha convertido entonces en un factor importante de la producción en las economías modernas, por lo que las sociedades líderes en lo económico y en lo social son las que más han apostado por construir su progreso con base en el conocimiento que se transmite a través de la escolarización (la cual consiste en lograr que aquellos que están en edad escolar asistan a los centros educativos y completen los estudios que el Estado fija como obligatorios) y de la investigación (la cual contribuye al desarrollo del conocimiento).
Es así como quienes obtuvieron una menor educación por la escasez de recursos derivada de su baja posición social, sufren de una sutil discriminación por parte de aquellos que están mejor educados (y de quienes se esperaría una mayor sensibilidad acerca del tema de la discriminación), lo que los marca desde la infancia y, a su vez, contribuye a acrecentar la desigualdad social (Kuppens et al., 2018).
De esta manera, la educación adquiere un componente polémico adicional, que viene a sumarse a su falta de capacidad para responder a la formación de individuos con pensamiento crítico (Botero et al., 2017) y al hecho de que no se están obteniendo los resultados esperados en materia de preparación de sus estudiantes; aunado a la escasa preparación de los docentes y a los ineficientes procesos de enseñanza y aprendizaje, principalmente en los países latinoamericanos (Caicedo, Calle, 2019).
Otro aspecto importante es el de la exclusión educativa, que frecuentemente se interpreta como consecuencia directa de las condiciones socioeconómicas que ocurren fuera del ámbito educativo. Dicha exclusión implica no ser reconocido como un "estudiante adecuado" dentro de la escuela; no estar representado, escuchado o tomado en cuenta; ser estigmatizado, descuidado o ignorado; sentirse totalmente alejado de las prácticas educativas y el conocimiento educativo; no tener, resumidamente, las condiciones para una experiencia escolar satisfactoria para el aprendizaje y para el desarrollo personal (Tarabini et al., 2018).
En relación con lo anterior, según datos de la Encuesta de Jóvenes en México, realizada por la Fundación SM y el Observatorio de la Juventud en Iberoamérica (2019), 22.2% de los adolescentes entre 15 y 17 años de edad que deberían estar cursando la educación media superior como actividad principal, ya no lo están. Asimismo, 56.6% de quienes tienen entre 18 y 22 años de edad también quedaron fuera del sistema educativo, por lo que las expectativas de un futuro mejor, el cual incluye el ingreso a la educación superior, se han reducido de forma considerable.
Asimismo, otros datos del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe de la UNESCO (2020), indican que el acceso a la educación superior aumentó en todo el mundo entre los años 2000 y 2018, pasando la tasa bruta de matriculación en la educación superior de 19 a 38%. Para el caso de América Latina y el Caribe, dicha tasa aumentó de 23 a 52%. No obstante, se pudo observar que la matrícula aún se concentra en los estratos sociales más altos de la sociedad. Prueba de ello es que entre los años 2000 y 2018 el porcentaje de crecimiento de la tasa bruta de matriculación entre los más pobres de la región fue de 5%, ubicándose en 10% para 2018, y entre los de mayor nivel socioecómico el crecimiento fue de 22%, ubicándose la tasa en 77% para 2018. A pesar de ello, el gran objetivo de la región es seguir en la dirección de democratizar el acceso a la educación superior, lo que obliga a las universidades a salir a la calle a buscar a los estudiantes que deberían estar matriculados, con el fin de integrarlos a sus aulas.
Igualmente, según datos de la Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación (ECOVID-ED) realizada por el INEGI (2020), de los 7.1 millones de estudiantes inscritos en la educación superior durante el ciclo escolar 2019-2020, 97.5% lograron concluir el año escolar; mientras que de los estudiantes restantes, 44.6% fracasaron debido a motivos relacionados con la pandemia por Covid-19, entre los cuales están: la pérdida de contacto con sus docentes y la imposibilidad de realizar tareas; la pérdida del empleo de algún miembro de la familia o la reducción de los ingresos familiares; el cierre de escuelas y la falta de recursos tecnológicos para tomar clases en línea, entre otras. En lo que respecta al ciclo 2020-2021, la encuesta mostró que 31.6% de la población entre 19 y 24 años de edad se inscribieron en dicho ciclo, mientras que 5.2% no lo pudo hacer por causas imputables a la pandemia, siendo las principales: el considerar que las clases a distancia eran poco funcionales para el aprendizaje; la pérdida del empleo de alguno de los padres o tutores; la carencia de tecnologías de la información necesarias para conectarse a las clases en línea; el cierre definitivo de las escuelas, entre otras.
Para el logro de esta contribución, se realizó una investigación de tipo documental de la literatura científica acerca del tema, mediante la aplicación de un estudio descriptivo. Se incluyeron los artículos originales más importantes y significativos de acuerdo al criterio de los autores, publicados en bases de datos científicas (Scielo, RedAlyC, Eumed, Dialnet, ScienceDirect, WoS y Scopus), mayormente entre los años 2017 y 2021, en idioma español e inglés, que describieran los obstáculos enfrentados por los egresados de educación superior en la búsqueda de una mayor movilidad social, para lo cual se abordaron los temas de educacionismo, racismo de la inteligencia, meritocracia y movilidad social; así como de las experiencias de estudiantes de primera generación (primeros de sus familias) en las universidades.
Movilidad social y la teoría de los capitales
La movilidad social se refiere a la facilidad con la que una persona puede subir en la escalera socioeconómica de un país; lo cual es importante por motivos de justicia, eficiencia y cohesión social. La dirección de dicha movilidad es significativa porque describe, por un lado, los cambios ocurridos entre estratos sociales (movilidad vertical), así como los que se observan dentro de un mismo estrato (movilidad horizontal) (Solís, 2011). Dentro de la movilidad vertical se puede considerar la movilidad intergeneracional, la cual se produce entre una generación y la siguiente; asimismo, se puede analizar la movilidad intrageneracional, que observa los cambios que sufren los miembros de una misma generación a lo largo de su vida y que les afecta en su trayectoria laboral (Orozco et al., 2019; Flores-Crespo, Rodríguez-Arias, 2021).
Una condición necesaria para lograr dicha movilidad es garantizar la igualdad en las condiciones de competencia entre los miembros de una sociedad, por lo que para lograrlo es necesario proveer a todos sus integrantes de las condiciones básicas de educación y salud, así como garantizar las condiciones de igualdad de competencia en el mercado laboral (Vélez et al., 2015). Aunque, contrariamente a la creencia de que la educación es un vehículo para la movilidad social, se ha comprobado que las oportunidades de realización académica se distribuyen de manera muy desigual (Kuppens et al., 2018).
Existe, por lo tanto, una fuerte relación entre el origen social y el rendimiento académico (OECD, 2013), y los datos demuestran que estos efectos del origen social no se deben simplemente a diferencias en la inteligencia, por lo que un mayor nivel de ocupación de los padres representaría un hogar de origen con ingresos superiores y, con ello, la posibilidad de que, además de la educación, les proporcionen actividades extraescolares a sus hijos, lo que se traduce en una forma de capital cultural, el cual también es impulsor de la movilidad social (Rodríguez-Arias, 2020).
Para comprender la dimensión de la desigualdad de oportunidades en la sociedad actual, es necesario abordar el tema de la movilidad social desde las dimensiones educativa, ocupacional y económica. En ese aspecto, Solís (2018) encontró que existen altas tasas de movilidad ascendente en las dimensiones educativa y ocupacional, pero no así en la movilidad económica, la cual fue baja. Asimismo, reconoce que en las tres dimensiones existe una alta relación entre los orígenes y destinos sociales de las personas, lo que muestra una alta desigualdad de oportunidades. Además, identificó una muy baja relación entre la movilidad educativa y ocupacional y la movilidad económica, lo que sugiere una devaluación de la movilidad ascendente en la escolaridad y el mercado de trabajo.
Es evidente que la influencia de la educación sobre los ingresos de las personas a lo largo de su vida laboral se acentúa con el acceso a la educación superior (Mincer, 1974), sin embargo, es importante subrayar que los distintos niveles de educación afectan de manera diversa a las economías dependiendo de su grado de desarrollo, por lo que los niveles de educación primaria y secundaria tienen un efecto significativo en el crecimiento de países en desarrollo y la educación superior en las economías desarrolladas (Psacharopoulos, Woodhall, 1990).
Desde una perspectiva economicista, el énfasis de la educación en los países latinoamericanos estaría centrado en el desarrollo del capital humano, para alcanzar mayor competitividad ante el desafío de la competencia internacional, de manera que la rapidez con que estos países puedan diversificar sus economías, actualizar las habilidades de su fuerza laboral y preparar a los niños para adaptarse a las circunstancias económicas cambiantes cuando ingresen al mundo laboral será determinante (Carnoy, 2012).
De esta manera, en la primera infancia existe una estrecha relación entre la desigualdad social y la incidencia directa que esta etapa de la vida tiene para poder escapar de la situación de pobreza, por lo que la generación de capacidades a temprana edad favorece la movilidad social de las personas, de tal suerte que la inversión en políticas públicas orientadas a la niñez es una estrategia eficaz para el crecimiento económico de los países (Heckman, Masterov, 2007).
En cuestión de movilidad social intrageneracional y desigualdades de género, las condiciones de entrada al mercado laboral y a una determinada clase social tienen gran influencia en la carrera de las personas, donde la movilidad hacia una clase más alta ocurre a uno de cada tres varones y a una de cada cuatro mujeres (Mancini, 2019). De ahí que se puede considerar que el primer empleo tiene un gran impacto para el resto de la vida profesional, ya que condiciona y define no sólo las posibilidades futuras de empleo, sino también las oportunidades de bienestar social a lo largo de la vida.
De la misma forma, el origen social de un trabajador afecta tanto su primer empleo como sus posibilidades futuras de movilidad social; por lo que la posibilidad de escapar de una situación de desventaja en el inicio de su carrera laboral ocurre cuando las condiciones de entrada no fueron del todo desfavorables, o bien, cuando la movilidad se dio hacia una posición social relativamente cercana en el esquema de clases sociales (Mancini, 2019). Esta característica de "inmovilidad social" que presenta la estructura ocupacional es más alta entre las mujeres en comparación con los hombres, lo que revela desigualdades de género en el mercado laboral.
Por otra parte, Meléndez-Montero (2019) y Frei et al. (2020) sostienen que el esfuerzo personal es clave para entender la movilidad social y la salida de la pobreza; por un lado, atribuyen el origen de la pobreza a la falta de esfuerzo; y por otro, que la riqueza es producto de la iniciativa personal para salir adelante; por lo que consideran que los argumentos que atribuyen la pobreza a razones de carácter estructural, como el desempleo o las políticas económicas, han perdido validez.
Dicho lo anterior, la realización de vida de los individuos dependerá principalmente de su talento y esfuerzo, reduciendo de esta manera la probabilidad de que ésta se predetermine por sus características personales o físicas. Asimismo, y bajo estos supuestos, la posición socioeconómica del hogar de origen debería reducir su influencia sobre dicha realización, lo cual es un indicador del correcto funcionamiento de las políticas redistributivas implementadas por el Estado.
Con el fin de acelerar la movilidad social, Arteaga (2018) propone que los jóvenes terminen en menos tiempo la universidad, con el propósito de obtener un trabajo y convertirse en adultos independientes a una edad más temprana, sobre todo, teniendo en cuenta el dinero que ellos mismos, o en su caso sus familias, invierten en su educación profesional, especialmente en el caso de la formación en instituciones privadas. Además, afirma que la mayoría de las universidades -sobre todo las privadas-, no enseñan habilidades útiles para el mundo laboral, por lo que no se justifica el costo de la matrícula.
Para Bourdieu (1986; 2001), la sociedad está compuesta por espacios sociales autónomos en los que los grupos, instituciones e individuos ocupan posiciones a través de relaciones de dominación y subordinación, lo cual explica mediante su teoría de los capitales, donde aborda su preocupación por la compresión de las prácticas sociales que se desarrollan en fenómenos como la desigualdad educativa, la reproducción cultural, las distinciones de clase, el posicionamiento y la movilidad social; y en la cual reconoce cuatro tipos de capital: capital social, económico, cultural y simbólico.
Como ejemplo de lo anterior, Brosnan et al. (2016) realizaron un estudio entre un grupo de estudiantes de la carrera de medicina, con el fin de determinar el papel de cada una de las formas de capital que enuncia Bourdieu y su influencia en el habitus (forma de actuar, pensar y sentir asociados a la posición social) de los estudiantes y el campo de la educación médica. Encontraron que para los individuos que llegan a la educación superior provenientes de entornos de bajo nivel socioeconómico, comenzar la universidad era una experiencia abrumadora, debido principalmente a la dificultad para establecer conexiones sociales o acceder a las redes de relaciones con que cuentan los estudiantes con familiares desempeñándose en el ámbito de la medicina (capital social).
La capacidad para forjar conexiones y acumular capital social se relacionó en parte con el acceso de los estudiantes al capital económico, por lo que la relevancia de la riqueza se hizo muy evidente en dicho estudio, debido a lo cual las preocupaciones de tipo financiero fueron comunes entre los estudiantes con menos recursos. Los comentarios sobre el alto costo de equipos médicos y libros de texto fueron frecuentes, haciendo evidente que estudiar medicina imponía cargas financieras más allá del costo de la matrícula. Lo anterior, aunado a que los estudiantes de bajo nivel socioeconómico desempeñaban un trabajo de medio tiempo mientras estudiaban medicina a tiempo completo.
Por otra parte, se encontró que el capital cultural asociado con el estudio de la medicina afectaba el estatus de los estudiantes en sus redes sociales anteriores. De manera que algunos estudiantes, en particular aquellos con un nivel socioeconómico bajo, experimentaron una tensión entre su antiguo yo y sus nuevas identidades como estudiantes de medicina. Para algunos, el simple hecho de asistir a la universidad los marcó inmediatamente como "diferentes" en sus comunidades de origen, lo que planteó la necesidad de negociar una identidad dual en el futuro, para comprender una identidad que encaje en el mundo de la medicina y otra que se mantenga fiel a sus orígenes sociales y culturales.
Hallazgos como los expuestos en el ejemplo anterior sugieren que las universidades necesitan realizar mayores esfuerzos para contrarrestar las formas de desventaja que experimentan los estudiantes en relación con el capital social y económico (Flores-Crespo, 2005). Dichos esfuerzos podrían incluir diferentes acciones, como pueden ser: 1) ofrecer a los estudiantes formas de financiamiento y becas para la educación (Sinchi, Gómez, 2018); 2) programas de tutorías para la creación de conexiones y capital social en beneficio de los estudiantes (Cruz, 2017; Keller et al., 2020); y 3) así como abordar el clasismo y otros aspectos de la cultura institucional como parte del plan de estudios de las carreras, con el fin de conscientizar a la comunidad estudiantil.
Propuestas teóricas investigadas
La postura educacionista
El educacionismo se explica como la acumulación de títulos universitarios en un individuo, con el supuesto fin de alcanzar una mayor movilidad social y con ello, subir en la escalera socioeconómica de un país. Esta corriente idealista asegura que la educación desempeña un papel social de tal trascendencia que se le atribuyen propiedades casi mágicas, argumentando que primero debe educarse y luego vendrá el progreso colectivo, la igualdad y la justicia (Pérez, 1977; Waltenberg, 2010). Del mismo modo, el educacionismo da a la educación un carácter socialmente trascendente, separándola de la necesidad de lograr cambios en otras esferas de la vida pública, por lo que pareciera que basta con educar a la población para modificar cualitativamente el estado imperante de las cosas (Robertson, Dale, 2017).
En este sentido, diversas investigaciones han atribuido la pobreza y la creciente desigualdad social a la falla de los sistemas educativos. No obstante, esta postura educacionista parece estar equivocada ya que el acceso a una educación de calidad desde la niñez es producto de la prosperidad de las familias, no al revés (Caplan, 2019). Sin embargo, a pesar de que es indudable la necesidad de trabajar en la mejora de los sistemas educativos a través de mejores planes de estudio que atiendan las nuevas necesidades del mercado, estos cambios han mostrado no ser suficientes para compensar las fallas de los sistemas económicos actuales.
De esta manera, las personas que ven a la educación como una panacea han ignorado el hecho de que los ingresos familiares son el ingrediente más importante para el éxito educativo de los estudiantes (Serna, 2015). Por lo tanto, si se permite que la desigualdad económica crezca, la desigualdad educativa crecerá inevitablemente con ella.
Los esfuerzos de los gobiernos se han concentrado sólo en ampliar las oportunidades de acceso a la educación de los más pobres, dejando de lado la búsqueda de nuevas formas para incrementar los ingresos familiares de la población (Muñoz, 2001); por lo que para muchos de estos jóvenes que han crecido en situación de pobreza, la sola oportunidad para obtener una buena educación no es suficiente para superar los efectos del retraso económico de sus familias, debiendo enfrentar problemas como: vivienda precaria, nula o escasa presencia de modelos de éxito en la familia, problemas de salud que no han sido atendidos oportunamente, entorno familiar caótico e inseguro, entre otros.
Si el objetivo de la sociedad es realmente dar iguales oportunidades a los jóvenes, será necesario allanar el camino hacia nuevas perspectivas invirtiendo no sólo en la educación de los jóvenes, sino también en sus familias y comunidades; proporcionando educación pública de calidad, vivienda, atención médica, entre otros. De otra manera, la sociedad habrá confundido el síntoma de la desigualdad educativa con la enfermedad de la desigualdad económica.
El racismo de la inteligencia
Existe un debate sobre si los factores hereditarios o el medio ambiente tienen un papel más importante en la determinación de la inteligencia (IQ) de un individuo. Dicho debate se da principalmente debido a que las pruebas de IQ no toman en cuenta la compleja naturaleza del intelecto humano, con todos sus distintos componentes (memoria de corto plazo, razonamiento y habilidad verbal) (Hampshire et al. 2012), aunque es claro que las diferencias individuales en inteligencia son el resultado de la interacción entre ambos, en vista de que, tanto la herencia (material genético y códigos que heredamos de los padres) como el medio ambiente (las variables ambientales que inciden en quiénes somos, incluidas nuestras experiencias de la niñez, nuestras relaciones sociales y la cultura que nos rodea) desempeñan un papel fundamental en el desarrollo humano (Eagly, Wood, 2013; Rangaswami, 2021).
En tal sentido, en opinión de Nussbaum y Mosquera (2012), la formación universitaria -en medio de profundos cambios sociales, económicos, políticos, científicos y culturales en favor de la calidad en la formación educativa, que demandan nuevos requerimientos por parte de las personas- debería retomar la noción inicial que busca la potenciación de habilidades y talentos en las personas, a partir de capacidades innatas y adquiridas según su vocación y elección personal.
No obstante, la sociedad actual vive una de las formas más sutiles e irreconocibles de racismo, el racismo de la inteligencia, el cual parte de la idea de que la gente tiene prejuicios hacia quienes recibieron menos educación, por lo que crea una división social significativa. Se trata de la discriminación basada en la medición de la inteligencia, un tipo de racismo que surge de una clase dominante, en su afán por justificar el orden social en el cual ellos son los que dominan (Bourdieu, 2005).
El racismo de la inteligencia es practicado por una clase dominante cuyo poder se basa, en parte, en la posesión de títulos académicos como garantía de inteligencia, y que han sustituido en muchas sociedades a los antiguos títulos nobiliarios (Bourdieu, 2005). Por el contrario, Carrascosa (2021) y Flores-Crespo (2005) hablan del término inflación de titulaciones, que se presenta cuando varias personas poseen un mismo título profesional, con el cual buscan conseguir un determinado empleo o posición, por lo que, al no existir un claro diferenciador entre ellos, esto lleva a los empleadores a solicitar una mayor preparación académica (títulos) para tareas que en realidad no lo requieren.
Relacionado con lo anterior, Velasco (2016) afirma que la universidad es un lugar en donde se produce y reproduce el racismo de la inteligencia, debido a que estas funcionan como una poderosa herramienta para el fortalecimiento y la perdurabilidad de dichas relaciones de poder, puesto que la forma en que están organizadas reproduce fielmente el orden jerárquico que se observa en instituciones como el Estado, las organizaciones de tipo económico, los partidos políticos o las iglesias, en donde la toma de decisiones surge a partir del establecimiento de relaciones verticales entre las personas vinculadas a dichas instituciones.
La educación sirve también para la estratificación social, ya que los niveles educativos más altos están vinculados a mejores ingresos, salud, bienestar y empleo (Guerrero, 2004). Lo anterior está relacionado con la movilidad social intergeneracional, debido al papel de la educación en el mejoramiento de la posición socioeconómica de los hijos respecto a la posición socioeconómica de sus padres (Solís, 2018).
El racismo de la inteligencia aparece en el nivel de la educación superior, etapa donde se otorgan los títulos universitarios y donde se reproduce el conocimiento científico especializado durante el proceso de formación profesional. En la educación previa a la etapa universitaria se transmiten los conocimientos básicos para preparar y determinar el ingreso de los estudiantes a un nivel reservado para los más competentes e inteligentes. A partir de dicho nivel, los elegidos podrán aspirar a pertenecer a una comunidad de profesionistas con reconocida experiencia y competencia en un campo específico, como puede ser la medicina, las ingenierías, el derecho, entre otras áreas (Velasco, 2016).
La labor de la universidad como reproductora y productora de conocimiento científico está formalmente reconocida. Estas dos tareas son su razón de ser y tradicionalmente están plasmadas como propósitos sustantivos (docencia, investigación y extensión-vinculación); dicho planteamiento sistematizó la función de la universidad, empero, ahora se ha diversificado. A través de la docencia se transmite el conocimiento científico en las aulas; con la investigación se produce conocimiento y, mediante la extensión y la vinculación, se logra la función de transmisión y generación del conocimiento entre los sectores de la sociedad y la propia universidad, por lo que se puede asumir que es en la universidad donde se legitima el racismo de la inteligencia.
Como se puede observar, el camino hacia la realización académica es una autopista de alta velocidad para algunos, pero un camino lleno de obstáculos para otros; por lo que las diferencias en el rendimiento educativo no pueden considerarse completamente justas ya que el sistema educativo reproduce y legitima en parte las diferencias sociales existentes (Bourdieu y Passeron, 1990). De esta manera, el crecimiento económico de las personas dependerá no sólo de la educación recibida, sino de otros elementos ajenos al mismo individuo, de manera que la concepción de que existe una relación directa entre educación y crecimiento económico ha cambiado a través del tiempo, de tal suerte que una mayor formación educativa no garantiza el éxito (Savitri et al., 2020).
En este sentido, existen múltiples retos y limitaciones por atender en materia de capital humano para el mejoramiento social y económico. Prevalece el principio de que una población más preparada podría incidir directamente en la economía del conocimiento, sin embargo, los hombres y mujeres con los mayores niveles de preparación no reciben un salario acorde a su formación, por lo que su interés por el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación es escaso (Silva et al., 2020). Por tal motivo, es necesario elevar la calidad educativa, pero también la optimización de la administración del erario, con el fin de incrementar la inversión en innovación y desarrollo tecnológico para lograr reducir las brechas existentes en el país.
Meritocracia
La meritocracia se define como aquel sistema de gobierno en que los puestos de responsabilidad se adjudican en función de los méritos personales (Son Hing et al., 2011). En la meritocracia se enfatizan el talento, la educación formal y la competencia, en lugar de las diferencias existentes como la clase social, etnia o sexo. La recompensa laboral y social, para quienes han hecho los méritos, se lleva a cabo con mayor claridad en una sociedad para la cual la educación es verdaderamente relevante, siempre que garantice el acceso a la educación superior a los candidatos con las mejores calificaciones, independientemente de la clase social, etnia o sexo, y cuando la carrera, después de la graduación, está determinada en gran medida por el cumplimiento del perfil de egreso de las instituciones educativas (Teichler, 2021).
La postura meritocrática afirma que quienes trabajan duro tendrán garantizado el éxito, esto a pesar de las evidencias que demuestran la existencia de muchos factores de riesgo que rebasan el control de las personas y pueden obstaculizar su potencial. Al respecto, los estudiantes expuestos a factores de riesgo como: pobreza, problemas de salud mental de los padres, privación cultural, negligencia familiar, maltrato intrafamiliar, migración y delincuencia, pueden ser más sensibles a presentar un bajo rendimiento académico o abandonar de forma temprana la escuela; no obstante, dichos factores escapan del control del profesorado y de las instituciones educativas (Rodríguez, Guzmán, 2019). Asimismo, existe una relación entre el rendimiento académico y el nivel educativo de los padres (Pfeffer, Hertel, 2015); a pesar de ello, aún en contextos económicos y sociales desfavorecidos, algunas variables familiares como la unión familiar, los niveles positivos de afecto y de comunicación, y las expectativas de los padres hacia la educación y el rendimiento de sus hijos, pueden mitigar el efecto negativo del contexto en el rendimiento de los estudiantes (Espejel, Jiménez, 2019).
En dicho contexto, la motivación, inteligencia y aptitudes, autoeficacia académica, hábitos, estrategias y estilos de aprendizaje, aspectos familiares, variables socioambientales, clima escolar y factores psicológicos, son factores que determinan el rendimiento académico de los estudiantes universitarios, y son importantes para analizar la situación del estudiante (Vitale et al., 2020), todo ello, aunado a la “cultura del esfuerzo”, que en muchos casos se ha constituido como garante de los éxitos y fracasos de las trayectorias académicas de los estudiantes (Meléndez-Montero, 2019).
No obstante, el problema inicial de la meritocracia es que las oportunidades en realidad no son iguales para todos, de hecho, la meritocracia ha generado una importante división entre ganadores soberbios y perdedores humillados en la sociedad, creando un abismo que aumenta la brecha social y la desigualdad, pero no sólo la económica, sino también la de reconocimiento (Sandel, 2020).
Estudiantes de primera generación en las universidades
Los estudiantes de primera generación son definidos como aquellos estudiantes de estatus socioeconómico bajo cuyos padres o tutores no asistieron o no se graduaron en alguna universidad (Flanagan, 2017) y, a pesar de las políticas implementadas para promover una mayor equidad educativa -principalmente en apoyo a estudiantes indígenas-, siguen perteneciendo a los grupos sociales y económicos más desventajados (Segovia, Flanagan-Bórquez, 2019). A principios de este siglo, la implementación de dichas políticas dio como resultado que una proporción sustancial de estudiantes del sistema total representaba la primera generación en su familia en acceder a la educación superior, y particularmente en el caso de los estudiantes de las universidades tecnológicas, nueve de cada 10 estudiantes constituía la primera generación en su familia en tener la oportunidad de realizar estudios superiores (Rubio, 2006). De esta manera, pasar de una vida sin universidad a una con universidad es un cambio drástico, especialmente cuando se es el primero en hacerlo entre la familia y la comunidad (Luzeckyj et al., 2017).
Un estudiante de primera generación tiende a pertenecer más al sexo femenino, o es integrante de un grupo racial o étnico minoritario, posee un ingreso económico familiar inferior al promedio y tiene aspiraciones educativas muy bajas (Lohfink, Paulsen, 2005). De lo anterior se deduce que la combinación de factores económicos y culturales puede impedir o limitar el tránsito de los estudiantes hacia el éxito académico, lo que lleva a dichos estudiantes a ser menos propensos a matricularse en alguna institución de educación superior, en comparación con aquellos con padres o tutores con educación universitaria (Chen, 2005; García, 2017).
Los estudiantes de primera generación requieren más tiempo para terminar una carrera y tienen menos probabilidades de graduarse (Amaya-Amaya et al., 2020), debido principalmente a la falta de apoyo familiar (García, 2017), a problemas económicos (Chen, 2005) y a la mala preparación académica (Lowery-Hart, Pacheco, 2011).
Algunos factores asociados a la permanencia de dichos estudiantes en la educación superior son: el apoyo familiar y social que afecta significativamente las aspiraciones educacionales de los alumnos y sus intentos por graduarse (Flanagan, 2017); la adaptación a una nueva cultura con valores, normas y expectativas de comportamiento (Jenkins et al., 2013); el nivel de socialización en la institución (Mehta et al., 2011); y la deficiente formación académica recibida en las instituciones de origen.
Conocer los antecedentes de este segmento de estudiantes puede ser beneficioso para diseñar programas que sirvan mejor a sus necesidades, ya que, si bien la información demográfica y socioeconómica del segmento se recopila con regularidad, muchas universidades rara vez utilizan esta información para diseñar programas que brinden un mayor valor a los mismos (Mehta et al., 2011).
Conclusiones
Con base en las propuestas teóricas investigadas a fin de determinar los obstáculos para la movilidad social de los egresados de la educación superior, se concluye lo siguiente:
El conocimiento, a través de la escolarización y de la investigación, es uno de los facto-res más importantes de la producción en las economías modernas, por lo que el nivel educativo de las personas ha alcanzado gran relevancia, llegando a causar importantes divisiones sociales y discriminación entre quienes obtuvieron una menor educación debido a la escasez de recursos derivada de su baja posición social. A este respecto, la educación superior desempeña un papel importante en la estratificación de las sociedades, etapa en la que se otorgan los títulos universitarios y se reproduce el conocimiento científico, y donde, además, se reproduce y produce el racismo de la inteligencia.
La corriente educacionista, que ve a la educación como la panacea para alcanzar el pro-greso colectivo, la igualdad y la justicia, ha dejado de lado la importancia de los ingresos familiares como un ingrediente esencial para el éxito académico de los estudiantes, por lo que la sola oportunidad de obtener una buena educación no es suficiente para superar los efectos del retraso económico de sus familias.
Lejos de limitar la educación a su rol económico como medio para desarrollar compe-tencias y conseguir empleo con mejores ingresos, debemos ser conscientes de que la educación es de calidad cuando ésta atiende las necesidades de diversos sectores de la sociedad (criterio de pertinencia) y cuando la oportunidad de recibirla se distribuye de forma equitativa entre dichos sectores (criterio de equidad).
La postura meritocrática afirma que quienes trabajan con mayor ahínco tendrán garan-tizado el éxito, pese a que existen otros factores de riesgo que exceden el control de las personas y pueden frenar su potencial, por lo que la movilidad social se ve limitada por las condiciones de pobreza, desigualdad, discriminación y exclusión que nuestra sociedad ha venido experimentando desde hace varias décadas. Si bien el contar con una formación universitaria no garantiza subir en la escalera socioeconómica -especialmente en estudiantes de primera generación en las universidades-, su importancia para la inserción en el mercado laboral es innegable.
La pobreza no sólo es una circunstancia económica, sino también un estatus social que mantiene dos discursos radicalmente opuestos: por una parte, el reconocimiento de que los pobres deben ser incluidos en el desarrollo y ser cobijados por el lugar que habitan, en tanto que, por otra parte, se les excluye sistemáticamente del desarrollo.
Las condiciones de entrada al mercado laboral de los egresados de las universidades tie-nen gran influencia en su carrera futura, especialmente para los estudiantes de primera generación, que siguen perteneciendo a los grupos sociales y económicos más desventajados, lo cual sugiere que las universidades necesitan realizar mayores esfuerzos para contrarrestar las formas de desventaja que experimentan los estudiantes en relación con el capital social y económico.
El paso hacia una sociedad que dé iguales oportunidades a los jóvenes implica invertir no sólo en su educación, sino también en el bienestar de sus familias y sus comunidades. De la misma manera, es necesario optimizar la administración de los recursos públicos, con el fin de incrementar la inversión en innovación y desarrollo tecnológico, así como dotar de mejores salarios a los hombres y mujeres con los mayores niveles de preparación.
Las condiciones sociales actuales y la precariedad de la economía han obligado a algu-nos jóvenes a abandonar sus estudios con el fin de integrarse al mercado laboral, sin contar con la preparación necesaria que les permita mejores oportunidades de crecimiento personal para ascender en la escala socioeconómica, a través de un empleo bien remunerado y con oportunidades de desarrollo; estas condiciones se acentúan en aquellos que se encuentran en los peldaños más bajos de la escalera socioeconómica del país. De esta manera, si la desigualdad económica continúa creciendo, la desigualdad educativa crecerá inevitablemente con ella.
Para aspirar a un mejor futuro, es necesario que los jóvenes vean que su esfuerzo está obteniendo resultados, que son parte de una sociedad libre de discriminación, respetuosa de los derechos humanos, en donde su posición socioeconómica o su origen racial o étnico no represente una desventaja, en la que pueden competir en igualdad de condiciones, con la seguridad de que el tiempo y los recursos invertidos por ellos y sus familias representan una ganancia y no un gasto inútil.
Limitaciones y recomendaciones
Durante el desarrollo de la presente investigación se encontró una escasa literatura científica sobre los temas de educacionismo y de estudiantes de primera generación en las universidades, especialmente para el caso latinoamericano. Se recomienda la realización de investigaciones sobre dichos temas, con el objetivo de lograr una mayor comprensión sobre los obstáculos a la movilidad social, principalmente en los ámbitos social e institucional.
