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Diálogos sobre educación. Temas actuales en investigación educativa

versión On-line ISSN 2007-2171

Diálogos sobre educ. Temas actuales en investig. educ. vol.10 no.18 Zapopan ene./jun. 2019

 

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Políticas educativas y la educación superior privada en México durante el periodo 1990-2016

Educational policy and private higher education in Mexico from 1990 to 2016

Cuauhtémoc Espinoza Verduzco* 

*Profesor Investigador de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa. México. temoespinoza@uas.edu.mx

Resumen:

En este trabajo se analizan las políticas de educación superior en México a partir de la década de los noventa, así como el proceso de expansión que las Instituciones Privadas de Educación Superior (IPES) han experimentado hasta 2016. El estudio revela la influencia de los organismos internacionales en las políticas educativas de México, así como las características que presentan las IPES a lo largo de este periodo.

Palabras claves: Políticas educativas; organismos Internacionales; instituciones privadas de educación superior

Abstract:

This paper analyzes higher education policies in Mexico from the 1990s to 2016, as well as the expansion process experienced by private higher education institutions in the same period. The study reveals the influence of international organizations in Mexico’s educational policies and the characteristics of private HEIs throughout this period.

Keywords: Educational policies; international organizations; private institutions of higher education

Introducción

Los estudios sobre la educación superior en general son relativamente recientes, sin embargo, fue a partir de los años ochenta cuando la educación superior privada registra un crecimiento notorio en muchos países. El crecimiento de la educación superior privada se considera un fenómeno mundial que, expresado en cifras del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hacia el año 2012, en Brasil, Chile, Corea del Sur, Tailandia y Japón, del total de su matrícula de nivel superior, entre 60 y 80% se encontraba en instituciones privadas.

En México, la mayoría de estos estudios surgen en la década de los setenta y se concentran fundamentalmente en el análisis de las universidades públicas como proyecto de cohesión nacional del Estado benefactor. Este fenómeno experimentó su mayor crecimiento en la segunda mitad de los años noventa y, no obstante que en el nivel internacional la creciente importancia que en las últimas décadas viene adquiriendo el estudio relacionado con el comportamiento presentado de las Instituciones Privadas de Educación Superior (IPES),1 en 2016 en México concentran más de 30% de la matrícula de licenciatura y 55% de los posgrados, este es un tema que aún espera ser abordado desde una perspectiva más amplia e integral.

Sobre este tema, entre los estudios más sobresalientes se encuentra el de Altbach (2000), el cual sostiene que el desarrollo de este sector ocurrió por la combinación de la llegada masiva de estudiantes a las universidades y la incapacidad del Estado para prever y responder eficazmente a esta demanda social. En tanto, Acosta (2005) exhibe la situación en la que se encuentra la educación privada en México, dando cuenta del marco legal que regula al sector. Sin embargo, lo más revelador nos lo da Tuirán (2012), quien afirma que para ese año, en México las IPES registraron poco más de 32% de la matrícula de licenciatura y 52.6% de posgrado.

Es así que, para buscar una mejor visualización sobre el resultado que el proceso de globalización económica ha tenido en la educación superior de nuestro país, consideramos una referencia obligada los trabajos de investigadores como Luengo (2003), Silas (2005), Buendía (2005), Oliver (2007), López (2010), Álvarez (2011), Villa (2013), entre otros.

Para conocer la naturaleza de las IPES incluimos excelentes trabajos, dentro de los cuales sobresalen los realizados por Kent y Ramírez (2002), Muñoz (2004) y Altbach (2000; 2005).

Para lograr una correcta apreciación sobre el comportamiento de las IES privadas y su capacidad e incidencia en el Sistema de Educación Superior, nos remitiremos a los trabajos realizados por investigadores como Levy (1986), Kent y Ramírez (2002), Quintero (2003), Acosta (2005) y López (2008).

Finalmente, se revisan los documentos más relevantes que a partir de los años noventa han generado organismos internacionales sobre este tema, en particular del Banco Mundial (BM), así como también se toma en consideración la información estadística de organismos nacionales. Su base metodológica tiene como principal apoyo procedimientos de carácter bibliográfico y documental.

Para el registro de datos relacionados con el tema, se requirió primeramente seleccionar la información bibliográfica y documental obtenida a través, tanto de fuentes oficiales como la Secretaría de Educación Pública (SEP), así como de estudios realizados por especialistas y diferentes instituciones nacionales e internacionales.

Enseguida, se seleccionaron los trabajos que presenta la educación superior privada en México, y luego se ubicaron las publicaciones documentales e informes oficiales de diversas instancias como son las siguientes: a) de organismos internacionales que dan financiamiento a la educación superior en los países de menor desarrollo; b) de organismos internacionales que brindan diagnósticos y estudios e influyen en las políticas de educación superior; c) del gobierno federal; d) de instituciones no gubernamentales; y e) de investigadores especializados en el tema.

Este proceso de recolección de datos requirió el registro y codificación de la información que resultó de importancia para los objetivos planteados en este trabajo.

Resultados

El nuevo modelo económico mexicano y la educación superior

El modelo conocido como “desarrollo estabilizador” que nuestro país vivió posterior a la segunda guerra mundial, brindó la estabilidad que el país requería al dar origen a diferentes gobiernos que impulsaron procesos de industrialización, infraestructura, comunicaciones, energía, y que también ampliaron los servicios públicos de vivienda, salud, seguridad social y educación.

Todo ello pudo ser posible por la instrumentación de políticas públicas que propiciaron un crecimiento económico que si bien, por el tamaño de su Producto Interno Bruto (PIB), ha logrado ser considerada como una de las 15 economías más grandes en el mundo, por otra parte, a través del tiempo este crecimiento mostraba su lado grotesco dado el alto nivel de concentración de esa riqueza, agudizando también los problemas endémicos de pobreza y exclusión social en el país.

Sin embargo, este modelo de desarrollo experimentó claros síntomas de agotamiento hacia las décadas sesenta y setenta, cuando el país empezó a experimentar evidentes desequilibrios políticos, financieros, económicos y sociales, los cuales desembocaron en la crisis de 1982, cuando las críticas finanzas estatales se conjuntaron con los compromisos derivados de las deudas con el exterior. En este contexto, el mecanismo de deuda pública incorporó la venta de títulos públicos en el mercado financiero como uno de los principales instrumentos para tratar de solventar los compromisos de deuda externa (Moreno-Ross, 2010).

Este escenario favoreció la llegada al poder de una clase política que, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), promovió la implantación de un nuevo modelo de desarrollo de carácter “neoliberal” cuya principal característica residía en políticas privatizadoras que exigían una reducción de las actividades económicas propias de un Estado paternalista, e impulsaban la inversión privada en los campos por él abandonados.

En una rápida mirada sobre las principales acciones de políticas públicas que este nuevo modelo económico impulsó a partir de los años noventa, se puede observar que ellas perseguían fundamentalmente cuatro objetivos: a) reducir la actividad estatal al ámbito de la gobernabilidad interna y promover una mayor participación del sector privado en todos los campos, incluida la educación; b) asegurar el pago de la deuda mexicana; c) salir de las recurrentes crisis económicas y financieras en que se encontraba el país; y d) retomar de nuevo el camino al crecimiento, sobre la base del libre comercio y de una economía abierta a capitales extranjeros.

La reforma del campo educativo requerida por el nuevo modelo neoliberal se dio en la primera mitad de los años noventa, durante la administración de Carlos Salinas de Gortari, quien a partir de brindar un sustancial aumento al gasto educativo, no solo sentó las bases para la trasformación de la estructura de su financiamiento durante su mandato reduciendo la participación de la educación superior, sino también diseñó los lineamientos de política pública sobre educación superior, que a futuro requeriría el nuevo modelo económico, los cuales han seguido siendo respetados por los diferentes gobiernos que le han sucedido hasta hoy.

Así podemos observar que, a partir de los años noventa, las políticas públicas en educación, promovidas por el FMI y en especial por el BM (1994), han sido acatadas por los diferentes gobiernos mexicanos.

Para el reordenamiento de la educación superior en particular, las políticas del BM tienen como fundamento la concepción neoclásica del desarrollo, la cual se apoya en dos principios fundamentales: a) la oferta y la demanda son los determinantes del precio y equilibrio del mercado, y b) el mercado funciona mejor en tanto menor sea la participación del Estado en la economía.

Según el BM, la enseñanza superior no debiera tener mayor derecho a utilizar los recursos fiscales disponibles para la educación en muchos países en desarrollo, en especial porque las tasas de rentabilidad social de la educación básica superan las de la enseñanza superior (BM, 1994:3).

De esta manera, las propuestas educativas del BM recomiendan que el gasto público se concentre en la educación básica y se estimule la participación del sector privado en el nivel superior.

Acatando parcialmente estas disposiciones, desde 1990, en México el gasto público en educación crecía de manera acelerada, favoreciendo a la educación básica que, a pesar de experimentar altibajos a lo largo del periodo de estudio, pasó de 33.9% en 1990, llegó a 49.0% en 2005, mostrando un descenso en 2016 cuando concentró 44.6%, como se puede ver en el Cuadro 1.

Cuadro 1 México: gasto público en educación 1990-2016 (millones de pesos) 

Años Gasto
Público
Educación
básica
% Educación
superior
% Otros* %
1990 27,321.7 9,266.9 33.9 3,716.9 13.6 14,337.9 52.5
1995 85,858.4 40,036.2 46.6 13,901.8 16.2 31.920.4 37.2
2000 276,438.6 144,718.5 52.3 40,339.1 14.6 91,378.0 33.1
2005 464,030.1 226,578.5 49.0 71,391.1 15.4 166,060.5 35.6
2010 696,119.1 314,729.1 45.3 113,789.1 16.2 267,600.9 38.4
2014 923,331.1 396,974.7 43.0 169,184.5 18.3 357,200.2 38.7
2016 991,679.8 442,114.4 44.6 182,179.1 18.4 367,386.3 37.0

* Incluye educación media superior, capacitación para el trabajo, alfabetización, educación básica para adultos, gastos para la cultura, el deporte y de la administración central.

Fuente: Construcción propia a partir de Anexos Estadísticos del 6to. Informe de Felipe Calderón y 5to. Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto.

De la información de este cuadro es posible observar que el vertiginoso dinamismo que desde los años noventa presenta el gasto público en educación, se acentúa y encuentra apoyo en un crecimiento sobresaliente en el rubro de la educación básica, que se incrementó poco más de 12 puntos porcentuales, mientras que el gasto en la educación superior durante ese periodo solo alcanza a moverse de 13.6% en 1990 a 18.4% en el año 2016.

Otra evidencia derivada del Cuadro 1, es que fue a partir de la crisis económica de 1995 cuando se observa una definida disminución en el campo de la educación superior dentro del gasto público, pasando de 16.2% en 1995, a 14.6% en el año 2000, lo que caracterizó la política educativa de Ernesto Zedillo a lo largo de toda su administración.

Sin embargo, resulta relevante señalar que, aunque dentro del gasto gubernamental la inversión en el nivel superior se recuperó en la siguiente década, la idea tradicional sobre la educación superior quedó afectada ante una nueva política pública que durante ese periodo impuso criterios empresariales para su desempeño.

Ahora, si observamos la información del Cuadro 2, se puede afirmar que uno de los aspectos más relevantes reside en que una de las recomendaciones que desde inicios de los noventa el BM ha realizado a los países en desarrollo para que sean aplicadas en sus sistemas educativos, ha sido el brindar un mayor espacio al sector privado en el gasto nacional en educación.

Cuadro 2 México: Gasto en educación 1990-2016 (Millones de pesos) 

Años Gasto nacional Gasto público % Gasto
privado
%
1990 29,722.8 27,321.7 91.9 2,401.1 8.1
1995 90,113.2 85,858.4 95.3 4,254.8 4.7
2000 353,052.4 276,435.6 78.3 76,616.8 21.7
2005 595,453.4 464,030.1 77.9 131,423.3 22.1
2010 882,117.5 696,119.1 78.9 185,998.4 21.1
2014 1’198,949.4 923,331.1 77.0 275,616.8 23.0
2016 1’303,368.3 991,679.8 76.1 311,688.4 23.9

Fuente: Construcción propia a partir de Anexos Estadísticos del 6to. Informe de Felipe Calderón y 5to. Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Así, se puede afirmar que uno de los aspectos más relevantes reside en que una de las recomendaciones más notables del BM, que desde aquella década ha realizado a los países en desarrollo para aplicarlas en sus sistemas educativos, ha sido y continúa siendo respetada por los diferentes gobiernos mexicanos.

En este contexto, la disminución de la inversión pública, por un lado, y las exigencias del nuevo modelo privatizador por el otro, afectaron al subsector de educación superior en su conjunto, al gasto en ciencia y tecnología, como también al insuficiente rubro en capacitación de capital humano, por lo que a pesar de los avances tecnológicos que presentan algunos sectores, nuestra estructura económica continúa caracterizándose por ser -salvo honrosas excepciones- exportadora de mercancías con bajo valor agregado.

Un hecho revelador del alto grado de distorsión de las propuestas neoliberales reside en que durante las décadas de 1980 y 1990, por un lado se recomendaba la reducción del gasto de la educación superior, mientras por el otro el costo financiero de la deuda pública aumentaba, lo que significaba una derrama anual mayor de recursos para cubrirlo. Pero, además, la reducción del gasto social recomendada por el BM y el FMI repercutió particularmente en el campo educativo y en ciencia y tecnología, precisamente en momentos en que el proceso globalizador exigía mayores recursos en estos campos y los países desarrollados aumentaban estos rubros fundamentales.

La restricción del financiamiento gubernamental a las instituciones de educación superior públicas creó un terreno fértil para una mayor participación del sector privado en la matrícula en este campo, como podemos observar en el Cuadro 3.

Cuadro 3 México: matrícula de educación superior por nivel, régimen de sostenimiento y cobertura de 1990 a 2016 

Régimen 1990 1995 2000 2005 2010 2014 12016
Licenciatura Pública 976,534 1’115,177 1’313,659 1’561,123 1’933,896 2’354,700 2’536,000
% 81.0 76.7 68.5 68.1 69.6 71.8 71.9
Licenciatura Privada 229,607 339,869 605,458 731,739 839,201 923,600 987,800
% 19.0 23.3 31.5 31.9 30.4 28.2 28.1
Total Licenciatura* 1’206,141 1’455,046 1’919,117 2’292,862 2’773,097 3’278,300 3’523,800
Posgrado Público 36,990 54,979 76,541 86,037 103,298 119,900 119,700
% 80.6 70.7 59.4 55.9 49.6 50.5 50.1
Posgrado privado 8,909 22,785 52,406 67,870 104,927 117,200 119,200
% 19.4 29.3 40.6 44.1 50.4 49.5 49.9
Total posgrado 45,899 77,764 128,947 153,907 208,225 237,100 238,900
TOTAL 1’252,040 1’532,810 2’048,064 2’446,769 2’981,322 3’515,400 3’762,700
Cobertura 16.0% 18.2% 21.6% 23.0% 26.4% 30.1% 32.1%

*Incluye licenciaturas universitarias, tecnológicas y Normal.

Fuente: Construcción propia, con información de Rodolfo Tuirán (2012); SEP (2012), “Serie Histórica y Pronósticos de la Estadística del Sistema Educativo Nacional”; Anexos Estadísticos del 6to. Informe de Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, y 5to. Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto.

A partir de la información del cuadro en referencia, es posible observar el esfuerzo realizado por el gobierno federal para brindar una mayor cobertura a la creciente demanda que presenta la educación superior en el país durante las últimas décadas. Sin embargo, resulta sobresaliente el hecho de que, si durante el periodo de 1990 a 2016 el nivel de licenciatura ha experimentado un crecimiento aproximado de 340%, en gran medida se debe a la aportación del sector privado que, aunque desde 2010 ha permanecido estable, su participación en la matrícula total durante esos años pasó de 19% a 28.1%, mientras que las IES públicas en ese periodo disminuyeron su participación pasando de 81% en 1990, a 71.9% en 2016.

Otro aspecto que resulta relevante señalar a partir de la información del Cuadro 3, es el comportamiento que presenta el posgrado en el periodo analizado. Si durante 1990 y hasta 2016 este nivel educativo creció más de 600%, la participación de las IES públicas disminuyó de 80.6% a 50.1%, mientras que la del sector privado se fortaleció, pasando de 19.4% a 50%.

Ello nos indica que el sector privado dedicado a la educación superior ha encontrado un nuevo campo de atracción para sus inversiones, el cual no solo garantiza aceptables ganancias sin exigir altas inversiones para su operación, sino que además está sujeto a una débil regulación por parte del Estado.

Por otra parte, buscando comprender la vertiginosa dinámica que presenta la cobertura en educación superior, resulta importante señalar la participación del sector público a partir de la década de los noventa, pues inició un fuerte impulso a la creación y ampliación de las carreras tecnológicas.2

Cabe señalar que no obstante el esfuerzo y el avance en la cobertura realizado por los diferentes gobiernos, estas cifras aún señalan el gran déficit que en cobertura de educación superior existe en nuestro país pues, tomando solo algunas referencias de la región, vemos que mientras la cobertura para este nivel educativo en México apenas alcanza 33.8%, resulta una cifra muy lejana al 67% de Argentina; al 52% de Chile, al 46% de Panamá, al 40% de Uruguay, y al 34% de Costa Rica, solo por mencionar algunos casos (Villa, 2013).

Este es otro de los aspectos donde mejor se puede apreciar la influencia que sobre las políticas educativas de los gobiernos mexicanos han mantenido las recomendaciones de organismos multilaterales, y principalmente el BM, pues se optó por una mayor participación privada en la educación superior, permitiendo al Estado disminuir su gasto en este rubro y a lograr una mayor disciplina fiscal, pero también rechazando año tras año a la mayoría de jóvenes de 19-24 años que no pueden pagar su educación y promoviendo la creación de instituciones privadas que atienden un segmento importante de esa demanda.

En las últimas décadas, y principalmente durante 2001-2016, el número de lugares ofrecidos por las principales instituciones de educación superior cada ciclo escolar, resultan insuficientes ya que 90% de aspirantes se queda fuera de las listas de ingreso a la UNAM, IPN y UAM, donde generalmente son aceptados cerca de 20 mil jóvenes, de más de 200 mil que buscaban ingresar cada año.3

De esta manera, desde la década de 1990 toman fuerza las políticas gubernamentales que se centran en resolver los problemas de la calidad de la educación superior, vinculándolas a sus fuentes de financiamiento y promoviendo políticas de evaluación, eficiencia, productividad, pertinencia y excelencia educativa.

Todo ello sucede con la activa participación de funcionarios, empresarios y algunos académicos que coinciden con esta visión de la educación como un mercado en consolidación, donde los empresarios se ven favorecidos con un nuevo negocio que presenta indicadores crecientes, que es deficientemente regulado y es impulsado por el Estado.

Las nuevas políticas de educación superior en México

El crecimiento que a través de los años ha experimentado el sistema de educación superior en México, se encuentra estrechamente relacionado con la evolución que presenta su concepción sobre las políticas públicas.

Mientras la visión tradicional de nuestras políticas públicas durante la última mitad del siglo pasado se basó, a lo largo de más de tres décadas, en las bondades del Estado benefactor, cuyo principal eje regulador consistió en brindar formación de relevos generacionales para la mejor conducción de un proyecto nacionalista, estas políticas en el nivel mundial se vieron afectadas con la caída del Muro de Berlín en 1989.

Ante ello, la perspectiva de la educación superior en México exigía la adopción de nuevas políticas públicas que, a través de ejercicios de planeación, contribuyeran a la solución de cada uno de estos problemas, como el masificado sistema de este nivel educativo agobiado por la presión de una creciente demanda debido a un anquilosado y anacrónico sistema burocrático4 que busca regular su funcionamiento, y en especial por la escasez del financiamiento público.

En este análisis de las nuevas políticas educativas que han brindado mayores espacios a la participación del sector privado en el nivel superior, se parte de una breve caracterización tanto del sexenio de Carlos Salinas (1988-1994) como el de Ernesto Zedillo (1994-2000), dado que fue durante estos gobiernos cuando se sentaron las bases y se realizaron las acciones para impulsar una nueva orientación al sistema educativo en general. Posteriormente se analizan con mayor detenimiento las políticas educativas de las siguientes administraciones gubernamentales de Vicente Fox Quezada (2000-2006), la de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), y finalmente la de Enrique Peña Nieto (2012-2018), las cuales, no obstante que pertenecen a diferentes partidos políticos, continuaron aplicando las mismas políticas educativas.

Las bases del nuevo proyecto educativo (1988-2000)

Aunque el cambio de rumbo del sistema educativo mexicano, iniciado por Miguel de la Madrid con el término revolución educativa, quedó lejos de ser una realidad, reforzando esta idea, las nuevas tendencias modernizadoras llegaron a un punto culminante durante la presidencia de Carlos Salinas (1988-1994).

El término modernización se volvió central en el discurso de todo tipo de políticas, incluyendo al sistema educativo en general, y en particular a la educación superior a partir del Programa de Modernización de la Educación 1989-1994 (PME), en el cual se buscaba aplicar las ideas generales sobre modernización al terreno educativo en nueve capítulos.

Entre los objetivos fundamentales que el PME estableció hacia el sector educativo superior, se pueden ubicar los siguientes: a) alcanzar una mayor cobertura con apoyo de financiamiento privado; b) lograr un mejoramiento en la calidad; y c) conseguir una mayor diversificación académica e institucional (SEP, 1989).

A partir de estos objetivos, y con el propósito de adaptarse a las nuevas exigencias del mercado mundial -que posteriormente se reflejarían en el TLC-, se plantearon y realizaron trasformaciones reales al sistema educativo, dentro de las cuales sobresalen: a) la obligatoriedad de la enseñanza secundaria y nuevos planes de estudio; b) la nueva Ley General de Educación de 1993 y las reformas al artículo 3° de la Constitución; c) la descentralización educativa de los niveles básico y normal; y d) el incremento del gasto público destinado a la educación.5

De esta forma, la modernización económica y social de nuestro país, que exigía el creciente proceso de globalización y dentro del cual se incluye la modernización educativa, correspondían a un objetivo común: hacer frente a los retos y oportunidades del mundo moderno (SEP, 1989:12).

Para lograr todo ello, las tendencias a que debió responder este nuevo modelo serían: el retiro paulatino del Estado y el consecuente crecimiento de las IES privadas; la descentralización y marginación de los sindicatos; la evaluación y la rendición de cuentas como condicionantes de la asignación de recursos; una mayor vinculación entre el sistema educativo y el sistema productivo; el énfasis puesto en la calidad por sobre la atención de los servicios.

En este marco, el contenido de las nuevas políticas gubernamentales se enfocó a la restructuración de la educación superior como factor de desarrollo económico, mediante estrategias y acciones de planeación y racionalización del financiamiento de las IES públicas y el crecimiento de las universidades privadas (Amador, 2010).

Como era de esperarse, el PME proponía dar un mayor énfasis a su esfuerzo por el fortalecimiento de la educación básica; la tendencia continuaría hacia la educación técnica y su vinculación con el aparato productivo del país, y finalmente, se consideraría a la educación superior como un área no prioritaria, pero con necesidades de cambio en cuanto a calidad y crecimiento de su oferta.

Todo esto atiende a un nuevo modelo de desarrollo educativo promovido por el BM, como ya hemos visto, que entre otras cosas busca mejorar las relaciones entre el aparato productivo y el sistema educativo, y el objetivo principal de ello es lograr una mayor competitividad de los recursos humanos para la economía del libre mercado (Sánchez, 1996).

Como podemos ver, es en este sexenio cuando se empiezan a aplicar las recomendaciones del BM, que no solamente buscan dar un mayor énfasis en la educación básica sobre la educación superior, sino además privilegian una mayor participación del sector privado.

Un balance sintético de la gestión de Carlos Salinas a través de su PME, nos lleva a reconocer la incorporación de nuevos criterios y políticas para impulsar procesos de cambio en las instituciones de educación superior.

Amparados en principios de calidad y eficiencia, dichos cambios tuvieron sin embargo efectos de diversa índole, dando también cabida a la profundización de la problemática educativa superior. En tal sentido, destaca la contención de la oferta de las universidades públicas en las áreas de mayor demanda, que las gestiones de las siguientes administraciones gubernamentales reconocerían más adelante (Rodríguez y Casanova, 2005).

Sobre las políticas de financiamiento, es posible afirmar que hasta 1988 la asignación del subsidio federal ordinario a las universidades públicas se basó en el uso de una fórmula cuya única variable era el número de estudiantes que atendían. Como ocurre con la aplicación de fórmulas de una sola variable, la aplicación de ese modelo dio lugar no solo al crecimiento desmesurado y poco planeado de casi todas las instituciones, con un efecto negativo en la calidad, sino también a distorsiones en las estadísticas escolares de muchas universidades que alteraban las cifras de matrícula con la finalidad de percibir mayores montos de recursos.

A partir de 1988, el nuevo modelo de asignación de recursos a las IES públicas tomó como uno de los ejes articuladores de mayor importancia el tamaño de la plantilla de sus trabajadores, autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Además, en el marco del PME 1989-1994, el gobierno federal también impulsó el crecimiento de nuevas entidades federativas, atendiendo los requerimientos de evaluación y los diversos organismos que para ello se fueron formando desde 1989, con la creación de la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior (Conaeva), cuya finalidad era fomentar la autoevaluación y la evaluación externa de las instituciones que conforman el sistema de educación superior, mientras que en el año de 1991 se crearon los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), destinados a realizar la evaluación diagnóstica de programas académicos, así como de las funciones de administración y gestión, de difusión y extensión de la cultura de las instituciones de educación superior.

En 1994 se puso en marcha el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. (Ceneval), para evaluar a los alumnos egresados de la educación básica, a los que terminan la educación media superior y acceden a la superior.

A partir de 1990, la SEP busca fortalecer la modalidad técnica en las IES públicas estableciendo como política privilegiar la creación de instituciones públicas en los estados con el régimen de organismos descentralizados de los gobiernos estatales.

De esta manera, como producto de la aplicación de nuevas políticas de corte neoliberal, en México se puede ver que desde los años noventa se impulsaron, por un lado, diversas IES públicas de modalidad técnica, y por otro, se produjo una importante promoción de IES particulares, las cuales tomarían mayor fuerza en la segunda mitad de esa década.

No obstante la presión demográfica, la llegada a la presidencia de México de Ernesto Zedillo (1994-2000) hizo que las políticas educativas de su gobierno tuvieran un alto grado de continuidad respecto a las de Carlos Salinas de Gortari. Desde su inicio, el Programa de Desarrollo Educativo (PDE-SEP, 1996) menciona algunos principios que sustentan las políticas a seguir, las cuales se exponen fundamentalmente en tres partes, acorde con los niveles educativos: a) las relativas a la educación básica; b) la de adultos; y c) la media superior y superior. En una cuarta parte se abordan los problemas sobre el financiamiento del sistema educativo, subrayando la necesidad de que el esfuerzo financiero para afrontar los retos del sistema, y en particular los de la educación superior, fuera asumido por las diferentes instancias de gobierno y por los diversos actores.

Al abordar el aspecto relacionado con el financiamiento a la educación superior, el PDE abre el espacio necesario para permitir una mayor participación de un nuevo actor que hasta ese momento no aparecía entre los elementos considerados por las políticas educativas: los inversionistas particulares.

No obstante, el PDE de Ernesto Zedillo no realiza ninguna propuesta hacia la creación de un sistema de acreditación de las IPES basado en la calidad. Aunque desde 1978 se cuenta con una Ley de Coordinación de la Educación Superior, esta solo hace mención de requisitos sumamente laxos de registro y no se consideró la creación de un sistema de evaluación o acreditación de resultados educativos en estas instituciones, las cuales experimentaron su mayor ritmo de crecimiento durante este periodo.

Ahora bien, respecto a la nueva e irrefutable evidencia del poder que tienen los diversos organismos internacionales sobre nuestras políticas educativas, la encontramos en la restructuración orgánica de la SEP en enero de 2005, con la cual se creó la Subsecretaría de Educación Superior, para definir y aplicar políticas y programas de este nivel educativo, desapareciendo las subsecretarías de Educación Superior e Investigación Científica y de Investigación Tecnológica, lo que fue una recomendación que venía impulsando el BM y, particularmente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)6 desde finales de los años noventa, a través de los Exámenes de las Políticas Nacionales de Educación.

Conscientes de que las características arriba mencionadas solo son algunas de las más relevantes que distinguieron a las políticas de educación superior de los dos últimos sexenios del siglo pasado, enseguida pasaremos a analizar de una manera más detallada las propuestas que hacia la educación superior han impulsado los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, provenientes de diferentes vertientes políticas.

El Programa Nacional de Educación 2001-2006 (Pronae)

Con el arribo al poder de Vicente Fox en el año 2000, el 28 de septiembre de 2001 se dio a conocer el Programa Nacional de Educación 2001-2006 (Pronae), documento que lleva el subtítulo “Por una educación de buena calidad para todos. Un enfoque educativo para el siglo XXI” (SEP, 2001).

Como fue el caso del PDE, el Pronae 2001-2006 también busca dar continuación a las políticas seguidas por Carlos Salinas y Ernesto Zedillo.

A continuación se mencionan solo los rasgos más sobresalientes del Pronae, relacionados con las políticas aplicadas a la educación superior.

La primera parte, denominada “El punto de partida, el de llegada y el camino”, comprende seis puntos cuya primera virtud es establecer los vínculos necesarios con el Plan Nacional de Desarrollo, arrojando como resultado algunos lineamientos para la consolidación de lo que el documento llama “Un pensamiento educativo para México”.

Enseguida, se presenta un ajustado diagnóstico de la situación del sistema educativo mexicano en 2001, y se realiza un ejercicio de amplitud de miras al proponer una visión de la situación deseable del sistema a largo plazo, para el año 2025, a la que se designa con la expresión “un enfoque educativo para el siglo XXI”; se precisan objetivos en el horizonte de mediano plazo -hacia 2006- y se definen mecanismos de evaluación, seguimiento y rendición de cuentas, los cuales hasta el momento no han sido considerados.

La segunda parte del Pronae, “Reforma de la gestión del sistema educativo”, atiende a las demandas de todos los tipos, niveles y modalidades educativas en sus diferentes aspectos, en particular, los relativos a la organización del sistema educativo; su financiamiento; los mecanismos de coordinación, consulta de especialistas y participación social; el marco jurídico y varios asuntos relativos a la evaluación, gestión y conocimiento del sistema educativo.

La tercera parte del documento, titulada “Subprogramas sectoriales”, comprende cuatro capítulos. Cada uno de ellos contiene los subprogramas de educación básica, media superior, superior y para la vida y el trabajo.

A continuación se analizarán con mayor detenimiento las principales características que presenta este programa.

El Pronae presenta rasgos novedosos en comparación con los documentos equivalentes de sexenios anteriores. Comenzamos por la tercera parte, la que nos resulta de mayor interés pues es donde podemos encontrar las políticas propuestas para los diferentes niveles educativos, como es el caso de la educación superior.

El capítulo relativo a educación superior es muy diferente al equivalente del PDE 1995-2000; sin embargo, tiene una clara continuidad respecto al Programa de Mejoramiento del Profesorado (Promep), el cual fue diseñado para mejorar el nivel de habilitación del personal académico de tiempo completo, que constituye el eje articulador de la política de la SEP sobre educación superior desde 1997.

A este respecto, el Pronae 2001-2006 tiene también claras coincidencias con el documento elaborado dos años antes por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, con el título “La educación superior hacia el siglo XXI. Líneas estratégicas de desarrollo” (ANUIES, 1999).

Ante ello, el Pronae plantea como propósito general la trasformación del actual sistema de educación superior cerrado, “por uno abierto, flexible, innovador y dinámico que se caracterice por la colaboración interinstitucional, por la operación de redes para el trabajo académico de alcance regional, nacional e internacional, por la movilidad de los profesores y alumnos, y por la búsqueda permanente de nuevas formas de enseñanza-aprendizaje” (SEP, 2001:181).

Abordando con mayor detenimiento el subprograma de educación superior, es en el primero de los cuatro apartados que lo integran donde se realiza un breve diagnóstico de este nivel educativo y para el cual se enumeran los siguientes problemas y retos: a) el acceso, la equidad y la cobertura; b) la calidad; y c) la integración, coordinación y gestión del sistema de educación superior.

Así, el Pronae brinda información de interés como la siguiente: en el periodo 1994-2000 la matrícula del sistema de educación superior creció a una tasa anual de 6.3% en promedio, se diversificó con la oferta de una variedad de programas de licenciatura y posgrado, con la aparición de nuevas modalidades y programas educativos y con el fortalecimiento de instituciones como las IES privadas.

Dentro de la estrategia planteada respecto a la calidad, el Pronae sostiene que los programas educativos del nivel superior son extremadamente rígidos y carecen de salidas intermedias. Los tiempos para lograr una titulación son significativamente mayores que los programados y, en la mayoría de las instituciones, la diversificación de las opciones para titulación es escasa y los procedimientos burocráticos constituyen un obstáculo a estos propósitos (SEP, 2001:188).

Fue a finales de 2000 cuando se creó el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (Copaes), para continuar fortaleciendo la cultura de la evaluación.

Ante la evidente dificultad que han venido presentando las diferentes acciones impulsadas por los anteriores gobiernos para reactivar y potenciar el nivel del posgrado, en 2001 se creó el Programa para el Fortalecimiento del Posgrado Nacional (PFPN)7 buscando ampliar, diversificar y mejorar la oferta del posgrado de buena calidad, así como su descentralización hacia las entidades federativas, el cual reportó buenos resultados durante el sexenio (Rubio, 2006).

También en 2004 se creó el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), integrado por los 31 secretarios de educación de los estados y el titular de la SEP, quien lo preside, con la finalidad de fortalecer los esquemas de planeación, coordinación y toma de decisiones para el desarrollo del sistema educativo y en particular, el de educación superior.

Además, el Pronae hace referencia a las IES privadas y al papel que deberán asumir, cuando afirma:

En la actualidad existen instituciones particulares en todas las entidades federativas. Sin embargo, el crecimiento de este sistema ha sido heterogéneo. Por un lado, se han desarrollado instituciones que tienen logros significativos y han alcanzado un amplio prestigio social y, por el otro, han surgido numerosas instituciones pequeñas cuya calidad ha sido objeto de cuestionamiento a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años por mejorar los requisitos y procedimientos para el otorgamiento del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE)8 por los gobiernos federal y estatales.

Sin embargo, las instituciones particulares consideran que el marco normativo vigente dificulta la innovación y desarrollo de las mismas, que existe una excesiva burocratización en los trámites, y los gobiernos no cuentan con suficiente capacidad para la evaluación de los programas educativos y la supervisión de su cumplimiento (SEP, 2001:194).

Es decir, en las circunstancias en que se encuentra nuestro sistema de educación superior, “El marco normativo debe dejar a las instituciones particulares que muestren niveles de calidad satisfactorios, una mayor capacidad de gestión para permitir la innovación y la incorporación a los programas educativos de los avances de la ciencia y la tecnología con la celeridad que demandan los tiempos actuales.” (SEP, 2001:194).

Esta observación resulta interesante dado que fue solo a pocos días de la contienda electoral cuando se publicó el Acuerdo 2799 (10 de julio de 2000), el cual, como veremos en el siguiente apartado de este capítulo, resultaría el instrumento normativo más avanzado para esos fines, en el que participaron la ANUIES y FIMPES10 conjuntamente con la SEP.

Fue así que durante el sexenio de Vicente Fox se crearon diversas instancias y organismos con el fin de coadyuvar en el mejor desempeño del complejo y diversificado sistema de educación superior.

Otro momento de interés, en el que se expresa la estrategia de este sexenio hacia la educación superior, fue la reforma a la Ley General de Educación de 2002, en la cual se estableció el compromiso de que el monto anual que el Estado (Federación, entidades federativas y municipios) destinaría al gasto en educación pública y en servicios educativos no podría ser menor a 8% del PIB, destinando de ese monto al menos 1% del PIB a inversión científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior públicas, compromiso que nunca ha sido cumplido.

Ante ello, una estrategia de especial interés en este documento es el relacionado con la educación superior, específicamente a su financiamiento, pues reconoce que las metas sustantivas no podrán alcanzarse sin una cantidad de recursos mayor a la que ha estado a disposición del sistema educativo.

En el segundo apartado del Pronae se describe un escenario deseable de la educación superior en 2025, con el fin de contar con un referente de mediano plazo que oriente las políticas y las acciones.

A partir de esta visión se presentan en el tercer apartado los retos, los objetivos estratégicos, las políticas, las líneas de acción y metas que guiarán las acciones del gobierno federal durante el periodo 2001-2006. En el cuarto apartado, el gobierno federal asume el compromiso de ampliar y mejorar el sistema de educación superior para que ofrezca a los mexicanos oportunidades que les permitan llevar a cabo sus proyectos individuales y colectivos en el marco del fortalecimiento del progreso y la soberanía nacional, y enumera los programas de acción en cada uno de los objetivos estratégicos.

Así, el Pronae da muestras de continuidad en las políticas para la educación superior de los gobiernos anteriores, al apoyarse en las dos vías aplicadas para alcanzar una mayor diversificación institucional: a) el impulso a las universidades tecnológicas e institutos politécnicos; y b) la promoción y desarrollo de las instituciones privadas.

El Programa Sectorial de Educación 2007-2012 (PSE)

Enseguida se abordarán las políticas más sobresalientes del gobierno de Felipe Calderón en el ámbito de la educación superior, las cuales están contenidas en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 (PSE). La alusión a cada uno de los objetivos que se exponen y las estrategias y líneas de acción planteados en el PSE, serán presentados de manera aleatoria, de acuerdo al interés de nuestra investigación.

A diferencia de programas anteriores, el PSE no está estructurado de acuerdo con los diferentes niveles y modalidades educativas. Sin embargo, entre las características más notorias del PSE 2007-2012 se encuentran, no solo que sus propuestas se realizan con un nuevo formato de presentación que centra su atención en seis objetivos primordiales, sino también en que el PSE adolece de un diagnóstico básico como punto de apoyo para sus propuestas.

Se afirma esto porque, para reconocer con claridad hacia dónde vamos y qué tenemos que hacer para alcanzar en un futuro próximo nuevos logros en la educación superior, es necesario saber qué trayectoria hemos seguido y cuánto hemos avanzado.

Al mismo tiempo, sobresale la visibilidad que obtuvieron en el sexenio anterior las políticas de mejoramiento de la calidad dirigidas a trasformar los procesos de enseñanza superior para otorgar una mayor centralidad al aprendizaje de los estudiantes. A pesar de que estas se mencionan brevemente, no se presenta un balance de los logros ni las prioridades actuales.

Pero más allá de estas valoraciones generales, es posible afirmar que, dentro de los seis objetivos propuestos según los temas de interés para este trabajo, sobresalen los siguientes: lograr una mayor calidad y cobertura con equidad en los programas educativos; alcanzar una mayor competitividad en el mercado laboral; y fomentar la transparencia y la rendición de cuentas de los centros escolares (SEP, 2007: 5-6).

A continuación se hará referencia solo a algunos de los objetivos que se contemplan en el PSE y que sirvan de apoyo para aclarar las políticas de este programa, atendiendo únicamente a las metas propuestas en la presente investigación.

En el objetivo 1 se propone elevar la calidad de la educación en general y se plantea buscar contribuir a una cultura de la planeación y evaluación de la educación superior, así como de la mejora continua de todas las IES, tanto las públicas como las particulares.

Un punto de interés de este primer objetivo es que precisamente aquí se hace la más amplia referencia existente en el documento sobre las políticas hacia las IES privadas.

Las líneas de acción para ello, son: a) revisar y homologar criterios regulatorios para el otorgamiento de los RVOE por parte de los gobiernos federales y estatales; b) fortalecer la capacidad técnica de las instancias gubernamentales, y c) impulsar programas de evaluación externa para estas instituciones privadas (SEP, 2007: 16).

No obstante lo urgente y lo importante de estos objetivos, las líneas de acción planteadas en el PSE para avanzar hacia ellos, no quedaron incluidas en los indicadores y por tanto no fueron consideradas dentro de las metas a alcanzar, quedando esta tarea solo en las intenciones de la burocracia federal.

En el objetivo 2 se plantea ampliar las oportunidades educativas entre grupos sociales y cerrar brechas e impulsar la equidad. Para el nivel de educación superior, la estrategia a seguir, según el PSE, es aumentar la cobertura de la educación superior y diversificar la oferta educativa mediante la creación de nuevas instituciones y programas de educación superior, priorizando las entidades federativas con bajos índices de cobertura (SEP, 2007: 21).

Resulta de importancia señalar que, al abordar el compromiso de cobertura para la educación superior, el PSE manifiesta como meta para 2012 alcanzar 30%. Como se puede ver en el siguiente apartado de este capítulo, esta es una meta alcanzada en esta administración pues la cobertura en este nivel educativo alcanzó 32.8% en el año 2012.

Considerando además el volumen total de los recursos disponibles, la calidad educativa depende también de su distribución y su utilización, como ya se mencionó; el PSE propone respecto al importante tema del financiamiento la distribución entre los estados de la república para su más eficiente uso. Sin embargo, más allá de eso, el programa carece de una referencia sólida respecto a la política de financiamiento que va a impulsar.

El objetivo 5 se propone “ofrecer servicios de calidad para formar personas con alto sentido de responsabilidad social, que participen de manera productiva y competitiva en el mercado laboral”, y es aquí donde se brinda atención a la pertinencia y la vinculación de los programas de educación superior. Para ello, el PSE 2007-2012 plantea diversas líneas de acción, dentro de las cuales sobresalen las siguientes: a) reforzar los mecanismos de planeación para conciliar la ampliación de la oferta educativa del nivel superior con los imperativos del desarrollo económico y social; b) fomentar que los programas educativos incorporen enfoques de competencia profesional; c) alentar en las IES los Consejos de Vinculación y crear el Consejo Nacional de Vinculación de la Educación Superior con la representación de todos los actores sociales; y d) apoyar la comercialización de los servicios y productos derivados de las actividades de vinculación de las IES (SEP, 2007: 31-32).

Por lo que se refiere a la gestión educativa y los mecanismos de coordinación, consulta de especialistas y participación social, estos son temas cuyas líneas de acción se contienen en los últimos objetivos. Para ello el PSE propone adecuar el marco normativo y reformar la Ley para la Coordinación de la Educación Superior buscando una regulación más eficaz del sistema.

Sin embargo, todas estas iniciativas se realizan sin hacer ninguna referencia a las diferentes experiencias e instancias de vigilancia, vinculación y coordinación ya creadas durante los sexenios anteriores.

Finalmente, respecto al interés de la investigación destacan dos aspectos de importancia: mientras que por un lado queda claro que las políticas propuestas para el ámbito de la educación superior en nuestro país, que a partir de los años noventa mantienen una evidente influencia de los organismos internacionales, por otro, encontramos adjunto un creciente interés por la importancia que vienen adquiriendo los instrumentos jurídico-normativos que regulan las actividades de los particulares en este nivel de enseñanza.

Surge así una tarea pendiente, que es el análisis de las principales características que presenta el marco regulatorio y de los esfuerzos para adecuarlo a las necesidades actuales, buscando que a través de él se pueda impulsar el mejoramiento de las IES particulares e insertarlas en los procesos que a futuro se contemplan para este sistema educativo.

El Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018

Como una experiencia ya reiterada en el ejercicio de las políticas públicas mexicanas, de nuevo el Programa Sectorial Educativo 2013-2018 cambia el formato al abordar este tema, centrando su atención en una reforma educativa del nivel básico y desatendiendo la problemática existente en el nivel superior. Este programa se encuentra integrado por cuatro grandes capítulos: I)Diagnóstico, II) Alineación a las metas nacionales, III) Objetivos, estrategias y líneas de acción, y IV) Indicadores.

Así, el diagnóstico que presenta este PSE se observa limitado pues no refleja la problemática que enfrenta el nivel superior, y su principal aportación reside en la Ley General del Servicio Profesional Docente referida, para el desarrollo profesional de los maestros de educación básica.

Tal vez el aspecto más relevante para la educación superior se muestra en el mensaje de presentación de las autoridades ejecutivas, y en particular en el capítulo IV, donde se establece que para 2018 se aspira a que la cobertura en la educación superior -en todas las modalidades- sea equivalente a 40% del grupo de edad entre 18 y 22 años, pero sin definir claramente los caminos a seguir para alcanzar esa meta.

En el capítulo III “Objetivos, estrategias y líneas de acción”, el PSE expone sus aspiraciones en seis objetivos generales.

El Objetivo 2: “Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México”, el único donde vemos una alusión a la educación superior.

Aunque este objetivo consta de siete estrategias, es la estrategia 3, “Continuar el desarrollo de los mecanismos para el aseguramiento de la calidad de los programas e instituciones de educación superior”, en la cual se dirige la mirada a este nivel educativo mediante diez líneas de acción; solo las líneas 3 y 4 hacen alguna referencia -aunque mínima- respecto a la atención que requieren las IES privadas. Ellas son: 3) Impulsar reformas a la normatividad de incorporación de estudios que sirvan para dar certidumbre a las inversiones, promover y facilitar la mejora continua, y 4) Fortalecer las capacidades administrativas de las autoridades para que se cumplan las condiciones conforme a las cuales se otorga la incorporación de estudios. Sin embargo, de nueva cuenta, lo preocupante es que todas estas iniciativas se realizan sin hacer ninguna referencia a las diferentes experiencias e instancias de vigilancia, vinculación y coordinación ya creadas durante los sexenios anteriores.

Como podemos observar, el PSE 2013-2018 representa un evidente retroceso en el diseño de las políticas educativas debido a varias razones.

En primer lugar, no cuenta con un diagnóstico específico del nivel superior que pueda proporcionar la información necesaria para el establecimiento de los objetivos a alcanzar.

En segundo lugar, en ninguno de sus objetivos atiende de manera específica los problemas relacionados con la educación superior.

Y en tercer lugar, el PSE 2013-2018, a diferencia del PSE 2007-2012, representa un retroceso lamentable en el desarrollo de las políticas educativas hacia las Instituciones Privadas de Educación Superior.

Conclusiones y propuestas

La reforma mexicana en la educación superior, requerida por el nuevo modelo neoliberal, se dio en la primera mitad de los años noventa, durante la administración de Carlos Salinas de Gortari.

A partir de entonces, la educación superior se ve como un mercado en consolidación donde los empresarios son favorecidos con un nuevo negocio que presenta indicadores crecientes, que es deficientemente regulado y que es impulsado por el Estado.

La restricción del financiamiento gubernamental a las IES públicas a partir del año 2000, creó un terreno fértil para una mayor participación del sector privado en este campo.

Ante ello, es necesario promover nuevas políticas estatales para que las IES privadas mejoren su calidad mediante las siguientes acciones: a) mejorar los requisitos para el otorgamiento del RVOE; b) simplificar los procedimientos; c) fortalecer la capacidad técnica de evaluación y de supervisión del gobierno federal y de los gobiernos estatales; y d) lograr acuerdos entre ellos para la aplicación homogénea del marco normativo y garantizar su cumplimiento.

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Periódico El Financiero, 20 de julio de 2014. México [ Links ]

1 En adelante, para referirnos a las diferentes universidades, escuelas, institutos, centros u otro tipo de instituciones de sostenimiento privado que operen dentro de nuestro Sistema de Educación Superior, las llamaremos indistintamente “Instituciones Privadas de Educación Superior” (IPES), o simplemente “IES privadas”.

2Entre 1990 y 2015 se abrieron 36 institutos tecnológicos federales, 131 tecnológicos de estudios superiores, 79 universidades tecnológicas, 38 universidades politécnicas y 11 universidades interculturales.

3Durante el periodo 2001-2014, el número de lugares ofrecidos por las principales instituciones públicas de educación superior resultan insuficientes, ya que 90% de aspirantes se queda fuera del ingreso a la UNAM, IPN y UAM, donde generalmente son aceptados cerca de 20 mil jóvenes de más de 200 mil que buscaban ingresar cada año. El Financiero, 20 de julio de 2014 <http://www.elfinanciero.com.mx/sociedad/rechazados-por-unam-ipn-y-uam-de-cada-10-aspirantes>

4En 1979 surgió la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior (Conpes) como parte del Sistema Nacional de Planeación Permanente de la Educación Superior (Sinappes). Para 1980 se instalaron e iniciaron funciones los Consejos Regionales de Planeación (Corpes) y las Comisiones Estatales (Coepes), las cuales a través del tiempo han mantenido una actuación irregular y poco han incidido en las diferentes entidades.

5El gasto público destinado a la educación pasó de 3.5% del PIB en 1989 a 5.7% en 1994 (SEP, 1996:165).

6OCDE (1997). “Exámenes de las políticas nacionales de educación. México educación superior”, París, Francia. Citado por Alma Maldonado (2000).

7Según el estudio de Rubio Oca, el PFPN dio buenos resultados, pues de 2001 a 2006 apoyó a un total de 119 IES públicas y privadas, y el número de programas de posgrado reconocidos por su buena calidad pasó de 150 a 661 durante ese periodo.

8El Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) es el acto de la autoridad educativa en virtud del cual se determina incorporar al sistema educativo nacional un plan y programa de estudio que pretende impartir una IES particular. Un RVOE puede ser otorgado por la autoridad educativa federal, por las autoridades educativas estatales, o por las IES públicas que tengan entre sus atribuciones la de incorporar programas de estas instituciones.

9Acuerdo por el cual se establecen las bases de participación de particulares en programas educativos del nivel superior. Los instrumentos regulatorios son objeto de estudio en el siguiente segmento del presente artículo.

10La Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES) es una agrupación de instituciones mexicanas particulares, que tiene como propósito mejorar la comunicación y colaboración de estas entre sí y con las demás instituciones educativas del país.

Recibido: 01 de Diciembre de 2017; Aprobado: 12 de Julio de 2018

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