La dificultad de pensar más allá de la denuncia y el castigo

En los últimos años, el discurso político imperante en México, así como los comunicados oficiales y los propios medios de comunicación, han abonado a la construcción de una alteridad criminal sin matices donde el otro, enemigo o diferente -“malandro”, “sicario”, “delincuente” -, se convierte en un ente genérico contra el cual proyectar el sentimiento de susceptibilidad al riesgo, la criminalidad y la violencia padecido por amplios sectores de la ciudadanía. Esta puede demandar entonces “más policía” aunque al mismo tiempo sus integrantes hayan de enfrentarse a la imposibilidad de satisfacer esta demanda como se espera y, por ende, al descrédito y a la falta de reconocimiento de su autoridad y eficacia.¹

Algunas de estas circunstancias quedaron de manifiesto durante los conversatorios que hemos tenido la oportunidad de propiciar y moderar. Muchas de las quejas de los representantes ciudadanos aludían invariablemente a la falta de atención a sus denuncias, a que la policía no acudía a sus llamadas de emergencia o a que, cuando lo hacía, actuaba de forma negligente o poco contundente. En consonancia con estos reclamos, una “buena policía”, para dichos ciudadanos, era aquella que acudía a detener a los “jóvenes malvivientes” que amenazaban sus propiedades o consumían drogas en las inmediaciones, o que venía a clausurar una fiesta ruidosa a altas horas de la noche cinco o diez minutos después de que el vecino afectado hubiese llamado por teléfono para quejarse. Nada se decía al inicio acerca del posible cúmulo de vulnerabilidades y violencias que afectaban a esos “jóvenes delincuentes”, ni sobre la falta de espacios (recreativos, educativos, laborales) y de oportunidades que podrían haber marcado sus trayectorias previas. Poca consideración se daba de entrada a la perspectiva de un mayor diálogo y una asociación más efectiva entre vecinos para evitar algunos de los conflictos y comportamientos “antisociales” que dificultaban la vida en la comunidad. Persiste entre los ciudadanos una dificultad para identificar y abatir, en la medida de lo posible, los aspectos cotidianos que funcionan como caldo de cultivo para la generación de riesgos sociales. Esto nos deja con un débil fundamento comunitario sobre el cual exigir a los policías una mayor voluntad para participar en la gestión de soluciones a los problemas del entorno, así como para demandarles una preparación integral para fungir como mediadores en la solución pacífica de cualquier controversia social.

El modelo de la Policía de Proximidad surge precisamente de la necesidad de reorientar los recursos materiales y humanos disponibles, no solo a “aplicar la ley” o a perseguir delitos sino, además, a atacar los factores de riesgo que pueden llevar a que estos se cometan.² Sin embargo, resulta difícil lograr que los miembros de las instituciones policiales dejen de privilegiar el enfoque coercitivo y reactivo si al mismo tiempo los ciudadanos no dejan de exigirlo. En este sentido, el ejercicio del conversatorio, destinado en principio a remediar la desconfianza y la distancia entre la policía municipal y los habitantes de comunidades urbanas vulnerables, puede terminar convirtiéndose de hecho en una arena donde unos y otros se muestran como conciudadanos de una sociedad donde resulta difícil pensar preventivamente acerca de la seguridad. Una vez cruzada la línea de separación mediante el conversatorio, todos los actores se sitúan del mismo lado del problema y, por lo tanto, de la solución. El principal reto consiste entonces en que la seguridad sea entendida como una construcción conjunta entre ciudadanos y gobierno, en lugar de una atribución exclusivamente gubernamental donde el único papel disponible para la ciudadanía sea reclamar a las autoridades el mantenimiento del “orden público” mediante la persecución del delito. Con demasiada frecuencia, la preparación policial para esta última forma de acción llega a equipararse en el discurso cotidiano con la “prevención”.

Si la seguridad sigue entendiéndose como la simple ausencia de delito y no como un derecho humano, se socavan el bienestar y el libre ejercicio de otros derechos. Uno de ellos es la presunción de inocencia, clave en el paradigma democrático de la seguridad ciudadana. Cuando este principio básico no se garantiza, poco a poco se va formando una madeja de sospechas y desconfianzas entre unos y otros que amenaza con generar más violencia, obstaculizando las soluciones basadas en un posible proceso de participación consensuada y colectiva en una agenda de proximidad policial y prevención integral.

Un ejemplo de lo anterior lo proporciona el relato de Teresa, una de las mujeres entrevistadas durante la investigación previa a uno de los conversatorios celebrados en la ciudad de Nogales, Sonora. Dos años atrás, unos encapuchados con uniforme de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI) habían asaltado su casa y encontrado en ella a su marido y a uno de sus hijos pequeños. Los asaltantes golpearon al marido de Teresa e intentaron meterlo en la camioneta en la que habían venido, cuando uno de ellos exclamó que no era la persona que estaban buscando. Percatándose de su equivocación, los encapuchados dejaron libre al hombre, no sin antes amenazar con llevarse al pequeño en caso de que intentara seguirlos o alarmara a los vecinos. Posteriormente, el marido de Teresa avisó a la policía. Tras una primera negativa, finalmente se presentó una patrulla cuyos integrantes empezaron a interrogarlo y acusarlo: “¿y tú quién eres? ¿Por qué te hicieron eso? Si tú no hubieras hecho algo, los otros no hubieran venido. Porque de la AFI no eran, la AFI no anda aquí. Entonces tú hiciste algo, por eso vinieron por ti”. Después de este incidente, la policía empezó incluso a llamar a su lugar de trabajo y a preguntar a sus vecinos para indagar sobre sus actividades y averiguar cómo había obtenido ingresos para adquirir su vehículo y la vivienda familiar. Según concluyó Teresa, su marido “terminó siendo el delincuente”.

Un obstáculo importante al que se enfrentan aquellos que buscan justicia ante estos casos es la tendencia a leer todo acontecimiento violento como un ajuste de cuentas entre delincuentes. Las víctimas acuden a las autoridades buscando protección, una solución o simplemente una explicación “y se topan con una acusación: el caso está resuelto de antemano y no se investiga”.³ Es preciso reconocer, sin embargo, que esta actitud se refleja en la misma ausencia de presunción de inocencia y las mismas sospechas y desconfianzas de los ciudadanos. Cuando la integrante de una asociación de vecinos de la misma colonia donde reside Teresa nos habló del reciente asesinato de su hijo, pudimos oír el comentario en voz baja de otra mujer que se hallaba presente: “¡en algo andaría metido el hijo!”

Los miembros de las instituciones policiales son asimismo ciudadanos cuyas perspectivas son retroalimentadas por las de sus semejantes. Cualquier reforma policial democrática, incluyendo el establecimiento de vínculos de confianza entre los ciudadanos y las instituciones policiales requiere de un cuidadoso balance entre lo que se le exige y lo que se le ofrece a la policía. No es posible esperar avances hacia un modelo de seguridad ciudadana por parte de la última si los propios miembros de una comunidad no mantienen un relativo grado de respeto y confianza entre ellos.

La dificultad de pensar en un nosotros

Lo último resulta difícil en vista de la marcada tendencia que parece existir en México a disociar la situación personal de la mirada a la situación colectiva. Una y otra vez, durante el trabajo previo a los conversatorios realizados en colonias urbanas de Sonora, Baja California o San Luis Potosí, constatamos la dificultad de articular un proyecto común mediante la conciliación de aspiraciones individuales y colectivas. Muchas de nuestras experiencias en este sentido ilustran las tendencias arrojadas por encuestas y estudios de rango nacional, los cuales apuntan a visiones favorables sobre la situación personal combinadas con un débil sentimiento de corresponsabilidad hacia la situación del país o de la propia comunidad, percibida como carente de rumbo o crecientemente deteriorada: “Prevalece la idea de que en todo caso ‘mi país es mi familia’, pequeña patria que sí se puede cambiar con el propio esfuerzo”.⁴ Esta actitud no deja de tener reflejo en las percepciones y discursos cotidianos de los propios policías, quienes a menudo atribuyen gran parte de los delitos y conductas antisociales al “deterioro de la familia”. Como concluyó un comandante de la policía municipal de Tijuana, “el trabajo preventivo, el trabajo de seguridad siempre se tiene que hacer y se debe de iniciar y debe de ser permanente en los hogares. Si la gente no entiende de educación, si la gente no tiene la costumbre para hacer ciertas cosas, siempre van a seguir habiendo delitos y delitos […] ¿qué educación les doy a mis hijos?, ¿qué están viendo mis hijos de mí? ¡Valores!”. La señora María, presidenta de una asociación de vecinos en Nogales, estaría de acuerdo con esta postura: “la seguridad empieza en tu casa”, según nos dijo. Sus recomendaciones acerca de inculcar valores a las familias y a sus hijos proceden de su experiencia de cinco años como voluntaria de Visión Mundial, una confraternidad evangélica internacional que desarrolla labores sociales en diversos países. Mediante pláticas, cursos y encuentros familiares, María expresó su deseo de llevar la prevención de la violencia “a las orillas de la colonia”, donde difícilmente llegan los servicios públicos y las patrullas de la policía.

El caso de María puede parecer muy particular, pero también es un recordatorio de la necesidad de comprender las diversas dinámicas que están en juego en las colonias donde realizamos nuestro acercamiento etnográfico previo a los conversatorios. En espacios sociales caracterizados por la pobreza, la precariedad y la ausencia de las autoridades, la gente acude a los líderes de grupos religiosos y organizaciones políticas que se hacen presentes en las colonias urbanas marginadas en busca de soluciones ante lo que parece irresoluble. Estas asociaciones se convierten en piezas clave y actores relevantes que con su presencia trazan, sin embargo, un paisaje difícil para el establecimiento de un sentido comunitario más amplio y profundo capaz de coadyuvar a la producción colectiva de la seguridad ciudadana; y no solo porque sus batallas cotidianas estén hechas de otras fibras, sino también porque, en su agenda de prioridades, los sentidos de “la participación” pasan por otras definiciones.

Un claro ejemplo de estas circunstancias, la Colonia Terremoto, en San Luis Potosí, que cuando la visitamos carecía de una junta de mejoras o de una asociación de vecinos que pudiera representar a todos sus habitantes en conjunto y actuar como canal de comunicación entre estos y la policía o las autoridades municipales. En cambio, sí estaban presentes Antorcha Campesina, Movimiento Pueblo Libre, Coordinadora del Movimiento Amplio Popular y miembros de la Organización Triqui de Oaxaca, nada menos que cuatro organizaciones políticas en una pequeña colonia de 2,500 habitantes. Estas organizaciones no surgen de la nada. En este caso, son un síntoma de la problemática que afecta a la política de financiamiento y subsidios a proyectos de vivienda de interés social. A la proliferación anárquica de residencias descoyuntadas de las ciudades, y a la incapacidad de las autoridades municipales de proveer infraestructura y servicios para estas áreas remotas, se suma la astucia financiera y los contactos políticos de líderes de diversas organizaciones y desarrolladores de vivienda, quienes buscan maximizar beneficios a la luz de los incentivos y las reglas del juego político. Este sigue la lógica de las partidas de ayudas y recursos para organizaciones sociales, aun a riesgo de la intermediación de líderes o grupos corporativos que pudieran requerir compromisos diferentes a los establecidos en los programas sociales o capturarlos para otros propósitos. Así, los recursos federales del Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda, a los que se debe el origen de Terremoto hace ya casi dos décadas, no fueron transferidos directamente a los potenciales beneficiarios individuales, sino -mediante el gobierno de San Luis Potosí- a líderes de organizaciones políticas como algunas de las que tienen presencia en la colonia. Para ellas queda ahora el gestionar el abandono institucional, pugnando entre sí y con las actuales autoridades por la provisión de recursos.

En este contexto, la seguridad y la policía no figuran en la agenda de prioridades de los colonos. Existen otras “necesidades”, reformuladas a la luz de las propias concepciones de esos grupos políticos, a los cuales hay que pertenecer para cubrir necesidades básicas cuya satisfacción aparece como el resultado de la “lucha” y la confrontación, nunca como producto del reparto equitativo en el seno de un Estado de derecho. Tras el conversatorio realizado en 2011 entre la policía municipal de San Luis Potosí e integrantes de todas las organizaciones con presencia en Terremoto -un logro no menor-, gran parte de nuestros esfuerzos se dirigieron a convencer a los vecinos de la colonia para que dejasen por un momento de lado sus afiliaciones políticas y se organizaran como comunidad. Este proceso no resultó fácil, aunque sí se vio favorecido por la pavimentación de toda la colonia y la construcción de un Centro de Desarrollo Comunitario, además de otros avances en infraestructura y equipamiento urbanos coordinados por instituciones de los tres niveles de gobierno, aunque con participación mayoritaria de la administración federal. Independientemente de la organización a la que pertenecen, los vecinos de cada una de las calles de Terremoto eligieron a sus representantes, los cuales conformaron un comité ciudadano que se vinculó directamente con el equipo técnico de la policía municipal, destinado a trabajar conjuntamente con los colonos en la solución de los problemas de seguridad que más les afectan. Asimismo, dichos representantes de calle participaron en el proceso de elección de los miembros de una Junta de Mejoras, cuya mesa directiva participa a su vez en la elección de los miembros del Consejo de Desarrollo Social Municipal, el organismo encargado de gestionar la obra pública del ayuntamiento y dar seguimiento al empleo de recursos federales y municipales para el desarrollo social y el mejoramiento urbano. No obstante, todo esto suele ser en vano si las autoridades estatales y municipales, con la anuencia del gobierno federal, continúan -como lo han hecho- trasformando derechos y servicios básicos en dádivas y favores dispensados a cambio de votos y apoyos. Antorcha Campesina y Movimiento Pueblo Libre son producto de estos procesos.

Otras colonias urbanas en las que hemos trabajado, especialmente aquellas surgidas de invasiones y asentamientos irregulares, tampoco pueden entenderse al margen de la política mexicana y de sus resortes de más largo cuño. En no pocos casos fueron ciertos líderes vinculados a partidos políticos en procesos electorales locales o regionales, quienes promovieron la invasión de terrenos para crear asentamientos cuyos pobladores resultarían fuertemente leales al partido político en cuestión. Los procesos de movilización y organización local vinculados a estas circunstancias pueden coadyuvar al surgimiento de un fuerte sentido de pertenencia que, en contraste con las historias y trayectorias de otras colonias, haga más fácil la construcción de una comunidad en su acepción más profunda. Conforme la población crece y se consolida el proceso de asentamiento y regularización de la tenencia de la tierra, sin embargo, los vecinos pueden perder interés en participar y la asociatividad entre ellos puede llegar a erosionarse. La solidaridad y las lealtades básicas se retrotraen al hogar, a la familia o al propio grupo político o religioso, excluyendo de nuevo a la comunidad de la primera persona del plural.

Así sucedió, por ejemplo, en la Colonia Colinas del Sol, en Nogales. Las luchas originales por la ocupación de la tierra durante las primeras fases de la creación y regularización de la colonia estimularon juntas semanales a las que acudían numerosos vecinos. También existía una suerte de reglamento interno que, entre otras cosas, dictaba la imposición de multas a aquellos que tiraran basura o incurrieran en otras faltas. Una vez logrado el objetivo primordial, las asociaciones vecinales fueron desapareciendo y, con ellas, el trabajo conjunto para solucionar problemas clave relativos a los servicios y la seguridad en la colonia. Por ejemplo, solían organizarse “jornadas de limpieza” en las que los vecinos realizaban el aseo de sus respectivos terrenos y viviendas, tras lo cual se llamaba a camiones recolectores que acudían a llevarse la basura y los desperdicios.

Como quedó de manifiesto durante las primeras entrevistas y grupos de discusión que condujimos en Colinas del Sol, en preparación para el conversatorio con la policía, hoy solo existe una asociación de vecinos para una colonia que cuenta con hasta 2,000 viviendas. Dicha asociación consiste en realidad en un reducido grupo de unas diez mujeres sobre las que recaen preocupaciones y actividades que tendrían que ser comunes a todos. Ellas solas no pueden hacer nada respecto a la basura y la falta de higiene y salubridad en la colonia, como tampoco pueden enfrentarse a los dueños de perros que constituyen un peligro para las personas o abren las bolsas de basura que se depositan en el exterior de las viviendas. Ante esta situación, resultó infructuosa nuestra pregunta formulada durante uno de los grupos de discusión, acerca de qué estarían dispuestas a hacer ellas y sus vecinos como comunidad para evitar algunos de los problemas de seguridad y delincuencia que habían señalado previamente, de manera que pudieran formular propuestas concretas de solución cuando se sentaran a hablar con la policía. De hecho, como en otros casos similares, dichas propuestas resultaron difíciles de articular. El trabajo conjunto con la policía para la solución de problemas de seguridad no puede producirse ante la imposibilidad de los ciudadanos de pensar en un nosotros. Una cosa es decir “un día entraron a robar a mi casa, llamé a la policía y no se presentaron; quiero que atiendan mis denuncias”, y otra cosa muy distinta es afirmar que “a los vecinos de la colonia nos preocupa el robo a casa-habitación y queremos vincularnos con la policía para prevenir este tipo de delitos”. El paso de una forma de expresión a otra puede parecer sencillo, pero nos ha costado -y nos seguirá costando- días de conversación, grupos de discusión y talleres destinados en su mayor parte a que la gente empiece a pensar como comunidad y a concebirse como parte de la misma. Esto es especialmente arduo donde, sencillamente, no la hay.

A modo de conclusión

Durante el curso de nuestro trabajo y nuestras investigaciones, tras la inmersión en diversas colonias urbanas y al escuchar la propia visión de sus habitantes, observamos que desde la posición de actores sociales de su propia realidad, en el orden de sus prioridades la seguridad no aparece como un derecho en sí mismo y tampoco como un derecho que posibilite el acceso a otros derechos. Muy a menudo, la seguridad se reduce a una relación autoritaria con la presencia policial en momentos considerados “límite” o “de trasgresión”; o bien se asocia su ausencia con el abandono en momentos considerados de “auxilio” o de “emergencia”. De ahí que resulte tan complejo construir o siquiera imaginar a la policía y al funcionario policial como un actor relevante en la resolución de conflictos, como un agente de paz y, por ende, como alguien que procura seguridad.

En este empeño, tampoco es fácil el trabajo conjunto con los ciudadanos si por diversos medios se refuerza la imagen de que, en cierta forma, la seguridad es algo externo o ajeno a ellos, tarea exclusiva de un Estado coercitivo y reactivo. Desde esta perspectiva, la participación ciudadana se reduce a una mera retórica que enmascara importantes desigualdades y antagonismos en el seno de poblaciones marginadas, incapaces de trasformarse en auténticas comunidades tras décadas de técnicas políticas que los orillan a convertirse en competidores por los beneficios de la salud, la educación y la vivienda, en lugar de ser copartícipes de los mismos. Suena a cliché, a desgastado lugar común, pero lo diremos una vez más: la seguridad, como derecho ciudadano, no es solo tarea de la policía, ni del gobierno ni de la ciudadanía. Es tarea de todas y todos. En la realidad paralela que vivimos en México, hecha de palabras de humo, pocos se mostrarían públicamente en desacuerdo con este principio de corresponsabilidad. Lo repiten como un mantra los funcionarios de administraciones municipales dominadas por partidos que alcanzaron el poder a través del condicionamiento del voto mediante la entrega de recursos; dicen concordar con él los integrantes de instituciones policiales cada vez más distanciadas de las necesidades y anhelos de la población; lo sostienen los habitantes de colonias incapaces de identificarse, ni de llegar a acuerdos básicos de respeto y convivencia con sus vecinos de calle, a quienes ni siquiera conocen. Precisamente por ello, solo nos queda dedicar un sincero agradecimiento a todos los funcionarios, policías y ciudadanos que se negaron a aceptar esta derrota social y que permitieron, desde ese encuentro de subjetividades que posibilita el conversatorio, que nos acercáramos a ellos para poder afirmar juntos, sobre la base de la experiencia real, que los problemas de inseguridad suelen tener mayores posibilidades de solución cuando se implementan intervenciones integrales que involucren de manera transversal a diferentes actores, organismos y órdenes de gobierno. La labor policial no es un medio aislado que permite disminuir las violencias y la delincuencia por sí sola, pero sí es una pieza clave en dichas estrategias de intervención.