La profunda crisis social que de manera generalizada atraviesa nuestra región latinoamericana comprende, sin lugar a dudas, el encogimiento del Estado social a contrapelo de uno cada vez más punitivo, además -como una aparente paradoja-, el descrédito de las instituciones modernas de las que se esperaría debieran modelar el Estado de derecho. Sin duda, el análisis de las condiciones del Estado pasa por comprender lo que ocurre con las diversas instituciones que lo sostienen. Mismas que contribuyen en la construcción de identidades sociales, prácticas ciudadanas y reconocimiento de los derechos humanos de los que todos somos sujetos, como lo son la escuela, el ejército, los partidos políticos, los sindicatos, la policía.

En el caso particular de México, en los últimos diez años el país se ha visto arrastrado por una supuesta guerra contra el narcotráfico que, lejos de acercanos al final de una batalla, nos tiene ante un horizonte en el que es difícil vislumbrar estrategias consistentes y precisas sobre cómo cambiar el rumbo para transitar hacia un país con democracia real, en un entorno social a todas luces áspero y complejo donde los ciudadanos se hallan entre la búsqueda de interlocución y paralizados ante las múltiples inseguridades.

Estudios realizados en América Latina sobre violencia, crimen, delito e inseguridad, señalan que la realidad que atravesamos -los altos niveles de violencia, desigualdad, corrupción y muerte- no sería posible sin la connivencia y participación de la estructura del Estado. El tamaño de la paralegalidad en varios de los países de nuestra región es de tal magnitud que necesariamente hunde sus raíces en la supuesta legalidad que conforma los Estados nacionales. Es decir, aquellas redes, prácticas y relaciones que se dan al margen de la ley, se producen y suceden al amparo de las propias estructuras de los distintos niveles de gobierno. No se trata, pues, de esferas disociadas sino que mantienen cierta interdependencia que las alimenta, o de unos márgenes que ya no son tales, sino que ahora se ubican en el centro de lo que funciona como motor de la propia existencia social.

Es así que desde nuestra perspectiva resulta imperativo pensar y generar un diálogo responsable y constructivo sobre los asuntos que hoy nos impiden vivir plenamente el espacio público, los vínculos sociales, emprender proyectos profesionales, confiar en las instituciones e imaginar un proyecto nacional y regional comunes. Cabe suponer y proponer caminos que lleven a reconfigurar los espacios deteriorados por el desquebrajamiento que las instituciones han sufrido debido a la falta de sentidos compartidos, buscando su recomposición y fortalecimiento. Es así que para este número proponemos centrarnos en la policía como una institución fundamental de la vida pública.

De manera particular, atendiendo a la iniciativa de la doctora María Eugencia Suárez de Garay, Diálogos sobre educación. Temas actuales en investigación educativa plantea pensar en la formación policial -asunto que comenzó a ser propuesto en la última década del siglo pasado y hoy está instalado en la agenda pública de toda la región- como un proceso que trasciende el trabajo que se da exclusivamente en las academias de policías, que entraña, en todo caso, aquellas propuestas pedagógicas que buscan no solo el mejor desempeño de los agentes, per se, sino también fortalecer las relaciones que los sujetos policiales sostienen con otros actores de la vida pública que tendrían que darse de manera cercana, en el marco de reconocimiento de los derechos humanos y que tiene entre sus intereses prioritarios trasformar no solo la policía como una institución pública sino la vida de los propios sujetos policiales. Una formación que propone una vida policial de cara a los ciudadanos.

Es así que siendo una revista cuyo interés central está puesto en lo educativo, consideramos indispendable dar espacio al conocimiento generado sobre algunos de los procesos que en la región se están llevando a cabo en relación con la profesionalización de la policía y, con ello, al reacomodo, trasformación y fortalecimiento de la seguridad ciudadana en la región; asimismo, nos importa saber de sus desafíos. Juzgamos, pues, que es momento -desde hace décadas- de dejar de considerar a la policía como aquella institución con la que vivimos enfrentados, para pensarla, en todo caso, como el lugar al que debemos acercanos para comprender no solo sus propias carencias y cautiverios, sino también para dotarla de un sentido compartido a la luz del proyecto nacional que nos alienta. De esta forma, ofrecemos mayor conocimiento de la mano de análisis derivados de estudios empíricos que dan cuenta de algunos de los procesos que se viven en América Latina a través de lo que está ocurriendo con las reformas policiales.

A decir de los expertos, el principio del trabajo ha sido reconocer la diversidad que existe en los sistemas policiales y los escenarios sociales, políticos y culturales particulares en los que estos existen. Es así que los distintos elementos con los que se cuenta para pensar las reformas policiales que entrañan su formación y una renovada cercanía a la ciudadanía, conlleva ubicar el papel que juega el incremento del delito común y el crimen organizado como un enorme desafío, tanto como las inercias, la opacidad y la propia corrupción al interior de los cuerpos policiales. Agradecemos sinceramente a la doctora Suárez de Garay su trabajo de coordinación del presente número, su iniciativa para invitarnos a pensar en temas que hoy por hoy todavía se consideran ajenos al campo de los estudios de la educación. Repensemos, pues, también nuestras propias resistencias a los cambios de paradigmas académicos y sociales.

Dejamos en manos de los lectores el número 17, “Desafíos de la formación policial en democracia”, con el ánimo de entrar en un debate por demás oportuno y necesario sobre cómo recomponemos la institución policial, alentados por la educación como un marco de posibilidades trasformadoras.