Un breve recorrido histórico sobre la educación nos muestra las diferentes connotaciones que ha tenido y que, de alguna manera, ha marcado pautas en las luchas por sus cambios. En México, la reforma liberal de mediados del siglo XIX mantuvo la más honda preocupación por la educación popular, gratuita, asistencial y controlada por el gobierno civil. Juárez manifestó que el deseo de saber y de ilustrarse era innato en el corazón del hombre (2 de julio, 1848).

La década de 1960 marcó fundamentalmente el rumbo de América Latina: el triunfo de la Revolución cubana, la Alianza para el Progreso y la entronización de las dictaduras militares en el Cono Sur, iniciada en Brasil en 1964, se pueden señalar como hechos históricos relacionados entre sí.

Para Colombia, en la actualidad resulta pertinente la siguiente pregunta: ¿la etapa política, social y económica que se está viviendo aumentará el número de excluidos y, por consiguiente, habrá mayor necesidad de instaurar, o de reinstalar, esa tan temida educación popular que cada vez acoge a un mayor número de compatriotas?

Históricamente, a la escuela se le ha adjudicado el cumplimiento de tareas complejas donde intervienen múltiples variables, factores y actores, que desbordan la capacidad de agencia de los docentes y directivos en los fenómenos educativos.

Ya bien señalaba Paulo Freire que

Una de las preocupaciones fundamentales, a nuestro juicio, de una educación para el desarrollo y la democracia debe ser proveer al educando de los instrumentos necesarios para resistir los poderes del desarraigo frente a una civilización industrial que se encuentra ampliamente armada como para provocarlo […]. Educación que lo coloque en diálogo constante con el otro, que lo predisponga a constantes revisiones, a análisis críticos de sus “descubrimientos” (1971: 84-85).

El pedagogo brasileño remarca también que todo acto educativo tiene una dimensión política. Todo proceso educativo induce unas actitudes y valores en los educandos que los torna pasivos o críticos, egoístas o solidarios. Las nuevas políticas educativas de América Latina y, en gran medida, del mundo, están al servicio de la política a secas, que en este momento está supeditada a los requerimientos de la economía, del mercado mundial, y que crea una nueva brecha entre países ricos y pobres.

Lo anterior supone contar con lo que el mismo Freire “denomina claridad política, esto es, una visión consciente y continuamente revisada acerca del modelo de sociedad que consideramos más idóneo para el desarrollo del ser humano” (^{Guichot, 2012: 185}), pues de allí saldrá el proyecto educativo.

Asistimos a escenarios educativos permeados por la fragmentación del territorio que plantea el conflicto entre las distintas organizaciones que delinquen anexas a la comunidad educativa. Concurrimos a una escuela infiltrada por los valores de una cultura heredada del narcotráfico, las narcoguerrillas, el paramilitarismo y la corrupción de las fuerzas públicas, entre otras (^{Garcés, 2016}).

Una sociedad que promueve la avidez como valor, el delito como tema insigne de telenovelas, el consumo de drogas como un acto normalizado. Una sociedad que dista mucho de los valores que pretende la formación ciudadana en la escuela. La Utopía —así, en mayúscula— de la formación en valores propios de la democracia, es avasallada por la pragmática de una cultura proclive al delito (^{Garcés, 2016}).

En la escuela se transfieren las rupturas vinculares que los educandos experimentan en sus núcleos familiares, en un momento histórico en el que la autoridad parental tiende a la extinción, y en el que los padres ausentes son sustituidos por los abuelos o tíos, cuando no por los dispositivos electrónicos. Las familias no acompañan a la escuela en sus procesos educativos, dando lugar a rituales cotidianos en donde la educación “no significa la formación integral de un futuro ciudadano, sino la estantería donde podemos ausentar la responsabilidad civil de cuidar del menor; familias donde la ruptura significante del afecto predispone al educando a actitudes muy distintas a las pretendidas por la escuela en la construcción de un tejido humano (^{Garcés, 2016}).

En el caso particular de la educación en etnias o grupos de desplazados por la violencia o situaciones de conflicto, observamos que el racismo se constituye en un flagelo que puede atacar a los individuos en cualquiera de sus edades y, como miembros de una sociedad, estamos en la obligación de prevenirlo siempre que nos sea posible. Así pues, urge llevar a la práctica trabajos de orientación, capacitación y aceptación por todos los seres humanos, pues todos somos iguales. En esta tarea jugar un papel importante la democracia en la escuela.

Freire nos invita a pensar “un poco en la identidad cultural de los educandos y en el respeto necesario que le debemos en nuestra práctica educativa”. La escuela democrática debe estar abierta siempre a la realidad contextual de sus estudiantes, para comprenderlos mejor, para ejercer a plenitud la actividad docente, y para aprender de sus relaciones con el contexto concreto (2012: 118, 122).