Introducción

La expresión "acaparamiento o arrebato de tierras" se ha utilizado para describir transacciones terrestres transnacionales a gran escala. ^{Daley (2011}) lo define como el proceso mediante el cual las presiones del mercado hacen que "los titulares más pobres de los derechos legales / formales vendan o arrenden sus tierras a personas que, generalmente, son más ricas que ellos, lo que permite la concentración de la propiedad y los derechos de la tierra en manos de esos pocos con los recursos para invertir en su desarrollo a una escala mayor". Aunque hay transacciones son ilegales, la mayoría de las tierras se adquieren o se rentan legalmente. El fenómeno se hizo más visible durante la crisis financiera de 2007-2008, cuando aumentaron las apropiaciones de tierras para producir los productos agrícolas (alimentos y biocombustibles) necesarios en los países desarrollados (^{Behrman et al., 2012}).

Este tema ha sido objeto de intenso debate. Algunos estudiosos consideran que el acaparamiento de tierras es una gran amenaza para los medios de vida rurales, porque representan el impulso del capital para controlar la tierra por medios coercitivos. Las implicaciones del cambio de la agricultura de subsistencia a la extracción son el desplazamiento de la población, la falta de acceso a los recursos naturales y la pérdida de seguridad alimentaria entre la población rural pobre (^{Borras et al., 2011}).

Por otro lado, instituciones como el Banco Mundial (^{Deininger y Byerlee, 2011}) utilizan expresiones más neutrales (es decir, transacciones o transacciones de tierras) para describir lo que consideran una oportunidad económica para los pobres rurales, siempre que la gobernanza de la tierra esté regulada por una serie de principios que involucran seguridad alimentaria, buen gobierno, participación social, sostenibilidad ambiental y respeto por los derechos de tierras y recursos.

Este documento se basa en la literatura más relevante publicada sobre el acaparamiento de tierras a lo largo de una década para alcanzar dos objetivos. El primero, consiste en describir, brevemente, el fenómeno del acaparamiento de tierras en términos de extensión, escala, propósito y novedad. El segundo, se refiere a esbozar los principales debates sobre el acaparamiento de tierras, en su mayoría, si tiene o no un potencial de desarrollo para los pobres de las zonas rurales; y el papel de las comunidades rurales en el proceso. El documento se centra en América Latina y el Caribe (ALC), con especial énfasis en México, en beneficio de los académicos que trabajan en la región y que no están familiarizados con el tema.

Acaparamiento de tierras: extensión, escala, propósito y novedad

El alcance del acaparamiento de tierras sigue sin estar claro. El gobierno de Alemania hace referencia a 22 millones de hectáreas de tierras agrícolas ya vendidas, arrendadas o en negociación (^{Ministerio Federal de Cooperación y Desarrollo Económico, 2009}). El Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias estima alrededor de 20 millones de hectáreas vendidas o arrendadas durante el período 2005-2009, mientras que el Banco Mundial registra 45 millones de hectáreas (^{Borras et al., 2011}). La Coalición Internacional de Tierras (ILC) y OXFAM documentan cifras mucho mayores (80 millones y 227 millones de hectáreas, respectivamente) (^{Borras et al., 2012}). Las diferencias en los números se pueden atribuir a las fuentes utilizadas en cada informe. Las cuentas de los medios no explican, necesariamente, si los acuerdos de tierras se han finalizado, mientras que los inventarios preparados por las agencias gubernamentales incluyen solo los acuerdos que han sido aprobados por ellos. Sea lo que fuere, ambas fuentes coinciden en que el acaparamiento de tierras es un fenómeno en crecimiento (^{Cotula, 2012}).

La escala de medición también ha sido central en el debate. Instituciones como la FAO, el Banco Mundial y OXFAM consideran que 1 000 hectáreas son el punto de referencia para definir adquisiciones de tierras a gran escala, mientras que el indicador utilizado por Land Matrix Partnership es de 200 hectáreas o más, bajo el argumento de que las cifras moderadas permiten explicar el acaparamiento de granjas familiares cuyo tamaño promedio en Alemania es de 45 hectáreas (^{Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika, 2014}). ^{Borras et al. (2012)} cambian su enfoque de la cantidad de hectáreas involucradas a la suma de dinero que está en juego, para hacer visible la operación del capital: "300 hectáreas de viñedo de alto valor; 500 hectáreas de concesión minera de metales raros; 100 000 hectáreas de tierra para plantaciones industriales de árboles y 500 000 hectáreas de pastizales para el ganado pueden, de hecho, tener una escala de capital comparable, a pesar de las enormes discrepancias en el requisito de tierra física entre ellos.

La fuente de capital para el acaparamiento de tierras es diversa. Originalmente, la atención se centró en países del Golfo (Bahrein, Libia, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita) y Asia Oriental (China, Corea del Sur y Japón) con recursos limitados de tierra y agua para satisfacer sus propias necesidades de alimentos y energía (^{Ministerio Federal de Cooperación y Desarrollo Económico, 2009}). En Etiopía, Ghana, Madagascar y Malí, 90 % de los tratos de tierras que se ejecutan involucran empresas de agronegocios transnacionales (^{Cotula, 2012}), a menudo en convivencia con las élites nacionales (^{Verma, 2014}). También, se han identificado patrones regionales de inversión; por ejemplo, el capital chino predomina en Laos y Camboya; el capital sudafricano en la República Democrática del Congo; el capital de Libia en Liberia y Malí. Cuando se trata de inversiones extranjeras entre regiones, la evidencia apunta a Europa y América del Norte como regiones clave de origen del recurso (^{Cotula, 2012}).

Los países del Sur global tienen una larga historia de despojo de tierras arraigado en siglos de dominación colonial. Lo que es distinto entre las capturas de tierra actuales, de otras que ocurrieron en el pasado es la convergencia de múltiples crisis: financiera, alimentaria, energética / combustible y cambio climático. El aumento de la inversión en "cultivos flexibles" (aceite de palma, caña de azúcar, soya) es una clara manifestación de esto; el mismo producto puede usarse como alimento, biocombustible o material industrial, según se necesite. Las apropiaciones también pueden involucrar varias formas de control de la tierra (compra, arrendamiento, agricultura por contrato, conservación de bosques) dirigidas a abordar las preocupaciones del cambio climático; por ejemplo, secuestro de carbono y generación de energía limpia (parques eólicos) (^{Borras et al., 2012}).

Los cultivos flexibles se han convertido en una importante fuente de inversión en el Sur global debido a su uso triple (^{Doss et al., 2014}). De hecho, dos tercios de la tierra global arrendada para producción de alimentos y biocombustibles se concentran en el África Subsahariana, con Sudán, Etiopía, Madagascar y Mozambique como los receptores de inversión más importantes (^{Behrman et al., 2012}). Otros autores mencionan Angola, Indonesia, Kenia, República Democrática del Congo, Malí, Zambia y Tanzania (^{Ministerio Federal de Cooperación y Desarrollo Económico, 2009}). Fuera de África: Camboya, Laos, Filipinas, Indonesia, Ucrania, Rusia, Argentina y Brasil son países receptores significativos (^{Cotula, 2012}).

En ALC, la flexibilización de la producción de cultivos fue promovida desde la década de 1990 por gobiernos que, a pesar de su orientación izquierdista, presionaron por un modelo de desarrollo basado en la explotación de materias primas y recursos naturales (^{Costantino, 2014}). El acaparamiento de tierras para cultivos flexibles ha sido documentado en Brasil, Guatemala (^{ActionAid International, 2008}) y Perú (^{Tejada y Rist, 2017}).

El "acaparamiento verde" con fines de conservación, el turismo y el secuestro de carbono se identificó en Guatemala, Colombia y México (^{Osborne, 2011}; ^{Ojeda, 2012}, ²⁰¹³; ^{Rocheleau, 2015}; ^{Devine, 2016}). Por lo general, se presenta como una alternativa amigable con el ambiente y la comunidad, porque no implica la enajenación total de la tierra. Sin embargo, a menudo conduce a patrones cambiantes de manejo de recursos que son experimentados por los locales como desposesión y cercamiento de sus terrenos (^{Fairhead et al., 2012}; ^{Devine, 2016}).

Adquisiciones de tierras: ¿una herramienta de desarrollo para la población rural pobre?

De acuerdo al Banco Mundial (^{Deininger y Byerlee, 2011}), las transacciones de tierras pueden ofrecer beneficios a las comunidades que reciben inversiones, si están reguladas por siete principios que involucran seguridad alimentaria, buen gobierno, participación social, sostenibilidad ambiental y respeto por los derechos de tierras y recursos. Los críticos argumentan que el Banco Mundial proporciona pocos detalles sobre cómo estos principios voluntarios realmente funcionan (^{Borras et al., 2011}). Además, el informe del Banco Mundial contiene muy poca información sobre el tipo de contratos involucrados, a pesar de su acceso privilegiado a los datos del gobierno. En otras palabras, hay "una gran desconexión entre lo que dice el Banco Mundial, lo que está sucediendo en el terreno y lo que realmente se necesita" (^{GRAIN, 2010}).

Los impactos negativos del acaparamiento de tierras documentados en todo el mundo incluyen el desplazamiento de la población, la falta de acceso al agua y otros recursos naturales, así como la pérdida de seguridad alimentaria y medios de vida. Los nuevos puestos de trabajo suelen ser bajos o estacionales, y están disponibles para muy pocas personas (^{Rocheleau, 2015}). La apropiación de tierras también puede implicar conflictos violentos y división dentro de las comunidades. Si las consultas se llevan a cabo, la información proporcionada es muy limitada y los compromisos adoptados por los inversores son vagos y no necesariamente relacionados con los requerimientos locales (^{Chu, 2011}; ^{Behrman et al., 2012}). Incluso, las Naciones Unidas (a través de su Comité de Seguridad Alimentaria) han declarado que no hay evidencia real de escenarios de beneficio mutuo que favorezcan a los pobres en la apropiación de tierras (^{Mehta et al., 2012}). De hecho, las salvaguardas implementadas para el beneficio de las poblaciones locales no se derivan de las buenas intenciones de los inversionistas, sino de la organización social y la movilización (^{Li, 2011}).

Los Estados nacionales tienen un papel central en la disponibilidad de tierras y recursos naturales para los operadores privados, ya que clasifican, cuantifican y reasignan tierras para inversión (^{Cotula, 2012}). Las transacciones de tierras se llevan a cabo en nombre de los inversores utilizando diversos grados de coerción, de tal manera que la acumulación de capital y la legitimación política sean benéficos solo para los grupos privilegiados (^{Borras et al., 2012}). No es sorprendente que las apropiaciones de tierras ocurran en países con registros de gobernabilidad deficientes o con una dependencia estructural profundamente arraigada. En ese contexto, las inversiones no generan un desarrollo sostenible o equitativo, sino, más bien, la profundización de las desigualdades sociales y la degradación ambiental (^{Costantino, 2014}).

Para la mayoría de los autores, la apropiación de tierras no se trata, realmente, de promover el desarrollo rural, sino de proporcionar alimentos, energía y conservación para las naciones ricas a costa de la población de ingresos que viven en países pobres (^{Behrman et al., 2012}).

La destrucción de los medios de vida y la apropiación de los recursos operan en beneficio de los grupos privilegiados, y están legitimados en nombre del progreso. ^{Ince (2014)} considera irónico que "la acumulación primitiva, que fue ejercida inicialmente por las potencias coloniales y luego por los estados poscoloniales contra los antiguos colonos, vuelve a cerrar las manos con el capital mundial en nombre del desarrollo".

Con base en esta discusión, ^{Borras et al. (2012)} sugieren remplazar el término "acaparamiento de tierras" por el de "acaparamiento de control", definido como "el poder de controlar la tierra y otros recursos asociados, como el agua, para obtener beneficios de tales controles de recursos". Ese cambio conceptual permite captar los diversos usos de la tierra resultantes de la acumulación de capital. El acaparamiento de control implica necesariamente relaciones de poder y puede incluir el despojo de tierras, agua y otros recursos.

El control se concentra en manos de grupos privilegiados, incluso si las transacciones no implican la total alienación de la propiedad. El término acaparamiento de control facilita la comprensión de cómo las coordenadas espaciales de la tierra permanecen constantes, mientras que su valor global se traslada, de la subsistencia humana a la acumulación de capital.

Los actores invisibles: las diferencias de clase, edad y género en las comunidades rurales

La mayoría de los informes sobre el acaparamiento de tierras se han basado en informes de medios en lugar de información a nivel de la tierra. Solo, recientemente, la investigación ha examinado las implicaciones de la apropiación de tierras para las comunidades rurales (^{Borras y Franco, 2013}), ya que las personas rurales, en general, son elegidas "simplemente como aquéllas cuyas vidas y medios de vida se ven ‘afectados’ y quién debe dar (o no) consentimiento informado" (^{Rocheleau, 2015}).

Con el fin de “retratar” completamente las implicaciones del acaparamiento de tierras para la población rural, la academia ha intentado deshacer la noción de comunidades homogéneas. Las distinciones de clase, edad y género deben ser tomadas en cuenta en el análisis. Las experiencias de las personas con múltiples formas de opresión definen, en gran medida, las formas en que se movilizan (^{Borras y Franco, 2013}). No hay armonía comunitaria en el acaparamiento de tierras; más bien, lo que prevalece es la falta de elección entre diversos actores con acceso diferencial a la información y al poder de toma de decisiones (^{Miyasaka y Shiraishi, 2014}).

En términos de distinciones de clase, las fisuras surgen de los diferentes sistemas de derechos sobre la tierra existentes dentro de la comunidad. Algunos grupos pueden oponerse flagrantemente a los acuerdos de tierras, mientras que otros se incorporan en ellos a través del empleo o los beneficios resultantes del arrendamiento o venta de tierras. Ciertas personas se resisten a la expropiación en sí, mientras que otras se centran en mejorar los precios de la tierra o las condiciones de trabajo (^{Borras y Franco, 2013}). Las diferencias generacionales también son importantes, porque los acuerdos de tierras a gran escala, generalmente, cierran las opciones agrícolas para varias generaciones de pequeños propietarios. Las voces de los jóvenes con respecto a los acuerdos de tierras no han sido escuchadas (^{Hall et al., 2015}).

El análisis de género ha estado más presente en la literatura, dado que las mujeres y las niñas son responsables de 60-80 % de la producción de alimentos en todo el mundo; sin embargo, poseen menos de 10 % de la tierra (^{ActionAid, 2010}). Los eruditos de género coinciden en que los acuerdos de tierras no han beneficiado a las mujeres. Ellas tienen menos poder de negociación con las autoridades gubernamentales o con los inversores, y su representación es desigual en las negociaciones, por lo que a menudo carecen de información adecuada y quedan fuera de los procesos de consulta y toma de decisiones (^{Daley, 2011}; ^{Daley y Pallas, 2014}; ^{Fonjong et al., 2016}).

Cuando existe una compensación, los trabajos y los pagos en efectivo a tanto alzado se dirigen, principalmente, a los hombres, mientras que los impactos ambientales (es decir, mayores dificultades para acceder al agua, combustible, plantas comestibles y bienes comunes), que por lo regular se pasan por alto o se menosprecian, afectan más a las mujeres (^{White, 2011}; ^{Mutopo, 2012}; ^{Behrman et al., 2012}; ^{Ossome, 2014}; ^{Wisborg, 2014}; ^{Fonjong et al., 2016}). Los inversionistas continúan enfocándose en la agricultura como una productividad económica, sin reconocer las diferencias de género en el acceso a la tierra, el trabajo y la toma de decisiones (^{Verma, 2014}).

La mayoría de los análisis de género se ha centrado en los impactos y vulnerabilidades de género (^{Daley y Pallas, 2014}; ^{Hall et al., 2015}). Se necesita más investigación, sobre todo, en el proceso de acaparamiento de tierras que incluya: 1) el sistema de derechos y responsabilidades de género antes de los acuerdos de tierras, que tome en cuenta lo que funciona mejor para las mujeres en términos de sus estrategias para hacer valer los reclamos de tierras; 2) el impacto diferencial del acaparamiento de tierras en hombres y mujeres según el contexto y las tipologías contractuales; y 3) las percepciones y entendimientos de hombres y mujeres en términos de ganancias y amenazas antes, durante y después del proceso.

La investigación debe ser contextualizada de acuerdo con diversas regiones culturales, ya que las tradiciones legales y las normas de género difieren significativamente de un lugar a otro (^{Chu, 2011}; ^{Behrman et al., 2012}; ^{Doss et al., 2014}). La academia sensible al género, también necesita ampliar la posible variedad de actores acaparadores, no solo transnacionales y gobiernos, sino también miembros de parentescos y élites locales (^{Doss et al., 2014}).

Asimismo, faltan en el análisis los contenidos específicos de género del desplazamiento. Las mujeres cuya tierra es capturada a menudo son expulsadas de su hogar conyugal y tienen que regresar a su hogar natal o emigrar a zonas urbanas llenas de estigma y vergüenza (^{Verma, 2014}). Sobra decir que el análisis de género tiene que adoptar un enfoque interseccional para considerar cómo interactúa el género con otros factores, como la edad, el estado civil y la etnia (^{Behrman et al., 2012}).

Acaparamiento de tierras en América Latina y el Caribe

A medida que se reconocía cada vez más el proceso de acaparamiento de tierras en África, la Oficina de ALC de la FAO organizó un estudio de 17 países para averiguar si algo similar sucedía en la región. Los resultados siguen inconclusos. La definición de la FAO incluye solo la compra o arrendamiento de tierras para la producción de alimentos con la participación de, al menos, un gobierno extranjero. Según esto, el acaparamiento de tierras ocurre únicamente en Argentina y Brasil (^{Soto y Gómez, 2012}). Los críticos argumentan que la visión estrecha de la FAO es incapaz de abordar otras fuerzas impulsoras del acaparamiento de tierras más allá del agronegocio, como la minería, los proyectos hidroeléctricos, la urbanización, el turismo y los proyectos ecológicos como los parques eólicos y REDD+ (reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal) (^{Cotula, 2012}; ^{GRAIN, 2012}).

Una publicación más reciente, patrocinada por la FAO, llega a conclusiones diferentes. ^{Borras et al. (2014)} señalan que "el acaparamiento de tierras se lleva a cabo, aunque de manera desigual, entre y dentro de los países de ALC, y es probable que aumente en un futuro próximo”. En esta nueva obra, el acaparamiento de tierras se define como la concentración de tierra o capital que ocurre en los sectores alimentario y no alimentario de tres maneras principales: apropiación directa de tierras, "apropiación de productos básicos" (captura de bienes y ganancias en la cadena de valor) y "apropiación verde" (apropiación de tierras en nombre del ambiente). Diez países presentan un alto nivel de apropiación de tierras: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay; mientras que a Panamá, México y Nicaragua les corresponde un nivel medio. Toda la región es diferente de otras debido a: 1) la importancia de las tierras privadas que se tramitan; 2) el papel clave de las élites domésticas como inversionistas; 3) la importancia de los acuerdos intrarregionales; 4) la presencia mínima de los estados del Golfo, China, Corea del Sur y la India como inversionistas; y 5) el hecho de que los países de ALC no tienen gobiernos frágiles, una condición que facilitó la apropiación de tierras en el África Subsahariana. Al mismo tiempo, la región de América Latina y el Caribe comparte con otras el imperativo de crecer en el contexto de la globalización y el neoliberalismo, así como los cambios agrarios impulsados por la crisis mundial de alimentos, combustibles y clima (^{Borras et al., 2014}).

Acaparamiento de tierras en México

A fines del siglo XX, 54.1 % (105 949 097 hectáreas) del territorio nacional no podía formar parte del mercado de tierras porque pertenecía a 5.6 millones de ejidatarios o comuneros, en su mayoría nietos de campesinos sin predios que lucharon en la Revolución de 1910 y, como resultado, obtuvieron acceso a terrenos agrícolas definidos localmente como "propiedad social" (ejidos y comunidades agrarias).

En 1992, el gobierno declaró el fin de la obligación constitucional del Estado de distribuir tierras y promovió un paquete de reformas para la comercialización de la propiedad social, con la idea de que la inversión privada aumentaría la producción agrícola. Por primera vez en la historia mexicana moderna, la reforma de 1992 legalizó la venta de tierras ejidales y asociaciones de inversión con empresas privadas. La reforma estuvo acompañada por una amplia gama de políticas neoliberales, incluida la liberalización comercial (es decir, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigor en enero de 1994) y la retirada del apoyo estatal a la producción agrícola nacional, en forma de tecnología y créditos (^{Robles, 2012}).

Dicha reforma no se cumplió como se esperaba. El Censo del Ejido de 2007 registró ventas de tierras en dos tercios de los ejidos, pero la mayoría (82.4 %) fueron tratos internos (entre los ejidatarios). Las transacciones fueron de pequeña escala, ya que involucraban solo aproximadamente tres millones de hectáreas de tierras ejidales (^{Robles, 2012}). En consecuencia, el dominio pleno, la categoría jurídica diseñada para transformar las tierras ejidales en propiedad privada ha sido muy poco utilizada (^{Galeana, 2002}; ^{GRAIN, 2014}). Únicamente 5.3 % de los ejidos había adoptado el dominio pleno en 2002 (^{Galeana, 2002}). Las fuentes más recientes señalan que 4.4 % del total de parcelas, equivalente a 4.7 millones de hectáreas, han adoptado el dominio pleno y se han vendido cerca de tres millones de hectáreas (^{GRAIN, 2014}).

La producción agrícola sí aumentó, pero se concentró en la producción animal (principalmente aves de corral), hortalizas, frutas y bebidas alcohólicas para la exportación, en lugar de alimentos consumidos por los mexicanos. En 2005, las importaciones agrícolas representaron 40 % del consumo nacional total, comparado con 15 % en 1982 y 20 % en 2004. Los recursos financieros invertidos en traer alimentos del exterior equivalen a 54 % de los ingresos petroleros totales del país o 72 % del dinero enviado a México por los emigrantes (^{Quintana, 2007}).

Las empresas de agronegocios, actualmente, constituyen actores clave en la economía rural de México. Estas concentran no solo grandes cantidades de producción y subsidios gubernamentales, sino también tierras en renta. Según el Octavo Censo Nacional Agropecuario (^{Inegi, 2007}), 28. 8% de las tierras agrícolas son alquiladas o prestadas por sus dueños. La Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de México proporciona estimaciones más altas: 50 % de las tierras productivas de riego se rentan durante el período de otoño e invierno. En el estado de Sinaloa, 500 agricultores de gran escala usan 36.8% de las tierras cultivables (medio millón de hectáreas).

Alternativamente, las empresas pueden optar por no involucrarse de manera directa en el proceso productivo, sino participar en acuerdos de compra previos a la cosecha con pequeños agricultores, convirtiéndose así en la opción predominante para la comercialización de productos agrícolas. Lo anterior es cierto, en particular, para el maíz, las frutas, la caña de azúcar, el café, las verduras, la cebada y los productos lácteos (^{Robles, 2012}). Seis empresas dominan en el maíz; seis en fruta; cinco en café; cinco en leche; y dos en cebada. Su consolidación comenzó con las reformas estructurales de los años ochenta. Para 2010, las importaciones de alimentos procedentes de los Estados Unidos de América y algunas de estas empresas tenían un valor de US $ 20 mil millones (^{Gómez, 2014}).

Por lo tanto, México presenta una concentración y una extranjerización muy altas del valor de la cadena agrícola, en lugar de la concentración de la tierra per se, dada la larga tradición agraria del país que inhibe las transacciones de tierras a gran escala. El acaparamiento de controles está ocurriendo en forma del arrendamiento de tierras, acuerdos entre agronegocios y productores, y concesiones mineras (^{Robles, 2012}). El país está en una posición media-alta en la Tipología de Concentración y Extranjería propuesta por la FAO, junto con países como Chile, Colombia, Nicaragua, República Dominicana y Uruguay (^{Gómez, 2014}).

La Reforma Energética de 2013 plantea nuevas amenazas, porque empuja aún más la posibilidad de transferir tierras ejidales a manos privadas. La reforma declara que los sectores del petróleo, la minería y la electricidad son áreas de interés público y una prioridad para la nación. Los ejidatarios están obligados a ceder su propiedad a empresas públicas o privadas, si sus tierras tienen potencial para la extracción de energía, minería, petróleo y gas. No hay límite para la extensión de la tierra que una empresa puede usar. La tierra puede ser vendida, alquilada o puesta en "servidumbre voluntaria" u "ocupación temporal" por la compañía; los ejidatarios están obligados a aceptar cambios en el uso de la tierra.

Actualmente, entre 15 % y 50 % del territorio del país ha sido ocupado por compañías mineras, en su mayoría canadienses (^{De la Cruz, 2016}). Según el Movimiento por la Soberanía Alimentaria y la Defensa de la Tierra, el Agua, los Recursos Naturales y el Territorio, la Reforma Energética podría afectar a 60 % de los ejidos y las comunidades agrarias, con alrededor de 200 conflictos ya ocurridos en el país (^{Hernández, 2016}). El Estado mexicano no solo ha rechazado su obligación de distribuir tierras, sino que se ha convertido en el instrumento de "acumulación por despojo" que favorece a las empresas multinacionales que controlan la cadena de valor de una amplia gama de actividades relacionadas con el sector financiero, alimentario, energético y climático (^{Merchand, 2015}).

El "acaparamiento verde" en México, generalmente, involucra múltiples fuerzas y una diversidad de actores impulsados por intereses de conservación y turismo que son menos visibles que las grandes formas de acaparamiento, pero no menos importantes (^{Rocheleau, 2015}).

La silvicultura de carbono en la Selva Lacandona permite a los ejidatarios conservar sus títulos de propiedad, pero pierden el acceso a recursos útiles para la subsistencia debido a la desviación de tierras y mano de obra desde el valor de uso a la producción de productos básicos, con muy pocas ganancias financieras obtenidas a cambio (^{Osborne, 2011}). Se identificaron procesos similares en los programas clientelistas de palma aceitera operados por el Estado, realizados en Chiapas (^{Castellanos y Jansen, 2015}). Las acciones tempranas de REDD + implementadas en algunas regiones del país están cambiando los patrones de uso de la tierra, sin respetar los derechos de los pueblos indígenas al consentimiento previo, libre e informado (^{González, 2016}).

Comentarios finales

En este documento se discuten las cuestiones más importantes relacionadas con el acaparamiento de tierras como se describen en una década de investigación académica. Destacan la extensión, la escala de medición, el propósito y la novedad. También sobresalen dos grandes debates presentes en la literatura sobre el acaparamiento de tierras: su contribución (si hay alguna) al desarrollo rural; y el rol de los actores rurales en el proceso, con especial énfasis en ALC y México.

En términos de extensión, no hay acuerdo sobre qué tan grande es el fenómeno del acaparamiento de tierras. Las cifras varían de entre 20 y 227 millones de hectáreas según la fuente, ya sea que las instituciones gubernamentales estén procesando, completando o reconociendo acuerdos. Parte del problema en las definiciones es la escala de medición que se utiliza. Se identifican dos puntos de referencia en la bibliografía: más de 200 hectáreas; 1 000 hectáreas o más. Sin embargo, un factor clave en esta discusión no es tanto el número de hectáreas, sino su valor productivo para obtener un beneficio económico, un cambio conceptual muy útil que hace visible el funcionamiento del capital en el acaparamiento de tierras.

El propósito del acaparamiento de tierras, como se dijo originalmente, era satisfacer las necesidades de alimentos y combustible de los países desarrollados con poca tierra y agua para obtenerlos. El concepto se ha ampliado para abordar la convergencia de múltiples crisis: financiera, alimentaria, energética / combustible y climática, con "cultivos flexibles" como ejemplo de ello. Existen importantes diferencias dentro de varias regiones. La mayor parte de la tierra destinada a la producción de alimentos y biocombustibles se concentra en el África Subsahariana; mientras que en América Latina y el Caribe, la producción de cultivos flexibles ha sido promovido por los gobiernos de izquierda. La región también registra evidencia más amplia de "acaparamiento verde" con fines de conservación, en comparación con África.

El acaparamiento de tierras ha llamado la atención de importantes instituciones mundiales (Banco Mundial y la FAO), gobiernos nacionales (Alemania) y organizaciones internacionales como Action Aid, International Land Coalition, OXFAM y GRAIN. Los estudiosos han escrito extensamente sobre el tema. No sorprende que haya poco acuerdo sobre sus impactos y beneficios, incluso la terminología utilizada es diversa.

El Banco Mundial considera que los acuerdos o transacciones de tierras (en contraposición al acaparamiento de tierras) pueden ser benéficos, si se aplican algunas medidas para proteger la seguridad alimentaria, la gobernabilidad, la participación social, la sostenibilidad ambiental y los derechos a la tierra. La FAO prefiere el término mercados de tierras y proporciona definiciones muy conservadoras (1 000 hectáreas o más como referencia, solo tierra para producir alimentos, ofertas debe involucrar a un gobierno extranjero) para describir su dinámica. Los detractores argumentan que el acaparamiento de tierras no solo es real, sino que a menudo implica más recursos (agua, carbono) con el propósito de la acumulación de capital y la transferencia de control de los pobres rurales a los grupos privilegiados, incluso si las transacciones no implican la total alienación de la propiedad.

Varios autores plantean la necesidad de examinar los impactos del acaparamiento de tierras en las comunidades rurales, bajo el argumento de que las voces de los más afectados continúan siendo ignoradas. Algunos estudiosos han ido más allá de la noción de armonía comunitaria, para abordar diferentes percepciones del acaparamiento de tierras según la clase, la edad y el género. La categoría más investigada de diferenciación social es la de género.

Los académicos han demostrado que los acuerdos de tierras no han sido benéficos para las mujeres, debido a su representación desigual en las negociaciones, la falta de acceso a los beneficios (empleos, pagos en efectivo a tanto alzado) y las dificultades crecientes para acceder a los recursos clave para la seguridad alimentaria y el bienestar familiar (agua, combustible, plantas comestibles). Se necesita más investigación comparativa sobre el antes y el después de los acuerdos de tierras; los impactos en función de las disparidades regionales y las tipologías de contratos; contenidos específicos de género en el desplazamiento; y las variaciones dependiendo de la edad de la mujer, el estado civil, la etnia y el ciclo de vida.

LAC fueron el foco de un documento de investigación de la FAO que analiza el acaparamiento de tierras en 17 países, aunque solo concluye que es incipiente y está ocurriendo en Argentina y Brasil, lo anterior fue resultado de la muy limitada definición utilizada. Una publicación posterior, también patrocinada por la FAO, concluye que el acaparamiento de tierras se lleva a cabo en diferentes grados en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú, Uruguay, Panamá, México y Nicaragua. La definición, ahora integra no solo a los alimentos, sino también a los sectores no alimentarios: "productos básicos" y "productos verdes".

México, se destaca como un caso de estudio, particularmente interesante, debido a su larga tradición agraria que ha permitido que la mitad de su territorio permanezca en manos de los campesinos. El país presenta una concentración y alienación muy alta del valor de la cadena agrícola, en lugar de la concentración de la tierra per se. El acaparamiento de controles ocurre en la forma de contratos de agricultura y concesiones mineras. Es probable que la Reforma Energética de 2013 empuje esta tendencia aún más, ya que los pequeños terratenientes están obligados por ley a ceder su propiedad a las empresas públicas o privadas que deseen invertir en áreas de interés nacional: energía, minería, extracción de petróleo y gas. El "acaparamiento verde", igualmente está en aumento, y con frecuencia implica la desviación de la tierra y el trabajo desde el valor de uso, hasta la elaboración de productos básicos, así como la violación del derecho de los pueblos indígenas al consentimiento previo, libre e informado.

A pesar de la gran cantidad de información producida hasta el momento, aún se sabe muy poco sobre el acaparamiento de tierras. Todos los temas discutidos en este documento: extensión, escala, propósito y novedad deben investigarse más a fondo para lacanzar mayor precisión. Los intentos del Banco Mundial y la FAO de regularlo o minimizarlo mediante el uso de términos más neutrales muestran, precisamente, la importancia de seguir documentando los impactos económicos, ambientales y sociales del acaparamiento de tierras en el Sur global.

Se identifican algunas distinciones regionales / nacionales que deben investigarse con más profundidad, así como ciertos factores de diferenciación social (clase, edad, género) de los cuales se sabe muy poco o nada. Se requieren más trabajos sobre la seguridad alimentaria, la creación de empleo y las condiciones ambientales antes y después de los tratos de tierras. Los estudios de casos tienen que combinarse con análisis a gran escala para vincular, adecuadamente, lo local con lo global. Se debe tener en cuenta la división interna, basada en distinciones de clase, edad y género para comprender completamente las consecuencias del acaparamiento de tierras en varias regiones del mundo.