Editorial

 

Algunos retos de REDD+ para transitar de la mitigación a la adaptación

La evolución de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD +), la ha transformado de una herramienta para la mitigación del cambio climático basado en el almacenamiento de carbono, en un marco complejo que opera a través de múltiples niveles de gobierno.

Su misión, también se ha expandido de manera similar, en la actualidad integra los derechos humanos, con especial énfasis en los derechos de los pueblos indígenas, conservación de la biodiversidad; la gobernanza más fuerte en los países en desarrollo; y, más recientemente, la aceptación de los beneficios de carbono y no de carbono, los enfoques alternativos y los vínculos con la adaptación. Asimismo, la discusión económica ha trascendido los mercados de carbono y la compensación, para incluir a las múltiples fuentes de financiación, lo cual ha propiciado el surgimiento de alianzas entre los sectores empresariales y estatales a gran escala, aunque, en muchos casos, sin abordar aspectos por demás relevantes como: las causas subyacentes de la deforestación; la necesidad de una mayor certidumbre acerca de las finanzas; y la tenencia de la tierra.

Los procesos REDD+ se están transformando más rápidamente en los países donde existen cambios políticos afines. El análisis de políticas de REDD+ exitosas identifica la necesidad de una combinación entre ambos. Así, los países que han iniciado cambios en sus instituciones tiene más avances en el diseño de REDD+; además un sentido de propiedad nacional y la presencia de coaliciones para el cambio, también son importantes.

En este contexto, las iniciativas REDD+ que se implementan a través de una unidad de gobierno formal, como un estado, municipio o distrito tienen ventajas, ya que cuentan con mayor coordinación entre las instituciones de gobierno (local, estatal, federal) y los sectores involucrados (agrícola, silvícola, minero, social); además del acceso, al menos, a la financiación operativa de bajo nivel.

Organizaciones de certificación han tomado nota de estas ventajas. El Estándar de Carbono Verificado (VCS) ha desarrollado un marco jurisdiccional y anidado REDD+ para la contabilidad y la acreditación nacional y subnacional; del mismo modo se ha creado la Iniciativa Salvaguardias Sociales y Ambientales REDD+ para programas REDD+ con buen desempeño social y en las metas referentes a la biodiversidad.

Entre las limitaciones de este esquema de REDD+ es que, a pesar de la participación de diversos sectores, no resuelve los intereses en conflicto entre ellos. Además, se requiere de una fuente grande y duradera de financiación, que por lo general supera los recursos fiscales, y resulta vulnerable a la política electoral.

La financiación, en particular las transferencias de fondos y tecnología de países desarrollados a países en desarrollo, es uno de los temas más controvertidos. El consenso no oficial es que en el año 2020, la aportación de los países desarrollados deberá ser de aproximadamente cien mil millones de dólares anuales en fondos para el clima. El destinatario previsto de esos fondos es el Fondo Verde para el Clima, que busca asegurar entre diez mil millones y quince mil millones de dólares a finales de 2014.

En comparación, los subsidios nacionales e internacionales para los combustibles fósiles ascendieron a más de quinientos millones de dólares a nivel mundial en 2011, y continúan siendo un obstáculo clave para invertir en bajas emisiones de carbono y en las economías resistentes al clima.

A la fecha, los esfuerzos de mitigación del cambio climático (incluso REDD+) han recibido la mayor parte de la financiación (un estimado de trescientos cincuenta mil millones de dólares) procedentes tanto del sector público como del privado, en comparación con solo catorce mil millones de dólares que se han destinado a la adaptación. Como resultado de este desequilibrio, la adaptación se ha vuelto más prominente en las negociaciones de la Convención Marco referente al nuevo acuerdo sobre el clima. Por otra parte, un reciente análisis global de 115 proyectos de demostración REDD+ revela una concentración de las finanzas en grandes países emergentes y en los países ricos en recursos.

Alcanzar la meta anual de financiación propuesta para el 2020 requerirá una transformación en la escala y el ritmo de la aportación económica de los sectores público y privado tanto para la mitigación como para la adaptación, así como la transición de economías más complejas a economías bajas en carbono. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por ejemplo, especifica la necesidad de "... utilizar la financiación pública limitada a las zonas de destino donde el financiamiento privado no estará disponible ni suficiente, por ejemplo, adaptación y REDD+ ...". Sin embargo, el actual sistema financiero global no está diseñado para dar servicio a las economías rurales de los países en desarrollo. Los productores rurales se enfrentan a grandes riesgos agrícolas en forma de desastres, en la producción, la tecnología, la financiación, el marco regulatorio, la política, y la volatilidad de los precios. Estos riesgos, potencialmente, disminuyen los ingresos de los productores a través de sus impactos negativos sobre el rendimiento, precios, activos y medios de subsistencia, lo que aumenta la probabilidad de incumplimiento. Los problemas de tenencia de la tierra y de inseguridad hacen que las inversiones sean de alto riesgo.

REDD+ constituye una alternativa importante en la consecución de la mitigación del cambio climático, el desarrollo sostenible y la adaptación. Empero, su éxito depende de lograr, primero, una transformación; es decir, grandes cambios en los discursos, las relaciones de poder y los incentivos económicos para la valoración los bosques, ya que la solución a los problemas que los aquejan requiere de la coordinación y la integración de las políticas a través de múltiples sectores y escalas; de tal manera que las actividades de REDD+ se llevan a cabo dentro de un marco de objetivos de desarrollo más amplios.

La financiación sigue siendo problemática. Los gobiernos, los donantes y las organizaciones no gubernamentales y las de investigación todavía tienen mucho que aprender acerca de cómo trabajar con los inversores institucionales y privados; así como sobre la formas de fomentar las inversiones privadas en actividades que a menudo se continúan percibiendo "de alto riesgo y de bajos ingresos": los mercados emergentes.

Dos eventos importantes en los cuales se abordarán aspectos fundamentales del tema abordado en las líneas anteriores son, sin lugar a dudas, la Conferencia sobre Cambio Climático, a celebrarse en Lima, Perú del 1 al 12 diciembre de 2014 (COP20) y el XIV Congreso Forestal Mundial, que tendrá lugar del 7 al 11 de septiembre de 2015 en Durban (República de Sudáfrica), y cuyo tema central es los bosques y la gente: invertir en un futuro sostenible. La finalidad es mostrar que las inversiones en el sector forestal son inversiones en la gente que inciden, al mismo tiempo, en el desarrollo sostenible. Durante el Congreso se hará énfasis en el papel que juegan los bosques en la generación de ingresos, la creación de empleo, la equidad, y en el nexo determinante entre bosques y cambio climático, conservación de la biodiversidad y sostenibilidad de los recursos hídricos. Asimismo se analizarán las estructuras de gobernanza que propician una gestión sostenible de los bosques de todo tipo.

 

Marisela Cristina Zamora-Martínez
Editora en Jefe