Editorial

 

Una década sembrando la semilla del conocimiento forestal

La Comisión Nacional Forestal (Conafor), organismo público descentralizado del gobierno federal fue creada mediante decreto del 4 de abril del 2001, con la misión de impulsar la protección, la conservación, la restauración y el aprovechamiento de los bosques mexicanos, a través de programas y políticas públicas basados en el modelo de desarrollo forestal sustentable, en corresponsabilidad con los sectores productivo, académico, profesional, así como con la sociedad y su gobierno. Y, aunque, esta perspectiva se ha definido a lo largo del último medio siglo, al promover la transformación de la política forestal, el mandato de la última década de la Conafor ha confirmado la responsabilidad de México hacia el mundo, que a su vez constituye una obligación ética con las futuras generaciones. Coordinar e implementar una política forestal bien diseñada es una encomienda compleja que requiere alcanzar metas y concretar avances, lo cual va de la mano con el desarrollo de un conocimiento profundo de la riqueza forestal.

La preocupación global sobre la problemática ambiental, no es la única causa detrás de un mejor entendimiento de los bosques. Desde hace más de 30 años han ocurrido cambios favorables para resolver los problemas de conocimiento, uso y conservación de los ecosistemas; esta progresiva transformación se ha fundamentado en la formación de un creciente capital humano de alta calidad; en la creación de instituciones; así como en el diseño de leyes, normatividad y política públicas. Entre muchos otros elementos profesionales se requiere de una comunidad académica y científica que trasmita información estratégica a los tomadores de decisiones en todos los niveles, tanto en el sector gubernamental como en el privado, y a las comunidades que poseen y viven, en y de los bosques. A su vez, los conocimientos generales son necesarios para tener una sociedad informada sobre la riqueza forestal y de las opciones de su manejo sustentable. No obstante que se mantiene un acervo de conocimiento para la mejor toma de decisiones, con una visión de largo plazo, es un hecho que se requieren más investigadores en el análisis de los recursos naturales.

Empero, hay que superar aún varios obstáculos. Por ejemplo, en lo que se refiere a las estructuras de gobernanza para la toma de decisiones locales es necesario focalizar esquemas como el pago de los servicios ambientales, así como para que las políticas de conservación y uso sustentable de los bosques sean transversales; además de un amplio margen de mejoras en el marco jurídico. Es importante tener un proceso de concientización y de educación; así también, se requiere potenciar las capacidades científicas y tecnológicas. En todos estos aspectos la Conafor ha tenido un papel relevante, sobre todo al lograr una conjunción de elementos favorables de organizaciones públicas, privadas y sociales para dar un salto sin precedentes en el manejo forestal, y para recuperar la percepción de importancia que tienen los bosques.

La naturaleza del recurso forestal hace que toda acción que se lleve a cabo sobre los bosques conlleve un efecto duradero a futuro, pero, ante todo más allá de los tiempos de planeación de gobierno. Por lo cual, la implementación de la política pública debe tener un horizonte y una perspectiva de largo plazo. Si a todo esto añadimos las grandes dimensiones del espacio forestal mexicano, y la diversidad y fragmentación de sus pobladores, la política pública enfrenta un reto mayor para hacer la riqueza forestal perdurable y al mismo tiempo económicamente viable. La Conafor aborda esta problemática a través de una estrategia que incluye la identificación de escenarios futuros para una buena planeación; así con la implementación de proyectos con un horizonte transexenal y una noción de transversalidad, además de focalizar regiones y comunidades. Al respecto, aplicar los recursos a objetivos que cubran distintos aspectos de desarrollo incrementa la probabilidad de que la política pública sea sostenible, con la ventaja de que se establecen compromisos de mayor duración entre distintas instancias.

Se estima que en las condiciones actuales, técnicas y socioeconómicas, 22 millones de hectáreas forestales cuentan con potencial comercial. Sin embargo, una parte importante de esta superficie en México está habitada por núcleos poblacionales con una alta dispersión territorial, resultado de los conflictos por la propiedad de la tierra, de las formas de explotación de los recursos naturales, del reparto agrario, y de las políticas públicas rurales. Ello hace que las soluciones, públicas y privadas, para preservar las zonas naturales requieran tomar en cuenta los problemas de sus poblaciones, mismos que la Conafor ha transformado en clave de la solución.

Ante el largo proceso de degradación y deforestación que afecta la superficie forestal de México desde hace siglos, y las condiciones actuales de cambio climático mundial exigen corregir aún más esta tendencia. Lo cual conlleva a que un componente estratégico de la política pública sea orientado a la conservación y fortalecimiento de las áreas forestales. Así, con respecto a los efectos del cambio climático es menester la reforestación para controlar procesos erosivos, regular el régimen hídrico, capturar carbono y disminuir la vulnerabilidad del ecosistema. De hecho, el país tiene un gran potencial para utilizar sus bosques como productores de servicios ambientales. Existen alrededor de 4.6 millones de hectáreas para diferentes alternativas de cultivo forestal o agroforestal de alta producción de carbono, cuyo potencial de captura varía entre 33.3 - 113.4 millones de toneladas de carbono. Se estima la existencia de un millón de hectáreas potenciales para el desarrollo de plantaciones, área con una captura de carbono estimada entre 30.7 y 85.5 millones de toneladas.

Por otro lado, la búsqueda sistemática de nuevas fuentes de compuestos químicos, genes, proteínas, microorganismos y otros productos que poseen un valor económico y que pueden encontrarse en la riqueza biológica presente en el territorio nacional, entendida como la bioprospección, es la actividad con mayores posibilidades de rendimiento, en cuanto al uso de la biodiversidad. Como estrategia de apoyo a la conservación, el ecoturismo ha mantenido, también, una función sustantiva en la generación de ingresos para la población que habita en bosques y selvas. A su vez, existe una amplia capacidad maderable y no maderable, incluso a pesar de que el recurso forestal ha disminuido por la intensa explotación a la que ha estado sujeto durante el siglo XX.

Otros graves problemas a los que se ha enfrentado la Conafor, desde su fundación, son el descenso del producto interno bruto (PIB) forestal en la producción total de la economía, una evolución negativa de la producción maderable, y una insatisfacción de la demanda interna, evidenciada en una balanza comercial deficitaria. A principios de la década de 1990 la producción comercial de madera fue menor a 1 % del PIB, para 2009 dicho déficit representó 27 % del desequilibrio comercial total y equivalente a una tercera parte del total que ingresó al país por inversión extranjera directa. En la actualidad, la superficie que se explota es de 8.6 millones de hectáreas; es decir, una octava parte de todos los bosques del país. Sin embargo, se puede lograr una producción con fines comerciales cercana a los 12 millones de metros cúbicos hacia el 2025. A pesar de que existen once millones de hectáreas con potencial maderable no integradas al aprovechamiento, las perspectivas en el corto y mediano plazos son elevar marginalmente los niveles de producción. Ante esta perspectiva el desarrollo productivo del sector forestal requiere de condiciones de financiamiento de largo plazo y gobernanza local, así como del cumplimiento con estándares de sustentabilidad y con la legalidad.

La ausencia de un esquema crediticio adecuado a los requerimientos de las actividades forestales constituye, también, un problema para dar incentivos tanto a los plantadores como productores, en general, para las actividades de aprovechamiento forestal, ya que su acceso al financiamiento es escaso. En 2008, por ejemplo, los créditos representaron apenas 0.55 % de los préstamos concedidos al sector primario. En la última década estos han caído como proporción de las carteras totales.

Los largos periodos de maduración de la actividad forestal y el tamaño de escala requerido son aspectos que no se han abordado adecuadamente por la oferta financiera del país. Por ello, se considera que los actuales mecanismos de financiamiento no han sido suficientes para que la actividad forestal en México resulte atractiva frente a otros usos de la tierra que cuentan con una subvención más robusta. La Conafor en 2011 diseñó un nuevo esquema de garantías con ventajas claras para el inversionista y para las instancias financiadoras, otro mecanismo innovador ha sido la bursatilización forestal, ambas opciones son interesantes desde una perspectiva conceptual, y pueden aumentar el tan necesario crédito en el sector.

Empero, México constituye un excepcional ejemplo mundial del manejo comunitario de los bosques, el cual ha recibido el decidido respaldo de la Comisión. El análisis de la problemática y estudios de casos de éxito de la propiedad social de los recursos forestales muestran que las comunidades han logrado significativos avances desde la década de 1970; sin embargo, algunas empresas comunitarias continúan enfrentándose a problemas severos de aislamiento, corrupción, financiamiento, asistencia técnica, tala ilegal e incluso el violento control sobre la propiedad comunal. Las estrategias implementadas por la Conafor para el desarrollo de ese tipo de negocios comprenden la inversión; modernizar equipos de aprovechamiento y transformación; exploración de nuevos mercados; desarrollo de capital humano; y la diversificación productiva, con énfasis en los servicios ecosistémicos y los productos no maderables. Muchas de estas compañías comunitarias han encontrado su nicho de mercado y son rentables, sin embargo, para sobrevivir deben expandirse en el corto plazo. Entre las muchas ventajas que presentan las comunidades organizadas está la administración de sus propiedades con el fin de entrar a un proceso de producción comercial; los activos pueden acumularse a nivel comunidad y no solo por unidad familiar; crean capital social en zonas rurales, con lo que aumentan la competitividad; y un liderazgo visionario dentro de la comunidad, el cual genera capital social, así como un ambiente de paz.

No obstante, las comunidades grandes y heterogéneas tienden a tener más conflictos para administrar los recursos de propiedad comunal. No existe una sola forma para organizar exitosamente las empresas comunales y su relación con los recursos naturales. Los grupos de trabajo representan una solución auténtica para enfrentar la corrupción, por lo que deberían ser aceptados como una opción viable para unificarlas. La inversión en capital humano de la comunidad es un elemento fundamental para generar empleos y un mejor control sobre la extracción forestal. Aunque la mayoría de las empresas comunitarias pueden sobrevivir gracias a los nichos de mercado existentes, un siguiente paso es la intervención del gobierno en la búsqueda de nuevos mercados a las maderas de mejor calidad; por su parte, las empresas comunitarias deben enfocarse en la generación de ingreso, la conservación de los bosques, la producción de bienes públicos para el beneficio de la comunidad, y la participación de los habitantes. La Conafor ha demostrado que esta forma de organización es más rentable de lo que originalmente se pensaba.

En general, "la naturaleza" del medio forestal requiere de políticas públicas en las que se reconozca la complejidad de las situaciones de cada región, zona o comunidad sujetos de atención. La política forestal se ha transformado de una productivista a tener un espíritu de protección ambiental, y más recientemente, a contar con una visión transversal de los problemas forestales en su amplio contexto. Vista en las últimas décadas, la política pública forestal muestra dos contradicciones: a) los ciclos de largo plazo de establecimiento y destrucción de los bosques se contraponen con la periodicidad de corto plazo de las políticas públicas en general. Por lo mismo, cualquier acción en los ámbitos público o privado que afecte al medio forestal extiende sus efectos años después de su implementación; y b) ha existido una contradicción entre los objetivos de producción y desarrollo económico y los de conservación. A este respecto, incluso la legislación dio por mucho tiempo un matiz "destructivo" al aprovechamiento forestal. La normatividad debe considerar ambos aspectos, pero hasta años recientes se ha buscado su conciliación a través de estrategias de focalización y transversalidad en los programas públicos.

Desde antes de los años noventa se activaron factores para un cambio de paradigma en la política forestal. En la década de los setenta se empezó a generar interés y conocimiento por la ecología entre los grupos académicos. En el contexto internacional se creó el programa Man and Biosphere de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y en ese marco se formó la Red Mundial de Reservas de la Biósfera. En ese periodo se identificaron zonas protectoras forestales. Los factores que activaron el cambio de fondo en el sector forestal se presentaron entre las décadas de 1980 y 1990, principalmente después de la Cumbre de Río de 1992.

Los problemas que enfrentaban las empresas forestales, la liquidación y privatización de varias de ellas en 1990, llevaron al surgimiento de nuevas organizaciones campesinas a las cuales se les transfirieron muchos de los aprovechamientos forestales. Algunas de ellas fueron muy activas en disputar espacios públicos para la formulación de las reglas del juego en el medio forestal, y no solo para obtener recursos y apoyos; esto sucedió a través de foros, seminarios y del diálogo con tomadores de decisiones, todo lo cual fue contribuyendo a reconceptualizar la política pública. Por otra parte, la política ambiental mexicana, a la par de las corrientes internacionales posteriores a la Cumbre de Río, empezó a incorporar organizaciones civiles no gubernamentales en acciones y en la implementación de programas. Además, instituciones como el Banco Mundial empezaron a financiar iniciativas de desarrollo sustentable que incorporaran a la sociedad civil. Ello llevó, por un lado, al rediseño de la política ambiental, y por el otro, a que las organizaciones civiles en conjunción con los productores organizados conformaran espacios de diálogo.

En cuanto a lo primero, se iniciaron políticas que elevaron el rango de las iniciativas para el medio ambiente; por ejemplo, durante el sexenio de Carlos Salinas, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) sustituyó a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue), y se crearon el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). En 1992 se fundó la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). Posteriormente, en 1995, en el sexenio del presidente Ernesto Zedillo, se instauró la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap); con ello la gestión de los recursos forestales, de agua y pesqueros junto con la restauración y protección ambiental quedaron integradas en un mismo sector gubernamental. Ello dio un nuevo impulso a la restauración ambiental. Además, tanto en el gobierno de Salinas como en el de Zedillo se reformó la ley ambiental; esto llevaría a conformar el Programa de Desarrollo Forestal (Prodefor), el Programa de Plantaciones (Prodeplan) y el Proyecto de Conservación y Manejo Sustentable de Recursos Forestales en México (Procymaf) en 1997, con lo que se incluyó en el presupuesto del Gobierno un renglón forestal, no solo para conservación, sino también para acciones netamente productivas como el fomento del desarrollo forestal y el establecimiento de plantaciones forestales comerciales.

En consecuencia se conformaron el Consejo Nacional Forestal (Conaf), órgano de carácter consultivo, previsto en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable de 1992; y los Consejos Técnicos Consultivos Forestales. En ese proceso fue importante la participación de distintas instancias y organizaciones civiles. Así, también se configuraron nuevas redes, por ejemplo, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), en 1993. Algunas iniciativas fueron impulsadas dentro del país, otras por organismos internacionales. Este cambio de paradigma implicó una política forestal más participativa, y con una visión que se alejaba de las viejas prácticas corporativistas. Asimismo, se generaba la necesidad de implementar una política para el desarrollo del medio forestal más eficaz en la dispersión de los recursos públicos, así como mecanismos transversales, que tuvieran mayor alcance en su impacto, y más autonomía para darle un carácter de largo plazo. En ese contexto se creó la Comisión Nacional Forestal.

Ante la complejidad del medio forestal mexicano y la diversidad de aristas a las que se enfrenta la ejecución de la política pública, la aplicación de soluciones públicas requiere una visión integral de los problemas de las regiones forestales y de autonomía para que su ejecución tenga efectos en el largo plazo. Muchos de los problemas se arrastran desde tiempo atrás, creando continuidades. Esa longevidad del medio forestal hace que las acciones tomadas tengan repercusiones directas en el futuro. El cambio de la visión de la política forestal ha llevado no solo a una política pública con horizontes de mayor alcance, sino al fortalecimiento de las organizaciones relacionadas con el medio forestal.

Una misión del Banco Mundial en 1995 hizo la revisión del sector forestal y conservación de los recursos naturales, en la que se analizó el papel de las instituciones del sector público; al respecto, se concluyó que la entonces Subsecretaría Forestal y de la Fauna debería reestructurarse en una comisión o dependencia para que operara eficientemente y concretara su función hacia el desarrollo forestal, la difusión de tecnologías, la generación de información de mercados y promoción de la sustentabilidad. Un año antes, en 1994, y hasta el 2000 se llevó a cabo un proceso de análisis y definición de la política forestal, mediante el cual se determinó que el sector estaba afectado por tres problemas: la gran dispersión de los programas, la insuficiencia de recursos presupuestales y la falta de jerarquía del sector forestal. La propuesta básica, expresada en repetidas ocasiones, fue la creación de un órgano autónomo, con patrimonio y personalidad jurídica propios y altamente especializado.

En el 2000, con base en una revisión del sector forestal mexicano, se elaboró el Programa Estratégico Forestal 2025 en el cual se identifica como el problema más importante la falta de continuidad que provocaba políticas inestables y cambiantes; la carencia de articulación entre los órdenes de gobierno; el desperdicio de recursos por la duplicidad de funciones entre las distintas dependencias; además del aislamiento, el oportunismo y la marginación de los dueños y poseedores de los recursos forestales.

En el discurso pronunciado por Vicente Fox, con motivo de la toma de posesión como presidente, expresó que en la administración que estaba por iniciar el agua y los bosques serían considerados asuntos de seguridad nacional. Y en congruencia, el 4 de abril de 2001, el Ejecutivo Federal emitió el decreto presidencial que creó la Comisión Nacional Forestal, como un organismo público descentralizado, con patrimonio y personalidad jurídica propios.

Un breve recuento de los resultados de la Conafor muestran la enorme tarea realizada. En materia del fortalecimiento de las capacidades de planeación destaca, desde luego, la consolidación del Plan Estratégico Forestal 2025, instrumento que proporciona a la administración pública y a la sociedad las bases para establecer políticas y acciones en materia forestal de largo plazo. Además, este sistema de planeación institucional se vinculó con el Programa Sectorial y con otros instrumentos del nivel medio de planeación como los programas nacionales forestales 2001-2006 y 2006 - 2012.

Durante los primeros años de existencia de la Comisión se logró un incremento histórico de los recursos fiscales destinados al desarrollo forestal, y en consecuencia del fortalecimiento de la capacidad de planeación y su posicionamiento entre los sectores emergentes de la agenda nacional. El impulso a las reformas del marco jurídico forestal, con una visión federalista que propiciara una mayor participación de los diferentes niveles de gobierno y de la sociedad en la actividad forestal constituye un resultado relevante. Después de un amplio proceso de consulta, el Poder Legislativo promulgó la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, el 23 de mayo de 2003, cuyo reglamento se publicó en el Diario Oficial de la Federación en febrero de 2005. Adicionalmente, se promovieron e impulsaron las leyes estatales forestales.

La creación del instrumento financiero fortaleció la asignación de los recursos destinados a impulsar el desarrollo forestal del país, y a contar con mecanismos que promueven el desarrollo de programas como el pago de servicios ambientales y la integración de cadenas productivas con la flexibilidad, la transparencia, rendición de cuentas y plazos requeridos. Por lo que se refiere a las actividades de fortalecimiento de las organizaciones de silvicultores, se puso en operación el Programa de Ordenamiento y Fortalecimiento a la Autogestión Silvícola, mediante el cual se impulsó la constitución de asociaciones regionales, estatales y de carácter nacional de productores silvícolas, mismas que han favorecido una vinculación más estrecha entre el sector social forestal y el gobierno federal, y con ello ha sido posible atender sus necesidades reales en el proceso del desarrollo forestal.

Una vez creada la Conafor e integrados a la nueva dependencia programas como el Pronare, Prodefor y Prodeplan, se diseñaron y pusieron en operación otros como los de servicios ambientales, lo que ocasionó que existieran para cada uno de ellos reglas de operación específicas que cada año debían de ajustarse, esto propició la dispersión, duplicidades y, sobre todo, una carga adicional de trabajo muy importante. En el año de 2005 se realizó el esfuerzo de integrar todas las reglas de operación en un solo documento denominado Reglas de Operación para el Desarrollo Forestal, lo que incluso mereció el reconocimiento innova 2006 otorgado por la Semarnat.

La transversalidad de las acciones y de los programas de la Conafor se logró a través de múltiples convenios de coordinación, entre los que sobresalen aquéllos establecidos con el Consejo de Ciencia y Tecnología, con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; así como los fideicomisos instituidos en relación con la agricultura por el Banco de México, Petróleos Mexicanos, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Comisión Nacional de Zonas Áridas, la Secretaría de Turismo. En este rubro destaca el fortalecimiento del Grupo Intersecretarial de Apoyo para la Protección Contra Incendios Forestales, integrado con la representación de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Gobernación, Procuraduría General de la República, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Comisión Nacional del Agua, Comisión Intersecretarial para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de la Reforma Agraria, Secretaría de Salubridad y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Las funciones del Inventario Nacional Forestal, que venía realizando la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, fueron transferidas a la Conafor. Al recibir tan importante responsabilidad, se desarrolló el Documento Estratégico Rector del Inventario Nacional Forestal y se promovió una estrecha coordinación a nivel nacional e internacional con las instituciones especializadas y de investigación. Durante el periodo 2004 a 2007 se muestrearon 1,283,887 árboles presentes en 80,654 sitios, distribuidos en 24,659 conglomerados este trabajo generó información de 16 variables de los recursos forestales y se elaboraron 32 mapas estratégicos; todo ello se puso a disposición de los usuarios en el portal de internet de la Conafor. Además 20 % de los datos de campo se retoman anualmente, con lo que se actualizará la información en ciclos de 5 años.

Las actividades de reforestación ejecutadas de 2001 a 2006 dieron como resultado una superficie plantada de poco más de 1,002,578 hectáreas, con un porcentaje de sobrevivencia promedio superior a 50 %, que aunadas con las acciones de protección, restauración y conservación de suelos en 2.8 millones de hectáreas significaron un hecho histórico en las tareas encaminadas a restaurar los recursos forestales de México. En este rubro se distingue el trabajo de reforestación iniciado durante los años de 2004 a 2006 en los manglares de 13 entidades federativas, en una superficie de 3,019 hectáreas de un ecosistema tradicionalmente poco atendido.

En la lucha contra las plagas y enfermedades, que constituyen uno de los principales enemigos de los recursos forestales, se desarrolló una nueva metodología de diagnóstico con tecnologías de punta, que permitió evaluar una superficie afectada de 721 mil hectáreas entre 2002 y 2005, y realizar acciones de combate y control en 78,141 hectáreas mediante técnicas silvícolas y de control biológico. En materia de prevención y combate de incendios forestales, los resultados fueron evidentes, ya que durante el periodo 2000 - 2005 solo se registraron, en promedio, 7,896 incendios anuales, con una superficie promedio afectada de 210,158 hectáreas y una afectación de 27 hectáreas por siniestro.

Referente al manejo tecnificado de los bosques, en el sexenio 2001 - 2006 se logró la incorporación de 10.78 millones de hectáreas y el apoyo para que en poco más de 800 mil hectáreas se obtuviera el certificado de manejo forestal sustentable.

El financiamiento para las plantaciones forestales comerciales en el periodo 2001 - 2006 tuvo un incremento de 700 %, de tal manera que pasó de 304 millones a 2,150, para un total de 2,183 proyectos de plantaciones que cubrieron una superficie de 300 mil hectáreas, que representó un aumento de 600. Al finalizar el 2005 se habían verificado y pagado los subsidios de 42 mil hectáreas del Prodeplan. La integración de cadenas productivas forestales también fue apoyada de manera relevante por la Conafor, por lo que entre 2002 y 2005 se constituyeron 27: cinco de carácter regional.

A través del Prodefor, durante el periodo de referencia, fue posible subvencionar un nuevo rubro productivo forestal: el desarrollo de proyectos de turismo de naturaleza. En coordinación con las dependencias especializadas de los gobiernos estatales y del gobierno federal se respaldaron 550.

La Conafor promovió la Expo Forestal Siglo XXI para apoyar el desarrollo de las cadenas productivas y fomentar el intercambio y la coordinación entre los diferentes actores del sector forestal. La primera versión se realizó en la ciudad de Guadalajara, Jal. y reunió a 200 expositores nacionales e internacionales, con 14 mil visitantes. En su cuarto año (2006) contó con la participación de 335 expositores y 18,680 asistentes, convirtiéndose en el evento forestal anual más importante en el país.

Otro resultado de gran importancia fue la constitución del Sistema Nacional de Información Forestal, a través de e-Bosque y de los resultados del Inventario Nacional Forestal y de Suelos que reunieron, ordenaron y facilitaron el acceso a la información forestal. El sistema e-Bosque contiene información de los programas de apoyo al desarrollo forestal, fomento, cultura forestal y capacitación; así mismo, articula el trabajo interno de la Conafor con el exterior.

Para el apoyo a la investigación se aprovechó el mandato de la Ley de Ciencia y Tecnología y se constituyó el Fondo Conacyt-Conafor, mediante el cual se proporciona financiamiento a diversos estudios enfocados a la aplicación de la innovación y el desarrollo tecnológicos; así como al fortalecimiento de la infraestructura que requiere el sector forestal, impulso inédito en el sector forestal mexicano. Además, en forma directa, la Conafor pagó el desarrollo de proyectos específicos.

La implementación efectiva de la misión y visión de la Conafor requieren que la política pública tenga una visión hacia el futuro, la que a su vez exige el cambio de perspectivas meramente productivistas o conservacionistas a esquemas que integren las distintas necesidades de las poblaciones que viven en las áreas forestales. La conceptualización no es resultado de una modificación improvisada de paradigma: ha significado un aprendizaje acumulado de las experiencias pasadas, y una búsqueda de conciliación entre distintas perspectivas del desarrollo forestal. Por su parte, la capacidad de implementación precisa que los procesos sean transexenales, no estén limitados por los ciclos políticos, y que exista una buena normatividad. Así mismo, es necesario contar con una base técnica integrada por especialistas y técnicos de campo, con inversión en tecnología. Sobre el particular se ha seguido una estrategia con tres componentes. El primero es la evolución en los mecanismos, la cual implica contar con apoyos focalizados y definidos por lineamientos específicos para las distintas regiones del país. El segundo es la identificación clara de los aspectos productivos o de conservación; esto es identificar los tipos de bosque, ya que las herramientas de política pública varían para cada uno de ellos; por ejemplo, en los bosques productivos es fundamental apoyar el establecimiento de plantaciones; en los bosques de conservación es importante el pago por servicios ambientales; para el caso de los bosques fragmentados, las estrategias agroforestales transversales y la creación de corredores agroforestales, silvopastorales y agrosilvícolas son relevantes. El tercer elemento se refiere a incidir sobre la estructura institucional y de gobernanza, tanto a nivel comunidad o propiedad privada, como en conjunto con los niveles de gobierno: federación, estado y municipio; para identificar cómo generar organismos operadores locales y poner en funcionamiento estrategias transversales.

Otro factor básico de una estrategia de largo plazo es la creación de compromisos globales en el marco de REDD+, en particular para la reducción de emisiones y la conservación. Para ello, México ha comprometido esfuerzos en un esquema de corresponsabilidad internacional, en congruencia con la estrategia y las acciones que se requieren a nivel local. Estos acuerdos son claves en la operación futura de la Conafor.

Para el futuro de México y del mundo hay una mayor conciencia de la limitación de los recursos naturales, de la necesidad de respetar la integridad y ritmos de la naturaleza, y de considerarlos en la elaboración de programas de política pública que garanticen la sustentabilidad. Existen modelos de productividad que se están concibiendo como económicamente viables, socialmente aceptables y ambientalmente factibles, y, para ello, la sociedad y las organizaciones mexicanas deberán aprender que hoy ganan y ganarán más mañana, si invierten en procesos acordes con la naturaleza que respeten y acrecienten el capital natural. Las organizaciones que aprendan esto tendrán una mayor capacidad de sobrevivir en las condiciones del presente y del futuro, ya que aprovecharán mejor los recursos. Lo anterior plantea una forma diferente de hacer las cosas, con una visión solidaria hacia la sociedad y, sobre todo, hacia el futuro.

No obstante, el quehacer de la política forestal tiene que resolver problemas que constantemente están en medio, tanto de las contradicciones económicas, políticas y sociales como de intereses empalmados que abundan en el medio rural mexicano. Dadas las grandes dimensiones de los recursos en el territorio mexicano, la diversidad y fragmentación de sus pobladores, así como los problemas institucionales y de gobernanza, los implementadores de la política pública forestal enfrentan un reto mayor para hacer de la riqueza forestal un recurso perdurable y al mismo tiempo económicamente viable. Esto se tiene que hacer, además, con recursos públicos limitados, pero que a su vez deberán tener el mayor impacto posible. Para ello, es importante contar con cuadros técnicos que diseñen y ejecuten las políticas. Sin embargo, esto no es suficiente, pues se precisa mantener, de forma constante, un proceso de profesionalización de esos cuadros y un compromiso ético, ambos aspectos ineludibles en la operación de la Conafor. Las organizaciones dependen de los individuos que las constituyen y el futuro de la política forestal de su gente.

 

Carlos Mallén Rivera
Editor en Jefe

 

Fuente:

Del Ángel - Mobarak, G. A. (Coord.). 2012. La Comisión Nacional Forestal en la historia y el futuro de la política forestal de México. Colección Coyuntura y Ensayo. Centro de Investigación y Docencia Económicas-Comisión Nacional Forestal. México, D. F. México. 346 p.         [ Links ]