El neoliberalismo en México

El modelo neoliberal se ha instaurado como sistema hegemónico de dominación. Es pues una política económica dominante que propone la libertad de mercado como la mejor herramienta para dar solución a los problemas de distribución y uso óptimo de los recursos naturales mediante la incorporación de capital proveniente de la iniciativa privada (^{Aguilar et al., 2000a}; ^{Mansfield, 2004}; ^{Calva, 2007}). A nivel internacional ha demostrado ser el principal depredador de la naturaleza y cultura que detenta la identidad de todo organismo y recurso que exista sobre el planeta.

El neoliberalismo, como modelo rector del mundo, ha surgido bajo el paradigma de la sobreexplotación. La idea de progreso y desarrollo ha quedado imbuida en la práctica del libre mercado, el cual centra sus inclinaciones hacia la exportación de productos manufactureros.

Con las prácticas neoliberales el Estado pasó a reestructurarse como el eje rector que, con base en políticas que permitieran la liberación de mercados, propiciara la inversión extranjera y con ello la autorregulación mercantil de las condiciones económicas de la sociedad. La teoría neoliberal sugiere que la política involucrada en la actividad económica sólo interfiere con el curso natural de los procesos económicos (^{Mansfield, 2004}). Bajo este paradigma la participación estatal se ha relegado, las decisiones de venta y principalmente de consumo quedan en manos del libre capital y de las personas o empresas que lo detentan.

El también llamado modelo “secundario explotador” acarrea consigo un cambio esencial con relación al modelo anterior de sustitución de importaciones y “es la cuestión de que margina a la amplia mayoría de la población de los canales económicos” (^{Rubio Vega, 2000}). Siendo el sector primario el más afectado con la interacción del creciente modelo neoliberal. Al aumentar el ímpetu exportador de los países desarrollados, solventando la producción interna y asegurando su autoabasto, los países tercermundistas se ven en la copiosa necesidad de invertir su capital en la adquisición de productos baratos que se insertan en el flujo comercial, dejando así olvidada la producción nacional.

“Los gobiernos han hecho de la modernidad un objetivo a conseguir sin medir los costos sociales y ambientales que estamos pagando ya por ello. Han conseguido el sueño de la era industrial y no en pocas ocasiones han conseguido acentuar las desigualdades sociales” (Villamar et al., 2007).

La paulatina desarticulación del Estado ha dejado el control de los cambios sociales y políticos al “buen juicio” de la empresa capitalista. “La doctrina neoliberal se oponía profundamente a las teorías que defendían el intervencionismo estatal” (^{Harvey, 2007}) y con ello los grandes empresarios neoliberales consiguieron el control hegemónico de los procesos de explotación. “Los teóricos neoliberales rechazan la propiedad social, argumentando que desplaza la inversión privada, absorbe el gasto público y genera practicas de corrupción” (^{Aguilar et al., 2000a}) argumento que se sustenta en la actividad política de la clase dominante, pero que al lanzarse a la practica trajo consigo grandes desajustes sociales en los cuales la capacidad del Estado como regulador ya no tiene injerencia. “La liberalización y la reducción de la presencia del Estado en la economía permitirían aprovechar plenamente las oportunidades que ofrecía la globalización, al favorecer la asignación más eficiente de los recursos productivos” (^{Calva, 2007}).

El periodo histórico donde las reformas políticas mexicanas adoptan una lógica neoliberal se hace presente durante el periodo administrativo del presidente Miguel de La Madrid (1982-1988), consolidándose dentro del periodo gubernamental de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) donde las condiciones del neoliberalismo limitan la acción gubernamental dentro del sector económico y permiten que las reformas macroeconómicas puedan asentarse en el marco político-legal de nuestro país (^{Calva, 2004}; Mumme, 2007; ^{Espinoza et al., 2011}) permitiendo que la inversión privada se estableciera en los sectores productivos destinados a la extracción de materias primas.

Para lograr la desintegración de las instituciones el Estado mismo se supedito a la ley, generando un acuerdo y posteriormente consolidándolo como decreto federal; es así como la Comisión Intersectorial de Desincorporación se erige bajo el mandato del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Dicho acuerdo permite la transformación de un Estado proteccionista de bienestar a un Estado al servicio del modelo neoliberal, desregulando su acción y su vínculo con los sistemas productivos. En el Diario Oficial de la Nación se puede leer: “se requiere seguir impulsando un proceso selectivo de desincorporación por la vía de la enajenación de entidades paraestatales o de sus activos susceptibles de ser utilizados como unidades económicas con fines productivos, propiedad de la federación o de las mismas entidades” (^{“Acuerdo que crea la Comisión intersectorial de desincorporación”, 1995}) manifestando así un carácter paradójico en el cual la inmersión del modelo neoliberal al Estado necesita que, el mismo Estado, cree los mecanismos de entrada para después y paulatinamente ir desvinculando su actuar en los procesos económicos. Este proceso, antes descrito, hace emerger a la luz una nueva clase dominante, la clase “burocrática empresarial”, por un lado son los líderes estatales de control político y social y a la vez los grandes empresarios con capacidad económica para conducir el flujo económico del país.

Entonces pues, el modelo neoliberal es estructurado mediante un proceso histórico-político que fundamentó las bases para la incorporación de las economías privadas al sector público. Dentro de los alcances obtenidos se vislumbra la inversión en materia tecnológica que vino a sustituir la “atrasada y rudimentaria” manera de producir por una más ágil y precisa.

El régimen financiero de la nación mexicana ocupó los estándares económicos propuestos por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) proponiendo: a) la desregulación estatal del comercio, b) un mercado de divisas libre; y c) la creación de las instancias gubernamentales especializadas en la exportación de productos; quedando así olvidado el impulso industrializador que caracterizara a México en los años anteriores a la propuesta neoliberal (^{Aguilar et al., 2000a}; ^{Alonso Herrero, 2003}; ^{Calva et al., 2004}). El modelo de sustitución de importaciones que generara el llamado “milagro mexicano” fue políticamente reformado hacia un modelo de comercio exterior donde la venta de los recursos naturales es la mejor carta de presentación de la economía mexicana.

El impacto en el sector pesquero

El sector pesquero es considerado de suma importancia dentro del marco económico de los países en desarrollo (^{FAO, 2012}). Las pesquerías proporcionan una considerable fuente de empleo, para las comunidades cercanas a la costa, así como una excelente fuente de alimento, por lo que, al ser consideradas como parte importante de la economía productiva pueden ayudar a garantizar la soberanía alimentaria de las naciones (^{Aguilar et al., 2000b}; ^{Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2007}; ^{Aguilar et al., 2013}).

Fue durante el gobierno de Luis Echeverría (1970-1976) que se estableció el último gran impulso al sector pesquero a nivel nacional (^{Espinoza et al., 2011}), en 1972 se creó la Subsecretaría de Pesca (SEPESCA) y la ley federal de promoción pesquera que confería los derechos de pesca única y exclusivamente a las organizaciones civiles denominadas como Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera (SCPP). El movimiento legislativo de 1972 fortaleció el sector cooperativo pesquero provocando que, por falta de alternativas económicas en otros sectores, una oleada de campesinos (principalmente los que vivían cerca de la costa) reconvirtieran sus esfuerzos productivos hacia la explotación de los recursos marinos bajo una nueva forma organizativa conocida como cooperativa de producción pesquera ejidal (^{Aguilar et al., 2000b}; Villamar et al., 2007; ^{Valenzuela, 2012}).

Desgraciadamente el proceso de conformación del Estado neoliberal abrió las puertas a un desbalance en la actividad extractiva de las comunidades pesqueras trayendo consigo cambios legislativos que no atienden las necesidades específicas del sector pesquero (^{Thorpe et al., 2000}). La penetración del capitalismo en estas comunidades ha generado una serie de transformaciones, diversificando el proceso de trabajo en su dimensión técnica y social, generando modificaciones en la agrupación de los pescadores, en las relaciones de producción y en las alianzas de clase del sector (^{Delgado, 2013}).

La pesca como actividad extractiva y aleatoria considera una combinación de factores: el mar como objeto de trabajo (medio aleatorio no privatizado), el proceso de trabajo como combinación de los implementos técnicos (inversión en la infraestructura y artes de pesca), la fuerza laboral de los propios pescadores y la gestión y legalidad por parte del Estado. Sin embargo, es a partir del embate neoliberal, acaecido en los años 80ʹs del siglo pasado, que la organización pesquera pasó de un proceso de dominio cooperativo al control de la inversión privada (^{Aguilar Ibarra et al., 2000b}; ^{Thorpe et al., 2000}; Young, 2001; ^{Espinoza y Magadán, 2010})

Con las modificaciones forjadas por más de 30 años de neoliberalismo en México el papel del Estado como eje rector de la organización cooperativa ha menguado en su actividad. Financieramente el colapso del peso mexicano en 1982 propicio que el sector pesquero incrementara sus problemas, ya que la solvencia económica de la población disminuyó tajantemente y los instrumentos de trabajo utilizados por el sector productivo aumentaron de precio; ocasionando que el sector pesquero mexicano declinara de la inversión; dando paso a la iniciativa privada expectante en iniciar la inversión de capital en territorio mexicano “entonces el NEM (Modelo Económico Neoliberal por sus siglas en inglés) anunció no solo el dominio de los grandes buques en la flota, sino también una concentración de la propiedad del sector” (^{Thorpe et al., 2000}), siendo así que las pesquerías de alto valor pudieran ser extraídas y acaparadas por flotas de mayor envergadura y tecnológicamente mejor equipadas que requieren, para su funcionamiento, de una fuerte suma de inversión monetaria.

Desincorporación estatal e institucional

La injerencia estatal se estancó, ya que al permitir reestructuraciones constitucionales e institucionales para la liberación de mercados, se vio en la necesidad de alejarse de los mecanismos de control que permitieran la apropiación y trabajo de los recursos pesqueros. Lo anterior queda constatado en la disgregación que sufrieron las instituciones dedicadas al sector pesquero durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-200), el mejor ejemplo de ello es la reducción de la jerarquía en administración pesquera antes alojada en el nivel jerárquico de secretaría SEPESCA (Secretaría de Pesca) incorporándola a la SEMARNAP (Secretaria de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca) con el objetivo de hacer política ambiental (^{Aguilar et al., 2005}; ^{Santinelli, 2009}) todos los avances antes logrados en materia de producción pesquera se perdieron.

No obstante durante el mandato de Vicente Fox Quezada (2000-2006) la administración de los recursos pesqueros llegó al nivel jerárquico de comisión CONAPESCA (Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura) y por si esto fuera poco en épocas posteriores la integración institucional del Estado generó un reajuste exacerbado supeditando la actividad pesquera a la SAGARPA (Secretaria de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación), quedando con esto concentrado el nivel de decisión de la actividad primaria en un solo órgano centralizado.

Hoy día la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) vigente desde el año 2007 durante el mandato de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), abrogó la ley emitida en 1992, y tiene como objeto “regular, fomentar y administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción (…) [estableciendo] las bases para el ejercicio de las atribuciones que en la materia corresponden a la federación, las entidades federativas y los municipios, bajo el principio de concurrencia y con la participación de los productores pesqueros” (^{Cámara de Diputados del H. Congreso de la Únion, 2007}).

El retraso de la publicación del reglamento ha ocasionado el olvido de una parte fundamental de la ley: la creación del Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola (PROMAR) (^{Panorama Acuícola, 2010}), que sería el encargado de vincular el sistema financiero federal al sector y que hasta la fecha (2015) no se ha puesto en práctica, entre sus múltiples actividades se encargaría de:

Así también las instituciones de carácter científico y de investigación han sufrido el embate de las reformas neoliberales. El ente regulador y promotor de las investigaciones de pesca y acuacultura hoy día el Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) presenta serios problemas.

“Se ha propuesto descentralizar al INAPESCA y convertirlo en un Centro Público de Investigación, para posicionarlo en el mercado de las investigaciones pesqueras como consultoría especializada que brinde asesorías específicas a los interesados en el sector pesquero, en competencia directa con otras instituciones de investigación e incluso con empresas consultoras” (Villamar et al., 2007). Una vez más el carácter de competencia se hace presente, las instituciones estatales se ven inmersas en la idea de la ley del más fuerte, provocando que en grandes proporciones el esfuerzo científico y de desarrollo se rija por la concepción neoliberal de la libre competencia.

Como argumento para la desregulación en materia de investigación se señalan las manifestaciones capitalistas de productividad y ganancia exacerbada, actitud que propicia una desnaturalización de la naturaleza-medioambiente y del mismo ser humano; provocando graves daños ambientales ya que no se percibe a la investigación como un proceso promotor de desarrollo sostenible sino como un ente de extracción de recursos naturales bajo la ley del más fuerte.

Adiós a las paraestatales

Sin embargo los embates neoliberales al sector pesquero no se quedan en el ámbito de regulación organizativa y pública. La comercialización de los productos pesqueros obtenidos se vio fragmentada al disolverse la paraestatal Productos Pesqueros Mexicanos (PROPEMEX) debido a una serie de accidentes económicos. En el año de 1982 la flota atunera mexicana rivalizó con la flota estadounidense. La política adoptada por el gobierno Norteamericano decantó en un embargo discriminatorio del producto atunero mexicano, dicha política fue sugerida por el grupo de análisis económico del gobierno de los Estados Unidos y justificada ambientalmente mediante el Acta de Protección de Mamíferos Marinos (MMPA) (^{Thorpe y Bennett, 2001}) que solicitaba el cese de pesca incidental de delfines por parte de la flota atunera mexicana. Las fronteras se cerraron y la comercialización del producto fue canalizada en su totalidad al mercado interno con ayuda de la paraestatal (PROPEMEX) que compraba el producto de las cooperativas y del sector privado a precios muy semejantes de los ofertados en EUA; sin embargo, esto ocasionó la falta de liquidez de la paraestatal (^{Aguilar et al., 2000b}) y por consiguiente su enajenación.

Así también en el año de 2005 “se acordó la venta de la paraestatal Ocean Garden a las empresas mexicanas Granjas Aqua, Acuícola Boca y Grupo Industrial Pesquero Mexicano” (^{Posadas, 2005}). La paraestatal Ocean Garden tenía entre sus principales acciones el encargo de concentrar la producción pesquera en grandes centros de almacenaje, proporcionar capacitación de manufactura y embalaje a los socios de las cooperativas, ofrecer el crédito para la compra de infraestructura básica para la conservación del producto y brindar control a los precios de los productos obtenidos ofertando la mercancía, abasteciendo así el mercado interno y, en el principal caso, el mercado de exportación.