Introducción

La Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), por sus siglas en inglés en 2013 indicó que uno de los principales problemas para los pequeños y medianos productores era el acceso a los servicios financieros. En 2008, 52% de los municipios carecían de acceso a las instituciones financieras. Además, estimó que sólo 25% de los adultos tuvieron acceso a los servicios financieros. Aunado a esto, mencionó que México obtuvo una tasa 75% en la exclusión financiera que resulta muy alta para los estándares internacionales, ya que en otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), por ejemplo, la tasa media de la exclusión financiera es de solo 8%.

^{Steffen y Echánove (2003)} refieren a que la mayoría de los pequeños productores de maíz, trigo, sorgo, frijol y cebada no han podido incorporar a las labores de cultivo las nuevas tecnologías que les permitan equiparar sus rendimientos a los obtenidos por los productores estadounidenses y canadienses, nuestros socios comerciales en el TLCAN, ni tampoco han conseguido reconvertirse hacia otros cultivos en los que el país tiene ventajas comparativas, como son las frutas tropicales y algunas hortalizas, por la carencia del capital indispensable para ello y por la limitación de los mercados de exportación. Por otro lado, la realidad a que se enfrentan ciclo tras ciclo los pequeños productores de granos se caracteriza por la creciente desvalorización de sus productos y por las enormes dificultades que enfrentan para la comercialización.

^{Guadalupe (2013)} indicó que ante el reducido número de intermediarios financieros regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o también llamados Intermediarios financieros “formales”, Financiera Rural (FIRA) y la banca privada han optado por operar utilizando empresas privadas, agroindustrias u organizaciones de productores que se convierten en organizaciones dispersoras de crédito (ODC), sin experiencia en cuestiones financieras, por lo que en algunos casos utilizan su posición para colocar sus productos e incluso retornan a prácticas de otorgamiento del crédito en especie.

Según datos de la FAO, en 2013, la producción mundial de la cebada (145.6 millones de toneladas) se concentró en nueve países (62.5%), los porcentajes de participación fueron los siguientes: Rusia 10.5%, Alemania 7.1%, Francia 7%, Canadá 7%, España 6.9%, Turquía, Ucrania y Australia 5% cada uno, Reino Unido 4.8% y Argentina 3.23%. La producción de México representó 0.41% de la total mundial durante el año citado. Durante 2013, el mayor rendimiento en la producción de cebada lo registró España con 8.29 t ha^-1, seguido de Alemania y Argentina con 7.4 t ha^-1, Francia 6.9 t ha^-1, Ucrania 5.61 t ha^-1 y Rusia 2.1 t ha^-1; México alcanzó 2.2 t ha^-1 (FAO, 2013).

En cuanto a la producción de trigo en el mundo China es el principal productor con 18%, seguido de la India con 13%, Rusia 8% y EE. UU. Con 8%. La producción en México representó 0.004% (^{GCMA, 2014}).

En México, durante el periodo de 2007 a 2012 el estado de Guanajuato, en promedio, fue quien más produjo cebada a nivel nacional 40%; sin embargo, en todo este periodo el estado que más creció de acuerdo a la tasa media de crecimiento anual (TMCA) fue Tlaxcala con 12.21%, a diferencia de 11.92% de Guanajuato, ambos por encima de la TMCA nacional (7.92 %). En cuanto al valor de la producción, los porcentajes tuvieron un comportamiento similar, Tlaxcala 25.6% seguido de Guanajuato con 22.82%. De acuerdo a la producción promedio de trigo en México, durante el mismo periodo, Guanajuato fue el tercer mejor productor de este cultivo, el cual aportó 14.5% de la producción nacional; sin embargo, durante este periodo tuvo una disminución en la producción de acuerdo a la TMCA (-7.38%) igual que la TMCA nacional (-0.52%), el estado que resalta es Sinaloa con un crecimiento promedio anual de 23.23%. En cuanto al valor de la producción los porcentajes son similares: Guanajuato aportó en promedio 14% por debajo de Sonora 49%. De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (^{INEGI, 2012}).

En el estado de Guanajuato, los municipios que producen 53% de la producción de cebada son: Valle de Santiago (22%), Salamanca (21%) e Irapuato (10%). En cuanto a la producción de trigo 54% de la producción que tiene el estado se divide en los siguientes municipios: Pénjamo 20%, Abasolo 12%, Irapuato 12% y Valle de Santiago 10% (^{SAGARPA, 2007}).

Las organizaciones de primer nivel se dividen en: ejidos, comunidades, sociedades de producción rural, sociedades cooperativas, sociedad anónima de capital variable, asociación civil, sociedad civil, unión de crédito y fideicomiso (^{SAGARPA, 2009}).

Debido a que existe un gran desconocimiento sobre cómo se financia la producción y la comercialización en las organizaciones de primer nivel, el presente estudio tuvo como objetivo analizar los mecanismos financieros que utilizan este tipo de agrupaciones de productores agrícolas en la cadena de valor de la cebada y el trigo en Valle de Santiago, Guanajuato, México durante el ciclo de producción otoño- invierno 2013- 2014. Además, la hipótesis planteada fue que la política financiera rural en México no cubre a la totalidad de los productores del medio rural, no obstante se considera que estas organizaciones de productores han encontrado en los distribuidores de insumos un apoyo para financiar sus unidades de producción.

Materiales y métodos

Se consideró como población objetivo aquellas organizaciones de productores de primer nivel que durante el ciclo de producción OI 2013/14 se dedicaron a la producción de cebada y trigo en Valle de Santiago, Guanajuato. Cabe señalar, que estas organizaciones siembran estos cultivos solo en la estación otoño-invierno. Se entrevistó a personal de ASERCA para identificar a las principales empresas acopiadoras de estos granos que realizaron agricultura por contrato durante el ciclo de producción otoño- invierno 2013- 2014 en este municipio, estas fueron: Graneros Cedillo SA de CV, Agroservicios el Jarrón azul, S. P. R. de R. L. y Servicios Agrícolas Módulo IV, Distrito de Riego 011. Estas empresas otorgan servicios de financiamiento y comercialización del grano a productores y organizaciones de productores agrícolas. Se obtuvo una población total de 20 organizaciones, sin embargo no se pudo realizar el censo, ya que en la región la inseguridad es alta, por esto se entrevistó solo a 4 organizaciones por cada empresa acopiadora teniendo en total 12 organizaciones que colaboraron con la investigación.

Posteriormente, se les aplicó la encuesta nacional de competitividad, fuentes de financiamiento y uso de servicios financieros de las empresas (ENAFIN) elaborada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la representación en México del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Se tomaron los mismos supuestos de esta encuesta: empresas no financieras con más de cinco personas empleadas y ubicadas en localidades con al menos 50 mil habitantes. Las preguntas, de esta encuesta, se adaptaron para la aplicación a los representantes de las organizaciones de primer nivel dedicadas a la producción de cebada y trigo. Cabe señalar, que este tipo de encuestas no se han realizado directamente a organizaciones de productores de granos y solo se tiene el comparativo con los resultados en la encuesta ENAFIN que se realiza a nivel nacional.

Resultados y discusión

Del total de las organizaciones de primer nivel analizadas (12), 100% sembró cebada y trigo en el ciclo otoño-invierno (OI) y durante el ciclo primavera verano (PV) sembraron maíz y sorgo. Todas las organizaciones manifestaron que la cantidad de superficie sembrada varía de acuerdo a la disposición de agua que contengan las presas de la región, en promedio se observó que tienen un rendimiento por hectárea aproximado de 6 t ha^-1 en la cebada y el trigo. ^{Steffen y Echánove (2003)} mencionan que por debajo de ese rendimiento el productor no puede esperar ganancias, además mencionan que la totalidad de la cebada maltera se cultiva bajo agricultura por contrato con Impulsora Agrícola, S. A. de C. V., ya que es una empresa que forma parte de los consorcios cerveceros y que se encarga del abastecimiento de la materia prima que utilizan. El 100% de las organizaciones entrevistadas vendió la cebada a la empresa Impulsora Agrícola, S. A. de C. V. y en el caso del trigo la venta se realizó con las organizaciones locales de mayor tamaño que lo acopiaron y lo revendieron a la agroindustria (Graneros Cedillo, S. A. de C. V., Agroservicios el Jarrón azul, S. P. R. de R. L. y Servicios Agrícolas Módulo IV Distrito de Riego 011).

Cabe señalar, que estas organizaciones acopiadoras aprovechan la infraestructura que tienen para realizar y ofrecer el servicio de agricultura por contrato que se tramita ante ASERCA pero se condicionó a las organizaciones de productores a comprar otros insumos como semilla, fertilizantes y agroquímicos para tener acceso. Este mecanismo resultó benéfico para las grandes acopiadoras de grano, ya que vendieron todos los insumos al agricultor y además comercializaron su grano. Espinoza (2014) menciona que para que el crédito sea eficaz se deben evitar prestamistas e intermediarios en el sector agropecuario, además fomentar las innovaciones en el sector por medio del crédito y que este se encuentre relacionado con las condiciones naturales, humanas, sociales y económicas de la región.

De acuerdo a las entrevistas realizadas, las organizaciones de primer nivel emplearon en promedio 4.1 personas temporales y 4.6 personas permanentes durante el ciclo otoño invierno en la actividad. Son organizaciones que se encuentran en operaciones, en promedio, desde hace 14 años, 61% contó con educación básica completa o incompleta, 29% tuvo preparatoria o equivalente y 10% tuvo estudios universitarios. El 100% tuvo como figura asociativa la sociedad de producción rural (SPR), la variante que tuvieron fue el régimen de responsabilidad limitada o ilimitada. El 67% de las organizaciones se consideró como una organización familiar y 37% restante se consideró como una organización compuesta por distintos agricultores, los cuales se unieron para negociar mejores precios al comprar los insumos de la producción o para obtener créditos agrícolas. Según la encuesta ^{ENAFIN (2013)} de cada 10 empresas 6 son negocios familiares, 8 tienen como dueño a un hombre y 9 están registradas ante el fisco.

En el total de las organizaciones entrevistadas el director fue hombre pero al interior de la organización se encontraron mujeres como parte de la sociedad. Por otro lado, se observó que ninguna organización tuvo participación externa; es decir, donde otra compañía o grupo económico fuera dueño de más del 50 % del negocio. En promedio 67% tuvo dos establecimientos y 33% restante solo contó con un local donde atendieron a los socios de la organización. El total de las organizaciones exhibió un alto grado de formalidad, ya que 100% estuvo registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y además todas manifestaron estar al corriente en sus declaraciones de impuestos. Cabe resaltar, que la totalidad de ellas contrata los servicios de un contador público para realizar las declaraciones fiscales. El 50% emitió solo recibos y el otro 50% emitió facturas y recibos, cabe destacar que por las nuevas disposiciones fiscales las organizaciones que emitían solo recibos a partir de 2014 tuvieron que emitir facturas.

Las organizaciones analizadas emplearon de dos a tres personas en el área administrativa (familiares), las cuales han desarrollado empíricamente habilidades para dar recomendaciones a los agricultores (socios) en la aplicación de plaguicidas, cantidades de fertilizantes o tipo de semilla a utilizar. Esta práctica fue común en todas las organizaciones, a pesar de los cursos que promovieron las distintas casas comerciales de insumos. El personal de la organización (100%) manifestó no tener la suficiente educación para adoptar y recomendar nuevos productos o nuevas prácticas agrícolas. Esto resultó un problema para el desarrollo de las organizaciones analizadas, ya que las condiciones de los agricultores mejoran muy lentamente porque no se tiene el personal calificado en la administración que pueda guiar a los socios en la adopción de nuevas prácticas comerciales como la utilización de la agricultura por contrato o la contratación de seguros agrícolas.

Se encontró, en orden de importancia, que los problemas que enfrentaron las organizaciones fueron: el bajo precio por tonelada de la cebada y el trigo, aumento de los precios de los insumos de producción (fertilizantes, semilla, agroquímicos y transporte) y la morosidad de sus socios, además de esto otro de los problemas que manifestaron fue contar con poca infraestructura y el establecimiento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) les ocasionó un incremento en los costos de producción en detrimento de su rentabilidad. ^{De Ita (2000)} menciona que los productores agrícolas en México tienen dos grandes dificultades: los bajos precios que perciben, que se fijan en el mercado internacional y la inseguridad de contar con mercados para colocar su producto.

Las sociedades de producción rural (SPR’s) entrevistadas mencionaron que los principales desafíos que enfrentaron para establecer la organización fueron: configurar y establecer la administración de la organización. Esto solo lo manifestaron las organizaciones compuestas por productores (37%), ya que tuvieron que llegar a un consenso para el desarrollo y el crecimiento de la organización, concluyendo en contratar personal administrativo bajo la supervisión del comité de la organización (presidente, secretario y tesorero). Este consejo está formado por los agricultores integrantes de la organización el cual cambia después de determinado tiempo en una asamblea y no así, el personal contratado en la administración. En el caso de las organizaciones compuestas por familiares no indicaron tener este problema, ya que eligen a quien tenga el mayor nivel de estudios para dirigir la organización y los demás integrantes apoyan en las actividades administrativas como: administrar el expediente de los socios; el registro de la compra y la venta de los insumos de la organización; y de cada socio, la planeación de las compras de insumos.

El segundo desafío al que se enfrentaron fue el establecer legalmente la organización y obtener el capital de trabajo, así como el establecimiento del sistema contable y fiscal. Asimismo, el acceso a financiamientos (avío y refaccionario) ya que no se contaba con historial crediticio. A diferencia de esto, la encuesta ^{ENAFIN (2013)} mencionó que dos de cada 10 empresas consideran que el principal obstáculo para iniciar un negocio fue establecer legalmente la empresa.

Los programas de apoyo que más reconocieron las organizaciones de primer nivel fueron los otorgados por las siguientes instituciones: SAGARPA, FIRA, el Fondo Nacional de Apoyo para Empresas en Solidaridad (FONAES), FINRURAL y los Apoyos y Servicio a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA). El 100%, alguna vez, recibió apoyos (subsidios) de SAGARPA principalmente en la compra de implementos agrícolas. EL 83% logró financiamientos a través de FINRURAL, 67% recibió apoyos de FIRA a través de asistencia técnica (becarios FIRA), 50% tuvo acceso a la agricultura por contrato a través de ASERCA y 33% recibió financiamientos a través de FONAES. La mayoría manifestó no conocer los programas que ofrecen las instituciones siguientes: Secretaría de Economía (SE), Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Nacional Financiera (NAFIN) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).

En promedio las SPR’s utilizaron 85% de su capacidad instalada; esto se explicó, debido a que en los últimos ciclos agrícolas los socios decidieron sembrar una superficie menor ya sea porque la expectativa del precio de la cebada o del trigo era a la baja o por el encarecimiento de los insumos de producción. Además, sembraron superficies menores por la disminución de la cantidad de agua disponible en las presas para completar los riegos que necesitan la cebada y el trigo. En general, las organizaciones analizadas en cada ciclo agrícola sembraron una mayor cantidad de cebada (70%) con respecto al trigo, esto debido a que la de la empresa Impulsora Agrícola, S. A. de C. V. garantizó la compra del grano. El 30% sembrado de trigo lo dejaron para la venta entre los acopiadores de la región (Graneros Cedillo, Agroservicios el Jarron azul, S. P. R. de R. L- y Servicios Agrícolas Módulo IV Distrito de Riego 011) los cuales acopiaron el trigo y lo revendieron la agroindustria como grupo La Moderna, Gamesa y Cargill. ^{Steffen y Echánove (2005)} indican que la sustitución del trigo por la cebada en Guanajuato es, entre otras cosas, porque el cultivo tiene menor costo de producción y además porque antes de la siembra los productores firman un contrato con Impulsora Agrícola, S. A. de C. V. en el que se estipula el precio que se les pagará y se les asegura el mercado.

De la totalidad de las ventas realizadas durante el ciclo otoño-invierno 2013- 2014; 67% de las organizaciones analizadas obtuvieron ingresos brutos mayores a 4 millones de pesos y 33% mayor a 2 y menor o igual a 2.5 millones de pesos. El total de las ventas se compuso por el número total de toneladas que todos los socios vendieron de cebada y trigo. En promedio las organizaciones tuvieron 233 hectáreas de las cuales obtuvieron un rendimiento promedio de 6 t ha^-1 de cebada y trigo, por tanto vendieron en promedio 1 400 toneladas. Si durante el ciclo otoño-invierno 2013- 2014 el precio por tonelada de cebada se fijó en $3 200 pesos esto implicó que en promedio las organizaciones analizadas registraron ventas por 4.4 millones de pesos. El 83% de las SPR’s reportaron utilidades hasta 5% y 17% manifestó que no tuvo ni perdidas ni ganancias.

En un mes las organizaciones manifestaron que en promedio tuvieron los siguientes gastos: 52% lo destinaron para el pago de los insumos como: fertilizantes, semillas, combustible, renta de maquinaria y agroquímicos; 27% lo destinaron para el pago de salarios a la gente que participa en el proceso de producción, el 8% para gastos de operación; el 7% para el transporte de los insumos y traslados; y 6% para el pago de la luz, el agua, el teléfono e internet.

En promedio la maquinaria y equipo de las organizaciones tuvo 5.3 años de antigüedad. El 83% consideró que la organización no cuenta con la maquinaria y el equipo que necesita, el restante 17% consideró que tiene el equipo necesario de acuerdo a las necesidades de la producción que maneja. En promedio consideraron que la maquinaria y el equipo que necesitan con un costo aproximado de un millón de pesos. El 83% no compró maquinaria o equipo para la organización durante 2014, 17% si adquirió maquinaria y equipo con un valor menor o igual a un millón de pesos. De estas compras 70% fue adquirido con financiamiento. El 83% manifestó que no existían planes para comprar maquinaria o equipo en los próximos 2 años, debido a que no podrían pagar un crédito y 17% consideró que podría comprar solo equipo como refacciones o equipo de reposición. En cuanto al financiamiento interno, 50% se financió reinvirtiendo entre 51 y 75% las utilidades y el restante 50% reinvirtió entre 76 y 100% de sus utilidades. Además, 100% mencionó que el financiamiento total de la organización provino de ingresos por ventas de la producción de la cebada y el trigo.

El 33% de las organizaciones manifestó haber recibido préstamos o aportaciones de amigos o familiares residentes en el país y 67% restante no los recibió. Los préstamos o aportaciones van de 10 a los 120 mil pesos dando de uno a tres meses de plazo para devolver el dinero sin cobro de tasa de interés. Estas aportaciones o préstamos se utilizan en su totalidad para la compra de insumos de la producción. En cuanto al financiamiento externo, la práctica de pedir préstamos a familiares se reduce porque la mayor parte de estos se encuentran en la región y se dedican de igual forma a sembrar trigo o cebada y están en las mismas condiciones de escasez de recursos. Quienes mencionaron que han recibido apoyo (no lo llaman crédito) son de familiares que se encuentran en otros estados realizando una actividad diferente y que cuentan con recursos monetarios para prestarlos solo durante un lapso de tiempo (un mes) mientras la organización obtiene liquidez. Estos apoyos, son para solventar pagos a trabajadores, transporte del grano o para la compra de insumos (semilla, fertilizante y agroquímicos) ante la oportunidad de obtener un buen descuento por pago de contado.

Solo el 17% recibió remesas provenientes de familiares o amigos que se encuentran en EE. UU. y el restante 83% manifestó que no recibido este tipo de apoyos. El 100% de estas remesas las realizaron a través de los intermediarios financieros bancarios y se destinaron a la compra de insumos o al pago de deudas con instituciones financieras. A diferencia de los préstamos o aportaciones de familiares o amigos residentes en el país, las remesas son regalos que otorgan los familiares de los socios.

En su mayoría este tipo de préstamos o apoyos lo realizaron los hijos que se encuentran en el extranjero (EE. UU.) y lo otorgaron como ayuda a la actividad que realizan los padres. De igual forma lo destinaron para pagos que van surgiendo durante el ciclo de producción (compra de insumos o gastos de operación). La ^{UNCTAD (2013)} menciona que Por otro lado, la población rural, que está compuesta por los hogares con diferentes grados de acceso a ocupaciones no agrícolas, está luchando para diversificar sus fuentes de ingresos y gestionar los riesgos (financieros y climáticos) y la incertidumbre. Un conjunto diferente de demandas de servicios financieros surgen de esos hogares. Estos agricultores generalmente pequeños son a menudo atrapados en un círculo vicioso de la formación de capital rural. Estos agricultores demandan una variedad de servicios relativamente simples, tales como seguro y facilidades de ahorro- depósitos, mecanismos baratos para la transferencia de fondos y el acceso progresivo a los préstamos con la mejora de los términos y condiciones. En México existen diversos sistemas bancarios que tratan de cubrir las demandas de crédito rural, la agricultura y la ganadería.

El 100% de las organizaciones mencionó que sus proveedores les brindaron el servicio de crédito en mercancía o en dinero en efectivo. Ellos deciden, de acuerdo al comportamiento del ciclo de producción, el tipo de crédito que solicitan. El 83% recibió solo créditos en mercancía y 17% recibió los dos, créditos en efectivo y en mercancía.

De la totalidad de las compras realizadas en la producción de cebada y trigo durante los ciclos de otoño-invierno 2013- 2014 en promedio 70% lo realizó con crédito de los proveedores. El 91.6% de las compras que hacen las organizaciones a proveedores las pagan tiempo después de que se les entrega la mercancía. El 100% manifestó que el proveedor otorga descuentos extras por el pago puntual o, en su caso, les cobra más por pagar de forma tardía. El proveedor otorga 30 días en promedio para considerar un pago puntual. Para aquella mercancía que se paga a destiempo el proveedor le aumenta 1% cada mes al precio del insumo. Para el caso de los créditos en efectivo, 17% de las organizaciones que pidió este financiamiento el proveedor les cobró una tasa de interés promedio de 3 a 5% mensual. Solo 33% de las organizaciones manifestó que alguna vez se les negó el crédito (en mercancía), ya que el proveedor consideró que se debía mucho o el préstamos era muy grande. La encuesta ^{ENAFIN (2013)} mencionó que 55 de cada 100 empresas el crédito con proveedores es el más empleado.

Las características de la comercialización con los proveedores fue la siguiente:

Para el caso de los fertilizantes, las organizaciones de productores estimaron el volumen a utilizar entre sus agricultores, posteriormente acudieron al distribuidor autorizado y negociaron el mejor precio de acuerdo a la cantidad requerida, ya que realizando esta práctica les otorgan un mejor precio por tonelada.

En cuanto a la compra de semilla de trigo la principal compañía de la zona (NU3, S. A. de C. V.) a través de su filial “La Fuerte” concentró cerca de 60% de la distribución de la semilla en el bajío y controló este mercado a través de sus distribuidores autorizados. La única forma de tener acceso a mejores precios fue realizando pagos de contado o comprando grandes volúmenes con dichos distribuidores. La práctica de crédito de igual forma se dejó al distribuidor el cual estableció las condiciones del financiamiento; el agricultor individual no tuvo gran margen de negociación a reserva, como se mencionó, de unirse con más agricultores y comprar un volumen mayor de semilla y así se les mejoren las condiciones comerciales.

Para el caso de la cebada 100% de la semilla la otorgó la empresa Impulsora Agrícola, S. A. de C. V. (IASA) a un precio establecido el cual varió si se pagó de contado o si se pagó tiempo después.

Para la compra de los agroquímicos, hubo una gran variedad de casas comerciales. Existen empresas que desarrollan sus propios ingredientes activos y empresas agroquímicas locales que producen los plaguicidas llamados “similares” y que se venden a un precio menor. El mecanismo de comercialización es similar al que se realiza con los demás insumos (semillas y fertilizantes) solo que, en este caso, cada casa comercial tiene un mayor número de técnicos promocionando sus productos los cuales brindan asesoría técnica a los distribuidores autorizados y a los clientes de estos con la finalidad de asegurar el consumo de sus productos. Históricamente las organizaciones de productores no podían negociar directamente con estas casas comerciales, todo se realizaba a través de los distribuidores autorizados, sin embargo en 2014 y debido a que es una zona de intensa competencia, entre las distintas empresas de agroquímicos, se desarrollaron nuevas formas de hacer llegar los plaguicidas a los agricultores, esto es, se firmaron convenios de colaboración con las organizaciones de productores y al finalizar el ciclo de producción se cuantificó el volumen consumido y, en base a esto, se les otorgó una bonificación.

Las empresas de agroquímicos vendieron sus productos de tres formas distintas y solo a los distribuidores autorizados. La primera práctica fue realizar la compra de contado, en esta modalidad se otorgaron los mayores descuentos, esto es, se estableció un precio al público y sobre este precio se realizaron descuentos que fueron de 25 a 30%. La segunda práctica (la cual se trata de usar lo menos posible) es dejar productos a consignación, esto consiste en dejar cierta cantidad de plaguicidas en el almacén del distribuidor y después de uno o dos meses la empresa de agroquímicos le realiza un inventario y solo le cobra el producto vendido y el restante lo recoge; la tercer práctica y más común es la venta a crédito donde la casa comercial le otorga al distribuidor autorizado un precio al público, le realiza un descuento directo (sobre el precio público) de 15% a 20% y en base al tiempo de pago le otorga descuentos extras, esto es, si lo paga en un mes se le otorga un descuento extra de 2%, si lo paga en dos meses el descuento disminuye a 1% y si el periodo de pago es de tres meses (periodo promedio máximo que se les otorga) el descuento es alrededor de 0.5%. Desafortunadamente estos descuentos no se transfieren a los agricultores en la misma proporción.

Durante 2014, las casas comerciales de agroquímicos desarrollaron un modelo de crédito el cual se paga al finalizar el ciclo de producción (cosecha), sus características básicas fueron: la compra de paquetes tecnológicos completos, los cuales se acompañaron de un seguro agrícola el cual fue pagado por la empresa de agroquímicos. El procedimiento fue: los agricultores firmaron un contrato de compra-venta con el receptor del grano (acopiador) y una cesión de derechos de su cosecha y el acopiador del grano Graneros Cedillo, S. A. de C. V.; Agroservicios el Jarrón azul, S. P. R. de R. L. y Servicios Agrícolas Módulo IV Distrito de Riego 011) fungió como retenedor y fuente de pago para cubrir la operación crediticia ante la empresa de agroquímicos.

Cabe señalar que un requisito indispensable para la firma de dichos contratos fue que el agricultor realizara agricultura por contrato ante ASERCA a través de la empresa acopiadora del grano. La intención de este modelo fue cubrir la falta de liquidez que tiene el agricultor al inicio y durante el ciclo de producción, ya que los agroquímicos se otorgan de acuerdo a las necesidades de aplicación. Además, las organizaciones de productores o los grandes productores de trigo y cebada se beneficiaron con el pago de los agroquímicos hasta que se concluyó el ciclo de producción.

Las organizaciones de productores ven otra fuente de financiamiento en este modelo porque el ciclo de producción-comercialización va de 7 a 8 meses; sin embargo, las empresas agroquímicas tratan de asegurar el crédito a través de la utilización de la agricultura por contrato y es aquí donde no se puede utilizar a los acopiadores pequeños (organizaciones de primer nivel), ya que no realizan agricultura por contrato ante ASERCA por no tener la infraestructura necesaria y deben recurrir a los acopiadores de gran tamaño que cumplen con los requisitos de esta entidad. El 100% de las SPR’s analizadas mencionaron que de acuerdo a las condiciones crediticias que establecieron los grandes distribuidores- acopiadores en la zona optaron por financiarse parcialmente durante el ciclo de producción aceptando el costo financiero.

En cuanto a la comercialización del trigo, 100% de las organizaciones la realizó hasta que se cosechó el grano (no realizaron agricultura por contrato), sin embargo esta práctica no fue la mejor, ya que al momento donde todos los productores cosecharon el trigo los precios por tonelada de trigo fueron menores a los que se establecieron bajo el esquema de agricultura por contrato. Esta es una de las razones por las que los productores deciden sembrar cebada, ya que saben desde el inicio del ciclo de producción el precio que recibirán por tonelada por parte de la empresa impulsora Agrícola, S. A. de C. V.

El 50% de las organizaciones analizadas utilizaron las tarjetas de crédito personales para cubrir las deudas con los proveedores, el otro 50% no tuvo la necesidad de recurrir al uso de estas tarjetas. De las organizaciones que utilizaron las tarjetas de crédito personales 67% utilizó entre 61 y 70% del total de la línea de crédito, el restante 33% solo utilizó entre 41 y 50% de su crédito disponible. El mismo 67% mencionó que no pudo pagar el saldo total de su deuda para no generar intereses y el restante 33% si lo pudo cubrir. Para el 67% de las organizaciones de productores que utilizaron las tarjetas de crédito, el banco les cobró entre 31 y 50% de tasa de interés anual. Por otro lado, a 33% restante se les cobró una tasa de interés de 11 a 30% anual.

El 83% de las organizaciones manifestó tener una sola línea de crédito revolvente (como organización) y 17% no utilizó estas líneas de crédito porque les rechazaron la solicitud (banca comercial). El destino de este crédito fue para la compra de insumos de la producción. El 60% de las organizaciones que tuvieron este tipo de crédito fue de 120 hasta 240 mil pesos y 40% restante tuvo una línea de crédito que fue de los 241 mil hasta los 500 mil pesos. El 40% de estas organizaciones obtuvieron su línea de crédito en 2008, el 20% en 2005, el otro 20% en 2006 y 20% restante durante 2013. Además 60% de las organizaciones mencionó que la línea de crédito fue por un monto menor al solicitado mientras que 40% se les otorgó lo que pidieron. Asimismo, 100% de las organizaciones que abrieron una cuenta de este tipo se les cobró una comisión por apertura de 0 y 5%.

El destino de esta línea de crédito (100%) fue para la compra de insumos y equipo que necesitaron durante el ciclo de producción de trigo y la cebada. La fuente de este financiamiento para 60% de las organizaciones fue otorgada por la banca de desarrollo y para 40% la banca comercial. Dentro de las principales causas por las cuales la organización eligió a la institución financiera se encuentran: ofreció tasas de interés fijas, la institución ya les ofrecía servicios adicionales, les solicitaron menos requisitos que las otras instituciones y porque las comisiones fueron bajas en comparación con otras instituciones financieras.

El 80% de las organizaciones tenían 3 años de antigüedad con la institución financiera que les otorgó el financiamiento y 20% restante solo tuvo un año. El 100 % aportó una garantía y este mismo porcentaje utilizó los activos de la organización para la obtención del financiamiento. Esta garantía representó para 100% de las organizaciones entre 41 y 50% del monto total autorizado de la línea de crédito y les cobraron desde 1 hasta 5% de tasa de interés mensual. El 80% mencionó que alguna vez se atrasó en el pago de su deuda y 20% cubrió la deuda para no generar costos financieros a la organización.

El 83% de las organizaciones entrevistadas mencionaron que no tenían créditos de largo plazo en ese momento, ya que las instituciones financieras exigían garantías que no tenían, además porque los socios no contaban con un historial crediticio. El 17% que obtuvo un crédito de este tipo lo utilizó para la adquisición de maquinaria y fue otorgado por la banca de desarrollo, ya que les ofreció las tasas de interés más bajas, un pago mensual fijo y los requisitos fueron menores que en otras instituciones financieras. En este caso, las garantías utilizadas fueron los activos pertenecientes a los socios de la organización y representaron de 50 a 60% del monto autorizado del crédito de largo plazo. A diferencia de esto, la encuesta ^{ENAFIN (2013)} mencionó que de las empresas que obtuvieron una línea de crédito en el periodo 2005- 2009, solo 2 de cada 10 empresas solicitaron un crédito simple de largo plazo y solo una obtuvo los recursos. Las empresas que no obtuvieron manifestaron como principal motivo de rechazo la ausencia de garantías suficientes. El 66% de las organizaciones analizadas compraron los insumos de la producción con dinero en efectivo (50 %), con cheques (15%), con tarjetas de crédito (15%) y con transferencias bancarias (20%).

Conclusiones

El total de las organizaciones de primer nivel durante el ciclo otoño-invierno 20013- 2014 comercializaron la cebada y el trigo con las principales empresas acopiadoras de la zona y estas, a su vez, vendieron el grano a la agroindustria. Esto debido a que las organizaciones no tienen acceso a financiamientos de largo plazo por falta de garantías (83%) dando como resultado que no tengan recursos suficientes para invertir en la infraestructura necesaria y así comercializar directamente con la agroindustria. Se debe reformular la política de las bancas de desarrollo para que se otorguen descuentos preferenciales a créditos de largo plazo. Además, se hace necesaria una política donde se fomente la agricultura por contrato de tal forma que la agroindustria directamente le otorgue el financiamiento al agricultor quedando en garantía el grano del agricultor. En este proceso ASERCA juega un papel importante para la adopción de estos mecanismos y por tanto se deben agilizar y facilitar los trámites para que no sean un obstáculo en la implementación de esta herramienta.

Se debe involucrar a las grandes empresas transnacionales de insumos como: fertilizantes y semillas para la generación de nuevas formas de financiar a los agricultores utilizando la agricultura por contrato y donde la empresa pague el seguro agrícola por el valor de su insumo como lo realizaron los proveedores de agroquímicos en la región.

La mayor parte de las organizaciones de productores se financiaron con los proveedores (70%) y cabe señalar que son las mimas empresas con las cuales realizaron la comercialización del grano. Esto, debido a que la única garantía requerida fue la firma de un pagaré y un contrato en el cual se comprometieron a vender el grano, sin embargo, estas aprovecharon esta coyuntura para condicionar el crédito, ya que por comprarles el grano se obligaron a comprar el resto de los insumos a precios más altos. Esto lleva a concluir que ante los patrones de operación actuales de las políticas del financiamiento rural no será posible revertir esta situación, es necesario impulsar la creación de intermediarios financieros, ya que se aumentarían la oferta financiera y aunado a esto, al operar a costos de operación más bajos que la banca comercial y la banca de desarrollo, se pueda otorgar créditos más baratos a los agricultores. Además, se debe fomentar el crédito con el seguro agrícola a través de proyectos conjuntos entre los intermediarios financieros y los fondos de autoaseguramiento.