Introducción

El establecimiento y la gestión de ANP en México, es una estrategia clave para la conservación de la biodiversidad biológica y cultural, así como de hábitats y especies en peligro de extinción; sin embargo su manejo eficaz enfrenta diversos obstáculos; uno de ellos es que los paradigmas, estrategias e instrumentos de la gobernanza de ANP han cambiado sobremanera durante los últimos treinta años (^{Grimble et al., 1995}). Recientemente se ha cuestionado tanto en el ambiente político como en el académico, la legitimidad y la viabilidad de la política conservacionista tradicional; basada durante muchas décadas en la implementación -en ocasiones forzada- de decisiones tomadas por autoridades centrales “desde arriba”, sin la inclusión de las poblaciones afectadas.

En el caso mexicano, hasta la década de 1990, la participación social en el proceso de designación o gestión de ANP no fue considerada necesaria (^{Paz Salinas, 2005}). Tampoco hubo programas de compensación para proporcionar alternativas económicas frente a las limitaciones con respecto al uso y acceso a los recursos naturales (^{Brenner, 2009}). En consecuencia, no sorprende que algunos autores (^{Chapela y Barkin, 1995}; ^{Barkin, 2000}; ^{Merino y Hernández, 2004}), observaran un rechazo generalizado contra el establecimiento de nuevas ANP en México, así como resistencia en contra de las medidas para poner en práctica la normatividad ambiental (^{Brenner, 2010}), destacando la escasa legitimidad y eficiencia de la política ambiental, además de criticar las consecuencias sociales de estas medidas (^{Paré y Fuentes, 2007}).

Para atender los problemas ambientales y de desorganización social, se ha comenzado a buscar nuevas formas y modalidades más participativas, legítimas y eficientes de gobernanza en ANP; ello, para asegurar la gobernabilidad de extensos territorios rurales, considerados ahora cruciales para la conservación. Como se verá más adelante, la gobernanza no es un paradigma políticamente neutro, sino, en primer lugar, un modelo de gestión pública en el cual se reconoce la necesaria participación y confluencia de distintos actores sociales partícipes de un proceso conflictivo de toma de decisiones. Sin embargo, al ser un modelo, es un tipo idealizado de gobernanza, que se forja en ideologías y contextos concretos de política pública (^{Esquivel et al., 2013}).

Teniendo en cuenta los considerables recursos invertidos en las ANP mexicanas para el fomento turístico, surge la necesidad de evaluar críticamente las repercusiones de inversión turística; no sólo en términos de su eficiencia para la conservación ambiental, sino también con respecto a sus implicaciones sociales y económicas a nivel comunitario. Lo anterior cobra importancia frente a las profundas consecuencias del impulso al turismo en ANP para la organización social interna de las comunidades rurales, así como para la distribución de los costos y beneficios en el ámbito local.

La gobernanza para el turismo en espacios rurales; puede ser abordada a través de las redes de política pública, ya que constan de una gran variedad de integrantes que tienen sus propias metas y estrategias. Una política es el resultado de la interacción entre una gran variedad de éstos; es decir, se define como un conjunto de decisiones o de acciones, intencionalmente coherentes, tomadas por diferentes participantes, públicos o a veces no públicos -cuyos recursos, nexos, instituciones e intereses varían- a fin de resolver de manera puntual un problema políticamente definido como colectivo. Este conjunto de acciones y decisiones da lugar a actos formales con un grado de obligatoriedad variable, tendientes a modificar las conductas de los grupos sociales que, se supone, originaron el problema colectivo a resolver (grupos-objetivo), en el interés de grupos sociales que padecen los efectos negativos del problema en cuestión (beneficiarios finales) (^{Subirats, 2008}).

De esta manera, una red constituye una gran cantidad de relaciones entre sus integrantes, ya que consta de un conjunto de vínculos directos e indirectos definidos por relaciones mutuas de dependencia (^{Scharpf, 1978}) o bien, se concibe como la totalidad de todas las unidades que están conectadas por un cierto tipo de relación, y fue construida identificando los vínculos entre todas las organizaciones en la población bajo estudio (^{Scharpf, 1978}).

Estos elementos son útiles para abordar la gobernanza en espacios rurales, así como el uso turístico de sus recursos naturales, debido que permite no sólo centrarse en los patrones de relación entre los participantes que la conforman, sino también en sus interdependencias y la forma en que influyen dentro de la red.

El análisis de las redes de políticas desde la gobernanza pone en manifiesto que cada sector de actividad pública está conformado por una red de actores públicos y privados interesados en esos ámbitos, cuyas relaciones se dan en un marco institucional e influyen tanto en el comportamiento de los actores como en los resultados de políticas. Los actores y actrices públicos(as) y privados(as) no son inherentemente libres; enfrentan una serie de posibilidades y restricciones provenientes del marco político-institucional más o menos permanente en el espacio y el tiempo. Sin embargo, la creación institucional es un proceso continuo, sustentado sobre la base de reglas construidas socialmente en determinados contextos históricos y políticos. No obstante, por muy sólida y permanente que aparezca una institución, los agentes pueden elegir determinadas opciones y romper determinadas reglas. Éstas, entonces, no son permanentes y pueden cambiar, en parte, en función de las decisiones estratégicas de los agentes dentro de la estructura, y estas decisiones estratégicas representan respuestas tanto a factores endógenos como exógenos (Colin,1998).

Materiales y métodos

En el marco de esta investigación, se partió de la identificación de los actores públicos, privados y sociales que intervienen en la gobernanza para el turismo en el corredor, asimismo se identificaron clarificar cuáles son las metas de sus agentes y cómo fueron usadas en su influencia política. En segundo lugar, se determinaron los procesos de intercambio de recursos y de información entre los participantes situados dentro de red. Los mecanismos que guían estos intercambios-reglas, las rutinas informales, los vínculos organizacionales, etcétera.

El método utilizado para abordar las relaciones entre los participantes en la gobernanza para el turismo en el corredor, es el nominalista, el cual establece las fronteras de la red dependiendo del marco teórico y por lo tanto permitió imponer los límites en su estructura (^{Klijn, 1998}), ya que permite establecer un marco conceptual para cumplir a los objetivos analíticos. En esta aproximación nominalista las fronteras de la red dependen del marco teórico y por tanto, el investigador puede imponer los límites de la de la red (^{Porras, 2001}).

Existen diferentes niveles de análisis de investigación por medio del enfoque de redes de política pública; no obstante, esta investigación estará basada en el análisis posicional, cuyo objetivo es establecer las propiedades relacionales de los diferentes actores respecto al conjunto de la red (^{Klijn, 1998}). Es por ello que el punto de partida del presente análisis fue identificar los actores públicos, sociales y privados que participan en las comunidades rurales del corredor. Entre los primeros destacan dependencias federales y estatales; entre los sociales, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) y los propios ejidatarios poseedores de la tierra; de los privados, los prestadores de servicios turísticos.

Como parte de este análisis, fue importante establecer el papel que desempeña cada uno de los integrantes de la red, con el fin de conocer su grado de participación e injerencia sobre otros actores. Los principios que establece ^{Porras (2001)}, para guiar las investigaciones de redes de política pública por medio del análisis posicional son: de prominencia, de equivalencia estructural y de Centralidad. Este último es el que aporta mayores elementos para apoyar el cumplimiento del objetivo de esta investigación, ya que hace referencia al punto de la red en el cual se concentra el mayor número de recursos, funciones y competencias.

Para fines de esta investigación se propuso un análisis que evidenciara las relaciones entre los actores en términos de recursos y poder o capacidad de influenciar sobre la naturaleza de la trama de relaciones, reglas y procedimientos establecidos; es decir se identificó “el tipo de recursos controlados que posee cada actor y actriz, y su habilidad para movilizarlos en función de sus propios intereses para determinar o cambiar las reglas de juego” (^{Hufty, 2008}). Lo que se propone con esta metodología es un análisis posicional del poder relativo de los actores, en función de las siguientes variables: diversidad de actores, recursos (económicos sociales, culturales, simbólicos); la voluntad y capacidad de movilizar sus recursos; movilización en el proceso de gobernanza analizado y la interacción estratégica con el resto de actores y actrices.

^{Hufty (2008)} propone una clasificación de los actores y actrices en tres categorías según las siguientes variables: “actores estratégicos”, “relevantes”, y “secundarios”, siendo que según él “el esfuerzo de análisis se concentrará lógicamente en los actores y actrices estratégicos(as). El desarrollo conceptual de ^{Prats (2001)} permite definirlos como “todo individuo, organización o grupo con recursos de poder suficientes para impedir o perturbar el funcionamiento de las reglas o procedimientos de toma de decisiones y de soluciones de conflictos colectivos”. En cambio, los actores y actrices relevantes son aquellos(as) que forman parte de la trama institucional, con recursos necesarios para considerarse como estratégicos, pero que no movilizan sus recursos o se ven dominados en el proceso. Los actores y actrices secundarios(as), no tienen el poder suficiente para determinar el cambio de las reglas de juego”.

La importancia de identificar a los actores y actrices, es determinar su nivel y fuerza de participación en el turismo en espacios rurales del corredor; de igual manera ayudará a concebir el grado de dependencia entre ellos como parte de una red donde intercambian recursos mediante acuerdos resultantes de negociaciones previas encaminadas a sustentar el adecuado flujo de recursos en el marco de un modelo de gobernanza.

El proceso de investigación se dividió en tres fases, la primera se enfocó en elegir el caso de estudio, además de la revisión bibliográfica (gobernanza, espacios rurales, turismo, política pública ambiental en México, redes de política pública, RBMM, Corredor de Mariposa Monarca Chincua-Campanario-Chivati-Huacal y de manera específica de los cinco santuarios que lo componen, entre otros). Esta etapa de la investigación incluyó la consulta documental sobre el proceso de gobernanza y del turismo como instrumento de gestión ambiental en el corredor, por lo cual consideró la consulta de fuentes de información, entre las que destacaron: documentos oficiales, gacetas de gobierno, programas de manejo, etc.; procedentes de instituciones formalizadas.

En la segunda fase se identificaron los actores y actrices, con una participación relevante en el turismo en espacios rurales del Corredor de Mariposa Monarca Chincua-Campanario-Chivati -Huacal. Esto, mediante un mapeo que permitió no sólo identificar los recursos de cada organización sino, también su grado de participación. Para ello se revisaron fuentes bibliográficas y electrónicas oficiales como las Memorias del Fondo Monarca, Planes de Manejo, Informes de Gobierno, Planes Municipales, Estatales y Federales de Desarrollo, entre otros. Esta información se contrastó, complementó y profundizó mediante entrevistas a profundidad con actores y actrices clave (autoridades municipales, prestadores de servicios turísticos y ejidatarios), cuyos testimonios permitieron ampliar y contrastar los resultados obtenidos del mapeo. Las técnicas de investigación se basaron en la aplicación de 17 guiones de entrevistas semi-estructuradas y 25 entrevistas a profundidad.

Resultados y discusión

Como parte de esta investigación fueron identificados actores públicos, privados y sociales que participan activamente en el desarrollo de la actividad turística y el cuidado de los recursos naturales en un escenario de gobernanza en el Corredor de Mariposa Monarca Chincua- Campanario-Chivati-Huacal.

Un elemento que se consideró focal en términos generales y particularmente para esta investigación, es el complejo entramado de organizaciones públicas que toman parte de las acciones de conservación del Corredor de Mariposa Monarca y particularmente en cada uno de los santuarios que lo componen: Chincua, Agangueo, La Mesa, Chivati y El Rosario. Los actores y actrices, que conforman el sector público federal se integran en secretarías que mediante la actividad turística promueven actitudes de concienciación y responsabilidad hacia el entorno natural, particularmente hacia la mariposa, de tal modo que se generen las condiciones para que esta área sirva como modelo sobre el manejo de su biodiversidad biológica y cultural. Aquellas secretarías que se consideran actores estratégicos en la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales son las de: Desarrollo Social (SEDESOL), de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y de la Reforma Agraria (SRA). Por tratarse de un ANP destaca en su manejo la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), junto con su órgano descentralizado, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), al igual que la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). Esta última apoya con programas de desarrollo forestal y de plantaciones comerciales orientadas a la conservación y restauración de ecosistemas forestales mediante financiamiento y consultaría a comunidades y a pequeños propietarios.

Además de la población, otros actores estratégicos sociales que participan en el proceso de gobernanza y turismo en estos espacios rurales son las ONG’s, internacionales como la Word Wide Fundación (WWF) y locales, como Bosque Modelo, Alianza de Ejidos y Comunidades de la Reserva de la Mariposa Monarca, ALTERNARE y Fundación Azteca mediante su programa Movimiento Azteca para la Mariposa Monarca; dicha fundación, junto con el Consejo de Promoción Turística de México, declaró en 2007 a la RBMM como maravilla de México, con el nombre del país de la monarcas.

Asimismo, esta serie de integrantes sociales desarrolla una amplia gama de actividades en el corredor, enfocadas a promover la conservación de los recursos naturales y a establecer fuentes alternativas de ingresos que fomenten la gobernanza mediante el turismo, aunque con frecuencia recurren a recursos públicos para financiar sus actividades. La más influyente de estas Organizaciones es la WWF (o bien, Fondo Mundial de la Vida Silvestre) mediante el Programa México, Zitácuaro, Michoacán, que se dedica prioritariamente a la gestión del fondo para la Conservación de la Mariposa Monarca, apoyada por donaciones de la Fundación Packard, y de recursos públicos de la SEMARNAT y del gobierno de Michoacán.

Otros actores secundarios, que si bien no participan en el proceso de gobernanza para el turismo en el corredor, sí intervienen en la zona, son los privados; las agencias de viajes son las principales promotoras del turismo en los santuarios, a donde trasladan a los visitantes año con año durante la época de hibernación, sin considerar su capacidad de carga ni las medidas de preservación ambiental, anteponiendo su interés económico, beneficio del cual quedan excluidas las poblaciones pertenecientes o cercanas a los santuarios.

Para facilitar la implementación de la política ambiental, el territorio de la RBMM fue segmentado en tres zonas núcleo: 1) Cerro Altamirano; 2) Corredor Chincua-Campanario-Chivati-Huacal; y 3) Cerro Pelón (DOF, 2000 a); éstos incluyen sólo a santuarios que aseguren la protección a largo plazo del paisaje, de los ecosistemas y de la mariposa monarca. Las únicas actividades permitidas en tales zonas son investigación y su seguimiento; usos extractivos locales y recreación. De entre estas zonas destaca por su importancia ecológica, en el estado de Michoacán el corredor Chincua-Campanario-Chivati-Huacal, que alberga a los santuarios: Chincua, Agangueo, La Mesa, Chivati y El Rosario.

Aunque, pese a los esfuerzos por implementar acciones que favorecieran las condiciones óptimas de conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, la mayor parte de los santuarios que integran la zona núcleo y el corredor Chincua-Campanario-Chivati-Huacal, enfrentan una problemática en común relacionada con las escasas oportunidades de empleo en la zona, falta de integración a los mercados regionales e insuficiente inversión social en servicios de salud, educación e infraestructura. A la vez, la ausencia de tecnologías apropiadas en los procesos productivos y de conservación, define condiciones de precariedad y carencia de expectativas para la población, en particular para los sectores campesinos e indígenas (Granet y Fonfrede, 2011).

Asimismo, los municipios que integran ese corredor tienen localidades con menos 100 habitantes; dicha dispersión es especialmente problemática en términos de dotación de servicios básicos y acceso a los mercados. Además, predomina la propiedad social de la tierra distribuida entre más de dos núcleos agrarios; de éstos, 19 son ejidos y siete son comunidades, además, dos terrenos nacionales: el predio federal denominado Chundua con una extensión de 617 hectáreas y, el predio estatal Monte Alto de 93 hectáreas.

Además, existen predios que son explotados por personas ajenas a las comunidades, mientras que los dueños padecen el deterioro de los recursos naturales. Esta problemática se presenta principalmente en aquellos terrenos que están muy alejados del núcleo de población. Por otra parte, en aquellas comunidades dispersas, los aprovechamientos de los recursos que tradicionalmente se han realizado de manera colectiva, como pastos y bosques, representan actualmente un problema provocado por el debilitamiento de los mecanismos comunitarios de control sobre el acceso a los recursos (Granet y Fonfrede, 2011).

La mayoría de los núcleos agrarios en el corredor se constituyeron en las décadas de los años 30 y 40, del siglo XX, lo cual generó que en años recientes la región viva procesos de envejecimiento ejidal debido a que la adquisición de derechos de este tipo sólo puede darse por herencia o cesión por parte del ejidatario, convirtiendo a los ejidatarios en actores y actrices relevantes y en algunos casos secundarios, relevándolos de la toma de decisiones. Dado que los derechos no son divisibles, la mayoría de jóvenes y un número importante de adultos carecen de ellos y enfrentan limitantes para adquirirlos. Excepto Francisco Serrato y Contepec, las familias sin estos beneficios representan aproximadamente 70% de la comunidad. No obstante, muchas de estas familias acceden a pequeñas porciones de tierra por medio de mecanismos de solidaridad local, como préstamos familiares o mediante relaciones microeconómicas, entre ellas la renta de parcelas. Destaca el hecho de que las tierras adquiridas por estas vías, generalmente poseen menos de una hectárea de superficie (Granet y Fonfrede, 2011).

Lo anterior implica que la mayoría de las familias no tenga acceso a la tierra ni a los recursos naturales que les permitan subsistir en el ejido; así, el envejecimiento ejidal también origina que los jefes de familia jóvenes, estos últimos generalmente con mayor escolaridad y experiencia fuera de la comunidad, se encuentren al margen de la toma de decisiones ejidales y de la información sobre los beneficios económicos generados por las actividades turísticas o forestales, entre otras. Tampoco tienen voz ni voto en la asamblea ejidal, principal órgano de discusión y toma de decisiones para la comunidad.

Aunado a lo anterior, a partir de 1982, año en que fue decretado como zona núcleo el Corredor Chincua-Campanario-Chivati-Huacal, las poblaciones enfrentaron el cierre de las principales fuentes de empleo regional, entre ellas la Compañía Minera de Angangueo, los viveros frutícolas Cariflor y las instalaciones industriales de la Unión de Ejidos Melchor Ocampo, que en conjunto ofrecían 1 170 empleos. Asimismo, los principales problemas de la región se refieren al dilema entre la necesidad, por una parte de conservar los recursos naturales, en particular el bosque, y por otra, la urgencia de aumentar sus ingresos a corto plazo (Granet y Fonfrede, 2011).

En cuanto al turismo, éste es reconocido no sólo como una importante fuente económica para el corredor, también como un instrumento de gobernanza en espacios rurales; no obstante, en los cinco Santuarios que compone el corredor, dicha actividad se desarrolla de manera distinta, ya que sólo los de Sierra Chincua, El Rosario y La Mesa disponen de infraestructura formal; mientras que en los santuarios Chivati y Agangueo se practica de manera informal y desordenada. Es decir, carecen de infraestructura, cursos de capacitación y organización formal que permita a los actores públicos, privados y sociales establecer condiciones de conservación y de aprovechamiento del recurso natural-turístico. En términos generales, este rubro no ha generado en dicho corredor ni empleos ni recursos económicos para las localidades que albergan una amplia población campesina que no tiene mentalidad de aprovechamiento turístico (Rendón y Ramírez, 2007).

A ello se suma el hecho de que la hibernación de la mariposa Monarca se limita a cuatro meses, lo cual restringe la práctica turística. Paralelamente existen conflictos entre los actores y actrices públicos(as), privados y sociales que participan en la toma e implementación de acciones de este tipo dentro del corredor; ejemplo de ello es que sólo los ejidatarios propietarios de los santuarios Chincua, El Rosario y La Mesa crearon una Alianza de Ejidos y Comunidades, con la finalidad de regular las acciones de conservación y protección de los recursos, así como las relacionadas con el cobro y prestación de servicios como: guías a pie y caballo, elaboración y venta de artesanías y comida; creación de infraestructura turística, entre otros (Rendón y Ramírez, 2007).

Por tanto, dicha estructura de gobernanza dejó fuera a los santuarios de Chivati y Agangueo, cuyos habitantes no percibieron ninguna ventaja al invertir en el desarrollo turístico; aunado a que sus comunidades no contaban con medios para proponer alternativas propias relacionadas con el aprovechamiento de su patrimonio. No obstante, el diseño e implementación de acciones para su conservación y aprovechamiento por parte de la Alianza de los Santuarios Chincua, El Rosario y La Mesa, han sido obstaculizados en gran medida por la pluralidad de actores con objetivos e intereses, dependencia e interdependencia, intercambio de información y recursos, así como por los inadecuados e incluso inexistentes canales de comunicación entre ellos. Esto ha generado diversas disputas, tanto por el control de los recursos naturales y por la actividad turística.

La exclusión de los santuarios Chivati y Agangueo en dicha Alianza ha generado diversas carencias como la falta de servicios, de señalización, y de adecuados canales de comunicación con los grupos que conforman el corredor Chincua -Campanario-Chivati- Huacal. Estos santuarios tampoco han sido incorporados a los programas oficiales del gobierno relacionados con el turismo, ni con la conservación y aprovechamiento de sus recursos naturales, generando su deterioro. Ello ha impactado en el cierre de fuentes de empleos, escasa participación comunitaria e incremento del turismo en forma desordenada.

Esta serie de problemas se encuentran estrechamente vinculados con la gobernanza para el turismo en espacios rurales y de manera específica en cada uno de los santuario que integran el corredor, como resultado de que los diferentes órdenes de gobierno obtienen sus recursos de forma aislada al no existir un proyecto integral; en consecuencia, los resultados han sido de escaso impacto. De igual manera, las disputas por el poder en el marco de la referida Alianza de los Santuarios Chincua, El Rosario y La Mesa, sumadas a la exclusión de los santuarios, han generado una crisis en la dirección en algunos de ellos, pero también de manera general en el corredor y en la zona núcleo de la RBMM, entrevista con personal de la Delegación Regional de SEDESOL en el estado de Michoacán, 2004.

Por otra parte, la intervención de diversas organizaciones sociales para conservar y proteger los recursos naturales; así como para diseñar e implementar actividades productivas alternativas, en lugar de orientarlas, ha confundido a las poblaciones que integran los santuarios, pues la mayoría busca provecho hacia el interior de su organización y no trata de resolver la problemática del corredor. En tal contexto, la descoordinación de acciones intersectoriales y para dirimir conflictos, es resultado de dicha situación, sumado a la insuficiencia de recursos económicos, incapacidad técnica, desorganización y carencia de mecanismos de gestión ambiental.

Conclusiones

En esta exploración se observaron desafíos en lo teórico y empírico. Respecto al primero, los argumentos teóricos sobre gobernanza para el turismo en el Corredor de Mariposa Monarca Chincua-Camapanario-Chivati- Huacal, partiendo del análisis el complejo entramado de relaciones entre actores de los sectores público, social y privado. Pero, al mismo tiempo, tales relaciones que sustentan la gobernanza para el turismo, constituyen en lo general un reto metodológico por varias razones: el restringido material sobre casos empíricos referentes a esa perspectiva y sobre el contexto que rige las investigaciones de este tipo; riesgo de interpretaciones erróneas, y por consecuencia, distorsionadas respecto al hecho que se aborda, ante la dificultad de analizar relaciones entre actores y actrices, sin dejar a un lado el margen de subjetividad que ello implica.

En lo correspondiente a la arista empírica, se reconoce que han sido insuficientes las medidas de conservación y de aprovechamiento turístico en el corredor y en particular en cada uno de los santuarios que lo componen, puesto que la limitada comunicación interinstitucional entre los ámbitos federal, estatal y municipal ha dificultado el flujo de la información, impidiendo la participación de aquellas organizaciones que contaban con los recursos necesarios para segmentar los problemas del santuario y el fin de resolverlos en conjunto con la comunidad.

La conservación y protección del Corredor de Mariposa Monarca, se constituye como un bien público, y pese a los esfuerzos realizados para implementar proyectos como el turismo, aun es necesario incentivar un vínculo entre la sociedad civil y la iniciativa privada. Asimismo, se requieren mecanismos de coordinación interinstitucional con un marco regulatorio claro que reúna a las diferentes instancias de gobierno relacionadas con las actividades del corredor, a fin de planificarlas, asignarles recursos económicos, darles seguimiento y evaluar resultados.

Por otra parte, es necesaria una estrategia de comunicación, educación, conciencia pública e información crítica y dinámica orientada a todos los actores y actrices que participan en el corredor, a fin de propiciar análisis y discusiones permanentes. Esto dará lugar a una sociedad más participativa y permitirá un mejor aprovechamiento de los recursos, así como el manejo, operación y evaluación continua del funcionamiento del santuario en general.