Introducción

En los estudios de turismo, particularmente en zonas turísticas dentro de los países en desarrollo, existe el interés por contar con marcos analíticos que nos permitan conocer cuáles han sido los efectos del turismo en las localidades donde se produce esta actividad (^{Brown & Hall, 2000}). En los países de América Latina este tipo de estudios toma una mayor importancia, dado que los gobiernos han hecho del turismo una de sus principales estrategias de política pública para generar crecimiento en zonas donde nunca se han podido desarrollar otro tipo de actividades productivas (^{Caraballo, 2000}).

El analizar el caso de Cancún resulta fundamental en la investigación del turismo en México por varias razones: 1) Cancún es el primer gran destino planeado en México dentro de los llamados Centros Integralmente Planeados. 2) Cancún es percibido como un caso de éxito dentro de las políticas de turismo en México, y; 3) El resultado social del modelo turístico de Cancún es un referente significativo para la planeación futura de esta actividad en México. Adicionalmente a ello, es necesario mencionar que Cancún se ha vuelto objeto de múltiples trabajos e investigaciones. Por ejemplo: ^{Hiernaux (1999)}, ^{Torres y Momsen (2005)}; ^{Calderón Maya, Juan y Orozco Hernández, María (2009)} ; ^{Fernández de Lara Gaitán, Alfredo (2009)} ; ^{Oehmichen, Cristina (2010)} ; Pozo ^{Carmen, Armijo Canto Natalia y Calmé Sophie (2011)} ; ^{Velasco Ruiz Luis Alberto (2014)}; ^{Águila Carlos (2015)} ; ^{Guerrero Fragoso Diana (2015)} , por mencionar algunos.

Como sostienen ^{Hall y Kenkins (2004)} , las políticas públicas tienen un papel central en el desarrollo de la actividad turística en la escala global, nacional y local. En el ámbito local existe un interés creciente por conocer el grado de involucramiento de los distintos actores en la formulación, funcionamiento y resultados de una política turística (^{Harrison y Schipani, 2007}). La participación de distintos agentes en el desarrollo del turismo, sin embargo, no sólo tiene efectos relacionados a la misma actividad, sino al funcionamiento general de la localidad. En este sentido, el análisis de la comunidad y el turismo se convierte en un tema fundamental (^{Richards y Hall Derek, 2000}).

Primero presentaremos los conceptos analíticos que nos permitirán realizar una evaluación sociológica sobre los resultados del turismo. Esta evaluación parte del concepto de “comunidad” bajo un supuesto: el Estado tienen el interés de generar los elementos necesarios no sólo para el desarrollo económico, sino para el sostenimiento de las reglas, formas de relación y elementos culturales comunes que permitan la reproducción de la sociedad. Es decir, el bien de cada uno de los individuos y del grupo social (^{Foucault, 2004}). En otras palabras, que se reproduzca una comunidad. Posteriormente mostraremos datos generales sobre cuáles eran los principios de políticas pública que justificaban el desarrollo de un proyecto como el de Cancún. Después presentaremos de forma desagregada los resultados que se han obtenido en el caso de Cancún en los cuatro elementos que propondremos: 1) distinción entre los miembros de la comunidad y los externos. 2) negociación de límites. 3) generar las condiciones para la reproducción de la comunidad. 4) condiciones para la construcción de comunidad. Finalmente presentaremos conclusiones generales.

La comunidad y el turismo

Dentro de la sociología el concepto de comunidad fue desarrollado como parte del análisis de unos temas centrales para esta rama del conocimiento: el problema del orden social (^{Ross, 1896}). En este sentido, la sociología puede ser entendida como una ciencia que nació por el interés que surgió para tratar de entender grandes transformaciones sociales como la Revolución Francesa de 1789. Los estudios sobre orden social específicamente buscaban responder a una pregunta: ¿Cómo un conjunto de individuos logra vivir juntos?

La comunidad fue un concepto y tipo ideal de relación entre los grupos sociales que planteaba una respuesta a los dos problemas sociológicos centrales del orden social: la coordinación y la cooperación (^{Hechter y Horne, 2003}). La comunidad era un modelo de orden social funcional, es decir, sociedades donde los individuos contaban con reglas y normas (formales e informales) que les permitían una división ordenada de tareas, de roles y estatus sociales con un alto grado de aceptación por parte de todos los miembros, al mismo tiempo que las diversas tareas eran llevadas a cabo de manera conjunta al existir un consentimiento generalizado sobre la importancia del grupo. Ferdinand ^{Tönnies (1979)} presentó su concepto de comunidad basado en una idealización de las sociedades “primitivas”. En esta propuesta los individuos se percibían como parte de una totalidad; esto significaba que cada uno de los miembros entendía su vida está en relación con el todo social. Cada persona trabaja en mutua dependencia y las distintas organizaciones de la sociedad cumplían una función complementaria con el resto.

Desde esta propuesta de Tönnies el concepto de comunidad es definido a partir del grado de coordinación y cooperación que existe entre los miembros de un grupo social, así como por el sentido de pertenencia al grupo entre cada uno de los individuos. Adicionalmente, la comunidad sólo puede mantenerse si existe un conjunto de mecanismos de socialización encaminados, entre otros, a la integración de los miembros a los grupos y al establecimiento de un sentido de mutua responsabilidad. Para ^{Marx (1994)} , el agente social principal para la construcción del orden social era el Estado, quien generaba y mantenía un conjunto de mecanismos legales, económicos e ideológicos que le permitían al grupo dirigente mantener su posición de control, generar coordinación y cooperación dentro de una lógica general capitalista; el nacionalismo era un nuevo modo para generar legitimidad y dominio. Por su parte, ^{Durkheim (1995 [1912])} colocó a la religión como una institución/organización fundamental para la reconstrucción de los sentimientos de comunidad entre los grupos sociales.

Los trabajos posteriores mudaron el interés por analizar las instituciones que generan el orden social hacia el estudio de los mecanismos que lo producen. A este respecto es destacable el trabajo de ^{Anderson (1993)} , quien analizó las prácticas concretas (los mapas, las canciones, la historia, las banderas, etc.) que le permitieron a los Estados construir, entre un conjunto de personas y dentro de un territorio determinado, el sentimiento de pertenencia a una comunidad inexistente; imaginada. El estudio de los mecanismos de reproducción de las comunidades permite analizar las nuevas formas de pertenencia a grupos que ya no están anclados a un espacio geográfico sino en algunos casos, dispersos en distintas partes del mundo.

En el caso de las localidades donde el turismo se ha convertido en una de las actividades económicas, sociales y culturales principales resulta importante analizar cuáles son estos mecanismos que permiten el mantenimiento y reconstrucción de los procesos de socialización y convivencia (^{Richards y Hall, 2000}). Primero, porque las comunidades y sus características culturales y sociales son uno de los intereses de viaje de los turistas. Segundo, esta actividad puede generar un desarrollo entre los agentes involucrados directamente en el turismo y de no existir mecanismos compensatorios para el resto de los agentes sociales esto puede ser un importante foco de conflicto entre la comunidad (^{Bramwell y Sharman, 2000}). Tercero, el turismo requiere un constante flujo que pueden perturbar las normas y costumbres que sostienen una comunidad.

Adicionalmente, la inclusión de cualquier territorio social dentro del turismo significa un desafió para los distintos grupos que lo habitan y por lo tanto para la comunidad (^{Richards y Hall, 2000}). Cada uno tiene visiones e intereses diferenciados en el desarrollo o no del turismo dentro de un territorio determinado, lo que se reflejará en acuerdos, negociaciones o disputas (^{Clausen, 2014}). Algunos de los puntos determinantes en la influencia que tendrá el desarrollo de un proyecto turístico en una comunidad son: la cultura institucional, los recursos (económicos, políticos y culturales) de los distintos grupos, las organizaciones (sociales, políticas y económicas) presentes en un territorio (^{Bramwell y Sharman, 2000}), la planeación (estatal y privada o la carencia de ella) en el desarrollo de una zona turística (^{Kappert, 2000}; ^{Hall y Jenkins, 2004}) y la presencia de “espíritu” (o cultura) empresarial entre los agentes relacionados al turismo (^{Koh, 2000}). La capacidad de generar acuerdos para impulsar las principales necesidades de la localidad frente a las del turismo será un factor determinante para la generación de un modelo de desarrollo sustentable tanto en términos sociales como ecológicos (^{Richards y Hall, 2000}; ^{Bramwell y Sharman, 2000}), es decir, los mecanismos que permitan la continuidad de una comunidad serán fundamentales.

Las políticas públicas estatales como constructoras de comunidad

Una de las características de la industria turística es su dependencia hacia la intervención estatal para el fomento de esta actividad. Las zonas turísticas requieren de la inversión en infraestructura de comunicación y servicios básicos entre otros temas. Sin embargo, al mediano y largo plazo, la intervención estatal no puede enfocarse exclusivamente en el crecimiento de una actividad económica determinada, también busca generar el bienestar de la población; la viabilidad de la misma actividad productiva depende en parte de ello. El Estado requiere instalar y operar un marco normativo, legal, de servicios educativos, de salud y seguridad que doten de las condiciones mínimas para el desarrollo de las diversas actividades y relaciones entre los grupos de la sociedad. En otras palabras, la reproducción de la comunidad.

Al instalarse en un territorio, los turistas y la misma actividad turística productiva, representan una nueva demanda de servicios e infraestructura que compiten por el uso de los recursos limitados con los que cuenta un gobierno. Pero al mismo tiempo, el turismo puede constituir una fuente de recursos y soluciones para algunas de las problemáticas financieras y de relaciones entre grupos sociales de una sociedad.

Para este artículo nos enfocaremos en cuatro de las actividades estatales que permiten la construcción y reproducción de la comunidad (^{Anderson, 1993}; ^{Abel, 1995}): 1) distinción entre los miembros de la comunidad y los externos. Los estados definen legalmente quién es un ciudadano (es decir, miembro de esta comunidad) y quien no, así como los derechos y obligaciones de cada uno de los grupos que están dentro de su territorio. La definición estatal de los miembros de una comunidad-nacional tiene implicaciones en las prácticas culturales (idioma(s) oficiales, religiones permitidas, sustancias permitidas para su consumo), políticas (organizaciones políticas, participación en puestos de representación, derecho a voto) y económicas (derechos a la adquisición de propiedades, tipo de negocios donde es permitida la participación). En el caso de las políticas públicas de turismo, dichas definiciones serán las que se utilicen para decidir quién podrá comprar propiedades, desarrollar proyectos, recibir apoyos. La definición de los mismos agentes involucrados en el turismo por parte del Estado será fundamental en pequeñas comunidades como las estudiadas, donde nuevos grupos de residentes (extranjeros o de otras poblaciones nacionales) buscan participar en esta actividad; 2) negociación de límites. El tipo de actividades (turísticas y de otro tipo) permitidas por el Estado en una zona determinada generará acuerdos o conflictos entre los miembros de una comunidad. Respecto a esto, es necesario considerar que la permisibilidad o prohibición no es un absoluto, sino un continuo donde los límites son constantemente renegociados. Las zonas turísticas son un ejemplo claro de ello, en estos lugares comportamientos que podrían ser sancionados son tolerados. El Estado y los agentes sociales definirán qué tipo de actividades son permitidas y para quién; 3) generar las condiciones para la reproducción de la comunidad. Esto se refiere en un primer sentido, a la prestación de una serie de servicios “básicos” a la población para la vida cotidiana (agua, drenaje, luz, alumbrado público), la salud (servicios médicos, recolección de basura), la recreación (parques públicos, espectáculos). En un segundo significado el Estado requiere garantizar a todos los recursos necesarios para la continuidad de la vida dentro del grupo. En el caso de las zonas turísticas esto significa no sólo la construcción y sostenimiento de la infraestructura urbana, sino que existan mecanismos compensatorios para los grupos que son excluidos de los beneficios directos del turismo. De otra forma, se reproducirán y/o agrandarán las diferencias generándose conflictos sociales; 4) condiciones para la construcción de comunidad. El Estado permite y alienta la participación de la población en los asuntos públicos, así como el funcionamiento de organizaciones civiles. Esto resulta fundamental en el turismo, donde los agentes económicos involucrados en la actividad pueden ser totalmente ajenos a la comunidad en el sentido de sus lazos e intereses comunes. La participación de la población en delimitar la forma y las características del desarrollo turístico en una localidad determinada es uno de los medios que puede generar un desarrollo equilibrado y compartido.

El desarrollo de Cancún

La construcción de Cancún como destino turístico es resultado de un modelo de planeación para el progreso de zonas territoriales dentro de países en desarrollo que no había logrado su industrialización o el surgimiento de alguna otra actividad económica relevante. Este modelo de crecimiento a partir de la actividad turística fue propuesto desde agencias internacionales de desarrollo entre las décadas de 1950 y 1970, y retomado por gobiernos nacionales como el mexicano.

Antes de la edificación de Cancún, la Península de Yucatán y particularmente el estado de Quintana Roo, habían permanecido al margen de los grandes proyectos productivos de los gobiernos mexicanos postrevolucionarios. La población de esta región presentaba un retraso considerable en su crecimiento. En el censo de población de 1970 la población era de 88 150 personas en total. En todo el territorio, todavía no existía el municipio de Benito Juárez donde estaría ubicado Cancún, existían 15 316 viviendas, el 44% tenían energía eléctrica, el 21% tenía cuartos con baño con agua corriente, el 54% tenía un cuarto para cocinar que no fuera usado también como dormitorio, el 75% cocinaba con leña o carbón. La población económicamente activa en Quintana Roo eran 25 019 personas, el 53% trabajaba la agricultura, ganadería y pesca, el 6.2% trabajaba en el comercio y 12.5% en servicios (^{INEGI, 1970}). Estos datos nos dan una perspectiva de las condiciones de pobreza y marginación que existían en la zona donde se edificaría una de las más grandes ciudades de México y uno de los destinos turísticos más importantes del subcontinente Latinoamericano.

El desarrollo de zonas turísticas como Cancún era planteado como un medio para el logro de los objetivos sobre desarrollo económico y social de los países en vías de desarrollo: crecimiento en la producción de bienes o servicios económicos, un aumento en la población ocupada, construcción de infraestructura urbana y de servicios públicos y una mejora en la balanza de pagos internacional. La ventaja competitiva de Cancún eran sus recursos naturales, aunque por otro lado existían índices de retraso social; el turismo aparecía como una solución prometedora desde el punto de vista de la búsqueda de bienestar por medio de políticas públicas.

México propuso proyectos de desarrollo turístico ahora denominados CIPs (Centros Integralmente Planeados) durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) a finales de la década de 1960. El turismo comenzó a ser considerado como una de las posibles vías generales para generar crecimiento y un pasaporte para la paz en el contexto de la Guerra Fría que le siguió a la Segunda Guerra Mundial (^{Jiménez, 1993: 51-65; 84-85}).

El Banco de México sería la institución responsable de la realización de los planes y proyectos que finalizarían en la ejecución del proyecto Cancún (primero con INFRATUR y luego ya con FONATUR). En las memorias de dos relevantes ejecutivos de esa organización (Pedro Dondé¹ y ^{Eduardo Turrent, 2010}), se señalan los propósitos fundamentales de su ejecución en ese tiempo: “…a) fomentar la creación de nuevas fuentes de empleo en zonas con potencial turístico , en donde existía población de bajos ingresos y con pocas posibilidades alternativas de desarrollo; b) impulsar el desarrollo regional mediante el establecimiento de centros turísticos integrales, que vía la demanda de bienes y servicios estimularan otras actividades productivas; c) mejorar y diversificar los centros turísticos ofreciendo otros atractivos para mantener e incrementar las corrientes de visitantes hacia el país; d) incrementar a corto y mediano plazo los ingresos de divisas en cuenta corriente, por considerarse el turismo como una opción estratégica” (^{Dondé y Turrent, 2010: 26}).

En este artículo no es posible abordar en detalle las especificidades de la selección de Cancún, pero sin duda existían razones válidas desde la perspectiva social, económica, social y de condiciones naturales y paisajística que se complementaba como una rica historia y vestigios arqueológicos (^{Dondé y Turrent, 2010: 26}), que le constituían en un formidable competidor, en la región Caribe que en ese tiempo verificaba muy dinámicos flujos de turismo. El modelo de desarrollo de Cancún ha transitado por diversas etapas. ²En este apartado se presenta un muy sucinto ejercicio de síntesis de lo sucedido desde la perspectiva temporal y a partir del año 1975, primero año en que se registra en Cancún una operación anual completa:

El crecimiento de Cancún se refleja en las cifras de turismo: el número de establecimientos de hospedaje en 1994 fue de 122, pasando a ser de 157 en el 2000 y llegar a 181 en el 2010. Esto se refleja en el número de cuartos registrados de hospedaje, que fueron 19 483 en 1994 para llegar a 35 023 en el 2010. El número de turistas que se hospedaron en establecimientos fue de 1 995 344 en 1994, para llegar a 4 096 898 en el 2010 (^{INEGI, 2000}, ²⁰¹⁰).

Los ingresos brutos del municipio Benito Juárez han crecido en 1989 fueron 41 707 millones de pesos, en el 2010 llegaron a 3 444 356 y en el 2014 fueron de 2 763 826 millones de pesos. La inversión pública ejercida en desarrollo social durante los años 1994 al 1998 fue de 25 312 millones de pesos. Un año excepcional fue 2001 cuando llegó a 16 204 508 millones de pesos, pero al año hasta el 2010 descendió a los niveles anuales de 1994, es decir, 25 312 millones de pesos (^{INEGI, 2000}, ²⁰¹⁰).

Distinción entre los miembros de la comunidad y los externos

Los Estados modernos tienen a su disposición una serie de mecanismos para realizar una distinción entre quiénes serán considerados como parte de una comunidad y quiénes serán los otros (externos) al grupo. Estos mecanismos buscan distinguir quiénes son los posibles beneficiarios de la acción gubernamental y cuál es el tipo de medidas que serán desarrolladas a partir de la definición que se realiza de ellos. Las distinciones gubernamentales operan de una manera cotidiana, repetitiva y tienen consecuencias no sólo en los mismos comportamientos de los grupos sociales sino en términos espaciales.

En el caso de Cancún la distinción entre los miembros de la comunidad y los otros fue desarrollada por una entidad gubernamental a partir de un criterio funcional: maximizar la ganancia a partir del uso de las áreas con atractivo turístico. Este criterio implícito sirvió como guía en la distribución espacial de esta ciudad, que como podemos recordar, fue diseñada de la nada por parte de Secretaría de Turismo (SECTUR) a través del (Fonatur) del gobierno federal mexicano. Como muestra el trabajo de Luis Velasco (2014) desde el proyecto urbano original de este destino turístico, el gobierno mexicano hizo una separación espacial entre la zona de servicios y la zona hotelera. Esto implicaba una segregación entre el lugar ocupado por los hoteles (y los turistas) y la ciudad donde vivirían los prestadores de servicios. La zona turística contendría cuatro categorías de edificaciones: 1) Zona turística A. Hoteles de lujo, lejos de la zona habitacional. 2) Zona turística B. Casas de veraneo y un campo de golf en parte de la zona de la laguna. 3) Zona turística C. Lotes residenciales y hoteles de lujo. 4) Zona Residencial D. La parte más cercana a la zona habitacional, con residencias y hoteles de lujo. La zona habitacional se localizaba al norte de la zona turística, denominada “Ciudad Cancún” y posteriormente “pueblo de apoyo” (^{Guerrero, 2015}). El crecimiento de la ciudad no ha sido acompañado de un proceso de construcción de la infraestructura necesaria en el área donde vive la población que trabaja en la zona turística; los programas y planes de desarrollo urbano están focalizados en la zona turística (^{Fernández, 2009}). La ciudad de Cancún no fue diseñada para la integración de los grupos sociales, todo lo contrario, buscaba segregar y distinguir claramente el espacio que ocuparían ambos grupos (^{Velasco, 2014}; ^{Calderón y Orozco, 2009}).

Al tratarse de un lugar creado en la segunda parte del siglo pasado, la población del municipio de Benito Juárez es en su mayoría migrante. En el 2010, el porcentaje de población nacida en otra entidad o país es del 63.1%, lo que es incluso mayor que el porcentaje estatal de 54%. La distinción respecto a quiénes son los miembros de la comunidad, resulta particular en el caso de Cancún por tratarse de un lugar creado explícitamente para el desarrollo de una actividad económica, el turismo. Como se dijo antes, este tipo de proyectos fueron llamados Centros Integralmente Planeados. Esto tiene consecuencias en la conformación de la comunidad, es decir, los participantes en la actividad económica para la que fue creado específicamente este lugar (el turismo) tuvieron preferencia como miembros (^{Oehmichen, 2010}).

Los prestadores de servicios turísticos, sin importar su nacionalidad, serían aceptados para establecerse en el este lugar. Como resultado de esta definición de construcción de comunidad a partir de la actividad económica y no por la nacionalidad ha tenido como resultado que la presencia y la influencia extranjera en esta zona sean muy significativas. Según un reporte de Salinas (2014), el predominio de los foráneos, particularmente españoles, en la actividad hotelera en significativa: 6 de cada 10 habitaciones de hotel en el Caribe mexicano son de españoles. El primero fue Meliá Cancún en 1985.

Las cadenas hoteleras españolas más grandes en el Caribe mexicano son: Hoteles Riu (7 mil cuartos de hotel en la Cancún y Rivera Maya), Hoteles Barceló (3 mil cuartos en Quintana Roo), Hoteles Oasis (3 mil cuartos en Quintana Roo), Melía Hoteles International (3 mil cuartos Cancún, Puerto Morelos y Playa del Carmen), Iberostar Hotels and Resorts (3 mil cuartos Rivera Maya), Bahía Príncipe Hotels and Resorts (3 mil cuartos Rivera Maya), Palladium Hotel Group (2 mil cuartos Quintana Roo), Occidental Hotels and Resorts (2 mil cuartos Rivera Maya), Sandos Hotels and Resorts (2 mil cuartos Rivera Maya), Bluebay Hotels and Resorts (1 500 habitaciones), Princess Hotels and Resorts (1500 cuartos), Catalonia Hotels and Resorts (1 400 cuartos Rivera Maya), Hoteles H10 (mil habitaciones Puerto Morelos y Cancún), Sirenis Hotels and Resorts (960 habitaciones Rivera Maya), Valentín Hotels (540 habitaciones Rivera Maya). Las otras compañías hoteleras españolas con presencia en Quintana Roo son: Mayakobá, Fairmont -Mayakoba Hotels and Resorts, Excellence Resorts, Hotel Celuisma, Hotelera Pollensina, HM Hotel, Grupo Martinón y Hotel Rafael Nadal (^{Salinas, 2014}).

Negociación de los límites

En México las zonas turísticas, normalmente son percibidas como espacios donde existe una mayor permisividad sobre ciertos comportamientos sociales como el consumo de alcohol en vías públicas (cosa normalmente penada en las ciudades mexicanas) e incluso la prostitución. Pero otro aspecto donde se percibe una diferenciación en la generación de límites es en la regulación estatal en el funcionamiento de los distintos actores.

Una de las áreas de negociación de límites donde la población percibe una mayor permisividad de las autoridades es en lo ambiental. En esta zona existe una historia de conflictos relacionados a la aprobación de proyectos urbanos y de construcción que, desde el punto de vista de organizaciones civiles para la protección del medio ambiente y ciudadanos, violan las leyes en la materia. Para regular la construcción de la zona turística de Cancún se publicó el Plan de Desarrollo Urbano de Cancún. Sin embargo, cada nueva administración municipal ha generado cambios sobre el límite de la zona donde se permite la edificación de proyectos o se reducen las áreas naturales protegidas (^{Águila, 2015}). En general se calcula que el área que rodea la laguna de Nitchupé ha perdido el 50% de sus manglares derivado del mal manejo de la Zona Federal Marítimo Terrestre y el área de arrecifes de la costa cercana a Cancún ha perdido, en los últimos 20 años, el 50% de su superficie (^{Guerrero, 2015}).

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) contabiliza diez megaproyectos turísticos que violan disposiciones legales sobre el ambiente para la construcción de hoteles, condominios y carreteras (^{Martoccia, 2007}). Algunos ejemplos recientes sobre la redefinición gubernamental de los límites permitidos en lo que respecta a proyectos turísticos son: 1) el gobierno estatal autorizó el inicio del Proyecto Comercial Dragón Mart que contemplaba la construcción de una zona de centros comerciales y habitacionales. Esta obra generó un ciclo de protestas sociales que buscaban detener este proyecto. Un conjunto de personas y un legislador federal presentaron un amparo contra la SEMARNAT, al no actuar contra un proyecto que carecía de una Evaluación de Impacto Ambiental. En febrero de 2014 el Juzgado Séptimo de Distrito otorgó el amparo, ordenando a la PROFEPA que investigara si el proyecto contaba con los permisos necesarios. Al realizar la revisión, la dependencia federal determinó que el Proyecto Comercial Dragón Mart carecía de una autorización de impacto ambiental y del cambio de uso del suelo forestales federales por lo que las obras realizadas eran ilegales. En enero del 2015 el proyecto fue cancelado de forma definitiva. 2) La delegación de la SEMARNAT en Quintana Roo concedió una autorización condicionada para la construcción de una tienda Chedraui en la Zona hotelera de Cancún. Sin embargo, este permiso fue impugnado por haber sido concedido en base a un Programa de Ordenamiento Ecológico que contravenía disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental. El tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Sala especializada en materia ambiental, anuló la autorización de Impacto Ambiental y ordenó una nueva evaluación (^{CEMDA, 2014:17}). 3) En el 2000 el Fondo Nacional de Fomento al Turismo presentó un Plan Maestro para regular el crecimiento y protección de zonas naturales en el llamado Malecón Tajamar. En el 2005 la SEMARNAT otorgó la autorización en materia de impacto ambiental. Al año siguiente la misma dependencia otorgó los permisos para el cambio de uso del suelo. En el mismo 2006 iniciaron las primeras obras de urbanización en un área de 70 hectáreas para su uso comercial y habitacional. El FONATUR invirtió 520 millones de pesos y se obtuvieron 2 mil 40 millones pesos por la venta de los terrenos. En enero de 2016 iniciaron las obras para remover 59 hectáreas de zonas verdes y de manglares para iniciar las obras. Esto generó protestas y una serie de amparos para evitar que continuaran las obras. Sin embargo, la destrucción de las zonas verdes se convirtió en un tema con amplia cobertura en los medios de comunicación nacionales. Las organizaciones civiles han logrado amparos de jueces de distrito y del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito (^{Novedades de Quintana Roo, 2016}; ^{CEMDA, 2015}; ^{Noticaribe, 2016}). 4) La construcción de un proyecto hotelero en Punta Nizuc ha presentado diversas irregularidades y falta de transparencia. El lugar donde se pretende edificar fue propiedad de la empresa Nizuc. Dicha empresa no ha presentado un proyecto arquitectónico para el área de 2.9 hectáreas, a pesar de que esto es un requisito para FONATUR. En el 2014 la empresa Nizuc vendió el terreno a proyecto Rivera Cancún, esta última presentó una manifestación de impacto ambiental ante la SEMARNAT con el objetivo de poder construir un complejo hotelero. Sin embargo, el Plan de Desarrollo Urbano del 2005 estipulaba que en esa zona sólo se podían construir hoteles con un máximo de 75 habitaciones por hectárea, con el objetivo de no dañar el ambiente. El proyecto presentado contemplaba un complejo para 270 habitaciones por hectárea. Sin embargo, el Plan de Desarrollo Urbano 2014-2030 presentaba cambios considerables sobre el uso de distintos espacios permitiendo la redensificación de zonas anteriormente reservadas para la preservación del equilibrio. El nuevo plan de desarrollo y las autorizaciones para el proyecto Nizuc fueron cuestionados y la organización CEMDA gestionó amparos legales en su contra. El proyecto tendría efectos sobre una de las principales zonas de manglares del país (^{Castrillón, 2016}).

Otras áreas donde han existido cambios en la negociación de los límites, en el caso de Cancún son los conflictos laborales. En el municipio de Benito Juárez se ha presentado un crecimiento considerable en el número de conflictos de trabajo. En 1994 fueron 672 y para el 2011 esta cifra llegó a 3 539 y descendió a 2 965 en el 2014, es decir, hubo un crecimiento del 426.63 % entre 1994 y 2001. Esto podría representar, aunque no necesariamente esta es la única lectura posible, una mayor permisividad por parte del Estado a las condiciones laborales bajo las que son contratadas las personas. En contraste las huelgas registradas en el periodo 1994-1995 fue 0, el mayor número de ellas registrado fue de 3 en 1996 y de nueva cuenta en el periodo 2001 al 2014 fue de cero (^{INEGI, 2000}).

En cuanto a la criminalidad, los delitos por homicidios registrados fueron de 251 en 1995, subieron a 333 en el 2000, bajaron a 89 en 2005 y 2006, pero subieron a 496 en el 2009 y descendieron a 414 en el 2010. Los delitos por robo fueron en 1994 de 3 393, volviéndose a registrar esta cifra en 1999, para el año siguiente (2000) subieron a 5 188, bajaron a 4 290 en el 2004, año en el que sufrieron un crecimiento constante hasta llegar a 7 882 en 2009. En los delitos sexuales existe registro desde el 2006 cuando se presentaron 266, llegando a 586 en el 2009 y descendiendo a 520 en el 2010.

Generar las condiciones para la reproducción de la comunidad

En la primera década del siglo XXI el Estado de Quintana Roo presenta una de las mayores tasas de crecimiento poblacional; entre el 2005 al 2010 el crecimiento anual fue de 4.1% frente al 1% registrado a nivel nacional. Los municipios donde se concentra este incremento son aquellos donde se realiza la actividad turística: Isla Mujeres, Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad. En Cancún se concentra la mayoría de la población, el 50% del total (^{Pozo, Armijo & Calmé, 2011}). La población del municipio de Benito Juárez (Cancún desde ahora) ha mantenido un crecimiento constante. En el 2000 la población total era de 419 815, pasando a 661 176 en el 2010, es decir, un crecimiento del 57.4 % en tan sólo diez años. En 1980 habitaban en el municipio de Benito Juárez 37 190 personas, entre este año y 2010 el crecimiento de la población ha sido de 1 677.8% (^{INEGI, 1980}, ²⁰⁰⁰, ²⁰¹⁶).

El Estado de Quintana Roo pasó de ser una zona vacía, despoblada para convertirse en una región que presentaba un crecimiento demográfico constante y una alta concentración, principalmente en Cancún. Esto genera una presión continua sobre los servicios públicos que debían ser proporcionados a una población que creció en los últimos años a una tasa de 4.1% anual.

Uno de los servicios más elementales es la vivienda. En Cancún el crecimiento de este tipo de facilidades es más visible después de la década de 1980, en este año fueron registradas un total de 8 429 viviendas particulares, 39 viviendas colectivas (hoteles, pensiones, etc.). Por hacer una comparación, este mismo año se registraron 84 098 viviendas en la capital del estado vecino de Yucatán, Mérida. Para el 2000 el número de viviendas particulares habitada Cancún fue de 78 794 hasta llegar a los 188 522 en el 2010; en estos mismos años la ciudad de Mérida tuvo un total de 172 498 y 222 635 viviendas (Censos de población y vivienda, 1980, 1990, 2000, 2010). El desarrollo de una ciudad en la Península de Quintana Roo, que en tan sólo tres décadas competía en tamaño e importancia con la histórica ciudad de Mérida (fundada en 1542), representa un cambio en la dinámica demográfica, en el desplazamiento de la población y las relaciones económicas entre los estados de Yucatán y Quintana Roo.

El promedio de habitantes por vivienda pasó de 3.9 para descender a 3.5 en el 2010. Del total de las viviendas particulares el 62.3 % (5 258) son propias y el 28.4 % (2 401) son rentadas. En este mismo grupo, el 39.1% (1 798) tenía agua corriente y el 35.5% no tenían agua corriente, el 70.1% (5 909) utilizaban gas para cocinar, el 16.4% (1 389) utilizaban leña para cocinar.

La población que es derechohabiente de servicios de salud llegó a 425 874 en el 2010, de su cifra de 224 828 en el 2000. Las instalaciones médicas en 1994 fueron 15, llegando a 43 en el 2009 y no crecieron hasta el 2011.

El total de escuelas en educación básica y media superior en el municipio de Benito Juárez fue de 213 en 1994, para el 2011 este número llegó a 648. El grado promedio de escolaridad en el 2000 fue de 8.5, creciendo en el 2010 a 9.6. Este promedio sólo es ligeramente superior al promedio nacional que es de 9.1 para el 2015.

Condiciones para la construcción de comunidad

La participación de los ciudadanos en las decisiones relativos a una población ha sido considerada un tema central para el funcionamiento de una democracia desde el libro de ^{Platón (1988)} República. El involucramiento de la población en la toma de decisiones genera compromiso (legitimidad) al mismo tiempo que garantiza que el Estado atenderá las principales preocupaciones e intereses de sus miembros.

Sin embargo, la participación no puede ser considerada como un evento que sucederá de forma espontánea, los gobiernos deben generar una serie de condiciones que favorezcan esta participación. En el caso de Cancún la manera en que fue diseñado el desarrollo y la planeación de mediano y largo plazo no favorece la participación la corporativizan o restringen a sectores muy limitados de la población. La planeación de Cancún fue basada en un modelo centralizado de decisiones comandadas por una agencia federal (FONATUR) y las empresas que están directamente relacionadas al turismo, es decir, los empresarios turísticos (hoteleros, restauranteros, operadores de servicios turísticos, entre otros). Al enfocarse el modelo general de desarrollo de esta ciudad exclusivamente en el turismo, los agentes relacionados ocupan automáticamente un papel central frente al resto.

En cuanto a los ciudadanos, la ausencia de las condiciones mínimas de servicios públicos para la gran mayoría población que emigra a Cancún a trabajar, han condicionado la forma de participación, convirtiéndola en una práctica corporativa y no democrática. Esto ha sido analizado en el trabajo de ^{Vargas (2011)}:

[…] la participación en sociedades subdesarrolladas se basa generalmente en relaciones clientelares que impulsan esquemas de movilización y abstencionismo (constantes tanto en Playa del Carmen como en Cancún). Es decir, el gobierno genera la idea de que una mejoría de políticas públicas se logra a través de las corporaciones y la movilización, no por medio de las elecciones. El gobierno y sus operadores políticos ofrecen servicios públicos a cambio de lealtad electoral. Gran parte de este poder se genera a través de una capacidad territorial de los operadores. Tanto el PRI como el PRD han aprovechado esto para alcanzar mayorías electorales tanto en Cancún (que han gobernado alternativamente en los últimos lustros) como en Playa del Carmen [...] (^{Vargas, 2011: 130}).

Las carencias en los servicios públicos han sido utilizadas como una herramienta de control político por parte de los gobiernos locales hacia la población. Los individuos no son tratados en su calidad de ciudadanos, sino como grupos sociales que comparten necesidades; el estado se convierte en un mediador político para conseguir los servicios públicos que debería prestarles a los ciudadanos por obligación, no como un favor.

Una de las áreas donde es más notoria la falta de participación de las personas en la planeación de centros turísticos es en la posesión de la tierra. Como argumenta Gustavo ^{Marín (2015)} , a pesar de que Cancún fue construido bajo el mito de un terreno sin dueños, la realidad es que el gobierno utilizó las leyes para justificar el despojo de los terrenos a pescadores, campesinos o pequeños pobladores; ninguno de estos grupos fue considerado como posible socio o beneficiario de la construcción de gran centro turístico en sus tierras. El gobierno mexicano simplemente los despojó de ellas.

Conclusiones

Este artículo propuso una forma de evaluación social respecto al modelo de desarrollo turístico de Cancún, más allá de la diversa cantidad de trabajos que han buscado medir el impacto económico o en indicadores sobre bienestar, nosotros hemos querido analizar la viabilidad de esta sociedad, es decir, su capacidad de conservar el orden social mediante la construcción de la comunidad.

En términos generales el modelo de turismo de Cancún resulta inviable para la conservación del orden social, por lo que es posible pronosticar que de conservarse sin cambio los elementos que aquí analizamos se producirán una paulatina y creciente degradación de la comunidad en la forma de violencia y criminalidad.

En primer lugar, porque el modelo turístico favorece a ciertos grupos sociales, que en el caso de Cancún se concentra en clases ricas del país o grupos de extranjeros. La misma actividad turística de este destino turístico es controlada principalmente por capitales extranjeros, lo que significa que la mayoría de las ganancias no se quedan en el país, sino que emigran.

Esta diferencia entre grupos ha generado un modelo laboral desigual; la mayoría de los trabajadores en el sector turismo reciben bajos sueldos, sin contar con las condiciones de vivienda, transporte, estudio, salud y recreación mínimas. Por otro lado, existe una pequeña elite de empleados y dueños de negocios que viven con ostentación y disfrutando de grandes ganancias. El fuerte contraste entre las condiciones de vida de los empleados y el lujo de las zonas turísticas de Cancún constituye un caldo de cultivo para los sentimientos de injusticia y explotación que están presentes en las revueltas o actos de protesta masiva.

Cancún es una sociedad desigual no sólo en términos económicos y de servicios, sino en las reglas que rigen el comportamiento de los individuos. En este sentido existen por lo menos tres estándares de comportamientos. El primero es el de los trabajadores en el turismo. Estos tienen que cumplir con horarios, vestimenta y jornadas de trabajo. Durante este tiempo se les exigen estrictos códigos de comportamiento a fin de cumplir con las expectativas de los clientes. Un segundo es el de los turistas. Estos llegan a Cancún esperando cumplir una serie de deseos e intereses que necesariamente son los mismos que están permitidos para el resto de los pobladores, como tomar en las calles. Un turista llega a una zona turística con la mentalidad de que le está todo permitido. Por último, están los dueños de los negocios. Estos buscan recursos y estratagemas que les permitan evadir el cumplimiento de reglas que disminuyan sus ganancias o limiten su crecimiento. El interés del gobierno por favorecer la actividad de este grupo en ocasiones genera una relajación de las reglas ambientales, laborales o fiscales a favor de los empresarios. Esto los coloca en una posición de privilegio y fuera de la observación de las reglas que opera para el resto de la sociedad.

Aunque los gobiernos federal, estatal y municipal han buscado construir infraestructura social en el municipio de Cancún, ésta ha resultado insuficiente para dar atención a la creciente población de esta ciudad. Lo que ha condicionado a una creciente cantidad de personas a vivir en condiciones de marginación. Esto se agrava por ser visible la diferencia que existe en la manera en que es utilizado el gasto público en infraestructura urbana; las zonas turísticas son objeto de un cuidado y mantenimiento constante, mientras existen zonas sin calles, pavimento o alumbrado en la zona urbana.

Por último, la población de Cancún no ha sido integrada a la toma de decisiones. Las decisiones sobre política turística, y con ello la mayoría de inversiones en infraestructura, son tomadas dando preferencia a los proyectos turísticos. Esto restringe la participación en esta materia hacia aquellos grupos privados que tienen ahí sus intereses. Por otra parte, las condiciones de marginación de la mayoría de la población han limitado la relación entre el gobierno y los ciudadanos a modelos clientelares o populistas. Esto inhibe la participación real de la población en las decisiones de política convirtiéndolos en grupos controlables por medio de prebendas o servicios.