Cohesión social y la importancia de la igualdad simbólica

El éxito político del concepto de cohesión social le ha restado la precisión analítica, que dificulta su medición:³ existe consenso de que es un fenómeno positivo, deseable en una sociedad, al mismo tiempo que escaso en las sociedades modernas. Kearns y Forrest la definen como característica de una sociedad que forma un todo, cuyas partes contribuyen al proyecto colectivo del bienestar social, y son capaces de minimizar la presencia de conflictos y actitudes disruptivas.⁴ Sin embargo, el análisis del discurso de la cohesión social, así como de los estudios empíricos orientados a medirla, claramente indican que existen dos interpretaciones muy distintas de cohesión social: la republicana y la comunitarista.⁵ En la tradición comunitarista, la cohesión social es antónimo de una sociedad anómica, en el sentido durkheimiano, y reviste tintes nostálgicos de comunidades con fuertes lazos personales, sistemas de valores compartidos a través de procesos de educación y socialización en un mismo espacio físico. Una sociedad cohesionada se caracteriza por intensas redes de mutualismo y solidaridad, es cohabitada por amigos y vecinos, más que por individuos o ciudadanos. En esta interpretación, las políticas sociales no serían prioritarias, dado que las comunidades resolverían los problemas de sus miembros, y el papel del Estado se reduciría a empoderar a la comunidad y coordinar la convivencia entre distintas comunidades locales.⁶ El concepto republicano, en cambio, plantea el déficit de cohesión social como consecuencia del paradigma neoliberal y la glorificación de la competencia y competitividad, que destruye los lazos de solidaridad ciudadana. En este planteamiento, la cohesión social es característica de una sociedad unida por el ideal ciudadano de equidad, tanto material como simbólica.

Ambos planteamientos ven el déficit de cohesión social como un problema de las sociedades modernas y post-modernas, pero la interpretación comunitarista enfatiza la desaparición de las redes de protección social tradicionales -la familia, la comunidad, la iglesia-; mientras que la republicana se preocupa más por el debilitamiento de las redes de protección social del Estado. Para el tema de política pública y las políticas sociales, el concepto republicano es mucho más relevante, dado que considera la cohesión social como condición sine qua non del apoyo social al Estado, de la gobernabilidad y de la democracia.⁷ Al mismo tiempo, considera que las políticas públicas bien diseñadas pueden contrarrestar el fenómeno de la clientelización del Estado y el déficit de la cohesión social. Este planteamiento considera que la cohesión social no es únicamente atributo de las comunidades pequeñas, sino también meta posible de alcanzar en las sociedades complejas y plurales, es decir, nacionales.

El concepto republicano considera que existe una relación intrínseca entre la cohesión social y la igualdad, relación compleja y recíproca, dado que involucra tanto la igualdad material, como la simbólica. La desigualdad material no es solamente cuestión de injusticia social, sino el factor que promueve el aislamiento de los grupos privilegiados y su refugio en el espacio privado:

Las élites tienden cada vez más a autoexcluirse de la vida ciudadana y refugiarse en territorios amurallados. No interactúan con otros grupos en la ciudad salvo en calidad de empleadores o directivos de empresas. Generan y pagan sus propios sistemas educativos y dan clara prioridad a sus vínculos con pares de otros países frente al opción desvincularse con la propia sociedad.⁸

El aislamiento, la construcción de espacios físicos y simbólicos separados, promueve la desconfianza y la estigmatización del Otro, que se traduce en la desigualdad simbólica, cuya expresión son: el no reconocimiento y el irrespeto del Otro, o las representaciones sociales estereotipadas y discriminatorias de los pobres, por ejemplo.⁹

La relación simbiótica entre la desigualdad material y la simbólica es relevante para las políticas públicas porque determina su sostenibilidad: a menor igualdad simbólica, menor apoyo a políticas sociales, cuyo objetivo es fomentar la igualdad material. La desigualdad material, a su vez, promueve la guetificación y la criminalización de los pobres como mecanismo de defensa ante el que no es reconocido como igual. El impacto político es la formación de la underclass:¹⁰ un conjunto de individuos excluidos de la ciudadanía, irrelevantes para el mercado, pero también para el Estado, dada su incapacidad de movilizarse en la defensa de sus derechos. El fenómeno de la underclass sería la manifestación extrema de la disolución de la cohesión social, cuando la incapacidad de ejercer los derechos ciudadanos (incluyendo los sociales) afectaría también las decisiones públicas sobre la redistribución de los recursos:

A mayor presencia en el ámbito político, en la comunicación de masas, en el debate público y en el imaginario nacional, mayores son las conquistas en cuanto a los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. Y a más derechos, más beneficios desde las políticas sociales, menos discriminación en el empleo, mayores compensaciones establecidas por sus desventajas adscriptivas "acumuladas", mejor acceso a la justicia y más movilidad territorial y social. De manera que si las inequidades adscriptivas son tanto simbólicas como materiales, la forma de corregirlas corresponde tanto al campo de la ciudadanía como al de los procesos estructurales para garantizar mayor igualdad de oportunidades.¹¹

Como veremos en el análisis del debate sobre la focalización, esta relación circular entre la desigualdad material y simbólica es fundamental para entender el concepto de estigmatización y de merecimiento. La estigmatización de los pobres, como irresponsables o como delincuentes¹² es una de las fuentes más comunes de considerar que éstos no merecen la ayuda pública por ser responsables de su propio destino. Es así que la CEPAL por ejemplo, considera que las políticas sociales focalizadas no son suficientes para revertir la corrosión de la cohesión social.¹³

El planteamiento de la CEPAL es interesante, porque cuando define los principios rectores de una política social, incluye tanto el de universalidad, como el de la eficiencia. La universalidad de las políticas sociales "implica garantizar que todos los ciudadanos reciben en cantidad y calidad suficientes las protecciones consideradas fundamentales para participar plenamente en la sociedad, dentro de las posibilidades que permite el nivel del desarrollo de los países y en el marco de los pactos fiscales establecidos en cada uno de ellos", asegurando así el sentido de pertenencia y la cohesión social. El principio de eficiencia, en cambio, exige "orientar la organización y gestión global de los servicios y prestaciones sociales, para asegurar los principios de universalidad y solidaridad, los estándares de calidad, y asimismo la minimización de los costos y la maximización de los resultados",¹⁴ argumento principal a favor de la focalización. Esta tensión entre la deseabilidad de la universalidad y la necesidad de la focalización es una constante en la polémica entre partidarios y detractores de las políticas sociales focalizadas.

El debate sobre la focalización: ¿problema de eficiencia o de justicia?

Como hemos señalado, la revisión del debate sobre la focalización nos permite identificar dos categorías de los argumentos: los que analizan el aspecto de la eficiencia y los que se centran en las implicaciones para la justicia. La distinción entre los enfoques pragmático y axiológico es analítica, dado que en la realidad ambos discursos se entrecruzan en su preocupación por la sostenibilidad política de los programas sociales, y establecen un debate rico en torno a las ventajas y desventajas de la focalización.

Los pragmáticos defienden la focalización enfatizando la necesidad del uso eficiente de los recursos escasos: el Estado es responsable por satisfacer las necesidades únicamente de la población que no tiene capacidad de hacerlo a través de los mecanismos del Mercado. En este sentido, la focalización permite mayor eficiencia fiscal, y por ende, asegura también la sostenibilidad de las políticas sociales a mediano y largo plazo.

Otro argumento a favor de la focalización considera que ésta permite evitar el fenómeno de la captura de los beneficios sociales por la clase media. Dado que el tener acceso a beneficios sociales implica costos transaccionales (trámites o desplazamiento, por ejemplo), así como las barreras culturales (conocimiento de leyes, reglamento y procedimientos), los programas sociales universales favorecen en realidad a la clase media.¹⁵

Un argumento pragmático en contra de la focalización enfatiza los costos administrativos de los programas focalizados. Por un lado, es costoso determinar quién tiene la necesidad, y por el otro, los más marginados se autoexcluyen de los programas focalizados, dado que el demostrar la necesidad implica el tiempo o el desplazamiento, que afectan sus ingresos.¹⁶ En cuanto a la sostenibilidad, los adversarios de la focalización consideran que el apoyo de cualquier política pública depende no solamente de su eficiencia fiscal, sino -y ante todo- del apoyo político que ésta tenga. Siendo pobres la underclass, el apoyo a programas sociales puede disminuir incluso si son fiscalmente eficientes.

El argumento de carácter axiológico a favor de la focalización considera el principio de la justicia: ante los recursos escasos, es justo atender primero las necesidades de los más vulnerables. Una vez que se haya resuelto el problema de la desigualdad material, la simbólica desaparecerá sin necesidad de la intervención pública.

El análisis de las políticas redistributivas y las de reconocimiento que hace Nancy Fraser cuestiona esta interpretación, dado que los programas focalizados inherentemente implican la estigmatización. La focalización, aunque:

busca remediar la injusticia económica, deja intactas las estructuras profundas que generan las desventajas de clase. Por lo tanto, debe hacer reasignaciones superficiales una y otra vez. El resultado es que la clase menos favorecida queda marcada como inherentemente deficiente e insaciable, como si siempre necesitara más y más. Con el tiempo, puede parecer incluso que se privilegia a dicha clase, por cuanto es objeto de un trato especial y de una generosidad inmerecidos. Por consiguiente, una aproximación dirigida a resolver las injusticias de redistribución puede terminar generando injusticias de reconocimiento.¹⁷

Además, los programas focalizados para mantener su eficiencia fiscal establecen controles para evitar fraudes o asignaciones indebidas de los recursos, creando así la percepción de que el grupo beneficiado es inherentemente deshonesto.

La relación entre la focalización y la estigmatización ha sido objeto del análisis desde la publicación de la obra clásica de Gosta Esping-Andersen,¹⁸ quien estableció la tipología del Estado benefactor occidental aplicando el criterio de la des-mercantilización del trabajo. La provisión del bienestar fundamentada en el principio de focalización corresponde al modelo liberal, cuyo ejemplo es Estados Unidos. En este modelo, la provisión del bienestar es responsabilidad primordial del individuo, quien puede acceder a los bienes y servicios a través del Mercado o a través de las redes privadas de cooperación. La obligación del Estado se limita exclusivamente a corregir las fallas de estos dos mecanismos, de ahí que los beneficios son modestos y limitados en el tiempo, para evitar la cultura de la dependencia. El mismo concepto de la cultura de la dependencia establece ya la percepción de que los pobres no tienen aspiraciones y sin incentivos coercitivos estarían dispuestos a vivir siempre a costa de las contribuciones de la sociedad trabajadora y responsable.

En la contraposición está el modelo socialdemócrata, o el escandinavo, en el cual los bienes y servicios relacionados con la salud, la vivienda y la seguridad social se conciben como derechos ciudadanos y cuya provisión es universal. El nivel de provisión de estos servicios tiene como punto de referencia el nivel de vida de la clase media, y éstos son usados tanto por los pobres como por los ricos, creando así espacios compartidos, donde los individuos se conocen y conviven en su calidad de ciudadanos no solamente en escuelas y hospitales, sino también en espacios geográficos compartidos. De ahí, que la provisión universal de los servicios promueve la cohesión social no solamente porque elimina la focalización, sino también porque reconstruye los espacios públicos de la convivencia.

La tipología de Esping-Andersen,¹⁹ muy influyente en los debates latinoamericanos, centra su interés en el diseño institucional de las políticas sociales. El presupuesto es que el diseño institucional influye en las percepciones y valores de los individuos, que determinan sus conductas y preferencias políticas. Sin embargo, debemos reconocer que la influencia es bi-direccional, y los valores predominantes de una sociedad determinan también la posibilidad de un diseño institucional frente a otras alternativas. De ahí la importancia de considerar los condicionamientos individuales de las políticas sociales.

El estudio de las relaciones entre las preferencias individuales y las políticas focalizadas tiene una tradición larga en Estados Unidos, dada la polémica en torno a la acción afirmativa, llamada también la discriminación positiva. Distintos autores consideran diferentes variables,²⁰ pero todos de manera explícita o implícita estudian el concepto de merecimiento (deservingness), que se refiere a una percepción, un juicio de valor sobre las características que debe tener una persona o un grupo para merecer ayuda de otros. El merecimiento combina el factor cognitivo y el axiológico, y en el planteamiento de Larsen²¹ implica evaluación de cinco elementos. El primero es el grado del control sobre las causas de la necesidad: mientras el sujeto menos controla las causas de su vulnerabilidad, mayor percepción de que merece la ayuda pública. Un ejemplo muy común es apoyo solidario a comunidades afectadas por desastres naturales o alto nivel de consenso en el caso de apoyo a personas con discapacidad. El segundo elemento se refiere a la necesidad: a mayor grado de necesidad, mayor percepción del merecimiento; por ejemplo, nadie niega la legitimidad de atender población en pobreza extrema. En tercer lugar está la identidad, relacionada con la percepción de deberes especiales ante los miembros de un mismo grupo, por ejemplo nacional o racial. El componente de actitud evalúa el comportamiento del beneficiario: mientras más dócil y más agradecido es el individuo, mayor grado de merecimiento. Y finalmente está el principio de reciprocidad que relaciona la contribución pasada (de los veteranos, por ejemplo) o posible retribución futura (de los niños) a la sociedad como la condición del merecimiento.

Como hemos señalado, la percepción sobre el merecimiento puede ser influida por el diseño institucional de las políticas, pero existe también la evidencia del papel fundamental de los medios.²² Ambos enfoques coinciden que la percepción sobre el merecimiento es socialmente construida, y por ende, también modificable.²³ De ahí la necesidad de considerar no solamente el diseño institucional de un programa social, sino también la campaña de comunicación que lo acompaña.

Merecimiento y el discurso legitimador: caso de programas para madres solas

Si la percepción sobre el merecimiento es socialmente construida, el discurso político reproducido por los medios masivos de comunicación juega un papel importante en este proceso. Para ejemplificar cómo el enmarcamiento discursivo es capaz de construir apoyos amplios para programas focalizados, analizaremos aquí la cobertura en la prensa nacional²⁴ del Programa de Atención Integral para Madres Solas Jefas de Familia (PAIMS), que desde marzo de 2010 opera en el Distrito Federal, y que integra una variedad de leyes e iniciativas, como la Ley aprobada en octubre de 2008, y que establece el derecho a recibir un apoyo alimentario a las madres solas de escasos recursos residentes en el DF. Según la información en el portal ciudadano del Gobierno del DF,²⁵ este programa incluye:

La breve presentación del Programa inicia con datos estadísticos que afirman que en el Distrito Federal, "el 33 por ciento de los hogares es encabezado por una mujer, quien es responsable de la manutención y desarrollo de sus hijos, razón por la que el Gobierno capitalino" implementa este Programa de Atención Integral.

En esta breve presentación podemos observar varios elementos orientados a construir un amplio consenso sobre la legitimidad de este Programa. Recordemos que la percepción sobre el merecimiento se construye con cinco elementos: la existencia de la necesidad, el control sobre las causas de la necesidad, la identidad, la actitud y la reciprocidad. La existencia de la necesidad se enfatiza con uno de los criterios de focalización: ingreso diario igual o menor a dos salarios mínimos, y con la alusión al derecho a alimentación, que es -evidentemente- derecho básico relacionado con la sobrevivencia. Por otro lado, la inclusión de los datos estadísticos -una constante en todas las noticias relacionadas con el tema- ayuda a construir el sentido de identidad, de pertenencia a la comunidad amplia, dado que transmite la idea de que madres solas jefas de familia ya no constituyen una excepción, sino son mujeres con las cuales convivimos a diario, parte del paisaje social, de la normalidad, no la excepción a la norma. Finalmente, la definición de destinatarias como madres, enfatiza el elemento de reciprocidad: como responsables del mantenimiento y educación de los hijos, contribuyen significativamente al bienestar de la sociedad. Vale la pena notar que tanto la Ley, como la descripción oficial del programa hablan de madres solas, aunque en la prensa los políticos hablan con cierta frecuencia de madres solteras. Socialmente, la denominación de madre soltera conlleva el estigma de una falla moral, una conducta irresponsable, mientras que el adjetivo solas, tiene significado más neutral, tendiente incluso a sugerir el abandono, es decir que la situación vulnerable de la receptora de la ayuda no es efecto de su irresponsabilidad, sino de causas ajenas.

En el sentido parecido apunta la declaración del diputado local del PRD, Alejandro Sánchez Camacho,²⁶ quien planteó la necesidad de promulgar una ley de bienestar para madres jefas de familia, que les permita "afrontar situaciones de desempleo o abandono, para encarar solas, sin problemas, las dificultades de manutención de un hogar"; o de la diputada Esthela Damián Peralta,²⁷ quien defendió la necesidad de programas de apoyo a madres solteras "que a corta edad se ven obligadas a ocuparse en empleos con jornadas que se prolongan hasta 12 horas, con sueldos que no rebasan un salario mínimo al día", y citando los datos de INEGI, profundizó en las causas del problema:

la mujer se convierte en madre soltera entre los 14 y los 18 años, cuando aún no tiene la mayoría de edad ni la capacidad física para poder emplearse, o bien cuando un conflicto familiar, la violencia o los factores sociales la obligan a divorciarse o separarse de su pareja, quedando los hijos bajo su tutela en la mayoría de los casos.

A pesar de que algunas noticias enfatizan que el educar sola a los hijos puede ser una decisión libre de la mujer, el discurso de los políticos prefiere hacer presente en la conciencia de la sociedad la situación de abandono, violencia intrafamiliar o muerte, para enfatizar que las beneficiarias de los programas no tienen control sobre las causas de su vulnerabilidad.

Si la presentación oficial del Programa o las declaraciones aquí citadas dejan el juicio sobre quién es el responsable por la necesidad a la inferencia del lector, los reportajes sobre la operación del Programa son mucho más explícitos y emotivos al respecto. Veamos es fragmento publicado en La Jornada:

A Dolores Santa Cruz la abandonó su marido hace año y medio, con una hija de ocho años y sin saber que una segunda venía en camino: Aurora Daniela, que hoy roza los ocho meses. Y aunque supone que el padre debió haberse enterado, por vía de sus familiares, nunca más se ha vuelto a parar en casa y tampoco ella se atreve, aunque sea su derecho, a exigir una pensión para las niñas.

Para sostener su hogar debió buscar empleo, trabajó en una tienda de telas del Centro Histórico, pero las largas jornadas de hasta siete días por semana la llevaron a dejarlo para dedicarle tiempo a la niña. Hace dos meses regresó a buscar empleo, pero nada se ajustaba a sus necesidades: medio tiempo y por la mañana. Ayer, con la niña en brazos, salió de su domicilio en la colonia Esperanza, de la delegación Cuauhtémoc, al Zócalo capitalino, para intentar colocarse en alguna de las mil 800 plazas que poco más de medio centenar de empresas ofreció en la primera Feria del Empleo para Madres Jefas de Familia y Personas con Discapacidad, organizada por las secretarías del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE), Desarrollo Social (SDS) y el Instituto de las Mujeres (Inmujeres-DF).²⁸

En esta historia de una de las beneficiarias, Dolores Santa Cruz, claramente las causas de la vulnerabilidad, de la necesidad, se atribuyen a la irresponsabilidad del esposo y padre de las niñas, así como a la dificultad de hacer compatible el rol de madre con el de trabajadora. Dolores abandonó el trabajo anterior no por irresponsable, perezosa o inepta, sino por la necesidad de atender a las niñas.

Esta imagen positiva de Dolores, sin embargo, tiene un matiz de victimización: ella no se atreve a reclamar la pensión alimentaria, aunque sea su derecho. La misma situación de abandono, de salir con la niña en brazos para intentar encontrar empleo, construye una percepción de debilidad, de vulnerabilidad y sufrimiento, que claramente aumenta nuestro apoyo al programa que ayude a las mujeres como Dolores, pero también las estigmatiza como víctimas indefensas, merecedoras de nuestra compasión; es decir fortalecen el estereotipo de madre mártir, más que la imagen de una mujer emprendedora o individuo igual a nosotros, los contribuyentes, no receptores, de la ayuda.

Recordemos que la docilidad del grupo beneficiado ayuda a considerar a sus miembros como merecedores de apoyo de la comunidad, y la imagen tradicional de las madres que se sacrifican, es reforzada por los reportajes que se centran en casos dramáticos o emotivos. En una noticia publicada en El Universal,²⁹ por ejemplo, se narra aparentemente una situación de reclamo, de protesta. La nota inicia con el siguiente párrafo:

Madres solteras de la delegación Iztapalapa demandaron al jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, que les dé más atención y apoyo para los programas sociales en los centros comunitarios de esa delegación. Denunciaron que han pedido apoyo a distintas áreas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-DF), sin respuesta alguna. Incluso, dijeron que la ayuda se reparte a personas que no lo necesitan. El reclamo se dio durante el evento en el que Ebrard Casaubón escuchó el informe del Programa de Atención Integral para Madres Solas residentes en el Distrito Federal, en el centro comunitario Venustiano Carranza.

El uso de expresiones como demandaron, denunciaron, el reclamo apunta a una protesta, una exigencia, una actitud de inconformidad. Pero inmediatamente la nota cita a mujeres inconformes, cuando le dicen al jefe de Gobierno: "ahora sí que perdone por balconearlo, pero no nos hacen caso en Iztapalapa, le pedimos ayuda"; o "a punto de llanto" afirman: "No he sido respetada por nadie y me siento sola, pero estoy muy agradecida por su ayuda". De esta forma, la denuncia, la protesta y la inconformidad, se convierten en expresiones de agradecimiento, humildad y vulnerabilidad.

Otra constante de las declaraciones de los políticos es su enmarcamiento en fechas simbólicas, como el Día de Madre, o el Día Internacional de la Mujer. Este enmarcamiento fortalece la percepción del merecimiento, y particularmente su elemento de identidad (todos amamos a nuestras madres) y de reciprocidad (la contribución fundamental de las madres a la sociedad). Para ilustrar, analicemos estas notas periodísticas:

El Jefe del Gobierno capitalino Marcelo Ebrard encabezó la entrega de 400 apoyos económicos a madres solas, jefas de hogar como parte del programa que atiende a este sector de la población a partir de la vigencia de la ley por el derecho de las madres solas de escasos recursos a recibir un apoyo alimentario. El mandatario aseguró que si se quiere que la sociedad mejore, que no se tengan tantos problemas como violencia, jóvenes en la delincuencia, tanto asalto y tanto problema, se requiere apoyar a las madres porque ellas son la base de la educación que surge desde la familia.³⁰

El diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandro Sánchez Camacho, propuso crear la ley de bienestar social para madres jefas de familia. En vísperas de la celebración del "Día de las Madres" (...) Sánchez Camacho refrendó su afecto y agradecimiento a las madres mexicanas y capitalinas por ser el pilar de nuestras vidas y de nuestra sociedad, resaltó. Sin duda, dijo, las madres representan la fuerza social y edificadora de la ciudad de México y del país, y con ellas tenemos una gran deuda: la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, requisito fundamental en la construcción de una sociedad que aspire a ser justa, precisó.³¹

En ambos discursos, se enfatiza la contribución de las mujeres en su rol de madres a la construcción de una sociedad mejor, sin violencia, sin delincuencia; el uso del concepto de deuda alude al deber moral de reciprocidad y justicia retributiva; y finalmente, en el discurso de Sánchez Camacho, claramente se fortalece el principio de identidad, enfatizando que las beneficiarias no son sólo madres, sino son madres mexicanas y capitalinas, evocando así el hecho que los beneficiarios de la contribución de estas madres son todos los mexicanos, y particularmente los residentes de la capital.

Como hemos visto, el problema de enmarcamiento para construir la percepción de merecimiento de los beneficiarios de los programas sociales focalizados es complejo. Por un lado, es relativamente simple enfatizar mensajes que transmiten la urgencia de la necesidad o el deber de reciprocidad, sea para agradecer la contribución de los beneficiados a la construcción de una sociedad armoniosa, sea para reparar injusticias pasadas y restablecer condiciones de equidad. Sin embargo, dos elementos del merecimiento conllevan el riesgo de estigmatización, que ayuda a conseguir el apoyo a ayudas públicas, pero debilita la percepción de los beneficiarios como individuos iguales a los contribuyentes fiscales a éstas, convirtiendo las relaciones basadas en derechos, en relaciones basadas en compasión. Hemos visto cómo los mensajes que afirman que los beneficiarios no tienen control sobre las causas de su necesidad, tienden a victimizarlos, a presentarlos como individuos débiles, necesitados de ayuda por parte de los miembros exitosos de la sociedad. También es interesante cómo los reportajes se centran en historias particulares más dramáticas, fortaleciendo -en este caso particular- la imagen de mujeres solas jefas de familia como víctimas de irresponsabilidad de los varones, no como sujetos de su propio destino. Esta victimización es reforzada por mensajes que apuntan a la actitud dócil, de agradecimiento por la protección, por ser rescatadas de las dificultades que padecen. En este sentido, la función de estos dos elementos es contradictoria y se necesita una reflexión más seria sobre si la ventaja de construir el apoyo social a un programa focalizado es más importante que el riesgo de reproducir y fortalecer estereotipos, que minan la igualdad simbólica de distintos grupos.

Conclusiones

El debate sobre las ventajas y desventajas de programas sociales focalizados ocupa un espacio relevante en la reflexión sobre las políticas públicas y su impacto en la cohesión social. En el ámbito de las políticas públicas, la cohesión social se entiende como una distribución relativamente equitativa de los bienes y servicios básicos, y en el discurso republicano, está inherentemente relacionada con el disfrute efectivo de los derechos humanos y ciudadanos. En este sentido, la focalización sería un recurso efectivo y legítimo de promover una sociedad más cohesionada.

Sin embargo, como hemos señalado, el mecanismo de focalización conlleva inherentemente el problema de estigmatización de los beneficiarios, como los grupos incapaces de resolver sus propias necesidades, incapacidad frecuentemente asociada con vicios morales y desviación de las normas sociales dominantes. Surge entonces una contradicción entre el impacto positivo en las condiciones materiales de los beneficiados, y el negativo sobre su representación en el imaginario colectivo.

Incluso el mecanismo del merecimiento no resuelve esta contradicción, dado que enmarca a los receptores de la ayuda como víctimas impotentes y les exige una actitud de docilidad y agradecimiento, contraria al discurso del disfrute efectivo de los derechos. Desde la realidad de los políticos, aprovechar el recurso del merecimiento es hoy en día una manera más fácil de lograr el apoyo político a los programas sociales focalizados, al mismo tiempo que sumar votos del electorado potencial. En la mayoría de los casos, los políticos y los medios no están conscientes de que su discurso estigmatiza a los beneficiarios de estos programas, y afecta profundamente la cohesión social, en su dimensión de equidad simbólica.

Es innegable que en todas las sociedades existe la necesidad de legitimar programas orientados a grupos específicos, que son financiados con recursos públicos, y por ende despiertan debates frecuentemente acalorados sobre si los beneficiarios merecen este apoyo. Sin embargo, más allá de estos debates, es necesario profundizar en la reflexión cómo el diseño y el proceso de comunicación en torno a estos programas contribuye a reproducir la estigmatización de los grupos vulnerables, y si es así, cómo revertir este fenómeno y aprovechar el enmarcamiento para modificar los estereotipos negativos, fortalecer la igualdad simbólica, al mismo tiempo que la material, y de esta manera, reconstruir también la cohesión social basada en el reconocimiento del Otro como conciudadano con derechos.