1. Introducción

Como sucede con otros conceptos político-filosóficos, el impulso transformador de las sociedades humanas ha propiciado una reconfiguración tanto semántica como operativa de la democracia. Aquella forma de gobierno característica de la Antigüedad clásica que consentía una franca participación ciudadana en la toma de decisiones colectivas resulta para las comunidades políticas de hoy un referente remoto -acaso nostálgico- de la democracia ideal.

Entre otras cosas, la hipertrofia de las sociedades y la división social del trabajo han hecho que la democracia en su expresión natural sea una mera entelequia para nuestra sociedad, pues el actual paradigma democrático contemporáneo no puede desligarse de la intermediación representativa que se materializa en un conjunto de personas, reglas y órganos que tienen el encargo de hablar en nombre de los representados. Es decir, se requiere de mecanismos artificiales para recoger las más sentidas preocupaciones ciudadanas para convertirlas en soluciones programáticas.

El descubrimiento moderno de la representación política demandó la elaboración de un conjunto de argumentos que pudieran justificar este proceso de dislocamiento entre el ciudadano y los actos decisionales públicos. Es por ello que un compromiso que la teoría representativa debió asumir, fue la acreditación de la democracia indirecta o representativa a partir de ecuaciones políticas viables para que las necesidades de los gobernados se vean lo más fielmente reproducidas en las resoluciones gubernamentales.

Puede decirse entonces que la literatura en torno al tema de la representación se ha ocupado de desentrañar las particularidades del nuevo nexo entre el gobierno y las demandas populares. No obstante, la inquietud central del presente artículo gira en torno a una problemática distinta. Este trabajo pretende analizar las dificultades que enfrentan el gobierno democrático y sus representantes para conceptualizar al sujeto de representación (el demos) en un contexto de pluralismo identitario como el que caracteriza a las sociedades de nuestros días.

Si bien las leyes se encargan de delimitar al sujeto de representación definiendo a los individuos mediante el reconocimiento de derechos políticos bajo el concepto de "ciudadano", las sociedades contemporáneas se componen de diversos núcleos político-interpretativos o identidades, que poseen intereses, reclamos y características muy distintas entre sí. Esta multiplicidad societal que en nuestros días se articula en torno a signos de referencia identitaria es, sin duda, uno de los mayores desafíos que enfrenta la democracia representativa.

Este artículo pretende, pues, dar un paso atrás en la argumentación teórica de la democracia, localizando el problema de la representación política no en la selección ni en las acciones de los representantes (como comúnmente se ha hecho en los estudios referentes al tema), sino en el momento crítico en el cual se definen la naturaleza y los intereses de los representados.

2. Posicionamiento

En el presente artículo se parte de la idea de que la representación es un concepto conformado por dos ejes. Por un lado, se plantea como un arreglo formal y operativo que busca legitimar un sistema que, al definir a los sujetos de representación, relega a determinadas capas de la sociedad de los beneficios democráticos. A este orden, nos referiremos como "representación selectiva". De manera más precisa este concepto se refiere a un modelo en donde el sujeto de representación se comprende como una entidad homogénea que es incluida dentro de una noción amplia de ciudadanía determinada por criterios meramente jurídicos y por consiguiente niega la posibilidad de que los representados se conciban como grupos con visiones, intereses y valores diversos.

Por otro lado, la representación plantea la posibilidad de visibilizar ciertos grupos que han sido desterrados del pacto democrático, dando voz y presencia a sus demandas a través de instituciones y representantes. Es por ello que en esta dimensión, la cual denominaremos "representación abarcativa", el reconocimiento del otro juega un papel central para asegurar una dinámica de equidad dentro de un complejo social definido por su heterogeneidad. De manera más precisa, la representación abarcativa responde a una idea de pluralidad en la cual las características sociológicas, culturales, políticas e incluso étnicas de los grupos representados en el gobierno son consideradas al momento de definir al sujeto de representación, que en este caso refleja características e intereses múltiples.

A lo largo de este ensayo, buscaremos concebir la representación en su dimensión abarcativa, como un fenómeno político bidireccional y poliédrico, donde el diálogo entre el Estado y una colectividad caracterizada por su multiplicidad cultural ofrece una estructura de oportunidades para el mantenimiento de la estabilidad en el transcurso democrático. Asimismo sostenemos que este modelo de representación estimula el desenvolvimiento de procesos deliberativos que fortalecen la actividad de la esfera pública, incrementando la calidad de las decisiones políticas que se toman a nombre de los representados.

3. Identidad y ciudadanía. Fenómenos vinculados

La pertenencia del individuo a una comunidad política es un proceso inacabado y en constante construcción. En dicho proceso, el individuo define elementos de su comportamiento, valores y expresiones como factores de pertenencia a determinado colectivo. El demos (entendido como los representados) gira en torno al concepto de "nosotros", convirtiéndose indirectamente en un referente de exclusión, en el cual "otros" no encuentran lugar (no-otros). Para Mauricio Pilatowsky, este concepto es producto de un sistema de imaginación, el cual se homologa con la construcción del Estado-nación y con el surgimiento de un conjunto de derechos y obligaciones ciudadanas cuya finalidad es establecer límites al espacio político.¹ La naturaleza disociativa de este esquema encuentra su eje en la agrupación a partir de elementos que ciertos individuos comparten entre sí como ciudadanos.

En su concepción originaria, las naciones son entes sociales que integran personas con características en común, y que comparten el distintivo de "ciudadanos". De esta forma la identidad nacional queda delimitada en términos simbólicos al plantear una comunidad que encuentra su propio espacio de participación política en los linderos del Estado y sus instituciones. Cuando el pueblo se siente identificado por esta condición que le permite -como una extensión de su individualidad- participar activamente en la vida política, la representación se vuelve un punto neurálgico de la democracia en tanto que a través de ella se objetiviza la identidad ciudadana, extendiendo el rango de acción política tanto de los individuos como de los grupos en busca de hacerse presentes en las discusiones del orden común.

La democracia es la forma en que la mayoría de las comunidades modernas han organizado el poder y dado sentido a los procesos para la toma de decisiones comunes. Tanto el origen como la finalidad de esta forma de gobierno se orientan al demos; inicialmente bajo un esquema selectivo mediante el cual se establece quiénes pertenecen y quiénes no forman parte del mismo. Con ello, se delimita el espacio político a partir de condiciones tangibles de participación llamadas restricciones nacionales conformadas por la identidad. Bajo esta línea se puede decir que la idea misma de nación ha sido una exigencia funcional para la democracia, ya que la conformación del Estado hace necesaria la definición de aquellos que quedarán inscritos dentro de este sistema de legitimación política a partir de determinados referentes culturales y normativos (lenguaje común, código jurídico compartido, jerarquía de valores, etc.).

Martín del Alcázar Chávez considera que la identidad resulta de un juego de reconocimientos y adhesiones,² el cual abarca las características que distinguen a un sujeto, así como la pertenencia de éste a un registro cultural. El aspecto identitario del individuo queda entonces definido por un conjunto de elementos que se interrelacionan con otros sujetos grupales e individuales, así como con las estructuras formales del Estado, las cuales exigen referentes culturales para comprender el proceso social en toda su complejidad y para delimitar a los que serán sujetos de sus resoluciones vinculantes.

Concomitantemente, la ciudadanía es la condición social de cada miembro de un Estado nación. Mediante ella se trazan los linderos que deciden quiénes pueden ser parte de los beneficios de una organización nacional y quiénes pueden participar en la toma de decisiones colectivas o estar virtualmente presentes en los procesos de política pública. La ciudadanía otorga derechos y obligaciones enmarcadas por el sentido de pertenencia, pero a la vez segrega a aquellos que no forman parte del colectivo representable. En estos términos, la existencia de una persona dentro de una comunidad política, queda definida por el espacio de reconocimiento social y estatal, apelando al referente de ciudadanía mediante el reconocimiento de los demás ciudadanos y de la esfera estatal.

Xabier Etxeberria apunta que el concepto de ciudadanía parte de una perspectiva liberal y por lo mismo busca la autonomía individual; permitiendo a los sujetos obedecer leyes, al mismo tiempo que asiente la participación de la persona en las dinámicas del Estado-nación. Sin embargo señala el autor que existen ciertas desavenencias entre ciudadanía y cultura que demuestran que no todos los individuos son incluidos, como debería ser. El autor demuestra que los requerimientos materiales -propiedades- y culturales, así como legales, los derechos políticos y civiles sólo pueden ser ejercidos por aquellos que son considerados como individuos nacionales.³

Ahora bien, la deliberación entendida como un constante intercambio comunicativo de significados, perspectivas e intereses en torno a la vida pública encuentra una mayor vitalidad en la concepción multicultural de la representación. Dado que deliberar significa a menudo contraponer perspectivas distintas para negociar significados y resoluciones públicas, el acto deliberativo que se desarrolla bajo la idea liberal de representación tiende a reservarse para los representantes, en tanto que el demos tiene una sola cara y adquiere una sola voz a través de éstos últimos. Por el contrario, la representación abarcativa comprende un demos dinámico, cuyas partes constitutivas están en constante discusión sobre cuáles han de ser las directrices que han de tomar los representantes para orientar la sociedad. En pocas palabras, el aspecto multi-identitario del demos puede estimular la actividad deliberativa necesaria para encontrar decisiones públicas imparciales, menos dependientes de la perspectiva arbitrarias de los representantes en torno a la voz de la sociedad.

Por lo anterior, sostenemos que la deliberación es una forma de visibilizar al sujeto de representación. Al intercambiar posturas contrarias, los mismos ciudadanos ensayan sobre distintos modos de convergencia a través del diálogo. Y si este ejercicio se desenvuelve en el espacio gubernamental, tiene la capacidad de producir resoluciones imparciales toda vez que para su implementación fueron puestas en la mesa de debate diferentes perspectivas, soluciones y puntos de vista.

Con los argumentos hasta aquí expuestos, es posible considerar que tanto el concepto de nación como el de ciudadanía aparecen como creaciones sociales íntimamente relacionadas a la cultura, por lo que las dinámicas de participación, inclusión y respuesta gubernamental quedan delimitadas en función de un marco restringido de la política mientras ésta se ejerce siguiendo los lineamientos de la representación restrictiva.

La identidad, definida como aquellas características que permiten la distinción entre individuos, juega un papel fundamental en el desarrollo del sentido de pertenencia de una comunidad política a la vez que establece patrones de interacción en sentidos múltiples. En dichas interrelaciones, se contempla la posibilidad de que los individuos desarrollen empatía mediante una abstracción sustitutiva del "nosotros" por los "otros". La interpretación de la realidad se hace de forma simbólica y el descubrimiento de la identidad propia permite la apertura hacia otros, vistos éstos como sujetos de cultura. En este sentido toda cultura es intercultura y todo lenguaje es interlenguaje.⁴ Bajo este supuesto la experiencia histórica se comparte y se entrecruza una con la otra dando un vigor particular al proceso social que debe ser recogido e interpretado por los representantes.

En este punto es viable establecer una diferencia entre la comprensión del Estado y de la nación. El primero es plural, y es el resultado del acto voluntario del individuo, mientras que el segundo es homogéneo y apela al sentido de ascendencia histórica.

4. La representación política a examen

Una de las características más reconocidas de la representación política, radica en su carácter electivo popular. Para John Stuart Mill, la única forma de gobierno capaz de satisfacer las necesidades de una sociedad compleja, es aquella en donde los ciudadanos eligen a aquellos que decidirán sobre los asuntos públicos.⁵ De acuerdo con este pensador, las sociedades con densos criterios axiológicos poseen la capacidad de reconocer al gobierno virtuoso, y por tanto, pueden aspirar a tener gobiernos representativos sólidos. Al momento de designar libremente a un gobernante, los ciudadanos respaldan en forma tácita las decisiones de sus representantes dentro de las instancias gubernamentales. Los ciudadanos son, pues, responsables de la conducción de los asuntos públicos, aunque no mediante una revisión sistemática de los actos gubernamentales, sino a través de la construcción del mandato en las elecciones. Así, las elecciones periódicas aparecen en su pensamiento como mecanismo supremo de supervisión de las acciones y decisiones del gobierno y a la vez como momento fundacional de la democracia representativa.

Hanna Pitkin cuestiona esta perspectiva que contempla la autorización electiva como sostén del vínculo representativo. La autora afirma que, más allá de las elecciones periódicas, es la virtual presencia del pueblo en la acción gubernativa (representación sustantiva) lo que constituye la esencia de este concepto. Así, en Pitkin, un segmento funcional de la representación política se identifica con la disposición tangible de los representantes para mantenerse receptivos (responsive) hacia los intereses de los representados.⁶ Esta deseable inclinación por reproducir las preocupaciones populares, es la salida que Pitkin propone a la paradoja de que en el gobierno representativo, los ciudadanos se encuentran simultáneamente excluidos e incluidos en el proceso político.

Al igual que Stuart Mill, Phillip Pettit estima que los sistemas representativos modernos constan de una compleja red de instituciones y procedimientos diseñados para promover tanto la participación popular en la política como el control ciudadano sobre el gobierno.⁷ No obstante, tal noción de control popular ha sido criticada desde los tiempos de Rousseau,⁸ sobre todo si se reconoce que la representación surge como una aristocracia electiva que concede a los representantes el legítimo derecho de decidir aquello que (a su juicio personal) producirá mayores beneficios para sus representados, lo que exime a los primeros de tener que escuchar o retomar en sus decisiones las peticiones ciudadanas.⁹

Parte de la complejidad que implica definir a la representación hace referencia a tres elementos que se han considerado como esenciales: las elecciones, el control ciudadano y la concordancia de las preferencias populares con las acciones de los representantes. Empero, como se ha visto, estos tres principios que se consideran fundamentales del constructo representativo dan espacio al cuestionamiento y la crítica.

Un asunto que agrega aún más complejidad a definir la representación es la construcción del sujeto representado en la democracia. Adam Przeworski recuerda que los padres fundadores del gobierno representativo -en su temor por el divisionismo político y la confrontación entre facciones que podría llevar a un estado de guerra- buscaron consolidar una sociedad armónica que compartiera valores e intereses universales aglutinados en torno a la noción suprema de bien común. Por ello, originariamente, la representación política recibió la asignatura epistémica de encontrar y procurar el bienestar general para así fortalecer la idea de un cuerpo sociopolítico homogéneo.¹⁰

La democracia representativa sugiere así una dinámica vinculatoria que encuentra en las instituciones democráticas un punto de conexión entre el pueblo y sus representantes. Las instituciones funcionan a manera de instrumentos racionalmente creados para garantizar el involucramiento indirecto del pueblo en las acciones de gobierno. Sin embargo el riesgo de que las instituciones reflejen sólo una identidad o sólo una voluntad del demos ha sido permanente. Y la consolidación de un modelo de representación abarcativa se encuentra en constante pugna con los intentos de las élites por mantener un ejercicio selectivo de la representación.

Para algunos teóricos del multiculturalismo, hablar de "un pueblo" con "una voluntad" supone la cancelación de la pluralidad y de la autodeterminación de ciertos grupos e individuos, lo que necesariamente lleva a una fórmula parcial de participación democrática.¹¹

En este sentido, las comunidades monolíticas o sociedades con valores universalistas no son más que entes ficticios creados con propósitos políticos. Esto significa, por tanto, que la negociación de significados, el intercambio de realidades y la dinámica propia de una sociedad por definir sus objetivos quedan cancelados. Si se tiene un marco de referencia identitario único, la deliberación se ve sofocada, limitando así la capacidad de un colectivo para socializar, perfeccionar y debatir distintos puntos de vista. Al respecto hay quienes han denunciado que a lo largo de la historia la democracia liberal ha marginalizado a diversos grupos e individuos, inhibiendo su capacidad para expresar ideas y peticiones con la esperanza de influir en el ámbito decisional público.¹²

La crítica a la democracia representativa en este sentido se sustenta en que esta forma de gobierno concedió derechos de pertenencia a la comunidad política (es decir, derechos de poder ver las demandas propias representadas en la arena pública) con base en criterios de poder y no a través de una racionalidad de verdadera integración. Por consiguiente, consideramos necesario un concepto representativo compatible con la idea de comunidad ampliada que enfatice el reconocimiento de la diversidad y la expresión legítima de la diversificación. Es a través de este modelo que la deliberación puede verse enriquecida. Un demos diversificado puede polemizar en torno a asuntos políticos primordiales en busca de decisiones negociadas y compromisos colectivos que puedan sostenerse en el largo plazo. Nos referimos a asuntos como la utilización de los recursos públicos, la correcta repartición de derechos y el esquema de derechos que han de proteger a cada uno de los grupos que conforman al demos.

Michael Saward observa que gran parte de los estudios de la democracia representativa han tendido a ignorar el proceso de construcción simbólica del sujeto representado.¹³ Al respecto, el autor considera que hasta ahora, la teoría de la representación le ha restado empuje a la democracia, en tanto que el representado (ya sea éste una unidad o una conjunto de grupos) parece existir como un ente acabado y estático en la mente de los representantes. De este modo, Saward propone una noción representativa que tome en cuenta la posibilidad reflexiva en los representantes para pensar en sus representados como objetos diversos, inacabados y en constante cambio. Con esto se reconoce que la comunidad tiene una característica autogenerador, mediante la cual afirma su derecho a reinventarse a sí misma, expresándose en distintas texturas de identidad a través de la deliberación en el espacio público.

Tras esta breve discusión, es posible sostener que el vínculo entre representación y democracia es más intrincado de lo que aparenta ser. Tenemos que para cumplir su doble propósito -de ser un sistema político eficiente y garantizar que la voluntad popular sea respetada-, la democracia ha recurrido a las fórmulas que ofrecía el gobierno representativo. No obstante, el eje medular de este último (consistente en separar al ciudadano común de la toma de decisiones públicas) se expresa como un oxímoro con respecto del ideal democrático de participación directa. El resultado de esta contradicción producida por el matrimonio entre democracia y representación fue el surgimiento de una pregunta que hasta la fecha parece no encontrar una solución sencilla. En democracia ¿Quién es el demos?

Los primeros practicantes del modelo representativo intentaron resolver este dilema operativo construyendo una ficción unificadora. El pueblo se concibió en un principio como un organismo unicelular que mostraba una sola voluntad basada en el racionalismo y la universalidad de los valores humanos.

Sin embargo, la sociedad representada desbordó esa concepción monolítica por la creciente necesidad de que los intereses particulares de distintas identidades -por mucho tiempo diluidas en la gran masa de la voluntad general-, encontraran cabida en el acuerdo político. Es por lo anterior que la representación no puede entenderse hoy como un mero acuerdo electivo ni como una forma de encontrar el verdadero sentir del pueblo para reflejarlo en función de la virtud política del representante. El pensamiento político contemporáneo ha permitido captar el fenómeno representativo en una extensión dialéctica. Actualmente puede afirmarse que la representación involucra el diálogo institucional que se establece entre una comunidad diversa y un conjunto de representantes capaces de articular la subjetividad y la multiplicidad identitaria con el bienestar colectivo.

5. Reconocimiento de las identidades a través de la representación abarcativa

Como se ha visto, en su acepción originaria, la representación se inclinaba por una necesaria delimitación excluyente de ciertas parcelas de la sociedad para conformar un demos homogéneo, y por tanto representable. No obstante, con esta operación de síntesis, la oportunidad de tales grupos para reforzar su identidad a partir de signos de acción en la vida política se veía prácticamente anulada.

Actualmente, las identidades dentro de una sociedad son constantemente puestas a prueba. Este proceso de construcción busca continuamente señalar las diferencias con la imagen que se ha decido que ha de representar a la sociedad. La identidad concebida bajo una forma simbólica y relacional se aleja de una concepción de la misma que puede derivar en sentidos esenciales o de extremos absolutos y negativos. Dando paso a una identidad referenciada. Esta gira en dos ejes: el reconocimiento y la tolerancia. Para lograrlo toma como marco para la interpretación de las imágenes simbólicas a la tradición cultural.

El problema de un entendimiento limitado de la identidad parte de la cultura. La singularidad del individuo deja fuera elementos vitales en la dinámica de construcción de la identidad, y que pueden llevar a la pérdida de ésta. La construcción de identidad es posible mediante el lenguaje, pues supone el constante intercambio con otros individuos. El resultado de la red de interlocución es la identidad colectiva. Esta se basa en el reconocimiento de unos y otros como miembros de un mismo pueblo y cultura. La representación abarcativa constituye en sí misma un imaginario colectivo, el cual se forja mediante creencias intergrupales.

Considerando casos como la politización de las culturas indígenas en América Latina o la inserción económica de las poblaciones originarias de Canadá, se puede hablar de un constante y acelerado ascenso de los grupos minoritarios, el cual ha devenido en una mayor diversificación social mediante la emergencia de componentes colectivos anteriormente nulificados. Estos grupos exigen el reconocimiento de su identidad y el derecho a ser diferentes; es decir, a ser incluidos dentro de la estructura institucional democrática sin perder su capacidad para referirse a sí mismos en su propia identidad. Así, la diversidad e identidad adquieren un sentido cultural donde la primera no limita pero amplifica el espectro de la segunda. Esto es posible al partir de la diferenciación del otro: la identidad se constituye por un complejo proceso de identificación y separación del otro. Bajo este esquema se da la reivindicación de los diversos grupos culturales que integran a la sociedad. La interacción que surge como resultado permite tanto a nivel individual como grupal que la identidad se enriquezca. Sin embargo esta demanda ser protegida por el Estado nación al mismo tiempo que reclama derechos políticos y civiles.

El logro de la integración del multiculturalismo como eje democrático del Estado moderno es la supresión de la exclusión que surge cuando un grupo cultural intenta dominar a los otros mediante la imposición de lo propio. En donde el temor a la diferencia es el principal el reto. Bajo este esquema lo común, la posibilidad de comunidad, libertad y reconocimiento, es eliminado. En este sentido el reconocimiento permite la expresión de la libertad en el espacio público, pues al reconocer la autonomía del otro adquiere la capacidad de realizar juicios que pasan a ser compartidos al formarse una comunidad de cultura. La identidad entonces se relaciona con el sentido resultante. Esto es el sentido comunitario, mismo que permite la coparticipación. Poniendo fin a la exclusión de la polis a la que anteriormente eran sujetos los diversos grupos. Dejando que estos puedan participar, al ser considerados con los mismos derechos.¹⁴

José A. Pérez Tapias tiene una reacción ambivalente hacia esta postura. Por un lado señala que la multiculturalidad lleva la realidad al plano del pluralismo, el cual permite la convivencia democrática. Sin embargo resalta que éste presenta límites de alcance, así como contradicciones. La insuficiencia existe al promover un nivel de estancamiento en la sociedad que debilita la convergencia en el espacio público. Mientras que las contradicciones provienen de las consideraciones con el relativismo cultural, puesto que éste lleva a limitar las autonomías individuales en beneficio del repliegue de las comunidades sobre las identidades.¹⁵

El último planteamiento del autor nos refiere a una debilidad inherente a la acepción multicultural de la representación. El riesgo de debilitamiento de la identidad nacional no es asunto menor, pues el concepto mismo de Estado moderno se ve violentado al cuestionar los vínculos de unidad de los ciudadanos. Al respecto, nosotros consideramos que esta amalgama identitaria es necesaria para preservar el sentido de comunidad en un país, sobre todo en sus momentos fundacionales. Pero creemos también que la sociedad no es estática. Cuando la identidad nacional se convierte en un planteamiento de exclusión que justifica restricciones a través de un marco jurídico, ésta se vuelve nociva para el sostenimiento del acuerdo político en tanto que limita la dinámica social, al impedir que sea la deliberación entre individuos y grupos libres la que redefina los valores, las reglas y las demandas hacia el sistema político.

Por ello la política de la interculturalidad encuentra su fundamento en la reconsideración de ciudadanía democrática, la cual se abre paso a ser una que reconozca la pluralidad. La ciudadanía intercultural se centra en la diversidad cultural, en donde todos son sujetos de derechos y capaces de participar en el proceso político. Lo nacional pasa a ser reubicado para dar lugar a la identidad metanacional. Esta no se basa en los sentimientos nacionales, más bien los relativiza para con ello lograr que dejen de ser los referentes de organización política y social.

Estas notas que alertan sobre el alcance del multiculturalismo no deben ser vistas como una crítica sin sentido; sino más bien como una reflexión que replantea los objetivos y alcances que éste puede tener para garantizar equidad en las interacciones. Es así que el logro que surge entre el diálogo de diversos grupos y sus respectivos miembros es lo intercultural. Entendido esto como lo que garantiza la no discriminación a partir de la autonomía que expresan sus miembros, y mediante condiciones que permiten que bajo un tiempo y espacio determinando se reconfigure la dinámica entre los involucrados, conformando así la dimensión del multiculturalismo.

Después de esto, puede considerarse que cuando la identidad del individuo -inserto en uno o varios grupos de referencia- se percibe como expresión de reconocimiento, es posible crear una red de interlocución social y política que es suelo fértil para una representación intersubjetiva, misma que puede procurar igualdad en las condiciones de diálogo entre los diversos grupos que componen una comunidad y las instituciones formales del gobierno. Así, para garantizar una sociedad igualitaria, la ciudadanía no debe ser limitada a conceder el sentido de pertenencia de los individuos como partes de una sociedad, sino que también se debe permitir la participación indiscriminada de las distintas expresiones en el concurso de las resoluciones comunes.

6. Justicia representativa

La principal función de la representación (incluso por encima de proveer de argumentos de legitimidad a cualquier gobierno democrático) es operar como eje de cohesión social. En un momento inicial, la representación debe imponer relaciones subjetivas para posteriormente producir sujetos políticos con el objeto de que una multitud de intereses y voluntades desorganizadas adquieran sentido como una estructura homogénea. Empero, la otra cara de la representación, es decir, el demos se encuentra conformado por distintos grupos, preocupaciones e intereses que incluso varían con el tiempo y que por tanto no pueden despojarse de su sentido existencial de pertenencia en espera de que esa ficción de pueblo inserte alguna de sus demandas en la agenda de los representantes.

La función y alcance del concepto de identidad ha sido cuestionado de forma reciente, sobre todo por su incapacidad para conseguir que diversos grupos sociales y culturales dejen de estar excluidos del acuerdo político vigente. En este sentido, se ha insistido en la necesidad de garantizar derechos políticos específicos para la protección de estos grupos. Si bien este argumento replica el principal problema de la noción clásica de la representación (crear fronteras para diferenciar entre ciudadanos), la medida forma parte de un esfuerzo reivindicatorio que se antoja tanto deseable como necesario para redistribuir los recursos políticos entre la sociedad a partir del reconocimiento como vía de acceso a un esquema de justicia representativa.

Bajo el marco de la justicia procedimental se ha pretendido proteger las formas comunitarias mediante las institucionalización social y política de éstas. Sin embargo ésta no es más que la imposición de marco de referencia social. El sujeto aquí es arrancado de su autenticidad, que a la vez asegura la unidad del grupo, lo cual lleva a que éste renuncie al sentido de identidad. En este sentido los peligros de la pérdida de identidad están ligados al debilitamiento de un espacio público que permite la libre circulación del lenguaje entre agentes de perspectivas y demandas diversas. Así, la exclusión propuesta por el concepto liberal niega a los grupos la posibilidad de contraponerse unos a otros bajo una identidad propia en un espacio deliberativo que tiene por objeto comunicar sus peticiones e intereses a quienes los representan en instancias de gobierno.

Para Alejandro Sahuí Maldonado el problema radica en la dificultad y limitación de los derechos individuales. Puesto que a partir de ellos se ha pretendido pensar y delimitar características de una comunidad como el idioma, costumbres y formas de representación política. En donde el Estado, pese a ser de carácter liberal y tolerante, da muestras de comportamientos premodernos que determinan la relación al incluir cuestiones de identidad dentro del estatuto ciudadano. Tal categoría deja de ser imparcial con otros, lo que lleva a la exclusión.¹⁶

La imposición de un paradigma que iguala y agrupa, basa su justificación homogeneizadora en la certidumbre que viene con el mismo. Mientras que la pluralidad es asociada con conflictos que han de derivar de la misma, y por lo mismo con la incertidumbre, vista ésta como un alto costo social: la exclusión. De esta forma la pluralidad se pierde en la esfera pública. Puesto que sólo existe un visión de la realidad. El individuo es incapaz de realizar juicios debido a una falta de relación. Tal condición de homogeneización no permite el ingreso de otros. Se les niega el reconocimiento. Provocando con esto un rechazo cultural que no permite la participación de éstos en los asuntos del grupo.

En este sentido la representación se ha tornado en un elemento fundamental en la idea de la justicia. Ya que es mediante el reconocimiento de los diversos grupos que constituyen una comunidad que se logra ampliar los círculos de la vida democrática. Dentro de este contexto los vínculos y lealtades que desarrollan los sujetos van más allá del concepto de Estado nación. La justicia por lo tanto toma la perspectiva de asegurar la paridad participativa en contraste con los espacios y dinámicas que llevan a la injusticia, entendida ésta como el fracaso de poder participar en decisiones públicas.

La equidad en la representación dentro de una comunidad permite la reivindicación de la distribución y el reconocimiento que son a la vez los otros dos ejes de justicia que se han trabajado históricamente. Las relaciones asimétricas encuentran su fundamento en el concepto de integración, puesto que éste parte de exigencias particulares. Para lograr la confluencia dentro del espacio que se comparte, para lograr estos supuestos es necesario aprovechar las condiciones del reconocimiento (de las identidades) y del multiculturalismo; lo anterior con la idea de que se convierta en un instrumento que permita una representación política equitativa. Pues es con el reconocimiento que una comunidad se construye.

De este modo, la respuesta a esta inequidad representativa puede hallarse en un esquema de deliberación intercultural que permita una simetría entre los interlocutores, igual acceso a la información y condiciones de reconocimiento recíprocas. Al mismo tiempo que elimina los desequilibrios sociales al combatir prejuicios. Haciendo que las diferencias, que son legítimamente fundamentales, reciban el tratamiento que merecen. El "otro" es visto como un interlocutor válido y por lo mismo se le reconoce el derecho a hablar y ser escuchado. De tal modo que el reconocimiento es una vía de alivio de las injusticias estructurales, pues es la transformación de los patrones de representación, ya que cambia la identidad social de todos los miembros del grupo. Sin embargo la solución de la injusticia encuentra su fundamento en la redistribución no en el reconocimiento: para así remedar las heridas ocultas de clase social.¹⁷

Una perspectiva de justicia representativa es el elemento que puede permitir dignificar la vida de los individuos que conforman la sociedad a partir del reconocimiento y equidad en la participación de los asuntos comunes. La esfera pública así evita perderse en la desautenticidad, puesto que se convierte efectivamente en el espacio donde las diferentes identidades e intereses conviven y construyen. En donde lo nacional es rebasado para dar lugar a lo metanacional. La representación en este sentido sí hace presente la voluntad de los individuos. Pues la ciudadanía es el equilibrio entre prioridades multiculturales y liberales.

Con todo esto, es posible admitir que la representación tiene hoy en día la histórica oportunidad para fortalecer el marco simbólico de diversidad cultural, en tanto que desde sus orígenes el acto representativo se ha ligado a la legitimación de ideas predominantes, las cuales conciben a la nación como propiedad de un grupo de representantes o agentes políticos encargados de transformar las voluntades e interés de las multitudes desorganizadas en comunidades homogéneas, suprimiendo la complejidad de una voluntad popular multicultural.

7. Conclusión

Este artículo ha propuesto un estiramiento del análisis conceptual de la representación política en dos sentidos. En primera instancia, procura demostrar que la concepción originaria de la representación, con sus preocupaciones históricas propias derivadas del miedo al faccionalismo, estimuló la creación de un sujeto de representación único e indivisible. Para los defensores de esta forma de representación, los gobernantes tenían el encargo de hallar la voluntad general y reproducirla en las esferas de decisión política. A pesar de proveer ciertas virtudes como el fomento de la unidad nacional y la vindicación del individuo perteneciente a un colectivo, este formato representativo tiene un carácter selectivo, que lo limita para reconocer las diferentes expresiones políticas y culturales que se dan en el seno de una sociedad. Asimismo, la representación selectiva impone límites a la deliberación cerrando el espacio de intercambio significativo a aquellos que deciden en sustitución del demos.

En segundo lugar, el artículo volteó hacia los nuevos derroteros de la representación para compatibilizar tanto el concepto como su aplicación con una realidad plural y compleja, conformada por sociedades multifacéticas, integradas por grupos e identidades diversas que requieren que sus peticiones encuentren eco en las decisiones gubernamentales. La perspectiva abarcativa de la representación la consideramos suelo fértil para la interacción deliberativa, en tanto que la sociedad es concebida como una diversidad de identidades y perspectivas que entran en constante intercambio de significados políticos y sociales para definir y comunicar sus demandas hacia el circuito gubernamental. Es cierto que la naturaleza dinámica de la deliberación entre grupos e individuos genera demandas cambiantes que dificultan la toma de decisiones. Sin embargo, la cancelación de este dinamismo bajo una idea excluyente puede generar costos aún más altos como el rompimiento definitivo del vínculo entre gobernantes y el demos que buscan representar.

A diferencia de otros estudios que se concentran en la elección o en las acciones de los representantes, este trabajo ubicó el rompecabezas de la representación política en el momento de construcción del demos o el sujeto representado, por ser éste el punto de partida y la razón de todo gobierno democrático.