Entrevista

 

Una democracia sin ciudadanos: entrevista a Alberto Olvera

 

Santiago Sordo Ruz*

 

* Estudiante del Doctorado en Estudios Humanísticos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, México,<odros@hotmail.com.>

 

Fecha de recepción: 16/08/2012
Fecha de aceptación: 10/10/2012

 

¿Qué democracia tenemos hoy en México?

Tenemos una democracia a la que yo le llamo fallida, producto de una democratización interrumpida. Podemos usar varios adjetivos para calificarla; yo he hecho un libro que se llama La democratización frustrada,¹ por ejemplo. En todo caso, lo que estos calificativos indican es que se trata de un proceso que no logró conducirnos a una democracia electoral operativa y mucho menos a una democracia en el sentido fuerte de la palabra, es decir, a una democracia que fortalezca los derechos de ciudadanía. Las democracias no se caracterizan únicamente por la incertidumbre en los resultados electorales, que es la definición minimalista de la democracia, sino que se caracterizan también, aquellas que son duraderas y sostenibles, por fortalecer los derechos de ciudadanía, crear ciudadanos que puedan defender sus derechos y participar de manera activa en los asuntos públicos.

En este sentido, en México lo que hemos tenido es una democracia muy parcial en donde logramos, en efecto, una competencia electoral real pero en el marco de la continuidad esencial del viejo régimen autoritario. Es decir, una democracia que logró pluralizar los actores políticos, darle un lugar a los actores políticos en la competencia pero socializando y generalizando las prácticas, las instituciones y la cultura del viejo régimen. Esto significa, en esencia, que tenemos una democracia sin ciudadanos. En todo caso, sólo somos ciudadanos cada vez que vamos a votar y eso ante opciones cerradas por el monopolio que los partidos han creado en torno a la representación pero no somos, fuera de ello, más ciudadanos. Así que, en ese sentido, tenemos una democracia incompleta.

Entonces, digamos que lo que sí tenemos es, por lo menos, esta institucionalización de la incertidumbre en los procesos electorales. Como menciona en La democratización frustrada, esto se logró a través de un largo proceso de reformas electorales en las cuales se va cediendo un poco de juego a diferentes actores. Parece que hubo dos momentos centrales en este proceso: la reforma que arranca en 1977 y después las reformas de la década de los noventas que culminan con la creación del IFE completamente ciudadano. Si utilizáramos la terminología habermasiana para pensar en este proceso, ¿qué nos podría decir respecto de la colonización del mundo de la vida por parte del sistema en estos dos momentos?

Creo que un régimen autoritario como el mexicano, es decir, un régimen corporativo con un solo partido y falta de competencia electoral se caracteriza, precisamente, por el hecho de que coloniza, por decirlo así, los espacios de la sociedad. En otras palabras, las organizaciones sociales, léase sindicatos, organizaciones campesinas, profesionales, etcétera, todas son invadidas por la política. Es decir, son correas de transmisión de un poder político y miembros formales de un partido político, en este caso único, de manera que si algo caracteriza a este régimen autoritario es que abolió la diferenciación entre sociedad y Estado. Al contrario, crea mecanismos de fusión entre sociedad y Estado y, por consiguiente, la tradición priista consiste precisamente en esta dependencia de la sociedad respecto del Estado.

En las reformas democráticas sucesivas esta situación no ha cambiado. Lo que hemos encontrado, más bien, es la creación de una esfera autónoma de competencia partidaria que no ha modificado en lo esencial esta relación de dependencia de la sociedad respecto del Estado; la falta de autonomía de lo social respecto a lo estatal. Podemos decir entonces que agregamos un elemento nuevo al viejo régimen, le dimos democracia electoral, competencia efectiva muy regulada y monopolizada por pocos partidos, pero no cambiamos lo esencial que son los modelos de relación entre sociedad y Estado que provienen del pasado.

¿Y qué hay de la década de los noventas? En la culminación de lo que se ha tenido en llamar la transición mexicana —el hecho de que en 1997 el PRI haya perdido la mayoría en el Congreso y en 2000 haya perdido la presidencia— ¿qué papel cree que jugaron las fuerzas del mercado? Parecería que la cúpula priista se asocia con la cúpula empresarial, que hay una intromisión del mercado en esta segunda etapa del proceso.

Una vez más tenemos que remitirnos al pasado para entender el presente. El régimen priista tuvo como una de sus misiones históricas lograr el desarrollo del país que, en la práctica, significó crear los mercados y sus actores, es decir, los empresarios y los trabajadores. No debe de olvidarse que el enorme monto de la intervención del Estado en la economía condujo a que el Estado mismo creara con sus inversiones a buena parte de la burguesía nacional. Es decir, a diferencia del modelo occidental en donde la burguesía preexiste al Estado democrático, en México el Estado crea a la burguesía en lo fundamental. Más aún, lo hace por vías ilegales: la corrupción sistémica y los negocios privados; la propia clase política dirigente tornándose en clase empresarial. ün caso paradigmático es el de Miguel Alemán, por poner un ejemplo, pero hay muchos más. Y esto significa, entonces, que los empresarios tienen una deuda con el Estado, una deuda de gratitud, de negocios y de relaciones.

Lo que cambia con el neoliberalismo es que se consolidan otros sectores, emergen nuevos sectores de esta burguesía nacional y entran algunos de ellos en una esfera de competencia con el capital extranjero y, por consiguiente, observamos un cambio de composición. La burguesía nacional se concentra cada vez más, hay unas pocas grandes empresas, y una tendencia a la monopolización creciente en los mercados u "oligopolización", es decir, unas pocas empresas dominantes en cada mercado. Esta nueva burguesía adquiere un poder dominante tal, que ahora es capaz de plantear su relación con el Estado en términos de igualdad. Ya no es una burguesía dependiente sino una burguesía que está ahí para imponer sus condiciones y sus términos al propio régimen político.

Nada más claro para ilustrar este caso que el de los empresarios de la televisión. Éstos han adquirido tal poder que ahora negocian "de tú a tú" con el Estado. Lo mismo el gigantesco monopolio telefónico que es capaz también de burlar las reglas, hacer miles de juicios, impulsar con su poder económico regulaciones especiales de tal forma que ahora tenemos un régimen político que es, de alguna forma, prisionero del poder de aquellos sujetos que él mismo creó en el pasado.

Si consideramos, como nos menciona, que en el primer momento del proceso toda la acción social estaba monopolizada por el Estado, y en el segundo el Estado compite con este "monstruo" que él mismo creó, si el poder estaba concentrado en estos dos actores, ¿qué papel pudo haber jugado la sociedad civil en la democratización y mediante qué mecanismos?

Bueno, sectores de la sociedad civil mexicana jugaron un papel protagónico en el impulso del proceso de democratización; lo jugaron desde afuera de los partidos. Por supuesto que los partidos también tuvieron un papel determinante, estaban peleando por su propia existencia y por sus propios espacios de acción. Pero la lucha de los partidos por la democracia no habría tenido ninguna viabilidad si no hubiera habido una sociedad civil movilizada y comprometida con el proceso de democratización. El ejemplo más palpable es el de Alianza Cívica, un movimiento pro-democrático nacional que por más que fuera pequeño en tamaño, era grande en términos simbólicos y morales. Sí planteaban la lucha por la democracia al margen de los partidos exigiendo congruencia entre un discurso y unas reglas formalmente democráticas y prácticas que eran profundamente antidemocráticas. Este impulso moral y las distintas prácticas que impulsó Alianza Cívica como la vigilancia de las elecciones, el monitoreo de medios de comunicación, la necesaria equidad en la competencia electoral y la selección transparente de los candidatos, fueron elementos que se incorporaron como normas de la vida democrática contemporánea. Así que yo podría decir que la participación de la sociedad civil en el proceso de democratización resultó decisiva para su propio éxito.

Hemos de decir también que en el desenlace concreto de la democracia electoral —es decir, el momento fundacional que es la reforma electoral de 1996— jugó un papel decisivo la amenaza política que representaba el zapatismo. Sin esa amenaza del zapatismo es posible que no hubiéramos tenido esa reforma electoral. La verdad es que el PRI actúa siempre sobre la base del miedo y de buscar las menores consecuencias posibles. El miedo a la generalización de una insurrección zapatista en medio de una crisis económica terrible como fue la de 1995 hizo que el PRI decidiera que era preciso soltar las amarras del sistema electoral y esa legislación de 1996 condujo a la creación del IFE histórico y heroico que todos conocemos y, en efecto, eso condujo a la posibilidad de la alternancia política en el gobierno federal. Pero insisto, hemos de considerar, por ejemplo, que los zapatistas, aunque no se propusieron ni pidieron, ni lucharon por la democracia electoral, con sus actos en la coyuntura histórica determinada que era la de mediados de los noventas, lograron realmente el último empujón que necesitaba el régimen para dar ese salto decisivo.

Pensando en aquellas razones que orillan a un régimen omnipotente, como lo fue en su momento el del PRI, a empezar a ceder espacios, a liberalizarse, ¿diríamos entonces que la manera en la que incidió la sociedad civil en el proceso de democratización es la movilización? ¿Qué herramientas tuvo la sociedad civil para presionar e influir en la transición?

Bueno, yo creo que las circunstancias históricas determinan cuáles son los espacios de movilización con que cuentan los actores de la sociedad civil. En la década de los noventas el recurso a la movilización fue sistemático, hubo muchas movilizaciones. Hubo muchas acciones callejeras simbólicas, Armas, manifestaciones, entrevistas; una hiper-movilización si uno lo quiere ver así. ¿Había otros espacios posibles? Hubo una lucha a través de los medios de comunicación. Hubo quienes escribieron en los periódicos, quienes mandaron comunicados, quienes fuimos entrevistados muchas veces en el plano local y nacional, quienes llevaron a cabo lobbying con los propios partidos y con la Presidencia de la República, etcétera. Digamos que hubo muchos espacios de acción pero ciertamente en los momentos decisivos de la transición, la movilización pública de la ciudadanía fue decisiva.

Puede decirse que el logro de la democratización mexicana, de nuestra transición, estuvo plasmado en lo que fue el IFE entre 1996 y 2003. Sin embargo, en este último año hay un punto de inflexión, un deterioro en la autonomía del instituto. ¿Qué sucedió? ¿Qué se dejó de hacer que permitió que se colonizara nuevamente este organismo tan importante?

El gran problema que hubo en el 2003, que es cuando se cambiaron los consejeros electorales, fue que la clase política en su conjunto, y en esto incluyo al PAN, al PRD y al PRI, decidieron que un IFE verdaderamente autónomo era demasiado peligroso. No olvidemos que el IFE autónomo le impuso al PRI una multa histórica de 1 500 millones de pesos debido al financiamiento ilegal que el sindicato petrolero hizo al PRI en su momento y que le impuso una multa de 600 millones de pesos al PAN por el financiamiento ilegal que los Amigos de Fox habían proporcionado a la campaña del ulterior presidente Fox. No sólo eso, sino que había establecido múltiples sanciones administrativas a todos los partidos por errores de contabilidad y por falta de rendición de cuentas. Es decir, el IFE había establecido una verdadera capacidad de control de los excesos más graves de los partidos. Yo creo que ahí hubo un consenso, sobre todo entre el PAN y el PRI, de que no era conveniente continuar con un IFE tan potente y tan "suelto" respecto a la clase política. En el 2003 —y eso fue un pecado capital imperdonable del presidente Fox— se accede, con el PRI representado en ese momento por la maestra Elba Esther Gordillo, a escoger a consejeros electorales, ya no sobre la base del mérito y el prestigio personal en la lucha por la democracia, como se había hecho antes, sino sobre la base de la lealtad partidaria. En ese momento, esa decisión destruye la mitad del prestigio del IFE. Es decir, se nombra a personas de muy bajo perfil sobre la base de lealtades personales a los políticos, particularmente a la propia Elba Esther y, en su caso, a los panistas, se deja fuera al PRD de la repartición de los consejeros electorales, lo cual va a tener consecuencias trágicas en las elecciones de 2006 y esto conduce, por consiguiente, a un problema mayor: la pérdida de legitimidad del IFE.

Frente a este retroceso, ¿qué puede hacer la sociedad civil para defender las instituciones que nos garantizan derechos? Siendo que no hay maneras de incidir en el diseño institucional que, en el caso del IFE, permitió la politización de la elección de consejeros, ¿qué cree usted que se puede hacer desde la sociedad civil para proteger los espacios existentes y recuperar los que se han colonizado?

Creo yo que los ciudadanos vamos a tener que actuar simultáneamente en varios frentes. En otras palabras, no existe un solo espacio de acción prioritario o estratégico en una transición a la democracia que exige la modificación de las leyes, el cambio institucional y sobre todo la modificación de la cultura política. Por consiguiente, creo que los ciudadanos tenemos un frente civil, que significa que hay que democratizar las organizaciones de la sociedad civil realmente existentes. Es decir, es un imperativo político la democratización de los sindicatos, de las organizaciones populares, de las organizaciones y asociaciones profesionales y, yo diría, también de las universidades e instituciones de producción de conocimiento que se caracterizan por un autoritarismo extremo, por la falta de transparencia y de acceso a la información.

Es imprescindible, por supuesto, exigir a los partidos políticos que cumplan la función que hipotéticamente deberían cumplir: presentar programas y alternativas a la población. Hoy en día los partidos políticos son más bien una especie de empresas de colocación política, instituciones mediadoras de personas ambiciosas y no necesariamente partidos ideológicos o programáticos; no lo son en absoluto, no hay diferencia sustantiva entre uno y otro. De manera que tenemos que exigirle a los partidos que cumplan con las funciones que hipotéticamente les otorgan el carácter de instituciones de interés público. Les otorgamos un financiamiento gigantesco y generoso para que hagan un servicio público al ofrecer a la población alternativas, liderazgos y el cumplimiento de programas, y lo más que tenemos son maquinarias políticas bastante defectuosas.

Necesitamos, por otra parte, emplear los espacios públicos. Tenemos en México una escasez notable de espacios de debate. Los que tenemos son muy pocos, de mala calidad, con muy poco acceso, con muy poca gente participando en ellos. Tenemos, como en todas las áreas de la vida pública mexicana, una monopolización del espacio público y necesitamos también democratizar estos espacios.

Y por supuesto, al último, aunque no al Anal, es imprescindible que desarrollemos los ciudadanos de este país una capacidad crítica y de exigencia de derechos. Los mexicanos estamos muy acostumbrados a recibir pasivamente el autoritarismo gubernamental, a no tener acceso a esos derechos, a aceptar las migajas que de alguna forma nos ofrecen los gobiernos en todos los niveles. Creo que cambiar la actitud hacia un paradigma ciudadano de exigencia de derechos es imprescindible también como parte de una transformación cultural necesaria.

Para concluir, y retomando lo que nos menciona sobre los espacios de debate que están monopolizados, si los actores que controlan la mayoría de estos espacios —los medios masivos de comunicación— se rigen por una lógica de interés privado y no público, ¿cómo podemos democratizar estos espacios?

Yo creo que los Estados democráticos en general cumplen una función de interés público esencial que es la de regular el mercado. La regulación del mercado es indispensable en cualquier sociedad democrática contemporánea. En el caso de México tenemos omisiones fundamentales en esta función esencial de un Estado moderno, puesto que el Estado es incapaz de regular el mercado. Es decir, los actores del mercado son más fuertes que el Estado. Por eso mismo, tenemos una altísima concentración empresarial en la mayoría de los sectores económicos y un incumplimiento de las reglas más básicas de respeto al medio ambiente, de los derechos laborales y, en general, al pago adecuado y correcto de impuestos. Toda esta omisión de las empresas es en realidad una demostración de una falla del Estado, de una falla institucional del Estado. De manera que lo que requeriríamos para refundar esta relación, se puede decir, de absoluta libertad en la ilegalidad del mercado en México, sería crear un Estado fuerte, un Estado de derecho, un Estado con capacidades regulatorias reales, no para anular al mercado, sino simplemente para establecer las reglas de funcionamiento y de competencia que estén en el mejor interés público. Yo creo que es imprescindible que entendamos que el mercado competitivo, e mercado que efectivamente ayuda a mejorar la economía de un país, es aquél que tiene reglas claras sobre las cuales operar. En México lo que tenemos hasta el momento es básicamente una "ley de la selva", también en el mercado, que es aprovechada, por supuesto, por los actores más fuertes.

 

Nota

¹ Alberto J. Olvera, coord., La democratización frustrada: limitaciones institucionales y colonización política de las instituciones garantes de derechos y de participación ciudadana en México. México y Xalapa, CIESAS/Universidad Veracruzana, 2010.         [ Links ]