Artículos

 

Dictadura y reconciliación: una revisión del caso chileno desde el pensamiento de Hannah Arendt¹

 

María Soledad Sahueza*

 

* Universidad de Chile, Chile, <m.solesanhueza@gmail.com>.

 

Fecha de recepción: 22/09/2011
Fecha de aceptación: 23/04/2012

 

Resumen

A partir de la filosofía de Hannah Arendt, en este artículo analizaré por qué considero que Chile aún no es un país reconciliado políticamente, a pesar de que han transcurrido 21 años desde el término de la dictadura militar del general Augusto Pinochet. La noción de reconciliación que la autora nos presenta nos llevará a postular la existencia de tres carencias en la comunidad política chilena, que no han podido ser salvadas por las políticas públicas realizadas para incentivar la reconciliación a partir del primer gobierno democrático post dictadura en 1990. Estas carencias son: falta de juicio legal y castigo; falta de responsabilidad y falta de comprensión y juicio (en un sentido facultativo). Todo esto ha llevado a la carencia de un mundo político común y a perpetuar la Asura en la comunidad chilena, lo cual ha impedido una reconciliación social y ha logrado, en su lugar, sólo una convivencia pacífica.

Palabras clave: Dictadura chilena, reconciliación política, convivencia pacífica, responsabilidad, juicio legal, facultad de juicio, comprensión.

 

Abstract

From the philosophical perspective of Hannah Arendt, in this article I will discuss why I believe that Chile is not a country politically reconciled, although 21 years have passed since the end of the military dictatorship of General Augusto Pinochet. The notion of reconciliation that the author demonstrates, leads us to state the existence of three gaps in the Chilean political community. This could not be prevented by the policies implemented to promote reconciliation after the first democratic government in 1990. Those gaps are: lack of trial and punishment, lack of responsibility, as well as lack of understanding and judgment. This has led to the absence of the common political world and perpetuated the fracture in the Chilean community, which has impeded a social reconciliation, and, in its place has achieved nothing more than a peaceful coexistence.

Key words: Chilean dictatorship, political reconciliation, peaceful coexistence, responsibility, judgments, trial, understanding.

 

Por qué volver a hablar de reconciliación en Chile

La pregunta que motivó la siguiente investigación es ¿cuál es la importancia de volver a hablar de reconciliación política en Chile? Y surgió luego de ver la realidad chilena a más de 21 años de terminada la dictadura más larga de nuestra historia. Tanto en 2010 como en el presente año, surgió, con motivo del bicentenario de la independencia de Chile, la idea de realizar un indulto presidencial a reos, el cual podría involucrar a los condenados por delitos contra los derechos humanos. La sola posibilidad de que se realizara este indulto causó un revuelo en la opinión pública, con lo que nuevamente se dejó ver la fractura que divide a la comunidad política chilena en dos: por un lado las víctimas de la dictadura y por el otro los victimarios y quienes los apoyaron. Mientras unos opinaban que los condenados por violaciones a los derechos humanos también deberían ser afectos al indulto (a este grupo pertenecían quienes habían apoyado el régimen de Augusto Pinochet), otros se resistían a que quienes habían cometido este tipo de crímenes pudieran recibir beneficios carcelarios (en esta postura estaban las víctimas).

Es por este fenómeno particular que resulta importante volver a hablar de la reconciliación política, y de qué pasó con todas las políticas públicas que se enfocaron en tratar de hacer de Chile un país reconciliado. De esta forma, el presente trabajo es una crítica a los intentos gubernamentales por lograr reconciliar a los chilenos, y la tesis que cimenta esta crítica es el hecho de que, en el principal momento donde se aplicaron políticas públicas tendientes a unificar la comunidad política —entre los años 1990 y 1994, durante la presidencia de Patricio Aylwin—, no se apelaba a una reconciliación, sino más bien a una "convivencia pacífica".

Para hacer la distinción entre los conceptos "reconciliación política" y "convivencia pacífica" —y de este modo poder corroborar mi tesis— apelaré al pensamiento de Hannah Arendt, y particularmente, a lo que ella entiende por reconciliación política.

 

La reconciliación en la filosofía de Hannah Arendt

En el Diario filosófico, cuando Arendt habla de reconciliación, lo hace situando este concepto en un justo medio entre el perdón y la venganza. Así, ella nos dice que el perdón no se puede dar en el ámbito político por tres grandes motivos: primero, porque exige asimetría entre quien perdona y quien es perdonado (y la simetría es fundamental para establecer una comunidad política);² segundo, porque para perdonar se requiere establecer una igualdad fundamental en el interior de los hombres, pues quien perdona reconoce que existe inherentemente en los hombres un pecado original que nos hace a todos pecadores y por tanto posibles culpables; por el contrario, la igualdad necesaria para la política es la que se logra fuera de los hombres y no es inherente a ellos.³ Y tercero, el perdón es descrito por la misma Arendt como un "pasar de largo",⁴ lo que lo hace muy similar al olvido, el cual se aleja de la política porque no permite dejar historia ni abre paso a la comprensión y el juicio.

Eso respecto al perdón. La venganza, por su parte, es una suerte de entrampamiento en la acción agraviante, de forma tal que hace imposible apartarse de ella, ya sea para hacerle frente o para comenzar una nueva acción. La venganza impide los nuevos comienzos y, por tanto, la política.

De este modo, frente al perdón y la venganza, la reconciliación se convierte en el acto político restaurador que realizan los integrantes de una comunidad luego de un agravio. Si bien podemos tener en cuenta que el concepto de perdón que Arendt nos presenta en La condición humana tiene un carácter político, pues se nos muestra como el "remedio" para la irreversibilidad de la acción⁵ y, por tanto, como un recurso para no quedarse entrampado en una sola acción y de este modo salvar la política; aún así, considero que perdón y reconciliación no son conceptos equivalentes, sino que poseen aspectos distintos. Así, ajustándonos a la noción más tardía que nos presenta Arendt, el perdón es un acto político que de alguna forma logra salvar la posibilidad de la política; pero este acto se realiza sólo entre quien perdona y quien es perdonado y, por tanto, su realización tiene que ver con individuos. En cambio, la reconciliación es un acto que realizan los integrantes de una comunidad política hacia su propia comunidad para reparar el espacio público dañado por actos criminales o, por lo menos, antipolíticos. Es, asimismo, un acto que realiza la comunidad, que va dirigido al mundo de los asuntos humanos, condición de posibilidad de la comunidad política.

En el Diario filosófico, Arendt describe la reconciliación como la forma en que podemos poner sobre nuestros hombros la carga del agravio que hemos sufrido y que ha comprometido a toda nuestra comunidad,⁶ de manera que sea posible restablecer la igualdad en el mundo político. Así, hasta este momento en la reconciliación podemos identificar dos ideas distintas: la primera es la de solidaridad, y la segunda, una extraña aceptación (aunque no resignación) de los agravios y de la injusticia, en tanto se considera a ambos como una posibilidad en el mundo humano.

Tal como ya dijo Aristóteles en Política, la justicia es una virtud política.⁷ Esto significa que sólo se puede ser justo o injusto en el ámbito de los asuntos humanos, que es donde los hombres actúan bajo la condición de la pluralidad. Es decir, la injusticia es una posibilidad que existe porque los hombres actúan, y esta acción pertenece al mundo público, por tanto, la injusticia no existe al interior de los hombres, sino en su exterior: no hay hombres injustos sino actos injustos. De esta forma, al reconocer los actos dañinos como una posibilidad del accionar de los hombres y por tanto del mundo político, surge la solidaridad.

La solidaridad viene a ser una suerte de reconocimiento de la responsabilidad colectiva,⁸ que nos compete por el hecho de ser herederos del accionar pasado de nuestra comunidad. Y de este modo es una forma de cargar con el peso de los acontecimientos ocurridos, pero sin alivianar en ningún caso la culpa de quienes cometieron agravios o crímenes. La reconciliación —que es solidaria y responsable— permite hacer juicios sobre las acciones de los hombres, en el doble significado de la palabra: nos permite reconocer que algo no debería haber ocurrido jamás, y también permite castigar de acuerdo con las leyes de la comunidad a quienes son declarados culpables. Así, la reconciliación en ningún caso impide que los hombres puedan hacer frente a estos hechos violentos, ni que puedan juzgarlos y también juzgar a quienes los realizaron. Según escribe María José López:

Como nos aclara Arendt en su Diario filosófico, se trata de asumir una reconciliación que restituya la igualdad en la comunidad política perdida con la injusticia, pero no porque asumamos la culpa ajena, sino porque como comunidad hemos decidido cargar con la injusticia cometida y no con su culpa. Esto no exonera a nadie, no libera a nadie, simplemente nos permite reencontrarnos con la realidad, en la medida en que hemos decidido conjuntamente hacernos cargo de esa realidad.⁹

Pero también es necesario acotar que la reconciliación no es un acontecimiento que pueda unir nuevamente a dos grupos humanos de una comunidad que estaban distanciados. En este sentido, no es un acto de concordia con otro, sino más bien con el mundo que permitió que hechos violentos pudieran destruir el espacio público y que se pudieran cometer agravios contra la comunidad. Así, tal como dice Arendt en Comprensión y política, uno no se reconcilia con los otros hombres, sino con el mundo que hizo posible y permitió que existiera tal injusticia.¹⁰ Un mundo al que pertenecen las palabras y los actos que los hombres realizamos y decimos, es decir un mundo de asuntos humanos.

 

La revisión del caso chileno

Ahora bien, ¿cuál es la situación en Chile? A partir de la noción de reconciliación arendtiana identifico tres carencias en el proceso de reconciliación que se planteó en los años post dictadura (1990-1994), y que —a mi parecer— son las mismas carencias que se pueden ver hasta hoy y que impiden que las políticas incitadas por el gobierno de Patricio Aylwin hayan logrado incentivar una reconciliación en la nación chilena: primero, la falta de juicio legal y castigo; segundo, falta de responsabilidad política; y tercero, la falta de comprensión y enjuiciamiento (facultativo). Todo lo cual decanta en la carencia de un mundo político común, y en la existencia de una reconciliación sólo a nivel de élites, y de una "convivencia pacífica" en la comunidad.

 

La falta de juicio y castigo

El tema del juicio legal y el castigo frente a los crímenes es fundamental para lograr una reconciliación política, pues devuelve a la comunidad la confianza en su marco legal. Este marco legal es una promesa política. En Eichmann en Jerusalén, Arendt nos muestra que los juicios penales se realizan cuando se ha infringido la ley y por tanto ha existido violencia contra el espacio político. De esta forma, lo que se busca mediante la acción de la justicia no es que se repare al individuo violentado, sino al cuerpo político y al orden público en general, pues es esto último lo que ha sido perturbado y debe ser restablecido.¹¹ El mismo hecho de apelar a la justicia y a la ley para efectuar una denuncia es un acto principalmente de comunidad, pues "la ley presupone precisamente que existe una comunidad en lo humano con aquellos a quienes acusamos, juzgamos y condenamos".¹² Y es porque existe esa comunidad que es posible juzgar públicamente a un hombre por aquello que hizo o no hizo, pues sus actos no se realizan en soledad, sino que se exponen en el escenario que representa el espacio público y afectan a toda la comunidad.

Desde esta perspectiva, uno de los actos primordiales para poder restablecer un espacio político común en Chile, es el enjuiciamiento de los culpables de los crímenes cometidos durante el régimen militar. Restableciendo, de esta forma, esa certidumbre que nos entrega la promesa que es la ley, la cual nos une en una comunidad política y también le entrega cierta previsibilidad a las acciones que realizarán los hombres de esta comunidad. Sólo si un crimen se castiga podemos prever y tener confianza en que esta promesa sigue en pie, que la historia no se volverá a repetir, y que es posible establecer o, en este caso, restablecer, este espacio común en donde nuestros deberes y derechos se conocen de antemano.

Tratar de develar los 17 años de dictadura para comprender y enjuiciar los actos que allí se cometieron y mostrar que no había ninguna necesidad de cometer estos crímenes, que perfectamente la historia de Chile pudo ser distinta, resultaba (y resulta) fundamental para la reconciliación. A este respecto, el informe realizado por la Comisión de Verdad y Reconciliación convocada por el gobierno de Aylwin¹³ —más conocido como el Informe Rettig, por el apellido de su presidente—, apeló a la verdad y a la memoria, y de esta forma se transformó en el primer gesto de reparación y justicia, no obstante fueran necesarios muchos pasos más.

 

La falta de responsabilidad

La segunda carencia que se observa es la falta de responsabilidad que hemos tenido como comunidad frente a estos acontecimientos violentos y horrorosos; y aquí no nos referimos a los culpables que sólo se pueden determinar sobre la base de un juicio legal y de un castigo otorgado. En Responsabilidad y juicio, vemos que la responsabilidad puede ser tanto individual como colectiva,¹⁴ y así: somos responsables individualmente por haber sido cómplices de crímenes, pero —sin saber que éstos se estaban cometiendo ni que éramos cómplices de quienes los cometían—¹⁵ esta responsabilidad no es punible.

Y además: somos responsables colectiva o políticamente, todos quienes pertenecemos a un colectivo —del cual no podemos desvincularnos voluntariamente— por el hecho de que un miembro haya cometido algún acto del cual nos hacemos responsables, o de que haya cometido un acto en el nombre de toda la comunidad.¹⁶ Esta responsabilidad es una especie de herencia a la que accedemos por el hecho de nacer en un mundo que ya existía antes de que nosotros estuviéramos presentes en él, y que seguirá existiendo en cuanto nosotros ya no estemos.

En el caso de Chile vemos que hay una evasión de ambas responsabilidades: quienes participaron del régimen militar, quienes aprobaron su acción, aún cuando desconocían los crímenes cometidos por los agentes del Estado, tienen responsabilidad individual en los hechos, pues asintieron voluntariamente a formar parte de lo que estaba ocurriendo. Pero además, quienes vivieron en la época del régimen militar oponiéndose a él, quienes no formaron parte activa ni del régimen ni de la oposición, e incluso sus hijos, poseen la responsabilidad colectiva de haber vivido en un mundo político fracturado, o de haberlo heredado, y de tener que cargar con él y con su historia.

Ningún chileno en 1990 podría haber estado libre de cargar el peso del gobierno autoritario: se cargaba con una serie de crímenes que era necesario esclarecer, con una institucionalidad heredada del régimen anterior, con el peso de la desconfianza en instituciones de la nación (como era el caso de las Fuerzas Armadas y de Orden y del Poder Judicial), con las autoridades que el régimen autoritario había heredado y también con el importante apoyo que el régimen saliente había obtenido en sus 17 años de gobierno.¹⁷ El mundo político chileno no se había vuelto a crear con el retorno a la democracia en 1990, así como tampoco se había vuelto a crear con el Golpe de Estado de 1973. En ambos casos era el mismo, constituido por la misma comunidad y, por tanto, se trataba de un mundo que era necesario asumir.

Desde la perspectiva arendtiana, establecer las responsabilidades correspondientes y asumirlas es parte de la reconciliación. Para lograrla es necesaria la comprensión de la realidad que a cada uno le ha correspondido vivir, por muy dolorosa que ésta sea, y su aceptación como parte del mundo que compartimos con otros; aunque es necesario asumirla con la suficiente entereza como para poder emitir juicios y poder decir "esto no debería haber ocurrido".

Tomar esta responsabilidad como propia y a la vez como común, no nos lleva a unificar la vivencia del fenómeno autoritario, en el sentido de que todos lo hayamos vivido de la misma forma, pero sí a reconocer que todos lo vivimos y que sí existe un mundo compartido que rescatar y, además, a adquirir un suelo común con otros. Así, responsabilizarse genera solidaridad.

 

La falta de comprensión y la incapacidad de enjuiciar

La tercera carencia del retorno a la democracia en Chile, decíamos, es la falta de enjuiciamiento (en el sentido del juicio como facultad de juzgar) y la falta de comprensión. Si bien podemos ver los esfuerzos por conocer la verdad de los crímenes cometidos durante la dictadura en el referido Informe Rettig, y podemos identificar este hecho como el principio de la labor comprensiva,¹⁸ los sectores políticos en 1991 no estaban dispuestos a comprender los hechos, pues desde la izquierda y desde la derecha se trataba de eximir responsabilidades. No se estaba generando un espacio para la comprensión al interior de la comunidad, por más que este espacio se trataba de promover desde el gobierno.

La comprensión del fenómeno vivido involucra poder mirar atrás y ver este acontecimiento, en nuestro caso el régimen militar, iluminando a una serie de hechos que lo antecedieron y que sólo adquieren sentido gracias al acontecimiento horroroso que se nos presenta. Lo cual no se logró, pues los hechos que puede iluminar el Golpe de Estado van más allá de donde normalmente se ha tratado de buscar, es decir en los acontecimientos violentos ocurridos durante el gobierno de la Unidad Popular. A mi parecer, estos hechos iluminados pueden extenderse hasta los albores de nuestra república, a saber: la segregación del bajo pueblo de la política, desde el movimiento independentista, y la irrupción de estos segregados durante las primeras décadas del siglo XX.¹⁹ Así, desde los primeros tiempos de la república, la configuración de nuestra organización política y de nuestra forma de participación fraguaron el camino para un acontecimiento tan violento como un Golpe de Estado, y una dictadura que dejó tras de sí a más de tres mil muertos.²⁰

Para esta labor comprensiva es fundamental el relato y la historia y, por lo mismo, la memoria de lo ocurrido. Pero esta memoria no sólo se reduce a la verdad, sino que corresponde a un afrontar los hechos y otorgarles sentido desde una visión más imparcial. Para lograr construir un futuro como sociedad, en Justicia de las víctimas, Reyes Mate recalca la importancia de la memoria, para no quedarnos atrapados en el pasado y no volver a cometer los mismos actos.²¹ Es sobre la base de este esfuerzo comprensivo de los hechos e incluso sobre la base del relato que narra los hechos, como nos es posible enjuiciar nuestro pasado y poder decir, unánimemente, que los hechos ocurridos no tendrían por qué haber sucedido de esa forma, que nada de lo ocurrido fue necesario y que no debería volver a ocurrir nunca más.

 

A modo de conclusión: un país en paz, pero no reconciliado

Siguiendo el análisis de Reyes Mate, la falta de castigo, responsabilidad, comprensión y enjuiciamiento, nos habla de una carencia en las políticas destinadas a fomentar la reconciliación en la ciudadanía, las cuales lograron una reconciliación a nivel cupular, es decir, que incluía sólo a las élites entrantes y salientes del gobierno; pero no una reconciliación social que apuntase directamente a la comunidad dividida.²² "Para la reconciliación social hay que recomponer de abajo arriba todo el tejido social desgarrado y ésa es una tarea de varias generaciones".²³

Las palabras de Reyes Mate nos hacen tener en cuenta que la reconciliación política no es un acontecimiento instantáneo, fruto de las políticas públicas que la fomentan, sino que es una tarea que requiere de tiempo, pero también del espacio que puedan generar estas políticas públicas, pues es gracias a ese espacio que se puede fomentar la reconciliación en ese largo plazo.

En Chile no se ha logrado una reconciliación política en las bases, sino más bien una convivencia pacífica entre los integrantes de la comunidad, tal como dejó en evidencia el ex Presidente Patricio Aylwin, en una conferencia realizada en 2004, donde dijo —contradiciendo todos los discursos realizados mientras era gobernante—²⁴ que a lo que principalmente aspiró durante su gobierno fue a "hacer esfuerzos para restablecer o alcanzar una convivencia pacífica y civilizada en el seno de la sociedad común"²⁵ y no a una reconciliación de la nación chilena, pues en cuanto a la reconciliación plena él era bastante escéptico.²⁶

Finalmente, puede sostenerse que las políticas realizadas durante el primer gobierno democrático post Pinochet, como son las medidas de reparación, el llamado a los tribunales a hacer juicios frente a los crímenes y no sellar los casos con la ley de amnistía de 1978, el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, los indultos a los presos políticos; estas políticas, digo, no lograron ampliar el espacio público para que se forjase una reconciliación, porque no apelaron a formar un espacio político común. Un espacio que no se conseguirá hasta que no exista justicia y castigo a los culpables de los crímenes cometidos durante la dictadura; hasta que como comunidad política asumamos con responsabilidad los acontecimientos ocurridos en Chile; y hasta que comprendamos y enjuiciemos los hechos.

La reconciliación, que es un acto comunitario, exige que exista una comunidad política y también un mundo político común, que exista —Analmente— un mundo de los asuntos humanos con el cual reconciliarse.

 

Notas

¹ Este artículo es una versión corregida de la ponencia homónima presentada en el XVI Congreso Internacional de Filosofía "Filosofía: Razón y Violencia", organizado por la Asociación Filosófica de México, A.C., del 24 al 28 octubre de 2011 en Toluca, México. A su vez, esta investigación se realizó en el marco del proyecto Fondecyt (Chile) núm. 11080021, "Elementos para una filosofía de la historia en los años 50 de Hannah Arendt: la crítica a la filosofía moderna de la historia y el preámbulo de los espectadores", a cargo de la doctora María José López Merino.

² H. Arendt, Diario filosófico 1950-1973. Barcelona, Herder, 2006, p. 3.         [ Links ]

³ Ibid., p. 4.

⁴ Idem.

⁵ H. Arendt, La condición humana. Barcelona, Paidós, 2005, p. 256.         [ Links ]

⁶ H. Arendt, Diario filosófico 1950-1973, op. cit., p. 10.

⁷ Aristóteles, Política. Madrid, Gredos, 2000, p. 53.         [ Links ]

⁸ H. Arendt, Diario filosófico 1950-1973, p. 10.

⁹ M. J. López, "Víctimas y espectadores en la búsqueda de una justicia anmnética: una lectura arendtiana", en Actas, X Simposio de la Asociación de Filosofía Política Iberoamericana. México, 2008, pp. 8-9.         [ Links ]

¹⁰ H. Arendt, "Comprensión y política", en De la historia a la acción. Buenos Aires, Paidós, 2008, p. 30.         [ Links ]

¹¹ H. Arendt, Eichmann en Jerusalén. Barcelona, Debolsillo, 2008, pp. 380-381.         [ Links ]

¹² Ibid., p. 366.

¹³ El martes 24 de abril de 1990, por Decreto Supremo (DS. N° 335 del Ministerio de Interior), se constituyó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en La Moneda (el palacio de gobierno en Chile). Las personas que integraron esta comisión fueron: Raúl Rettig Guissen (Presidente), Jaime Castillo Velasco, José Luis Cea Egaña, Mónica Jiménez de la Jara, Ricardo Martin Díaz, Laura Novoa Vásquez, Gonzalo Vial Correa y José Zalaquett Daher. Como secretario fue nombrado Jorge Correa Sutil. Gonzalo Vial y Ricardo Martin simpatizaban con el saliente gobierno dictatorial, y con su participación en la Comisión se logró el propósito de que ésta fuera representativa.

Según el DS. N° 355, la Comisión tendría un máximo de nueve meses para investigar y entregar un informe sobre los casos de violaciones a los derechos humanos en Chile en el periodo 19731990; y también le correspondería entregar consejos al gobierno sobre las medidas de reparación que se deberían tomar para con las víctimas y sus familias.

¹⁴ H. Arendt, "Responsabilidad colectiva", en Responsabilidad y juicio. Barcelona, Paidós, 2007, p. 151        [ Links ]

¹⁵ H. Arendt, "Responsabilidad personal en una dictadura", ibid., p. 40.

¹⁶ H. Arendt, "Responsabilidad colectiva", ibid., p. 153.

¹⁷ En el plebiscito realizado el 5 de octubre de 1988, donde se sometió a votación la continuidad del gobierno del general Augusto Pinochet, la opción SÍ (sí, a la continuidad del gobierno) obtuvo un 43. 01 % y la opción NO, obtuvo un 54.7% de los votos. (O. Godoy, "La transición a la democracia: pactada", en Estudios Públicos. Santiago de Chile, núm. 74, otoño 1999, p. 93.         [ Links ]

¹⁸ Más todavía, pues en la Comisión Rettig y su informe se trató de incluir tanto a quienes habían participado de la dictadura como a quienes no, y se trató de adjudicar responsabilidades a diversos sectores de la sociedad tanto en el álgido momento político previo al Golpe de Estado, como a la dictadura misma. Es por eso que considero el Informe Rettig como un documento que hace un esfuerzo por la verdad y la comprensión, en un nivel de cierta imparcialidad.

¹⁹ Para la emergencia de los sectores populares en la política chilena, véase por ejemplo B. Subercaseaux, Historia de las ideas y de la cultura en Chile, vol. III, t. v. Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 2011, pp. 27-52.         [ Links ]

²⁰ Los muertos durante la dictadura —tanto quienes fueron víctimas de persecución política como quienes murieron por la violencia de la época— fueron cifrados en 3 197 por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación en el Informe sobre calificación de víctimas de violencia de derechos humanos y de la violencia política (Santiago de Chile,1996). Las víctimas de torturas y prisión política, según el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (más conocida como la Comisión Valech, por el nombre de su presidente, fue creada en 2003 bajo el mandato de Ricardo Lagos), alcanzaron un total de 28 459 (Santiago de Chile, 2005). El presente año fue entregado al presidente Sebastián Piñera el último informe elaborado por la Comisión de Prisión Política y Tortura (creada por la presidente Michelle Bachelet en 2010) la cual suma a la cifra de muertos y desaparecidos 30 víctimas más, y a la de detenidos y torturados 9 797 más (Santiago de Chile, 2011).

²¹ Reyes Mate, Justicia de las víctimas. Terrorismo, memoria, reconciliación. Barcelona, Anthropos, 2008, p. 45.         [ Links ]

²² Ibid., pp. 58-59.

²³ Ibid., p. 59.

²⁴ Para ver ejemplos se pueden revisar los discursos realizados por Patricio Aylwin durante su mandato, como: "Desde los balcones del palacio de La Moneda (11 de marzo de 1990)", "En el Estadio Nacional (12 de marzo de 1990)", "Al firmar el proyecto de decreto que crea la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (24 de abril de 1990)", "En el inicio de la legislatura ordinaria del Congreso Nacional (21 de mayo de 1990)", "Al dar a conocer a la ciudadanía el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación (4 de marzo de 1991)", en La transición chilena, discursos escogidos marzo 1990-1992. Santiago de Chile, Andrés Bello, 1992        [ Links ]

²⁵ P. Aylwin, "Reflexión sobre la memoria y el olvido", en F. Zerán et al., eds., Encuentros con la memoria. Santiago de Chile, Lom, 2004, p. 42.         [ Links ]

²⁶ P. Aylwin, "Verdad, justicia y reparación", en E. Lira y G. Morales, eds., Derechos humanos y reparación. Santiago de Chile, Lom, 2005, p. 23.         [ Links ]