Introducción

En el curso de las últimas dos décadas, el debate respecto a la gobernanza global de las migraciones -que hasta entonces había permanecido prácticamente ausente en el escenario geopolítico internacional- fue replanteado en 2006 por la Organización de Naciones Unidas (ONU) mediante un viraje analítico: relacionando la migración con el desarrollo. Ante este viraje Stephen Castles y yo, en la introducción de un libro editado en 2007, advertíamos:

En el último tramo del siglo pasado y en lo que va del presente, la relación entre migración y desarrollo se ha tornado un tema central en el debate académico y político a escala internacional (...) En el pasado, los gobiernos de los países desarrollados del norte ignoraron el llamado de los países exportadores de fuerza de trabajo (por ejemplo, en la Conferencia de Población de las Naciones Unidas celebrada en El Cairo en 1994) para construir mecanismos políticos de cooperación en materia de migración. Actualmente, existe una suerte de auge de la actividad internacional: el reporte de 2005 de la Comisión Global sobre la Migración, el diálogo de alto nivel sobre migración y desarrollo de las Naciones Unidas de septiembre de 2006 y la primera reunión del Foro Mundial de Migración y Desarrollo en Bruselas en julio de 2007 (^{Castles y Delgado, 2007:5}).

Además, cuestionábamos el por qué de este replanteamiento. Coincidimos entonces en que vincular la migración con el desarrollo era una estrategia para controlar los flujos migratorios y maximizar sus beneficios a favor de los países receptores a través de la llamada «gestión de las migraciones», así como un movimiento táctico para asegurar la cooperación de los países emisores del Sur. De ese modo, a la migración se le atribuye una connotación positiva: por un lado, los migrantes son revalorados y redefinidos como «héroes del desarrollo» (para los países de origen); por el otro, las remesas de los migrantes se convierten en un foco central del análisis, al concebírseles como una suerte de subsidio Norte-Sur (^{Castles y Delgado, 2007:6}).

Con fundamento en las anteriores consideraciones, este artículo pretende abordar de manera crítica algunas de las dimensiones clave de la relación dialéctica entre migración y desarrollo en la teoría y la práctica, específicamente en la deconstrucción del discurso dominante o hegemónico en este campo. Ello implica ofrecer una visión comprensiva y contrahegemónica de esa relación, con especial énfasis en la arquitectura conceptual de lo que concebimos como perspectiva del Sur; y describir cómo se ha forjado esta perspectiva no sólo teóricamente, sino también mediante una participación activa en los espacios abiertos para la sociedad civil en la gobernanza global de las migraciones, en particular el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD) y el Foro Social Mundial de las Migraciones (FSMM), un espacio creado y controlado por organizaciones y movimientos sociales contrahegemónicos.

Un campo de batalla teórico/político ineludible

En el contexto de la reestructuración económica y los procesos de precarización laboral que caracterizan a los flujos migratorios contemporáneos, el debate sobre la relación entre migración y desarrollo ha estado dominado por la creencia de que la migración contribuye al desarrollo de los países de origen. En este apartado, se iniciará por introducir la posición dominante seguida por un marco teórico alternativo, en una tentativa por desmitificar las narrativas hegemónicas acerca de migración y desarrollo.

Hacia una perspectiva alterna: la negación de la negación

En contraste con la visión dominante, un enfoque alternativo para conceptualizar la relación entre migración y desarrollo ha sido el centro de un debate en curso: se ha concebido como perspectiva del Sur. Más que una simple negación de la Perspectiva del Norte implica una negación de la negación en términos dialécticos, con el objetivo de construir un enfoque integral, inclusivo, emancipatorio y libertario del nexo entre migración y desarrollo.

Esta perspectiva alternativa, promovida por la Red Internacional sobre Migración y Desarrollo (RIMD), se basa en una recuperación y revalorización de la escuela latinoamericana de pensamiento crítico sobre el desarrollo a la luz de una comprensión profunda de la naturaleza y características del contexto capitalista contemporáneo (^{Delgado y Márquez, 2009}; ^{Delgado et al., 2013}). En ese sentido, el vínculo entre migración y desarrollo se caracteriza por ser dialéctico en vez de unidireccional y se aborda desde un marco analítico multidimensional que comprende factores económicos, políticos, sociales, ambientales, culturales, raciales, étnicos, de género, geográficos y demográficos (Castles y Delgado, 2007).

Mientras que la perspectiva dominante, también referida como perspectiva del Norte, se restringe al eje horizontal de la figura 1 y ofrece una visión descontextualizada, ahistórica, reduccionista y unilateral de la problemática, la perspectiva del Sur intenta cubrir todo el espectro de relaciones dialécticas, al considerar los impactos en los países de origen, tránsito y destino e incorporar, como una dimensión analítica clave, el eje vertical. Este eje, oculto intencionalmente por el enfoque dominante, comprende dos dimensiones: a) un análisis de las múltiples violaciones de los derechos humanos y laborales que sufren los migrantes y sus familias; b) las causas de las complejas relaciones que se generan entre la migración y el desarrollo con fundamento en la égida neoliberal.

Figura 1 La perspectiva del Sur. Dimensiones analíticas clave 

Una comprensión profunda de la arquitectura de la globalización neoliberal es crucial en ese sentido. Ello implica reconocer y desentrañar la estrategia de reestructuración del capital promovida por grandes corporaciones multinacionales con el apoyo de los estados imperiales del Norte liderados por Estados Unidos. Un elemento clave de esta estrategia de reestructuración del capital es el establecimiento de redes globales de capital monopolista, que sustentado en operaciones de subcontratación y cadenas de subcontratación extienden parte de los procesos productivos, comerciales, financieros y de servicios de las grandes corporaciones multinacionales hacia el Sur global en busca de fuerza de trabajo abundante y barata, así como la extracción de recursos naturales. Tal estrategia se ejemplifica mediante las plataformas de exportación que operan como economías de enclave en países periféricos.

A la estrategia anterior se agregan: a) la financiarización o recurso a capital ficticio por las grandes corporaciones multinacionales; b) el acaparamiento y control de la tierra por medio de la megaminería y los agronegocios con consecuencias funestas para el medio ambiente, acompañadas de la emergencia y la proliferación de recientes modalidades de acumulación por desposesión o despojo; c) la reestructuración de los sistemas de innovación a través de la apropiación privada del conocimiento -del general intellect-, la concentración y la centralización de patentes (^{Delgado, 2017}).

Un rasgo importante e ineludible de la forma actual del capitalismo, es decir, la globalización neoliberal, es el desarrollo desigual. La dinámica global y nacional del desarrollo capitalista, la división internacional del trabajo, el sistema imperialista de relaciones internacionales de poder y los conflictos que rodean la relación capital-trabajo y la dinámica del capital extractivo han hecho que la polarización económica, social, política y cultural entre los espacios geográficos y las clases sociales sea más extrema que nunca en la historia de la humanidad. Un resultado notorio de este escenario es la concentración desproporcionada de capital, poder y riqueza en manos de una pequeña élite dentro de la clase capitalista. Hoy día, 1 por ciento más rico de la población mundial controla 40 por ciento de los activos globales totales (^{Davies et al., 2008}). Además, «de 1970 a 2009, el PIB per cápita de los países en desarrollo (excluyendo a China) promedió apenas 6.3 por ciento del PIB per cápita de los países del g8» (^{Foster et al., 2011}).

Al fomentar la tendencia anterior, el arbitraje laboral mundial se ha convertido en un pilar clave de la nueva arquitectura global. Esto le permite al capital apropiarse de cuantiosas ganancias monopólicas o rentas imperiales, aprovechando los enormes diferenciales salariales nacionales existentes en el horizonte Norte-Sur y los salarios de subsistencia (e inferiores) en gran parte del Sur global. Mediante el mecanismo del arbitraje laboral global, las asimetrías sociales y geográficas se reproducen a escala global. Las desigualdades sociales figuran como uno de los aspectos más angustiantes de este proceso, dada la concentración sin precedentes de capital, poder y riqueza en pocas manos, mientras que un segmento creciente de la población sufre pobreza, explotación y exclusión extremas. Las crecientes disparidades también se expresan, cada vez más, en términos de relaciones raciales, étnicas y de género; acceso reducido a la producción y al empleo; drástica disminución de las condiciones de vida y de trabajo; y progresivo desmantelamiento de las redes de seguridad social.

Las características citadas conllevan a un ataque sin precedentes a las condiciones laborales y de vida de la clase trabajadora. Con el desmantelamiento de la antigua Unión Soviética, la integración de China e India a la economía mundial y la implementación de programas de ajuste estructural (incluidas las privatizaciones y las reformas laborales) en el Sur global, la oferta de fuerza de trabajo disponible para el capital en el curso de las dos últimas décadas, se ha duplicado (incluso traspasado): de 1.5 incrementó a 3.25 mil millones, Richard ^{Freeman (2006}) lo denomina great doubling. Esta situación, aunada a las condiciones que genera la reestructuración neoliberal, ha desencadenado una desbordante sobreoferta de fuerza de trabajo que ha deteriorado la estructura salarial e incrementado la precariedad laboral a escala planetaria. De acuerdo con estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el número de trabajadores en condiciones de inseguridad laboral incrementó a mil 500 millones en 2017, es decir, casi la mitad de la fuerza laboral mundial, de esa cifra 800 millones reciben un salario inferior a 3 dólares estadounidenses por día, mientras que el número global de desempleados sigue en ascenso (OIT, 2018). Dichas condiciones, distribuidas de manera desigual en todo el planeta, han conducido a crecientes presiones estructurales para emigrar interna e internacionalmente en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Reconceptualización de la migración forzada

Conforme a las circunstancias ya aludidas, la migración no es sólo el producto de decisiones individuales o familiares, como postula la escuela de pensamiento neoclásico, sino un fenómeno con sus propios patrones inserto en un conjunto de redes sociales y redes transnacionales. La naturaleza masiva de la migración en la era neoliberal y el vínculo entre los flujos nacionales e internacionales que la distinguen se encuentra determinada por la dinámica contradictoria y desordenada del desarrollo desigual. Así, la migración adopta el modo de «desplazamiento compulsivo», hecho que propicia una nueva, polivalente y generalizada modalidad de migración forzada con dos rasgos fundamentales. El primero se refiere en específico a un proceso de expulsión que resulta de una espiral descendente de regresión social, provocada por la privación de medios de producción y subsistencia, saqueo, violencia y catástrofes que ponen en peligro la supervivencia de grandes segmentos de la población en sus lugares de origen. No se trata simplemente de un proceso gradual o acumulativo, sino de un verdadero colapso del orden social, generado por las políticas de ajuste estructural y las estrategias de dominación y concentración de la riqueza, que distinguen al capitalismo contemporáneo y que han alcanzado niveles sin precedentes que obligan a vastos contingentes de la población a vender su fuerza de trabajo en el nivel interno e internacional a fin de garantizar su subsistencia y la de sus familias.

El segundo resalta que el desplazamiento compulsivo impone restricciones a la movilidad de la fuerza laboral migrante, depreciándola y sometiéndola a condiciones de alta vulnerabilidad, precariedad y explotación extrema. Si el proceso de expulsión entraña una reedición de los modos de acumulación originaria, característicos de las primeras etapas históricas del capitalismo, la actual liberalización de la fuerza laboral reproduce dicho fenómeno ante las crecientes vicisitudes y limitaciones que acusa mercado laboral en el ámbito internacional. Los Estados nacionales que reciben migrantes regulan su entrada con instrumentos punitivos y coercitivos que devalúan el trabajo, además de violar los derechos humanos y criminalizar a los migrantes. Las condiciones emergentes de explotación laboral y exclusión social, así como los obstáculos experimentados por los migrantes en diferentes etapas del tránsito y asentamiento, acentúan su inseguridad, a grado tal de ariesgar su propia vida (^{Márquez y Delgado, 2011}).

Dentro de este contexto, la migración ha adquirido un nuevo papel en la división nacional e internacional del trabajo. El desarrollo desigual ocasiona un nuevo tipo de migración que puede identificarse como migración forzada. Aunque el concepto convencional de «migración forzada» no se aplica a todos los migrantes (^{Castles, 2003}), la mayoría de los flujos migratorios actuales son desplazamientos forzados y, por tanto, requieren un descriptor más preciso. En el ámbito institucional de los derechos humanos, el término «migración forzada» se refiere concretamente a los solicitantes de asilo, refugiados o personas desplazadas. Sin embargo, como se ha argumentado, la dinámica del desarrollo desigual ha conducido a condiciones estructurales que fomentan la migración masiva de poblaciones desposeídas, marginadas y excluidas. Bajo estas circunstancias, la migración se ha tornado en particular en un desplazamiento forzado de la población, el cual abarca diversas modalidades (^{Delgado y Márquez, 2009}): a) migración por violencia, conflicto y catástrofe, esto es 65.6 millones en todo el mundo, incluyendo 22.5 millones de refugiados, 40.8 millones de desplazados internos y 3.2 millones de solicitantes de asilo (ACNUR, 2015); b) trata y tráfico ilícito de personas, comprende al menos a 21 millones de personas (OIT 2015); c) migración por despojo, exclusión social y desempleo, que representa, con mucho, la categoría más extensa de migración forzada con alrededor de 600 millones de migrantes «económicos» internacionales e internos; d) migración de retorno como resultado de las deportaciones masivas, características del capitalismo contemporáneo, que involucran un proceso de doble migración forzada, puesto que se vieron obligados a abandonar sus países de origen y tiempo después a regresar en condiciones de creciente vulnerabilidad e inseguridad.

En un sentido menos estricto, la migración a causa de la sobrecalificación y la falta de oportunidades puede valorarse como un quinto tipo de migración forzada. Deriva de la reestructuración de los sistemas de innovación y los desequilibrios estructurales en el mercado laboral y el limitado respaldo institucional en los países periféricos, lo que hace que muchos trabajadores altamente calificados no puedan encontrar oportunidades laborales adecuadas en su propio país. Esta categoría de migración forzada incluye a casi 30 millones de profesionales. Si bien dichos migrantes no enfrentan serios problemas en término de acceso a condiciones de trabajo acorde a sus capacidades laborales e intelectuales, con frecuencia están sujetos a cierta discriminación salarial en los países de destino.

Indicadores desmitificadores estratégicos

Más allá de la importancia estratégica de la migración y del desarrollo en la agenda política contemporánea, las percepciones públicas de la movilidad humana se encuentran plagadas de mitos que distorsionan la realidad con una visión unilateral, descontextualizada, reduccionista y sesgada. La reciente crisis de refugiados en Europa ha endurecido esta narrativa y ha exacerbado la problemática y los desafíos planteados por la migración en el ámbito internacional.

Las agendas políticas y de investigación dominantes en el área tienden a reproducir, no de manera desinteresada, gran parte de la mitología prevaleciente, e ignoran el contexto en el que se despliega la migración contemporánea, así como sus causas fundamentales. Se asume que la movilidad humana es un acto libre y voluntario ajeno a cualquier tipo de condicionamiento estructural y a agentes nacionales o supranacionales. A menudo, las múltiples contribuciones económicas, demográficas, sociales y culturales hechas por los migrantes a las sociedades y naciones de destino son ignoradas, ocultadas e incluso distorsionadas, independientemente del estatus legal y de la categorización (migrantes económicos, refugiados, solicitantes de asilo, etcétera), hasta el punto de que se les concibe como una carga socioeconómica para los países de destino y en tiempos de crisis se les convierte en chivos expiatorios. Al respecto, Rubén Puentes, Alejandro Canales y Humberto Márquez, junto con Stephen Castles y yo, iniciamos un trabajo sistemático en esta área con el objetivo de contribuir a una desmitificación necesaria de creencias comunes sobre la movilidad humana, en particular acerca de la relación entre migración, desarrollo y derechos humanos (^{Puentes et al., 2010}). Nuestros esfuerzos se dirigieron a construir una visión alternativa, sólidamente fundamentada, crítica, integral e inclusiva, de la migración contemporánea a través de una serie de indicadores estratégicos en varias dimensiones críticas.

Una muestra de dichos esfuerzos, asociada con el sistema migratorio México-Estados Unidos, es el siguiente: en general se piensa que las contribuciones de los inmigrantes al país de acogida son mínimas o marginales y, a la inversa, que la incorporación de inmigrantes al mercado laboral constituye un acto de «generosidad», el cual conlleva a una disminución de la productividad económica y a una pérdida de empleos para los trabajadores nativos. Sin embargo, la verdad es muy diferente, a pesar de las tentativas de ocultar la realidad e incidir de modo negativo en la opinión pública de los principales países receptores de migrantes del mundo, con aviesos fines político-electorales que han rendido grandes dividendos para el avance de la ultraderecha y el neofascismo. Además, el tema ha sido soslayado en las agendas bilaterales y multilaterales y se ha abordado de manera unilateral al argumentar que el control de las fronteras es una cuestión de soberanía nacional. En última instancia, ello refleja la forma en la que la doctrina de la seguridad nacional, que tiende a criminalizar a los migrantes, se ha convertido en el punto de referencia de las políticas públicas en materia migratoria y «el hueso más duro de roer» en el debate internacional en torno de la gobernanza global de las migraciones, como se expondrá en el apartado que sigue.

En efecto, desde el año 2000, las contribuciones de los inmigrantes -y en particular de los de origen latinoamericano y sus descendientes- figuran como una de las palancas del crecimiento clave de la economía de Estados Unidos, a la sazón la más grande del mundo. En la figura 2 se muestra con claridad que su aportación al producto interno bruto (PIB) nacional fue de 45.3 por ciento, frente a 54.7 por ciento de los nativos blancos no latinoamericanos. Todavía más: el grupo con mayor contribución por origen nacional fue el de los nativos mexicanos (14.3 por ciento) que, sumado a las de los descendientes de mexicanos, alcanza 31.3 por ciento.

Fuente:Estimacion basadasSIMDE-UAZ, de 2000 y 2015 con sustento en CPS-ASEC, suplemento de marzo.

Figura 2  Estados Unidos: crecimiento de la población económicamente activa, 2000-2015 

Los sectores económicos primordiales para el empleo de los mexicanos en Estados Unidos cambiaron entre 1994 y 2012. Así, las cifras en manufactura crecieron en términos absolutos, pese a un colapso generalizado ocasionado por la transferencia de plantas de ensamblaje (maquiladoras) a países con una fuerza de trabajo barata (por ejemplo, México), pero la participación mexicana cayó 12.6 por ciento en términos relativos. Mientras tanto, la construcción se convirtió en la principal fuente de empleo, que pasó de 8.9 a 16.8 por ciento, aunque sufrió una fuerte caída derivada de la crisis en Estados Unidos. En general, y en cuanto a su relevancia en el dinamismo económico, la participación de inmigrantes mexicanos en el sector industrial de Estados Unidos fue de 32 por ciento en 2012. Complementariamente, 21.2 por ciento adicional trabaja en servicios profesionales, negocios, educación y salud; 16.8 por ciento en ocio y hospitalidad; y 10.5 por ciento en actividades comerciales. Otro sector importante es la agricultura: si bien sólo ascendió a 4.9 por ciento en 2012, los trabajadores agrícolas en ese país en su mayoría de origen mexicano e indígenas (véase figura 3).

Fuente: estimaciones con base en US Census Bureau, suplemento de marzo, 1994 y 2012

Figura 3 Inmigrantes mexicanos en Estados Unidos 

A pesar de sus fundamentales contribuciones al crecimiento de la economía estadounidense, los inmigrantes mexicanos tuvieron los peores niveles salariales en comparación con otros grupos. Esto conlleva una discriminación salarial asociada al estigma de la «ilegalidad»; considérese que 5.8 millones de inmigrantes mexicanos (52 por ciento) cargan con ese estigma (^{Passel y Cohn, 2016}). Es evidente, entonces, que la fuerza laboral mexicana ostenta los ingresos más bajos en Estados Unidos. En términos globales, puede decirse que la mano de obra mexicana se encuentra entre las más baratas del mundo y es explotada por el capital transnacional (en especial de origen estadounidense) en México y en Estados Unidos.

Otra área de desmitificación relevante para el sistema migratorio México-Estados Unidos reside en la noción generalizada de remesas basadas en el fetichismo monetario; el dinero se da por sentado, sin relacionarlo con los modos de producción social y las condiciones de explotación y discriminación laboral en las que se genera. Según el discurso ortodoxo, el problema es canalizar el efectivo enviado por los migrantes a sus familiares en los países de origen y utilizarlo como fuente de inversión para promover el desarrollo y estabilizar las cuentas nacionales. Asimismo, se parte del supuesto de que las «remesas familiares» tienen un impacto positivo en la reducción de la pobreza, pues se supone, de modo incorrecto, que tales ingresos mejoran la capacidad de consumo de quienes los reciben (^{Canales, 2008}). Las remesas son esencialmente enviadas por los trabajadores migrantes a sus dependientes financieros. Empero, como lo demuestra ^{Alejandro Canales (2011)}, el impacto económico atribuido a ellas es desproporcionado: el crecimiento del PIB a través del efecto multiplicador de las remesas es de 0.47 por ciento; la elasticidad del PIB respecto a las remesas es de 0.036; el efecto en la reducción de la pobreza es de 1.3 puntos porcentuales; en la reducción de la desigualdad (Gini) es de 1.3 por ciento; la elasticidad de la pobreza es de 0.221; y la elasticidad de la desigualdad (Gini) es de 0.221.

El hecho es que las remesas representan una fracción de los salarios ganados por los trabajadores migrantes, la mayoría de las veces en condiciones de sobreexplotación laboral, y son empleadas para sustentar la reproducción familiar en los países y lugares de origen. Ello incluye la formación de una nueva fuerza laboral con alta propensión a migrar (por ejemplo, hijos, hermanos u otros familiares) y el apoyo para ancianos y enfermos. De ahí que las remesas desempeñen un papel esencial en garantizar la reproducción social en condiciones de pobreza y exclusión, dentro de una espiral de degradación familiar y comunitaria que se aparta diametralmente del discurso apologista pregonado por los adalides de la postura ortodoxa dominante.

Teniendo en cuenta la edad y el nivel educativo de los inmigrantes mexicanos a su llegada inicial a Estados Unidos, así como el costo educativo implícito, se estima que, entre 1994 y 2008, México transfirió 83 mil millones de dólares estadounidenses (a precios de 2008)¹. Si dicha educación se hubiera realizado en escuelas públicas de aquel país, el costo en el mismo periodo, habría sido de 613 mil millones de dólares (a precios constantes de 2008). ²Como referencia, las remesas canalizadas a México, a menudo consideradas como un subsidio Norte-Sur, ascienden sólo a 30 por ciento de los recursos educativos transferidos mediante la migración laboral (véase figura 4).

Fuente: SIMDE-UAZ, basado en CPS (1994-2008); Coneval, <Línea de pobreza en México> y Anuario de Estadísticas Educativas en México, 2008.

Figura 4.  Costos de la migración para México versus remesas, 1994-2008 

A pesar de las afirmaciones de ciertos organismos internacionales y gobiernos, no hay evidencia empírica acerca de los supuestos efectos positivos de la migración y las remesas como catalizadores del desarrollo en los países de origen. Incluso, se han ofrecido «estudios de caso exitosos» con el objetivo de respladar a las afirmaciones aludidas, las cuales comprenden microproyectos de autoayuda que no contribuyen a las iniciativas de desarrollo local sostenible y mucho menos en el nivel nacional. De hecho, el discurso dominante se ha visto obligado a adoptar una postura cada vez más cautelosa al respecto.

Es posible exponer muchos otros ejemplos de indicadores desmitificadores y ampliarlos a otros corredores migratorios (^{Delgado y Gaspar, 2017}); sin embargo, en este punto debería resultar evidente que la mitología que rodea la narrativa dominante en el área constituye un intento por oscurecer las relaciones de poder y de clase, así como las modalidades de intercambio desigual (junto con la dominación imperialista) subyacente al vínculo dialéctico entre migración y desarrollo.

La gobernanza global de las migraciones bajo escrutinio

En línea con el reconocimiento de los desafíos críticos propulsados ​​por la movilidad humana, la gobernanza global de las migraciones se ha convertido en un tema fundamental de la agenda internacional. En contraste con otras cuestiones transnacionales, como el comercio y las finanzas, la creación de un marco institucional de la ONU para la gobernanza de la migración ha seguido una ruta compleja e incierta (^{Betts, 2010}).

Derivado de la necesidad de discutir tópicos apremiantes en la agenda migratoria internacional, en 2006, se planteó una iniciativa más amplia para construir un régimen de migración global en la Asamblea General de la ONU con el lanzamiento del Diálogo de Alto Nivel sobre Migración y Desarrollo (DAN), un acto formal con un fuerte énfasis en los temas de política que se llevaría a cabo en la sede de la ONU cada siete años. El primer dan dio lugar a la creación de un foro anual, no vinculante, organizado alternativamente por un país receptor y un país emisor de migrantes: el Foro Mundial de Migración y Desarrollo. Para brindar apoyo institucional a este proceso emergente, el secretario general de la ONU creó un mecanismo de coordinación interinstitucional: el Grupo de Migración Global, integrado por 15 entidades del sistema de la ONU, el BM y la OIM. Su finalidad es promover una aplicación más amplia de los instrumentos y de las normas internacionales y regionales relacionados con la migración; así como para alentar la adopción de enfoques interinstitucionales más coherentes, completos y mejor coordinados (OIM, 2017). Es importante resaltar que el BM se ha mantenido como miembro clave del Grupo y de muchas iniciativas de la ONU, al desempeñar un liderazgo en el establecimiento del marco dominante dentro del cual se han realizado los debates en torno al nexo entre migración y desarrollo.

En septiembre de 2016, la Asamblea General designó formalmente a la OIM como la agencia de migración de la ONU. En esa ocasión, la Declaración de Nueva York para Refugiados y Migrantes fue adoptada por sus 193 Estados miembros, lo que dio lugar a un proceso de consulta y negociación intergubernamental que culminaría con la adopción del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular en diciembre de 2018. La iniciativa estuvo en el centro del décimo FMMD, celebrado en Berlín en junio de 2017, cobró auge en las numerosas consultas regionales programadas en todo el mundo en aras de crear un marco institucional para la gobernanza global de las migraciones. Dos posiciones en conflicto y en contraste han estado en disputa desde el inicio del FMMD y continúan presentes en el debate actual: una perspectiva de política dominante centrada en la gestión de la migración frente a una visión alternativa fundamentada en un enfoque integral de respeto a los derechos humanos (^{Delgado et al., 2013}; ^{Pécoud, 2015}).

Aunque uno de los objetivos proclamados del FMMD, enunciado en su portal de internet, es «comprometerse con otras partes interesadas, incluidas las organizaciones no gubernamentales, expertos y organizaciones de migrantes para promover resultados prácticos y orientados a la acción a nivel nacional, bilateral e internacional» (^{GFMD, s/fa}), para la sociedad civil sigue siendo en esencia un espacio «invitado» con posibilidades limitadas de colaboración e interacción con los gobiernos. Dada mi experiencia personal de participación en estos Foros, en la siguiente sección haré una evaluación provisional de la contribución de la sociedad civil en las sedes del FMMD y, a manera de comentario final, describiré brevemente varios esfuerzos que han creado espacios de resistencia contrahegemónicos, es el caso del FSMM. Este último ejemplifica un ámbito «inventado» en línea, lo cual se avizora como una perspectiva del Sur.

Participación de la sociedad civil en dos espacios: FMMD y FSMM

Si bien el dan y el FMMD, como motores centrales de la gobernanza global de la migración, son espacios intergubernamentales, la participación de la sociedad civil en ambos se ve y reconoce en los siguientes términos:

Debido a su naturaleza dirigida por el Estado, el propósito principal del Foro [FMMD] es facilitar un diálogo constructivo entre los gobiernos. Otro objetivo importante es mejorar la coherencia en la formulación de políticas y el desarrollo institucional a nivel nacional, regional e internacional, donde los actores de la sociedad civil se consideran contribuyentes y socios. La contribución de la sociedad civil a las actividades del FMMD y el diálogo entre los gobiernos y la sociedad civil se reconocen como útiles y necesarios (^{GFMD, s/fb}).

Teóricamente, la categoría de sociedad civil se refiere a instituciones y organizaciones que no están confinadas de modo estricto al aparato del Estado. Según Antonio Gramsci, el Estado y la sociedad civil no pueden concebirse como entidades independientes y separadas. Más allá de la frontera porosa que existe, esta última no puede subsumirse al primero (^{Pereira, 1979}). Su composición no es de ninguna manera homogénea, sino que abarca diferentes grupos, organizaciones, instituciones no estatales y movimientos sociales que reflejan intereses contrastantes y, en muchos casos, opuestos en cuanto al concepto de hegemonía de Gramsci: a saber, el ejercicio de la dominación de clase por el Estado a través de una combinación de coerción y persuasión.

Para los aludidos propósitos analíticos, siguiendo una perspectiva neogramsciana y al concebir a la sociedad civil como un escenario para las prácticas hegemónicas y contrahegemónicas (que incluyan una guerra de movimientos y una guerra de posiciones) en el ámbito de las relaciones internacionales (^{Cox, 1987}; ^{Carroll, 2007}), es posible identificar dos participantes de la sociedad civil que enarbolan posturas divergentes en el marco del dan y el FMMD:

Con respecto a estos grupos contrastantes de la sociedad civil, cada uno claramente alineado con una de las dos posiciones en pugna enfrentadas en el dan y el FMMD, hay dos temas adicionales muy relevantes para los propósitos analíticos. En primer término, debido a las condiciones adversas prevalecientes en la movilidad humana, descritas en la sección anterior, las organizaciones de migrantes se enfrentan a varias restricciones congénitas para su formación como sujetos políticos. Sus niveles de organización política, conciencia y liderazgo a escala global, son aún limitados. Es también el caso de las ong de defensa de los migrantes y otras organizaciones populares independientes de derechos humanos. Sin embargo, la incipiente participación de sindicatos, movimientos campesinos, organizaciones religiosas y academias progresistas dentro y fuera de esos espacios invitados, como se analizará en el siguiente apartado, puede impulsar la configuración de redes de equivalencia; por ejemplo, coaliciones de diversos movimientos y colectivos antihegemónicos.

En segundo término, el marco institucional del dan y el FMMD se está desplazando en una dirección que privilegia al sector privado (que representa y enarbola la postura dominante) sobre otros participantes de la sociedad civil. En ese sentido, la ONU ha definido de modo oficial a la sociedad civil como «el ‹tercer sector› de la sociedad, junto con el gobierno y las empresas». Ello implica una diferenciación crítica que no es ni ingenua ni accidental. Abarca una evidente revalorización de las funciones de los participantes dentro del sistema de la ONU:

La relación entre la ONU y la comunidad empresarial internacional se ha transformado. Las entidades comerciales que adoptan la responsabilidad corporativa ahora trabajan codo con codo con la Organización para hacer del mundo un lugar mejor. A través del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, las empresas adoptan diez principios universales, desde apoyar la protección de los derechos humanos hasta trabajar contra la corrupción. En la reciente Cumbre del Clima en Nueva York, las empresas se comprometieron a ayudar a mitigar el cambio climático. La comunidad empresarial internacional ahora quiere asociarse con la comunidad internacional para ayudar a resolver los problemas de la humanidad. Esto no sólo es una buena ciudadanía global por su parte. También es un buen negocio (^{ONU, s/f}).

En la décima edición del FMMD, de junio a julio de 2017, el sector empresarial no intervino de manera abierta en las actividades programadas para los Días de la Sociedad Civil (CSD) y, en cambio, lo hizo como invitado especial en los foros intergubernamentales y como otra entidad independiente en el espacio común (originalmente concebido para la interacción entre el gobierno y la sociedad civil).

Epílogo: el pacto global en materia migratoria y más allá

En las primeras reuniones del FMMD, el espacio para la participación de la sociedad civil era en esencia marginal y disperso. Muchas de las organizaciones que concurrieron en las Jornadas de Sociedad Civil no eran representativas o ni siquiera estaban preocupadas por la comunidad migrante en sus regiones o países de origen. Además, existían conexiones limitadas entre los asistentes de la sociedad civil y prácticamente no había canales para el diálogo o la interacción con los delegados gubernamentales. Después de las Jornadas de Sociedad Civil en Bruselas, esas circunstancias comenzaron a cambiar. La convergencia progresiva de participantes de la sociedad civil con una actividad paralela de People's Global Action on Migration, Development and Human Rights (PGA)³ como un espacio externo/interno, dio paso a la apertura de uno alternativo único en el que se establecieran redes y se desarrollara una agenda alternativa centrada en los derechos humanos. La conexión pga con las Jornadas de Sociedad Civil establecida en el FMMD, celebrado en México en 2010, se convirtió en un hito en este proceso. Después de esa edición, en la que se creó el espacio común, la responsabilidad de la organización de las Jornadas de Sociedad Civil, conferidas con anterioridad a las fundaciones lideradas por intereses empresariales,⁴ se transfirió a una organización directamente vinculada con asuntos de migrantes y que ya estaba involucrada en el pga: la Comisión Católica Internacional de Migración (ICMC, por sus siglas en inglés). Desde entonces, la icmc ha sido responsable de la organización de las Jornadas de Sociedad Civil en Suiza, Mauricio, Suecia, Turquía, Bangladesh y Alemania/Marruecos, así como del dan 2013 en Nueva York.

Un espacio alternativo inventado es el Foro Social Mundial de las Migraciones (FSMM), desprendido del Foro Social Mundial (FSM), el cual se caracteriza por ser

un espacio de debate democrático de ideas, reflexión, formulación de propuestas, intercambio de experiencias y articulación de movimientos sociales, redes, ONG y otras organizaciones de la sociedad civil que se oponen a la globalización neoliberal y a la restricción del reconocimiento de la ciudadanía y los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas migrantes, desplazadas, refugiadas y apátridas, busca la construcción de otro mundo posible, de una sociedad planetaria orientada a una relación fecunda entre los seres humanos y de éstos con la tierra, se caracteriza por la pluralidad y por la diversidad y tiene un carácter no confesional, no gubernamental y no partidario (^{Soulard, 2017}).

En específico, a partir de la carta de principios del FSM, el FSMM se concibe como: 1. «Un espacio de encuentro abierto al pensamiento crítico, el debate democrático de ideas, la formulación de propuestas, el libre intercambio de experiencias y la interconexión para una efectiva acción». 2. Un foro plural y diverso «que, de manera descentralizada, interrelaciona a organizaciones y movimientos comprometidos en acciones concretas a niveles desde el local hasta el internacional para construir otro mundo posible». 3. «Un proceso permanente de búsqueda y construcción de alternativas, que no puede reducirse a los eventos que lo respaldan, donde (...) las alternativas propuestas (...) se oponen a un proceso de globalización comandado por las grandes corporaciones multinacionales y por los gobiernos e instituciones internacionales al servicio de los intereses de esas corporaciones, con la complicidad de los gobiernos nacionales». 4. Un espacio que «busca fortalecer y crear nuevos vínculos nacionales e internacionales entre organizaciones y movimientos de la sociedad, que (...) aumenten la capacidad de resistencia social no violenta al proceso de deshumanización que está sufriendo el mundo y a la violencia utilizada por el Estado» (^{WSF, 2001}).

Un dilema que subyace en el proceso del FSM reside en su misión como un «espacio abierto» (planteado en la primera cláusula de su Carta de Principios) y la aspiración de muchos activistas a transformarlo en un movimiento de justicia social global (^{Carroll, 2007:50}). La dispersión de sus integrantes en numerosos sitios y redes, incluidos los temas de traducción, de idioma a idioma, de cultura a cultura, de local a global, constituye otra limitación (^{Santos, 2005}).

Debido a los escasos recursos de las organizaciones que intervienen en él, en particular las organizaciones de base de migrantes, el FSMM enfrenta dos desafíos interrelacionados en tanto dimensión inventada: 1. La necesidad de alianzas y coaliciones con otros actores contrahegemónicos (más allá de las organizaciones de migrantes y lideradas por migrantes), es el caso de sindicatos y movimientos campesinos e indígenas). 2. Las dificultades para avanzar hacia la constitución, expansión y consolidación de redes de equivalencia. Al respecto, una conexión orgánica entre el FSMM y su Foro madre, el FSM, comprende otro imperativo por atender.

Dados los grandes desafíos para mantener, expandir y consolidar este espacio alternativo, contrahegemónico e inventado, la octava edición del FSMM fue concebida como un proceso de reestructuración del propio Foro -un parteaguas en la dinámica del FSM- tendiente a ampliar el alcance y la diversidad de organizaciones, redes y movimientos sociales involucrados, y a fomentar el desarrollo de estructuras organizativas abiertas, libres y horizontales, capaces de promover iniciativas de transformación social y desarrollar un plan de acción capaz que interconecte acciones, campañas y luchas a escalas global, regional y local.

En el escenario político, existen esencialmente dos posibilidades opuestas: continuar enclaustrado en un espacio invitado o avanzar hacia la consolidación de uno contrahegemónico alternativo. La primera opción se limita a lograr concesiones a corto plazo con el riesgo de cooptación y la segunda entraña alejarse de la «comodidad» relativa del espacio invitado y entrar en un campo de batalla contrahegemónico, es decir, aquel de los movimientos sociales antisistémicos y del FSMM. En el primer caso, la lógica implícita es la de la replicación; en el segundo, la lógica de la prefiguración (^{Carroll, 2007:53}). En palabras de William K. Carroll, los «grupos que forman el bloque neoliberal siguen una lógica de replicación. Para los grupos contrahegemónicos, las relaciones sociales que podrían sustentar una forma de vida alternativa son inmanentes, emergentes o necesitan ser inventadas» (2007:54).

Dado que bajo el capitalismo no hay cabida para la participación contrahegemónica en la gobernanza global, la resistencia desde abajo es, en mi opinión, la única opción capaz de construir un régimen de migración internacional socialmente justo. Esto implica una importante redefinición de la noción tradicional de resistencia (pasiva y reactiva) con la finalidad de transformarla en una concepción radicalmente diferente, de acuerdo con lo previsto y practicado por el movimiento zapatista. En consecuencia, lo anterior requiere

transformar «la lucha de resistencia en una lucha transformadora» capaz de construir una nueva sociedad libre de toda explotación, privación, represión y menosprecio en los espacios recuperados bajo su control. Para esto no sólo se requiere la creación de islas de resistencia, sino también de archipiélagos (...) que desafían al sistema capitalista con una visión emancipadora y con una lógica liberadora y revolucionaria (^{Delgado y Martínez, 2017:149-150}).

El proceso de reestructuración en el que está involucrado el FSMM representa un paso crucial en la configuración de un bloque contrahegemónico. Los movimientos sociales contrahegemónicos buscan enfrentar los grandes problemas estructurales en aras de incubar procesos de transformación social. Más allá de sus demandas específicas, tienden a establecer la unidad entre la diversidad y, quizá lo más importante, «a desafiar los ‹principios constitutivos del orden político existente› a través de repensar los significados de poder, resistencia y deslegitimación y extender los límites de lo posible» (^{Buckley, 2013:93}). El lema del FSM 2018 refleja con claridad tal posición: «Resistir es crear, resistir es transformar, apuntando a la necesidad de alternativas para otro mundo posible» (^{FSM, 2017}).