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Migración y desarrollo

Print version ISSN 1870-7599

Migr. desarro vol.14 n.27 Zacatecas Jul./Dec. 2016

 

Artículos

Refugiados y otros inmigrantes en Italia: ¿Por qué algunos nos aterrorizan y los demás se instalan sin mayores problemas?

Refugees and immigrants in Italy: Why some of them terrify us and the others settle without problems?

Maurizio Ambrosini* 

* Profesor investigador de la facultad de Ciencias Políticas del Departamento de Estudios sociales y políticos en la Universidad de Milán, Italia.

Resumen:

La llegada de refugiados en gran cantidad es percibida y representada en Italia, al igual que en el resto de Europa, como un peligro grave y una invasión que es preciso afrontar. Incluso, ha surgido la idea de los fenómenos migratorios gigantescos, que deben ser contenidos a toda costa. El objetivo principal del artículo es desbaratar ese escenario al mostrar la poca incidencia estadística de los solicitantes de asilo en contraste con la inmigración en su conjunto, que durante años ha sido básicamente estable. Examina también en modo crítico las políticas europeas referentes al reciente acuerdo con Turquía y la denominada "Migration Compact". El análisis de la distancia entre la representación y la realidad se traduce en una reflexión más teórica: las sociedades receptoras seleccionan los migrantes que reciben, acogen una parte sin demasiados problemas e intentan rechazar otras. Al entrelazar las dos dimensiones de la autorización formal y el reconocimiento social, el artículo identifica cuatro casos: la exclusión, la estigmatización, la tolerancia y la integración.

Palabras clave: refugiados; inmigrantes; "Migration Compact"; exclusión; estigmatización; tolerancia; integración

Abstract:

The arrival of a significant number of refugees is perceived and depicted in Italy as identical to that which occurred in the rest of Europe, as a grave danger and an invasion that is must be addressed. The perception of massive migratory phenomenon are also thought of as something that must be contained at all cost. The key aim of this article is to counter that scenario, showing the very small statistical incidence of asylum-seekers in contrast to immigration in its entirety, which for years has been essentially stable. The paper also examines, from a critical perspective, European policies surrounding the recent agreement with Turkey and the so-called "Migration Compact" The analysis of the distance between appearances and reality becomes a more theoretical reflection: receiving societies select the migrants that they receive, taking in a portion with few problems and seeking to reject others. Interweaving the two dimensions of formal authorization and social recognition, the article examines four cases: exclusion, stigmatization, tolerance and integration.

Key words: refugees; immigrants; "Migration Compact"; exclusion; stigmatization; tolerance; integration

En el actual debate sobre la inmigración y el asilo en Italia, y en general en Europa, resalta la discordancia entre la opinión pública y los términos de la cuestión, desde las dimensiones estadísticas de dichos fenómenos. En este artículo se pretende descomponer el marco de la situación de emergencia, al reinterpretarlo como una crisis de la política europea de inmigración y asilo. Además, se enfatiza en el fenómeno de la migración irregular, que revela la relación con el mercado laboral y las necesidades del sistema socioeconómico italiano. La comparación de diferentes tipos de inmigración no autorizada evidencia el vínculo entre aprobación formal y reconocimiento social, poniendo de relieve los efectos de la formación de las actitudes que prevalecen en la opinión pública en cuanto a condiciones y perspectivas de los migrantes.

Alerta refugiados

A consecuencia de la guerra en Siria e Irak millones de refugiados han sido obligados a huir. Sólo una pequeña minoría, según los datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, 2016), en especial los más preparados y seleccionados, llega a Europa, pero esto es suficiente para desencadenar miedos y rechazos (para una visión global de la migración y el asilo, véase Wihtol de Wenden, 2010). En realidad, 86 por ciento de las personas que buscan asilo es bien recibido en los países del tercer mundo. Menos de 10 por ciento llega a Europa. Líbano ha admitido a más refugiados sirios (1,1 millones) que los 28 países de la Unión Europea (UE) juntos, alrededor de 183 por cada mil habitantes, mientras que Turquía acepta a 32 (2,6 millones). A fin de proporcionar términos de confrontación, cabe recordar que Suecia acoge a 17 e Italia a 2, con aproximadamente 120 mil refugiados aceptados. Sin embargo, en Europa prevalece la idea de invasión de una multitud incalculable que solicita asilo.

Consideraciones similares se aplican a la inmigración en general: el discurso público repite todos los días que se trata de un fenómeno de amplias proporciones en escandaloso aumento con inmigrantes provenientes primordialmente de África y Oriente Medio, gran parte de ellos se compone de hombres musulmanes. No obstante, los datos disponibles denotan que la inmigración en Italia, después de años de crecimiento, es en esencia estacionaria: alrededor de 5,5 millones de personas llegaron a trabajar en un primer momento y tras las reunificaciones familiares se sumó cerca de un millón de menores de edad (IDOS, 2015), aparte de 2,3 millones de empleados regulares (Ministerio de Trabajo, 2015). Aún más, las estadísticas indican que la inmigración es predominantemente europea, femenina y originaria de los países de tradición cristiana (Cuadro 1).

Cuadro 1 Representación y realidad de la inmigración 

Un fenómeno sociológico significativo es la divergencia entre realidad y representación, atención selectiva a un solo componente de los procesos migratorios, la confusión entre asilo e inmigración. Llegadas muy evidentes, dramáticas o desmesuradas, han ocupado el centro de atención, soslayando otros componentes más relevantes de un fenómeno complejo y multifacético como la migración. Por otra parte, los desembarques se convierten sólo de modo parcial en solicitudes de asilo en Italia. El gobierno central es muy activo en lo referente a los rescates en el mar y la marina italiana posee el mérito indudable de haber salvado miles de vidas. Pero este compromiso no se traduce en automático en el amparo de los refugiados luego del rescate: en 2014 aproximadamente 170 mil personas desembarcaron y menos de 70 mil solicitaron protección internacional al gobierno italiano (IDOS, 2015). La mayoría de los que llegan por mar está destinada a atravesar los Alpes y pedir asilo en Europa central y septentrional. Sus aspiraciones se entrelazan con la política tradicional italiana: fomentar el tránsito hacia el norte a la vez que se evita en lo posible comprometerse a garantizar la seguridad en el territorio nacional (Ambrosini, 2014).

Hoy el tránsito se ha vuelto más difícil y los países del centro y norte de Europa ejercen presión para que los refugiados sean identificados y recibidos en los países de arribo. Los acuerdos de redistribución conseguidos laboriosamente en el otoño de 2015, sin contar con todos los países miembros de la UE, no han sido cumplidos hasta ahora. En Italia, la gestión del Parlamento oscila entre la idea de una "emergencia", "para hacer frente a las medidas extraordinarias", y la de un fenómeno que debe ser abordado mediante el establecimiento de un sistema "orgánico" de acogida (Marchetti, 2014). A pesar de tales aclaraciones, el énfasis en la necesidad de contener los flujos no deriva del análisis objetivo de los datos sino del impacto televisivo en la opinión pública relativo a rescates, naufragios y desembarques en las costas del sur. Algunos actores políticos han abordado el tema con frecuencia, por lo que es objeto de controversia y propaganda. En adición, el desembarque de personas que buscan asilo tiene las características requeridas para desencadenar ansiedad y preocupación en las sociedades receptoras (Fassin, 2005): se trata de extranjeros que ingresan sin pedir permiso y sin ser invitados, que carecen de los documentos apropiados, y una vez desembarcados piden ayuda y no pueden ser rechazados. El punto débil de la soberanía nacional, el control de las fronteras y la seguridad contra la intrusión ajena, no podría ser más sorprendente.

También es errónea la noción generalizada de una relación directa entre la pobreza y la migración. Por supuesto que las desigualdades entre las regiones del mundo, inclusive aquellas cercanas, explican algunas de las razones para emigrar. Pero la pobreza en un sentido absoluto detenta una asociación negativa con la migración internacional, en específico cuando se trata de largas distancias: las migraciones son procesos selectivos, que requieren recursos económicos, culturales y sociales. Los migrantes no provienen de los países más pobres del mundo (Massey et al., 2005). Para Italia, la clasificación comprende a Rumania, Albania, Marruecos, China, Ucrania, Filipinas. Ninguno se halla entre los países más pobres. Por razones similares se afirma que los migrantes no son los más pobres de sus países: en promedio, son menos pobres que los que se quedan. En su mayoría vienen de lejos y son seleccionados socialmente. Lo mismo se aplica a los refugiados: los que acuden a Europa cuentan con educación y formación profesional, como advirtió Merkel con los sirios que llegaron a Alemania. Por desgracia, sucede a menudo que el debate público desconoce estos datos cognitivos; más bien busca la información que constata las visiones preconcebidas: por ejemplo, hace hincapié en el aumento relativo a las solicitudes de asilo en Europa, al mismo tiempo que guarda silencio sobre Líbano y Turquía y sobre los datos globales de la migración ya descritos.

El terror de los europeos ante los refugiados

La controversia en Italia es parte de una discusión sin fin concerniente al asilo. Los países de la UE, incapaces de encontrar un acuerdo en la gestión compartida de la ley de asilo, dispusieron el principio de regresar a Turquía a los que desembarcan desde el mar sin autorización; en otras palabras, han externalizado la gestión al encomendarla a las naciones meridionales de la Unión y han aceptado la participación de un nuevo socio tan polémico como Turquía. Con el propósito de entender cómo dicho arreglo es un efecto del afán europeo en el tema, es pertinente recordar que hasta antes del acuerdo Turquía aplicaba el principio de reserva geográfica, sin conceder el título de refugiados a los sirios; ha tenido que cambiar sus reglas para acogerlos de manera formal, aunque no queda claro con cuáles derechos y medidas de protección. Complementariamente, Grecia no reconoce a Turquía la situación como tercer país seguro: también efectuó modificaciones en su legislación para poner en funcionamiento el controvertido acuerdo.

Cabe mencionar que Turquía impuso condiciones muy onerosas a fin de asumir el papel de supervisor de las fronteras europeas: la duplicación de la ayuda financiera prometida en un inicio por la UE (3,2 a 6 millones de euros), la supresión de los requisitos de visado para los ciudadanos turcos que se dirigen hacia el área de Schengen y la aceleración de las negociaciones que permitirían el ingreso de Ankara en la UE. Si una de las causas de no querer aceptar refugiados fue el miedo a la islamización de Europa, la solución no parece disipar el temor. No hace falta decir entonces que la legitimidad de Turquía como un socio fiable y necesario significó un reconocimiento internacional al gobierno de Erdogan, a pesar de la creciente represión interna de periodistas, intelectuales, opositores políticos y minoría kurda.

Mientras tanto, varias organizaciones humanitarias han cuestionado el pacto, pues lo consideran una violación al derecho de asilo y de las convenciones internacionales en esa materia. Asimismo, retiraron sus operadores de la isla de Lesbos, debido a que el endurecimiento de las políticas europeas, la toma forzada de huellas dactilares, la detención de personas, las malas condiciones de recibimiento, les impiden llevar a cabo las actividades de protección por las que se habían movilizado. Por lo tanto, es factible aludir a una situación de terror europeo ante los refugiados y a un intento cada vez más explícito por evadir las obligaciones de salvaguardia de los derechos humanos que siempre ha sido un estandarte de la civilización europea. Dos conceptos erróneos son a la vez causa y efecto de pánico. El primero es el enlace entre los refugiados y el terrorismo: los autores de los ataques nacieron y crecieron principalmente en Europa, pero ante los ataques los gobiernos anuncian de inmediato el cierre de las fronteras, circunstancia que da a entender que las amenazas vienen desde afuera. El segundo malentendido es la confusión entre los inmigrantes y los refugiados, con efectos acentuados y distorsionados.

El gobierno italiano asumió con seriedad el tema al presentar el proyecto "Migration Compact", pero sus ambiciosas intenciones todavía son muy vagas en los detalles. El propósito es claro y va en dirección del sentido común: externalizar los controles, dar cabida a aquellos que tienen el derecho fuera de Europa, preservar la unión por las obligaciones humanitarias incómodas y evitar los deplorables rechazos de refugiados en la UE. El acuerdo con Turquía constituye el modelo de referencia del proyecto, cuyo texto comienza hablando de una Europa de cara a la migración "en crecimiento" y "sin precedentes". Sin embargo, la migración de la UE se ha mantenido constante con alrededor de 51 millones de personas, que incluyen a 17 millones de migrantes intraeuropeos, respecto a 500 millones de habitantes (IDOS, 2015). Pese a que ha aumentado poco la cifra de solicitantes de asilo (628 mil aplicaciones en 2014) ha resultado incómoda; y la cantidad es modesta si se compara con Turquía, Líbano y Jordania. En ese sentido, 86 por ciento de los refugiados en el planeta es recibido en los países del llamado Tercer Mundo.

Más allá de su presentación, "Migration Compact" asume una posición más abierta en torno a la Agenda Europea de 2015 en un punto importante: la nueva entrada legal a Europa con fines comerciales, para ofrecer una alternativa creíble a las entradas ilegales. No obstante, se continúan utilizando términos como control de fronteras, seguridad, gestión de los flujos, devoluciones; en tanto que expresiones como derechos humanos o protección de refugiados están casi ausentes.

El texto propone la gestión del asilo en el lugar de origen (es decir, en algún país africano) según los estándares internacionales, pero evita serias interrogantes: ¿Cómo pueden brindar una protección humanitaria adecuada a los refugiados si no logran ofrecerla a sus propios ciudadanos? Si lo hacen, gracias a la financiación de la ue, ¿de qué manera se controla el resentimiento de los ciudadanos, a quienes se otorgarán menos servicios que los previstos para los refugiados? ¿Cómo lidiar con los solicitantes a los que se les ha negado el asilo, que sin duda tratarán de evadir la expulsión?

Otras dudas aluden a las promesas de ayuda al desarrollo. El vínculo entre migración y desarrollo es complejo y no será abordado aquí (véase a De Haas, 2010). Me gustaría volver a mencionar al menos dos problemas básicos. El primero es el riesgo de la financiación a los gobiernos autoritarios y militares que son la fuente de los flujos de refugiados porque la población es afectada de modo severo por la corrupción y la ineficacia. Habría que preguntarse si la intención es financiar la represión de la migración y el asilo, más que el desarrollo: una represión fácil de implementar a profundidad lejos de los medios de comunicación europeos, del control de las organizaciones humanitarias y de las voces que claman respeto a la humanidad dentro de la opinión pública en Occidente.

El segundo radica en la creencia equivocada de que los migrantes provienen de los países más pobres y que el desarrollo puede detenerlos. Años de estudios demuestran lo opuesto: las migraciones son procesos selectivos, emigran aquellos que tienen recursos (Massey et al., 2005). Con el desarrollo aumenta el número de personas que accede al capital económico, cultural y social indispensable para irse. En una primera fase no definitiva, aunque haya un desarrollo creciente, no disminuye la cantidad de migrantes. Sólo a largo plazo se reducen las nuevas emigraciones. La promoción del desarrollo es un objetivo noble, pero al mezclarlo con el control de la migración termina en un corto circuito. Otra cuestión es el compromiso financiero necesario. Hoy, las remesas de los migrantes proporcionan mucho más que las promesas sustanciales y tangibles de ayuda de los gobiernos occidentales: las previsiones del Banco Mundial para 2016 estiman en 610 millones de dólares el volumen de los envíos de dinero a los países en desarrollo. Esos recursos llegan directamente a las familias, lo que produce efectos alterados al financiar el consumo y las actividades no productivas y permitir que los beneficiarios mejoren en alimentación, vivienda, salud y educación de los niños. Reemplazar estas ventajas tangibles y generalizadas de la migración por políticas de desarrollo será una larga y difícil empresa, sobre todo muy costosa.

Reacciones indiscriminadas en torno a la inmigración: la aprobación oficial y el reconocimiento social

Se enmarcarán ahora, en una perspectiva teórica, las reacciones hacia los solicitantes de asilo, en contraposición con otras categorías de migrantes, incluidos los irregulares (véase Triandafyllidou, 2010; Van der Leun, 2012). Según una propuesta de Saskia Sassen (2008) es posible distinguir dos dimensiones en la relación entre sociedad receptora, instituciones públicas y extranjeros o minorías percibidos como extraños. Una comprende la autorización de entrada y residencia y cubre los aspectos formales, regulados por acuerdos institucionales. La otra se refiere al reconocimiento y a vastos fenómenos de aceptación social, de resistencia o rechazo a las personas extranjeras o grupos considerados como tales. Sin duda, entre ambas hay vínculos e influencias mutuas: cuando un grupo ha sido severamente estigmatizado por la opinión pública, no faltan órganos de información dispuestos a dar voz a los prejuicios y actores políticos que traducen los sentimientos negativos en argumentos y quizá en normas. Incluso las instituciones y los agentes responsables del orden público son perjudicados, lo que agrava la vigilancia y el tratamiento restrictivo contra ese grupo. Al contrario, los mensajes de alerta de ciertos líderes políticos, además de otorgar mayor rigidez a las reglas, influyen en los medios de comunicación que recogen y difunden sus declaraciones, las cuales son divulgadas entre la opinión pública. Muestra de ello es la definición de "clandestinos", vocablo que se aplicó a los desembarcados en las costas italianas hasta los hechos dramáticos ocurridos en octubre de 2013, instante en que la intervención de voces influyentes como el papa contribuyeron a mitigar el lenguaje y a redefinir los dispositivos de ayuda y rescate. En la actualidad el término "clandestino" usado en público se traduce de inmediato en hostilidad explícita hacia los inmigrantes.

Entre autorización y reconocimiento existen distancias significativas. El caso típico es el de miles de mujeres inmigrantes que se dedican a tareas de atención de familias italianas, tópico explicado ampliamente en otro estudio (Ambrosini, 2013a). Resulta relevante advertir que muchas de ellas han pasado por una fase prolongada de irregularidades, puesto que en el discurso político, los medios y la opinión pública raramente la figura del "clandestino" (siempre de género masculino) se asocia con niñeras, empleadas domésticas o asistentes familiares para ancianos. Como máximo, de manera eufemística se declara: "no tienen los documentos en orden". Por lo general, se descubre su situación ilegal en el momento en el que es oportuno introducir una amnistía para dejarlos transitar entre la población legalmente residente. En el diagrama siguiente, se cruzan las dimensiones de autorización y reconocimiento, en forma típica ideal se identifican los cuatro casos que resultan de su intersección: exclusión, estigma, tolerancia e integración (que serán examinados por separado).

Cuadro 2 Autorización y reconocimiento de los inmigrantes 

Exclusión. Cuando la falta de autoridad legal se une con la falta de reconocimiento social se produce una situación de hostilidad hacia los extranjeros. En esta situación se hallan aquellos que comúnmente son considerados "clandestinos": invasores amenazantes debido a su ingreso no deseado, son percibidos como un peligro para la seguridad y el orden público, y cada vez más como una carga indebida para el sistema de asistencia social. Contra ellos se aplica en especial la superposición entre inmigración y delincuencia, expresada por el concepto de crimmigration (Stumpf, 2013). Entonces, la expulsión es la medida solicitada por la sociedad y prometida por la política, a pesar de que su aplicación práctica es un asunto complicado y costoso. La exclusión social se convierte en su proyección interna en las relaciones sociales. Un ejemplo de gran impacto simbólico es el de los grupos de voluntarios involucrados de modo activo en la vigilancia a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Dichos grupos informan a la policía los cruces no autorizados, en una especie de competencia con las asociaciones que trabajan para ayudarlos (Eastman, 2012).

Estigma. En esta categoría se encuentran los componentes de la población inmigrante o de minorías étnicas que tienen permiso de residencia legal y a veces incluso los derechos de la ciudadanía, pero se enfrentan a un rechazo notable de la población. Es el caso de muchos países de llegada de los refugiados y solicitantes de asilo, a pesar de la ambivalencia expuesta por Ellerman (2006): los prejuicios y los cierres son muy difíciles a niveles general y abstracto; cuando en realidad se tienen que enfrentar situaciones específicas de personas con un rostro y un nombre, conocidas e instaladas en una comunidad local, tal vez acompañadas de hijos menores de edad que asisten a las escuelas locales. Rara vez grupos de ciudadanos defienden a los solicitantes de asilo no autorizados oponiéndose a su expulsión. En Italia hay una creciente intolerancia hacia los refugiados, alimentada por ciertas fuerzas políticas y retóricamente justificada por la crisis económica y el desempleo. Otro ejemplo sorprendente y paradójico de la divergencia entre la aprobación formal y el reconocimiento social son las minorías rom y sinti, que pertenecen a un país de la UE o son ciudadanos italianos, pero por lo habitual son valorados como extraños y peligrosos.

Tolerancia. En este dominio se compensa la falta de una autorización formal y en varios aspectos es sustituido por el reconocimiento social generalizado. La muestra más sorprendente es la de mujeres inmigrantes y algunos hombres empleados en el ámbito doméstico, como respuesta a la carga funcional de las familias, que se caracterizan por ser agencias de prestación de servicios primarios a las personas (Boccagni y Ambrosini, 2012; Casula, 2011). Un fenómeno que repercute en el sur de Europa, con el fin de crear una especie de "bienestar invisible" en paralelo al oficial (Ambrosini, 2013b; Degiuli, 2016); sin embargo, no perdona a los países con estructuras públicas más desarrolladas y políticas más rigurosas en apariencia al adquirir otras formas: uso incorrecto de las mujeres instituido en el Reino Unido y en otros lugares (Anderson, 2011), encargadas de la limpieza con contratos en Suecia (Gavanas, 2010),1 niñeras sin contrato regular que de vez en cuando causan problemas a figuras públicas en Estados Unidos, el fenómeno de "turistas" procedentes en particular de Europa del Este que en Alemania se turnan en la limpieza de la casa o en el cuidado de ancianos (Lutz y Palenga-Möllenbeck, 2010). El rasgo más interesante es el hecho de que, sobre todo en Italia, estos inmigrantes circulan con tranquilidad en compañía de los ancianos y los niños en los espacios públicos, desde los parques a los supermercados, sin temor a la verificación desagradable de su situación legal. En términos más extensos se plantea la posición de los inmigrantes irregulares "dignos" (Chauvin y Garcés, 2014); su presencia se legitima con el trabajo al servicio de los ciudadanos nacionales y el abstenerse de cualquier modo de conflicto social o rebelión. En el sur de Italia y otras regiones agrícolas el uso de mano de obra inmigrante sin contrato regular es una práctica normal, tolerada e institucionalizada a tal punto que varios municipios equipan refugios y servicios higiénicos para los trabajadores.2

Lo anterior no quiere decir que los inmigrantes "tolerados" no tienen problemas. En nuestra investigación han surgido principalmente dos: aquel que De Genova (2002) define deportabilità, es decir, la espada de Damocles de una posible interceptación y expulsión; y el sufrimiento que resulta de encontrarse "prisioneros" en el país receptor, privados de la alternativa de retornar a casa para visitar a sus seres queridos por temor a revelar su situación y con la probabilidad de que les prohiban el reingreso (Ambrosini, 2013b).

No obstante, la tolerancia asociada con el trabajo no es tangible con facilidad fuera del ámbito laboral. Si no viven con los empleadores, como en el caso de los trabajadores domésticos con "trabajo fijo", o no son bien acogidos por los compatriotas, los inmigrantes sin documentos legales son percibidos como un problema al salir de sus lugares de trabajo, al compartir con los demás los espacios urbanos. La tolerancia y el reconocimiento pueden ser contingentes y representar un lugar en el espacio.

Integración. Cuando la autorización formal va de la mano con un suficiente reconocimiento social, se crean las premisas para la inclusión de los inmigrantes en la sociedad receptora. Sin embargo, no se trata de un proceso lineal ni obvio: de hecho, es una integración subordinada sustentada en un acuerdo tácito entre los migrantes, quienes efectúan trabajos poco gratos para los trabajadores nacionales, sin pretensiones de mejorías laborales o reivindicación de sus derechos (confróntese Calavita, 2005; Ambrosini, 2013a). En tiempos de crisis prolongada se atenúan las bases de integración económica, es probable que se pierda el permiso formal y la aceptación social puede volverse problemática.

Conclusión: seria crisis de la política y los valores europeos

La cuestión de los refugiados ocupa las portadas de los periódicos italianos y europeos. Afecta los resultados de las elecciones y el destino de los gobiernos. Ha suscitado, después de varios intentos y contradicciones, reconsiderar el sistema europeo de asilo, la negociación de un acuerdo con Turquía, que sirve de forma efectiva para externalizar el amparo de refugiados fuera de las fronteras de la UE y lejos del corazón de Europa. Como he tratado de mostrar en este artículo, es una crisis de la política europea, más que una crisis debido al alto número de desembarques. Los refugiados representan para la migración internacional la imagen más problemática, ya que infringen la inviolabilidad de las fronteras simbólicas por su trágica y visible llegada (confróntese Opeskin, 2012; Schain, 2009). El discurso público enfatiza el fenómeno, bajo la creciente alerta social: los refugiados no son vistos como personas en situación de riesgo, sino como una amenaza para los países receptores. La política europea continúa con dichas representaciones y se mantiene incapaz de enfrentarlas o transformarlas.

La atención se desplaza de los refugiados a las reacciones de los países receptores. Los refugiados son parte de un panorama más amplio: la distinción entre respuestas de los países receptores y el tratamiento de las diferentes categorías de migrantes legales (con autorización formal para entrar y residir en el territorio) y en términos de reconocimiento social, aceptación y tolerancia hacia ellos. Hemos observado que mientras la atención de la opinión pública se concentra en las costas y en los desembarques, otros migrantes se insertan de modo silencioso en las familias y el mercado laboral, incluso sin poseer documentos adecuados para la residencia y el trabajo regular.

En efecto: los países receptores seleccionan los inmigrantes y les aplican diferentes tratamientos. Concerniente a los refugiados, la autorización formal para residir, al menos provisionalmente, no se acompaña de un reconocimiento social por su presencia. Relativo a las mujeres que se dedican a trabajar con las familias, al cuidado de ancianos o niños, la amplia aceptación social se antepone a la autorización formal creando una tolerancia generalizada, lo que favorece la posibilidad de adoptar medidas de legalización. Esto puede ser válido hasta cierto punto para otras categorías de trabajadores inmigrantes no autorizados, capaces de presentarse con el propósito de complacer a los habitantes de las sociedades receptoras (Chauvin y Garcés, 2014). Analizar la migración siempre implica el estudio de la conexión entre la movilidad geográfica de las personas de acuerdo con la sociedad receptora y la normativa implementada por los Estados. La rigidez del plan regulador establecido durante años y la creciente demanda de reafirmación de límites estrictos ha producido una serie de consecuencias. El aumento de la inmigración ilegal y su persistencia es una de las más evidentes. El recurso de asilo como una puerta trasera para ingresar a Europa es ahora la más inquietante. No obstante, no refleja lo suficiente el hecho de que nuestras sociedades reconocen y toleran muchos inmigrantes en situación irregular, desde el momento que la percepción de su utilidad, dignidad y falta de peligrosidad supera prejuicios y temores.

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*Traducido del inglés por Sigifredo Pérez.

1Con cierta ironía, el autor titula su investigación: "¿Quién limpia el ‹Estado de Bienestar›?", flagelando la autopercepción de la sociedad sueca a estar exenta de la inmigración irregular y el empleo ilegal.

2En 2011 en todas las regiones del sur se efectuó una auditoría en la que se descubrió el empleo de 361 trabajadores inmigrantes sin permiso de residencia (el informe del Ministerio habla sumariamente de "trabajadores inmigrantes ilegales", Ministerio de Trabajo, 2012: 30), por lo menos uno al día. Ello implica que, o no hay inmigrantes ilegales trabajando en el sur, o las instituciones públicas no se apresuran a rastrearlos y a penalizar a los empleadores.

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