INTRODUCCIÓN

El hospital real de San José de Valladolid se erigió alrededor de 1582,¹ a raíz del traslado del obispado michoacano de la ciudad de Pátzcuaro a Valladolid.² Instituido de acuerdo al modelo del hospital real del Espíritu Santo de la arquidiócesis de Sevilla, cuyo establecimiento gozaba de los privilegios de los centros hospitalarios de regio patronato, es que fue creado el de Valladolid. Con ese objetivo, fray Juan de Medina Rincón, primer obispo vallisoletano y el deán don Alonso de Mota, solicitaron y obtuvieron de Felipe II este amparo regio.³ Así, el hospital gozó desde su fundación de las exenciones y privilegios que en virtud de la Real Cédula de 1574 otorgó la corona a los establecimientos curativos de nueva erección.⁴

Una de las prerrogativas del patronazgo consistió en otorgar al establecimiento curativo, el noveno y medio de los diezmos recabados anualmente en la diócesis. Con el objeto de utilizar mejor esta partida hospitalaria, el cabildo capitular de Valladolid reunió en una sola gruesa los novenos del hospital y los de la iglesia catedral, formando una masa pecuniaria común que permitía cubrir los excesivos gastos que generaba la construcción de esta última. De este mismo caudal percibían los capitulares de Valladolid, el estipendio de sus prebendas.

Al parecer, desde fechas tempranas la contaduría mayor inclinó la balanza en favor de los prebendados otorgándoles los censos redituables y más seguros, y remitiendo al hospital las dietas incobrables. Algunos obispos que ocuparon la sede episcopal michoacana durante el siglo XVII, conocieron bien esta práctica inequitativa y algunos de ellos consiguieron inhibirla, pero al término de su gestión, el cabildo —merced a los frecuentes y prolongados periodos de gobierno de sede vacante— restablecía el esquema financiero favorable a los intereses capitulares. Correspondió al decimocuarto obispo de la diócesis, don Juan Ortega y Montañés, afrontar en forma definitiva este problema. Para ello, echó mano de su autoridad y de una excepcional habilidad negociadora con el fin de convencer a los capitulares de entregar la fracción pecuniaria del hospital, y dejarla en manos de los religiosos de la orden hospitalaria de San Juan de Dios, con la idea de que estos religiosos pudieran hacerse cargo de la atención de los enfermos y de las finanzas del establecimiento curativo.

Pero los acuerdos que en su momento entusiasmaron al cuerpo capitular, años más tarde le produjeron desencanto y contrariedad al considerar, desde su particular punto de vista, haber sido víctimas de un despojo, pues en los hechos no se concretó la mayor parte de los acuerdos negociados con el obispo. Fue así que durante un largo periodo, el cabildo eclesiástico de Valladolid se empeñó en revertir por todos los medios la propuesta del obispo Ortega, llegando incluso a desestimar los decretos reales y los ordenamientos virreinales y confrontándose directamente con los religiosos juaninos que se harían cargo de la administración del hospital.

El presente trabajo aborda este episodio central en la historia del hospital real de San José de Valladolid, donde se desencadenaron una serie de acontecimientos caracterizados por controversias y dificultades entre capitulares y religiosos, debiendo transcurrir diez años para que se cumpliera el decreto real, y cuatro más para que los religiosos se instalaran definitivamente en el edificio destinado para ese efecto. El reemplazo de una administración por otra fue un relevo complicado, ya que se cruzaron todo tipo de incriminaciones y alegatos que involucraron, además del rey y del virrey novohispano, a diversos personajes de la colonia. Así pues, la percepción que los prelados, el cabildo eclesiástico y las autoridades civiles de Valladolid tuvieron sobre estos acontecimientos, marcaron el carácter beligerante con que se efectuó el reemplazo.

No obstante, a pesar de la relevancia que este episodio tuvo en su momento, y del interés que actualmente posee para la historia de la hospitalidad en Michoacán, existe escasa información bibliográfica, en buena medida porque quienes durante la colonia se ocuparon del tema, lo hicieron con discreción para no alterar la frágil convivencia entre los protagonistas;⁵ también porque los historiadores contemporáneos, aunque han aportado una serie de nuevos elementos, no han profundizado lo suficiente en ellos o lo han hecho con excesiva brevedad;⁶ o bien, porque lo han abordado con un enfoque distinto al que aquí se plantea.⁷

La precariedad de datos bibliográficos y hemerográficos sobre este episodio, y la necesidad de conocer la historia del hospital real de San José de Valladolid, constituyen las razones que motivaron el presente trabajo. Para ello, se privilegió la investigación en fuentes primarias resguardadas en archivos michoacanos. En primer término se acudió al Archivo Histórico de la Catedral de Morelia, Sección Capitular (en adelante AHCM. SC), de donde se obtuvieron dos expedientes catalogados como Libro I y Libro II del Hospital de San Juan de Dios, y cuyos documentos constituyen la fuente principal de la información que se vierte aquí. Tales expedientes se contrastaron con los materiales del Archivo Histórico del Exconvento de Tiripetío (en adelante AH-TPT) y con los manuscritos del Archivo Histórico de la Casa de Morelos (en adelante AHCM).

Es importante mencionar que estos repositorios contienen información exclusivamente del ámbito eclesiástico, de manera que fue necesario indagar en los documentos del Archivo Histórico Municipal de Morelia (en adelante AHMM) para conocer la participación que tuvieron las autoridades civiles de Valladolid en este episodio.

EL OBISPO ORTEGA Y MONTAÑÉS. SU GESTIÓN Y CIRCUNSTANCIA

El obispo don Juan Ortega y Montañés⁸ tomó posesión de la sede episcopal de Valladolid en 1684, y desde el inicio de su gestión, impuso fuertes medidas disciplinarias en cada uno de los campos de la administración diocesana; con ello, combatió el relajamiento que privaba entonces en algunas áreas de la diócesis, sobre todo entre curas y doctrineros de su obispado.⁹ Pero no solo entre curas halló irregularidades, detectó también deficiencias en la calidad de atención a los enfermos por parte del personal encargado del hospital,¹⁰ así como oscuros manejos de sus rentas por parte de los capitulares.¹¹ No obstante, evitó en ese momento las confrontaciones con el cabildo eclesiástico.

Poco después de su arribo a Valladolid, el obispo dejó ver un rasgo sobresaliente de su personalidad: un gusto particular por lo fastuoso,¹² y es que en 1685 compró en el costado oriente de la catedral una casa, cuya remodelación se concluyó alrededor de 1686 y paso a convertirse en una vivienda poco común en Valladolid, pues era:

[…] una casa principal, dos accesorias y un solar en dos mil pesos y la hizo fabricar para su vivienda casi toda de nuevo desde sus cimientos en que gastó sesenta y cinco mil pesos sin la primera compra […] lo manifiestan con techos altos y fábrica de cal y canto enladrillada, constante y permanente, con ropería y otras disposiciones para el efecto, dejando atrio en que fabrican capilla o iglesia moderada para celebrar misa […] con bastante agua de pie para su servicio.¹³

Desde los primeros años de su gestión, se enteró el Sr. Ortega de la inadecuada ubicación del hospital de la ciudad, construido cuarenta años antes en un costado del convento de San Agustín, extramuros de la ciudad.¹⁴ En esas cuatro décadas el crecimiento urbano le dio alcance, quedando el hospital circundado por plazuelas y barrios, constituyendo un riesgo constante para los vecinos que tenían allí sus viviendas. El hospital presentaba además una deficiente distribución de las enfermerías, pues “se hallaba en parte lóbrega, oscura y no bien purificada de los aires, con techos bajos y desiguales y sin los separamientos de salas necesarias y convenientes para los enfermos y enfermas”,¹⁵ lo que significaba para los pacientes el riesgo de adquirir enfermedades infecciosas. Por ello, el deán de la iglesia catedral y su cabildo mandaron a buscar un sitio extramuros de la ciudad, donde pudieran edificarse de manera separada las salas de hombres y de mujeres, así como las de los enfermos contagiosos.

Hacia 1690 el cabildo eclesiástico adquirió un solar situado en el barrio de San José en la zona norte de Valladolid, extramuros de la ciudad, cuyo predio contaba “con una ermita de la misma advocación [con] iglesia capaz y acomodada para sus funciones y el temple muy acomodado para la salud”.¹⁶ Un año más tarde, los capitulares informaron al virrey que la obra se hallaba un tanto avanzada y con posibilidad de trasladar a los enfermos en un mediano plazo. En este sentido, el 22 de noviembre de 1691, el obispo solicitó al virrey Conde de Galve licencia para efectuar la mudanza a dicho barrio de San José.¹⁷ El virrey la otorgó mediante un despacho en el que informaba al prelado no tener inconveniente en concederla, pero dado que había recibido noticia de su Asesor Fiscal de que las rentas del hospital se encontraban muy disminuidas a causa de pagarse el estipendio de las prebendas con cobros de rentas y censos preferentes y más seguros, quedando al hospital las dietas incobrables, pedía al obispo que no permitiera que esos cobros inciertos recayeran en el hospital, sino que se prorratearan entre prebendados y hospital.¹⁸

Con esta recomendación el virrey ponía el dedo justo en el problema que el obispo había detectado desde su arribo a Valladolid. En efecto, tradicionalmente el deán y el cabildo capitular “reunían en un solo paquete la porciones tanto de la iglesia como del hospital correspondientes a novenos, rentas, censos y otros débitos, formando una masa común que unas veces se destinaba preferentemente a la iglesia y otras al hospital según fuera necesario.”¹⁹ Si bien, el manejo de las finanzas del hospital mezcladas con las de la catedral, garantizaban un fondo seguro para los gastos ordinarios y extraordinarios del hospital y de la iglesia, al mismo tiempo permitía a los prebendados disponer para su beneficio de los cobros preferentes a los que aludía el virrey.

Esta práctica ocurría desde tiempo inmemorial y fue bien conocida por los obispos que antecedieron al Sr. Ortega. Algunos intentaron corregirla arrebatando el control financiero del hospital al cabildo eclesiástico, tal fue el caso de fray Alonso Enríquez de Toledo, octavo obispo de la diócesis, quien fue acusado por los capitulares en carta al rey, en razón de que,

[…] la simultánea administración que por derecho y erección de esta Santa Iglesia debe tener el cabildo de los bienes y rentas del hospital y fábricas, el dicho señor obispo lo abrogó en sí solo, procediendo en ella sin acuerdo ni consulta a este cabildo, así en los nombramientos de capellanes, médicos, cirujanos, boticarios y otros ministros, como en los gastos ordinarios y extraordinarios, desimposiciones de censos y otros.²⁰

De semejante intromisión administrativa inculpó también el cabildo a los obispos fray Francisco de Rivera y fray Marcos Ramírez del Prado, sucesores del Sr. Enríquez, así como al obispo fray Francisco de Sarmiento y Luna, continuador del Sr. Ramírez del Prado. El Sr. Sarmiento fue acusado ante el rey de repetir la práctica de sus antecesores, “menos en el pago de salarios de los ministros del hospital, los que realizó tomando en cuenta a los prebendados acreedores.”²¹

Estos antecedentes indicaban al Sr. Ortega que para corregir la deficiente práctica asistencial del personal que atendía el hospital, así como los malos manejos financieros de los prebendados, debía sustituir la estructura administrativa existente y optar por una de distinto carácter. Por ello desde el inicio de su gestión, el obispo buscó una salida diferente a asunto tan delicado. Hacia 1692, a raíz del inminente traslado del hospital al barrio de San José, el obispo ideó un proyecto, que de aceptarse por el cabildo, daría cabal solución al problema.

LA INSÓLITA PROPUESTA DEL SEÑOR ORTEGA

La mudanza del hospital real de Valladolid al barrio de San José iba a significar para el cabildo eclesiástico, para los enfermos y para la capital michoacana, un notable progreso asistencial y sanitario al erigirse extramuros de la ciudad, y al permitir levantar las enfermerías con la separación debida; sin embargo, no afectaría el control que los prebendados ejercían sobre los fondos financieros del establecimiento. Para desactivar dicho control requería el obispo en primer término, frenar la inminente mudanza del hospital al barrio norte de la ciudad, pues de asentarse allí, se restablecería la vieja estructura administrativa. Era indispensable por tanto, proponer un espacio alternativo que supliera con ventajas al edificio del barrio de San José. En segundo lugar, necesitaba arrebatar la administración a los capitulares, solo así conseguiría los dos objetivos: mejorar la atención, curación y asistencia de los enfermos “que por haber estado a cargo de gente parda no han podido lograr hasta aquí que esto sea”,²² y recuperar para el hospital el manejo financiero. Para esta tarea, el obispo pensó en los frailes de una congregación religiosa dedicada exclusivamente a la hospitalidad: la orden de San Juan de Dios, de quienes conocía su exitoso desempeño en Europa, en España y últimamente en México, donde atendían veintitrés establecimientos curativos, cuatro de ellos en el obispado de Michoacán —Colima, San Luis Potosí, León y Celaya—.²³

Sin embargo, todo hacía suponer que el obispo fracasaría en su intento de convencer al cabildo eclesiástico para que cediera el control del hospital en favor de los frailes de este instituto. En primer lugar, porque los juaninos formaban parte del clero religioso, sector eclesiástico tradicionalmente antagónico con los intereses del clero secular; y en segundo lugar, porque años atrás los religiosos de San Juan de Dios promovieron un proceso judicial contra la iglesia michoacana para exigir los novenos del diezmo en beneficio del hospital que ellos administraban en la villa de Celaya. El Tribunal de la Real Audiencia favoreció a los juaninos, afectando seriamente las finanzas del hospital de Valladolid y dejando lastimado el orgullo del cabildo eclesiástico.²⁴

Con tales antecedentes sería difícil convencer a los capitulares para que cedieran la administración a los religiosos. Entendió el prelado que para lograrlo debía echar mano de un recurso extraordinario que sedujera la voluntad del cabildo y venciera las resistencias que seguramente estos le opondrían. El obispo lo intentó. El movimiento que se propuso realizar en el tablero de las posibilidades iba a ser no solo extraordinario, sino espectacular: sugeriría frenar la mudanza del hospital al barrio de San José a cambio de donar al cabildo eclesiástico de Valladolid el palacio episcopal que había construido para su vivienda, con el objeto de que allí se alojara en lo sucesivo el hospital real de la ciudad. Suponía el Sr. Ortega que el cabildo no rechazaría tal ofrecimiento, puesto que el palacio episcopal era uno de los más amplios y bellos edificios de la capital michoacana.²⁵

En efecto, en los primeros meses de 1694 puso el obispo en consideración del deán y del cabildo de Valladolid su propuesta de donación, la que fue aprobada por los capitulares. En la misma asamblea, el Sr. Ortega sugirió al cabildo catedralicio ofrecer al rey, en donación, el palacio episcopal con la finalidad —según expuso el prelado—, de que al transformarse el recinto episcopal en hospital, continuara gozando de las exenciones, prerrogativas y privilegios que desde su fundación había otorgado la corona al hospital mediante el real patronato,²⁶ proposición que también fue aceptada.

De tal magnitud fue el impacto y la fascinación del cabildo michoacano por el ofrecimiento del palacio episcopal, que los capitulares no dieron importancia al hecho de estar el edificio situado en el centro mismo de la ciudad, cuando la razón principal al elegir el barrio de San José para la mudanza hospitalaria, había sido la necesidad urgente de ubicar el establecimiento fuera del perímetro urbano. Tan seria omisión habla de las ventajas que apreciaron los capitulares al tomar posesión de los bellos y amplios espacios del palacio episcopal, incluso, no cuestionaron la propuesta del obispo de que los religiosos administraran el hospital, porque en ese momento, el tema era un asunto menor ante la espectacularidad de la donación, y porque sabían bien que la Ley V, Título IV, Libro I, de la Recopilación de Leyes de Indias, exigía a los religiosos juaninos “dedicarse a la asistencia de los enfermos sin pretender constituir convento en el hospital ni intitularse priores, es decir que no han de entrar como dueños y señores sino como ministros y sirvientes de los pobres”,²⁷ pero dicha ley también ordenaba que entregaran cuentas de las finanzas del hospital al obispo. Este era uno de los objetivos del Sr. Ortega: desposeer al cabildo del control financiero hospitalario.

Por otra parte, el palacio episcopal en manos de los capitulares podría ser destinado en un futuro a propósitos no hospitalarios, por ello el prelado propuso nombrar al rey poseedor del inmueble, confiriéndole potestad absoluta en los asuntos del palacio episcopal.²⁸ Así, el 3 de marzo de 1694 envió el obispo carta al rey, y tres días más tarde el cabildo hizo lo mismo, solicitándole aceptara la donación.²⁹ El rey respondió positivamente mediante un decreto en el que expresaba su gratitud y beneplácito por el gesto magnánimo del obispo.³⁰ Mientras que el Sr. Ortega, además de ceder su vivienda para el hospital, dejó establecido que tan pronto recibiera constancia de la aceptación real, abandonaría el palacio episcopal y se mudaría a otra vivienda, comprometiéndose a pagar durante el tiempo restante que gobernara la diócesis, cien pesos de alquiler al año, percibiéndolos el cabildo para beneficio de los pobres enfermos,³¹ dádiva espléndida que influiría definitivamente en el ánimo de los capitulares para respaldar al obispo en sus pretensiones.

Por su parte el rey en el citado decreto escribía: “suplicándome asimismo el obispo que para que los pobres sean mejor curados y asistidos con puntualidad, mandase yo dar su administración a los religiosos de San Juan de Dios, entregándoles este hospital para que por medio de estos religiosos consigan los pobres la perfecta curación y asistencia.”³² Así fueron desplazados los capitulares de la administración diocesana para dejarla en manos de los religiosos.

PRESENCIA EN VALLADOLID DE LOS RELIGIOSOS DE SAN JUAN DE DIOS

En su propuesta de donación a la iglesia michoacana, el Sr. Ortega insertó una frase que afectaría los tiempos de entrega del hospital y del palacio episcopal a los religiosos: decía esta que los juaninos tomarían posesión del inmueble “hasta después de mis días”, es decir, hasta el término de su mandato. Evitaba el obispo de esta manera estar presente cuando los religiosos tomaran posesión del hospital y de la vivienda episcopal, pues era consciente que entonces estallarían fuertes conflictos entre el cabildo y los frailes juaninos. Por ello, cuando el rey lo nombró Arzobispo de México en 1699 y hubo de abandonar la capital michoacana para ocupar su nuevo cargo, el comisario general de los juaninos fray Francisco Pacheco Montión, envió de inmediato a Valladolid al procurador general de la provincia juanina, fray Joseph Ygnacio Rueda a explorar las condiciones en que se realizaría la entrega del hospital a los religiosos.³³ El procurador no fue bien recibido por el deán de la iglesia michoacana, según lo reveló el comisario general en carta dirigida al mismo deán, donde expresa su indignación con estas palabras:

Me es preciso poner en consideración de Vuestra Señoría el que mi Sagrada Religión ha seguido y sigue la política de no pretender donación alguna ni menos al presente la hemos solicitado con esa nobilísima ciudad, la mera obediencia que profesamos a los Príncipes de la Iglesia nos hizo comparecer en esa dicha ciudad y en presencia de VS […] pero habiendo reconocido que no es del beneplácito de VS el que le vamos a servir en sus pobres, me conformo yo con sus deliberaciones.³⁴

Después de esa desafortunada incursión exploratoria, los juaninos esperaron a que se eligiera nuevo obispo. En 1700 fue nombrado para ese cargo don García de Legaspi Velasco, sucesor del Sr. Ortega. Tan pronto se enteró el comisario general juanino de este nombramiento, escribió carta al prelado para informarle de su próxima visita a Valladolid. En efecto, el 22 de junio de 1701, arribó a la capital michoacana el comisario en persona, portando una real cédula fechada el 26 de junio de 1695 y su duplicado del 6 de marzo de 1700.³⁵ En estos documentos el rey ordenaba a las autoridades de la iglesia michoacana entregar la administración del hospital al comisario juanino, y tan pronto fuera posible, mudar el establecimiento a las casas episcopales donadas por el Sr. Ortega.

Habiéndose informado del asunto el Sr. Legaspi, recibió al comisario y le condujo a las instalaciones del viejo hospital para que se enterara de las condiciones en que se atendía a los enfermos. Cinco días más tarde, el 27 de junio de 1701, fray Francisco fue llevado al palacio episcopal para que viese con propios ojos la situación en que se hallaban las casas reales, y el costo que tendría acondicionarlas para que sirvieran como hospital. Allí, el comisario juanino, acompañado de don Juan de Silva Carrillo, maestro mayor de la fábrica real, de las autoridades de la iglesia michoacana y de los hermanos Juan de Loranca, prior juanino de la casa de México, y de los hermanos fray Buenaventura de Vencis y fray Juan Antonio de León, se enteró por el arquitecto mayor que urgían varias reparaciones cuyo monto total alcanzaría la suma de 15 721 pesos y 7 reales,³⁶ cantidad excesiva e inexistente en partidas hospitalarias o diocesanas.

Por tal razón acordaron posponer la toma de posesión del hospital real hasta dejar resuelto este punto, y en común acuerdo decidieron que los capitulares escribieran carta al ahora arzobispo de México, participándole la imposibilidad de cumplir por el momento con la orden de la cédula real. El comisario se comprometió a entregar personalmente. Cuando fray Francisco visitó al Sr. Ortega en la capital del virreinato, pudo constatar en palabras del propio arzobispo que no habría en el corto plazo dinero ni condiciones para atender el decreto del rey, de manera que el fraile ya no interpuso nuevas diligencias para tomar posesión del hospital ni de las casas episcopales. Habiéndose suspendido por el momento el reclamo del comisario juanino, la iglesia michoacana prosiguió administrando el hospital. Entretanto, el obispo Legaspi envió carta al rey suplicándole tuviera a bien dejar la administración del establecimiento en manos de los capitulares,

[…] cuyo cuidado desde su fundación ha estado al de los obispos y cabildos de esta Santa Iglesia que se han aplicado con tanto fervor y esmero al cumplimiento de la obligación y servicio de Vuestra Majestad, que como parece de los autos, tiene este hospital merecida la general aceptación y está calificado por uno de los mejores del reino.³⁷

Transcurrieron tres años durante los cuales la ausencia de los juaninos alentó a los diocesanos a redoblar la atención de los enfermos y ejercer en adelante una administración cuidadosa y ejemplar, con el objeto de entregar buenas cuentas al rey y ganar su voluntad para permanecer en la administración del establecimiento curativo.³⁸ Pasados los tres años, el 19 de junio de 1704 arribó por segunda ocasión a la ciudad de Valladolid el comisario general juanino fray Francisco Pacheco Montión, esta vez portando otra cédula real fechada el 18 de enero de 1702 en la que el rey, enérgico, ordenaba al cabildo eclesiástico de la iglesia michoacana entregar de una vez por todas el hospital a los juaninos, encargando al obispo y al cabildo eclesiástico y mandando al juez secular “se dé inmediata posesión dél a los religiosos y se dejen de lado los pretextos que se han puesto, pues que dilatarlo o impedirlo con cualquier motivo, me daré por desoído y pido me den quenta dello tan luego quede executado.”³⁹ Tan contundente orden cancelaba toda posibilidad de réplica.

LOS JUANINOS Y EL OBISPO DON MANUEL ESCALANTE Y COLOMBRES

En 1703, don García Felipe Legaspi fue nombrado obispo de Puebla. Su lugar en la mitra de Michoacán lo ocupó don Manuel Escalante y Colombres, quien tomó posesión del cargo el 27 de junio de 1704.⁴⁰ Cuando el Sr. Colombres conoció el reclamo del comisario juanino y leyó la cédula real que lo sustentaba, escribió carta al rey haciéndole ver que si en anteriores ocasiones no se cumplió la ejecución de su mandato, no fue por obstrucción que pusiese el anterior obispo, sino por la imposibilidad de convertir las viviendas de un palacio en salas de hospital, por no haber partida pecuniaria alguna que lo permitiese, pues para realizar el traslado del hospital a las casas episcopales, se requerían —desde el primer reclamo del comisario juanino— 15 721 pesos, y en el más reciente, más de 27 000 pesos, “cantidad que si se sacara de las rentas de dicho hospital, cesaría por más de tres años la curación de los enfermos.”⁴¹

Comentaba el obispo Colombres que al entregar la administración a los religiosos, sería preciso añadir gastos a dicho hospital al dar a los juaninos sustento y vestuario, gastos que no tenía cuando estuvo la administración a cargo del cabildo, pues nunca recibieron los capitulares encargados del hospital salario alguno. Asimismo, informó al rey que cuatro décadas atrás, durante la gestión del obispo fray Marcos Ramírez de Prado, estuvo el hospital real de Valladolid situado en el centro de la ciudad, y que por haber visto este prelado que a su paso por el hospital los habitantes experimentaban graves daños y enfermedades por los aires infectados emanados del interior de establecimiento, pidió licencia y la obtuvo del virrey para removerlo del centro de la ciudad y situarlo en el lugar que ahora se halla. Argüía, además que el acueducto y acequia principal y única que suministraba agua a toda la ciudad, cruzaba descubierta por el interior de las casas episcopales, pudiendo contaminarse con las emanaciones que producían los hospitales, y concluía afirmando que si estos riesgos ya preocupaban al obispo Ramírez de Prado en una época en que era menor el número de habitantes, con mayor fundamento podrían esperarse y temerse las enfermedades que habría de ocasionar el aire infecto si llegara a alojarse el hospital real en el palacio episcopal, ubicado en el centro mismo de la ciudad, pues era mayor el número de habitantes que transitaban en sus proximidades. Argumento de gran solidez que omitió considerar el cabildo eclesiástico durante la gestión del Sr. Ortega.

Comentaba también el obispo en su carta al rey que los religiosos, al asumir la administración, habrían de tomar junto con el hospital todos sus bienes, censos, rentas, derechos y acciones, incluido el noveno y medio de las rentas decimales, y que esta última partida habrían de recibirla no en dinero sino en forma de diversos géneros recaudados en los diezmatorios, de manera que para reducirlos a reales, tendrían que gastar en personeros y diligencias una cantidad considerable de dinero, “este gravísimo inconveniente cesa en todo, corriendo la administración de dicho hospital real y sus rentas para el cuidado del obispo y cabildo.”⁴²

De nuevo la iglesia michoacana imploraba a la corona que dejase en manos de la diócesis la administración del dinero del hospital. Y refiriéndose a los capitulares que en otra época cedieron el establecimiento curativo a los religiosos, concluía el Sr. Colombres diciendo que el cabildo eclesiástico de entonces, cometió el error de permitir le fuera arrebatada la administración, aun cuando lo hubiera hecho creyendo que hacía con ello un especialísimo servicio al rey.⁴³

INTERVENCIÓN DEL CABILDO CIVIL DE VALLADOLID

El 7 de agosto de 1704, don Antonio de Zabala, alcalde mayor de Valladolid, en obediencia al decreto real, convocó a los notables de la ciudad para visitar las casas episcopales e informar a la corona sobre el cumplimiento de la cédula.⁴⁴ Efectuada la inspección, el alcalde expuso al rey su punto de vista y el de los vecinos,

[…] que se reduce a encontrar gravísimos inconvenientes en la novedad de la entrega del hospital real a los religiosos sin que para ello haya habido ni haya causa ni motivo para que desmerezcan los prelados y cabildos de esta Santa Iglesia el despojo de tantos años de administración provechosa y plausible, como es público y notorio a todo este obispado […] que en ninguna manera conviene al Sr. obispo y a Vuestra Majestad la entrega del hospital real a los padres referidos y mucho menos, Señor, que el referido hospital se pasase al palacio de Vuestra Majestad.⁴⁵

Allí mismo sugería el alcalde al rey que el palacio episcopal, en lugar de destinarse a hospital, se arrendara a tres o cuatro familias de la localidad y sus rentas se incorporaran a las que ya poseía el hospital, pues las casas reales, por su enorme espacio, nunca podrían ser llenadas por enfermos ni por religiosos, por lo que quedarían la mayor parte del tiempo desocupadas.⁴⁶

Por su parte, el Dr. don Nicolás Altamirano y Castilla, médico principal del establecimiento, advertía al rey sobre los riesgos del traslado de enfermos del hospital a las casas episcopales, “siendo precisa obligación de mi facultad no solo la curación sino también la precaución de los daños que se pueden ocasionar al bien público.”⁴⁷ Mencionaba el médico en su comentario al rey, que aunque la ciudad gozaba de buen temperamento por su situación moderadamente caliente, los vientos provenientes del sur poseían elementos favorables para producir epidemias, y que estando constituido el suelo del centro de la ciudad de tepetate y cantera, iba a ser poco menos que imposible construir las cloacas y albañales necesarios; pero además, lo poco ahondable del suelo ocasionaría la rápida putrefacción de los cadáveres enterrados en el cementerio que debía tener el hospital.⁴⁸

En tanto, el bachiller Domingo Hidalgo, también médico del hospital, ajustó su juicio al del Dr. Altamirano y Castilla.⁴⁹ Pese a la unanimidad de criterios de las autoridades eclesiásticas y civiles de Valladolid, el rey mantuvo su decisión y encargó al virrey don Juan Fernández de la Cueva, duque de Alburquerque, presionar al cabildo eclesiástico para que entregase la administración del hospital a los religiosos y facilitar la mudanza del hospital real al palacio episcopal. Le ordenó además circunscribir este asunto al ámbito de la Nueva España. En adelante, el interlocutor entre religiosos de San Juan de Dios y capitulares de Valladolid para los asuntos del hospital debía ser el propio virrey, quien tan pronto se enteró de las condiciones que imponía la iglesia michoacana para entregar la administración del hospital y las casas episcopales, despachó una orden exigiendo a los capitulares obviar sus exigencias y hacer entrega inmediata del hospital real y del palacio episcopal a los religiosos de San Juan de Dios. Para ello estableció una fecha precisa: 20 y 21 de octubre de 1704.⁵⁰

ENTREGA DEL HOSPITAL REAL Y DEL PALACIO EPISCOPAL A LOS RELIGIOSOS

De acuerdo al auto redactado por el escribano público de la ciudad, el día lunes 20 de octubre de 1704, se reunieron en el hospital real de Valladolid don Juan Maldonado, teniente de alcalde mayor de esta ciudad y los señores don Joseph de Loyola, arcediano de la santa Iglesia Catedral, el Lic. Don Antonio de Medrano y Avendaño, racionero en ella, y los comisarios nombrados por el obispo y por el deán y cabildo de la iglesia de Valladolid, para dar cumplimiento a la orden del virrey.⁵¹ La reunión inició por la mañana, acudiendo además de los aludidos, el mayordomo del establecimiento don Joachín Roldán Moscoso, el entonces rector-capellán del hospital bachiller Andrés Luviano, y los sirvientes del hospital. Por parte de los religiosos se presentó el comisario general de San Juan de Dios fray Francisco Pacheco Montión y algunos hermanos de la orden. Ese día empezó la entrega del hospital. Primero se separaron la cama y demás objetos personales del ex rector-capellán, dejando libre y disponible esa habitación. Hecho esto, se pasó a la entrega de las salas de enfermería y de las oficinas del hospital, actividad que ocupó la mañana y parte de la tarde de ese día. Cuando faltaba poco tiempo para concluir la entrega del viejo hospital, el rector-capellán, sin ser notado, abandonó el lugar rumbo a su casa, lo que motivó el disgusto del comisario juanino, quien al día siguiente le reclamó.⁵²

La amonestación del comisario juanino desencadenó un roce que no pasó a mayores, pero que denota el grado de tensión con que se produjo la entrega. El día 21 ocurrió otro incidente: durante la entrega del hospital, el provisor general del obispado notificó al comisario juanino el mandato del obispo Colombres de que la llave del sagrario la guardaría el capellán de la iglesia diocesana que estaba antecedentemente, es decir, don Andrés de Luviano, y que el ejercicio de capellán lo ejercería este mismo ministro; fray Francisco Pacheco Montión intentó revocar dicho mandato diciendo que esta ocupación la serviría un sacerdote religioso de su orden, y “se alteró de voces prorrumpiendo que era su obligación el hacerlo y no otra ninguna persona de las que en el hospital en dicho día se hallaban.”⁵³ El obispo Colombres en su informe de los hechos escribió al rey: “fue necesario vencer gravísimas dificultades que puso el comisario de San Juan de Dios en cuanto al allanamiento, que habiéndose conseguido, al tiempo de la entrega volvió a motivar dicho comisario nuevo artículo, intentando desistirse del que mandó el obispo.”⁵⁴ Hubo una tercera situación que, como las otras, refleja el grado de crispación que prevaleció entre religiosos y capitulares. Cuando el Lic. Luviano informaba sobre el desempeño de los sirvientes, el comisario juanino creyó advertir en estos un dejo de desdén hacia su persona; de ello dio cuenta al virrey, asegurándole que los sirvientes “gente toda de color quebrada” alborotaban e impedían la entrega del hospital, mostrando así la poca inclinación que tenían hacia los religiosos.⁵⁵

El virrey ordenó al alcalde mayor y demás autoridades seculares de la ciudad, proceder criminalmente contra los culpables, quienes por su desacato, merecían “la pena de azotes, los condenen y ejecuten en sus personas luego y sin dilación alguna, dándome cuenta de ello después de ejecutada.”⁵⁶ Sanción que no se llevó a efecto porque los sirvientes replicaron la decisión del virrey e impugnaron “el siniestro informe y relación contraria a la verdad del hecho”,⁵⁷ y luego de presentar la declaración de varios testigos que confirmaron el buen comportamiento de los sirvientes el día de la entrega, quedó anulada la sentencia. Así, los días lunes 20 y martes 21 de octubre de 1704, se cumplieron a cabalidad las diligencias de la entrega del establecimiento hospitalario y de las casas episcopales a los religiosos de la orden de San Juan de Dios, testimoniando el cabildo haber tomado los hospitalarios posesión jurídica y formal de los inmuebles “quieta y pacíficamente y sin que hubiese contradicción alguna.”⁵⁸

A partir de esta fecha continuaron las actividades asistenciales en el antiguo hospital, pero ahora con la asistencia de los religiosos y bajo los cuidados y estatutos de la orden hospitalaria de San Juan de Dios, en espera de que se realizaran las reparaciones que requería el palacio episcopal y sobre todo, que se cumpliera la petición de don Juan Ortega y Montañés que pedía se mudaran “hasta después de mis días”.

CONFLICTOS POR LAS FINANZAS HOSPITALARIAS

Con la entrega del hospital real y de las casas episcopales a los religiosos, no terminaron los conflictos, por el contrario, dio inicio una etapa más difícil y compleja que la anterior, esta vez por cuestión de las finanzas hospitalarias. El decreto expedido por la corona estipulaba que al entregar los capitulares el hospital a los juaninos, quedarían estos en posesión de todos sus bienes, tanto muebles como dijes o semovientes, así como rentas, censos y acciones que tuviesen en las casas reales, pero sobre todo entrarían en posesión del noveno y medio de los diezmos hospitalarios.⁵⁹ Siendo esta partida pecuniaria la fracción más elevada del total de ingresos del hospital, y habiéndola ejercido el clero diocesano conjuntamente con los novenos de la iglesia catedral, al ceder la partida a los juaninos se causaría un grave trastorno a este ventajoso esquema distributivo, pues tradicionalmente la contaduría mayor de la iglesia, a través de la clavería, destinaba el volumen mayor de dicha partida para los gastos de construcción de la iglesia catedral y para las festividades religiosas, o en favor del hospital en tiempo de epidemias o cuando el edificio requería reparaciones. En adelante, el cabildo no podría poner más en práctica este ventajoso esquema conjunto.

Para los juaninos, el asunto de los diezmos hospitalarios también se tornó en motivo de preocupación, pero por diferentes razones. En su caso, el problema consistía en que cada año recibirían el noveno y medio hospitalario no en dinero en efectivo, sino en diversos géneros: productos perecederos, aves y pies de cría, que debían preservar y alimentar en tanto gestionaran su realización en un remate previamente negociado. Los religiosos eran conscientes de carecer para esta complicada operación, no solo de tiempo, sino de experiencia, de agentes negociadores y del conocimiento puntual de las reglas de la subasta, por ello propusieron que el cabildo capitular se hiciera cargo de rematar dichos productos, al menos ese primer año, y que el dinero obtenido les fuera entregado por la clavería en forma de suplementos semanales para los gastos ordinarios y extraordinarios del hospital.⁶⁰ El obispo Colombres y el cabildo eclesiástico rechazaron tal pretensión, pues en esas condiciones el manejo de los novenos hospitalarios no podría ya mezclarse con los novenos de la iglesia.

En carta al rey, refiriéndose a la actitud de los juaninos, decían: “la mañosidad de dicho comisario general, vistiendo su pretensión con afectada pobreza, intenta contravenir al soberano mandato de Vuestra Majestad, o a poner al obispo y su cabildo en el bajo oficio de cobradores y diligencieros de los religiosos.”⁶¹ No obstante, el obispo y el cabildo ofrecieron a los juaninos un suplemento adicional de trescientos pesos del cofre de tres llaves de la iglesia, en tanto las rentas del establecimiento curativo fueran cobradas por los religiosos.⁶²

Pero el asunto que estaba en cuestión no era el de las rentas del hospital, sino el de los productos del diezmo, los que el cabildo no estaba dispuesto a subastar. Al no haber acuerdo en este punto, el comisario juanino partió a la ciudad de México para dar cuenta al virrey de la situación de pobreza en que quedaría el hospital por la posición del obispo y cabildo michoacanos. Ese mismo día se presentó ante el obispo el religioso juanino fray Manuel de San Joseph, para comentarle que al partir a México el padre comisario los dejó a él y a otro religioso encargados del hospital sin ninguna providencia para el sustento de los enfermos, razón por la que acudían ante el prelado para que los amparase. Preguntándole el obispo por qué no habían asistido a recibir los trescientos pesos del cofre, respondió el fraile que tenía orden de no recibirlos y que el comisario les dejó dicho que tomaran ese dinero solo si en adelante les habrían de entregar semanalmente los suplementos.⁶³

Pese a esta nueva circunstancia, el Sr. Colombres se reunió con el cabildo eclesiástico y acordó dar a los religiosos los suplementos de esa semana y entregarles los trescientos pesos del cofre, proponiendo al mismo tiempo ejecutar un recurso temporal para que no faltase en adelante el sustento a los enfermos en tanto los religiosos hicieran efectivo el cobro de los novenos.⁶⁴ Consistió tal recurso en convencer a algunos comerciantes de Valladolid para que proveyeran semanalmente al hospital con los suplementos comestibles y la ropa que necesitasen los enfermos y los religiosos, con la única condición de que el comisario juanino se comprometiera a pagarlos en un año, una vez efectuado el remate de los novenos. Asimismo, comprometió a los médicos y cirujanos del hospital para que suspendieran el cobro de sus servicios hasta el siguiente año.⁶⁵ El Sr. Colombres informó a fray Manuel que los vecinos de la ciudad estaban dispuestos a proporcionar al hospital los suplementos que fueran necesarios. Para sorpresa del obispo y de los capitulares, el religioso juanino se excusó y no aceptó el ofrecimiento diciendo que carecía de licencia y de la facultad del reverendo padre comisario general, su prelado, para recibir vales y para hacer compromiso alguno con los sujetos que suscribían dichos vales.⁶⁶

Por su parte, el comisario juanino desde la ciudad de México intimaba por carta al Sr. Colombres para que entregara todo el año providencias semanales al hospital para la manutención de los enfermos. Mencionaba el religioso en su misiva que contaba con un despacho del virrey duque de Alburquerque, ordenándole que en caso de no dar el cabildo de Valladolid dichas providencias, se mantuvieran los religiosos en posesión del hospital, pero “recibiendo solo a los pobres que pudieren y no más.”⁶⁷ Como los diocesanos no accedieron, fray Francisco dictó orden a fray Manuel de no aceptar nuevos enfermos y presionar a los que estaban hospitalizados para que abandonaran el establecimiento. En palabras del Sr. Colombres,

[…] abrazaron el medio más dañoso a los pobres y de mayor perjuicio a los enfermos de este obispado que fue el cerrar las puertas a los nuevos enfermos y apretar a los que había en dicho hospital con el maltrato y poca asistencia a salir del hospital, llegando a lo último del despecho que fue cerrar en el todo las puertas al recibo de enfermos y despacharlos con el pretexto de no tener efectos para su curación y sustento.⁶⁸

A partir del mes de enero de 1705, los religiosos “resolvieron repeler los enfermos y dejar vacías las enfermerías, quitando hasta las camas, según y cómo las hallamos el día 26 de febrero.”⁶⁹ Ante esta actitud del comisario juanino no tuvo el obispo otra alternativa sino dar aviso al virrey de lo que estaba ocurriendo, y al mismo tiempo, volver a recibir a los enfermos, poblándose de nuevo las enfermerías y utilizando los vales y obligaciones que los vecinos tenían otorgados.⁷⁰

De esta manera el hospital quedó nuevamente bajo la administración del cabildo vallisoletano, del 28 de febrero al 18 de mayo de 1705.⁷¹ En esos tres meses el obispo encargó a su mayordomo y al Lic. Lorenzo Gutiérrez, presbítero de la catedral michoacana, proveyesen todo lo necesario para el abrigo, sustento y curación de los enfermos del hospital, sin descuidar las necesidades de ropa y sustento de los religiosos de San Juan de Dios, aun cuando estos, recluidos en sus habitaciones, se abstuvieron de participar en las actividades hospitalarias. De esta manera, el cabildo recibió de nuevo a los enfermos y a los pobres que acudían al hospital a recibir atención médica. Por su parte, los religiosos aceptaron de buen grado los suplementos que les enviaba el obispo. Empero, el 17 de marzo de ese año, los juaninos rechazaron la dotación de “pescado, robalo, camarón, arroz, lentejas, frijoles, garbanzos y otros productos para que comiesen. Que no podían ya recibirlo porque su reverendo padre comisario les había escrito mandándoles no se recibiese nada y enviándoles cincuenta pesos para que fuesen gastando en su sustento.”⁷²

El virrey se enteró por el obispo Colombres de este desplante del comisario juanino y le ordenó que sus religiosos asumieran de nuevo la administración del hospital.⁷³ Fray Francisco hubo de obedecer, y el 19 de mayo de 1705, arribó a Valladolid y recibió del secretario don Miguel Mirón de Valdivieso, el hospital con 28 enfermos y los vales originales por si deseaba aprovecharlos y querer usar de ellos, pero el comisario hizo caso omiso de este beneficio, mandando regresar los vales a sus dueños.⁷⁴ Así quedó restablecida la administración religiosa juanina a partir de esa fecha. Pero el problema del remate de los diezmos de ese primer año continuaba sin resolverse, es así como el virrey duque de Alburquerque, emitió diversos despachos en favor de fray Francisco Pacheco Montión y contra el cabildo de Valladolid, con la idea de ejercer presión para que los diezmos de ese primer año fueran realizados en remate por el cabildo eclesiástico.⁷⁵

Luego de insistir el cabildo eclesiástico en que los religiosos debían rematar los productos del diezmo y no el cuerpo capitular, el virrey admitió una propuesta intermedia sugerida por el propio obispo Colombres para que dicho noveno y medio no fuese subastado ni por el cabildo ni por los religiosos. Consistió en sacar los géneros y productos del diezmo a la Real Almoneda para rematarlos allí al mejor postor.⁷⁶ Esta propuesta del obispo fue la solución y así quedó resuelta la discusión. A partir del siguiente año se estableció plenamente la responsabilidad de los juaninos en el manejo de los productos del diezmo. Resuelto este toral asunto, los frailes ejercieron la administración del hospital real de Valladolid de 1704 a 1708, en el viejo edificio anexo al convento de San Agustín, en espera de que el rey, el virrey o el cabildo vallisoletano, proveyeran los recursos y ordenaran realizar las adecuaciones para dejar a punto la mudanza al palacio episcopal.

ÚLTIMA ETAPA. LA MUDANZA HOSPITALARIA AL PALACIO EPISCOPAL

En diciembre de 1707, el virrey envió un despacho al deán y cabildo de Valladolid ordenándole responsabilizarse de los gastos de reparación del palacio episcopal para finalmente mudar allí el hospital de la ciudad. En él instruía a los diocesanos a tomar el dinero para dichos trabajos “de los rezagos que hubieren quedado de las rentas de dicho hospital durante los años que administró este cabildo.”⁷⁷ El cabildo capitular de Valladolid se vio compelido, muy a su pesar, a satisfacer este ordenamiento, y ese año dedicó tiempo y dinero para cumplir con el mandato. El 16 de diciembre de 1708 falleció en la capital del virreinato el arzobispo de México, don Juan Ortega y Montañés,⁷⁸ promotor del reemplazo administrativo. A partir de esa fecha el palacio episcopal quedó disponible para la mudanza, como lo pidió el prelado: “hasta después de mis días”. Los empleados, los sirvientes y los religiosos pusieron todo su empeño en trasladar enfermos, enseres y equipo del viejo establecimiento hospitalario para acomodarlos en el nuevo edificio. Así, en los últimos días de diciembre de 1708 culminó el traslado del antiguo hospital a la nueva y definitiva morada, dando inicio a una nueva etapa asistencial bajo el cuidado y administración de los religiosos de San Juan de Dios.

CONSIDERACIONES FINALES

El reemplazo administrativo en el hospital real de San José de Valladolid tuvo como propósito sustituir viejas prácticas asistenciales y financieras que prevalecían desde tiempo inmemorial en el establecimiento curativo vallisoletano; pero sobre este interés inmediato, tuvo el obispo Ortega otro mucho más importante: instituir en la diócesis michoacana un innovador modelo de atención hospitalaria que desde mediados del siglo XVI se venía imponiendo en la totalidad del mundo europeo. Tal modelo, iniciado por la orden hospitalaria de San Juan de Dios en Granada, España, se aceptó en la mayor parte de los países de Europa, en buena medida porque a través de la recaudación personalizada de limosnas, práctica autorizada por bulas apostólicas,⁷⁹ los establecimientos juaninos podían sustentar económica- mente sus hospitales, liberando a la hacienda real y a los cabildos eclesiásticos y civiles de la carga que a menudo fue un lastre para su buen funcionamiento. Asimismo, el carácter híbrido del régimen eclesiástico de la orden de San Juan de Dios —laicos y religiosos a la vez— les eximía de una prolongada formación religiosa. Los miembros de los institutos formadores de sacerdotes requerían de 10 a 12 años para profesar como ministros del culto, en tanto que los juaninos necesitaban solo tres para profesar e incorporarse a la actividad hospitalaria, de forma que en breve plazo podían disponer del número suficiente de miembros para satisfacer las demandas de hospitalidad de los establecimientos en expansión.

Otro aspecto innovador e inédito de la práctica hospitalaria juanina, tal vez la que cimentó en mayor grado su éxito, consistió en la instauración del denominado Voto de Hospitalidad, también conocido como 4o. Voto, compromiso estatutario al que se ceñían los miembros de la orden al profesar, y que los obligaba a dedicarse exclusiva, absoluta y totalmente a la atención de los enfermos. En el caso del hospital real de Valladolid, al poco tiempo de asumir su administración, los frailes le imprimieron un vigoroso impulso asistencial, tanto así que en la evaluación que hizo el visitador fray Pedro Rendón Caballero en 1773-1774 a los hospitales juaninos novohispanos, señaló al hospital de Valladolid como el establecimiento juanino más exitoso de la Nueva España, no solo por sus bienes, propiedades y rentas, sino por la afluencia de enfermos que ingresaban a sus instalaciones cada año, superando incluso al hospital juanino de la ciudad de México, sede de la Provincia hospitalaria de San Juan de Dios en la Nueva España.⁸⁰ Esta eficiencia asistencial, administrativa y financiera que conocía bien el obispo Ortega, fue la razón fundamental que le movió para imponer tal modelo en el hospital real de San José de Valladolid.