INTRODUCCIÓN

En virtud de que el objeto concreto de estudio es lo que se denomina como la Organización Nación Purépecha (ONP) –que a lo largo del tiempo se fraccionó en varias vertientes, a la que se tipifica como una agrupación indígena formal, creada al margen de las instituciones jurídicamente vigentes y de las maneras tradicionales de integración y manifestación colectiva de la etnia de ese nombre–, se parte de un breve recuerdo de lo que ha sido en los últimos años la teorización en torno a la investigación de los movimientos sociales contemporáneos, campo al que se le ha prestado una mayor atención desde la sociología y la ciencia política.

En el primero de los casos se identifica como una de las concepciones teóricas más completas y de amplia aceptación, la de Veit-Michael Bader, quien grosso modo considera que los movimientos sociales contemporáneos tienen su origen en la desigualdad social y la estructuración y expresión de la acción colectiva con un amplio sustento racional, la que se orquesta y expresa frecuentemente al margen de la legalidad institucional. Los movimientos sociales adquieren su singularidad en función de los objetivos y condiciones específicas bajo las que se gestan y hacen manifiestos, en lo que es frecuente encontrar nuevas formas organizativas y de identidades. ¹

En tanto que en el campo de la ciencia política, las investigaciones alrededor de la configuración y expresión de los movimientos sociales se sustentan en el planteamiento y uso de los conceptos de asociación y grupos de interés. A partir de ello se analizan las condiciones bajo las cuales se suscita la confluencia en una realidad específica de determinados individuos, y la manera en que éstos se cohesionan armónica y eficientemente, para dar paso a lo que es un grupo de interés con un protagonismo más o menos constante. Se considera que éstos últimos se integran y actúan cada vez con mayor frecuencia al margen de los partidos políticos, para plantear y requerir del Estado la atención y resolución de espectros de inconformidades, demandas y expectativas de una naturaleza cada vez más diversa. ²

Para nuestros propósitos, abundaremos en un segundo concepto que es el grupo de interés, identificado como un conjunto de personas o entidades privadas, reunidas y organizadas por un objeto común y, por lo tanto, motivadas para actuar de manera conjunta en la gestión y/o defensa del mismo ante el Estado, así como negociar con otros actores sociales con los que eventualmente concuerde o se encuentre en posición antagónica. Es importante dejar manifiesto que el grupo de poder, como elemento asociado al concepto precedente, consiste en un conjunto de personas o instancias particulares habitualmente reunidas por un interés o propósito común, que tiene ascendiente y peso entre determinados sectores de la sociedad para influir en sus decisiones, así como un margen de maniobra ante el Estado. ³ En determinadas condiciones y circunstancias, los grupos de interés y de poder se configuran en la modalidad de grupos de presión, los que por lo general echan mano de tres mecanismos para plantear su espectro de demandas: la persuasión, la intimidación y la corrupción. En cuanto a lo primero, esta forma de presión se utiliza a través de la negociación, la información y la propaganda, con el propósito de convencer a la opinión pública y sus interlocutores directos, de que su posicionamiento y actuación están orientados hacia el bien común; no obstante, que en la práctica represente el interés particular o sectorial que sirve al grupo de presión en sí. Mientras que la intimidación conlleva una amenaza abierta o velada del uso de la fuerza o de la no colaboración con el gobierno, en caso de no aceptarse y resolverse la propuesta del propio grupo de presión.

En tanto que la corrupción se constituye en el mecanismo más contrapuesto al ordenamiento jurídico de atención a movilizaciones sociales y conflictos, pues siempre se materializa fuera del escenario público, utilizándose por lo habitual recursos económicos para concretar la decisión política que colme las pretensiones y expectativas del grupo de presión, sin que ello necesariamente responda a su espectro inicial de demandas. ⁴

Un tercer concepto que viene a colación para sustentar de manera adecuada el discurso explicativo de este texto es el de indigenismo. ⁵ La definición acuñada por Alfonso Caso hace casi siete décadas se sigue considerando en muchos círculos académicos como vigente en su generalidad. Por lo tanto,

[…] es indio aquel que se siente pertenecer a una comunidad indígena, y es comunidad indígena aquella en la que predominan elementos somáticas no europeos, que habla preferentemente una lengua indígena, que posee en su cultura material y espiritual elementos indígenas en fuerte proporción y que, por último, tiene un sentido social de comunidad aislada dentro de las otras comunidades que la rodean, que la hacen distinguirse de blancos y mestizos. ⁶

La mayoría de quienes se abocan al estudio del indigenismo coinciden en señalar la existencia de al menos cuatro grandes etapas o momentos de este complejo proceso social en México. El primero habría correspondido a la conquista europea, el periodo colonial y hasta el momento de la independencia, caracterizado en su generalidad por el paternalismo y el autoritarismo real hacia los pueblos indígenas. El segundo englobaría el diseño y aplicación de las políticas de corte liberal por parte de los gobiernos del siglo XIX y hasta el Porfiriato, para diluir las formas de organización comunal de los pueblos, fundamentalmente la posesión y disfrute de la tierra. Mientras que el tercer momento lo habría constituido la configuración y aplicación de un proyecto de cobertura nacional en la posrevolución, para integrar a los indígenas al Estado-nación, con un renovado paternalismo gubernamental en prácticamente todos los ámbitos de la vida de los pueblos y que estuvo vigente durante la mayor parte del siglo XX. ⁷

La cuarta etapa del desarrollo del indigenismo en nuestro país habría devenido del magno proceso de la globalización configurando desde principios de los años ochenta de la centuria pasada, cuando se resquebrajó la relación corporativa de la mayoría de los pueblos indígenas con el añejo régimen priista. Además, desde el escenario internacional se perfilaron con creciente fuerza procesos y fenómenos como el denominado multiculturalismo, cuando esos actores sociales vertebraron su espectro de inconformidades con los de otras organizaciones no indígenas, para expresarlos y gestionarlos de manera conjunta. ⁸ En ese contexto, la ratificación por parte del gobierno de México en 1990 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, propició casi de inmediato, coincidiendo con las acciones conmemorativas del Quinto Centenario del Encuentro de América, la configuración de nuevas demandas y expectativas de los pueblos concurrentes en el movimiento indígena del país, como la autonomía territorial-administrativa y la elevación a rango constitucional de los derechos indígenas individuales y colectivos. ⁹

EL CONTEXTO DE LA IRRUPCIÓN DE LA NACIÓN PURÉPECHA

La crisis estructural de México, iniciada en 1982, se prolongó con diversas secuelas en el transcurso de toda la década siguiente. En este lapso se reconfiguró de manera profunda la relación, interlocución y mecanismos de negociación entre el Estado mexicano y las agrupaciones sociales que existían y se fundaron en esa coyuntura. Estos actores elaboraron y expresaron de manera recurrente y con inédito vigor, un amplio espectro de inconformidades, demandas y expectativas, que fueron desde aquellas que se refirieron al rechazo tajante a las draconianas medidas implementadas en su momento por el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, para afrontar la crisis económica. Se incluyen en este espectro los que plantearon una mayor democratización horizontal y vertical del sistema político, lo que fue por demás evidente en el proceso electoral federal de 1987-1988; hasta los que exigieron la instauración de programas asistenciales de mayor cobertura y profundidad en favor de los sectores más vulnerables de la sociedad. ¹⁰

Para el caso de Michoacán, la irrupción y desarrollo de la recesión económica coincidió con la actuación y posicionamiento de la incipiente administración estatal del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien desde la campaña proselitista del verano de 1980, había comprometido el diseño e instrumentación de programas y acciones de gobierno que subsanaran en lo posible los rezagos en los ámbitos educativo, salud, desarrollo y equipamiento urbano, industrialización, promoción del empleo, rescate y preservación ecológica, así como el incentivo a la cultura, entre otros rubros. Los grupos indígenas recibieron especial atención de parte del gobierno del estado, el cual configuraba entonces el denominado neo cardenismo que se haría plena y vigorosamente manifiesto en la coyuntura político-electoral de 1987-1988, a grado tal de propiciar la fractura al interior del hasta entonces monolítico Partido Revolucionario Institucional (PRI). ¹¹ Fue en este escenario que en las comarcas de población indígena de la etnia purépecha, como la Meseta, la Cañada de los Once Pueblos, la Ciénaga de Zacapu y la cuenca lacustre de Pátzcuaro, actores sociales representativos como los profesores bilingües del sistema educativo público, afiliados a la Sección XVIII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), integrantes de comisariados de bienes comunales, jefes de tenencia, encargados del orden, profesionistas, intelectuales y líderes naturales, entraron en una dinámica de creciente reflexión, interlocución, deliberación y consenso en torno del diagnóstico de la problemática, así como en el diseño y gestión de proyectos de incentivo al desarrollo. ¹² Uno de ellos fue planteado en 1981 y retomado en 1985, consistente en requerir a los gobiernos federal y estatal la construcción del Instituto Tecnológico Agropecuario y Forestal de la Meseta Purépecha. ¹³ Además, a partir de 1983 se instituyó la celebración cada primero de febrero del “Año Nuevo Purépecha”, efectuándose en esa ocasión en la emblemática comunidad de Tzintzuntzan, con lo cual se generó un espacio con temporalidad precisa para la concurrencia y socialización de la problemática de esa etnia, por parte de los actores sociales en mención. ¹⁴ En la ya enunciada coyuntura político-electoral de 1987-1988, en la cual también irrumpió con amplia presencia y convocatoria la corriente democrática de la Sección XVIII del SNTE, que se adhirió a la disidente Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el magisterio bilingüe integrado al Sector IX de Educación Indígena, adquirió un creciente posicionamiento y beligerancia al interior de las comunidades purépechas. Su protagonismo resultó decisivo para la sucesiva fundación y sostenida actuación del Frente Democrático Nacional (FDN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), proyectos impulsados por los operadores políticos neo cardenistas. ¹⁵

Al interior del Sector IX de Educación Indígena se configuró desde finales de los años ochenta del siglo pasado, un grupo de interés integrado entre otros por los profesores bilingües Abelardo Torres Cortés, Rogelio Mercado Damián, Bilbao Lucas Medina, Mateo Pérez Ramírez, José Manuel Estrada, Abundio Marcos Prado, Humberto y Daniel Alonso Razo y Valentín Campos Marcelo, con la colaboración de líderes naturales como Juan Chávez Alonso, Alfonso Vargas Romero, Norberto Calderón Molina, Agustín Sanabria de Jesús, Crescencio Méndez, Enriqueta Calderón y Luis Gómez Quiroz, los que maduraron por ese entonces un proyecto de autonomía regional para la etnia purépecha. Antes de concluir la década se había adoptado como enunciado identificativo el Frente Independiente de Comunidades Indígenas de Michoacán (FICIM). ¹⁶

La coyuntura propicia para que el FICIM irrumpiera con cierta convocatoria y sistemático protagonismo discursivo en el escenario estatal, lo constituyó la iniciativa presentada por el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari en noviembre de 1991, para eventualmente concretar la reforma al artículo 27 constitucional, lo que de materializarse propiciaría las condiciones necesarias para la disolución de la propiedad ejidal y comunal, al dejar en libertad a sus posesionarios para decidir su uso y destino. ¹⁷ Apenas se conoció el contenido del proyecto de reforma constitucional en mención, los líderes del FICIM se reunieron para deliberar y consensuar sobre este particular. ¹⁸ Producto de ello fue el documento denominado Decreto de la Nación Purépecha, suscrito el 5 de diciembre de 1991 y “dado en el Territorio de la Nación Purépecha”. Este texto, que es fundamental para comprender el posicionamiento político-social y el activismo posterior de los actores sociales que se congregaron al interior de la ONP, se divide en cinco partes. En la primera se hizo una breve introducción sobre el entorno que lo motivaba, rechazando de entrada los propósitos “modernizadores” de la iniciativa salinista. Acto seguido se puso de manifiesto que las “nacionalidades indias, incluyendo a la Nación Purépecha” eran posesionarias originales de los territorios denominados equivocadamente como precolombinos y que se encontraban dispuestas después de casi medio milenio, al rescate y la defensa a ultranza de éstos. En ese tenor, se enfatizaba que “a pesar de la violencia, la persecución, el encarcelamiento y la muerte con que nos ha tratado el invasor y los descendientes de ellos, hemos resistido y hoy continuaremos luchando fundamentalmente por la defensa de nuestras tierras y nuestras culturas”. ¹⁹ En el segundo punto de dicho documento se plasmó una explicación sucinta sobre la concepción india y occidental sobre la tierra, reiterando en su contrapuesta connotación que “para el indio como para el purépecha, la tierra es la madre de la cual brota todo lo que existe, incluyendo al hombre mismo”. El tercer enunciado se titulaba “la lucha de las naciones indias y la respuesta del gobierno”, donde se enfatizaba en la percepción de que, “a pesar de la gran contribución que las naciones indias y los purépechas hemos aportado a México, la situación actual que viven nuestros pueblos es de una completa marginación social, explotación económica, enajenación cultural y manipulación política, y hoy la respuesta del gobierno es retroceder en los principios y leyes que garantizan la propiedad comunal y ejidal por las que nuestros antepasados dieron su sangre”. ²⁰

En la cuarta parte del Decreto de la Nación Purépecha, con el encabezado “los efectos de la reforma al artículo 27 constitucional”, se desglosaba un desmentido sobre los presuntos beneficios que acarrearía la misma. Se aseguraba la existencia del neo latifundismo simulado y la voracidad que se desataría en perjuicio de pueblos y comunidades que aún ostentaban formas de disfrute colectivo de la tierra. Se acusaba al gobierno de haber abandonado su responsabilidad de atención integral al agro y propiciar con ello, fenómenos como el empobrecimiento y marginación general de la población rural, de lo que eran secuela fenómenos como la creciente migración hacia los Estados Unidos. En la última parte se decretaba el formal y unilateral desconocimiento de la reforma constitucional y las sanciones que se impondrían a los actores sociales que no acataran ese “mandato”. ²¹

EL PROTAGONISMO EN EL ESCENARIO ESTATAL

El 14 de noviembre de 1991, los representantes del FICIM se dirigieron a los miembros del Congreso del estado para demandar que en el ámbito de su competencia, no avalaran los trabajos de reforma al artículo 27 constitucional que promovían los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión. La ocasión fue aprovechada por estos actores para presentar “un listado de una parte de los problemas y necesidades que requieren solución urgente, cuya responsabilidad recae en ustedes, esperando respuestas favorables en los términos que las mismas leyes establecen”. Los requerimientos complementarios se referían a la realización de obras muy específicas de equipamiento e infraestructura de servicios básicos, así como programas asistencialistas en diversas comunidades de las cuatro regiones de la etnia purépecha. ²²

Sin embargo, el proyecto de reformas en cuestión fue aprobado por las dos cámaras del Congreso de la Unión y promulgadas el 12 de diciembre de 1991 por el presidente Carlos Salinas de Gortari. Fue entonces cuando la FICIM entró en una dinámica de reconfiguración y desde el primer trimestre de 1992, en la coyuntura de las conmemoraciones del Quinto Centenario del Encuentro de América, se creó y adquirió creciente uso el enunciado de la ONP por parte del grupo de profesores bilingües del Sector IX de Educación Indígena, liderados por Abelardo Torres Cortés, Abundio Marcos Prado y Rogelio Mercado Damián. A lo largo de ese año y de buena parte del siguiente, los operadores de la ONP desplegaron una intensa labor de difusión y persuasión al interior de las comunidades indígenas de esa etnia, con el objeto de posicionar la campaña de rechazo a las reformas del artículo 27 constitucional. ²³ Al mismo tiempo, buscaron promover sus tesis de autonomía regional y asumirse como interlocutores y gestores ante instancias de los tres niveles de gobierno de inconformidades y demandas específicas, cuyo propósito último era el de labrarse una base social de apoyo, que al mismo tiempo les propiciara alguna legitimidad. ²⁴

Fue en la coyuntura de la irrupción pública del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) como fuerza armada beligerante, integrada mayoritariamente por indígenas, el 1 de enero de 1994 en el estado de Chiapas, en la que los integrantes de la ONP y otras agrupaciones residuales que se desprendieron del FICIM, desplegaron una intensa labor para reposicionarse en el espectro del movimiento social actuante en Michoacán. ²⁵ El discurso de la ONP hizo suyas de inmediato las tesis de los rebeldes liderados por el autodenominado “Subcomandante Marcos”, para sustentar su unilateral labor de representación y gestoría social. ²⁶ Al respecto, cabe destacar que ya en los resolutivos del Tercer Encuentro de Comunidades Indígenas de Michoacán, efectuado los días 19 y 20 de febrero de ese año en Pichátaro, municipio de Tingambato, los actores manifestaron que la insurrección armada de los indígenas de Chiapas, “nos ha hecho voltear los ojos a la situación en que viven los más pobres entre los pobres, con los más altos índices de desnutrición, los más bajos salarios, con conflictos de límites de tierras, escasez de escuelas y maestros, de clínicas de salud y médicos, sin servicios como luz y agua potable, que padecen explotación indiscriminada de los recursos naturales y que cuentan con muy pocos apoyos a la producción artesanal y al desarrollo sostenible”. ²⁷

Durante el evento se realizó una valoración detallada de la situación que guardaba la problemática agraria y el uso y preservación de los recursos naturales entre los pueblos y comunidades de las cuatro etnias de la entidad. Con el objeto de realizar gestiones para su adecuada atención por parte de las dependencias involucradas de los tres órdenes de gobierno, se consideró la necesidad de fundar un “Órgano Supremo Agrario, integrado por las propias autoridades morales de las comunidades”. Se vertía además una ácida crítica al Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), al Programa de Apoyo al Campo (PROCAMPO) y al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pues “no resuelven los problemas del campo y de los indígenas en general”. ²⁸

En ese tenor, los participantes en el Tercer Encuentro analizaron el contenido del Decreto de la Nación Purépecha y acordaron ratificarlo con el consecuente rechazo a las reformas al artículo 27 constitucional, así como a la ley reglamentaria de éstas “por agredir abiertamente la integridad de las tierras comunales”. Se dispuso que el documento fuera difundido de manera profusa entre los habitantes de los municipios con población indígena purépecha, para generar un ambiente proclive a la gestoría de la ONP y de las agrupaciones sociales fraternas con ésta. Las conclusiones del Tercer Encuentro finalizaban con la muy ilustrativa arenga: “¡Hoy es tiempo de renacer del nuevo indígena! ¡Por la autonomía y autodeterminación de los pueblos indios! ¡Juchari Uinapikua!”. ²⁹

La ONP se mostró particularmente beligerante en la coyuntura del proceso electoral de 1994, en el que se renovarían los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión. Sin manifestarlo de manera abierta, los miembros de la agrupación respaldaron al candidato presidencial del PRD y otras fuerzas de izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Posterior a los comicios, los integrantes de la ONP tuvieron activa participación con la realización de bloqueos carreteros y tomas de edificios públicos en sus zonas de influencia. El discurso radical asumido por los afiliados a Nación Purépecha, rechazando la elección de Ernesto Zedillo Ponce de León como presidente de la República, ocasionó que el propio PRD se deslindara públicamente de su proceder. ³⁰ En forma simultánea la ONP se integró a la estructura frentista denominada Convención Estatal Democrática (CED), auspiciada por el ala ultra radical del magisterio democrático de la Sección XVIII del SNTE, para promover el respaldo al proyecto político y social del EZLN. ³¹

No obstante, ante el rechazo de influyentes sectores del PRD y el débil posicionamiento frente a la administración estatal, a cargo del gobernador interino Ausencio Chávez Hernández, los líderes de la ONP concretaron expectativas tales como la de la publicación del boletín quincenal Juchari Uinapikua, cuyo primer número fue fechado el 27 de septiembre de 1994, con domicilio social en la cabecera municipal de Paracho.

Su contenido se dedicó en su parte medular al anuncio y promoción de actividades propias de la dinámica de la agrupación, tales como la Marcha de la Dignidad Purépecha; la demanda de la fundación de la denominada Universidad Purépecha Auto Gestionada; así como del largamente pretendido Instituto Tecnológico Agropecuario y Forestal de la Meseta Purépecha. Se publicaron discursos y mensajes en boga del líder del EZLN, el “Subcomandante Marcos”, y se mostraron los avances del Proyecto Ideológico y Político de los Pueblos Indígenas Purépechas de Michoacán. ³²

La coyuntura de la conmemoración del Encuentro de América del 12 de octubre de 1994, en Morelia, fue el marco para que los líderes de la ONP instituyeran las movilizaciones anuales vigentes hasta nuestros días, para elaborar y plantear ante el gobierno del estado su espectro de inconformidades, demandas y expectativas, en la modalidad de pliegos petitorios, con el respaldo de agrupaciones sociales fraternas, sobre todo las que simpatizaban ya con el posicionamiento y postulados del EZLN. Por ese entonces, el discurso de la ONP evolucionó hacia el creciente manejo del concepto de “autonomía indígena”, elaborado por los zapatistas, que se traducía en la demanda concreta de la creación de municipios y distritos electorales federales y locales indígenas, para dar representatividad efectiva a las etnias asentadas en territorio de Michoacán. Incluso por conducto de personajes como Abundio Marcos Prado, Norberto Calderón Molina y Alfonso Vargas Romero, antes de concluir ese año, la ONP presentó ante medio de comunicación su propuesta en ese sentido. ³³

El discrecional desempeño de los integrantes de la ONP para gestionar obras y servicios en beneficio de las comunidades indígenas en las que tenía presencia y convocatoria, lo llevaron a entrar en abierto conflicto con agrupaciones sociales que realizaban la misma labor pero cuyo perfil político-ideológico era antagónico. Tal fue el caso de la filial en la entidad de Antorcha Campesina, vinculada a la estructura corporativa del PRI, cuyos dirigentes repudiaron de manera pública el activismo de la ONP. En ese tenor, a través de un desplegado de prensa publicado en febrero de 1995, expresaron que “la mal llamada Nación Purépecha, porque ni es Nación ni es representativa de los intereses de la mayoría de los indígenas purépechas”, asumía y usurpaba funciones de gestoría social que presumiblemente cubría desde una década atrás el movimiento antorchista. ³⁴

Hacia mediados de 1995, en la coyuntura del posicionamiento que alcanzaban el EZLN y agrupaciones fraternas en el espectro social y político del país, la ONP enfrentó la irrupción de nuevos enunciados de organizaciones indígenas formales que, como en su caso, pretendían asumir de manera unilateral la representatividad de pueblos y comunidades, y llevar a cabo tareas de gestión social ante los tres niveles de gobierno. Fue en ese marco que el 10 de junio de ese año se realizó en Tarecuato, municipio de Tangamandapio, el Primer Encuentro Estatal de Comunidades Indígenas, cuyos delegados asistentes acordaron crear la figura del Consejo Indígena Autónomo de Michoacán. El evento fue atestiguado por el diputado federal indígena tojolabal, Antonio Hernández Cruz. ³⁵ Poco después, los miembros de dicho Consejo demandaron a los gobiernos federal y estatal la resolución de los ancestrales conflictos agrarios en las regiones indígenas purépecha, nahua, mazahua, otomíe y ñahñu, y llevaron a cabo entre Pátzcuaro y Morelia la llamada Marcha Caravana por la Dignidad Indígena. ³⁶

En el transcurso del segundo semestre de 1995 y el primero de 1996, el escenario político y social de Michoacán registró una profunda reconfiguración propiciada en buena medida, por el triunfo del PRI en las elecciones para la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo locales. En ese marco, el abogado zitacuarense Víctor Manuel Tinoco Rubí, asumió la gubernatura constitucional para el periodo 1996-2002. De inmediato, la nueva administración estatal diseñó e implementó una estrategia de contención hacia las diferentes expresiones radicales del movimiento social en la entidad. Para el caso de las agrupaciones de perfil indígena, se reconfiguró la Coordinación de Asuntos Indígenas del gobierno del estado, puesta a cargo de la ingeniera Rosa María Molina Rojas, originaria de Chilchota.

En ese tenor, a través de esa dependencia se favoreció de manera abierta la labor de representación y gestoría que desplegaba el denominado Frente Estatal Indígena de Michoacán (FEIM), agrupación vinculada al PRI, liderada por José Alejandro Alonso Sebastián. La intención, por demás evidente, fue diluir en lo posible la presencia y convocatoria de instancias como la ONP entre las comunidades indígenas purépechas. ³⁷

Ante la postura gubernamental de contención y el sólido posicionamiento que alcanzaban el EZLN y las agrupaciones sociales fraternas de presencia nacional y local, el 17 de marzo de 1996 los sectores más radicales de la ONP y de otras instancias indígenas, al parecer se confabularon para difundir versiones sobre la presunta integración y beligerancia clandestina de un grupo armado con propósitos similares al existente y actuante en Chiapas bajo el liderazgo del “Subcomandante Marcos”. La información fue manejada en tono sensacionalista por publicaciones proclives al EZLN, como fue el caso del semanario Porqué de Michoacán, generando de inmediato un ambiente de desasosiego e incertidumbre que impactó incluso en las áreas gubernamentales responsables de la seguridad. ³⁸ Los dirigentes del ONP se percataron del riesgo de verse involucrados en la polémica que se suscitó por la presunta existencia del “EZLN-Michoacán”, por lo que se apresuraron a deslindarse de cualquier relación con ese tema. No desestimaron que, en realidad, pudiera tratarse de una estratagema gubernamental para desacreditar la presencia y activismo pacífico de las agrupaciones simpatizantes del EZLN en la entidad aglutinadas en la CED. ³⁹

Fue en esas circunstancias que el 5 de mayo de 1996, se celebraron en Arantepacua, municipio de Nahuatzen, los trabajos del Tercer Foro Regional Indígena Centro-Pacífico de México, bajo los auspicios del EZLN, organizado además por la ONP, por miembros del Comité Michoacano de Apoyo a Chiapas, la Casa del Estudiante Independiente “Vladimir Ilich Lenin” (CEIVIL) y el Sector IX de Educación Indígena, entre otras agrupaciones sociales. Entre los acuerdos se destacó el relacionado con la promoción y pronta formación de la filial en la entidad del Frentre Zapatista de Liberación Nacional (FZLN), estructura de interlocución entre la sociedad civil y el grupo armado chiapaneco. Así como elaborar propuestas y presentar ante el Congreso de la Unión la creación de regiones indígenas autónomas, desagregadas en distritos y municipios. Mientras que entre los resolutivos destacó el alusivo a la creación del Centro de Defensa Jurídica de Derechos de los Indígenas, como parte del proyecto de largo plazo de integrar un Consejo de Naciones Indígenas del Centro-Pacífico de México. ⁴⁰

Entre los líderes de la ONP generó un especial impacto el planteamiento de gestionar la creación de regiones autónomas, para eventualmente colmar sus expectativas políticas colectivas e individuales. Por lo tanto, durante los siguientes cinco años, en forma simultánea a las labores de gestoría de inconformidades y demandas de las comunidades entre las que tenían presencia y ascendiente, los dirigentes en cuestión se abocaron a desarrollar una densa red de vínculos y alianzas con actores sociales afines, así como en dar seguimiento a los proyectos y programas gubernamentales abocados a la atención de la problemática indígena. Fue así que se relacionaron y tuvieron protagonismo en el denominado Frente Amplio para la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional (FAC-MLN), cuya filial en la entidad fue promovida por el Sector IX de Educación Indígena, liderado por el profesor Leobardo Reyes Meza. ⁴¹

De la misma manera, los integrantes de la ONP mantuvieron relación cercana con los integrantes de la representación en Michoacán del FZLN, los que presididos por la profesora universitaria Fernanda Navarro Solares, generaron una comunicación cercana con los líderes de esta organización, sobre todo con el “Subcomandante Marcos”. Además, se identificaron en algún momento con el proyecto Movimiento de Unidad y Lucha Popular (MULP) organizado por el Comité Ejecutivo Seccional (CES) de la Sección XVIII del SNTE presidido por el profesor Raúl Morón Orozco, como parte de su proyecto de largo plazo para generarse una base social de apoyo al interior del PRD, y que lo llevaría a fundar la corriente partidista denomina Alianza por la Unidad Democrática (AUD). Incluso, en algún momento, en diversos círculos de inteligencia y de medios de comunicación, se sospechó sobre una eventual relación entre los dirigentes de la ONP, con la presunta presencia en Michoacán de una célula del llamado Ejército Popular Revolucionario (EPR), que al parecer desplegó cierta actividad propagandística entre 1996- 1999, pero sin suscitar corrientes de opinión pública favorables. ⁴²

La discrecionalidad con la que actuaron en lo individual los líderes de la ONP, buscando colmar sus expectativas políticas personales y de grupo, ocasionó que entre 1997-1999 se produjera una fractura interna y la atomización del enunciado. En ese tenor, los hermanos Humberto Wilfrido y Daniel Alonso Razo, con presencia y convocatoria en la región de la ciénaga de Zacapu, comenzaron a emplear el membrete Coordinadora General de la Nación Purépecha (CGNP), deslindándose tácitamente de la ONP presidida por el profesor Abelardo Torres Cortés. Pronto hicieron lo propio Abundio Marcos Prado, Norberto Calderón Molina y Alfredo Victoriano Mateo en la Cañada de los Once Pueblos y puntos aledaños como La Cantera y Tarecuato. De la misma manera, en Nurio y otras comunidades del municipio de Paracho, Juan Chávez Alonso denunció la división al interior de la ONP y retomó de manera unilateral e individual el viejo proyecto del Instituto Tecnológico Agropecuario. A su vez, el profesor Rogelio Mercado Damián reactivó en Paracho el enunciado Alianza de Profesionistas Indígenas Bilingües, A.C. (APIBAC), para promover el llamado proyecto de desarrollo “Nurian”. ⁴³

No obstante, en esta situación, los dirigentes de las diferentes fracciones de la Nación Purépecha, no dejaron de referir en su discurso la expectativa de materializar la “autonomía indígena”. Este proceder fue particularmente visible en las coyunturas político electorales federales de 1997, 2000 y 2003, así como las estatales de 1998, 2001 y 2004. Sobre este particular, los dirigentes de esas agrupaciones indígenas formales plantearon la presunta necesidad de asignar diputaciones tanto en el Congreso de la Unión como en el Congreso del estado, para miembros de cada una de las etnias radicadas en Michoacán. ⁴⁴

Además, elaboraron una nómina de comunidades indígenas a las que consideraron como susceptibles de ser elevados al rango de municipios. ⁴⁵

Desde finales del año 2000, los dirigentes de las diferentes vertientes de la ONP buscaron la directa interlocución con el EZLN, con el objeto de fortalecer su imagen y posicionamiento. En ese contexto, cada una de ellas designó delegados a la figura del Congreso Nacional Indígena (CNI) auspiciado por el grupo armado como otra instancia paralela al FLZN, para ampliar la interlocución con los diferentes ámbitos de la sociedad civil. ⁴⁶ Fue en ese contexto en el que las diferentes vertientes de la Nación Purépecha se movilizaron en el transcurso de los siguientes dos años, en repudio a las reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas que aprobaron los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión en agosto de 2001. En ese tenor, se expresaron además en la defensa y promoción del proyecto alternativo sobre ese particular elaborado desde diciembre de 1996, por la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), con base en el contenido de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, suscritos por el gobierno federal con el EZLN en febrero de ese año. ⁴⁷

Se presume que la labor de persuasión desplegadas por los delegados del CNI de Michoacán, en particular Juan Chávez Alonso, Rogelio Mercado Damián y Alfonso Vargas Romero, influyeron en buena medida en la decisión de llevar a cabo en la comunidad indígena de Nurio —la tierra del primero de ellos—, los trabajos del Congreso Nacional Indígena, actividades realizadas entre el 2 y el 4 de marzo de 2001. En el evento se registró la asistencia de una nutrida delegación del EZLN, encabezada por el “Subcomandante Marcos” e integrantes de las decenas de agrupaciones sociales e indígenas identificadas tanto con el CNI, el FZLN y la Convención Nacional Democrática (CND). Como resultado de los trabajos de ese magno evento, se generó la Declaración Política del Tercer Congreso Nacional Indígena, coloquialmente denominada Declaración de Nurio, cuya tesis central fue la de concretar de inmediato la autonomía de los pueblos indígenas, “con o sin la aprobación por parte del gobierno de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar”. ⁴⁸

En el tiempo subsecuente las autoridades municipales, de tenencia y agrarias de perfil indígena de Michoacán, elaboraron e interpusieron demandas de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra de la vigencia de las reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígena. En ese contexto, la actuación de los líderes de las diferentes vertientes de la ONP fue meramente marginal, pues sus integrantes se concretaron a participar en las movilizaciones de protesta efectuadas en Morelia y la Ciudad de México, así como exigir la elaboración de una Ley Estatal de Derechos y Cultura Indígena acorde con el espíritu de la Ley COCOPA. ⁴⁹

En febrero de 2002, arribó al gobierno del estado la primera administración de filiación perredista encabezada por Lázaro Cárdenas Batel, con lo cual se configuró la expectativa entre las diferentes vertientes de la ONP de un cambio sustancial de la postura gubernamental, que facilitara la auto asignada labor de representación y gestoría. ⁵⁰ En el mes de septiembre se creó la Coordinación Interinstitucional para la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas, como parte de la administración pública local, de la que figuró como primer titular Néstor Dimas Huacuz. ⁵¹

El gobernador Cárdenas Batel instrumentó una estrategia de atención hacia la problemática de las etnias de Michoacán no muy diferente a la de su predecesor priista Tinoco Rubí, teniendo como único elemento novedoso las giras que realizó por las comarcas indígenas entre 2003 y 2005. Sin embargo, se negó de manera sistemática a reconocer formalmente cualquier representatividad y capacidad de gestión a instancias como las diferentes vertientes de la ONP y de otros enunciados que se crearon por ese entonces. ⁵²

CONCLUSIONES

Las agrupaciones indígenas formales contemporáneas se configuraron en Michoacán en el contexto de la revitalización del movimiento social en el país y la entidad, como secuela de la recomposición del sistema político, proceso devenido en buena medida de la crisis económica estructural iniciada en 1982. La ONP fue auspiciada por profesores bilingües e intelectuales aglutinados en buena medida al interior del Sector IX de Educación Indígena de la Sección XVIII del SNTE, con una considerable presencia y capacidad de convocatoria en el lapso de 1991 a 1996.

El gobierno del estado durante las gestiones de Ausencio Chávez Hernández y Víctor Manuel Tinoco Rubí, maniobró para diluir en lo posible el posicionamiento y ascendiente de las diferentes expresiones de la ONP. Ante este escenario, los dirigentes de esas agrupaciones procedieron a generar y regentear una serie de alianzas, reflejadas en su activa participación en proyectos frentistas de tendencia discursiva radical, como los del FAC- MLN, MULP, FZLN y CED. La coyuntura de la irrupción del movimiento armado protagonizado por el EZLN fue aprovechada por la ONP para revitalizar su discurso al sumarse al proyecto de esa estructura subversiva.

Sin embargo, la Nación Purépecha entró en una fase de debilitamiento cuando sus principales líderes fincaron sus expectativas de concretar proyectos colectivos y personales de carácter político-electoral, al suscitarse el debate en torno a la “autonomía indígena” que implicaría la creación de distritos federales y locales, así como nuevos ayuntamientos a cuya ocupación aspiraron. En forma simultánea, se sumaron al CNI para propiciar un acercamiento con la plana mayor del EZLN, lo que se hizo manifiesto en la celebración en Nurio del Tercer Congreso Nacional Indígena encabezado por el “Subcomandante Marcos”. Pero la rentabilidad política esperada por esta vía nunca llegó.