Introducción

Asistir a los desvalidos, encerrar a los malvivientes y focalizar los servicios de salud para algunos grupos de la población, fueron acciones que la Beneficencia Pública del Distrito Federal coordinó para erradicar la mendicidad en las calles céntricas de la Ciudad de México. Entre 1929 y 1934, diversas instancias del gobierno local recogieron y clasificaron a los mendigos, ya su presencia en la vía pública y la visibilidad de su miseria, se consideraron problemas inexorables de la urbe. Los hospitales, las escuelas y los asilos de la Beneficencia Pública, así como las cárceles de la ciudad, fueron los espacios destinados para el auxilio y la reclusión de los pobres, clasificados como mendigos.

En los años treinta, las transformaciones de la ciudad y los efectos sobre sus habitantes demandaron la atención del gobierno local y federal. La población total del Distrito Federal había pasado de 720 753 habitantes en 1910 a 1 029 068 en 1930, y se vislumbraba una tendencia de concentración poblacional provocada por la migración interna y el abandono del campo. Los miles de trabajadores mexicanos repatriados de Estados Unidos a causa de los efectos de la crisis de 1929 y, el notable desempleo de grupos de operarios, obreros y “contratistas en pequeño”, estimado en 23 500 personas, se concibieron como factores negativos que impactaban directamente sobre la población urbana. ² En este contexto, la Ciudad de México parecía desbordada y la mendicidad se presentó como una manifestación nociva del acelerado cambio en la urbe.

En las siguientes páginas, exploramos la manera en que se configuraron una serie de respuestas inmediatas y pragmáticas a un problema social. Nos interesa revisar cómo en el el proceso discontinuo de la acción pública en las campañas contra la mendicidad entre 1929 y 1934, se fue modificando el sentido de la asistencia social, lo anterior con el propósito de mostrar que, entre “la piedad y la horca”, el auxilio y el encierro, las acciones paliativas y correctivas de la Beneficencia Pública fueron ubicando el problema de la mendicidad bajo el ámbito de protección destinada hacia la indigencia desvalida. ³

Esbozado así el objetivo y la propuesta general de esta investigación, a lo largo del trabajo revisaré, por un lado, la expectativa de control del Estado y los actos violentos que impusieron barreras para el desarrollo de los individuos considerados mendigos, ⁴ y por el otro lado, exploraré la forma en que se crearon incentivos para asistir las carencias de las personas y la manera como se ideó cambiar las condiciones de miseria. En consecuencia, otro objetivo en las siguientes páginas, consiste en presentar la contradicción implícita de los supuestos diseños racionales de una incipiente política pública que palió las necesidades de alojamiento, alimento y cuidados a la salud de ciertos grupos de indigentes, pero contradictoriamente restringió, en términos materiales y simbólicos, las condiciones de los menesterosos para su integración y subsistencia mediante el encierro y otras formas de agravio, como estigmatizarlos por su situación de miseria. ⁵

Con ello, matizamos las narrativas que exponen el devenir de estas campañas como una intervención social sin fisuras, en una especie de oposición vertical entre las autoridades de la ciudad y los pobres considerados mendigos, sobre los cuales la coerción ejercida por el Estado se presenta como una acción violenta sin reparo que fracasa y deja en entredicho la imposición del orden público en la ciudad. ⁶

El contexto de un proceso discontinuo

La asistencia social era un conjunto de relaciones y prácticas diversas de ayuda (material, espiritual o moral) y de control de la población, ejercida sobre ciertos grupos de personas considerados beneficiarios a partir de las categorías formuladas según lo que se concibió como carencia de lo necesario para sobrevivir. La asistencia social que brindó la Beneficencia Pública tuvo un carácter subsidiario, esto implicó, para fines de protección social, que los individuos fueran considerados responsables de mantenerse, a ellos y a sus dependientes. De tal manera, los auxilios del Estado se reservaron para los casos en que la familia o las redes de parentesco fallaban. Así, no todos los indigentes fueron considerados beneficiarios y las campañas se concibieron como programas estacionales e intermitentes que debían aportar soluciones coyunturales para que ciertos indigentes consiguieran salir del estado de miseria.

Las diversas causas explicativas al problema de la mendicidad suscitaron divergencias en la ejecución de las campañas. A grandes rasgos, predominaron dos maneras de entender este problema social: una, a partir de la enfermedad desatendida, las deficiencias físicas, el alcoholismo, “los efectos desorganizantes de la vida citadina”, y la condición singular de la miseria en la vida de los indigentes; otra, centrada en causas estructurales, demográficas y económicas, atribuidas a los procesos acelerados de urbanización, al desempleo y los bajos salarios, al empobrecimiento generalizado de la población de la ciudad y la existencia de la mendicidad. En los años veinte, el análisis culturalista de la pobreza quizá ganó terreno en la ejecución de políticas públicas, pero durante los años que siguieron a la crisis mundial de 1929, las explicaciones económicas o demográficas resurgieron para incidir en la ideación de programas de asistencia social. Valga señalar que las campañas contra la mendicidad se elaboraron según las estrecheces económicas de un erario que se recuperaba de un largo periodo de guerra interna, que se preparaba para contener los efectos de la crisis mundial de 1929. ⁷

La participación de los diferentes niveles de gobierno y sus intereses, provocaron tensiones y discrepancias en la ejecución de los programas sociales de la Beneficencia. Esta perspectiva no puede eludir que, en los años de 1929 a 1934, se fue perfilando el traspaso de las atribuciones de la Beneficencia del gobierno del Distrito Federal, hacia el gobierno de la Federación. Con base en la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, publicada en diciembre de 1928, el Ejecutivo Federal se encargó de nombrar una especie de consejo de administración al que denominó Junta Directiva de la Beneficencia Pública en el Distrito Federal, la cual se encargaría de gestionar hospitales, escuelas y asilos públicos de la ciudad, así como de administrar los bienes y caudales de la Beneficencia, incluyendo el dinero en efectivo que producía la Lotería Nacional, cuya ventaja en tiempos de crisis económica, supuso un innegable poder económico y político. ⁸ Con esta disposición, el Ejecutivo adquirió un poder significativo sobre las acciones de la Beneficencia Pública, lo cual no es un aspecto menor si consideramos que, durante todo el siglo XIX y los primeros años del siglo XX, los gobiernos locales manejaron los servicios de asistencia en la Ciudad de México.

Así, dada la influencia que ejerció el presidente de la República sobre la Beneficencia, los años de estudio que enmarcan este trabajo corresponden a las presidencias de Emilio Portes Gil (1928-1930), Pascual Ortiz Rubio (1930-1932) y Abelardo Rodríguez (1932-1934). Exploramos también los períodos administrativos de los directores de la Beneficencia Pública del Distrito Federal Moisés Sáenz, Francisco Ortiz Rubio y José María Tapia, quienes respectivamente ocuparon este cargo entre 1929 y 1934. ⁹ Reconocemos que, en el discurrir de las campañas, la operación de éstas recayó sobre policías y trabajadores sociales, también llamadas inspectoras sociales, quienes llevaron a cabo formas divergentes de intervención para atender el problema de la mendicidad. De esta manera, la participación de estos grupos involucrados en la gestión de las campañas formaran parte de nuestro estudio, pues sus actividades caracterizaron parte del proceso de modernización de la asistencia social en México. ¹⁰

En coincidencia con la historiografía sobre el Maximato y las políticas sociales, consideramos que el complejo proceso de federalización de los programas de asistencia y la centralización de la Beneficencia Pública, se fue institucionalizando en medio de las adversidades políticas y económicas que caracterizaron el primer lustro de los años treinta. ¹¹ La lucha por el poder entre las camarillas políticas, conformadas por los seguidores del presidente asesinado Álvaro Obregón, y por los grupos cercanos a Plutarco Elías Calles, protagonizaron el faccionalismo político en este periodo. Sin embargo, esta división no apartó a los gobiernos de la Ciudad de México, ni al país, de la tarea de crear programas sociales que cristalizaran la anhelada justicia social. En este difícil contexto se fueron edificando las instituciones que modernizaron la estructura administrativa del Estado, entre ellas las que se ocuparon del bienestar social. ¹² Y si en efecto, la creación de la Secretaría de Asistencia Pública (SAP) en 1937 es un parteaguas para la consolidación del proyecto de asistencia liberal que refrendó la responsabilidad social del Estado, después de la promulgación de la Constitución de 1917, ¹³ mostraremos en este trabajo que la actividad del Estado en materia asistencial también fue incorporando y renovando su quehacer en materia de protección social como parte de una reforma paulatina de las acciones del Estado entre 1929 y 1934.

Las fuentes

Para sustentar mi argumento, revisé principalmente las estadísticas elaboradas entre 1930 y 1934 por el Departamento de Acción Educativa y Social y por la oficina de estadística de la Beneficencia respecto de las campañas contra la mendicidad. ¹⁴ La inconsistencia de los criterios de registro para cuantificar los resultados de las campañas dificultó la sistematización de estos datos. ¹⁵ Sin embargo, éstos hablan del interés que hubo por analizar el resultado numérico para ponderar el desarrollo del programa social; también, la heterogeneidad de los recuentos publicados por estas instancias habla de que, en estos años, las estadísticas se elaboraron con cierta libertad y autonomía, pues no fue sino hasta 1934 cuando se emitió el “Reglamento e instructivo para elaborar la estadística de la Beneficencia Pública en el Distrito Federal”, y se formalizó el control de la información estadística que normó algunos procesos para la recolección y publicación de los datos recabados por los funcionarios y los trabajadores de la Beneficencia. ¹⁶

En el trabajo pionero sobre estas campañas, Enrique Ochoa utilizó la estadística del Departamento de Acción Educativa y expuso, de manera novedosa, la tendencia general coercitiva del tratamiento hacia los indigentes considerados mendigos. Para demostrarlo, empleó los registros totales del número de personas recogidas en las campañas contra la mendicidad entre 1930 y 1937. En cambio, en este artículo, utilicé la información numérica de mendigos recogidos y la complementé con un análisis detallado de los destinos institucionales donde los indigentes fueron ingresados o encerrados. Cotejamos el discurso estadístico con los argumentos de la Junta de la Beneficencia Pública plasmados en los Libros de Actas, que apenas han sido explorados para estos años; revisamos la prensa y otros documentos como el libro La mendicidad en México de Ramón Beteta y Eyler Simpson y con ello distinguimos otras posiciones de los involucrados en las campañas contra la mendicidad.

Con estos registros, y de acuerdo con el interés particular en mostrar los múltiples beneficios y los diversos caminos de la acción asistencial, señalamos periodos que, por el tipo de tratamiento, se inclinaron hacia la protección de los indigentes a través de su ingreso en hospitales, escuelas y asilos. En otro sentido, ubicamos formas de intervención cuyo énfasis fueron las acciones correctivas del gobierno sobre los pobres que fueron ingresados en las cárceles de la ciudad. Así esperamos presentar cómo la protección social y la coerción ejercida sobre los pobres fueron los dos rostros de una misma moneda, en cuyo vaivén se configuraron formas renovadas de asistencia social, sobre inercias y tradiciones en los procedimientos de la acción pública sobre la pobreza urbana.

Auxilios para los desvalidos, 1930

En 1930, Moisés Sáenz, director de la Beneficencia Pública por disposición del presidente Pascual Ortiz Rubio, encargó a Ramón Beteta, jefe del Departamento de Acción Educativa Eficiencia y Catastros Sociales, que elaborara un estudio sobre los mendigos en la Ciudad de México. Sáenz invitó al sociólogo Eyler Simpson de la Universidad de Chicago, para que colaborara con ellos en diseñar un programa administrativo que se ocupara de la “erradicación” de la mendicidad en México.

En dos días, y a partir de la observación y el registro de las apariencias de los pobres en las calles céntricas de la ciudad, los inspectores de la Beneficencia levantaron un recuento que mostró cómo el grueso de esta población se concentraba entre los 20 y los 50 años de edad, y que el 62 % de los mendigos cuantificados parecían enfermos o tenían alguna limitación física que los incapacitaba para el trabajo. El 38 % restante de la población observada parecía apta para el trabajo considerado productivo. ¹⁷

Con base en estos resultados, Beteta y Simpson consideraron que para abatir la mendicidad desde la Beneficencia, ésta debía concentrarse en auxiliar a los verdaderos “incapacitados para el trabajo”, enfermos incurables o “impedidos”. El estudio recomendó que el gobierno, por otros medios distintos al de la Beneficencia, debía elevar los niveles y la calidad de vida de los trabajadores y capacitados para laborar en las actividades consideradas productivas. Para aquellos clasificados como vagos y malvivientes, las cárceles siguieron siendo el espacio de corrección. La pertenencia al grupo de los merecedores de la asistencia se restringió en el entendido de que los recursos de la Beneficencia debían auxiliar solo a quienes no contaban con apoyo familiar para subsistir, y a quienes por causa de un infortunio carecían de los medios físicos o mentales para laborar. ¹⁸ Con estos argumentos, la Beneficencia focalizó el auxilio para los desvalidos y definió la forma de asistencia institucionalizada para lo que consideró como pobres incapacitados, física o mentalmente, para trabajar. ¹⁹

Como método de intervención, Beteta y Simpson reprobaron el procedimiento de la “razzia” violenta sobre los pobres; reconocieron que clasificar y estudiar a los mendigos individualmente, y brindar la solución más adecuada a su situación era un procedimiento “lento”, implicaba “la existencia de personal técnico” y representaba una inversión de “dinero”. No obstante, Beteta y Simpson insistieron en que esta forma de intervención brindaría soluciones certeras y efectivas al problema de la mendicidad. ²⁰

El dilema se presentó cuando tuvieron que recoger a los mendigos sin el personal ni los recursos de la Beneficencia. Así, con todo y las recomendaciones claramente señaladas por los estudiosos de la mendicidad, en los primeros días de octubre de 1930, el coronel Eduardo Hernández Cházaro, secretario particular del presidente Ortiz Rubio, encabezó la incursión policial de recoger mendigos en las calles, como tradicionalmente lo habían hecho, pues formaba parte de las atribuciones del gobierno de la ciudad. Fue así que, el estudio proyectado durante el gobierno de Portes Gil se modificó, y bajo la presidencia de Ortiz Rubio, de manera articulada con la Beneficencia, los policías dependientes del gobierno del Distrito Federal recogieron a los mendigos de las calles y los trasladaron al centro de concentración donde las trabajadoras sociales de la Beneficencia los estudiaron.

Esta resolución, que actuaba contrapuesta a la lógica del estudio de la mendicidad, fue un camino pragmático que concretó el proyecto de la Beneficencia. Según expuso Moisés Sáenz, la Beneficencia no contó con lugares disponibles para los mendigos en las escuelas, tampoco tenían talleres especializados donde ocupar a estos indigentes y carecía de espacio suficiente para atender a los pordioseros enfermos en sus hospitales. La colaboración con las asociaciones privadas de ayuda a los pobres quedó fuera del horizonte de este programa público. Como consecuencia de un largo proceso de secularización, que se fue consolidando en las últimas décadas del siglo XIX y bajo el tinte anticlerical de la Revolución y de la Guerra Cristera, en las primeras décadas del siglo XX, la Beneficencia Pública actuó escindido de la asistencia privada que se identificó con la Iglesia católica, ajena a la ideología laica que enarboló el Estado. En estas condiciones, el mérito de la campaña contra la mendicidad consistió en emprender este programa con los escasos recursos de que disponía la Beneficencia Pública.

Los resultados estadísticos de la campaña contra la mendicidad de 1930 fueron un soporte empírico para modelar este programa del gobierno, que legitimó la focalización de la asistencia hacia una forma de pobreza urbana considerada desvalida por la incapacidad e impedimentos que los indigentes detentaban, física o mentalmente para trabajar, así como por la carencia de redes familiares de apoyo a la subsistencia. Es así que el Estado brindó auxilio de manera residual solo cuando la familia no se ocupó de los desvalidos.

El primer resultado estadístico de la campaña contra la mendicidad se publicó durante el primer semestre de 1931. La policía detuvo en calidad de mendigos a 644 personas, de éstos, 310 indigentes recibieron algún tipo de asistencia, mientras que el resto, fueron liberados porque los inspectores de la Beneficencia no los consideraron destinatarios de los servicios públicos. ²¹ A partir del análisis técnico que las trabajadoras sociales implementaron, como una de las nuevas funciones incorporadas a la burocracia asistencial, se verificó la condición de aquellos indigentes sanos aptos para el trabajo o que contaban con apoyo de la familia para subsistir. También, las trabajadoras sociales confrontaron la acción de los policías que detuvieron a los indigentes considerados mendigos. Al pasar por el proceso de inspección, un amplio grupo de indigentes consiguieron su libertad después de ser clasificados. ²²

Con todo, muchos miserables que caminaron por las calles de la ciudad fueron sometidos violentamente al procedimiento de aseo general y clasificación. El Universal recogió algunas impresiones del descontento de “los pordioseros” que protestaron por “el baño de agua y jabón que se les dio en la cárcel del Carmen”. Nada se dijo en la prensa de las horas que pasaban los supuesto mendigos detenidos en los centros de concentración para ser estudiados por los trabajadores sociales, quizá porque ser sometido a una investigación técnica avalada por el saber científico sin aquiescencia del sujeto estudiado, se percibió como una cuestión necesaria que brindaría algún beneficio social. Por el contrario, la prensa destacó que el personal de la Beneficencia estudiaba a los detenidos para distribuirlos de manera eficaz, según sus padecimientos, en los hospitales y asilos públicos de la ciudad. ²³ El Excelsior, de manera conciliatoria, reiteró que en estos procedimientos técnico-científicos se empleaban “los medios humanos” y “no la violencia”. ²⁴

En cuanto a la atención social que la Beneficencia concedió a los mendigos, el recuento estadístico indicó que de los 310 detenidos y clasificados por los inspectores, el 91 % recibió algún tipo de asistencia en hospitales, escuelas y asilos públicos de la ciudad, y solo el 9 % ingresó en la cárcel municipal. De tal modo que, durante esta campaña, el problema de la mendicidad no solo se concibió como un asunto de seguridad y ordenamiento policial, sino como una cuestión de asistencia para los enfermos, indigentes desvalidos y discapacitados que pululaban en las calles. ²⁵ Es de notar que en los hospitales de la Beneficencia se internaron 63 mendigos, y la mayoría de los asistidos, 219 personas de los 323 recogidos por la policía, recibió auxilio en las casas, asilos y escuelas de la Beneficencia Pública del Distrito Federal (véase gráfico 1).

Fuente: AHSS, BP, AS, DAES, leg. 2, exp. 6 y 8, 1-9

Gráfico 1  Distribución de mendigos clasificados, según su ingreso en establecimientos asistenciales y carcelarios, febrero-mayo 1931Anexo 2. Recuentos del 6 de febrero al 4 de marzo y del 9 de abril al 6 de mayo de 1931. De los 323 recogidos y registrados por la Beneficencia Pública, se señaló que 13 no estaban clasificados, por lo cual no se cuantificaron en este gráfico. 

La Beneficencia reconoció la necesidad de los pobres que habían sido liberados y de otros que transitaban en las calles. Con el apoyo del gobierno de la ciudad, se reacondicionaron los puestos de café y atole, así como los dormitorios públicos de la ciudad. Esta forma de asistencia en las calles retomó la práctica asistencial que, durante el gobierno de Venustiano Carranza, en los años más recios de la guerra y el hambre, paliaron las necesidades inmediatas de la población de la Ciudad de México. ²⁶ Este tipo de ayuda, a su vez, emuló las “sopas de pobres” que algunos grupos de laicos y religiosos brindaron a los menesterosos desde mediados del siglo XIX para paliar la indigencia de los pobres que acudían voluntariamente a estos comedores. ²⁷ Durante los quince meses que Moisés Sáenz ocupó la Beneficencia, se instalaron once comedores públicos y se acondicionaron dos dormitorios públicos como paliativo asistencial para los pobres en las calles. ²⁸

La suspensión de la ayuda social, 1931-1932

Durante el Maximato, el gobierno y, en consecuencia, los programas de ayuda social, se sostuvieron por el impulso personalista de quien dirigió, en este caso, la Beneficencia Pública del Distrito Federal. Es cierto que la labor de Moisés Sáenz al frente de la Beneficencia contó con el aval de los resultados estadísticos y del saber de los científicos sociales, aplicado y ajustado a la solución del problema de la mendicidad que, en términos generales, redundó en el discurso de una práctica asistencial eficaz. Pese a la renovación de los métodos de intervención social y con base en la formación de nuevos cuadros técnicos al servicio del Estado, se llevaron a cabo incursiones agresivas sobre la población indigente. La mendicidad no se resolvió y las formas coercitivas del Estado persistieron sobre los pobres considerados mendigos en los años treinta.

La eficacia no fue el criterio que rigió el nombramiento de los encargos políticos en la época, y el 13 de junio de 1931, el Ejecutivo destituyó a Moisés Sáenz de la dirección de la Beneficencia Pública. En su lugar nombró a Francisco Ortiz Rubio, hermano del presidente de la República.

Durante el segundo semestre de 1931 y en 1932, las acciones para erradicar la mendicidad no prosperaron. Si bien la suspensión de la campaña no se anunció formalmente, los servicios de la Beneficencia se concentraron en recoger y dar asilo a algunos indigentes de manera esporádica. En medio de una crisis económica de la dependencia y del enfrentamiento entre las bases políticas de Plutarco Elías Calles y los intentos de autonomía de los Ortiz Rubio, se suspendieron las incursiones de la policía contra los mendigos, así como los trabajos de clasificación intensiva que ejecutaron los inspectores de la Beneficencia, lo cual puede explicar la ausencia de registros estadísticos de mendigos en los archivos de la Dirección de Estadística de la Beneficencia durante el segundo semestre de 1931 y los primeros meses de 1932.

La persecución violenta y el encierro de los indigentes también cesaron. Esta inactividad puede interpretarse como un acto en favor de los pobres, aunque la tregua implicó, en la práctica, la desprotección y la restricción del auxilio que proveía el Estado para los desvalidos de la ciudad. La inactividad de un programa social, que institucionalmente facilitó el internamiento de los enfermos en los hospitales, y de los niños y los ancianos indigentes en escuelas y asilos públicos, dejó a los pobres de las calles sin esta ayuda.

Pascual Ortiz Rubio llegó a la presidencia de la República en febrero de 1930. ²⁹ Puig Casauranc, allegado de Plutarco Elías Calles, ocupó la jefatura del departamento del Distrito Federal, y el hermano del presidente, Francisco Ortiz Rubio, tuvo que conformarse con la dirección de la Beneficencia Pública del Distrito Federal. En su nuevo cargo, Ortiz Rubio, más que ocuparse de ejecutar los programas de protección social, entre ellos la campaña contra la mendicidad, se dedicó a promover, por disposición del presidente de la República, “la autonomía absoluta” en el manejo de la Beneficencia Pública del Distrito Federal. Ortiz Rubio entendió por autonomía, encaminar el proceso de federalización de la Beneficencia bajo el control directo del Ejecutivo y sin la intermediación del jefe del Distrito Federal. ³⁰ No obstante, para cumplir con este encargo, como lo expusieron los miembros de la junta de la Beneficencia, habría sido necesario prescindir de la subvención que otorgaba la tesorería del Departamento Central, sin la cual no habrían subsistido hospicios, escuelas y hospitales. Sin negarse a cumplir la disposición del presidente de la República, en la reunión de la junta se expuso que, en ese año, los ingresos de la Beneficencia habían disminuido notablemente debido a la reducción de las utilidades de la Lotería después de la crisis de 1929: la venta de billetes no había recuperado su posición en el mercado oficioso de los jugadores norteamericanos que compraban lotería mexicana antes de la crisis. ³¹

De tal manera, las restricciones económicas fueron el argumento efectivo que impidió ejecutar la reforma administrativa que, de haberse llevado a cabo, habría fortalecido al Ejecutivo, pues lo hubiera colocado directamente y sin la intermediación de la junta sobre la administración de la Lotería Nacional.

En el verano de 1932, Francisco Ortiz Rubio abandonó la presidencia de la junta de la Beneficencia en medio de una serie de escándalos filtrados por la prensa que lo implicaron en actos de malversación de los fondos del Hospital General. Como corolario de la renuncia del presidente de la República, Pascual Ortiz Rubio, en septiembre 1932, su hermano renunció a la dirección de la Beneficencia y junto con él el secretario general, el doctor Alfonso Priani González Guerra. ³² Abelardo L. Rodríguez asumió la presidencia de la República y en el correspondiente relevo de funcionarios públicos, Aarón Sáenz, ³³ hermano menor de Moisés Sáenz, encabezó el Departamento del Distrito Federal. El 8 de septiembre de 1932, el General José María Tapia, allegado al presidente Abelardo L. Rodríguez, fue nombrado director de la Beneficencia. ³⁴

La persecución renovada hacia los indigentes, 1932-1934

Dada la inactividad de la Beneficencia en el periodo de 1931 y 1932, y para justificar la continuidad de la acción contra los mendigos, el nuevo director, José María Tapia, expuso ante la junta de Beneficencia que, “con mucha frecuencia” la dependencia había internado a los mendigos en el Asilo “Nicolás Bravo” o en el Asilo de la “Villa Gustavo Madero”. Tapia advirtió que la campaña contra la mendicidad había tenido resultados magros. Ante la junta expuso su posición: “el problema se complica para nosotros por el sostenimiento que requieren estas gentes”. Para Tapia, la mayoría de los detenidos eran “gente apta y fuerte que no está en una situación de enfermedad que la imposibilite de otras actividades”. Estos indigentes capacitados para el trabajo recibían, durante varios días, alimento y resguardo a cuenta de la Beneficencia en los centros de concentración donde eran estudiados antes de ser liberados. ³⁵ Con ello, el gasto ejercido sobre esta población carecía de provecho ulterior, en tanto, “la plaga” de pordioseros deambulaba en las calles.

En un nuevo ajuste a la política pública contra la mendicidad, Tapia replanteó que la Beneficencia debía redoblar esfuerzos e intensificar la persecución de los mendigos “aptos y fuertes”. Expuso que, de manera focalizada, los servicios de la Beneficencia debían destinarse a los verdaderos necesitados. Para ello, señaló que la policía estaba obligada a cumplir enérgicamente con la atribución de recoger mendigos de las calles. En la lógica de la “policía de pobres”, Tapia argumentó que “cuando la mayor parte de estos elementos [mendigos] se den cuenta de que la policía está constantemente, en una forma enérgica persiguiéndolos en los rumbos de la ciudad en donde operan”, tendrían “más cuidado y no se exhibirán en la forma en que ahora lo hacen”. ³⁶

El director de la Beneficencia no aspiró prioritariamente a recomponer o bien a auxiliar las necesidades de la indigencia desvalida. Más bien buscó inhibir, con resultados inmediatos, la manifestación pública de la pobreza en las calles. En este escenario, la diferenciación del grupo de pobres merecedores de los servicios asistenciales no fue el elemento principal que propició un tratamiento desigual entre los indigentes; el proceso de estigmatización de la pobreza vinculada a la transgresión fue lo que suscitó una renovada forma de exclusión respecto del proceso que había orquestado Moisés Sáenz.

Tapia solicitó al jefe de las comisiones de seguridad del Departamento Central del Distrito Federal, que redoblara la acción de vigilancia permanente de la policía sobre los limosneros. También propuso una modificación en el procedimiento de clasificación de los mendigos, cuyo sistema de control adoptaría un registro de “identificación personal”. Sugirió que se tomaran fotografías de frente y de perfil a los mendigos “como a cualquier criminal”, y solicitó que se registraran las huellas digitales de todos los detenidos. Después de formar la historia de todos y cada uno, Tapia afirmó que “aunque sean miles”, la policía contaría con los instrumentos normativos para aplicar medidas disciplinarias en contra de ellos; así, podrían detenerlos o apresarlos y “ya no se exhibirán en las calles”. ³⁷

El estigma moral que sustentó esta acción persecutoria sobre los indigentes, apeló a diversas representaciones construidas por la prensa periódica, donde destacaban comportamientos engañosos y sugerían que los “supuestos pobres” se enriquecían desmedidamente con la práctica de la mendicidad. Por ejemplo, durante las campañas de 1933 y 1934, El Universal publicó la historia de un caso curioso de simulación para mendigar: un falso mendigo al que apodaron el “hombre escarabajo”, y a quien se le acusó de haber permanecido enroscado por más de veinte horas para encubrir su condición de incapacitado; después de un largo interrogatorio, se enderezó y lo diagnosticaron como “hombre de complicada psiquis”. ³⁸ Se expuso también el caso de una mendiga que, cuando le dieron un baño, encontraron un “bulto” que simulaba una deformidad del cuerpo, pero que “en realidad” contenía “200 pesos”. ³⁹ Otro caso, que evocaba la falsa necesidad y sugería que el abandono de la familia era una forma de abusar de los recursos del Estado, fue el de un ciego que no necesitaba dinero porque, según comprobó la investigación, éste “recibía una pensión y su hija trabajaba en un almacén”. ⁴⁰ De los aptos para trabajar que lucraban con la compasión de los transeúntes, también se señaló el caso del “cinismo de Refugio Antolín” que mostraba a dos “gemelas rollizas” para implorar caridad. ⁴¹ Las respuestas para solucionar el problema de la mendicidad consideraban argumentos administrativos, posiciones éticas y referentes morales que imbricados, mostraban el control eficaz de la asistencia.

En oposición al discurso de Tapia, los miembros de la junta que habían apoyado el estudio de la mendicidad y el carácter asistencial de la campaña en el período de Moisés Sáez, externaron su preocupación respecto de los casos en que, por error, los indigentes habían sido tratados como delincuentes. ⁴² Algunos miembros de la junta de la Beneficencia insistían en que, con el encierro de mendigos se incurría en atropellos; sin embargo, Tapia objetó la posición de los miembros de la junta enfatizando la idea preconcebida del carácter transgresor de los mendigos. Retomó en su exposición, el caso de un pordiosero detenido que, a los pocos días de encierro “y mal aconsejando por un leguleyo”, interpuso un amparo que le fue concedido. En ese caso, la Beneficencia Pública “se vio obligada a ponerlo en la calle”. Con estos argumentos, Tapia insistió en la necesidad de aplicar la fuerza policiaca avalada por la ley en contra de la mendicidad. ⁴³

La aciaga aplicación de la ley, 1933- 1934

Además del estigma que sobre los mendigos se replicaban en los periódicos y por algunas autoridades de la Beneficencia, también la tolerancia para mendigar, obtenida mediante permisos emitidos por diversas oficinas del gobierno local a las personas que justificaban impedimentos reales para trabajar, había caído en desuso desde finales del siglo XIX. Así, la mendicidad tolerada quedó desprovista de una protección formal garantizada por las autoridades. En los años treinta, los permisos para mendigar no se concibieron necesarios porque, en teoría, la Beneficencia auxiliaba a los indigentes en los establecimientos de asistencia pública; sin embargo, ésta fue insuficiente para paliar la demanda de los indigentes en la ciudad, como lo señalaron recurrentemente las autoridades de la Beneficencia. De este modo, el desuso del certificado para mendigar colocó a los pordioseros en una situación vulnerable ante la policía y restringió la posibilidad de algunos pobres de subsistir de la caridad pública.

En este contexto, la acción policiaca del Distrito Federal ejercida contra los mendigos se robusteció con la publicación del Código Penal de 1931, donde no se prohibió la mendicidad como había recomendado el estudio de Ramón Beteta, pero sí amplió la gama de posibilidades para ser detenido y acusado de corruptor de menores, vago y malviviente. ⁴⁴

Tapia argumentó la conveniencia de apegarse al artículo 255 del Código Penal para el Distrito Federal y Territorios Federales que, en materia de fuero común, señaló las sanciones de tres meses y un año de relegación a los que reunieran determinadas circunstancias para ser acusados como vagos o malvivientes. Asimismo, en un amplio espectro de posibles delitos imputables a los mendigos, Tapia recomendó aplicar el artículo 201 que estipuló que la corrupción de menores se perseguiría sobre quien indujera a la mendicidad a los menores de 18 años; así como el artículo 255 que prescribió como vagos y malvivientes a los que no se dedicaran al trabajo honesto “sin causa justificada” y a los que tenían “malos antecedentes comprobados en los archivos judiciales”, y tipificó como vagos y malvivientes a los mendigos “simulados y sin licencia”; el artículo 256 dispuso que los mendigos que fueran sorprendidos con disfraz, armas o ganzúa o cualquier otro instrumento que diera “motivo para sospechar” que intentaban cometer un delito, se les aplicaría el castigo de tres a seis meses de prisión y quedarían bajo la vigilancia de la policía. ⁴⁵

El 12 de agosto de 1933, Aarón Sáenz, jefe del Distrito Federal, ordenó el inicio de una redada contra los mendigos. Esta incursión no solo fortaleció la intervención policiaca con la aplicación de la ley, sino que perfeccionó los procedimientos de las persecuciones. Aarón Sáenz dispuso que “el personal dependiente de esta jefatura que desempeñe servicios de crucero deberá proceder, bajo su más estricto resabio a la detención de todos los mendigos que habitualmente o accidentalmente encuentre dentro de la zona encomendada a su vigilancia”. ⁴⁶ Para evitar que los mendigos tuvieran oportunidad de comunicarse entre ellos y “esconderse” de la policía, planearon que a las diez de la mañana comenzaría la “leva” de manera simultánea en diferentes calles de la ciudad. Además, el uso del automóvil destinado al servicio público de recoger indigentes de la calle, también influyó en los resultados de las campañas, pues agilizó el proceso de “levantar” pordioseros y llevarlos al dormitorio público: en 1931 un camión de la Beneficencia recogió a los mendigos de las calles, mientras que en 1933 cuatro camiones de diferentes compañías, además de los de la policía, recolectaron a los mendigos y los trasladaron para su concentración en el dormitorio número dos. ⁴⁷

El ímpetu por cumplir con eficacia el propósito de acabar con la mendicidad, la aplicación de las disposiciones legales, la activa participación policiaca en la campaña y la introducción de los automotores destinados al servicio público de “levantamiento” de los mendigos, produjo un efecto notable. De acuerdo con el registro de datos de las campañas contra la mendicidad, durante 1930 y 1934 se recogieron 5 103 mendigos; de estos, 2 433 registros corresponden a los “levantamientos de pordioseros” que se llevaron a cabo desde agosto hasta septiembre de 1933 (véase gráfico 2).

Fuente: Asistencia. Órgano oficial de la Beneficencia Pública en el Distrito Federal, 1934, p. 7. “Campaña contra la mendicidad emprendida el día 13 de agosto de 1933. Resumen por el periodo del 3 de agosto al 30 de septiembre de 1933”. AHSS, BP, AS, DAES, leg. 6, exp. 2, f. 132. AHSS, BP, AS, DAES, leg. 2, exp. 6, ff. 1-9, febrero 27 de 1931; AHSS, BP, AS, DAES, leg. 2, exp. 6, ff. 1-9, octubre de 1930. La información de 1930 coincide con el cuadro de OCHOA, “Coercion, reform, and the Welfare State”, p. 46.

Gráfico 2  Registro de mendigos recogidos en la Ciudad de México, 1930-1934. 

El incremento en el número de detenidos no fue el único efecto que suscitó esta modificación en las acciones contra la mendicidad, por recomendación del general José María Tapia, con el propósito de favorecer la vigilancia hacia los mendigos reincidentes, la Beneficencia acordó con la policía que, en el caso de “aquellos individuos a quienes la sección de investigación diera por libres, ocurrirían a la sección de policía, la que les tomaría su filiación y sus huellas digitales para el efecto en el caso de reincidencia.” Cuando los mendigos fueron clasificados como merecedores de la asistencia, después del “interrogatorio”, los médicos tenían que entregarles una “tarjeta amarilla” de identificación, que funcionó como pase para su internamiento en los hospitales o su ingreso en las escuelas de la Beneficencia. ⁴⁸ Con la aplicación de estas disposiciones, todas las personas recogidas quedaron registradas en los archivos de la policía y en los de la Beneficencia, sin diferenciar a los liberados de los indigentes internados, como cualquier acusado por malviviente confinados en las cárceles, todos debían contar con un registro; así pues, de acuerdo con el artículo 255 del Código Penal, las autoridades pudieron comprobar los “malos antecedentes en los archivos judiciales” e imputarles el delito de reincidentes a quienes eran recogidos por la policía en más de una ocasión.

Las formas correctivas sobre los indigentes no fueron hegemónicas. En estas incursiones, el 40% del total de indigentes recogidos fueron liberados “por haberse descubierto que tenían medios decorosos de vida, al hacer el examen respectivo los Trabajadores Sociales de la Beneficencia” (véase tabla 1). Si bien carecemos de información detallada de este grupos de indigentes, a manera de hipótesis éstos pudieron ser los pobres “sanos”, capacitados para trabajar, pero que por alguna situación como la falta de trabajo, la precarización del salario o el desempleo temporal, se hallaban en las calles pidiendo dinero y fueron conducidos a la Beneficencia. ⁴⁹

Es de notar que en esta incursión la proporción de liberados fue semejante a las que se registraron en las incursiones de 1930 y 1931. Pero a diferencia de lo que sucedió en las incursiones organizadas bajo la dirección de Moisés Sáenz, todos los recogidos, incluyendo los indigentes liberados, fueron registrados por la sección de policía y vulnerables ante cualquier sospecha de la autoridad. Destaca, sin embargo, que el 56 % del total de los pordioseros recogidos ingresaron en las penitenciarías, cárceles y reformatorios dependientes del Distrito Federal, y solo el 44 % ingresaron en los asilos, escuelas y hospitales de la Beneficencia (véase tabla 1). A diferencia de lo que sucedió durante la campaña de 1930-1931 cuando solo el 8 % y el 14 % del total de mendigos recogidos fueron confinados a las cárceles, en 1933, bajo la dirección del general Tapia, más de la mitad de los recogidos por la policía fueron confinados en las instituciones dependientes del Distrito Federal. Las cárceles y los reformatorios fueron en mayor medida el destino institucional para los mendigos (véase tabla 1). ⁵⁰

La solución al problema de la mendicidad dejó de privilegiar el tratamiento de este tipo de pobreza urbana en instituciones de protección social, para enfatizar el cometido policial y correctivo sobre los indigentes en las calles de la ciudad. No tenemos, hasta ahora, documentos para corroborar la percepción del buen resultado de la campaña, pero según el informe de Tapia a la junta de Beneficencia, el sobresalto de ser atrapado por la policía, los encierros y los internamientos en los establecimientos del Distrito Federal y de la Beneficencia, al parecer habían mantenido alejados de las calles a los indigentes, aunque por periodos efímeros, pues en el verano de 1934, un crecido número de indigentes fueron recogidos por la Beneficencia en calidad de mendigos.

El agotamiento de los recursos y el poder de focalizar, 1934

Durante los meses de julio a septiembre de 1934, la campaña contra la mendicidad se reactivó y, de acuerdo con una serie de datos asentados en la gaceta Asistencia. Órgano Oficial de la Beneficencia Pública, la policía recogió 1 500 individuos de las calles. A diferencia del entusiasmo por la captura y el control de la mendicidad, en 1934 el agotamiento de los recursos para sostener a los indigentes internos en los establecimientos de la Beneficencia se exhibió como una restricción para seguir impulsando la campaña, y se reportó que “después de la colecta de mendigos en la capital, están excedidos en su cupo los establecimientos de la Institución”. ⁵¹

La razón por la cual los mendigos seguían en las calles no se resolvió con las incursiones violentas de la policía y las autoridades del Distrito Federal. El estudio que la Beneficencia encargó a un grupo de científicos sociales para acabar con la mendicidad en 1930 lo advirtió, y la presencia de éstos en las calles después de tres incursiones de la policía lo constató. En 1934, las autoridades recogieron a 1 500 personas consideradas mendigos. A simple vista, el dato numérico denotaba el estropicio de las autoridades responsables de gobernar esta forma de pobreza urbana. Entonces, de nuevo, las acciones del Estado pensadas para erradicar la mendicidad en la Ciudad de México se reformularon.

El primer indicio de esta reconfiguración fue un recorte del presupuesto destinado para las campañas contra la mendicidad, el cual se redujo de 6 000 pesos a 2 152 pesos. Ante este ajuste, el director de la Beneficencia optó por “hacer solo lo más indispensable”; así lo declaró, con cierta resignación ante la junta. El Distrito Federal interrumpió la colaboración con la Beneficencia en las campañas contra la mendicidad: por un lado, abandonó las acciones policiacas intensivas contra los mendigos y, por otro, suprimió las subvenciones que aportaba a la Beneficencia. ⁵²

El efecto de este nuevo ajuste fue que el auxilio que brindó la Beneficencia a través de las campañas se caracterizó, sobre todo, por la asistencia en establecimientos de internamiento temporal como dormitorios y asilos públicos donde se ofreció un petate, café o atole y una pieza de pan a los mendigos. Este tipo de alojamiento temporal, al que también ingresaron otras personas que, de manera voluntaria pagaron entre 1 y 3 centavos diarios por pernoctar, en septiembre de 1934, alojó por conducto de la Beneficencia al 41 % del total de la población de mendigos recogidos en la incursión de ese año (véase gráfico 3).

Fuente: “Población de la mendicidad hasta el 12 de septiembre de 1934”. AHSS, BP, D, AS, leg. 13, exp. 26. No se especificó a partir de qué edad se consideraron niños o adultos. Corresponden a establecimientos temporales: Departamento de Tacuba, Dormitorios 1 y 2; Hospital General, Manicomio General y Homeopático; Escuelas de Ciegos, Industrial, Casa amiga de la obrera 1 y 2; Asilos de la Beneficencia, “Nicolás Bravo”, Casa Cuna, Casa Hogar.

Gráfico 3  Recuento de población recogida y asilada en establecimientos de la Beneficencia durante la campaña contra la mendicidad, en el mes de septiembre de 1934. 

En los hospitales, los directores médicos habían limitado el ingreso de los mendigos desde el inicio de las campañas, aduciendo insuficiencia de espacio para atender a estos indigentes en sus establecimientos. En el mismo tenor, en 1934, solo brindaron auxilio a una parte minoritaria del total de mendigos recogidos. En los hospitales de la Beneficencia (Hospital General, Manicomio General y Homeopático), el número de mendigos internos representó el 9 % del total de personas recogidas, según los resultados de la campaña de 1934. Es cierto también que, de acuerdo con el censo de mendigos elaborado por la Beneficencia en 1930, al grueso de los considerados mendigos se les atribuyó el carácter de personas sanas y, en una proporción menor, incapacitadas para el trabajo. Esto coincide con el tipo de atención que brindó la Beneficencia, pues fueron los asilos, escuelas y casas de asistencia pública los establecimientos que atendieron principalmente a los mendigos: la población de mendigos asilados en estas instituciones en septiembre de 1934, representó el 91 % del total de los mendigos recogidos (véase gráfico 3).

La organización del auxilio a los pobres considerados mendigos anunció la diferencia entre la asistencia social y la atención a la salud. Esta brecha en los servicios destinados a los indigentes, derivó a finales de la década de los años treinta, en la creación de dos secretarías de Estado: Secretaria de Salubridad y Asistencia y la Secretaría de Asistencia Pública. Otro aspecto que contribuyó con el replanteamiento de la campaña contra la mendicidad fue que la junta de Beneficencia retomó e impulsó las “Brigadas de invierno”, que consistieron en el recogimiento de las personas que dormían a la intemperie. Con esta práctica, la Beneficencia redujo el “levantamiento” de los pordioseros que mendigaban durante el día, o bien, que solo deambulaban por las calles y que, por las noches, tenían la posibilidad de resguardarse en algún mesón, en un dormitorio público o en otros espacios de habitación temporal. ⁵³ Así, suprimieron el estudio individual y sistemático de los mendigos elaborado por las trabajadoras sociales; también, se relajó la vigilancia y se redujeron los costos que suponía el procedimiento de aseo general y la inspección obligatoria de los indigentes recogidos que elaboraban los trabajadores sociales.

Próximos a la elección presidencial de 1934, Tapia advirtió que se avecinaban otros tiempos en la gestión de la asistencia y planteó a la junta de Beneficencia la necesidad de buscar tratamientos alternativos para acabar con la mendicidad en México: los recursos de la campaña debían focalizarse. Consideraron, para ello, al grupo etario menos numeroso entre los mendigos: los niños. ⁵⁴ Es decir, el registro total de los mendigos internados en los establecimientos de asistencia fue de 1 273 internos. De estos, 933 registros se asentaron como adultos y solo 329 como niños. ⁵⁵ No obstante, proyectaron la atención de los menores que, si apenas representaron una cuarta parte de los mendigos atendidos en los establecimientos de asistencia, según los argumentos expuestos por la capacidad que tenían los niños de insertarse a la vida productiva, podía brindar resultados más eficaces a la inversión social del Estado. ⁵⁶

Es así que los menores que mendigaban en la calle se definieron como niños abandonados con la “experiencia de una vida compleja” que los colocaba en una terrible “lucha desigual”. Esta explicación sirvió para que el Estado interviniera en la educación de los menores, y que de acuerdo con el discurso la Beneficencia, se presentara como las instancia que rescataba del abandono a estos indigentes, otorgándoles los recursos necesarios para ganarse la vida en condiciones más equitativas. La focalización hacia los niños, además suponía la ventaja de reconocer por su edad a los destinatarios de esta política, tarea que a simple vista podían llevar a cabo los policías. De cierta manera, el discurso de la Beneficencia coincidía con los proyectos del Estado en los cuales éste había asumido las funciones de educación pública, tutela de los menores en “abandono moral” y servicios de higiene y salud infantil, muchos de ellos creados durante la presidencia de Plutarco Elías Calles. ⁵⁷

Manuel Quiroz Martínez, jefe del Departamento de Acción Educativa y Social, aseveró que los estudios realizados en las instituciones de la Beneficencia Pública revelaban que “un alto porcentaje (70 % a 80 %) de individuos que ejercen la mendicidad lo hacen falseando su actitud, con un propósito preconcebido y calculado de verdadera explotación del sentimiento caritativo público”, lo cual sustentaba la idea de que la mendicidad la constituía una “escuela de simuladores” y “mistificadores de sufrimiento” y que, en esta escuela donde los adultos gobernaban, los niños recibían nocivas enseñanzas para su formación. Por ello, el Estado debía intervenir y “proteger” a los niños brindándoles educación y los medios para subsistir trabajando. ⁵⁸

La presidencia de Lázaro Cárdenas marcó un nuevo relevo en la dirección de la junta de Beneficencia. Cárdenas nombró al médico Enrique Hernández Álvarez en la dirección de la Beneficencia Pública. El nuevo discurso aquilató la idea de que el gobierno debía brindar “asistencia social” integral en oposición al “viejo concepto” de la caridad, e incluso a la idea de beneficencia entendida como una dádiva. En los primeros meses de la presidencia de Cárdenas, la cuestión del financiamiento de los programas sociales supuso una reestructura de la Beneficencia con miras a convertirla en secretaría de estado, para lo cual la pertinencia y efectividad de los programas sociales fueron cuestiones centrales que disputaron el presupuesto. ⁵⁹

Reflexión final

Las campañas contra la mendicidad fueron un catalizador de los intereses, los anhelos y las expectativas de las elites y de los funcionarios que laboraron para la Beneficencia y que perfilaron las categorías sociales que limitaron o impulsaron el acceso a los recursos de la asistencia. Los cambiantes escenarios de la política económica del país, inmerso en un sistema faccionalista y clientelar, influyeron en la reformulación de los objetivos de las campañas contra la mendicidad. Entre la procuración de asistencia social limitada por escasos recursos y el vaivén de formas violentas de control del Estado, la indigencia, la criminalidad y, finalmente, la vulnerabilidad en ciertas etapas de la vida, se reconocieron como criterios que modificaron el tratamiento de los mendigos entre 1930 y 1934.

Si bien, algunos indigentes recibieron ayuda ocasional en las instituciones de asistencia, y las campañas contra la mendicidad cumplieron de manera intermitente y por periodos efímeros, el cometido de limpiar las calles de pordioseros, esta política también propició un destino de privaciones para los mendigos recogidos por las autoridades. En este sentido y a manera de reflexión ulterior, las campañas contra la mendicidad pueden considerarse un proyecto de protección social, en tanto las contradicciones que se han señalado a lo largo del articulo, en la cual la coerción y la protección son las dos caras de una misma moneda.

Estas incursiones fueron parte del camino hacia la modernización del sistema asistencial en México. La complejidad del problema que supone la conjunción adversativa de la política social entre los propósitos de bienestar elaborados desde el Estado, para solucionar el problema de la mendicidad y los destinos de privaciones que experimentaron los pobres considerados mendigos.

En estas páginas, mostramos la contradicción que subyace en las campañas contra la mendicidad que, por un lado, obedeció a la lógica de brin­dar mejores condiciones de vida a la población, pero que, por otro lado, la acción del gobierno estuvo inmersa en un sistema económico que debió atender la lógica del beneficio, que exigió eficacia en el uso de los recursos que el Estado. Además, esta acción supuso la consecución de acuerdos polí­ticos que garantizaran la gestión de estas intervenciones. En suma, creemos que mostrar las vicisitudes y los éxitos de las políticas sociales de atención a la pobreza urbana contribuye a explicar de qué manera se entreveró la ambivalencia y las ideas contradictorias que existían sobre las causas de la pobreza y los beneficios del auxilio público.