El golpe contra Medina Angarita

El General Isaías Medina Angarita fue defenestrado del poder en Venezuela el 18 de octubre de 1945. El golpe de Estado fue organizado por dirigentes del para entonces incipiente partido Acción Democrática y de un grupo de oficiales profesionales, jóvenes mayormente, pertenecientes a la Unión Patriótica Militar. Durante el gobierno de Medina, en plena Guerra Mundial, se promulgaron las leyes de impuesto sobre la renta (1942) y de hidrocarburos (1943), que por vez primera permitieron una participación sustanciosa del país en los beneficios del comercio petrolero mundial.

En la proximidad del fin del mandato de Medina Angarita, el país es­taba pasando por un proceso de crisis política que se agudizó debido a la posibilidad de que el ex presidente Eleazar López Contreras (1936-1941) o los militares vinculados con él volvieran al poder en 1946 (lo que no quería ni el propio Medina), y a la ausencia de un conceso entre el Partido De­mocrático Venezolano (del gobierno) y los partidos de oposición para que fuera un civil el sucesor de Medina. Cuando ya se habían logrado algunos acuerdos para que ese hombre fuera Diógenes Escalante, la desgracia de una irreversible enfermedad mental que atacó a éste echó por la borda la posibilidad de una transición política que satisficiera a los sectores involu­crados. Hasta entonces, el presidente de la república era escogido en elec­ciones de segundo grado por el Congreso Nacional, cuyos miembros a su vez eran escogidos en las asambleas legislativas de los estados. Las elecciones parlamentarias regionales llevadas a cabo en 1944, dieron en Caracas una mayoría a los partidos que apoyaban a Medina. En esas condiciones, Acción Democrática tenía pocas posibilidades de acceder al poder en el corto plazo.

Tras la tragedia de Escalante, se veía remota la posibilidad del sucesor civil que contara con la anuencia de los partidos políticos opositores y del gobierno. Los nombres de Ángel Biaggini y Caracciolo Parra Pérez, aunque hombres de prestigio, no llenaron las expectativas del partido Acción De­mocrática. En medio de esa crisis estalló el golpe que venían preparando los militares descontentos de la Unión Patriótica desde hacía meses. Uno de los testigos clave de ese proceso fue el periodista e historiador Ramón J. Velázquez, vinculado con el partido ad. Dice Velázquez, quien para enton­ces era reportero de un diario caraqueño, que la pugna entre “medinistas” y “lopecistas”, además de “la profunda división de un sistema que había mantenido su unidad a toda costa y a lo largo de tanto tiempo permitió el avance y la consolidación del movimiento conspirativo” ⁶ que se concretó el 18 de octubre de 1945.

A 12 días de consumado el golpe en contra de Medina, en un discurso radiado desde el Palacio de Miraflores, Rómulo Betancourt, envestido como presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela, celebraba el reconocimiento de otros países a los nuevos actores del poder en Venezuela. Esto fue parte de lo que dijo Betancourt al país, el día 30 de aquel mes de 1945:

Con legítimo alborozo venimos a anunciar a la Nación a nombre de la Junta Revolucionaria y del Gabinete Ejecutivo, que han reanudado sus relaciones diplomáticas con el Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela, los Gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido de la Gran Bre­taña, Francia, Ecuador, Paraguay, Cuba, Bolivia, Guatemala, Panamá, México, Haití, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Argentina y Uruguay. ⁷

Las redes diplomáticas del nuevo gobierno venezolano actuaron rápida­mente. Betancourt sabía en qué terreno se estaba moviendo y de la posición de Venezuela en este trance hacia la paz mundial. Sigue así su discurso radial:

El mundo vive una de sus mejores horas en el devenir histórico de la so­ciedad humana. Barrida de la superficie de la Tierra esa negación del hombre y de sus posibilidades ilimitadas de dignificación, que era el fascis­mo, se ha abierto para la humanidad una etapa de renacimiento. Las cua­tro libertades roosveltianas han dejado de ser hermosa consigna promiso­ria en labios de un paladín de causas justas, para convertirse en mandato de acción para todos los pueblos del universo. Y por eso en Inglaterra, en Francia, en Guatemala, en el Perú y en varios países donde se han realizado consultas electorales en vísperas del colapso del eje, o en estos expec­tantes días de posguerra, las ánforas comiciales han arrojado millones de votos para quienes encarnaban e interpretaban lo que el pueblo quería [...]. ⁸

En nuestro país, la versión betancourista del “mandato roosveltiano” se cumplió al poco tiempo, al organizar luego de un proceso constituyente, las primeras elecciones democráticas del Presidente de Venezuela, en 1947. Betan­court estaría apuntalando un discurso de la democracia en Venezuela basado en las repercusiones que habría tenido lo que dijo el líder norteamericano, en un contexto de mucho temor en el mundo. Además, el presidente presentaba a Venezuela como uno de los colaboradores de los Aliados durante la Guerra en estos términos:

Abrigábamos la seguridad de que se apreciaría por Gobiernos y pueblos ami­gos nuestra decisión de cumplir los compromisos internacionales, adquiridos por la Nación con quienes fueron nuestros aliados en la lucha contra el Eje y con los cuales compartimos hoy la común responsabilidad de contribuir a que la paz sea definitivamente ganada por los pueblos. No eran demagogos impro­visados, sino gente con una filiación, con una fe y con un abrumador lote de compromisos, gozosamente aceptados, con la democracia venezolana y ame­ricana, quienes habían asumido la responsabilidad de estructurar un orden de cosas serio, honesto, responsable, sobre los escombros de un régimen repudiado por la conciencia de todos los venezolanos libres [los destacados son nuestros]. ⁹

El Presidente Betancourt conocía el nuevo mapa mundial, la Guerra Fría estaba en ciernes y la decisión que él y su partido tomaron fue la de la alineación del gobierno venezolano con las potencias capitalistas. Por ello, como ocurría desde el inicio de la producción petrolera, las relaciones entre la junta y éstas fluyeron sin obstáculos nacionalistas para las inversio­nes extranjeras, que mayormente fueron de capital estadounidense. Para tranquilidad de ellas, la experiencia mexicana no se repetiría en Venezuela.

El arreglo del fifty-fifty

En la obra Tres décadas de producción petrolera —publicada en su primera versión en 1947 por quien fuera una figura clave de la economía venezolana en buena parte del siglo XX, Manuel Egaña—, el autor muestra una serie de documentos sobre la política de Estados Unidos en el contexto de la posguerra, entre los que se encuentran los que hemos citado, referidos a los acuerdos de las potencias. Egaña fue ministro de Eleazar López Contreras en 1938; además, fue fundador del Banco Central de Venezuela en 1940 y pieza clave para la ela­boración de las Leyes de Hidrocarburos y de Impuesto sobre la Renta, durante el mandato del general Medina Angarita. Egaña no estuvo vinculado a la Junta Revolucionaria de Gobierno, pero fue un destacado diplomático, parlamen­tario y un estudioso de la economía política, pasión que le despertó su amigo Alberto Adriani, reconocido como modernizador de la hacienda pública vene­zolana durante el gobierno de Eleazar López Contreras.

Nos interesa el contenido de los documentos publicados en el libro de Egaña, porque nos sirve de contexto de los discursos sobre el desarrollo econó­mico que, en el caso venezolano, necesariamente estuvo vinculado con el co­mercio mundial petrolero, cuya suerte ha dependido de los vaivenes del mer­cado internacional, controlado —hasta el advenimiento de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (1960) —, precisamente por los grandes trusts.

Explica Egaña que en octubre de 1945, el Departamento de Guerra de Estados Unidos, en boca del brigadier general H.L. Peckham, dijo a la Comi­sión Especial del Senado que “[…] cuando se contempla la terrible posibilidad de otra guerra mundial, es difícil ignorar la probabilidad de una demanda de petróleo que excederá con mucho a la de la presente guerra”. ¹⁰ En ese contexto, el comodoro William G. Greenman, director de Reservas Petroleras Navales del Departamento de Marina, dijo ante la Comisión Especial del Senado que:

En este contexto, hay un aspecto que consideramos importante en una de las políticas del “trienio” en materia petrolera, lo que en el discurso oficial de 1947 y 1948 se denominó el fifty-fifty, con el cual los beneficios de la comercialización del crudo se repartirían a partes iguales entre el Estado venezolano y las compañías. En la vocería oficial venezolana, esta estrategia se definía como una conquista lograda en la gestión de estos gobiernos iniciales del partido Acción Democrática y que, según figuras clave como el Ministro de Fomento de la Junta, Juan Pablo Pérez Alfonzo, superaba a las Leyes de Impuesto sobre la Renta y de Hidrocarburos de Medina Angarita.

Además, las compañías norteamericanas no objetaron la modificación de la política de participación en la ganancia a través de las regalías. La estadounidense Creole Petroleum, filial de Standard Oil Company, era la mayor concesionaria en Venezuela y los intereses de EEUU estaban garantizados. Desde antes, a juzgar por lo establecido en los acuerdos referidos, había la disposición de las potencias petroleras para el reconocimiento de los países productores en materia de beneficios.

La participación significativa del Estado venezolano en el negocio petrolero —conseguida con las referidas leyes de Medina Angarita—, siguió durante el trienio de Acción Democrática, con la ventaja de que la producción en la posguerra fue mucho mayor que en tiempos de Medina. Debemos decir también que los gobiernos del trienio pusieron en práctica otras políticas de inspiración nacionalista, a manos de un equipo “no sólo capaz de planificar, sino de ejecutar también lo planeado”, ¹² en palabras de Betancourt, quien enumera estas políticas de esta manera:

1) Elevación de los impuestos hasta el límite que entonces se consideró razo­nable, dentro del sistema capitalista y la economía de mercado. 2) Concurrencia de Venezuela, como entidad autónoma, al mercado internacional del petróleo vendiendo directamente sus ‘regalías’. 3) Cese radical del sistema de otorgamien­to de concesiones a particulares, y planeamiento de una empresa del Estado a la cual se atribuiría la facultad de explotar directamente, o mediante contratos con terceros, las reservas nacionales. 4) Industrialización de la mayor parte del pe­tróleo venezolano dentro del país; y organización de una refinería nacional, con capital estatal o mixto. 5) Adecuadas medidas para la conservación de la riqueza petrolera, típico recurso natural no renovable; y utilización del gas emanado de los pozos que tradicionalmente se venía desperdiciando. 6) Reinversión de las compañías concesionarias de una parte de sus utilidades en la vitalización y de­sarrollo de la economía agropecuaria. 7) Mejoras sustanciales en salarios, pres­taciones sociales y condiciones de vida y de trabajo de los obreros, empleados y técnicos venezolanos al servicio de la industria; y 8) Inversión de una cuota elevada de los ingresos obtenidos de la nueva política impositiva sobre el pe­tróleo en crear una economía diversificada y propia, netamente venezolana. ¹³

La industria petrolera aumentó su producción y, si bien también creció el ingreso de dólares a Venezuela por el concepto de impuestos a las compañías, estos ingresos en términos porcentuales debieron ser de igual consideración con respecto a lo que había logrado Medina Angarita. Parece que no fue así, según lo registrado en cifras oficiales. Algunos autores que han estudiado este tema, consideran como un retroceso el fifty-fifty. Por ejemplo, Bernard Mom­mer, quien ha investigado la historia petrolera mundial, afirma que Medina había logrado para el país cobrar “a tasas usuales en EUA, por un lado, la rega­lía, y por el otro, el impuesto sobre la renta”. ¹⁴

Mommer, distinguiendo los conceptos de renta e impuesto y apoyado en cifras del Ministerio de Fomento, explica que con la política del fifty-fifty de Betancourt se impulsó la idea de que Venezuela se beneficiaba más que en tiempos de Medina en el negocio petrolero, lo cual, asegura, no es cierto. Para ello, Mommer presenta un cuadro en el que contrasta la cantidad de barriles de petróleo colocada en el mercado mundial y la captación de la renta en dólares por este concepto durante los gobiernos de Medina y del trienio. Veamos:

Fuente: EEUU de Venezuela, Ministerio de Fomento, Oficina Técnica de Hidrocarburos. Anuario Petrolero de Venezuela, edición de 1949, pp. 88-133.

Cuadro 1 Renta del suelo, impuestos y ganancias en la industria petroleravenezolana (1943-1948) (Millones de dólares, USA)Tomado de: Mommer, La cuestión petrolera, p. 86. 

Este modelo de arreglo con los estados propietarios de petróleo, según Mommer, fue puesto en práctica por las compañías arrendatarias también en el Medio Oriente. En 1950, en Arabia Saudita se implantó el patrón del fifty-fifty con algunas variaciones respecto al aplicado en Venezuela. Igual ocurrió con Kuwait, Qatar y en Irak luego del golpe de Estado en contra del primer Ministro Mosadeq, en 1953. ¹⁵

La “Siembra del petróleo” según los gobernantes del trienio

El famoso editorial del diario Ahora de Caracas del año 1936, titulado “Sem­brar el petróleo”, fue autoría del intelectual Arturo Uslar Pietri, quien años después sería Ministro de Relaciones Interiores en el gobierno de Medina Angarita. En ese texto periodístico hay algunos trazos de la estrategia de Medina para la consolidación industrial del país. La contundencia de la frase “sembrar el petróleo” caló en el imaginario de muchos de los venezolanos y fue tomada por la Junta Revolucionaria —pese a su animosidad contra Us­lar—, como parte de su gestión. La manera en que los miembros de la Junta concebían el desarrollo, que para la época era básicamente económico, ¹⁶ que­dó plasmada en el citado discurso de Betancourt de esta manera:

Sembrar el petróleo fue la palabra de orden escrita, demagógicamente, en las banderas del régimen (de Medina Angarita). Nosotros comenzaremos a sem­brar el petróleo. En créditos baratos y a largo plazo haremos desaguar hacia la industria, la agricultura una apreciable parte de esos millones de bolívares es­terilizados, como superávit fiscal no utilizado, en las cajas de la Tesorería Na­cional. Será creado el Instituto Permanente de Fomento de la Producción, que conceda créditos sin favoritismos discriminadores. Ya en Venezuela se termi­naron, definitivamente, los monopolios y ventajas derivadas de amistades o complicidades con los hombres de Gobierno [los destacados son nuestros]. ¹⁷

Si bien fue una política del trienio invertir parte de los ingresos fiscales en la industrialización nacional, debemos pensar también en otros factores que incidieron en los razonamientos del gobierno para el uso de la renta petrolera. Para que no quedaran dudas de que las políticas de la Junta no afectarían a las compañías y se mantendrían los compromisos adquiridos con éstas durante el período de Medina, Betancourt mostró un discurso a tono con lo que se había suscrito poco antes en Londres y Washington, y con lo que en 1945 alegaba el comodoro Greenman, con respecto del con­trol del mercado energético del mundo. Veamos:

Respetaremos las concesiones y contratos otorgados a inversionistas ex­tranjeros. Venezuela necesita aportes de capitales importados para desar­rollar sus veneros inéditos de riqueza y para continuar la normal explota­ción de las que están en pleno desarrollo. Es compatible esta decisión con la otra de procurar, con serena firmeza, un trato equitativo en las rela­ciones entre el Estado y los inversionistas. En Venezuela no deberán obte­nerse sino utilidades honestas, y no sobre beneficios exagerados por quienes son concesionarios de fuentes nacionales de riqueza. Estamos seguros, por las conversaciones hasta ahora realizadas con personeros de poderosas Empresas inversionistas, de que en ellos existe ánimo conciliador y an­helo de entendimiento con el Gobierno en los planes que éste proyecta. ¹⁸

Este “trato equitativo” es el famoso arreglo del fifty-fifty que sería im­plementado al poco tiempo. ¿Por qué la Junta no anunció una revisión de las concesiones tal como se hizo con los manejos del tesoro nacional u otras políticas no petroleras del gobierno de Medina Angarita? Los discursos del poder apunta a que la mejor estrategia era no trastocar lo se que había avanzado en este sentido en la gestión anterior.

En otro encuentro público durante el último año de la Junta Revolu­cionaria (1947), el presidente Betancourt ofreció un discurso en la clausura de la III Convención Anual de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras), organización creada en tiempos de Medina Angarita para contrarrestar lo que temían un exagerado inter­vencionismo del gobierno en contra de la libertad de empresa. En aquel encuentro con la cúpula patronal de Venezuela, celebrado en 1947, a pro­pósito de la política de inversión de los ingresos petroleros para impulsar una economía diversificada, dijo Betancourt a los presentes:

Aludo al cumplimiento del mandato constitucional de creación de un Consejo de Economía Nacional; y a la organización de una Corporación Venezolana de Fomento, destinada a invertir una apreciable cuota de los proventos fiscales derivados del petróleo en el incremento y en el desarrollo de una economía auténticamente nuestra, definitivamente venezolana. Dijimos también en­tonces que por no estar animados en la vanidosa idea de que sólo son capaces y patriotas los funcionarios del Estado, íbamos a incorporar a hombres desli­gados de las actividades administrativas a la tarea de elaborar los instrumen­tos legales que permitieran el cabal funcionamiento de ambas instituciones. ¹⁹

Eran los tiempos de la necesidad de burguesías nacionales para afianzar el desarrollo económico con los criterios del capitalismo industrial, lo que an­tes había intentado Medina: hacer de Venezuela un país fuerte a través de su industrialización apoyada por el gobierno, la versión del escritor Uslar Pietri de la “siembra del petróleo”, en la que se incorporaba al sector privado como favorecido por la renta a cambio de activar la diversidad productiva. Esa políti­ca —una incipiente forma a la venezolana de industrialización por sustitución de importaciones—, fue iniciada por Medina y continuada con sus variaciones por la Junta Revolucionaria y los militares de la década transcurrida entre los años de 1948-1958, manteniéndose en el tiempo con los gobiernos desarrollis­tas de la democracia.

La Junta Revolucionaria, aunque se benefició de las políticas de Medina en materia fiscal, sobre todo en los impuestos a las petroleras, no estaba dispuesta a abrirse un frente con los empresarios venezolanos; sería un riesgo innecesa­rio, sobre todo ante la difícil situación de insuficiente producción en los países industrializados como consecuencia de la guerra y porque Venezuela tenía una alta dependencia de las importaciones. Así, siguió Betancourt:

Con respecto a la Corporación Venezolana de Fomento, su actuación está de­mostrando que era perfectamente justificado el generalizado anhelo de que nos empeñáramos en dejar de ser una Nación supeditada exclusivamente a la renta petrolera. La ruina o el coloniaje han sido el punto de llegada fatal de los países que ligaron su destino a una sola industria extractiva, manipulada por capitales extraños. Diversificar y venezolanizar nuestra economía resul­taba así una necesidad imperiosa. Y convencidos de ello, hemos autorizado a la Corporación para que invierta 87 millones de bolívares en fomentar industrias exclusivamente nacionales, o asociadas en condiciones equitativas con el capital importado; y 7 millones de bolívares al estudio preliminar de las posibilidades venezolanas para el desarrollo de ambiciosas empresas del futuro que serian las empresas siderúrgicas y eléctricas, utilizando para éstas nuestras hoy inaprovechadas caídas de agua [los destacados son nuestros]. ²⁰

Adversar discursivamente la producción petrolera “manipulada por capitales extraños”, sería una manera de avanzar con razones “venezola­nistas” hacia la superación de la dependencia de la renta y la vía era la de estimular otras formas productivas. En aras de la diversificación econó­mica e industrialización del país, allanaba el camino Betancourt al apro­vechamiento de los recursos hídricos para la generación de electricidad y a la creación de lo que poco tiempo después sería la Planta Siderúrgica de Guayana, fundada durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, en 1953.

La Corporación de Economía Básica de Nelson Rockefeller

Tras exaltar la moral del funcionariado en lo que respecta a las políticas crediticias de su gobierno, Betancourt habló del magnate petrolero Nelson Rockefeller en aquel discurso ante los empresarios venezolanos:

También cree el Gobierno que es necesario y útil el aporte del capital extran­jero al desarrollo de nuestra economía. Por eso propició la venida al país del Sr. Nelson Rockefeller, representante de importantes corporaciones inversionistas de los Estados Unidos. Pero entiende perfectamente que ese aporte debe realizarse en forma tal que no se repita ya nunca más en Venezuela la peligrosa situación de que una rama cualquiera de nuestra economía esté monopolizada por capitales que no sean venezolanos. El capital importado debe venir en condiciones de cooperador, y no de colonizador. Esta idea se abre paso en los grupos inversio­nistas más inteligentes de otros países y por eso creemos perfectamente posible que puedan concurrir capitales y expertos a Venezuela, sin aspirar a lo que ya no podrían obtener: el control excluyente de toda concurrencia competitiva de una industria o de un grupo de industrias [los destacados son nuestros]. ²¹

No se trataba de cualquier personaje el referido por Betancourt. Rockefeller era para ese momento, junto con sus cuatro hermanos, uno de los propietarios de la Creole Petroleum Corporation (filial de la Stan­dard Oil of New Jersey) y había sido en tiempos de Franklin D. Roosevelt, coordinador de Asuntos Interamericanos en el Departamento de Estado, en 1942. Poco después, fue Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Lati­noamericanos. Es, nos dice el economista venezolano Francisco Mieres, un integrante de la “élite del poder” de Estados Unidos que supo “aprovechar la oportunidad que ofrecía el cierre de los mercados europeos para atraer a los países latinos más hacia nuestra órbita”. Además, Rockefeller —con gran influencia en el Partido Republicano—, fue durante el gobierno de Harry S. Truman, el Jefe de la Junta Asesora de Desarrollo Internacional. El banco de la familia Rockefeller, el Chase Manhattan Bank, tuvo un papel destacado en el “Plan Marshall” de reconstrucción de Europa en la posguerra. ²²

Para más detalles de la relación entre el gobierno revolucionario y los trusts energéticos, volvamos a la obra Venezuela, política y petróleo, escri­ta por Rómulo Betancourt en prosa a veces mordaz y publicada por vez primera en 1956 por el Fondo de Cultura Económica de México. Para en­tonces, el político venezolano estaba en el exilio y en su país gobernaba el general Marcos Pérez Jiménez, su antiguo aliado. Nos interesa lo que en su obra dice Betancourt acerca de Rockefeller y la Corporación de Economía Básica (CEB), creada durante el “trienio” como una estrategia de desarrollo económico que iba a la par de la Corporación Venezolana de Fomento.

La ceb, organizada por Rockefeller, fue fundada con recursos de las concesionarias que operaban en suelo venezolano: 8 millones de dólares aportó la Creole Petroleum; 4,2 millones de dólares dio la Royal Dutch Shell y con 3 millones de dólares contribuyó la Mene Grande Oil Com­pany; estas últimas de capital anglo holandés. ²³ Esta corporación (en la que el Estado venezolano tenía la mitad de las acciones, según Betancourt), se estructuró en tres empresas, una agropecuaria, una pesquera y una de distribución de alimentos a través de un sistema de cadenas de supermer­cados. La ceb trascendió al breve gobierno de Gallegos y cuando llegó la Junta Militar que derrocó a éste, afirma Betancourt, se “apresuró a vender las acciones del Estado”. ²⁴

Betancourt explica en su obra que la desconfianza infundada de sus adversarios políticos carecía de peso porque:

El clima de recelo y desconfianza que existía en torno a los consorcios petrole­ros era evidente, y muchos consideraban de buena fe como algo al margen de lo posible que esas empresas cooperaran sin objetivos ocultos en actividades no orientadas por el afán de grandes ganancias. Olvidaban que no era de ellas, sino de un Gobierno vigilante y sin complejos de inferioridad frente al cár­tel del petróleo, de donde había partido la iniciativa de solicitar la coopera­ción suya al propósito de crear y distribuir entre la población consumidora la mayor cantidad posible de artículos básicos para las necesidades humanas. ²⁵

La fundación Rockefeller de Estados Unidos sostenía la Corporación Internacional de Economía Básica (IBEC, por sus siglas en inglés) y tuvo presencia importante con programas como el de la CEB de Venezuela en otros países. Por ejemplo, en Ecuador, también petrolero, durante el man­dato de Galo Plaza Lasso (1948-1952) la IBEC apoyó programas de desarro­llo económico en áreas como la agricultura. ²⁶

Un año antes del discurso de Betancourt en el cónclave de Fedecáma­ras, en la Introducción a la Memoria del Ministerio de Fomento, su titular Juan Pablo Pérez Alfonzo —quien en 1960, sería un factor clave para la creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo—, ratifica­ba la continuidad de los compromisos con las empresas petroleras. Leamos lo siguiente del documento:

Desde que asumió el poder el Gobierno Revolucionario garantizó el cumplimiento de la Ley de 1943 (Ley de Hidrocarburos de Medi­na), porque esa Ley combatida en su oportunidad por el Partido que comparte responsabilidades de gobierno, en definitiva llegó a ser Ley de la República y la continuidad de la vida del Estado reclamaba que en general se respetasen los compromisos legalmente establecidos. ²⁷

Veamos más de lo que dijo el ministro Pérez Alfonzo:

Debe ser principio de la política petrolera cuidar de mantener una justa parti­cipación en las utilidades de la explotación, de modo que sin desalentar el mayor desarrollo de la industria por la afluencia de nuevos capitales, respete también una equitativa participación para el pueblo que es dueño de los yacimientos explotados. Sin llegar a las exageraciones impremeditadamente supuestas por el oficialismo cuando presentaba la Ley de 1943, como algo que no era, se ha aceptado general­mente, aun por quienes combatieron la Ley, que es razonable y equitativo en situa­ciones normales un reparto por igual de ganancias [los destacados son nuestros]. ²⁸

Otro detalle importante: la democracia adquiere un sentido agrega­do al de la posibilidad de elegir autoridades en términos de representa­ción. Ahora, el pueblo es el “dueño de los yacimientos”, aspecto que si bien no quedó establecido en la Constitución de 1947, estaría dando pie a un nuevo imaginario —que se mantuvo en el tiempo—, sobre la rela­ción del ciudadano común con la principal fuente de riqueza de la Nación.

Apurar el crecimiento económico antes de que se agotara el petróleo

La industrialización a partir del aprovechamiento de la renta en aras de la diversificación de la economía, criterio patentado en la célebre frase de “sembrar el petróleo”, era la estrategia para el desarrollo del país, conven­cidos además como estaban en Venezuela y en el resto del mundo, de que el petróleo se agotaría en el mediano plazo o que sería sustituido por otras fuentes de energía.

Las políticas económicas respondían a una lógica que estaría en sintonía con la manera como se entendía que deberían crecer los países menos in­dustrializados como Venezuela en aires de la posguerra. En un discurso del constituyente Luis Felipe Hernández, afecto al Gobierno, da cuenta de lo que pudiera ser una forma de Estado de bienestar en el país, en un tiempo en el que se pensaba que se agotaría el petróleo, por lo que habría que acelerar el proceso de ruptura de dependencia de la renta petrolera. Veamos:

Venezuela contempla el problema de que en la forma en que hoy se están explotando los recursos naturales del país, en vez de crear riquezas se están agotando riquezas. Es necesario, pues, que de esa enorme riqueza que signi­fica la explotación del petróleo en Venezuela, se derive esa fórmula que inició Adriani, el notable economista de ‘sembrar el petróleo’, es decir que se hagan inversiones reproductivas para que vengan a crearse otras fuentes de riqueza para el país, a fin de que en el momento en que aquélla, con la explotación ex­haustiva que se hace de ella, se agota, pueda entonces de otras fuentes derivar la economía del país la base de su sostenimiento y desarrollo. El tercer punto que se propone enfocar el Consejo de Economía es: una organización social en que se evidencie que el primer deber del Estado es el bienestar humano y que es in­dispensable garantizar a todo hombre que trabaje, una vida sin inquietudes ni amarguras, a base de salarios justos y estables [los destacados son nuestros]. ²⁹

Por otra parte, uno de los miembros del gabinete de la Junta, Carlos D´ Ascoli, encargado del Ministerio de Hacienda, en una exposición radiada el 15 de octubre de 1946, dejaba claro la concepción de la democracia y el papel de la Junta Revolucionaria. Esto dijo:

[…] hay que tener, ante todo, muy claramente a la vista las dos misiones del Gobierno actual, que constituyen, no vacilaré en decirlo, la justificación histórica misma de la Revolución de Octubre. En primer lugar la devolu­ción al pueblo del derecho de representación que comencé señalando; y en segundo lugar, el empleo, son tardanza de todos los recursos públicos en el rescate y vitalización de nuestra economía antes de que se agoten o sean des­plazados por otra fuente de energía los yacimientos petrolíferos, alrededor de los cuales gira, desde hace un cuarto de siglo, la vida económica del país. ³⁰

Ya hemos descrito el componente de la democracia como representación; aquí se suma el empleo como factor del bienestar de la gente. Para la época, al menos en Venezuela, eran aspectos innovadores, no obstante ya rondaban en el debate mundial como parte de las propuestas de Naciones Unidas y las emergentes democracias de la posguerra. Lo que planteaba el funcionario for­mó parte de la retórica oficial de lo que vendría después como políticas públi­cas orientadas a atender el tema de lo social, eso ya en tiempos del retorno de la democracia que sobrevino a la dictadura militar de Pérez Jiménez.

En el campo venezolano no se cosechó el petróleo

Llama la atención que durante el “trienio” no se diera mayor importancia al tema agropecuario como estrategia de desarrollo económico. Se priori­zó la industrialización, el comercio y algunos programas sociales, pero no estaba en los planes de la economía política la consolidación autónoma de otros sectores como el agropecuario, sin dependencia de capital y tecno­logía externas, aprovechando además la coyuntura de escasez de la pos­guerra. Si bien durante el “trienio” era una constante hablar de la reforma agraria, ésta no llegó a consumarse en los términos esperados. Fuera del poder, Betancourt y los voceros de Acción Democrática argüían que era Zolano, ya que el “cuartelazo” de 1948, año del derrocamiento de Gallegos, frustró esos planes.

En la introducción a la Memoria del Ministerio de Agricultura y Cría, correspondiente a 1946, su titular, Eduardo Mendoza Goiticoa, endosando a las administraciones anteriores los males del sector agropecuario y ad­mitiendo que la situación no había cambiado en el nuevo gobierno, toma prestada palabras de Alberto Adriani, quien en su memoria como Ministro de Fomento en 1936, para proclamar la urgencia de la “siembra petrolera”, decía que:

[…] hoy, pasados 10 años de la fundación del Ministerio de Agricultura — mal llamado después de Agricultura y Cría—, nos vemos obligados a repetir las mismas frases de Alberto Adriani, con idéntica angustia, pero acentuada la gravedad del problema ante el déficit catastrófico de la producción agrícola venezolana: ‘Las industrias agrícolas pasan hoy por una crisis de singular gravedad. Es de urgencia adoptar la técnica que otros países están aplicando desde hace mucho tiempo […] Para integrar esta labor y para hacerla posible, se requiere un sistema de crédito agrícola y que se estimule el establecimien­to de cooperativas de producción y de venta y otras formas de asociación. Reviste inmensa importancia el hecho de nuestra despoblación, de nada valen nuestras riquezas potenciales sino se explotan, sino están acompaña­das de la presencia del hombre que pueda activarlas. A ello puede contri­buir la inmigración y una sabia política de colonización. Así pues, técnica, crédito y población son la base del desarrollo de nuestra riqueza, que es y será durante mucho tiempo, riqueza agrícola. Principalmente para esa labor, el Despacho invoca y solicita el apoyo decidido del Congreso Nacional’. ³¹

El tiempo demostró una realidad distinta a la que aspiraban Adriani y el ministro Mendoza. No hubo manera de garantizar la población suficiente en el campo para explotarlo y, aunque había posibilidades de crédito, resultaba difícil que las técnicas pudieran utilizarse en Venezuela de manera autoges­tada, sin la dependencia de los centros industrializados que controlaban los mercados mundiales, como ocurrió en la industria manufacturera. Esa si­tuación trajo consigo la consolidación de lo que el economista venezolano Domingo Maza Zavala llamó en su momento un sub capitalismo; una suer­te de “capitalismo incompleto”, en el sentido de que se asimilaron patrones foráneos de producción, consumo y comercio, además de que se generaron mecanismos de dependencia de tecnología y materia prima externas que si bien generaron una plusvalía a lo interno, no permitieron la exportación de los excedentes de la producción ni la capacidad de sostenerse autónomamen­te en el tiempo. ³² El ministro Mendoza, sigue su diagnóstico, apoyado en unas cifras desconcertantes:

Hace pues, más de 10 años que se determinaba en forma concreta el papel que debía desempeñar el Ministerio de Agricultura en el desarrollo de Venezuela [...] Contrasta el hecho de que Venezuela para 1830 contaba con 400 000 cabe­zas de ganado que se elevan en 1841 a 2 000 000 con un aumento progresivo hasta alcanzar más de 4 000 000 y este enorme incremento realizado sólo por el esfuerzo del hombre, sin ayuda gubernamental ni crediticia de ninguna clase, sufre un descenso acentuado en el transcurso de 106 años para llegar hoy a 2 800 000 cabezas, precisamente cuando el requerimiento dietético mínimo del mercado venezolano necesitaría, para esta fecha, una riqueza de 7 000 000 millones de vacunos para suplirnos las 7 000 reses anuales que hoy se requieren. ³³

Agrónomo de profesión, y conocedor de la situación planteada, Men­doza explica las causas del atraso de la producción agrícola. He aquí una parte de la impronta de la producción petrolera y la modernización en la economía venezolana, en palabras del Ministro:

La demanda creciente de mano de obra en los centros urbanos, el éxodo de campesinos hacia centros poblados, así como la competencia de las dis­tintas explotaciones mineras y de los trabajos de obras públicas, han traí­do como consecuencia el hecho de que el ramo más afectado de la produc­ción, haya sido el de frutos menores [...]. Este desplazamiento campesino a los medios urbanos a hecho sentir seriamente el angustioso desequili­brio de nuestra agricultura, basada en métodos rutinarios, ignorante del progreso que anima a otros ramos de la economía nacional, porque si los sistemas de cultivos fueran modernos y la tierra se explotara conveniente­mente, la concentración urbana produciría más bien ventajosas consecuen­cias, como son: mayor demanda, mercado fijo y precios remuneradores. ³⁴

Y de la anhelada reforma agraria, tampoco pinta un panorama opti­mista Mendoza, ya que:

Es una verdad incontrovertible que aun cuando la concepción de la reforma agraria se plantea en términos políticos, su realización está basada exclu­sivamente en la técnica. Sólo ésta puede llevar al terreno de los hechos los postulados políticos que orientan una determinada reforma agraria. Resulta imposible pretender obviar, dentro de un lapso perentorio y de manera de­finitiva en todo el país, un problema que tiene raigambres tan profundas. ³⁵

El sucesor de Eduardo Mendoza en el Ministerio de Agricultura y Cría, fue Ricardo Montilla, quien en la memoria de su gestión del año 1947, admitía que:

A partir del implantamiento (sic) de la industria petrolera en nuestro país, la explotación agrícola ha venido sufriendo una serie de entorpe­cimientos que la hacen cada día de más difícil realización, si no se re­curre a una transformación radical en su sistema […] Atado el criador a un sistema de explotación semifeudal; abandonado la mayoría de las veces al destino de sus propios recursos, sin orientación técnica de nin­guna clase, muy poca era la contribución que podría aportar […]. ³⁶

El propio Betancourt, aunque destaca las inversiones hechas por la Junta Revolucionaria en el sector, sobre todo para fomentar la producción de azúcar, ganado y leche, a través de planes de regadío y mecanización, créditos para cooperativas de campesinos y para particulares, también reconoce que poco se hizo para impulsar la agricultura. En su citada obra dice:

No se puede asignar extraordinaria importancia a los logros obtenidos du­rante la etapa de gobierno de ad, en cuanto al aumento del volumen físico en la producción agrícola. Esos éxitos, valuados en términos de toneladas, fueron de importancia limitada, porque se alcanzaron sin previa transfor­mación del medio físico, sin realizarse una reforma agraria profunda, sin haberse extendido la mecanización a todas las zonas rurales. Y valieron, sobre todo, como argumento decisivo para desmantelar una tesis, mine­ralizada casi en la conciencia nacional. La del que el desarrollo agrícola era un imposible en Venezuela y estaba condenado el país a ‘disfrutar del sol mientras alumbrara’; a alimentarse mientras tuviéramos petróleo para pagar las importaciones del exterior de casi todo lo que se consumía. ³⁷

Quizás estas palabras podrían explicar por qué tampoco cristalizó el proyecto de la Corporación de Economía Básica, en lo que respecta a la empresa agrícola, ni siquiera en el gobierno de los militares que derrocaron a Rómulo Gallegos en el año 48 y que tuvieron una década al frente del poder en Venezuela.

A modo de cierre

En contextos de contradicciones y disputas, hay desde los años 20 del siglo pasado un leit motiv en los discursos de la política venezolana: el petróleo, que ha servido para unos y otros, los que gobiernan y sus adversarios, para presentarse como los impulsores del anhelado desarrollo del país, aprove­chando la renta petrolera.

El hito iniciador de la era petrolera en Venezuela está ubicado en la lar­ga dictadura de Juan Vicente Gómez, cuando entraron en escena las com­pañías petroleras anglo holandesas y estadounidenses como concesionarias para la extracción del hidrocarburo que ha dinamizado el capitalismo mundial durante más de un siglo. De este sistema depende Venezuela des­de entonces como “captador de renta”, en palabras del intelectual Asdrúbal Baptista, autor de la categoría capitalismo rentístico. El petróleo, en manos de un Estado propietario bajo cuyo designio está el destino de la renta y su repartición para el resto de la sociedad, es el eje del que desde entonces se parte para proyectar el país en lo económico, lo político y lo social. A eso se suma la impronta cultural de este largo proceso económico y que ha sido tema de otros estudios.

Si bien tres años son poco tiempo para consolidar un proyecto de gobierno, nos interesaron los discursos oficiales sobre el desarrollo o cre­cimiento económico y el proyecto industrializador de los detentores del poder durante este período. El drástico “cuartelazo” del año 48, frustró los planes de la “siembra del petróleo” de los dos gobiernos iniciales de Acción Democrática. Otro norte tomó el Estado militar que vino después del trienio para aprovechar la riqueza del subsuelo; se denominó el Nue­vo Ideal Nacional, plasmado en grandes obras de infraestructura que se mantuvieron en el tiempo. A su manera, los del trienio y los militares que gobernaron hasta el año 58 versionaron la “siembra del petróleo”, sólo que los segundos o, para ser más precisos, Marcos Pérez Jiménez, logró perpe­tuar en la memoria de los venezolanos su gestión modernizadora a base de concreto armado y escasos avances sociales.

Cuando regresó la democracia al país en 1959, continuaron los inten­tos iniciados en aquella Junta para alcanzar la “venezolanización de la in­dustria” de la que hablaba Betancourt con vehemencia. Hoy, seguimos de­pendiendo del mercado petrolero exógeno con la misma particularidad de que quien controla el flujo del “oro negro” en Venezuela, es decir, el Estado propietario, dicta a lo interno las condiciones de juego al resto de la socie­dad, con no poca resistencia de sus adversarios. El pueblo, que ya desde la era de la Junta Revolucionaria aparece en los discursos como dueño de los yacimientos, sigue los vaivenes la pugnacidad entre los factores políticos.

A propósito de la metáfora de la siembra del petróleo, resulta para­dójico que a pesar de la posición importante que tuvo Venezuela como exportador agrícola antes de la explotación de hidrocarburos, no se haya cristalizado la “cosecha del petróleo” en el campo. Aquel país exportador de café y otros rubros de gran demanda más allá de sus fronteras, se desdibujó ante la consolidación del modelo petrolero. Las condiciones del suelo y una voluntad política (aunque con poco eco) favorecían el proyecto de reforma agraria como una manera de diversificar la economía, pero el paso del tiempo demostró que el mercado mundial de combustibles terminó condicionando a la política.

Queda para la reflexión cuánto de lo ocurrido se ha mantenido en el tiempo, para contradecir el aforismo aquel de que la historia sirve para aprender de los errores del pasado y no repetirlos.