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La intervención de bienes en Baja California Sur durante la Revolución Mexicana: su impacto en la economía

 

Property intervention in Southern Baja California during the Mexican Revolution: its impact on economy

 

La confiscation des biens en Basse Californie du Sud durant la Révolution mexicaine: son impacte dans l'économie

 

Edith González Cruz

 

Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Correo electrónico: edith@uabcs.mx

 

Fecha de recepción: 26 de junio de 2013
Fecha de aprobación: 7 de enero de 2014

 

Resumen

El presente artículo tiene como objetivo explicar el impacto que tuvo la revolución mexicana en la economía del distrito sur de la Baja California, siguiendo el camino de la intervención y destino de bienes que hicieron los grupos revolucionarios. Se podrá advertir que fue una acción que no se extendió a lo largo del distrito ni alcanzó a todos los sectores económicos, y que respondió al cobro de facturas políticas y de negocios. Aquellos propietarios que se mantuvieron relativamente al margen de la lucha por el poder o bien porque accedieron a las disposiciones de la facción militar que dominaba la región no fueron sujetos al control de sus bienes.

Palabras clave: intervención de bienes, distrito sur de la Baja California, Gastón J. Vives, Miguel L. Cornejo, Félix Ortega.

 

Abstract

The present paper seeks to explain the impact of the Mexican Revolution on the economy of the Southern District of Baja California, concerning the intervention and use of property accumulated by the revolutionary groups. It will be pointed out that it did not extend all the way along the District, neither did it reach all economic sectors, and it responded to political and business payments. Exempt from property control were those owners who stayed in a relatively marginal position in the fight for power, as well as those who showed willingness to support the military faction that dominated the region.

Key words: property operation, Southern District of Baja California, Gastón J. Vives, Miguel L. Cornejo, Félix Ortega.

 

Résumé

L'article cherche à expliquer l'impact de la révolution mexicaine dans l'économie du district Sud de la Basse Californie à travers l'étude de la coniscation des biens et des usages qu'en irent les groupes révolutionnaires. On montre ainsi qu'il s'agit d'un acte qui ne s'étendit pas sur tout le district, ne toucha pas tous les secteurs économiques et qui répondit plutôt à des règlements de compte politiques et d'affaires. Les propriétaires qui se maintinrent relativement en marge de la lutte pour le pouvoir ou qui accédèrent aux dispositions de la faction militaire dominant la région ne furent pas victimes du contrôle des biens.

Mots clé: coniscation des biens, district Sud de la Basse Californie, Gastón J. Vives, Miguel L. Cornejo, Félix Ortega.

 

La revolución mexicana es el objeto de estudio que más ha atraído la atención de investigadores tanto nacionales como extranjeros desde hace ya varias décadas. Al terminar el primer lustro de este siglo, Álvaro Matute afirmaba que la cosecha en esta temática había sido más pródiga que en cualquier otra;^[1] hoy se puede decir que la producción es mayor, alentada por la celebración del primer centenario del inicio de dicho movimiento.

Si bien es cuantiosa la producción historiográfica sobre la revolución mexicana y de ella ha derivado un conocimiento profundo sobre sus aspectos políticos y sociales, el rasgo económico comenzó a ser cultivado con mayor asiduidad a partir de la década de 1980. De esa producción historiográfica, sustentada principalmente en la historia regional, se ha venido desprendiendo una imagen que contrasta con aquellos trabajos de carácter general. En tanto la mayoría de estos últimos apunta que el aparato productivo se desarticuló por completo en el país durante el periodo de 1910-1920,^[2] los primeros sostienen que la afectación fue de manera parcial, es decir, que los efectos no fueron iguales en todas las regiones ni en las actividades económicas, como tampoco se registraron al mismo tiempo.^[3]

Por consiguiente, el presente trabajo tiene como propósito dilucidar el impacto que tuvo el movimiento revolucionario en la economía del distrito sur de la Baja California, siguiendo el camino de la  intervención y destino de bienes que hicieron los grupos revolucionarios. Si bien esta propuesta de análisis ha sido explorada por Romana Falcón para conocer “las convicciones más íntimas de los revolucionarios de San Luis Potosí respecto a la revolución y el orden agrario y social que anhelaban”,^[4] resulta pertinente para abonar al impacto que esa acción dejó en la economía, en razón del destino que tuvieron los bienes intervenidos. De esto último, Falcón da cuenta de tres: reparto a los campesinos desposeídos; explotación directa o en arrendamiento de las propiedades para el sostenimiento de los ejércitos, gobiernos y, en algunas ocasiones, para beneficio personal de los dirigentes; como saqueo y destrucción, sin mayor interés posterior sobre el bien y sin importar su pérdida como unidad productiva. La misma autora refiere que estas tres posturas fueron asumidas por cada una de las facciones revolucionarias, aunque lo hicieron en grados diferentes.^[5] 

Tres partes conforman este estudio: en la primera se hace un esbozo de la estructura económica y política que imperaba en el distrito sur antes del estallido revolucionario; en la segunda, se analiza el proceso de intervención de bienes y el destino que tuvieron éstos; y, por último, se aborda la forma en que se condujo la desintervención de bienes.

 

Vale precisar que, a partir de 1888, por disposición del gobierno central, el territorio de la Baja California fue dividido en dos distritos político-administrativos: el Norte y el Sur, cada uno con su propia estructura de gobierno; mismos que, a su vez, se subdividieron en partidos. El distrito sur, región objeto del presente trabajo, quedó integrado por el partido centro (que comprendía las municipalidades de Mulegé y Comondú)  y el partido sur (con las jurisdicciones de La Paz, San Antonio, Todos Santos, Santiago y San José del Cabo). La división en distritos no liberó al gobierno central de su atribución de decidir sobre el ordenamiento jurídico y la organización del poder político en cada uno de éstos, debido a que se siguió conservando el carácter de territorio. Así pues, en el distrito sur el poder ejecutivo lo ejerció una jefatura política, cuyo titular era normalmente un militar ajeno al lugar, designado por el presidente de la república y con asiento en la ciudad de La Paz, capital del distrito; igual situación se tuvo en el poder judicial, a excepción de los jueces de Paz y auxiliares cuya nominación estaba a cargo de los ayuntamientos respectivos. Así, el único espacio de poder que tenían los sudcalifornianos eran los ayuntamientos, en ellos los nombramientos se hacían por elección directa y su temporalidad era de dos años, aunque se renovaban por mitad anualmente.^[6]

 

Un acercamiento a la región en vísperas del estallido revolucionario

El distrito sur de la Baja California no quedó al margen de la política modernizadora del régimen porfiriano. Con el acceso de extranjeros y nacionales a las tierras, minas y patrimonio marítimo, dicha región fue adquiriendo un nuevo rostro caracterizado por el predominio de una economía de mercado, cuya base descansó principalmente en la minería de plata y cobre. La explotación argentífera tuvo como centro la municipalidad de San Antonio, donde la compañía estadounidense El Progreso se dedicó a la extracción, beneficio y comercialización de la plata desde 1878, mientras que la empresa francesa El Boleo desarrolló la actividad cuprífera en Santa Rosalía, municipalidad de Mulegé, a partir de 1885.

La explotación a gran escala que efectuaron estas compañías, requirió de grandes contingentes de trabajadores, además de una diversidad de bienes de capital y de consumo. De ahí que paralelamente al crecimiento demográfico de la media península, fueran despabilándose la actividad agrícola, pecuaria, industrial y comercial, amén del desarrollo de las comunicaciones terrestres y marítimas. Sin estas últimas era inconcebible la importación y traslado de bienes de capital y consumo, así como la exportación de cobre, plata y otros productos. A esto respondió la política de subvenciones a compañías navieras por parte del gobierno de Díaz, que permitió enlazar no sólo la actividad mercantil en la región, sino que ésta se articuló a los mercados nacionales y extranjeros.

El capital extranjero incursionó también en la pesquería de perlas, actividad que llevó a cabo la compañía inglesa La Mangara, que en 1896 obtuvo autorización del gobierno federal para explotar el recurso perlero en las aguas del golfo de California, desde la desembocadura del río Colorado hasta el cabo de San Lucas, en una anchura de diez kilómetros contados desde la playa mar adentro.^[7]

La participación de los capitales locales se limitó prácticamente al desarrollo de la agricultura, ganadería, industria de transformación, comercio, extracción de sal y pesquería y cultivo de perlas. En tanto las primeras actividades se practicaron por toda la geografía distrital, la extracción de sal y la pesquería y cultivo de perlas fueron monopolizadas por empresarios residentes en la ciudad y puerto de La Paz: uno de ellos era Gastón J. Vives, quien, desde 1886, ocupó el cargo de quinto regidor y a partir de 1894 se desempeñó como presidente municipal, hasta el 31 de mayo de 1911, cuando fue obligado a renunciar.^[8] En 1903, en sociedad con su hermano Edmond Vives, el gran comerciante y empresario Antonio Ruffo, Francisco A. González (hijo de Miguel González, otro de los principales empresarios y comerciantes de La Paz), el doctor Manuel Hidalgo, igualmente distinguido comerciante del puerto, y el licenciado Eugenio Sánchez Laurel, constituyó la Compañía Criadora de Concha y Perla de la Baja California, S. A., la cual se dedicó al desarrollo y explotación de concha perla en la isla de Espíritu Santo y sus alrededores.

Otro empresario que tuvo que ver con el negocio de las perlas fue Miguel L. Cornejo, a quien el gobierno federal concesionó una zona marítima, denominada Chamela. Ahí se dedicaba a la extracción de la riqueza perlera, en tanto que en la salina de Pichilingue obtenía sal, desde que en 1911 se la arrendaba a la autoridad central. Otro negocio al que tuvo acceso fue la elaboración de botones de concha perla, al que se dedicó desde 1905, y cuyas instalaciones fueron ubicadas a la vera del mar, donde se encontraban montadas 40 máquinas, entre cortadoras, perforadoras, labradoras, pulidoras y esmeriles.^[9]

Relacionado con el negocio de la sal estuvo también José Arce, apoderado general de Gastón J. Vives y diputado federal suplente en el periodo 1910-1912. Por contrato que firmó con el gobierno del centro el 22 de julio de 1908, Arce obtuvo permiso para explotar la salina El Amortajado, ubicada en la isla de San José. Se desconoce el monto de la producción, pero se sabe que una parte de ésta se destinaba a la comida de los buzos, y la otra se exportaba en los barcos que transportaban las perlas.

Un indicador del nuevo estado de la economía son las cifras sobre producción que se tienen para 1910. En la actividad minera, el cobre alcanzó su mayor volumen: 13 000 toneladas, lo que se tradujo en casi 25% de participación nacional; junto con Sonora, dicha contribución se elevó, ese año, a 85%.^[10] En cuanto a la producción de plata, ésta alcanzó cerca de cinco toneladas, una aportación nacional de 0.2%; no obstante, su impacto social y económico en el partido sur era importante, de manera particular para la elite de comerciantes de la ciudad de La Paz, que se había robustecido con el desarrollo de la minería en la cercana municipalidad de San Antonio.^[11] En el sector agrícola se registró una cosecha (granos, hortalizas, frutas y caña de azúcar) de 14 516 toneladas, 160% más de la que se obtuvo en 1892, pero alrededor de 14% menos de la que en promedio anual se había reportado durante esa primera década del siglo XX. Las causas de esta disminución fueron  la escasez de lluvias, la aparición de algunas plagas y la insuficiencia y encarecimiento de los sistemas de riego. El rubro pecuario reportó 46 778 animales (vacuno, caballar, mular y asnal), una riqueza disminuida en casi 40% en relación con el año de 1909, pero que había venido manteniéndose a la alza a partir de fines de la década anterior; las severas sequías y la aparición de algunas epizootias son posibles causas de esa debacle ganadera.^[12] De la actividad perlera, sólo se sabe que la empresa de Vives contaba con una inversión de más de seiscientos mil pesos y que, al estallar la revolución en el distrito, sus siembras en los criaderos llegaban a casi tres millones de conchas en pleno desarrollo; en tanto que en sus viveros o depósitos poseía cerca de cuatro millones de crías, listas para sembrarse.^[13]

Ese nuevo rostro de la economía se reflejó en la actividad mercantil, como se colige de las cifras de exportación e importación que se registraron en el año de 1909-1910 en las aduanas de La Paz y Santa Rosalía. En total, en el lapso de 1877-1910, las primeras tuvieron un comportamiento promedio anual de dos millones ochocientos cincuenta y cinco mil pesos, cuando en 1872-1873 apenas rebasaron los trescientos mil pesos; por su parte, las segundas, de 140 mil pesos en 1872-1873, manifestaron un crecimiento en promedio al año de un millón trescientos ochenta y seis mil pesos, a partir de 1888.^[14] 

Un último aspecto a considerar en esta nueva fisonomía es el de la población, que pasó de 22 896 habitantes en 1878 a 42 512 en 1910, un crecimiento por año de 2.6% en promedio. Es de apuntar que casi 70% de esa población estaba concentrada en los dos centros mineros y en la ciudad de La Paz. Por consiguiente, fueron estos lugares los asientos principales de la población económicamente activa, pues ahí se concentraba el 71% de las 15 850 personas ocupadas, cuya distribución era como sigue: Mulegé, 37.8%, La Paz, 21% y San Antonio, 12.2%.^[15]

Sin embargo, esa modernización económica no se correspondió con un ejercicio de integración social y política de los nuevos sectores sociales a que había dado lugar, esto es, los pequeños y medianos propietarios del campo y la ciudad, los empleados y obreros. Poco a poco, a éstos se les fue cerrando el camino al poder municipal, que tendió más bien a un proceso de monopolización, a pesar de que el cargo de regidor era honorífico. Así que las manifestaciones de descontento de obreros, pescadores, empleados, pequeños y medianos propietarios, que comenzaron a expresarse en el distrito sur en el amanecer del siglo XX, tienen su explicación en esa contradicción de la política modernizadora del régimen de Díaz.

Aunque esas manifestaciones no desembocaron en la toma de las armas para adherirse a la revolución maderista, en el contexto de ésta se transformaron en un movimiento de expresión política que se organizó en torno al Comité Democrático Californiano y que desembocó en la caída de los ediles porfirianos. En su lugar se instaló un nuevo grupo, que resultó de una alianza entre aquéllos que habían crecido al amparo de la modernización porfiriana y un sector de grandes propietarios, venido a menos como consecuencia de su marginación política. Como otro efecto de la revolución maderista, estuvo la cancelación por parte del presidente Madero del contrato a la empresa inglesa La Mangara, con lo que se accedió a la vieja demanda de algunos sudcalifornianos de permitir la pesca libre en el golfo de California.

Fue tras el golpe de estado huertista cuando las armas salieron finalmente a relucir en el distrito sur de la Baja California. Para ese entonces, la economía seguía descansando en la minería, con la salvedad de que, desde diciembre de 1911, la empresa norteamericana El Progreso había arrendado sus minas, la hacienda de beneficio y demás propiedades a la Compañía Minas de El Triunfo, cuyos accionistas eran el general Félix Díaz, Luis Elguero, Javier Icaza y Landa, Carlos Fernández, José Verea y Mauricio de María y Campos.^[16] La razón que asentó la empresa en el contrato de arrendamiento que firmó por 25 años fue el “mal estado en que se encontraba la planta, pues sus aparatos todos y maquinaria están destruidos por el uso que de ellos se ha hecho en un periodo de más de 30 años, como porque las minas principales están llenas de agua y se requieren potentes bombas para desaguarlas, de las cuales se carece”.^[17] Es presumible que en esta decisión de la empresa hayan influido otros factores, como la cada vez baja ley de los minerales, la depreciación de la plata en el mercado mundial y el nuevo ambiente político que empezó a vivirse en el distrito con la caída de las autoridades porfiristas. Lo cierto es que la actividad minera siguió siendo la principal fuente de trabajo en la municipalidad de San Antonio.

 

Intervención y destino de bienes

El panorama económico comenzó a cambiar a partir de que se instauró el gobierno constitucionalista. El 18 de julio de 1914, después de enfrentar e imponerse a las fuerzas federales en la ciudad de La Paz, con el auxilio de una columna expedicionaria que lo acompañaba desde Sinaloa, Miguel L. Cornejo se hizo cargo de la jefatura política, como lo había dispuesto el general Obregón desde el 30 de abril; en tanto que Félix Ortega, en armas en el extremo sur de la península, fue nombrado jefe militar del distrito. El mismo día en que Cornejo asumió el gobierno, sus primeras acciones fueron predatorias y vengativas, pues éstas las dirigió hacia Gastón J. Vives, su principal competidor en negocios perleros, a pesar de haber comentado en público que no tenía amigos, ni enemigos y que daría garantías a todos los habitantes.^[18] Así pues, las fuerzas que lo acompañaban arrasaron con los cultivos y producción de concha y perla que la Compañía Criadora de Concha y Perla de la Baja California tenía en las islas de Espíritu Santo, Cerralvo y San José. Al respecto, José Arce, representante de la compañía, expresaba que ésta había sido “privada de sus oficinas, libros, comprobantes y papeles […], pues por orden del jefe de la expedición se mandaron confiscar todos los intereses de la compañía, viéndose obligado su gerente [Gastón J. Vives], empleados y trabajadores, en su mayor parte, a salir del territorio […]; numerosas máquinas de bucear invadieron los placeres, extrayendo la concha y destruyendo las crías y las obras”.^[19] Asimismo, la intervención se extendió a las propiedades urbanas y rústicas del propio gerente de la empresa (ver cuadro 1).

 

Igual suerte corrieron Edmond Vives y Francisco A. González, socios de la Compañía Criadora de Concha y Perla de la Baja California, a quienes se les intervinieron sus fincas urbanas en la ciudad de La Paz, y junto con ellos, Rafael Castillo, Rafael Osuna, Adrián Valadés, Modesto Márquez, Félix González y Prisciliano Díaz Bonilla, cuyos bienes no se igualaban a los que poseían Vives y sus socios, pero eran personas que se distinguían por pertenecer al mismo grupo político que encabezaba el empresario perlero y que había monopolizado el poder municipal en La Paz, por más de veinte años. Por ejemplo, Adrián Valadés se desempeñó como secretario del Ayuntamiento desde 1884 hasta 1911; retornó a dicho cargo con la usurpación huertista; al mismo tiempo fue secretario particular de la empresa de Gastón J. Vives. Con él entabló lazos familiares cuando su hija se casó con Edmond Vives. Por lo que toca a Rafael Osuna, éste fungió como regidor en 1890-1892 y como síndico, desde 1893 hasta 1911, excepto el bienio 1909-1910; con el golpe de Estado huertista, volvió al cargo de síndico. A Valadés se le intervinieron dos casas; a Osuna, su comercio, La Luz del Día, dos casas, así como más de doscientas cabezas de ganado; a Rafael Castillo, tres casas; a Modesto Márquez, su pequeño comercio y dos casas; a Félix González, cuatro casas; en tanto que Prisciliano Díaz Bonilla perdió su imprenta, donde se editaba el periódico El Pacífico, órgano que se distinguió por su crítica a los maderistas.^[20]

En la municipalidad de San Antonio fue intervenida la Compañía Minas de El Triunfo, entre cuyos accionistas se encontraba el general Félix Díaz, del que se afirmaba daba cobijo al grupo de Gastón J. Vives a través del doctor Federico Cota, quien por varios años figuró como presidente municipal de la jurisdicción antonina, además de ocupar la jefatura política y militar a partir del golpe de Estado huertista. Por lo que no resulta extraño que también a él le intervinieran algunas de sus propiedades: cuatro casas en el puerto paceño, el rancho El Centenario, ubicado en la municipalidad de La Paz, donde poseía alrededor de cien animales, entre bovinos y equinos.^[21]

En la demarcación de Mulegé, se vieron afectados Rodolfo Garayzar y Silverio Romero. Al primero le fue intervenido el vapor Ondina; al segundo, el ganado, una balandra y dos botes con sus respectivas máquinas de bucear.^[22] Fue apoderado de la compañía El Boleo y subprefecto político del partido centro. Abandonó este cargo al enterarse de que la ciudad de La Paz había sido tomada por las fuerzas constitucionalistas.

Al continuar la revolución y bifurcarse ésta en carrancistas y villistas, el distrito sur, en principio, quedó bajo las órdenes de esta última facción, representada primero por Crispín Rosas y después por Félix Ortega. Ambos mantuvieron las intervenciones hechas por el gobierno constitucionalista y continuaron con dicha acción, principalmente contra aquéllos que en el pasado reciente habían sido sus aliados políticos, como los hermanos Miguel e Ignacio L. Cornejo y Luis Gibert. A ellos les intervinieron sus casas y negocios (ver cuadro 2), pero no fueron los únicos: seguirían Néstor Pino, presidente municipal de Todos Santos y subprefecto político de San José del Cabo durante el régimen porfirista, lo mismo que el doctor Manuel Hidalgo, socio de Vives, y Wenceslao Villanueva. A los dos primeros les intervinieron las casas que poseían en la municipalidad de Todos Santos; al tercero las que tenía en la ciudad de La Paz.^[23]

 

Al asumir el control del distrito sur la facción carrancista, encabezada por Urbano Angulo, esta medida se dirigió hacia Félix Ortega, a quien se le incautaron todas sus propiedades urbanas y rústicas en las municipalidades de La Paz, San Antonio y Todos Santos, que en conjunto estaban valoradas en alrededor de trece mil pesos (ver cuadro 3); además de cerca de tres mil kilos de concha perla.^[24]

 

Por lo expuesto hasta aquí, se advierte que la intervención de bienes respondió al cobro de facturas políticas y de negocios. Aquellos propietarios que se mantuvieron relativamente al margen de la lucha por el poder o bien porque accedieron a las disposiciones de la facción militar que dominaba la región, no fueron sujetos del control de sus bienes. Por ejemplo, Antonio Ruffo y Miguel González e hijos, principales comerciantes de La Paz, cedieron a las solicitudes de préstamos tanto de la facción villista como de la carrancista. Ello les permitió sortear el vendaval revolucionario a pesar de que ambos tenían relación con Vives por el negocio de las perlas. Igual actitud asumieron los dueños de la compañía El Boleo, que, muy a su pesar, pero interesados en mantener la tranquilidad en el mineral, tuvieron que condescender con uno y otro bando.^[25] Sin embargo, nada de lo anterior impide considerar que la importancia económica de la empresa fue determinante para que los jefes revolucionarios contuvieran su actuar intervencionista contra ella.

Cabe mencionar también que la intervención de bienes se inició sin norma alguna que guiara la administración de éstos, como da cuenta el responsable de Bienes Intervenidos, nombrado por el gobierno central: “desde mi llegada a esta ciudad [La Paz], 24 de julio del año pasado [1916], procuré recoger de quien los tuviera, el archivo y demás datos de la Administración de Bienes de Ausentes, establecida por la jefatura política del C. coronel Miguel L. Cornejo. Ni la Aduana Marítima, ni la Comandancia Militar, ni particular alguno, pudo proporcionármelos”.^[26] En este mismo sentido se expresaba Gastón J. Vives, uno de los afectados, si bien reconocía que al hacerse la intervención se levantaba un inventario de los bienes, posterior a ello desaparecía la documentación relativa con el fin de “efectuar con libertad los robos y destrucciones”.^[27] Esto no era distinto de lo que sucedía en algunas otras regiones del país, por ejemplo, en San Luis Potosí, ante la falta de un procedimiento claro que regulara la vigilancia de los bienes, se optaba por medidas particulares.^[28]

Por lo que se verá enseguida, la intervención de bienes, por lo menos los de la Compañía Criadora de Concha y Perla de la Baja California, tuvo un carácter expropiatorio, pero no con el sentido social que lo hizo Villa en Chihuahua,^[29] sino con el fin de trasladar la propiedad de los bienes entre unos cuantos. Habrá que decir que en su gran mayoría constituyeron acciones temporales, que permitieron a los revolucionarios gozar del usufructo para beneficio propio o para el sustento de la administración pública, como se llevó a cabo en los estados vecinos de Sonora y Sinaloa.^[30]

En relación con el destino de los bienes intervenidos, los jefes revolucionarios asumieron ante todo una postura predatoria, sin importar que con ello se provocara la ruina de determinada unidad productiva, como sucedió con la Compañía Criadora de Concha y Perla de la Baja California, cuyas instalaciones y cultivos de concha-perla fueron destruidos y saqueados casi en su totalidad. Al respecto, Urbano Angulo, jefe político y militar del distrito, informaba a la Secretaría de Gobernación lo siguiente:

[…] a raíz de la ocupación de esta plaza por las fuerzas constitucionalistas que mandaba el coronel Miguel L. Cornejo, los bienes de la compañía en cuestión fueron intervenidos por aquel jefe y, como consecuencia del desorden que se produjo con este motivo, una parte de los bienes fueron a manos de los particulares o empleados de la administración del señor Cornejo, sin que éste, que fungía como primera autoridad, dictara alguna disposición para impedirlo.

Esta conducta fue seguida por las diversas facciones que han ocupado el territorio, al grado que cuando el subscrito arribó a este puerto en julio del año próximo pasado [1915], los muebles, enseres y útiles de la mencionada compañía, en su mayor parte habían desaparecido.^[31]

En efecto, varios de los bienes de la citada compañía fueron vendidos a particulares, como se asienta en un informe de corte de caja que rubrica el administrador de Bienes de Ausentes. Corresponde al mes de enero y primeros días de febrero de 1915 y en él se registra la venta de seis máquinas de buceo con sus respectivos accesorios, 12 canoas y dos botes,  de la que se obtuvo la cantidad de 3 333 pesos.^[32] Los informes que provienen de la misma oficina de bienes de ausentes, dejan ver también que otros bienes fueron rentados o prestados por órdenes de los jefes políticos en turno, incluido el propio Angulo, a pesar de informar al gobierno federal que ésta había sido una práctica de las autoridades que le precedieron.^[33]

Vale apuntar que entre los beneficiarios de estas ventas estuvieron Guillermo A. Moreno, quien encabezó entre 1910 y 1912 el movimiento por la pesca libre en contra de la empresa inglesa La Mangara y de Gastón J. Vives; y Alejandro E. Allinson,^[34] otro participante en ese movimiento y presidente municipal depuesto por el jefe político Federico Cota.

Misma suerte corrieron los bienes personales del gerente de la compañía y de su hermano, como lo menciona el encargado de los Bienes de Ausentes: “todos los muebles y objetos existentes en las casas de los señores Gastón y Edmond J. Vives, a cargo de la administración de Bienes de Ausentes, desaparecieron; habiéndose destruido aún hasta las puertas de dichas casas, y tengo noticias que la tropa que estuvo últimamente en esta plaza es la autora de esos hechos.”^[35]

La tropa a la que se hace referencia es la que había llegado de Sinaloa, a principios de diciembre de 1914, encabezada por los generales Ramón Iturbe y Ángel Flores, cuya misión era expulsar del distrito a las fuerzas villistas enviadas por José María Maytorena, gobernador de Sonora, sin lograrlo. Qué mejor comodidad para la tropa que hospedarse en casas, como las de los hermanos Vives, con amplias divisiones y arregladas con sillas y sofás austriacos, floreros de losa japonesa, espejos biselados, elegantes cortinas, lámparas por todas partes, roperos, mesas y trasteros de caoba, nogal y cedro.^[36] Pero al parecer, más que confort, lo que buscaban las huestes revolucionarias era apropiarse del botín.^[37]

En cuanto a las salinas, éstas también fueron objeto del saqueo tanto por los revolucionarios como por algunos particulares. Al tomar la ciudad de La Paz, en noviembre de 1914, el jefe villista Crispín Rosas se apropió de inmediato de la salina de Pichilingue y dispuso de las 2 000 toneladas de sal que ahí se encontraban, remitiendo parte de éstas al gobernador Maytorena. Igualmente, fue saqueada la salina El Amortajado, de José Arce aunque, al parecer, por particulares, con la anuencia de la autoridad distrital.^[38]

La otra postura de los jefes revolucionarios fue su interés por explotar los bienes intervenidos, es decir, mantenerlos como unidades de producción con el fin de beneficiar a los propios mandos militares, a particulares cercanos a ellos y solventar gastos de la administración pública. Postura que, por cierto, asumieron las dos facciones cuando cada una tuvo el control del poder en el distrito, con resultados no tan favorables. Un ejemplo de ello lo representa la Compañía Minas de El Triunfo cuyas actividades fueron dirigidas por los jefes políticos en turno a través de algunos empleados que venían sirviendo a los dueños. Sin embargo, la carencia de recursos públicos, las condiciones adversas en que se encontraban las minas, el deterioro de las instalaciones y la falta de insumos, limitaron los trabajos. A fines de noviembre de 1914,  aunque la producción fue rala, el jefe villista Crispín Rosas dispuso de 940 kilos entre plata y oro, mismos que remitió al gobernador de Sonora para que le enviara a cambio pertrechos militares y víveres.^[39]

Ante la imposibilidad económica de seguir operando directamente los trabajos de la Compañía Minas de El Triunfo, el gobierno de Félix Ortega autorizó, en febrero de 1915, a Francisco Lawrance y Sebastián Díaz para que explotaran los fundos mineros Guasave, Brasilar y La Cruz de las Flores, que tenían en copropiedad con los dueños de la citada empresa, a cambio de que 60% de la producción que correspondía a éstos se entregara mensualmente a la jefatura política. Para fines de mayo, cuando Ortega fue depuesto del cargo, Lawrence y Díaz suspendieron los trabajos a falta de rentabilidad; aunque el gobierno de Urbano Angulo intentó reactivarlos, no lo logró, al parecer.^[40] Hacia principios de 1916, Arturo C. Nalh, representante de los hipotecarios de la Compañía Minas de El Triunfo, refería el estado en que se encontraban esas instalaciones: “Siendo abandonadas todas esas propiedades, se han deteriorado y están sufriendo grandemente, perdiéndose maquinaria, útiles y enseres, secándose, además, el gran número de tanques de cianuración existentes, por permanecer sin uso y sin cuidado de guardarlos en buen estado”.^[41]

Mejor éxito tuvieron los jefes revolucionarios en la venta y arrendamiento de algunos bienes. Por ejemplo, entre diciembre de 1914 y enero de 1915, por enajenación de víveres (leche, manteca, azúcar, aceite y tomate), utensilios de trabajo y casa (máquinas de bucear, botes, canoas, pangas, remos, anclas, azadones, barrotes, mesas, roperos, tinas y casos de cobre), así como arrendamiento de viviendas, obtuvieron 5 532 pesos; mientras los gastos de la oficina de administración fueron de 654 pesos, lo que significó un ingreso para la jefatura política de 88% de dichos recursos. Por las fuentes que se tienen, se observa que estos bienes quedaron entre muy pocas personas, todas allegadas a los jefes revolucionarios, en especial a funcionarios del gobierno villista (ver cuadro 4), pero también parte de esos ingresos fueron a dar al bolsillo de algunos mandos militares.^[42]

 

Como se ha podido ver, la intervención de bienes fue una medida que no abarcó a todo el distrito sur, se limitó principalmente a las municipalidades de La Paz y San Antonio; como tampoco incluyó todas las actividades productivas. El cultivo de perlas, la explotación de sal y la minería de plata fueron las más afectadas, aunque esta última venía registrando ya un declive desde 1903, cuando pasó de casi 14 toneladas a 10 y cayó a menos de cinco en 1910. Con la revolución se precipitó su ruina, que provocó un decrecimiento de la población en la municipalidad de San Antonio: de 6 292 personas que había en 1910 se pasó a 3 870 en 1921, es decir, una reducción de alrededor de 40%.^[43] En cambio la minería de cobre, que explotaba la compañía El Boleo en la municipalidad de Mulegé, salió inmune del vendaval revolucionario, como lo muestran las cifras de producción, de trabajadores y de población (ver cuadro 5). Entre 1913 y 1919, la producción se mantuvo en promedio cerca de las once mil toneladas al año; los trabajadores, en alrededor de tres mil; mientras que la población en general no estuvo tan lejos de los once mil habitantes. No tuvo esta suerte la minería de cobre en Sonora, cuyas actividades en el mineral de Cananea se vieron interrumpidas temporalmente por la falta de combustible e inseguridad a causa del movimiento armado.^[44] La coyuntura de la primera guerra mundial reactivó las labores mineras en Sonora, y en el distrito sur permitió seguir manteniendo aquel ritmo de producción que venía desde el segundo lustro de la década de 1890. Sin embargo, el fin de ésta provocó una baja en la demanda y el valor del cobre, lo que se reflejó en el mineral de Santa Rosalía, tanto en el volumen de producción como en el número de trabajadores y población en general (ver cuadro 5).

 

La desintervención de bienes

Poco tiempo después de que Carranza instaló su poder en la capital del país, dispuso que todos los bienes intervenidos en las diferentes regiones quedaran sujetos al gobierno central, para lo cual creó la oficina de administración de bienes intervenidos. Dicha decisión implicaba, por un lado, proveerse de recursos económicos, y por otro, imponer su soberanía por todo el país en la desintervención o devolución de bienes.^[45] En el distrito sur de la Baja California, esa dependencia comenzó a funcionar en julio de 1916, supliendo a la de Administración de Bienes de Ausentes, que había instituido el jefe político Miguel L. Cornejo.

La desintervención de bienes fue una medida que Carranza ordenó a fines de 1915, que se caracterizó por ser un proceso largo y tortuoso. Quien se interesara debía dirigir su solicitud al presidente de la república, con el compromiso de “hacer formal renuncia, ante la oficina de Hacienda respectiva, a toda clase de reclamaciones que pudieran competerle por daños y perjuicios sufridos en sus fincas mientras las mismas estuvieron intervenidas”.^[46] Amparándose en esta disposición, los afectados en el distrito sur comenzaron el proceso; sin embargo, no todos corrieron con la misma suerte. Si bien el acceder o no a la desintervención era una decisión del gobierno central, en algunos casos pesó el sentir de las autoridades locales, quienes recurrieron a diversas argucias para dilatar o impedir el regreso total de los bienes.

Uno de los primeros en solicitar la devolución de bienes fue Gastón J. Vives, gerente de la Compañía Criadora de Concha y Perla de la Baja California, quien lo hizo en febrero de 1916:

Ahora que ya ha vuelto a establecerse el orden en aquella región y que impera en ella el gobierno legítimo, deseosa la empresa de hacer obra de construcción […] Pero para reconstruir el negocio y reanudar los trabajos es indispensable que esté en posesión de sus útiles, implementos, oficinas y demás bienes; por lo que acogiéndome a las formales y justas promesas que ha hecho el C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación […] por las que declara que la propiedad será debidamente respetada y restituidos en sus legítimos derechos los injustamente despojados de sus bienes, a Ud., señor Ministro, atentamente suplico se sirva librar sus respetables órdenes […] a fin de que a la mayor brevedad posible le sean devueltas a la Compañía y a su gerente todos sus bienes […]^[47]

El 11 de abril de 1917, el gobierno central accedió a esta solicitud de Vives, quien, como se recordará, se había distinguido por ser la cabeza principal de la elite económica y política del antiguo régimen. Al mismo tiempo, Carranza ordenaba al jefe político del distrito que le diera a éste todas las garantías a fin de que pudiera recuperar los bienes que estuvieran en poder de particulares. Sin embargo, hasta principios de enero de 1919, dichas disposiciones no habían sido cumplidas, como lo dejaba ver el apoderado de la empresa perlera en un oficio dirigido al gobernador del distrito.^[48] Precisamente, a principios de ese mismo mes de enero, el administrador de la oficina de bienes intervenidos en el distrito, Ignacio L. Cornejo, afirmaba: “en la relación de bienes intervenidos que se me dio, al hacérseme entrega de esta administración, no figura intervención ninguna propiedad, ni de la compañía citada, ni del señor Vives; sin embargo, el interesado debe indicarnos que propiedades son para buscar en los antecedentes y poder proceder desde luego a su desintervención”.^[49] Es presumible que no existiera rastro escrito de los bienes intervenidos a Vives, pero  resulta inconcebible que el administrador dijera desconocer ese hecho, cuando la intervención había sido una medida dispuesta por su hermano Miguel L. Cornejo, el mismo día en que se hizo cargo de la jefatura política. De ahí que en la actitud de Ignacio L. Cornejo, también empresario perlero, seguía latente ese sentimiento de contrariedad hacia Vives, no obstante que la mayoría de los bienes de la empresa y de él habían sido destruidos y saqueados, y los menos se encontraban en manos de particulares.

A pesar de que el gerente de la Compañía Criadora de Concha y Perla de la Baja California recurrió en diversas ocasiones a las instancias federales y distritales para rescatar sus bienes, e incluso autorizó a su apoderado: “celebrar transacciones o arreglos con los detentadores de tales bienes si fuere necesario […] haga y mejore pujas, asista a almonedas y remates; pida el remate de los bienes embargados y, en su caso, la adjudicación de ellos en pago”,^[50] para 1921 aún seguía sin recuperarlos,^[51] a causa de que los vencedores revolucionarios en el distrito fueron sus rivales económicos, es decir, el grupo que representaban los hermanos Cornejo.

Respecto a la Compañía Minas de El Triunfo, sus agentes acudieron también varias veces al gobierno federal para obtener la desintervención de ésta; petición a la que se sumó la compañía El Progreso, como propietaria de buena parte de esas propiedades. Finalmente, el 26 abril de 1917, el gobierno de Carranza acordó la devolución de los bienes a aquella compañía, con la condición de que ésta debía renunciar a toda clase de reclamaciones con motivo de los daños que hubieren sufrido sus bienes, amén de que el gobierno federal conservaría todas las acciones y dividendos que correspondieran a Félix Díaz, Carlos Fernández y José Verea.^[52]

Mejor ventura corrió el resto de los afectados, sin recorrer un camino tan largo, fue recuperando sus bienes, aunque también debían abdicar a todo tipo de reclamaciones por el quebranto de sus fincas mientras estuvieron intervenidas.^[53] En dicho acuerdo pudo haber influido que los afectados no se distinguieron como cabezas de la lucha revolucionaria escenificada en el distrito sur o porque formaban parte del grupo victorioso de la revolución, como lo eran los hermanos Miguel e Ignacio L. Cornejo. Por ejemplo, en octubre de 1916, el primero estaba ya en posesión de sus bienes, como se infiere de un mensaje que le envió el gobernador Enrique Moreno, para exhortarlo a que explotara nuevamente su fábrica de botones de concha perla. En tanto el segundo, como ya se ha anotado, hacia principios de 1919 era el administrador principal de la oficina de bienes intervenidos en el distrito.^[54]

Un caso contrario lo constituyó el de Félix Ortega. A pesar de haber acaudillado a la facción villista en la media península, recuperó todas sus propiedades a mediados de julio de 1921,^[55] al amparo del decreto federal, que se expidió en junio de 1920, referente a la desintervención de todos los bienes incautados, no sin antes renunciar a toda reclamación por daños.

En fin, la intervención de bienes fue una acción que no se extendió por todo el distrito sur de la Baja California, como tampoco alcanzó a todos los sectores económicos. En primer término se orientó al cobro de facturas económicas, por lo que no importó el carácter predatorio con que se ejecutó; enseguida sirvió para beneficiar a los propios mandos revolucionarios y a particulares cercanos a ellos, pero también en menor grado para solventar gastos de la administración pública.

Por consiguiente, la revolución no paralizó totalmente el aparato productivo ni puso fin a la estructura económica que venía del régimen porfiriano, cuya base era la explotación minera, en manos del capital extranjero. Así pues, la compañía francesa El Boleo, de mayor importancia en el distrito, no dejó en ningún momento de extraer y producir cobre. Una afectación parcial de la economía se vivió también en otras regiones del país, como en el distrito norte de la Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, cada una con sus respectivos matices.^[56]

Por lo que toca a las actividades que se vieron afectadas, como el cultivo de perlas y la minería de plata, éstas no volverían a descollar: la primera, debido al carácter predatorio de su intervención; la segunda, a causa del deterioro de las minas e instalaciones que venía desde tiempo atrás. Este último factor se agravó con la inactividad que provocó la guerra, de ahí que reactivarla implicaba una fuerte inversión de capitales, difícil de atraer en el contexto de la construcción del nuevo estado nacional, que se erigía sobre una base jurídica reivindicativa de la soberanía de los recursos naturales y de una nueva relación laboral.

 

Notas

^[1] Matute, Álvaro, Aproximaciones a la historiografía de la revolución mexicana, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2005, p. 55.         [ Links ]

^[2] Vernon, Raymond, El dilema del desarrollo económico de México, México, Diana, 1975, p. 95;         [ Links ] Hansen D., Roger, La política del desarrollo mexicano, México, Siglo XXI, 1983, p. 42;         [ Links ] Solís, Leopoldo, La realidad económica mexicana: retrovisión y perspectivas, México, Siglo XXI, 1983, pp. 76-77;         [ Links ] Knight, Alan, La revolución mexicana. Del porfiriato al nuevo régimen constitucional, vol. ii: Contrarrevolución y reconstrucción, México, Grijalbo, 1986, pp. 970-985;         [ Links ] Womack, John, “La economía de la revolución (1910-1920). Historiografía y análisis”, en Enrique Cárdenas (Compilador), Historia económica de México, t. III, México, Fondo de Cultura Económica, 1992, pp. 391-414.         [ Links ]

^[3] Matute, Aproximaciones a la historiografía, pp. 105-108; Womack, “La economía de la revolución”, pp. 391-414; Cerutti, Mario, Propietarios, empresarios y empresa en el norte de México, México, Siglo XXI, 2000, pp. 129-150;         [ Links ] Lerman Alperstein, Aída, Comercio exterior e industria de transformación en México, 1910-1920, México, Universidad Autónoma Metropolitana – Unidad Xochimilco-Plaza y Valdés, 1989;         [ Links ] Contreras Valdez, José Mario, María Eugenia Romero Ibarra y Pablo Serrano Álvarez (Coordinadores), Actividades, espacios e instituciones económicas durante la revolución mexicana, México, División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía y Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2004;         [ Links ] Ojeda Gastélum, Samuel Octavio, y  Matías Hiram Lazcano Armienta (Coordinadores), Historias de la revolución en Sinaloa, México, Universidad Autónoma de Sinaloa, 2011;         [ Links ] González Félix, Maricela, “Organización del naciente Estado revolucionario y su relación con los empresarios en el distrito norte de la Baja California, 1900-1920”, en David Piñera y Jorge Carrillo (Coordinadores), Baja California a cien años de la revolución mexicana 1910-2010, México, El Colegio de la Frontera Norte-Universidad Autónoma de Baja California, 2011, pp. 51-65.         [ Links ]

^[4] Falcón, Romana, “San Luis Potosí. Propiedades intervenidas: ¿daños o conquistas revolucionarias?”,  en Thomas Benjamin y Mark Wasserman (Coordinadores), Historia regional de la revolución mexicana. La provincia entre 1910-1929, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1996, p. 192.         [ Links ]

^[5] Falcón, “San Luis Potosí. Propiedades intervenidas”, pp. 193-196.

^[6] González Cruz, Edith, Motivaciones y actores de la revolución mexicana en Baja California Sur, México, Gobierno de Baja California Sur-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-Instituto Sudcaliforniano de Cultura-Archivo Histórico Pablo L. Martínez, 2012, pp. 22-26.         [ Links ]

^[7] González Cruz, Motivaciones y actores de la revolución, pp. 26-35.

^[8] El 27 de mayo de 1911, a escasos días de la renuncia del presidente Porfirio Díaz, más de cien personas, entre ellas los hermanos Miguel e Ignacio L. Cornejo, quienes mantenían una rivalidad con Vives por asuntos que tenían que ver con el negocio de las perlas, le solicitaron públicamente su renuncia al cargo de presidente municipal por considerar que era una autoridad ilegítima. Véase González Cruz, Motivaciones y actores de la revolución, pp. 146-152.

^[9] Acervo Documental de Apoyo a la Investigación Histórica-Universidad Autónoma de Baja California Sur  (en adelante adaih-uabcs), Segunda representación de los habitantes de la Baja California al presidente de la república, La Paz, 1 de marzo de 1911, [donación de Guillermo Moreno Armenta]; Archivo Histórico Pablo L. Martínez (en adelante AHPLM), ramo fomento, vol. 627, expediente 24, Informe del administrador de las salinas de Pichilingue al jefe político del distrito sur de la Baja California, La Paz, 13 de marzo de 1914; AHPLM, ramo gobernación, vol. 402 bis, expediente 150, Solicitud de Miguel L. Cornejo y Miguel de Negri para establecer en la ciudad de La Paz una fábrica de botones de concha perla, La Paz, 3 de mayo de 1905.

^[10] González Cruz, Edith, “La inversión francesa en la minería durante el porfiriato: La Cía. El Boleo, Santa Rosalía, Baja California Sur”, tesis de licenciatura inédita, Xalapa, Universidad Veracruzana, 1985, p. 85;         [ Links ]  Gracida Romo, Juan José, “Impacto de la Revolución Mexicana en Sonora, 1910-1920”, en Contreras Valdez, Romero Ibarra y Serrano Álvarez, Actividades, espacios e instituciones económicas durante la revolución, p. 162.         [ Links ]

^[11] Rivas Hernández, Ignacio, El desarrollo minero en San Antonio y El Triunfo, Baja California (1856-1925), México, Colegio de Bachilleres de Baja California Sur, 2000, pp. 57-90.         [ Links ]

^[12] González Cruz, Edith, e Ignacio Rivas Hernández, “Las actividades primarias”, en Dení Trejo Barajas (Coordinadora), Historia general de Baja California Sur, t. I: La economía regional, México, Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología-Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur-Universidad Autónoma de Baja California Sur-Plaza y Valdés, 2002, pp. 327-371.         [ Links ]

^[13] Cariño, Micheline, y Mario Monteforte, El primer emporio perlero sustentable del mundo. La Compañía Criadora de Concha y Perla de Baja California, S. A., y perspectivas para Baja California Sur, México, Universidad Autónoma de Baja California Sur, 1999, pp. 160-162.         [ Links ] AHPLM, ramo gobernación, vol. 626 bis, expediente 37, oficio de Gastón J. Vives al presidente provisional de la república, México, 15 de diciembre de 1914.

^[14] Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Estadísticas históricas de México, t. II, México, 1986, pp. 672-685.         [ Links ]

^[15] AHPLM, vol. 145, expediente 62, doc. 677, Noticia del censo de población del territorio de la Baja California de 1878, 5 de diciembre de 1878. AHPLM, ramo fomento, vol. 563, expediente 8, doc. 937, “Censo general de población de 1910”.

^[16] Félix Díaz, sobrino del presidente Porfirio Díaz, en aquellos años era jefe de la policía de la ciudad de México; Luis Elguero, consejero y directivo de varias firmas de capital extranjero, como la compañía de petróleo El Águila; Javier Icaza y Landa, propietario de diversos negocios  en el estado de México; y Carlos Fernández, notario en la capital del país. Véase Rivas, El desarrollo minero en San Antonio y El Triunfo, pp. 99-100.

^[17] AHPLM, ramo relaciones, vol. 648, expediente 5, oficio del jefe político del distrito sur de la Baja California a Frank Moore, vicecónsul inglés y encargado de los intereses de los Estados Unidos, La Paz, 15 de enero de 1915.

^[18] AHPLM, ramo guerra, vol. 625, expediente 134, Manifiesto del jefe político Miguel L. Cornejo a los habitantes del distrito sur de la Baja California, La Paz, 18 de julio de 1914.

^[19] AHPLM, ramo justicia, vol. 707, expediente 11, oficio de José Arce, representante de la Compañía Criadora de Concha y Perla de la Baja California, S. A., a la Secretaría de Fomento y Colonización, México, 23 de septiembre de 1914.

^[20] AHPLM, ramo hacienda, vol. 683 bis, expediente 8, Informe del administrador de bienes intervenidos, La Paz, 10 de abril de 1917; AHPLM, ramo hacienda, vol. 683 bis, expediente 8, Informe del jefe político del distrito sur de la Baja California al subsecretario de Gobernación, La Paz, 20 de abril de 1917; AGN, fondo gobernación, Periodo Revolucionario, vol. 154, expediente 99, Relación de bienes intervenidos a varias personas en la ciudad de La Paz, La Paz, Baja California, 24 de enero de 1915; González Cruz, Motivaciones y actores de la revolución, pp. 169-170.

^[21] AHPLM, ramo fomento, vol. 683 bis, expediente 55, Informe del jefe político del distrito sur de la Baja California al secretario de Hacienda y Crédito Público, La Paz, 16 de abril de 1917; AHPLM, ramo gobernación, vol. 623 bis, expediente 91, Expediente relativo a la incautación de las minas de El Triunfo, La Paz, 1914.

^[22] AHPLM, ramo hacienda, vol. 683 bis, expediente 8, Informe del administrador de bienes intervenidos al subsecretario de Gobernación, La Paz, 10 de abril de 1917; AHPLM, ramo gobernación, vol. 626 bis, expediente 44, oficio de la esposa de Silverio Romero al jefe político del distrito sur de la Baja California, Mulegé, 23 de septiembre de 1914.

^[23] AHPLM, Ramo Gobernación, vol. 640 bis, expediente 101, Corte de caja sobre bienes intervenidos que presenta el administrador de bienes de ausentes, La Paz, 11 de mayo de 1915; AHPLM, ramo hacienda, vol. 619, expediente 19, oficio del jefe del  movimiento villista al jefe del puerto de La Paz para incautar mercancías de Miguel L. Cornejo, La Paz, 1 de diciembre de 1914; AHPLM, ramo gobernación, vol. 640 bis, expediente 101, Inventario de los bienes de Miguel L. Cornejo, La Paz, 27 de marzo de 1915; AHPLM, ramo gobernación, vol. 656, expediente 100, oficio de Miguel L. Cornejo a Enrique Moreno, jefe político del distrito sur de la Baja California, La Paz, 4 de octubre de 1916; AHPLM, ramo gobernación, vol. 640 bis, expediente 101, Inventario de los bienes de Luis Gibert, La Paz, 3 de marzo de 1915; AHPLM, ramo hacienda, vol. 658, expediente 11, Informe del presidente municipal de Todos Santos al jefe político del distrito sur de la Baja California sobre la intervención de bienes de Néstor Pino, Todos Santos, 10 de marzo de 1916; AHPLM, ramo hacienda, vol. 634 bis, expediente 9, telegrama del jefe político del distrito sur de la Baja California al presidente municipal de Todos Santos ordenando la intervención de bienes del doctor Hidalgo, La Paz, 12 de abril de 1915; AGN, fondo gobernación, periodo revolucionario, vol. 88, expediente 31, oficio de Wenceslao Villanueva al ministro de Gobernación, La Paz, 30 de diciembre de 1916; AGN, fondo gobernación, periodo revolucionario, vol. 154, expediente 99, Inventario de los útiles de imprenta intervenidos a Prisciliano Díaz Bonilla, La Paz, 19 de enero de 1915.

^[24] AHPLM, ramo hacienda, vol. 638, expediente 5, oficio de Urbano Angulo, jefe político y militar del distrito sur de la Baja California, al director de contribuciones directas, La Paz, 7 de diciembre de 1915; AHPLM, Ramo Hacienda, vol. 634 bis, expediente 9, Relación de bienes intervenidos a Félix Ortega, La Paz, 11 de septiembre de 1916;  AHPLM, ramo justicia, vol. 653, expediente 42, Sobre decomiso de concha perla a Félix Ortega, La Paz, 27 de febrero de 1916.

^[25] AHPLM, ramo gobernación, vol. 626 bis, expediente 38, Relación de comerciantes que otorgaron préstamos al movimiento villista, La Paz, noviembre de 1914; AHPLM, ramo guerra, vol. 623, expediente 230, Ayuda proporcionada por la compañía El Boleo al movimiento villista, Santa Rosalía, 6 de diciembre de 1914. González Cruz, Motivaciones y actores de la Revolución, p. 329.

^[26] AHPLM, ramo hacienda, vol. 638 bis, expediente 8, oficio del administrador de bienes intervenidos al jefe político del distrito sur de la Baja California, La Paz, 5 de abril de 1917.

^[27] AHPLM, ramo hacienda, vol. 800, expediente 72, oficio de Gastón J. Vives al tesorero General del distrito sur de la Baja California, La Paz, 12 de octubre de 1921.

^[28] Falcón, “San Luis Potosí. Propiedades intervenidas”, p. 198,

^[29] Katz, Friedrich, Pancho Villa, México, Era, 1998, p. 275.         [ Links ]

^[30] Aguilar Camín, Héctor, La Frontera Nómada: Sonora y la revolución mexicana, México, Siglo XXI, 1984, pp. 322-323;         [ Links ] Cázares aboytes, Pedro, “Bienes intervenidos y préstamos forzados durante la revolución mexicana. El caso de Sinaloa, 1911-1920”, en Ojeda Gastélum y Lazcano Armienta, pp. 132-134.

^[31] AHPLM, ramo fomento, vol. 648, expediente 6, Informe de Urbano Angulo, jefe político y militar del distrito sur de la Baja California, al secretario de Gobernación, La Paz, 12 de junio de 1916.

^[32] AHPLM, ramo gobernación, vol. 640 bis, expediente 101, “Corte de caja que presenta el administrador de bienes de ausentes”, La Paz, 9 de febrero de 1915.

^[33] AHPLM, ramo gobernación,  vol. 647, expediente 35, Estado del movimiento habido en la administración de bienes de ausentes durante los meses de julio, agosto y septiembre de 1915.

^[34] AHPLM, ramo gobernación, vol. 640 bis,  expediente 101, “Corte de caja que presenta el administrador de bienes de ausentes”, La Paz, 9 de febrero de 1915.

^[35] AHPLM, ramo gobernación, vol. 623 bis, expediente 96, Informe del encargado de la administración de bienes de ausentes, La Paz, 24 de diciembre de 1914.

^[36] AHPLM, ramo gobernación, vol. 623 bis, expediente 96, Inventario de los bienes de Edmond Vives, La Paz, 31 de agosto de 1914.

^[37] AHPLM, ramo gobernación, vol. 626, expediente 22, Orden que se gira para hacer una revisión a la tropa, La Paz, 18 de diciembre de 1914.

^[38] AHPLM, ramo gobernación, vol. 630 bis, expediente 36, oficio del jefe del movimiento villista al gobernador de Sonora José María Maytorena,  La Paz, 30 de noviembre de 1914; AHPLM, ramo guerra, vol. 630 bis, expediente 36, oficio de Víctor Avilés, jefe político del distrito sur de la Baja California, al jefe de las armas del distrito sur de la Baja California, Crispín Rosas Aguilar, Guaymas, 28 de diciembre de 1914; AHPLM, ramo hacienda, vol. 726, expediente 16, oficio de José Meza al gobernador del distrito sur de la Baja California, La Paz, 7 de enero de 1919.

^[39] AHPLM,  ramo gobernación, vol. 623 bis, expediente 91, Expediente relativo a la incautación de las minas de El Triunfo, La Paz, 1914; AHPLM, ramo guerra, vol. 630 bis, expediente 36, oficio del jefe del movimiento villista al gobernador de Sonora José María Maytorena, La Paz, 30 de noviembre de 1914.

^[40] AHPLM, ramo fomento, vol. 639, expediente 19, Diferentes documentos sobre el convenio entre el jefe político Félix Ortega y Francisco Lawrance y Sebastián Díaz, La Paz, febrero-mayo de 1915; AHPLM, ramo gobernación, vol. 661, expediente 163, Diferentes documentos sobre trabajos en las minas de El Triunfo emprendidos por el jefe político Urbano Angulo, La Paz, julio de 1915.

^[41] AHPLM, ramo gobernación,  vol. 661, expediente 163, oficio de Arturo C. Nahl al jefe político del distrito sur de la Baja California, La Paz, 15 de marzo de 1916.

^[42] AHPLM, ramo gobernación, vol. 640 bis, expediente 101, “Corte de caja que presenta el administrador de bienes de ausentes”, La Paz, 9 de febrero de 1915; AHPLM, ramo gobernación, vol. 647, expediente 35, Estado del movimiento habido en la administración de Bienes de Ausentes durante los meses de julio, agosto y septiembre de 1915; AGN, fondo gobernación, periodo revolucionario, vol. 154, expediente 99, Informe del administrador de Bines de Ausentes, La Paz, Baja California, 20, 21 y 22 de enero de 1915.

^[43] Rivas, El desarrollo minero en San Antonio y El Triunfo, p. 55. AHPLM, ramo fomento, vol. 563, expediente 8, doc. 937, “Censo General de Población de 1910”; AHPLM,  ramo fomento, vol. 762, expediente 17, “Censo General de Población de 1921”.

^[44] Gracida, “Impacto de la Revolución”, pp. 176, 179-180.

^[45] Katz, Friedrich, La guerra secreta en México, vol. 1: Europa, Estados Unidos y la Revolución Mexicana, México,  Era, 1982, p. 329.         [ Links ]

^[46] AGN, fondo gobernación, periodo revolucionario, vol. 88, expediente 31, Solicitud de Wenceslao Villanueva para que se autorice la desintervención de sus bienes, La Paz, 30 de diciembre de 1916.

^[47] AHPLM, ramo fomento, vol. 648, expediente 6, Solicitud del gerente de la Compañía Criadora de Concha y Perla de la Baja California al ministro de Gobernación, México, 1 de febrero de 1916.

^[48] AHPLM, ramo hacienda, vol. 726, expediente 16, Orden de desintervención de bienes a la Compañía Criadora de Concha y Perla de la Baja California, S. A., y de Gastón J. Vives, México, 11 de abril de 1917.

^[49] AHPLM, ramo hacienda, vol. 726, expediente 16, oficio del administrador de bienes intervenidos al gobernador del distrito sur de la Baja California, La Paz, 21 de enero de 1919.

^[50] AHPLM, ramo hacienda, vol. 726, expediente 16, copia del acta del poder que Gastón J. Vives, gerente de la Compañía Criadora de Concha y Perla de la Baja California, S.A., otorga al  licenciado José Meza, La Paz, 16 de enero de 1919.

^[51] AHPLM, ramo hacienda, vol. 800, expediente 72, oficio de Gastón J. Vives al tesorero General del distrito sur de la Baja California, La Paz, 12 de octubre de 1921.

^[52] AHPLM, ramo relaciones, vol. 648, expediente 61, telegrama del secretario de Estado de Estados Unidos a Frank Moore, vicecónsul inglés y encargado de los intereses de los Estados Unidos, Washington, 3 de enero de 1915; AHPLM, ramo gobernación, vol. 661, expediente 163, oficio del apoderado de la Compañía Minas de El Triunfo, S. A., al comandante militar del distrito sur de la Baja California, La Paz, 24 de mayo de 1916. AHPLM, ramo gobernación, vol. 661, expediente 163, oficio de los representantes de la compañía El Progreso al gobierno federal, 24 de enero de 1916. AHPLM, ramo gobernación, vol. 661, expediente 163, oficio de la Secretaría de Gobernación al jefe político del distrito sur de la Baja California, México, 26 de abril de 1917.

^[53] AGN, fondo gobernación, periodo revolucionario, vol. 88, expediente 31, oficio del subsecretario de Gobernación al subsecretario de Hacienda y Crédito Público, México, 29 de mayo de 1917; AHPLM, ramo hacienda, vol. 683 bis, expediente 8, oficio del subsecretario de Gobernación al gobernador del distrito sur de la Baja California, México, 7 de junio de 1917.

^[54] AHPLM, ramo gobernación, vol. 656, expediente 100, oficio del jefe político Enrique Moreno a Miguel L. Cornejo, La Paz, 2 de octubre de 1916; AHPLM, ramo hacienda, vol. 726, expediente 16, oficio del administrador principal de la oficina de bienes intervenidos, Ignacio L. Cornejo, al gobernador del distrito sur de la Baja California, La Paz, 21 de enero de 1919.

^[55] AHPLM, ramo gobernación, vol. 791, expediente 34, Acta de entrega de los bienes a Félix Ortega, La Paz, 13 de julio de 1921.

^[56] González Félix, “Organización del naciente Estado revolucionario”,  pp. 55-65; Gracida, “Impacto de la revolución”, pp. 159-194; Cázares, “Bienes intervenidos y préstamos forzados”, pp. 117-144; Martínez Barreda, Alonso, “Economía y vida cotidiana en Sinaloa, 1910-1920”, en Ojeda Gastélum y Lazcano Armienta, Historias de la revolución en Sinaloa, pp. 192-202;         [ Links ] Contreras Valdez, José Mario, “Economía y revolución en Nayarit”, en Contreras Valdez, Romero Ibarra y Serrano Álvarez, Actividades, espacios e instituciones económicas durante la revolución, pp. 230-252;         [ Links ] Valerio Ulloa, Sergio, “La economía jalisciense durante la revolución, 1910-1920”, en Contreras Valdez, Romero Ibarra y Serrano Álvarez, Actividades, espacios e instituciones económicas durante la revolución, pp. 254-285.         [ Links ]