1. Introducción

En la actualidad, la visión que tienen los ciudadanos de lo que implica la democracia, la educación cívica y -precisamente- la ciudadanía es sólo la de hacer uso de su derecho al sufragio.¹ La falta de educación en estos temas lleva a una ciudadanía incompleta, una donde las personas que gozan de ella no saben cabalmente sus derechos y obligaciones.

Por tanto, el presente trabajo enfoca al ciudadano como potencial constructor de las democracias contemporáneas, actuando no sólo como sujeto de derecho, sino ejerciendo dichos derechos y asumiendo responsabilidades dentro de la comunidad. En este sentido, el presente ensayo busca exponer la relación entre democracia, ciudadanía, inclusión social y educación. Se destaca el papel de las instituciones de enseñanza como agentes de formación y consolidación de ciudadanos completos, responsables y conocedores de sus derechos y obligaciones.

Un punto de partida de esta revisión teórica es que el fundamento real del concepto de ciudadanía son los derechos. Así, desde el año 1948 la Carta Internacional de los Derechos del Hombre, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, consagra su reconocimiento universal.

El debate conceptual sobre la ciudadanía, la democracia y la inclusión social debe tener lugar hoy en día en un marco de constantes e importantes transformaciones cívico-sociales. Esto lleva a considerar nuevas herramientas conceptuales en la construcción de una ciudadanía activa y responsable que conozca y defienda sus derechos, no sólo atados a la importancia del derecho al voto, sino con un enfoque holístico que comprenda factores civiles y sociales. Dicho enfoque debe ver a la ciudadanía desde un punto de vista integral, “creando bases culturales legales e institucionales de una ciudadanía que trascienda el espacio y el tiempo electorales”.²

En este sentido, se ha propuesto³ que sólo una ciudadanía integral, con pleno acceso a los derechos políticos, civiles y sociales puede garantizar la existencia de una verdadera democracia. En esta nueva dimensión del concepto de ciudadanía activa, el individuo no sólo espera que el Estado respete e implemente los derechos universales, sino que lucha por ellos en espacios públicos, haciendo valer sus argumentos. Se llega a enfrentar al Estado políticamente, a través de alianzas con la sociedad política, en busca de un proyecto democrático participativo.

Por ello, se enfoca como cuestión fundamental que, para educar al ciudadano en valores y prácticas democráticas, y para que éste pueda actuar de manera crítica, consiente y responsable, es preciso tener en cuenta que sin una educación ciudadana sólida es imposible una sociedad democrática. Así, se lleva más allá el concepto de ciudadanía, vinculándolo con los de democracia, educación e inclusión social.

En el desarrollo del presente ensayo, se tuvo por objetivos crear conciencia de la importancia que tiene el ser ciudadano; estudiar el valor de la educación en la construcción de la ciudadanía y destacar el papel que juega en ello la desigualdad. Para lograr dicho objetivo es importante la inclusión social, puesto que la desigualdad económica genera inequidad política y por tanto incide en el ejercicio de la ciudadanía.

Se partió de una concepción general de ciudadanía para finalizar expresando cómo la educación desde temprana edad puede incidir en el pleno ejercicio de la misma. Se menciona, precisamente, el obstáculo que representa la desigualdad y la falta de inclusión social. Así pues, se comparan algunas legislaciones nacionales e internacionales, pero no se llegó al empleo del derecho comparado propiamente.

2. Derechos de la ciudadanía

Se puede afirmar que, entre los distintos criterios sobre cuáles son los elementos que integran el concepto de ciudadanía, se distingue un componente jurídico-político, un componente socio-cultural y un componente institucional. El componente jurídico-político se refiere al reconocimiento, por parte del Estado, de derechos y responsabilidades hacia el individuo como miembro de una comunidad política. O sea, deriva de la condición legal o jurídica de la persona dentro de la comunidad.

El aspecto socio-cultural se refiere a la identidad, conciencia y sentido de pertenencia a una comunidad política y a las prácticas individuales y colectivas para ejercer derechos y cumplir las responsabilidades ciudadanas. El aspecto institucional tiene como finalidad proteger los derechos y regular las responsabilidades que se encuentran reconocidas en las constituciones políticas nacionales y en los tratados de la órbita de Naciones Unidas (principalmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). La función de éstos es hacer efectivo el carácter exigible, defendible y justificable de los derechos humanos y convertirlos en compromisos reclamables ante el Estado.⁴

Ahora bien, en la literatura clásica sobre ciudadanía, el sociólogo inglés T. H. Marshall expresaba⁵ que los derechos de ciudadanía se han desarrollado en tres dimensiones históricamente sucesivas: la civil, la política y la social. Los derechos civiles protegen la seguridad del ciudadano y le permiten ser autónomos respecto al Estado. Consideran al individuo como un sujeto capaz de tomar decisiones y de reconocer sus intereses y preferencias. Los derechos políticos refieren a la capacidad de esos sujetos respecto a elegir quienes han de gobernarlos. Por último, los derechos sociales garantizan las condiciones mínimas de supervivencia y dignidad para todos los miembros en condiciones de igualdad.

El autor en mención expresó⁶ que el estatus de ciudadanía es asignado a todos aquellos miembros plenos de una comunidad. Todos los que posean tal estatus son iguales respecto a derechos y deberes. En cuanto a clase social, expresaba, es un sistema de desigualdad y también, como ciudadanía, puede basarse en un conjunto de ideales, creencias y valores. Una de las debilidades anotadas a este pensamiento es que pone al mismo nivel, en un solo concepto, derechos civiles y políticos, los cuales, desde el punto de vista liberal, son universales. Los derechos sociales no tienen esa característica; deben ser garantía suficiente de las condiciones necesarias para que puedan ejercerse debidamente los derechos civiles y los derechos políticos.

Por eso, su concepto de ciudadanía implica participación y crear en el ciudadano el sentido de compromiso con el destino de la sociedad. Para el mencionado autor, el concepto de ciudadanía social se basa en el derecho a gozar de cierto estándar mínimo de vida, de bienestar y de seguridad económica.⁷

Tal como observa William Ortiz Jiménez,⁸ Marshall dedica una gran parte de su obra a identificar a través de qué instituciones se desarrollan cada uno de estos derechos. Así, los derechos civiles deben ser garantizados por las cortes de justicia para administrar dicha justicia y defender que todos en una comunidad tengan igual acceso a los derechos.

A finales del siglo XIX, el concepto de ciudadanía se enmarca en una “cuestión social”, se vinculó, de manera más directa, con la necesidad de reivindicar de modo más formal a los derechos sociales y la noción del trabajo para la construcción de un Estado de bienestar social.⁹ Sin embargo, en la idea de ciudadanía se pone énfasis en la importancia de los derechos, sin considerar las obligaciones. Esto ha dado lugar a fuertes críticas, como posturas ideológicas (derecha e izquierda), debido a la necesidad de que un concepto adecuado de ciudadanía debe incluir tanto derechos como responsabilidades en un marcado equilibrio.

Surge entonces la duda de si es posible gozar plenamente de derechos civiles y políticos cuando no hay acceso a las condiciones de satisfacción de las necesidades básicas. Importa un enfrentamiento del Estado y la sociedad civil, cuyas asociaciones ejercen su libertad, autonomía y expresan sus intereses.

El desarrollo de los derechos de la ciudadanía civil estuvo, durante el siglo XVIII, directamente vinculado con el acceso igualitario a las distintas formas de administración de justicia. Las cortes llegaron a tener un importante papel ante el poder público y surgió la noción de libertad de trabajo, esencial para el desarrollo del capitalismo industrial, tal como lo reconoció Marx a mediados del siglo XIX.¹⁰

Según Marshall, comienza el periodo formativo de los derechos políticos. No quedaron reducidos a una minoría poderosa de raza blanca y de cultura, los cuales podrían definirse, más que como derechos, como una capacidad de un grupo de titulares de derechos civiles. Recién en el siglo XX surgieron los derechos políticos colectivos, se eliminaron las restricciones pecuniarias para ser electo y elector, y se logró el voto adulto masculino universal. A mediados del siglo XIX surgió la política de ayuda social a los pobres a través de prestaciones a quienes no eran ciudadanos.

3. El concepto de ciudadanía en el pensamiento contemporáneo

Para entender mejor los derechos de ciudadanía es necesaria la revisión del concepto de ciudadanía. No se puede decir que exista relación directa entre democracia y ciudadanía, dado que sus desarrollos no han sido paralelos. Existe una tendencia a pensar en ciudadanía política; pero el concepto tiene otras dimensiones mucho más amplias. No alcanza sólo a garantizar el libre derecho al voto y a ser elegido. Así, las otras dimensiones de ciudadanía incluyen la civil, económica, social y cultural. De lo anterior puede sostenerse que el concepto de ciudadanía es complejo, y que se fundamenta en una serie de derechos de base histórica, social y legal.

En la última década del siglo XX, este concepto volvió a adquirir notoriedad en el debate público internacional en respuesta al surgimiento de temas complejos ante los cambios globales: la caída del socialismo real, el neoliberalismo como una de las nuevas formas de la globalización, la reducción de los derechos sociales y el aumento de la desigualdad, la tercera ola de la democracia, las migraciones masivas.¹¹ La ciudadanía combina elementos de identidad colectiva y de acceso a la justicia y a la igualdad que suceden con la democracia. Se trata de conceptos polémicos que se prestan a distintas definiciones y alcances en los campos de la filosofía y la sociología políticas.

Norberto Bobbio¹² sostenía que cuando se habla de democracia hay que considerar quién está autorizado a tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos. A través del análisis de la solidez política de los sistemas democráticos, detectaba el hecho de que la tensión entre democracia y gobernabilidad está basada en la sobrecarga de demandas sociales y en la poca capacidad de respuestas gubernamentales de las mismas.

Sobre el concepto de ciudadanía, surgen, por parte algunos autores,¹³ críticas a la visión de Marshall; pero, a su vez, reconocimientos. Unas veces se le considera como favorecedor del capitalismo y otras como aprovechado de las oportunidades que una sociedad en transición, como lo era la inglesa, le brindaban.

Al incluir Marshall a los derechos civiles, políticos y sociales en el concepto de ciudadanía, no se distingue entre el status civitatis (de ciudadanía) y el status personae (personalidad jurídica). Esta distinción surge de la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789 -homme et citoyen (persona y ciudadano) incluidos en todas las constituciones, en que se distinguen los derechos de las personas-. Éstos incluyen a todos los seres humanos en los derechos de la ciudadanía, que corresponden exclusivamente a los ciudadanos.

Según Ferrajoli,¹⁴ la declaración de 1789 reconoció como derechos del hombre los derechos de la libertad y como derechos de los ciudadanos, los derechos políticos, ambos esenciales no sólo para el desarrollo del primer capitalismo, como lo entendía Marshall, sino también para el de la democracia.

Por tanto, su efectiva universalización dependerá de la credibilidad de valores de igualdad de los derechos de la persona, de la propia ciudadanía.

Sólo así se puede pretender instituir una ciudadanía universal que supere la diferenciación entre derechos del hombre y derechos del ciudadano, y reconozca a todos los hombres y mujeres del mundo, en cuanto personas con idénticos derechos fundamentales.

Pero también cabe referir, en concordancia con María Guadalupe Ortiz Gómez,¹⁵ que un enfoque del neoliberalismo plantea la reformulación de roles entre el mercado, el estado y la sociedad. Al debilitarse la ética de la responsabilidad social del Estado, los ciudadanos deben cubrir los vacíos que éste deja. Asimismo, el neoliberalismo es en esencia un proyecto cultural, y su discurso utiliza conceptos progresistas despojados de potencialidad política. La idea del ciudadano en la perspectiva neoliberal es el de la sociedad donde cada individuo desarrolla por sí mismo las capacidades necesarias para insertarse en el mercado sin la intervención del Estado.

4. Educación ciudadana

La ciudadanía comprende, como se ha expuesto, derechos que pueden considerarse, desde el punto de vista neoliberal, únicamente como derechos para entrar en el mercado. Es dable contemplar los conceptos vertidos por Peter Haberle,¹⁶ quien menciona concepciones incluidas en las distintas constituciones europeas sobre ciudadanía a lo largo de la historia. Realiza el mismo planteamiento respecto al concepto de educación sobre derechos humanos como base de la ciudadanía, desde una visión de derecho universal y europeo, por encima de lo nacional. Admite que, si bien la diversidad existente en los ideales educativos varía según la nación y la cultura, los procesos de educación se extienden a lo largo de toda la vida de los ciudadanos. Asimismo, afirma que la enseñanza de los derechos humanos es el punto de partida de todos los esfuerzos para obtener ciudadanía a través de la educación y que el “ser persona y el ser ciudadano” van unidos.

En una detallada referencia a las principales constituciones europeas y pactos universales de derechos humanos, del modo como en ellos están consagrados los alcances de ser ciudadano, concluye en la importancia de educar desde la más temprana edad sobre los derechos humanos, como fundamento de las actuales democracias. Destaca que, como científicos y maestros, “somos nosotros, el llamado hombre común, quienes debemos empeñarnos para llevar a cabo en la vida diaria el proyecto ciudadano a través de la educación”.

Culmina expresando que la educación y la sociedad civil son un ideal en el Estado constitucional unidos por valores, tales como la libertad y la dignidad humana, la democracia y la responsabilidad, la tolerancia y la solidaridad, la disposición al esfuerzo, el profundo respeto a la vida, el amor por la paz, la capacidad de crítica, el sentido de justicia, así como la conciencia ecológica. “Lo que para el joven ciudadano son objetivos educativos, para el adulto son valores orientadores”.

Son realmente orientadores sus principios que, aunque expresados una década atrás, cobran total actualidad como punto de partida al hablar de educación y formación de una ciudadanía responsable en el presente trabajo. En este sentido, es necesario tener en cuenta que, si la familia, la escuela y el lugar de trabajo reflejan comportamientos honrados y justos y actúan de modo imparcial y equitativo, se va creando una atmósfera que refleja ese mismo comportamiento en sus miembros.

Pero cuando en esas mismas organizaciones (familia-escuela-trabajo) las relaciones de poder son asimétricas, en perjuicio de uno o alguno de sus miembros, se da la situación contraria. Estas formas de relacionamiento se reflejan en que tanto los ciudadanos como el gobierno deben velar por que las relaciones interpersonales dentro de la organización social a que pertenecen sean libres y respetuosas, participativas y justas. Sólo así se puede construir una democracia viva y vigorosa.

Un ciudadano comprometido debe conocer la organización funcional del Estado a que pertenece, sus fundamentos, los principios en que se basan la Constitución y las leyes,¹⁷ elementos fundamentales para entender el ámbito político y social en el cual está inserto. De ese modo, pueden comprender el alcance de las acciones que se toman a diario y que afectan a los demás.

5. Políticas educativas en el ámbito internacional

Los conocimientos sobre la organización funcional del Estado se enmarcan en la educación cívica. Pero debe distinguirse que ésta es el conocimiento de las normas básicas de la política y el gobierno que se encuentran en la Constitución y en las leyes. La educación ciudadana, por su parte, refiere a la educación en actitudes y valores que disponen a las personas a participar en problemas públicos e involucrarse en una acción colectiva para encontrar soluciones. Con ella se busca el bien común y practicar, a través de relaciones interpersonales, diversas formas de entendimiento social.

Por medio de la educación cívica, las personas reciben los conocimientos necesarios para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para participar en asuntos públicos e involucrarse en una acción colectiva y encontrar la solución a los problemas. Mediante la educación ciudadana, comprenden que vivir en sociedad es un problema que involucra a todos; se desarrolla un sentido de justicia y de cuidado hacia el otro, y un pensamiento crítico e independiente para trazar su futuro; se aprende a deliberar, a discutir para conseguir que sus proyectos accedan al poder formal y al gobierno legítimo.

La diversidad de los profusos estudios sobre el tema en América Latina plantean la oportunidad de devolver a lo social la importancia y centralidad que debe tener en el análisis de los sistemas políticos y económicos. Sin embargo, son pocos los estudios que abarcan las dimensiones ya referidas de la ciudadanía en el hemisferio. Se concentran más en aspectos vinculados con ciertas carencias, con ciertas ciudadanías deficitarias o a ciertas entidades (LGBTI,¹⁸ etnias, mujeres, jóvenes, entre otros, particularmente en espacios urbanos o marginales). Cabe destacar que parte significativa del debate formal de ciudadanía en América Latina y el Caribe se ha originado en las contribuciones del pensamiento feminista sobre la participación plena de la mujer en el ejercicio de los derechos que le corresponden.

En América Latina, el sector educativo contribuye a la formación del individuo hacia la construcción de ciudadanía enfocada hacia la responsabilidad social; se centra más en la educación sobre valores, y, según Julio Cesar Olvera,¹⁹ los valores no se definen, se practican; por tanto, este enfoque no ha sido hasta el momento suficiente. Para este autor, el concepto de responsabilidad social inserto en las instituciones universitarias debe entenderse en tres niveles. El nivel interno incorpora docentes, estudiantes, investigadores, directivos y personal administrativo. La responsabilidad social externa incluye empleadores, egresados, proveedores y socios estratégicos directos. Un tercer tipo de responsabilidad social va hacia el Estado, la sociedad, el desarrollo y el medio ambiente global.²⁰

Por ello, la educación es el elemento fundamental de la construcción de la ciudadanía -uno de los temas centrales para autores clásicos y modernos de la filosofía política-. También surge el concepto del “ethos universitario”, que consiste en cuidar la ética que la institución académica promueve a diario en las rutinas cotidianas, no sólo en las horas de clase de ética, sino continuamente en la vida universitaria considerada como comunidad.

Es lo que Vallaeys²¹ llama el “currículo oculto” de la universidad, que va más allá de la declaración de principios, conocida y memorizada por todos. No es fácil, porque significa un gran esfuerzo de las autoridades para reflexionar sobre cada uno de los estudiantes y hacer que la educación sirva para promover la responsabilidad social, la lucha contra la corrupción y la formación de un juicio ético-ciudadano en cada uno de ellos.

Se puede expresar, por tanto, que en los países de América Latina, en particular en México (donde los cambios son constantes y sumamente complejos), es fundamental reconsiderar la formación ciudadana para generar los espacios cada vez más amplios de participación en esta incierta era de globalización. No obstante, es menester mencionar, de acuerdo con Cesar Cansino, que “Construir un régimen diferente a su antecesor supone no sólo cambios institucionales importantes, sino permite la sustitución de prácticas políticas que pertenecen al ámbito de la vida cotidiana y da inicio a un proceso, consciente o inconsciente, de transformación de la cultura ciudadana”. Asimismo, precisa que “Estas últimas transformaciones siempre serán más lentas que los cambios institucionales y difícilmente estarán exentas de contradicciones”.²²

En este orden de ideas, el concepto de responsabilidad social, inserto en la formación universitaria, puede contribuir a la consolidación teórica de la ciudadanía, considerando el modo como las transformaciones y condiciones económicas, la urbanización social y el ejercicio de la democracia afectan directamente al ciudadano.

Fernando Escalante, al referirse al ciudadano mexicano, habla de un “ciudadano inacabado, incompleto, perdido o imaginario”.²³ Lamentablemente, existe desde tiempo atrás una crisis de debilidad hacia las instituciones, en parte por la falta de transparencia en el accionar público, por los niveles de corrupción, violencia y delincuencia que llevan a la desilusión y la apatía del ciudadano mexicano hacia la política.

La mayor parte de los profusos y serios estudios de ciudadanía originados en México en épocas recientes han estado centrados en la participación política del ciudadano, en sus preferencias electorales, en el sufragio, y han dejado de lado su involucramiento en los asuntos públicos cotidianos -sin perjuicio del auge cada vez mayor que van adquiriendo las organizaciones de la sociedad civil en el reclamo de reivindicaciones de lo que consideran injusto-. Es por eso que resulta de trascendental importancia incluir la responsabilidad social en instituciones de educación superior.

Por ese motivo, las universidades deben desarrollar estrategias de pedagogía basadas en el desarrollo de comunidades de aprendizaje, revisando la agenda global y local, formando equipos multidisciplinarios de investigación que se reflejen en la toma de decisiones en todas las áreas de la institución universitaria, a fin de cumplir con lo esencial de la labor académica: construir sociedades verdaderamente democráticas.

La Organización de los Estados Americanos, principal cuerpo político de diálogo en la región, cuyo compromiso es “más derechos para más gentes”, a través de la Comisión Interamericana de Educación, se propone alcanzar las metas de la política educativa inserta en el marco de los compromisos regionales e internacionales -vinculantes para todos los Estados miembro, como México- incluidos en los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible Post 2015 de las Naciones Unidas.

En esta misma dirección, las Metas Educativas 2021 de la Organización de los Estados Iberoamericanos se proponen impulsar la educación que se necesita “para la generación de los Bicentenarios”. El proyecto se presentó en la antesala de la década de los Bicentenarios de las independencias de la gran mayoría de los países iberoamericanos. Como aspecto general, la meta es mejorar la calidad y la equidad en la educación para hacer frente a la pobreza y a la desigualdad y, de esta forma, favorecer la inclusión social.

La nueva Agenda Educativa Interamericana fue adoptada por los ministros de educación en la séptima reunión que tuvo lugar en febrero de 2015. Se continuó el programa de becas para utilizar la tecnología de la información a través de la educación a distancia. Con ello se busca aumentar la disponibilidad de materiales en línea para incrementar el acceso a una educación de calidad que no sólo tenga por finalidad obtener títulos e ingresar en el mercado de trabajo, sino también la formación ciudadana en valores democráticos.

6. Construcción de ciudadanía desde la infancia

Si se enfoca la importancia de la participación ciudadana para la formación de un tejido social destinado a construir ciudadanía, y no sólo a insertarse en el mercado como lo ve el neoliberalismo, se reafirma la finalidad del presente ensayo. A través de la formación en valores, comenzando por el hogar y la familia, y consolidados posteriormente por las etapas educativas, se puede influir positivamente en dicho proceso.

La infancia es el periodo transcurrido desde el nacimiento hasta los 6 años, donde comienza el proceso de reconocimiento de personas y de sí mismos, actividades físicas y adquisición de la lectoescritura y el lenguaje. La niñez abarca de los 6 a los 12 años. Es cuando se consolida su identidad, se adquiere conciencia de sus capacidades y limitaciones, se percibe su situación en el mundo social, y se aceptan normas, comportamientos cooperativos y de participación, y se desarrollan actitudes de respeto recíproco y tolerancia. Una vez identificado el rango de edad, desde allí pueden comenzar a implementarse programas destinados a fomentar la participación de niñas y niños interactuando en los ámbitos familiar, escolar, comunitario y social.

Se considera que la infancia es la etapa más propicia para que una adecuada y completa educación influya en la construcción de ciudadanos que sepan cuáles son tanto sus derechos como sus obligaciones ante los demás dentro del tejido social. Este último se reforzará, precisamente, con el uso de este tipo de enseñanza que es a corto, mediano y largo plazo. Por tanto, permitir una activa participación a los infantes es un complemento indispensable en el tipo de educación al que se viene haciendo referencia y que será motivo de análisis en el desarrollo de este apartado.

Dentro del marco jurídico internacional, la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño proclamó hace más de veinticinco años el derecho de los menores a la participación. Se trata de un tratado internacional de 54 artículos que afirma la necesidad de proporcionar cuidados y asistencias especiales al niño en razón de su vulnerabilidad. Destaca la importancia de la familia en su protección y asistencia, la necesidad de protección jurídica antes y después del nacimiento, el respeto a los valores culturales de su comunidad y el papel de la comunidad internacional para que los derechos del niño se hagan realidad.

Lamentablemente, se ha tratado de una aceptación retórica que no siempre, y menos dentro de los sistemas jurídicos nacionales, ha sido acompañada de medidas para que efectivamente puedan ejercerse los derechos que allí se consagran, por más que sea un instrumento vinculante desde el punto de vista jurídico. Es recién con esta convención, adoptada en 1989, que se formula la participación infantil como derechos, y no sólo como principios, consignados desde el artículo 11 al 17 de dicho cuerpo jurídico.

Paulo Freire²⁴ sostiene que la tarea de enseñar debe comprender a docentes y alumnos en su entorno social y cultural. Es esa la dimensión ética que permite integrar y respetar al otro, comprender los cambios propios y ajenos, reconocer la injusticia y trabajar para revertirla, construyendo un sentido de autonomía y responsabilidad personal. De allí la importancia del estrecho vínculo entre quienes enseñan y quienes aprenden. En los aspectos primordiales de su enseñanza, Freire nos dice que enseñar exige el reconocimiento y la asunción de identidad cultural. La misión del docente no es simplemente trasmitir conocimientos.

En un interesante trabajo realizado sobre este tema,²⁵ se recogen experiencias que constatan que los grupos formados por jóvenes que en su infancia vivieron experiencias participativas han adquirido una idea de ciudadanía más elaborada, más exigente. Éstos ponen mayor énfasis en el sentido crítico y en el compromiso social y político.

A título ilustrativo, y en la misma dirección de crear ciudadanía desde la infancia, se cita, entre las distintas instituciones que han surgido en diferentes países con la misma finalidad, dos ejemplos dentro del hemisferio americano, en la República Argentina. Uno de ellos es la llamada Republica de los Niños, creada por el presidente Perón en el año 1951. Su objetivo es poner al niño en contacto con las responsabilidades ciudadanas para que cuando llegue a la mayoría de edad esté consciente de sus derechos y obligaciones. En el mismo sentido, el programa llamado Los Niños gobiernan la República, los alumnos de las escuelas locales hacen de diputados o senadores y elaboran declaraciones infantiles. También se encuentra el programa llamado “Buenos Aires, ciudad amiga de los niños”. Todos estos surgieron de las propuestas del pedagogo italiano Francisco Tonucci, las cuales consideran a los niños como partícipes de una sociedad y no como meros espectadores.

En cuanto al marco jurídico nacional, el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece (como la mayoría de las constituciones americanas) que se es ciudadano a partir de los 18 años de edad, está ínsito desde el nacimiento -e incluso previamente- el goce de derechos. En México, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, del 5 de diciembre de 2014, innova con respecto a las disposiciones anteriores. No sólo reconoce derechos, también plantea obligaciones específicas por parte de instituciones del Gobierno y actores sociales.

Son varias las instituciones en México que velan por el cumplimiento de estas obligaciones. De acuerdo con lo señalado en el portal de la Secretaria de Educación Pública, se imparte una materia denominada Formación Cívica y Ética, de primer grado a sexto de primaria. Incluye tres amplios ejes formativos que abarcan “persona”, “ética” y “ciudadanía”, entrelazados para propiciar el interés de niñas, niños y adolescentes por desarrollarse como ciudadanos activos a través de su participación en espacios públicos. Con ello se les acerca a situaciones y conductas como miembros de una comunidad.

El otrora Instituto Federal Electoral (ahora Instituto Nacional Electoral) instrumentó, a partir del año 1997, un mecanismo de consulta infantil y juvenil que se aplica a niños, niñas y adolescentes dentro de un rango de edad de entre seis y diecisiete años que procura su opinión sobre problemas que les afectan. Con los resultados de dichas consultas, se elaboran propuestas tendientes a solucionarlos. El lema de esta consulta correspondiente al año 2015 fue “Por un México con justicia y paz. Mi opinión cuenta”.

Otra valiosa propuesta referida a la participación infantil y que propicia la construcción de ciudadanía en las primeras etapas es el programa Cabildo Infantil. El Consejo Estatal de Asistencia para la Niñez y Adolescencia (Cedas) del DIF ha diseñado entre sus programas éste, enfocado en niñas y niños de entre 8 y 10 años de edad que estén cursando tercero o cuarto de primaria o segundo nivel de curso comunitario de Conafe, escuela oficial o particular del estado de Veracruz. Consiste en realizar una convocatoria a través de las escuelas. Los chicos se inscriben y presentan propuestas para ejercer su derecho a la participación, fomentando los valores de la democracia, la tolerancia, el respeto y la honestidad.

La asociación civil México Unido contra la Delincuencia (MUCD) tiene el proyecto Acompañamiento Integral para Promover la Cultura de la Legalidad en la Escuela. Para ese fin, desarrolló el Manual de la Educación Cívica y Ética para Primaria. Construyendo ciudadanía desde las aulas, cuyos principales propósitos son fortalecer las competencias de los docentes a fin de que, en el ámbito de la asignatura Formación Cívica y Ética, se incorporen más y mejores elementos para fortalecer la cultura de la legalidad, impulsarla dentro de las familias de la comunidad escolar y favorecer ambientes de convivencia, respeto y participación en las escuelas primarias. Su línea de acción es capacitar a docentes, desarrollar actividades, con padres de familia y con niñas y niños, destinadas a la construcción de ciudadanía.

A fin de realizar un breve análisis sobre el desarrollo de este tema en el hemisferio, corresponde hablar del Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescentes (INN), organismo especializado de la OEA, fundado hace más de 85 años y que ha contribuido, a través de su labor, a generar instrumentos que coadyuvan a la protección y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes en las Américas. A través de distintos foros, grupos de trabajo y talleres especializados, se analizan los avances que han tenido lugar sucesivamente en la región.

En un reciente trabajo de investigación presentado por el INN,²⁶ se afirma que el derecho a la participación lo tiene todo niño desde su nacimiento. Es necesario que el mundo adulto reconozca y valore esas capacidades que el niño va aprendiendo dentro de las distintas etapas de su vida. Recoge la definición dada por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de México, el cual dice que la expresión de participación se refiere a la posibilidad de aprender los mecanismos y procesos de la democracia por medio de experiencias de participación en escuelas, grupos y sus familias.

En resumen, en la construcción de ciudadanía, una etapa de suma importancia es la infancia y la adolescencia. En ella se comienza a desarrollar el interés en la participación en los asuntos públicos y en el ejercicio de sus derechos y obligaciones. La finalidad es que al volverse ciudadanos jurídicamente tengan más claro qué conlleva esta etapa. Así, se han adoptado acciones en todos los ámbitos, desde el nacional hasta el internacional e interamericano, que permiten tener un respaldo legal de la importancia de que se involucre a los infantes y adolescentes en la participación política.

7. Desigualdad e inclusión social

El desarrollo temprano de aptitudes propicias para el ejercicio de la ciudadanía y de la educación en valores democráticos es fundamental para la ciudadanía integral. No obstante, se debe abordar como un obstáculo la desigualdad. Así, por principio de cuentas hay que señalar que el concepto de desigualdad es relativo y puede abordarse desde varios aspectos. Éste afecta las relaciones entre personas y con la sociedad, pero no se refiere exclusivamente a las diferencias que puede haber dentro de un mismo país, sino que puede incluir diferencias entre países y hasta dentro de generaciones.

Hay quienes prefieren hablar de inequidad, término utilizado en años recientes por las organizaciones internacionales. Puede también enfocarse hacia las personas de manera independiente de dónde vivan, o del grupo social al que pertenezcan. Se toma como punto de partida la manera en que dichos individuos acceden a recursos materiales o intangibles. Se habla entonces de desigualdad individual o vertical.

Cuando el enfoque se hace con base en grupos de personas o familias por distintos motivos, entre los que se encuentran raza, religión, sexo, orientación sexual, lugar de nacimiento u otros factores similares, se habla de desigualdad horizontal. Es necesario tener presente que ambas dimensiones se refuerzan mutuamente. Pueden ser punto de partida o perpetuar ciclos de pobreza que generalmente se continúan a través de las generaciones.²⁷

Por otra parte, la inclusión social es el proceso de empoderamiento de personas y grupos, en especial los que pertenecen a los sectores más vulnerables y marginados para que no queden fuera de la sociedad. En otras palabras, significa integrar a la vida comunitaria a todos los miembros de la sociedad, independientemente de su origen, actividad, condición socioeconómica, o de sus ideas. Si bien se vincula generalmente con los sectores más pobres, tiene que ver con las minorías discriminadas y dejadas de lado, como las comunidades aborígenes o las etnias minoritarias. Si bien este concepto está directamente vinculado con la igualdad de oportunidades, no siempre resulta de la desigualdad de recursos.

Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la inclusión social es el proceso por el cual se logra la igualdad y se superan las diferencias en la productividad, las aptitudes (educación), el empleo, la segmentación del mercado laboral y la informalidad, que son las causa principales de la desigualdad.²⁸ La inclusión social asegura que todos los ciudadanos sin excepción ejerzan sus derechos y aprovechen sus habilidades y las oportunidades que se encuentran en el medio en que actúan.

La única forma de sentirse parte de una sociedad es desempeñando un papel que permita verse incluido en el colectivo, desempeñar un rol y unas labores propias de sus miembros y tener un proyecto de vida acorde y complementario con el quehacer de los demás.

Existen varios sistemas internacionales de medición de la desigualdad y la inclusión social. Uno de ellos es el Índice de Inclusión Social de America’s Quarterly, del Council of the Americas. En la presentación del índice corres pondiente al año 2015, la actual embajadora de Estados Unidos en México, y en ese momento subsecretaría de Asuntos del Hemisferio Sur en el Departamento de Estado, Roberta Jacobson, destacó la importancia de este documento. El trabajo de America’s Quarterly presenta un mapa detallado de la región que sirve, al igual que en sus ediciones anteriores, como herramienta útil para los gobiernos, las instituciones y los organismos multilaterales. Formula y evalúa las políticas públicas que afectan a los segmentos más pobres y más vulnerables de la población del hemisferio; con ello, brinda valiosos elementos tendientes a lograr la inclusión social.

Existen tremendas desigualdades en el hemisferio. A pesar de que no hay enfrentamientos bélicos y que los escasos problemas de fronteras están en vías de negociación y que ha habido un marcado crecimiento económico en las últimas décadas, tanto en las instituciones como en la práctica política, la vigencia plena de la democracia peligra por las condiciones imperantes de desigualdad. Éstas se convierten en un obstáculo para el crecimiento y hacen que este continente sea el más desigual del mundo. De allí que consideremos a la educación como un derecho humano y un factor esencial en la mejora de los niveles de vida, como un impulso para el desarrollo económico y humano y la promoción de la inclusión social

8. La inclusión social en México

Desde el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) celebrado en Davos en enero de 2016, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcenas, se refirió a su país natal, México, expresando que, a pesar de presentar la propuesta de crecimiento más sólida para América Latina, tiene dos tareas pendientes: la inclusión social y la productividad.

El mayor desafío para México es lograr un crecimiento inclusivo y tener un proyecto de país que, con mayor eficiencia, pueda enfrentar la desigualdad y aumente la productividad. Dicha productividad tiene que ver con la capacitación de los trabajadores y con la informalidad, con ese sector que no paga impuestos y que no está en la legalidad. Esa informalidad, según Bárcenas, puede combatirse a través de incentivos, paquetes de pensiones y servicios de salud. Cuando los trabajadores ven que el sistema funciona, están dispuestos a formalizarse. Agrega que el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) puede ser el instrumento para llevar a cabo este cambio necesario. Agrega que para México es un desafío, además, la modernización de sectores clave, como el energético, las telecomunicaciones, las políticas de financiamiento inclusivo y la igualdad de género, entre otras.

México, según afirma la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, debe eliminar la pobreza extrema de aquellos a quienes no les alcanza para la canasta básica. Evidencia la funcionaria lo ya expresado: mientras haya desigualdad económica habrá desigualdad política. Por tanto, los Estados deben comenzar por encarar el problema de la desigualdad para implementar con mayor éxito la educación ciudadana que genere una ciudadanía integral.

Finalmente, respecto a los problemas de inclusión social en las democracias de América, el actual Secretario General de la OEA, Luis Almagro, en una reciente conferencia magistral dictada en El Colegio de Veracruz, expresó que “el desencanto generalizado de la ciudadanía en torno a la democracia se debe, en buena medida, a la falta de oportunidades, a las fallas de las estructuras institucionales y a la falta de una constante movilización social”. Agregó que “la construcción de ciudadanía es una condición indispensable para el fortalecimiento de la democracia y que la misma se hace ‘casa por casa’ y no como se ha manejado hasta ahora que sólo llega a algunos de los estratos sociales”. En relación con los obstáculos que presentan las demo cracias contemporáneas, señaló que “los retos de la democracia se resuelven con más democracia”.

Por tanto, tomando lo expresado por Cansino:

Si en el pasado inmediato la lucha se encauzó a ampliar y defender los derechos elementales de los ciudadanos, ahora la lucha bien puede concentrarse en la búsqueda de nuevos contenidos de la democracia de acuerdo a las exigencias que plantean, por ejemplo, los criterios de una democracia de calidad y que en la mayoría de nuestros países siguen estando ausentes: rendición de cuentas, respeto de la ley, reciprocidad y un mayor involucramiento de la sociedad civil en las decisiones político-institucionales de todo tipo, etcétera.²⁹

Con ello se quiere hacer notar que, para lograr una democracia de calidad, se requiere de una ciudadanía activa. Ésta puede construirse desde las primeras etapas de la infancia. Pero esto debe ir acompañado de la inclusión social y la minimización de la desigualdad.

9. Conclusión

Una efectiva construcción de ciudadanía debe comenzar por mejorar la educación proporcionada al sector infantil, para que sean ciudadanos completos; que no sólo sepan sus derechos, sino también las obligaciones y toda la cultura política y de legalidad que implica ejercer activamente la ciudadanía. Es decir, ciudadanos que entiendan su rol más allá de la participación en los procesos electorales.

Asimismo, se evidencia la necesidad de que se enriquezca dentro de la educación ciudadana el rubro correspondiente a la inclusión social. Así, todos los menores de edad podrán acceder a una educación que les permitirá transformarse en ciudadanos completos cuando lleguen a la mayoría de edad. No obstante, es también evidente la dificultad que esto implica. El continente americano no es pobre, sino injusto. La desigualdad no está necesariamente vinculada con el subdesarrollo; puesto que hay países desarrollados en donde unos pocos concentran la riqueza. Pero es importante reflexionar sobre el hecho de que la desigualdad no se vincula únicamente con el ingreso y la situación económica.

Se propone, por tanto, que antes de iniciar la educación en las primeras etapas de formación y educación, se deben afrontar primero la inclusión social (para mejorarla) y revertir la desafección ciudadana. Asimismo, se repite que, mientras exista desigualdad económica, existirá desigualdad política que incidirá en la formación de una ciudadanía que responda más a factores económicos (los cuales reducen la participación ciudadana a ejercer el voto a cambio de algún insumo económico o material). Superando esto, se podrá, consecuentemente, avanzar en la educación de infantes para que posteriormente ejerzan una ciudadanía completa y esto lleve a mejorar la calidad de la democracia.

Finalmente, es importante que cada ciudadano emplee los elementos con los cuales se limiten los factores que impiden o retrasan la construcción de ciudadanía. Se reitera: es posible lograr la consolidación de una ciudadanía responsable a través de la educación, la formación de formadores, el apoyo del Estado, la academia y las organizaciones sociales.