1. Introducción

A lo largo de la historia encontramos un amplio abanico de formas de pensamiento y acción dirigidas a realizar prácticas específicas de gobierno. Posar la mirada en ellas permite ubicar las peculiaridades que poseen sujetos concretos. Mirar entidades gubernamentales resulta de mayor dificultad por la complejidad y la diversidad de instituciones y formas organizacionales que comportan. Las peculiaridades que les caracterizan están asociadas con el tipo de régimen que adoptan. Los matices son amplísimos aun cuando se agrupen en un mismo denominador.

Sean Gobiernos de regímenes políticos con signos contrastantes y opuestos (capitalistas, socialistas o comunistas), todos ellos actúan bajo formas específicas de orientar sus prácticas. Sean autoritarios, totalitarios o democráticos las gradaciones pueden ser notables entre unos y otros. En este sentido, nuestro objetivo es mostrar la relevancia de la democracia como régimen de elección de gobernantes, ampliamente aceptado como la modalidad más adecuada de atención de todo tipo de tema que suscite interés amplio a través de la representación política. Dicha modalidad es concebida como el medio en que la población es proclamada como sobe rana y que, en sentido inverso, oculta y permite un alejamiento sustantivo de los “representados”.

De forma específica, esto ocurre a través de los regímenes de prácticas y los regímenes de gobierno donde los primeros son...

Formas de hacer las cosas relativamente organizadas y sistematizadas, dirigidas a atender cuestiones específicas de la población como: la salud, la seguridad, la asistencia, la educación y la posible aplicación de sanciones; en el segundo plano, los regímenes de gobierno son el conjunto de los regímenes de prácticas de dirección de la conducta individual y colectiva y pueden ser conocidos por sus independientes variaciones relativas en: la formación de campos de visibilización, formas de racionalidad, técnicas y tecnologías, y las identidades y agencias.¹

Estos regímenes se inscriben en sistemas de pensamiento que ligan formas teóricas y prácticas. En este plano, en occidente ha permeado como forma de régimen de gobierno el liberalismo, cuya característica es la crítica al exceso de gobierno y la maximización de la libertad. La democracia ha sido la forma de acceso al poder de gobierno, que ha situado a los representantes, elegidos por medio del voto, al frente de los Gobiernos, no para buscar el bien común, sino para realizar los intereses de los gobernantes y sus cercanos.

Para mostrar lo anterior, nos proponemos, en la primera parte, destacar la relevancia del régimen democrático para la formación de gobiernos, con especial interés en la configuración de la representación política como modalidad de legitimación de las prácticas de gobierno. Esta última posibilita tomar decisiones vinculantes sin el riesgo de contestación por parte de los sectores afectados por las disposiciones de los gobernantes. En la segunda, buscamos responder cómo se ha definido el Gobierno y cómo se le caracteriza inscrito siempre, para el acceso al poder, en la democracia y, en los últimos tiempos, en lo que llamamos falsa representación.

En la tercera parte, centramos nuestra atención en el estado de Hidalgo, entidad marcada políticamente por la no alternancia en el gobierno y por la permanencia de prácticas gobierno que aún mantienen un velo de misterio que impide conocerlas y que, sin embargo, son un factor crucial para su permanencia en el poder. En este punto, precisamos que es un trabajo de reflexión. Para su mejor comprensión, tomamos al gobierno de Hidalgo como referente empírico del régimen de prácticas. Por tanto, partimos de los conceptos antes referidos para mostrar, descriptivamente, rasgos específicos de estas prácticas.

Esto nos coloca en el ámbito de nuestro interés a largo plazo, en el estudio y análisis de la acción de gobierno, a través de su racionalidad y las modalidades prácticas que crea. Nuestra postura analítica se localiza en los llamados enfoques de la gubernamentalidad. Es decir, buscamos identificar estos diferentes estilos de pensamiento de quienes gobiernan, la forma y condiciones en que se forma esa modalidad de pensamiento, para ubicar los principios y saberes de los que se apropian y los que generan. Así, buscamos establecer en qué consisten las prácticas que llevan a cabo y, finalmente, localizar cómo son llevadas a cabo, sus polémicas y sus alianzas con otras artes de gobierno.² Esta es nuestra orientación y nuestro interés.

2. México: de la democracia sin adjetivos a la falsa representación

Hace algún tiempo en México hubo gran efervescencia política y social en torno a la necesidad de democratizar el régimen político, al ampliar el espectro de posturas participantes en la búsqueda de acceso al poder. En este punto confluyen por lo menos dos tendencias. Por un lado, el agotamiento de la forma de partido predominante cuasi único, condición que se manifiesta nítidamente en las elecciones de 1976 para la presidencia de la república, a la que se presenta un único candidato: el del partido en el poder. A este hecho se suman las dificultades internas de la única opción partidista de oposición existente en ese momento que le impiden postular candidato.

Por otro lado, destacan, entre otras cuestiones, las movilizaciones sociales, en especial las estudiantiles, para exigir la apertura a la participación política formal. Esto en virtud de la exclusión y cierre de espacios en los que se encontraban las expresiones políticas de izquierda. En breve, estos dos aspectos, sobresimplificados, inciden en el inicio de una especie de carrera reformista en la que se ha embarcado el sistema político mexicano desde 1977. A partir de este año, y hasta el momento actual, nos encontramos en una especie de proceso de reformismo político para alcanzar el estatus en México como Estado de democracia consolidada.³

La democracia ha sido entonces el tipo de régimen político en México, el marco para la acción y práctica política sea por la vía de los hechos, el discurso o la conjunción de ambas. Atrás del concepto democracia viene una cauda histórica gigantesca y de modalidades comprensivas de la misma, situación normal en el farragoso y complejo mundo humano. Puntualmente, se argumenta que las causas de esta situación son complejas.

La primera, según nuestra opinión, es que los adversarios de la democracia liberal durante el siglo XX fueron monstruosidades. No sólo en el terreno práctico, sino en las ideas políticas y la ética, la democracia ganó frente al fascismo y la dictadura socialista, y lo hizo por razones contundentes. Estableció como fundamento del ordenamiento político las libertades. Estas incluyen los derechos básicos y, en resumen, establecen la soberanía de la gente sobre el Estado.⁴

La imposibilidad material de abordar este gigantesco recorrido nos conduce a recuperar mínimamente algunos aspectos del enorme campo de interés para la filosofía y las ciencias sociales. Lo destacado de este componente radica en, por lo menos, dos cuestiones: la primera, en la tendencia a reducir la presencia de la población en la definición de aquellos asuntos dignos de atención y, segundo, en la configuración de la ficción de la soberanía popular, esa orientación de sentido que establece que “el pueblo manda”.

Una de las propuestas más destacadas en la primera orientación es la de Joseph Schumpeter. Se trata de los teóricos de las élites, cuyo énfasis se localiza en la superioridad sólo de algunos con respecto a la mayoría. Para efectos de gobierno, se postula su superioridad organizativa, sentido de identidad e incluso, el consenso que mantienen en torno a la defensa de sus intereses comunes. Entre los antecedentes encontramos los trabajos de los italianos Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto y de Robert Michels. La primera cuestión por destacar en Mosca es su posición de realismo político, que encontramos en afirmaciones como la siguiente:

En todas las sociedades [...] existen dos clases de personas: la de los gobernantes y la de los gobernados: la primera, que siempre es la menos numerosa, desempeña todas las funciones políticas, monopoliza el poder y disfruta de las ventajas que van unidas a él. En tanto la segunda, más numerosa, es dirigida y regulada por la primera de una manera más o menos legal, o bien de un modo más o menos arbitrario y violento, y a ella le suministra, cuando menos aparente, los medios materiales de subsistencia y los indispensables para la vitalidad de la vida política.⁵

Mosca posiciona los elementos propios de esta orientación. Postula que el sufragio no es más que un “mito”, pues propone realizar algo que en la práctica no ocurre: colocar en posición de mando al pueblo. En esto radica la farsa, lo mítico de la democracia. Lo que ocurre en la práctica es la generación de orientaciones de sentido desde los pocos que adquieren el control del Gobierno.

Sin duda el trabajo posterior de Schumpeter adquiere enorme relevancia al mostrar las limitaciones de la definición clásica de democracia y construir una nueva propuesta. Para el autor, la democracia es un “método de competencia política”; es un procedimiento, son reglas de que se dotan a los actores políticos en su lucha por acceder al poder gubernamental. Las reglas de referencia son las de competencia electoral, competencia calendarizada que permite regular y regularizar esta actividad. Su condición central es la aceptación del triunfo de uno de los contendientes y, por tanto, de la derrota de los otros, lo que debe garantizar la paz, sentada en la posibilidad de acceder al poder en alguna ocasión posterior. Esto denota la relevancia de las reglas vitales para los participantes. Además, recae en ellos mismos la posibilidad de su ajuste, lo cual los convierte en actores privilegiados en la lucha política.

Recuperemos a Schumpeter, en la forma precisa en que establece por qué la democracia es un método:

La democracia es un método [cursivas en el original] político, es decir, un cierto tipo de concierto institucional para llegar a las decisiones políticas - legislativas y administrativas, y por ello no puede constituir un fin en sí misma, independientemente de las decisiones a que dé lugar en condiciones históricas dadas. Este debe ser el punto de partida para todo intento de definirla.⁶

La democracia sólo es un mecanismo selectivo, no contiene adjetivos, y no es el pueblo el responsable de la toma de decisiones para gobernar. En este terreno se construye el “mito del gobierno del pueblo”, a partir del aliento inicial de la democracia directa, practicada en la Grecia antigua y asentada en la premisa de “la búsqueda de la justicia o del bien común”.⁷ Asimismo, la Roma imperial continuó con ella y la ajustó, con su énfasis en la búsqueda de equilibrios entre las diversas formas de gobierno y sus intereses (democracia, aristocracia y monarquía).

El transcurso histórico por el dominio alcanza la visión mágico-religiosa del mundo. Después, durante el siglo XVI, periodo histórico conocido como la era moderna, supuso el desplazamiento de la idea de Dios como la explicación de las cosas, por la contribución de la ciencia y el concepto de conciencia individual que puso a la razón en el centro de la actividad humana.⁸

A partir de este siglo se reactivó la reflexión humana en todo tipo de ámbitos y, por tanto, el relativo a las formas de gobierno. De las orientaciones políticas que disputan el acceso al poder gubernamental, el liberalismo adquiere un vínculo casi simbiótico con la democracia. Tal posición está sustentada por Fernando Álvarez y Julia Varela, quienes plantean que “la ideología liberal postula que la libertad, la justicia y el progreso social están inexorablemente unidos al desarrollo del mercado que es en sí mismo autosuficiente, es decir, un mercado que se autorregula y que, a su vez, conforma los marcos de organización y desarrollo de la sociedad”.⁹

Para Schumpeter, entonces, el método democrático es aquel sistema institucional de producción de decisiones políticas que, dice, busca realizar el bien común, dejando al pueblo decidir por sí mismo las cuestiones en litigio mediante la elección de los individuos que han de congregarse para llevar a cabo su voluntad.¹⁰

Sin embargo, esta definición contiene aspectos que es necesario ajustar. Primero, no existe un “bien común”, es decir, no se trata de una forma unívoca, de algo homogéneo para todos. Segundo, la singularidad de las situaciones se impondría a la formación de una definición única de bien común. Tercero, por efecto de las dos anteriores, la voluntad general no se expresa en el proceso de elección de los decisores.

En estos aspectos radica lo que Rosanvallon llama la “ficción fundadora”. Consiste en que en la elección democrática se mezclan un principio de justificación y una técnica de decisión.¹¹ Ambos aspectos se conjugan para producir una rutina democrática contradictoria por la imposibilidad de realización aritmética de la voluntad de la mayoría, pues siempre será la posición de un sector el que se imponga. El análisis de Schumpeter nos muestra, de inicio, que la voluntad general no existe por la quimera de un principio general de bien común.

La cuestión es entonces: ¿qué es la democracia? ¿Cuáles son sus usos? A pesar de su larguísima historia, no es y no ha sido lo que se ha supuesto que es gobierno: aquel que se basa en la voluntad general en busca del bien común. En suma, para el autor, “el principio de democracia significa entonces simplemente que las riendas del gobierno deben entregarse a los individuos o equipos que disponen de un apoyo electoral más numeroso que los demás que entran en la competencia. Y esto, a su vez, parece asegurar la permanencia del sistema de mayorías dentro de la lógica del régimen democrático”.¹²

Esta concepción de la democracia es pluralista. Muestra que la competencia electoral se da entre diferentes fórmulas, pero se produce en las alturas. La base social sólo es relevante en el momento previo a la elección en la que se busca seducirle por algunas de las fórmulas en competencia y en el momento crucial de emisión del voto, de cuyos resultados surgirá la fórmula ganadora. Y hasta ahí.

En México la democracia ha sido objeto de atención y ejecución de acciones a través de un largo proceso de fortalecimiento. Si bien, como dijimos antes, formalmente han existido las elecciones, partidos políticos, entre otros mecanismos, pero no democracia debido a la clausura de la competencia política y, por tanto, de la inexistencia de actores diversos. La llamada transición a la democracia ha consistido, básicamente, en la apertura del sistema a actores políticos excluidos, a la competencia partidista y a la creación de una institucionalidad necesaria para regular la competencia.

Para José Woldenberg, el avance de la democracia se confina en México en su institucionalización. Sin embargo, este proceso no ha conducido a reducir el sesgo en las condiciones de vida y bienestar -en la gestión de la vida- de la mayoría de la población. Es decir, aquí se encuentra uno de los aspectos en el que la democratización no ha ofrecido resultados. Para nosotros lo relevante de esos déficits es el papel de esa institucionalidad en la regulación de los actores políticos, orientados a oligarquizar sus posiciones, con las consecuencias respectivas en el terreno que el autor muestra en su trabajo. Para Woldenberg, la transición democrática deja también una estela de saldos negativos: de comprensión, de percepción, de gobernabilidad, de una economía que no crece con suficiencia y una sociedad muy poco integrada, e incluso con falta de horizonte. Todos esos campos requieren políticas específicas.¹³

La democracia de falsa representación, institucionalmente consolidada, ha contribuido negativamente a formar gobiernos capaces de atender los ámbitos que señala el autor y, aún más, a facilitar la impunidad y la corrupción de los actores políticos, orientados a lograr beneficios para sí mismos y para aquellos intereses a los que sí representan.

3. El Gobierno y sus prácticas en la democracia actual

En las prácticas de gobierno se localizan las orientaciones de sentido dominantes en una sociedad en periodos específicos. Esto supone matices relevantes y consecuencias puntuales. Tales emplazamientos actúan a partir de configuraciones, del mismo modo, dirigidas, es decir, a través de racionalidades específicas productoras de estrategias. Lo relevante es, primero, definir qué es el gobierno. En segundo lugar, ¿qué es lo que le permite actuar y conseguir resultados?

Existe una coincidencia notable en la forma de definir Gobierno, definición que implica la acción de gobernar, actividad extremadamente exigente, que requiere continuamente de creación de nuevas estrategias y modalidades de intervenir en la población. En el momento actual, y en el pasado reciente, la configuración práctica de la acción de gobierno es referida, de forma general, como “políticas públicas”, “gestión pública” y “gobernanza”. Es decir, se afirma que se gobierna con la estrecha colaboración de los expertos, proveedores de saberes adecuados para que los decisores responsables del Gobierno los usen o no, para echar a andar estrategias novedosas y las formas prácticas existentes para ajustar las actividades rebasadas e ineficientes y, de suma importancia en el momento actual, con el involucramiento y colaboración de la población a gobernar,¹⁴ es decir, con participación.¹⁵

Es necesario echar un breve vistazo, entonces, a la forma que ha adquirido el concepto gobierno. Para Paolo Colombo, “gobierno [cursivas en el original] es un sujeto o conjunto de sujetos, que cumplen tal acción; más allá de las formas más elementales de agregación política; gobierno se convierte entonces en el marco del que se sistematiza el ejercicio del poder y, en consecuencia, la estructura, sobre todo institucional, que sostiene el cuerpo político, vale decir, la forma de gobierno o de régimen, o por extensión el propio régimen”.¹⁶

Ejercer el poder a partir de una estructura institucional específica es gobernar, es decir, la acción de guía o conducción de una sociedad o la agrupación humana en un territorio. En esta concepción de gobierno se expresa la acción, con una base institucional que le constituye, de un poder directivo. Lo relevante es el giro de lo lingüístico a lo político, donde gobernar se transformará en trasladar a los súbditos hacia el objetivo debido, como un piloto gobierna la nave.¹⁷

En nuestro contexto, Luis F. Aguilar es un referente destacado. Coloca las transformaciones de las prácticas de gobierno ubicadas en la intervención amplia de los gobernados en las estrategias que se construyen para ser dirigidos. Para el autor, ha resultado crucial la tendencia de liberalización¹⁸ de la alta presencia del Gobierno en todos los ámbitos. Su posicionamiento al respecto se localiza en diversas obras sobre políticas públicas.¹⁹ Nuestra referencia es general, no entramos en detalle. Únicamente destacamos la relevancia que adquiere transformar, a través de reformas, el sentido de la práctica gubernamental por medio de los instrumentos disponibles y aquellos que aparecen como innovaciones, específicamente los de la gestión y la gerencia pública.

Para Aguilar, en esta reconfiguración de la capacidad gubernativa se perfila y se restaura la idea profunda de la gobernación/gobernanza como proceso directivo de la sociedad. Es esta, el actor gobierno es un agente integrante del proceso, empotrado en el proceso, con un papel significativo y hasta decisivo en determinadas materias, pero que ha dejado de ser el actor directivo único, el que domina la dinámica de la sociedad en todos los asuntos de su interés.²⁰

Esta posición muestra que, en la práctica, el responsable del timón no ha dejado de conducir la embarcación hacia el rumbo que dispone, sea interviniendo intensa y extensamente, o bien, actuando a distancia al mostrar que se cede el protagonismo de la práctica de gobierno a los propios gobernados.

Estos giros suponen siempre racionalidades y regímenes de gobiernos específicos, cuya tarea primigenia es producir sujetos de gobiernos. Lo que se busca es configurar subjetividades para, dice Foucault, “conducir conductas”, acto primigenio del Gobierno.

En este punto, el estudio de la acción pública y de gobierno implica el desarrollo de diversas formas de intervención gubernamental. En campos que se hacen cada vez más especializados y con el desarrollo de la estadística, los estados tuvieron y tienen capacidad para establecer lo que es normal y lo que no lo es.

No nos extendemos más en el trabajo que nos hereda Foucault, aunque sí recuperamos algo que hemos planteado en otro espacio y consideramos relevante: todo el trabajo contenido en la práctica de gobierno se mueve y mueve la categoría de poder, lo que implica una gran dinámica que impide ver los desplazamientos en sus prácticas hacia lo micro, las disciplinas, los dispositivos y los efectos productivos. No se pretende mostrar sólo lo negativo en las prácticas de gobierno; por el contrario, estos análisis buscan mostrar los rendimientos objetivos del poder situado en los límites alcanzados por los estados de bienestar y expresados en documentos como el Informe de la Trilateral sobre la Democracia. Este último muestra la tendencia a la modificación del orden, del régimen, imperante hasta los setenta. Hemos transitado de un gobierno y sus instituciones omnipresentes a otro de signo acotado.²¹

Entonces, la transformación del Gobierno y sus prácticas, expresada en la imposibilidad de gestionar directamente el todo social, aparecen como la estrategia dirigida a retraerse, a autocontener la acción directa que desplegaba en todo tipo de frentes. “Esto es lo que se denomina ‘desinversiórí [cursivas en el original]. Esto se lleva a cabo en cuatro ámbitos de reorientación de la acción de gobierno:

Ya no es la omnipresencia, ahora se pretende conducir a las poblaciones a su autogobernación y a distancia o, si se prefiere, a control remoto. Es lo que ocurre, por ejemplo, desde los dispositivos de empoderamiento,²⁴ donde la participación de la población implicada es central para convertirse en sujetos de auto conducción.

El gobierno cuyo sentido de existencia es “conducir conductas”, constantemente requiere actualizarse (cambiar) para responder a las condiciones del momento actual. Debe abrirse a sí mismo y abrir los diversos territorios que conforman la vida social para lograr su propia subsistencia. Por lo anterior, las formas de actuación del poder, a través de los dispositivos gubernamentales y las modalidades de estos, se convierten en objeto de estudio las maneras específicas de gobernar.

Cada ocasión en que se produce un nuevo arreglo de gobierno a través de los procesos electorales ¿hacia dónde conduce? La respuesta posible es “hacia el fortalecimiento de la producción de subjetividades y, por tanto, de sujetos acorde con la definición de sentido que se promueve desde el gobierno”. Así, llegamos a lo que consideramos un gran concepto: gubernamentalidad. Fue acuñado para emprender, cada vez, el análisis sobre el rumbo que sigue y los límites a los que llega el gobierno. De forma específica, la gubernamentalidad estudia las prácticas de gobierno dirigidas a estructurar el campo de acciones posibles de individuos o grupos libres, para alcanzar objetivos determinados.²⁵

Desde la perspectiva de autores como Dean, se trata de estudiar los regímenes de prácticas en los gobiernos a los que les dan sentido, al formar parte de racionalizaciones específicas y, por tanto, de estrategias puntuales.

Ese es el trabajo analítico que se debe desarrollar. Es crucial para este tipo de análisis establecer la relevancia de la administración pública en la producción de legitimación para todo tipo de forma de régimen político y, en especial, del papel que juegan en la conducción de poblaciones.

A este respecto, y en alusión directa a los regímenes democráticos, Pierre Rosanvallon destaca el giro del papel de la administración en el gobierno de regímenes democráticos:

El proyecto de erigir la administración a la categoría de poder dotada de un cierto margen de autonomía fue formulado al llegar el siglo XX. El simple hecho de pensar en esos términos producía una ruptura mayor con todos los enfoques anteriores de la política democrática [donde] El poder surgido de las urnas debía imponer sin restricción cada una de sus decisiones, y la administración era concebida como su pura prolongación. La propia expresión “poder administrativo” no tenía, pues, ningún sentido en ese marco, salvo el de calificar una condenable forma de usurpación.²⁶

La separación política-administración se da por sentada en ese momento. Con el paso del tiempo, diversos trabajos nos muestran la imbricación y la autonomía relativa de la que gozan una y otra esfera.²⁷ La independencia de la administración pública haría suponer la generalización de los procesos de profesionalización, eso que llama Weber racionalidad instrumental. Alejarían al aparato administrativo de gobierno de la definición de una agenda propia y, por tanto, de su interés. No es así; más bien se muestra la existencia de posiciones políticas propias en el aparato.

Un dato relevante es la generalización en los Estados más consolidados, de procesos de profesionalización, como muestran los casos de Alemania (donde se habían establecido dispositivos que fueron recuperados, con las peculiaridades propias), Estados Unidos y Francia, como muestra Rosanvallon. La cuestión es la siguiente: ¿Por qué son relevantes estos cuerpos administrativos? La respuesta está en el papel que desempeñan en la construcción y en la operación de los dispositivos de gobernación puesta en marcha por los detentores del poder gubernamental. Si bien no todos son regímenes democráticos, la mayoría tenderán a serlo con el paso del tiempo, por lo que en algún momento se proclamará el “Fin de la historia”, bajo el supuesto del triunfo definitivo de los regímenes liberal democráticos.

El conjunto de estas modalidades de actuación gubernamental, producto de la lógica electiva de la democracia representativa, produce formas de ejercicio del poder gubernamental que muestran una imagen de estandarización. Sin embargo, mirar en forma específica permite localizar los matices presentes en las prácticas de gobierno y en los regímenes de gobierno, en este caso en el Gobierno del estado de Hidalgo. De esta entidad veremos, en lo que sigue, algo que avanzamos en otro espacio para ubicar esos matices, en especial a través del denominado grupo Huichapan, fundado por el político hidalguense Javier Rojo Gómez.²⁸

4. Sobre la democracia y el Gobierno en Hidalgo

Dos aspectos destacan en el estado de Hidalgo. La primera es contarse entre las entidades federativas en las que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha mantenido el poder desde sus orígenes; la segunda, la existencia de grupos políticos, como el grupo Huichapan, que aglutina un segmento de la clase y la élite política local.²⁹ Este grupo es un ejemplo de las modalidades de socialización que permiten interiorizar principios y valores propios de un viejo grupo en el poder, con capacidad de adaptación para modernizar sus prácticas y mantener su vigencia. Específicamente ejercen el control del aparato de gobierno, y esa combinación autoritaria y moderna de ejercicio del poder gubernamental es lo que les ha permitido mantener esa posición.

En otras palabras, abordamos un bosquejo de un régimen y de las prácticas de gobierno que le son propias. Ocupan esta posición quienes pertenecen a grupos políticos como el referido, siempre jugando el juego de la democracia electiva. El primer aspecto por destacar, como en otras entidades, es lo exten dido de su presencia. No hay espacio geográfico que le sea ajeno, lo que lo convierte en un referente para la población en su conjunto. Más allá de este aspecto, lo relevante es la configuración de una racionalidad peculiar (entre modernizadora, paternalista, clientelar), las estrategias que le definen y las prácticas concretas que llevan a través del partido político en el poder gubernamental en Hidalgo, la clase y la élite política de la entidad.

En el segundo aspecto, y como referente concreto, destacamos las prácticas de gobierno emanadas del grupo Huichapan, fundado por Javier Rojo Gómez, integrante del Partido Nacional Revolucionario (PNR)³⁰ en el estado de Hidalgo y gobernador de la entidad de 1937 a 1940. A partir de su conformación inician con la normalización de una serie de prácticas de gobierno tendientes, en primer lugar, a colocar a sus integrantes en posición de poder político y, segundo, a encauzar la acción de gobernar de forma autoritaria. Disciplinó y normalizó conductas en los subordinados sin cuestionamientos; impuso mecanismos de control, vigilancia y supervisión estrecha, por ejemplo, ubicando a miembros de la élite política en cargos de funcionarios y a sus cercanos en posiciones de mandos medios al interior del gobierno. En concreto, en la siguiente tabla podemos bosquejar la incorporación de algunos integrantes del grupo Huichapan como titulares del poder ejecutivo a partir de la formación del PNR y posterior transformación en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Tabla 1: Relación de gobernadores vinculados con el grupo Huichapan 

Fuente: elaboración propia.

En la tabla anterior se muestra la incorporación de los miembros del grupo Huichapan al interior del poder ejecutivo del Gobierno de Hidalgo. Esto evidencia empíricamente sus trayectorias y la de sus colaboradores en la conducción del Gobierno, a lo largo del México posrevolucionario y hasta el momento actual. Cuando la racionalidad de gobierno ha girado 180°, el grupo ha tenido la capacidad de adaptarse y mantener posiciones de poder.

Si bien orientamos nuestro trabajo a reflexionar teóricamente, no dejamos de lado la incorporación de datos cualitativos para mostrar la relevancia de los recursos analíticos; más aún, de la modalidad ahora vigente de racionalidad de gobierno y sus prácticas. Al respecto, destacamos la presencia de algunos de los miembros de este grupo en los gobiernos que van de 1993 al 2016, con el objetivo de mostrar evidencia de la relevancia de la democracia, únicamente, como mecanismo de elección. Esto permite a un viejo grupo político mantener posiciones de poder que actualiza su racionalidad y sus prácticas al momento histórico.

En la Tabla 2 presentamos la movilidad de ocho funcionarios hidalguenses en cargos locales y federales.³¹ Tres son exgobernadores. Destacamos a cinco de sus colaboradores que han trabajado en la administración pública estatal y ahora se han incorporado en puestos estratégicos del Gobierno federal. Esto comprueba la inclusión, formación y movilidad de la élite política en los puestos de mandos superiores. Esta es una práctica común en el régimen de gobierno: incorporar en las estructuras jerárquicas a los integrantes de la clase y la élite política.

Tabla 2: Movilidad de tres exgobernadores y sus colaboradores 

Fuente: elaboración propia

De lo anterior destaca la formación de nuevos grupos, esto, en suma, muestra que en el estado de Hidalgo hay, en un inicio, una élite política parental. Hoy, entre los gobiernos de Murillo y Osorio, se forma el grupo la Joya como una nueva élite política. Sus colaboradores, a diferencia del grupo Huichapan, han ocupado más cargos en el Gobierno federal, a tal grado de ser denominados como grupo Hidalgo.

Es relevante destacar, con Adrián Galindo, que en el sexenio de Osorio Chong se llevó a cabo un proceso de recuperación de posiciones de gobierno perdidas al calor de la alternancia partidaria en la presidencia de la república, ocurrida en México en el año 2000. Con la llegada de Osorio Chong al poder, en el 2005, inició un proceso de recuperación de posiciones. Galindo apunta que en 2008, tanto en las elecciones municipales como en las intermedias para renovar el congreso local, el PRI recobró la mayoría de las alcaldías gobernadas por la oposición.³²

Estas modalidades de prácticas de actuación gubernamental son un patrón largamente construido y únicamente actualizado durante las administraciones estatales, como fue expuesto con anterioridad. Recurrimos, nuevamente, a Adrián Galindo para mostrar aspectos puntuales respecto a la intervención del ejecutivo en todo tipo de instituciones, colocando a titulares en organizaciones descentralizadas y autónomas a funcionarios a modo, por tanto, afines al grupo.

El control que ejerce el ejecutivo local sobre instituciones públicas se extendió a los nombramientos efectuados en el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) y en el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH). Además del control que ejerce el ejecutivo sobre el congreso del estado, está la presión que el primero puede llevar a cabo sobre los municipios, a través del presupuesto y de las sanciones administrativas.³³

Otro ejemplo de esta práctica de régimen de gobierno es la designación del anterior subprocurador de Procedimientos Penales Región Oriente, Ricardo Flores Baños, como el fiscal anticorrupción del Sistema Estatal Anticorrupción, un colaborador alineado con la élite política del PRI.

En suma, la incorporación de colaboradores y miembros de la clase y élites políticas en cargos de confianza es una práctica cotidiana que refleja la conducción del Gobierno conforme a criterios establecidos informalmente a través de grupos políticos como el Huichapan o el Hidalgo. Un último dato respecto a la larga presencia e imbricación de estos grupos políticos lo encontramos en la presencia del actual secretario de Desarrollo Social Daniel Rolando Jiménez Rojo, miembro de la élite política local que desciende, en línea directa parietal, de los Rojo-Lugo-Guerrero, creadores del grupo Huichapan. Jiménez Rojo se ha desempeñado en diversos cargos locales, como auditor fiscal de la Dirección de Programación de la Secretaría de Finanzas (1991-1993), consejero presidente electoral por unanimidad de votos del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) (2006-2012) y hoy es el titular de la Secretaría de Desarrollo Social en la entidad.

Si bien el poder se concentra en el ejecutivo estatal, el papel de partido no es menor y la presencia de los arreglos entre la clase y la élite lo muestran por estos canales. En este caso en particular, el sometimiento de todas las instituciones al ejecutivo redunda en el acceso a posiciones de gobierno para el partido hegemónico, que sólo de momento se vio superado, además de los recursos acumulados durante décadas para hacer del control de las instituciones de gobierno, y adaptar históricamente el régimen y las prácticas de gobierno.

Cerremos este apartado con un ejemplo concreto de estas formas prácticas. En la historia de México, la figura de los caciques es un referente central para entender la actividad política y el ejercicio de poder. Son figuras regionales emblemáticas caracterizadas, primero, por la posición que ocupan respecto al conjunto de la población. Se trata de personajes destacados por el reconocimiento que poseen, sea por su riqueza, sea por su capacidad de desplegar actos de violencia que los colocan por encima del conjunto, o por la conjunción de ambos aspectos. Lo anterior les supone enorme influencia para arbitrar disputas, lograr arreglos y, en especial, mantener un vínculo privilegiado con el poder gubernamental, muchas veces ocupado por estos mismos personajes.

Una tesis de licenciatura nos permite contar con una perspectiva de horizonte político amplio sobre la hegemonía del PRI en Hidalgo. Recupera las condiciones imperantes desde la época previa al arranque del reformismo político que trae como consecuencia la alternancia en la presidencia de la república. El primer dato que nos entrega Pastor Badillo es sobre el triunfo del partido en la elección de 1975 para gobernador, donde obtuvo una victoria en las urnas con un porcentaje de votación de 99.6%.

De este hecho destaca, primero, el triunfo sin competencia (fue el único partido inscrito en la elección); segundo, el candidato Jorge Rojo Lugo, quien era representante del grupo Huichapan (caciquismo)³⁴ y, tercero, el porcentaje de votantes fue elevado para los estándares que distan significativamente de 77.29% de electores participantes en el proceso. En general, la participación es menor que la alcanzada en 1987, de 58.62%. Esto significa que, durante las siguientes seis elecciones a gobernador, la cifra del 75 queda notablemente arriba.

Para el autor, esto conduce a dos reflexiones. La primera es el enorme compromiso con la política durante la época de mayor autoritarismo que, paradójicamente, a través de los años de apertura, cayó notablemente. La segunda reflexión es la siguiente:

Una fría realidad que consiste en enfocarnos en un débil sistema electoral que permitió demasiadas irregularidades en las votaciones, en grupos de poder con una fuerte influencia sobre el devenir del estado, una sólida maquinaria partidista operada por [sic] un solo objetivo, el triunfo electoral, y una contraparte de la primera observación, es decir una deplorable participación social del ciudadano que no se preocupó de que su voto posiblemente pudiese haber sido usurpado.³⁵

Tenemos aquí la recuperación de los “valores políticos del pasado”, configurados en una forma institucional específica: el PRI. Lo que nos enseña la teoría neoinstitucional, desde la perspectiva del March y Olsen, es que las instituciones tienden a reproducirse hacia adentro para incidir hacia afuera, esto es, construir formas específicas de acción para influir en el comportamiento de la población del entorno en la que actúa. Tenemos un régimen de prácticas específico, del pasado, que se ajusta a las condiciones actuales. Se conserva un saber hacer transmitido durante varias generaciones para actuar siguiendo patrones relativamente organizados y sistematizados.

El priismo en cada entidad ha desarrollado prácticas que le ha posibilitado mantener la posición que ha ocupado por 87 años y muestran ese ajuste permanente en el régimen de gobierno. En Hidalgo, la figura del cacique es relevante y se combina con los ajustes propios de cada momento. Pastor Badillo lo muestra en la forma en que se elige a los candidatos. Al respecto, dice: “El que en una zona exista influencia caciquista desemboca en una toma de decisiones de candidatos a puestos de elección popular mediante la designación, generalmente, influenciada por los líderes tradicionales”.³⁶

Pastor Badillo presenta un diagrama de flujo que muestra el proceso y la presencia del cacique en este, al “sugerir”, en conjunto con el presidente municipal, quién es el candidato idóneo. Hoy los caciques se mueven de acuerdo con la fuerza de los grupos en el poder, y esto se muestra con la capacidad desplegada en el sexenio de Osorio Chong para recuperarse de la sacudida producida por la “alternancia” del año 2000.

5. Conclusión

A veces, el llamado a la recuperación o fortalecimiento de lo público adquiere tonos de un llamado ético a superar la parcialidad, a pensar en el bien común, a rendir cuentas, a abrir espacios. Es como si invocáramos una suerte de reforma intelectual y moral que debiera transformar las mentalidades y la cultura política de funcionarios, políticos profesionales, intelectuales y ciudadanos. En contraste, lo que nos encontramos son regímenes de prácticas y regímenes de gobierno que se mueven en sentido contrario a lo antes expresado. La democracia nuestra ha trascurrido por el camino de un formalismo extremo, de una institucionalidad extensa y consumidora de recursos económicos, autoreducida a la parcialidad de los intereses de las oligarquías partidistas y distante de la ciudadanía. Es entonces sólo un aparato que cumple con una especie de ritua lismo electoralista y pide dinero.

Esto conduce a formar gobiernos que cumplen con las formalidades de acceso al poder por la vía electoral y sesgada a los intereses de las camarillas de las que forman parte, y muestra la falsa representación. Son formas institucionales autoreproductivas que apelan a la presencia del “ciudadano”, para adosarse los caris de demócratas, ajenos a los mismos al colocar por delante sus propios intereses.

Sin duda los regímenes de prácticas y los regímenes de gobierno nos permiten dar cuenta de las peculiaridades políticas de las regiones y de las entidades. Nos muestran las entelequias del pasado combinadas con los dispositivos del presente. Hidalgo es uno de esos ejemplos donde las formas del pasado conviven con el presente a través de la figura del cacique y el uso de tecnologías de gobierno actuales o avanzadas, lo que nos muestra lo dicho por Schumpeter, la democracia es una ficción construida por una minoría para conducir a la mayoría.

Todo lo anterior hace indispensable mirar con profundo detenimiento a los gobiernos y a los gobernantes. Este es nuestro interés, y la propuesta es realizar esta tarea analizando cómo actúan quienes detentan el poder gubernamental, cuáles son las modalidades de pensamiento (racionalidad) que guían su actuación como poseedores de enormes recursos de poder, a través de los dispositivos gubernamentales, es decir, el conjunto de recursos y la forma de usarlos, hacerlos prácticos, y las modalidades.

Todo esto se convierte en objeto de estudio de las maneras específicas de gobernar. En este ámbito centramos nuestro interés, en el entendido de que los procesos electorales nos traen “un nuevo” gobierno. Lo esperable es que esto debería introducir ajustes en la forma de concebir y conducir a la población, para mejorar las condiciones de nuestra existencia. Sin embargo, hoy nos encontramos en condiciones que son, parece, sólo de utilidad para los gobernantes y sus grupos, lo que hace más urgente el trabajo analítico que nos permita reconfigurar la actuación de los gobernantes hacia intereses comunes.