1. Introducción

A más de quince años de la llegada de los gobiernos progresistas al mapa político latinoamericano, es insuficiente hablar de la exitosa dupla entre movimientos sociales y partidos electorales que permitieron contender y ganar las presidencias de gobiernos como los de Venezuela, Bolivia y Ecuador, para frenar con ello el neoliberalismo. En el contexto actual, después de una década al menos de políticas sociales y de una redistribución del ingreso, hay una ruptura en la alianza que sostuvo la llegada de dichos gobiernos. En ese sentido, los conflictos derivados del uso de los recursos naturales en el modelo de desarrollo y las distintas prácticas estatales confrontadas con la lógica comunitaria y las organizaciones de la sociedad civil desdibujan la alianza y plantean escenarios de alejamiento o confrontación.

En el primer apartado de este trabajo se hace un recuento analítico de la relación entre movimientos sociales y partidos electorales en los tres países considerados. Posteriormente, el análisis se centrará tanto en las "exitosas" políticas sociales y de redistribución del ingreso que se sostuvieron en estos países como en la ruptura de la alianza entre estos movimientos sociales y los partidos electorales por las razones que acabamos de plantear. Finalmente, este artículo concluye señalando la importancia de reconstruir, bajo otras directrices, esta alianza para evitar un retorno y una profundización de las políticas neoliberales en el continente.

2. Movimientos sociales y partidos políticos en bolivia, ecuador y Venezuela: "el enamoramiento"

Desde que llegaron al gobierno las primeras opciones denominadas de izquierda, ocurrieron transformaciones en el mapa político latinoamericano desde finales de la década de los noventa, las cuales fueron abordadas por los intelectuales como una discontinuidad en medio de una tendencia a la derechización del discurso y la práctica política.

Después de casi dos décadas de políticas de ajuste estructural y de la implementación del neoliberalismo en la región, James Petras escribía en 1997 un texto titulado "América Latina. La izquierda contraataca", en el que daba cuenta de los cambios en la región y advertía el surgimiento de nuevas izquierdas de origen campesino que, entre otras cosas, mostraban autono mía respecto de los partidos, aprovechaban los espacios parlamentarios no electorales y al mismo tiempo eran una mezcla discursiva tanto del marxismo clásico como de diferentes influencias étnicas, feministas y ecológicas.¹ El autor se refería particularmente al Movimiento Sin Tierra en Brasil y a los campesinos cocaleros de Bolivia; consideraba que en América Latina venía "creciendo un movimiento de oposición que con el tiempo podría llegar a poner en jaque el predominio de toda la estructura de poder de libre mer cado". Los años que siguieron han mostrado que Petras no se equivocaba y que en América Latina se estaban gestando transformaciones en el mapa político e ideológico que trascendieron a la coyuntura electoral, y que más allá de despertar el gusto libertario por la ruptura del pensamiento único, debían ser analizadas y estudiadas a profundidad.

A finales de la década de los noventa, el Movimiento Quinta República llevó a la presidencia de Venezuela a Hugo Chávez (1999), y con ese triunfo inició una serie de victorias electorales que se sumaron al auge de los llamados nuevos movimientos sociales. En el 2000, Hugo Chávez volvió a ganar elecciones con una nueva Constitución de corte social, y en 2002 el Partido de los Trabajadores, con la candidatura de Luiz Ignacio Lula da Silva, ganó las elecciones presidenciales en Brasil; en 2003 Nestor Kirchner, en Argentina, se hizo presidente; en 2004 Tabaré Vázquez Rosas ganó las elecciones presidenciales en Uruguay; en 2005 el Movimiento al Socialismo en Bolivia, con la candidatura de Evo Morales, llevó al primer indígena a la presidencia; a finales de ese mismo año, Michell Bachelet se convertía en la primera mujer en encabezar el gobierno de Chile. En una segunda etapa llegaron a la presidencia Rafael Correa en Ecuador y Daniel Ortega en Nicaragua. Esos triunfos electorales fueron interpretados como parte de una tendencia critica al neoliberalismo y al conservadurismo que le dio sustento en la región, y llevaron a plantear la idea de que estábamos asistiendo al giro hacia la izquierda. Greció el consenso sobre la idea de que en América Latina estaban ocurriendo cambios políticos que podían ser denominados de esa manera, y también se hizo común calificar a esos cambios de múltiples formas. Con etiquetas como izquierda fundamentalista, populista, reformadora o electoral, intentaron conceptualizar el cambio político que estaba ocurriendo; no dejaban de ver la alianza entre amplios frentes sociales y estructuras partidaria en las que, no obstante los acuerdos realizados, siguieron manteniendo su autonomía.

Los nuevos tiempos marcaban una forma distinta de hacer política en la que los partidos centralistas y disciplinados perdían fuerza al calor de las movilizaciones populares que iban concentrando mayor protagonismo en la crítica a las reformas neoliberales, toda vez que los principales afectados eran los ciudadanos comunes y que viejos y tradicionales partidos de izquierda habían perdido centralidad en la gestión de las demandas populares desde el fin de ciclo del mundo bipolar.

Durante esos años, cuando se observaba una tendencia consolidada hacía las opciones anti-neoliberales, Benjamín Arditi planteó lo que estaría en el escenario de la coyuntura: el hecho de que había diversas formas de entender qué significa cambiar el mundo y cuán diferente debe ser ese otro mundo para poder llamarlo otro; efectivamente, Arditi y sus preguntas ponían en el centro el desacuerdo existente entre aquellos que declaraban y deseaban cambiar al mundo, un mundo liberal, patriarcal, estatista, estructurado por la acumulación, neoliberal en la última fase y añejamente capitalista, y aquellos que sólo querían salir de la crisis.

La forma de entender el cambio que se estaba gestando en esos años, inde pendientemente del énfasis, no se puede considerar un conflicto antagónico, sino una "polémica acerca de lo que uno está hablando, un reconocimiento de que la verdad del asunto -de cualquier asunto- no puede ser establecida al margen de la argumentación, y una aceptación de que lo único que tenemos a nuestra disposición para hacerlo es una serie de casos en los cuales ponemos a prueba la universalidad de principios o valores.² Además de las distintas formas de entender cuán diferente debe ser el mundo para ser llamado otro, existen condiciones que moldean la forma en la cual aquellos que se sienten a disgusto con el mundo existente pretenden cambiarlo, es decir, la forma en la que se establecen los criterios de la "razón práctica", tales como la experiencia histórica, la "existencia de un afuera que es cambiante y establece la relación con aquellos que han de ser considerados enemigos", así como la forma en que se establece desde los que quieren cambiar lo exis tente el quiénes somos y por qué luchamos.³ La alianza entre movimientos sociales y sus formas gelatinosas de organización, la horizontalidad de la lucha y un repertorio de demandas se encontraron de pronto combatiendo al neoliberalismo con sujetos políticos que valoraban la verticalidad de los partidos políticos, la disciplina y el programa; juntos asumieron la necesidad de ganar elecciones para acabar con aquello que no les gustaba, de tal modo que inauguraron una nueva forma de organizar la lucha antineoliberal: se encontraron, avanzaron y ganaron sin preguntarse al calor de ese proyecto si estaban de acuerdo en lo que cada uno entendía por otro mundo.

Si algo caracteriza este cambio es la discontinuidad, ya sea entre los casos nacionales contemporáneos o entre los antecedentes históricos de los proyectos de izquierda en la región. Las impugnaciones no son homogéneas ni guardan una relación lineal con la forma tradicional de entender a la izquierda. De acuerdo con Arditi, es posible reconocer que el llamado giro no se ha hecho por un movimiento nacional o internacional vertebrado por las ideas marxistas, y aunque mucho de ellas esté presente, tampoco mantienen un rechazo a la propiedad privada o al mercado, y hay una abierta aceptación de la democracia procedimental que no impide, al mismo tiempo, que recurran y valoren formas de democracia participativa.

La existencia de un nuevo sentido común político e ideológico y, por tanto, la nueva ubicación de la izquierda en el centro es una ruptura con el mundo neoliberal que se generalizó durante la década de los noventa.

Todas estas ideas apuntan a la existencia de algo nuevo, de elementos de rupturas en la izquierda pero también de un orden distinto de una transformación que reubica lo existente e introduce algo diferente, es decir, esa relación entre movimientos sociales y partidos no se puede considerar nueva, sino que el momento histórico particular latinoamericano de esos años la revivió. En ese sentido, fue posible observarla en los tres casos que traemos a discusión.

Bolivia

En Bolivia a partir de 1985 se aplicaron reformas neoliberales bajo un programa de ajuste estructural que inició a finales del periodo autoritario con el nombre de Nuevo Plan Económico. Al llegar el cuarto periodo de gobierno de Víctor Paz Estenssoro, inició una apertura comercial indiscriminada, la eliminación de la política de subsidios y el abandono de los esquemas de protección; se impuso un tipo de cambio flotante y se devaluó la moneda con vistas a competir en el mercado internacional. En Bolivia, como en toda la región, la ideología neoliberal se apropió del espacio público bajo el ofrecimiento de la inserción al mercado global y la democracia. El 9 de abril de 2000, los regantes de la zona sur de Cochabamba tomaron Aguas del Tunari, una filial de la trasnacional Bechtel. Aguas del Tunari había sido concesionada en 1999 y en los primeros meses del 2000 los costos del agua se incrementaron hasta 51%;⁴ además del incremento en los precios por la aprobación de la Ley 2029, no se podrían usar más los sistema de riego y los pozos construidos de manera individual. En enero del 2000 Cochabamba fue bloqueada, la totalidad de los servicios se suspendieron y no había ningún intento de negociación por parte del gobierno de Banzer, ya que desconocía a la organización que personificaba las demandas, la Coordinadora Nacional por la Defensa del Agua y de la Vida.

La movilización social estaba anclada en organizaciones como la Coordinadora Nacional por la Defensa del Agua y de la Vida, en la cual se aglutinaban la Fedecor y la Federación de Trabajadores Fabriles de Cochabamba, filial de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia (CGTFB) y de la Central Obrera Departamental (COD), además de grupos de intelectuales y activistas ambientales.

Inicialmente, la demanda de la Coordinadora de Agua era por la revisión de las tarifas que imponía la empresa pero, al paso del tiempo y en tanto se iba descubriendo el carácter del contrato otorgado por el gobierno, la demanda cambió por la exigencia de cancelar el contrato y el retorno del agua al control público. En 2003 ocurrieron bloqueos, levantamientos y reacomodos en la lucha contra las medidas económicas, lo que terminó por paralizar la ciudad de La Paz y expulsar a Gonzalo Sánchez de Lozada. La protesta se vertebró desde los numerosos encuentros convocados por la Coordinadora Nacional de Recuperación y Defensa del Gas, que fue fundada en septiembre del 2003, en donde se reunían expertos en el tema de las hidrocarburos y distintas organizaciones sociales que estaban participando en los bloqueos, como la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) y los jóvenes de la Universidad Popular de El Alto.

Estos sucesos terminaron con la expulsión del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada El Goni del país. Posteriormente, Garlos Mesa Gisbert asumió el gobierno, quien a su llegada convocó a un referéndum sobre la Ley de Hidrocarburos en junio de 2004. Del otro lado se había constituido, al calor de las luchas de los campesinos cocaleros contra la política exterior nor teamericana de erradicación del cultivo de la hoja de coca, el Instrumento Político de la Soberanía de los Pueblos, que más tarde fundiría sus siglas con el partido Movimiento al Socialismo y que lograría la victoria presidencial de Evo Morales en 2005.

Venezuela

Durante el segundo gobierno de Rafael Caldera (1994-1999) se implementó un paquete de políticas conocidas como la Agenda Venezuela, un listado de acciones de corte neoliberal que seguía los postulados del Gonsenso de Washington. Paradójicamente, Caldera había llegado a la presidencia con un discurso crítico al neoliberalismo. Su carta de intención con el pueblo venezolano mostraba que el compromiso de su gobierno sería contrario al de las cartas de intención que los países de la región habían tenido que firmar con el Fondo Monetario Internacional. El rechazo a las políticas neoliberales había formado parte de los discursos de campaña desde 1988, y en 1993 la postura de Caldera no fue la excepción. Así, la primera mitad de su gobierno estuvo regida por el Programa de Estabilización y Recuperación Económica, en un intento tímido por alejase del fundamentalismo neoliberal, pero la crisis inflacionaria de 1996⁵ cambió el rumbo del gobierno y ocurrió una profundización de la ortodoxia que inicialmente había rechazado.

Durante la primera mitad del gobierno de Caldera (1994-1996) y ante la asfixia de los problemas inflacionarios y el déficit ocasionado por el rescate bancario, los funcionarios responsables de la política económica fueron acercándose a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.⁶ La Agenda Venezuela se propuso ser un instrumento de reducción de los costos del Estado; consistía en una reducción del déficit macroeconómico, más privatizaciones y control inflacionario desde cuatro programas:⁷ estabilización macroeconómica, transformación social productiva, desarrollo social y reformas institucionales.⁸

Siguiendo los datos de Gómez y Alarcón, la pobreza en los años del gobierno de Caldera fue abordada desde las políticas focalizadas por parte de un Estado que había abandonado el objetivo del desarrollo, de tal suerte que ocurrió un abandono de la inversión social y de las políticas de subsidios. El gasto social se destinó al pago de transferencias para el consumo y hubo una privatización de los servicios sociales.⁹

Por el lado de la respuesta social, en Venezuela hay un referente central de la protesta en la época que antecedió la llegada al gobierno de Hugo Chávez: el Caracazo. En 1989 el incremento de los precios de la gasolina, el subsecuente incremento en los precios del transporte público y un paro de los transportistas detonaron una oleada de protestas que paralizaron a la capital del país; la población de los barrios pobres bajó a las calles centrales y tomó el control de ellas, junto con esto ocurrieron saqueos a los centros comerciales y enfrentamientos de todo tipo. La respuesta de la policía metropolitana y de la Guardia Nacional al amparo del Plan Ávila fue violenta y dejó cientos de muertos.

En 1992 ocurrió el fallido golpe de Estado organizado por militares que formaban parte del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200). El MBR-200 surgió desde el interior de las fuerzas armadas como una crítica a los sucesos de 1989 y al papel que los militares habían jugado en la represión bajo el mando de Carlos Andrés Pérez, pues subyacía la idea de que el causante del malestar popular era el propio gobierno y de que los bloqueos y saqueos que habían alterado el orden durante el Garacazo eran legítimos. En ese diagnóstico, el MBR-200 encontró interlocución con La Causa R (LCR), el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) y Bandera Roja (BR).

En 1996, el MBR-200, bajo el liderazgo de Hugo Chávez, cambió el sentido político de la organización al incorporar la práctica electoral y transformarse en el Movimiento Quinta República (MVR). En ese contexto, el 6 de diciembre de 1998 Hugo Chávez Frías triunfó en las elecciones presidenciales e inició un gobierno de fuerte alianza popular con los movimientos que habían participado del fin de los gobiernos.

Ecuador

Hasta antes de la llegada de Rafael Correa, Ecuador había experimentado varios periodos de políticas de corte empresarial y privatizador que iniciaron con León Febres Cordero (1984-1988) y que, con variantes, se mantuvieron durante los periodos de Sixto Durán Ballén (1992-1996) y, de modo parti cular, de Jamil Mahuad (1998-2000), Gustavo Noboa (2000-2003) y Lucio Gutiérrez (2003-2005). En los primeros años bajo el gobierno de Hurtado, el objetivo central del ajuste se enfocaba en la reducción del déficit fiscal, por lo que se realizó una serie de medidas llamadas la "sucretización", que consistían en volver la deuda privada de los empresarios ecuatorianos en deuda pública; esto, a petición del FMI y del Banco Mundial. Esta política de reestructuración duró alrededor de una década y dio paso a que durante la década de los noventa el modelo neoliberal fuera implementado de manera mucho más activa y ya no se tratara sólo de una reestructuración del viejo modelo desarrollista.

Fue hasta el gobierno de Sixto Durán cuando se empezó a implementar un modelo que tenía como ancla el tipo de cambio con tasas de interés flexible, con el fin último de atraer la recomendada Inversión Extranjera Directa (IED). Además, se implementó un plan de modernización estatal en donde se buscaba la reducción de la intervención estatal en la economía a un nivel mínimo, para dejar a las llamadas "fuerzas del mercado" la asignación de los recursos para lograr la maximización en su utilización. Para esto, era necesario la firma de lo que se conoce como "cartas de intención" con el FMI, donde el Estado se ve comprometido a impulsar el plan neoliberal y sus medidas a un largo plazo a cambio de la renegociación de la deuda con dicho organismo.

Los resultados de estas políticas neoliberales implementadas fueron malos al punto de llamarse desastrosos, pues registraron un decremento en la producción que reflejó la caída de los indicadores del PIB de un 31% en el corto periodo entre 1998 y 2000, además de la también caída del PIB per cápita de un 33% en el mismo periodo. A esto se le agregan acontecimientos como una devaluación del 216% en 1999, una caída del salario real de 23% y una salida de capitales de 15% del PIB.¹⁰

Lo anterior se reflejó en una mayor concentración de la riqueza: el quintil más pobre percibía en 1990 el 4.6% de los ingresos, y para 1999 tan sólo el 2.46%; entre tanto, el quintil más rico registraba el 52% en 1990, y para 1999 registraba ya el 61.2%.

Esta crisis del modelo neoliberal en Ecuador puede atribuírsele a muchos factores externos, pero mucho más que eso lo que deja en evidencia es la constante inestabilidad del modelo implementado, así como la tendencia a la pauperización de la calidad de vida de la población en el espacio nacional ecuatoriano, un creciente desempleo y el fortalecimiento del poder económico y político de las grandes élites internacionales. Esto deja entre ver que lo que se prometía al momento de la implementación del modelo resultó ser nada más que una simple ilusión.

Con todo esto se puede observar que en la fase de acumulación neoliberal la economía ecuatoriana no dejó de tener un cierto patrón primario-exportador, sin embargo, puede verse, como menciona Acosta, una heterogeneidad en la producción pero sin mucho significado para la parte industrial, la cual representaba una parte importante pero no predominante.

Como producto de los resultados obtenidos con el proceso de acumulación neoliberal en Ecuador surgieron ciertas tensiones políticas y económicas que desestabilizaron aún más el aparato político nacional, además de que vemos cómo el sujeto social indígena, que había permanecido oculto o con un perfil bajo a lo largo de la historia del Ecuador como nación independiente, se hace presente en esta coyuntura y genera más polémica sobre lo que estaba pasando en materia tanto política como económica y social.

Ya desde la década de los noventa se empezó a formular una serie de luchas y manifestaciones por parte de los movimientos indígenas, cuyas principales demandas eran la reivindicación de su cultura y el reconocimiento de sus pueblos como parte del conjunto de la sociedad ecuatoriana. Pero fue a principios de la primera década del siglo XXI cuando se inició un movimiento que conjuntó a varios grupos indígenas que, denunciando las injusticias y los estragos ocasionados por el sistema capitalista de producción en su fase neoliberal, salieron a las calles a hacer presión al gobierno en turno para que atendiera sus demandas.

Se lograron ciertos objetivos por parte de los indígenas, por ejemplo, diversas participaciones en las diferentes instancias del gobierno ecuatoriano, sin embargo, fueron disminuyendo hasta que en el 2006, cuando se encontraba en puerta la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC), se realizó una manifestación por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que cambió el rumbo del campo político en Ecuador y obligó a la izquierda a replantearse la forma de hacer oposición e incluyó en su análisis y en sus planes al emergente movimiento indígena.

Por parte de la izquierda surgió una figura de liderazgo en la persona de Rafael Correa, quien, aprovechando la coyuntura del movimiento indígena, formó la organización conocida como Alianza PAIS y conjuntó varios movi mientos políticos para llegar a la presidencia en el 2006. Éste fue un suceso que rompió con todo lo que había sido la política en la historia del Ecuador, debido a que ahora eran los sujetos que a lo largo de la historia habían sido negados por el sistema los que con su voto en las urnas ponían a un presidente y levantaban la mano para transformar al país y presentaban a la vez una filosofía que buscaba romper con el mismo capitalismo.

A partir de la primera gestión de Correa, el país ha mostrado, en términos económicos, un comportamiento que ante los indicadores oficiales se plasma de manera muy positiva; sin embargo, actualmente, a pesar de las tasas de crecimiento positivas y la reducción de la pobreza, ha habido ciertos cuestionamientos al tipo de política económica llevada a cabo desde 2006 hasta la fecha. Diversos expertos han puesto en la mesa de debate el carácter neoextractivista de la economía ecuatoriana y han señalado al gobierno de Rafael Correa como revisionista y procapitalista; por otro lado, la versión un poco más cargada al gobierno plantea que no se puede prescindir del mercado mundial de manera tan tajante y en el discurso oficial se plantea la necesidad del neoextractivismo como fase inicial para lograr la instauración de otro tipo de economía.

Lo que acabamos de describir es esta fase que llamamos de "enamoramiento" y que llevó, a través de la alianza, a movimientos sociales y partidos políticos al llamado "giro a la izquierda", caracterizado por victorias electorales que permitieron a los "gobiernos progresistas" empezar ese nuevo momento histórico latinoamericano acompañado por la disminución de las desigualdades sociales y económicas en la región.

3. Los programas sociales en Bolivia, Ecuador y Venezuela: entre el "matrimonio" y el "desencanto"

A lo largo de estos últimos diez a quince años, los tres gobiernos progresis tas considerados han ejecutado políticas públicas en el sector social, con el objetivo de alcanzar un mejor desarrollo socioeconómico. En esta fase, que denominamos de "matrimonio" entre los movimientos sociales y los partidos políticos que llegaron a tomar las riendas de estos gobiernos a través de libres y democráticas elecciones, es posible observar un aumento, año con año, de los recursos destinados a las políticas públicas en el sector social, lo que indudablemente deriva de las políticas neoextractivistas que se aplicaron y que pueden ser consideradas uno de los motivos del futuro "desencanto" y sucesivo "divorcio" entre los dos actores que estamos considerando clave para esta investigación.

En esta fase, la mayoría de los recursos, que se obtuvieron por un modelo de desarrollo que vio al Estado como promotor de ese nueva momento de acumulación, se destinaron al objetivo de reducir las desigualdades que el periodo neoliberal había exacerbado y en el cual millones de personas a lo largo del continente latinoamericano vivían en una situación de pobreza. De hecho, la llegada de los gobiernos progresistas en América Latina inauguró ese nuevo momento histórico en el que los gobiernos ponen como prioridad en su agenda la disminución de las desigualdades sociales y económicas. Sin embargo, nos parece importante señalar que las consecuencias de este modelo tanto ambiental como social romperían en una etapa sucesiva lo que nosotros definimos "fase del matrimonio".

Como es posible observar en los datos que mostramos a continuación, nuevamente las políticas sociales en estos países apuntaron a cerrar las brechas de las desigualdades entendiendo que el Estado es el promotor de esa función al diseñar cambios estructurales en la distribución de la renta y en el acceso a los derechos de la salud, educación y participación política.

Para el caso Bolivia es posible observar que en cuanto a los programas sociales¹¹ entre 2006 y 2015 las intervenciones más importantes se resumen en el Bono Juancito Pinto,¹² el Bono Madre-Niño-Niña Juana Azurduy,¹³ el programa Desnutrición Gero,¹⁴ el programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA),¹⁵ el programa Renta Digna,¹⁶ el programa Bolivia Digna,¹⁷ el programa Bolivia Productiva¹⁸ y el programa Incentivos Comunitarios.¹⁹

En cuanto al presupuesto del programa del Bono Juancito Pinto, pasó de 31,015,976 en 2006 a 60,058,334 en 2013. De la misma manera, es posible observar un aumento sustancial en cuanto al presupuesto para el programa Bono Madre Niño-Niña-Niña Juana Azurduy hasta el año 2011, que pasó de 7,398,62 millones de dólares en 2009 a 25,548,004 en 2011, para bajar a 17,572,091 en 2013. En cuanto al programa Renta Digna, se debe resaltar que el presupuesto se redujo considerablemente en 2010 y coincidió con el aumento importante del presupuesto al programa Juana Azurduy, lo que permite observar una tendencia alcista en 2013 con 296,369,201 millones de dólares. Finalmente, en cuanto al programa Mi Primer Empleo Digno se denota que es el que mayor presupuesto del gobierno ha recibido desde su fase piloto y el que más "gasto" ha generado en su fase de expansión.²⁰

A inicios del año 2007, el gobierno de Ecuador presentó su agenda social, en la que se concentran los objetivos para alcanzar una sociedad sin pobreza y con equidad, con base en un modelo de desarrollo socioeconómico incluyente y solidario, con principios humanistas. Fue en ese contexto como se creó el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social (MCDS), encargado de la coordinación y supervisión de los programas sociales que ejecutan cada uno de los ministerios del sector social; además, se le otorgó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) la responsabilidad de monitorear y evaluar periódicamente dichos programas. Entre los programas que se implementaron a partir de 2008 señalamos el Bono de Desarrollo Humano (BDH),²¹ el programa Grédito de Desarrollo Humano (CDH),²² el programa Socio Ahorro,²³ la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (Conafips),²⁴ el Bono Joaquín Gallegos Lara (JGL),²⁵ el programa Desnutrición Gero,²⁶ el programa Manuela Espejo,²⁷ el programa Alfabetización,²⁸ el programa Socio Bosque,²⁹ el programa Registro Social³⁰ y el programa MSP-Discapacidades.³¹ A partir de los datos del Ministerio de Finanzas (MF) y del Ministerio Coordinador del Desarrollo Social (MCDS) de este país, señalamos que en el 2007 la ejecución presupuestaria en el sector social (que incluye educación, salud, bienestar social, desarrollo urbano y vivienda, y trabajo) fue de 2,695.7 millones de dólares. Mientras que en 2008 fue de 3,891.5 millones de dólares. En cambio, en 2009 el monto subió a 4,108 millones de dólares. En el año 2010 se destinaron 5,542.8 millones de dólares. Finalmente, señalamos que en 2011 el monto otorgado a este sector subió a 6,340.7 y 7,249.5 millones en 2012. Nos parece importante también señalar que con la llegada del presidente Gorrea se fortalecieron programas como el Servicio Ecuatoriano de Gapacitación Profesional (Secap),³² el Bono de la Vivienda MIDUVI³³ y el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo (IECE).³⁴ Esto demuestra un aumento significativo en el total de recursos que el gobierno ecuatoriano ha estado destinando al sector social desde la llegada del gobierno Alianza PAIS. A partir de 2013 los programas destinados al sector social están incluidos en el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 2013-2017. En ese sentido, a través del Plan de Inversión por Gabinete Sectorial, del PNBV³⁵ (que incluye como tal a los sectores de Desarrollo Social; Política Económica; Producción, Empleo y Gompetitividad; Sectores Estratégicos; Seguridad, Conocimiento y Talento Humano; Otras funciones del Estado y Otras Instituciones del Ejecutivo) se asignó un monto de 9,905 millones de dólares en 2013; 9,858 millones de dólares en 2014; 9,169 millones de dólares en 2015; 9,446 millones de dólares en 2016 y 9,634 millones de dólares en 2017.³⁶ En lo que se refiere especificadamente al sector de desarrollo social hay un aumento entre el periodo 2008-2012 y 2013-2017 (estos últimos datos son proyecciones) de 4,960 a 6,984 millones de dólares.

A finales de los noventa, en Venezuela se gestaron dos visiones acerca de cómo atender los problemas sociales en el gobierno: por una parte, se promovía una revolución social, una avanzada cívico-militar, con fines de instaurar una democracia de mando popular y moral revolucionaria; y por otra, se respaldaba un proceso de cambio social estructural al poder.³⁷ Con la llegada de Hugo Ghávez esta escisión se hizo más clara y se materializó en la asamblea constituyente de 1999; se volvió evidente cuando a partir del año 2000 y hasta 2002 el gobierno dividió su gestión en dos aristas: 1) el Frente de Alianza Cívico-Militar, basado en planes operativos-asistenciales -Plan Bolívar 2000, Fondo Único Social y el Plan de Asistencia Alimentaria Popular- que a la vez permitían la creación de nuevas Fundaciones - Proyecto País, Propatria 2000, Pueblo Soberano y Frente de Luchadores Sociales Francisco de Miranda-, así mismo en el año 2000 se suscribió el Convenio de Cooperación Energético-Social Cuba-Venezuela; 2) el Frente de Reformas Institucionales, que creó el Fondo de Estabilización Macroeconómica, además de que se formularon los lineamientos y pla nes sectoriales en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (2001-2007) y se integraron el Consejo Federal de Gobierno, los Consejos Estatales de Coordinación de Políticas Públicas y los Consejos Locales de Planificación Pública. El golpe de Estado de 2002 fue un parteaguas en las políticas que el gobierno bolivariano de Venezuela ejecutaría en las dimen siones sociales y económicas. Efectivamente, las misiones se volverían el centro de las políticas sociales en ese país. Tal como señala Garlos Aponte Blank,³⁸ hay tres momentos importantes vividos por las misiones sociales en estos años: 1) entre 2003 y 2006, el momento estelar o de auge, donde "las misiones activan el vínculo entre el gobierno y los sectores populares más empobrecidos y con un apoyo político electoral importante"; 2) una fase de estancamiento, entre 2007 y 2010, en la que se empiezan a ver fallas en el diseño de estas políticas, sobre todo en su fase de instrumentación; 3) la crisis entre 2011 y 2012, que corresponde al relanzamiento de otras misiones, dando origen a las denominadas "grandes misiones": Vivienda Venezuela, Saber y Trabajo, Hijos de Venezuela y En Amor Mayor, y que concluye con la creación, en 2013, del Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones Socialistas, que se dividen en siete áreas³⁹ (educación, trabajo, salud pública, protección social, alimentación, vivienda y hábitat, y seguridad y servicios básicos).

Con base en los datos de las distintas paginas oficiales de Venezuela y en diferentes investigaciones realizadas sobre el tema, mencionamos, a manera de resumen, que las misiones más importantes son: Barrio Adentro, Guaicaipuro, Hábitat, Identidad, Cultura, Mercal, Miranda, Piar, Robinsón, Ribas, Sucre, Vuelta al Campo, Vuelvan Caras, Milagro, Sonrisa, Ciencia, Negra Hipólita, Guaicaipuro, Gran Misión Agro Venezuela, Amor Mayor, Hijos de Venezuela, Gran Misión Saber y Trabajo, y Gran Misión Vivienda Venezuela. A partir de 2013, las misiones y grandes misiones bolivarianas percibieron un aumento de presupuesto -que algunos califican como estra tegia política- que pasó de 9.1 millones de bolívares en 2013 a 19.1 millones de bolívares en 2014, lo que representa un incremento del 111% en un sólo año hasta 34 millones de bolívares para 2015, con un aumento del 34%.⁴⁰ Para 2016 el monto destinado se tradujo en un aumento de 25% y llegó a los 42.6 millones de bolívares.

En cuanto al gasto social per cápita, Venezuela vio un aumento sustancial entre 2004 y 2009 hasta llegar casi a los 1,900 millones de dólares según los datos de la CEPAL (2013)⁴¹ en su documento "Panorama social de América Latina", con una disminución en el periodo 2010-2011 de casi 600 millones de dólares respecto al periodo anterior, con lo que se colocó por encima del promedio latinoamericano y sólo detrás de Guba y Uruguay en el periodo 2010-2011. En el mismo documento de la CEPAL se aprecia la misma dinámica en cuanto al gasto público social como proporción del PIB, aunque habría que subrayar que no obstante ese descenso Venezuela se coloca en segundo lugar sólo detrás de Guba y muy por encima del promedio de los demás países latinoamericanos.

Los datos que se han presentado para estos tres gobiernos evidencian, por un lado, los elementos de esta fase que denominamos de "matrimo nio", en la que hubo un gran esfuerzo de los gobiernos por cumplir con la reducción de las desigualdades con un gran apoyo económico y a través de varios programas que incidieron de forma exhaustiva en ese objetivo. Sin embargo, a esta fase está inmediatamente asociado el otro momento que nosotros definimos de "desencanto", en el que, por un lado, hay un alejamiento de los partidos de gobiernos en relación con los movimientos sociales que los apoyaron en la primera etapa de "enamoramiento" (que permitió en parte a América Latina este despertar de la pesadilla neoliberal y de los dogmas del Consenso de Whashington), derivado del papel subordinado de lo social ante la agenda económica y el poder de los Estados; por otro lado, derivado de la consiguiente agenda neoextractivista que significó una ruptura en la articulación que hasta ese momento había permitido cambios fundamentales en la realidad política, económica y social de América Latina.

La última fase de esta relación, es decir, la del "divorcio", de romper la "alianza" entre movimientos sociales y partidos políticos, incidió también en la manera en que los gobiernos progresistas se enfrentaron a sus propias contradicciones al mostrar la cara negativa de gobernar y olvidar muchas veces el propósito inicial de cambio que les hizo ganar en esta alianza movi mientos-partidos libres elecciones democráticas. Quizás nunca los partidos abandonaron del todo su postura ortodoxa y a la vez los movimientos no supieron incidir en la transformación de un sujeto político que la realidad demandaba con otras características y que supiera responder a las necesidades de una población cada vez más consciente de sus derechos.

4. A manera de conclusión: ¿del "divorcio" hacia un nuevo escenario político en América Latina?

Frente a un cambio político en la región que cada vez redesdibuja la cartografía política latinoamericana, el "divorcio" entre los movimientos sociales y partidos políticos parece favorecer estos cambios que rompen con aquel experimento político que dio a América Latina un nuevo proceso democrático que llevó a los llamados "gobiernos progresistas" a generar políticas redistributivas y a favorecer la disminución de las desigualdades sociales. Sin embargo, tal como hemos señalado a lo largo de este artículo, las distintas fases de esta alianza movimientos-partidos representan las contradicciones que estos gobiernos tuvieron que enfrentar en un escenario en el cual el Estado, bajo las directrices de estos gobiernos, no supo articular las demandas que los movimientos sociales aportaron para avanzar hacia un cambio radical de la sociedad.

Consideramos que estos desencuentros están organizados desde tres ejes: los derechos autonómicos en la inclusión de las demandas indígenas en el horizonte del desarrollo; el uso y gestión de los recursos naturales en el modelo de desarrollo que han aplicado; la gestión de los recursos públicos, los escán dalos de corrupción y las demandas de la sociedad civil por la transparencia.

En el caso del primer eje, saltan a la vista el conflicto del Territorio Indígena Parque Isiboro Secure (TIPNIS) en Bolivia, la disputa del territorio de Sarayaku en Mera (Pastaza, Ecuador) y los conflictos con Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA) en los territorios rurales venezolanos.

En cuanto al segundo eje, el uso de una política neoextractivista en los gobiernos considerados ha sido uno de los temas de conflicto más duros entre los movimientos y los partidos debido a un modelo de desarrollo que no ha sido puesto en discusión y en donde ha habido mucha retórica utilizada por el oficialismo, derivada de la inclusión de los derechos de la madre Tierra en las constituciones de Bolivia y Ecuador, y, al mismo tiempo, pocas acciones tendientes a modificar el patrón productivo y la inserción de estos países al mercado mundial. Cerca de 70 % de las exportaciones venezolanas proviene de productos extraídos de la naturaleza, los principales son petróleo y minería de hierro; Bolivia y Ecuador también siguen siendo economías dependientes por los ingresos por venta de productos primarios; en el primer caso, las exportaciones se concentran en gas, soya y minerales; en el segundo, en la venta de petróleo crudo, plátanos y crustáceos.

En cuanto al tercer eje, los escándalos de corrupción en Bolivia y Venezuela han alejado cada vez más cualquier tipo de reconciliación entre los movimientos y partidos, y han puesto de manifiesto cómo la conformación de la llamada "boliburguesia" representa el aspecto más duro de un modelo político que no se ha alejado en su totalidad de los esquemas de las llamadas democracias representativas. Además, la injerencia del capital chino en obras del alcance nacional o en compra de mercado de futuro se ha hecho en procesos poco transparentes, sin licitaciones y con filtraciones de información que involucran a personajes destacados de las políticas de cada país.

Pasados al menos diez años de los gobiernos de izquierda, habría que tener una valoración más realista de las autonomías y la autodeterminación en los Estados nacionales. De la misma manera, sería indispensable tener un discurso más honesto de los gobiernos en lo referente al modelo de desarrollo y al uso de los recursos provenientes de los hidrocarburos. Sin duda, los gobiernos de izquierda han tenido un talón de Aquiles al negarse a implementar una agenda liberal en torno a la función pública y a la transparencia, que se ha traducido en el descrédito de la clase política y en derrotas electorales. La restitución de las relaciones con los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil pasa por recuperar la credibilidad y la ética con la que confrontaron a los gobiernos neoliberales. Finalmente, cerramos este trabajo considerando que ante el nuevo escenario hacia el cual se dirige América Latina, resulta indispensable reconstruir esta alianza bajo otros principios articuladores que puedan permitir un nuevo momento en las luchas por la democracia en la región.

En los últimos tres años, el divorcio se ha puesto de manifiesto en las derrotas electorales de los partidos que llevaron al gobierno al progresismo. La derrota en Argentina del candidato kirchnerista, la derrota en el referéndum para la reelección de Evo Morales en Bolivia, el impeachment de Dilma Roussef en Brasil, la pérdida de escaños en la cámara de diputados que puso contra las cuerdas al gobierno de Nicolás Maduro y la apretada elección que lo llevó a la presidencia.

Estos tres ejes de ruptura y el agotamiento natural del ejercicio de gobierno nos hacen pensar que una nueva agenda política de la izquierda latinoamericana debe recuperar las debilidades que hoy se muestran y poner al centro la alianza con los movimientos sociales.

Es importante terminar este análisis señalando que la corrupción no ha sido el elemento único ni de mayor peso en las derrotas electorales que la izquierda ha sufrido en los últimos años. La mayor pérdida de apoyo social y su traducción en votos ha venido de la forma de gestión de lo público y de las profundas diferencias sobre la agenda del desarrollo y el papel que en esta juega el extractivismo. Sin embargo, para ciertos ambientes anti-progresistas la única explicación aceptable ha sido que los gobiernos son corruptos y que no tienen diferencias ideológicas de fondo con los gobiernos neoliberales; el caso más sonado pudimos observarlo con el impeachment a Dilma Roussef en Brasil, en el que la corrupción se utilizó para concluir un gobierno democráticamente electo por parte de los grupos de derecha, aunque la consumación provino de un agotamiento de la relación de dicho gobierno con la sociedad por temas que no estaban necesariamente vinculados con la corrupción.

Una de las lecciones para organizaciones como los gobiernos progresistas es que no basta con distribuir solamente el ingreso de mejor manera pues para mantener una alianza de base social es necesario distribuir el poder. Desafortunadamente, la idea dominante de cómo se gestiona el Estado y se construyen las decisiones ha atravesado la agenda de los gobiernos progresistas a pesar de que se esgriman discursos de participación e inclusión; sin duda, la democratización social basada en una mejor redistribución del ingreso ha sido un gran avance en los países en que ha gobernado el progresismo pero pocas innovaciones reales se han dado en el campo de las decisiones políticas, y en momentos extremos algunas regresiones democráticas se han justificado con la mejor redistribución del ingreso. En América Latina la agenda de par ticipación y de democratización real le debe tanto a los progresismos como a las tecnocracias neoliberales.

El mayor peligro de esta ruptura que hemos hasta ahora analizado es que los movimientos cierren este ciclo de relaciones con la conclusión de que la política formal no les ofrece alternativas. Un cierre de ese tipo puede reconfigurar la centralidad de las opciones de derecha por un largo y muy tortuoso periodo para la región.