1. Introducción

En este artículo se presenta una propuesta descriptiva y analítica de los actuales procesos políticos en países como Bolivia, Venezuela y Ecuador. Nos ocupamos de analizar cómo se ha dado la construcción de los proyectos nacional-populares y los poderes populares en estos tres países. Como parte de este análisis, consideramos tres objetivos: presentar una base conceptual mínima acerca de lo nacional-popular como forma alternativa de estudiar los procesos políticos presentes en Bolivia, Venezuela y Ecuador, y que se separa en especial de la categoría de populismo; presentar el concepto de poder popular como una característica que considera la participación ciudadana como el elemento central en la transformación; y, finalmente, una descripción acerca de la forma como lo nacional-popular y el poder popular se construyeron en Venezuela, Ecuador y Bolivia.

Presentamos, en una primera parte, el concepto de nacional-popular que utilizamos para describir y analizar a los actuales gobiernos nacionales de Venezuela, Ecuador y Bolivia. Este concepto reúne una serie de atributos que toman una forma de Estado que posee su sentido fundamental en la asociación entre aparatos burocráticos, políticas estatales y masas populares, posibilitando una reapropiación gradual de las estructuras e instituciones de Estado por parte de la sociedad civil. A este respecto, el proyecto de nación en cada uno de estos países se vuelve un punto esencial en la transformación, ya que se dota de un nuevo sentido asociado a la protección y el cuidado de las mayorías populares.

Con base en el rescate de este sentido de nación, lo nacional-popular suele provocar una transformación progresiva del poder estatal y sus contenidos a favor de los grupos populares, los cuales tienden a organizarse como bloques que impulsan cambios importantes en sus propias condiciones materiales de existencia. Así, la fuerza de este tipo de gobierno reside en la convergencia de múltiples organizaciones civiles con la institucionalidad estatal desde su propia formación, e inclusive en su propio funcionamiento. Cabe señalar aquí que los tres casos considerados tienen en común los componentes esenciales considerados como propios de la nacional-popular, y, sin embargo, también contienen una cantidad importante de diferencias y matices que los hace procesos particulares y diferentes.

Por poder popular entendemos la construcción de una fuerza política que posee en su centro a la participación ciudadana (y principalmente popular), formada a través de instituciones estatales y no estatales que incluso preceden a la formación de los gobiernos nacional-populares. La presencia de este poder popular permite la existencia de un amplio programa de reformas económicas y políticas de carácter revolucionario, es decir, que tienden a generar transformaciones profundas en el status quo dominante. Este carácter transformador se concretiza a través de una serie de reformas que se han construido bajo las vías pacíficas, legales y gradualistas, aunque siempre con base en la creación de una correlación de fuerzas políticas que controlen el poder del Estado, a fin de continuar con el desarrollo de su proyecto.

Como parte de la argumentación, presentamos una revisión acerca de la forma como se construyeron originariamente los movimientos político-sociales que propulsaron a los gobiernos nacional-populares en los casos de Bolivia, Venezuela y Ecuador, y que en la actualidad son la fuente fundamental del impulso transformador de sus sociedades y gobiernos nacionales. En específico, abordamos para el caso de Venezuela la construcción de los Consejos Comunales como una instancia de participación e inclusión ciudadana en Venezuela, la construcción del gran movimiento indígena en Bolivia y su fusión parcial con el gobierno de Evo Morales, y, finalmente, el fenómeno de participación ciudadana que se dio en Ecuador.

2. La alternativa nacional-popular en América Latina

El concepto con el cual se ha intentado describir los procesos políticos en Bolivia, Venezuela y Ecuador por una parte del mundo académico ha sido el de populismo. Esta categoría ha experimentado un resurgimiento, tanto en las ciencias sociales como en los espacios de opinión pública. Si bien la falta de un acuerdo sobre su significado sigue sin resolverse, en el plano de la competencia y confrontación política la acusación de ejercer un gobierno populista ha sido una constante en los tiempos más recientes. Sostenemos que el populismo se ha convertido en el nuevo gran "otro" de la política latinoamericana, construido literaria y mediáticamente como una gran amenaza que se cierne sobre la zona. Desde nuestra perspectiva, para entender esta transformación es necesario reconocer la evolución en el pensamiento económico y político asociada al neoliberalismo y el procedimentalismo democrático.¹

El concepto de populismo ha perdido su relación con la idea de un proyecto de Estado o como un tipo de organización política y social, todos estos aspectos que se encuentran íntimamente ligados a las experiencias históricas de los gobiernos populistas en América Latina. Esta situación se expresa en que para muchos estudiosos el populismo es un "estilo de liderazgo", de hacer política, que presenta caracteres íntimamente relacionados con la demagogia y el carisma. Desde nuestro punto de vista, esta perspectiva sólo ha creado un espacio para una mayor imprecisión conceptual.

Un ejemplo de ello es la perspectiva de Freidenberg, quién conceptualiza al populismo como un "estilo de liderazgo", una "manera en que el líder se relaciona con los seguidores, el modo en que los moviliza o el tipo de discurso que emplea".² Otro ejemplo está presente en autores como Jorge Lazo, para quién el caso contemporáneo de Hugo Chávez se puede entender de acuerdo con las "fórmulas populistas clásicas del subcontinente, aparece el líder carismático, paternalista, justificadamente autoritario, el alter ego del pueblo, el instrumento mesiánico que libera los poderes míticos de la nación".³ Así, este tipo de perspectivas ha redundado en una transformación conceptual que busca reducir el populismo a un fenómeno exclusivamente determinado por liderazgos demagógicos y corruptos.⁴ De igual manera, se han presentado algunos intentos de conceptualización que se concentran en considerar al populismo como una ideología simplista, fundamentada en una visión dicotómica de la sociedad: entre un pueblo puro y una élite corrupta.⁵

Consideramos limitadas a estas perspectivas, ya que se encuentran demasiado centradas en los aspectos más subjetivos del fenómeno, ya sean los contenidos propiamente discursivos, en el aspecto de los liderazgos o en el carisma. En principio, tal como nos enseña la sociología clásica latinoamericana, los gobiernos populistas construyeron su hegemonía con base en la inclusión social y política, no sólo de los grupos populares, sino también de las clases medias (e incluso de élites), todos coaligados bajo un proyecto nacionalista. Por lo tanto, los populismos fueron materialmente incluyentes.

Acaso los grupos que no se integraron fueron las oligarquías desplazadas y una parte de los intereses capitalistas internacionales aliados con ellas. En este sentido, es posible advertir que la adhesión a los populismos se explica mucho mejor por la inclusión material y sociopolítica de los diferentes grupos bajo un proyecto de Estado, que por el encanto subjetivo de los agregados ciudadanos. Este fenómeno cobra sentido cuando recordamos que una hegemonía, para tener éxito, necesita de un respaldo material que legitime su poder.

Como categoría para describir los gobiernos derivados de los recientes procesos de cambio en América Latina, proponemos el concepto de lo nacional-popular, que tomamos fundamentalmente de la tradición gramsciana y planteado desde el pensamiento latinoamericano al que le ha servido de inspiración.⁶

En tanto, el cambio social y económico en Venezuela, Bolivia y Ecuador se ha planteado a través de la transformación progresiva del poder estatal y sus contenidos. Este concepto se ajusta como una alternativa analítica capaz de abordar los tres casos. Esta perspectiva permite pensar bajo un enfoque sociológico los procesos de cambio político graduales que se han presentado, en el contexto de deslegitimación neoliberal y de reestructuración de las fuerzas sociales: un momento orgánico (no coyuntural) donde los agregados populares, organizados como bloques contrahegemónicos, han impulsado cambios importantes en sus gobiernos nacionales y en sus propias condiciones sociales. Esta organización de bloques posee su fuerza en la convergencia de múltiples organizaciones civiles de diferentes grupos, que hicieron posible el surgimiento de los frentes electorales que impulsaron a los candidatos de izquierda.

En específico, esta es una forma de organización de tipo "movimientos-partido", que posteriormente desembocará en una organización de tipo "movimiento-gobierno". Consideramos que estas formas de organización "movimientos-partido" y "movimientos-gobierno", son una novedad histórica en América Latina, una forma de organización que incluso ya se ha visto replicada en otras latitudes (por ejemplo, el caso del Movimiento de Regeneración Nacional, en México).

En consecuencia, consideramos al cambio político actual como una lucha que se ha librado no sólo en la institucionalidad propiamente estatal, sino desde el interior de la sociedad civil, un espacio donde los frentes políticos organizados plantean su transformación, siempre considerando que el objetivo último es la transformación del Estado y de las condiciones materiales de existencia. En este sentido, la razón de que el Estado sea el objeto de lucha para las fuerzas de la sociedad civil tiene que ver con que, más allá de que exista una voluntad por reificar al Estado, o adoptar una postura Estadocéntrica, en las actuales condiciones el Estado sigue siendo la figura central del poder en los países latinoamericanos.

Además de esto, la autoridad estatal es un elemento fundamental para transformar las condiciones imperantes, no para expandir el Estado hasta sus últimas consecuencias (como ha sucedido con otras experiencias históricas), sino para utilizarlo como una herramienta de transformación en el entendido de que también estas fuerzas se mueven en contextos donde existe oposición política y una oposición conservadora que defiende la forma como los Estados actuaron durante el predominio neoliberal-procedimental. En este sentido, el uso de la fuerza del Estado para evitar la secesión y la agresión directa interna, o bien, para contrarrestar presiones externas económicas o políticas, resulta un elemento fundamental.

Lo nacional-popular posee su sentido fundamental en la cercanía entre gobiernos nacionales y grupos y agregados populares. Esta asociación ha permitido el empoderamiento gradual de las estructuras de Estado por parte de la sociedad civil. En estos procesos han resultado fundamentales la crisis y la deslegitimación política que se originaron desde mediados de los años noventa en Venezuela, Bolivia y Ecuador, ante los cuales respondió la sociedad con una vigorosa actividad, principalmente mediante un ampliado ciclo de movilizaciones y protestas populares masivas.

Dicha actividad encontró su mayor fuerza en la posterior organización de bloques político-sociales donde convergieron múltiples organizaciones civiles y políticas, las cuales hicieron posible el surgimiento de frentes electorales que impulsaron a candidatos presidenciales de izquierda como Hugo Chávez (y posteriormente Nicolás Maduro), Evo Morales y Rafael Correa. Esta organización de frentes electorales derivó en una forma de organización de tipo "movimientos-partido", para posteriormente transformarse en fenómenos "movimientos-gobierno". Consideramos que estas formas de organización son una novedad histórica en América Latina.

Así, el cambio político actual en estos tres países se presenta como una lucha que se ha librado no sólo en la institucionalidad propiamente estatal, sino desde el interior de la sociedad civil, un espacio donde los frentes políticos organizados plantearon y siguen planteando su transformación, siempre considerando que el objetivo último es la transformación del Estado y de las condiciones materiales de la existencia social.

Separándose de la posibilidad de que este proceso sea una expresión de la revolución pasiva, entendida como "el proceso de transformación 'desde lo alto' en el que se recupera una parte de las demandas 'de abajo', pero quitándoles toda iniciativa política autónoma",⁷ consideramos que en los fenómenos analizados se encuentra una lucha contrahegemónica, es decir, un proceso de reconstitución de las clases políticas en Latinoamérica a través de una propuesta de resignificación identitaria proyectada hacia la conquista de los gobiernos nacionales.

En este proceso, lo nacional-popular se aboca por una reforma intelectual y moral sobre la política nacional para dotar de poder a las clases populares y los ciudadanos en general, y donde estos actúan como un gran conjunto de grupos independientes para apropiarse del Estado como un ente que estuvo enajenado por grupos de poder político y económico minoritarios: en síntesis, y siguiendo los principios del pensamiento gramsciano latinoamericano, la búsqueda de un nuevo sentido de la acción histórica.⁸

Para una parte sustantiva de la academia con posturas críticas hacia estos procesos nacional-populares, el tipo de agendas y sus características organizativas los hacen ser una repetición en la historia de los Estados latinoamericanos. Para estas perspectivas, la existencia de tensiones con algunos sectores indígenas, principalmente en Bolivia y Ecuador, es un fenómeno que da al traste con el contenido transformador y revolucionario de los procesos. Así, ha surgido un fuerte debate en la academia; existen posiciones que consideran que estos se encuentran limitados como proyectos estatales, que ejercen poder vertical y se encuentran atrapados en un modelo de desarrollo extractivista, provocando una ruptura importante con los actores y grupos indígenas.

Este debate contiene una importancia fundamental, ya que una parte esencial del impulso transformador de lo nacional-popular proviene justamente de los grupos indígenas que propulsaron a estos movimientos y gobiernos. Sin embargo, existen numerosos elementos que pueden mostrar que no existe una disociación entre lo nacional-popular y las luchas de los pueblos indígenas, sino más bien una complementariedad.

El primer ejemplo de esto último es la reformulación político-social identitaria que se ha propuesto incluir discursivamente a las múltiples nacionalidades e identidades de los diferentes grupos étnicos nacionales, y convertirlos en uno de los ejes identitarios fundamentales en la resignificación de los Estados. Este es un elemento que ha dado mucha visibilidad a los gobiernos nacional-populares a nivel internacional. En los hechos, esta resignificación se ha dado mediante una serie de políticas oficiales proindigenistas, que consideran el reconocimiento de la condición plurinacional y multicultural de sociedades como la boliviana y la ecuatoriana. Estas políticas han significado una transformación profunda del sentido de nación y de sociedad en ambos países, ya que en estos (así como en la mayoría de los países de América Latina) las poblaciones indígenas fueron históricamente invisibilizadas y sometidas a condiciones de desigualdad desde los poderes políticos y económicos.

Los gobiernos nacional-populares han respondido de manera congruente con el impulso social, especialmente indígena, que los llevó al poder y dotó de contenido a sus propuestas políticas y sociales. Esto aún a pesar de que en la actualidad se enfrentan problemas importantes asociados con los pueblos indígenas, como el extractivismo en zonas habitadas por poblaciones indígenas o campesinas, o el mantenimiento de una identidad nacional plural que incluye a grupos sociales no indígenas, situación que ha causado la molestia de los grupos indígenas más radicales.

Como fuente originaria de los procesos nacional-populares, y como base fundamental del desenvolvimiento de sus gobiernos, la movilización indígena ha ayudado a su mantenimiento en los gobiernos estatales y a la continuación de los proyectos de transformación. El resultado de esta situación es el impulso a proyectos de transformación inspirados en (o favorables a) los grupos indígenas: la formación de los Estados plurinacionales, la consideración de un horizonte postcapitalista desarrollado bajo el proyecto del "buen vivir", la consideración constitucional e institucional de los conceptos indígenas del sumak kawsay y el suma qamaña, el surgimiento de ambiciosos proyectos como la creación en Bolivia de un sistema educativo descentralizado y pluriétnico acorde con las características del nuevo Estado plurinacional (bajo la ley de educación No. 70 "Avelino Siñani-Elizardo Pérez"), y, en general, las iniciativas sociales y estatales por los procesos de descolonización al interior de los países.

Todas estas iniciativas, hoy día convertidas en políticas oficiales, forman el terreno desde donde en la actualidad se debate y discute el futuro de los procesos nacional-populare: un proceso en el cual se ha tendido a empoderar en general a las poblaciones nacionales, y donde han tenido un protagonismo esencial los grupos indígenas de ambos países. Es por todos estos elementos que lo nacional-popular y lo indígena no se pueden entender en la actualidad como dos elementos encontrados en estos procesos; más bien son concomitantes y mutuamente determinantes. Lo nacional-popular implica la presencia y participación continua de los grandes agregados populares, en especial indígenas, y tampoco se pueden comprender los notables avances y logros indígenas sin la presencia y apoyo de los gobiernos nacional-populares.

Estos contenidos se pueden apreciar en el tipo de reformas políticas de Estado realizadas en Venezuela, Bolivia y Ecuador, en principio al impulsar proyectos de reforma constitucional que hacen diferencia respecto a la situación previa a su llegada al poder. En el caso de Bolivia, con la reforma constitucional indigenista; en Ecuador, las reformas dentro del margen de la "revolución ciudadana", y en Venezuela mediante la Nueva Constitución de 1999, todas ellas reformas que entran en una concepción del derecho renovadora y transformadora, en tanto a través de éllas se moldea tanto al Estado como al ciudadano y a los contenidos sociales derivados de esta transformación.

De igual forma, a través de las reformas constitucionales se han impulsado proyectos políticos de nacionalización económica, en especial en lo relativo a la industria de los hidrocarburos y también en sectores clave de la producción de materias primas para la producción industrial. Reformas que operan "esencialmente sobre las fuerzas económicas, que se organiza y se desarrolla el aparato de producción económica, que se renueva la estructura", reformas que operan como parte de un proyecto global de transformación "civilizacional".⁹

Partiendo del hecho de que estos movimientos plantean como su campo de lucha al propio Estado a través de una conquista gradual desde la sociedad civil, está presente una forma de lucha política que es esencialmente diferente de las propuestas de la toma del poder por la vía armada y la consecuente destrucción del entramado estatal. Estos procesos se colocan como revolucionarios en su contenido, pero como reformistas en su estrategia.

3. La nación y lo nacional-popular

Uno de los principios de organización política y social que sufrieron más durante el predominio del neoliberalismo en América Latina es el de nación. A la sazón del credo neoliberal y de la influencia de la globalización, la nación pasó de ser un eje de sentido general a ser un anacronismo. Esta perdió su sentido como un principio de protección hacia la población mediante el aparato de instituciones de Estado, ya que debido a la agenda de reducción del Estado y sus funciones, ésta se debía "modernizar".

De su sentido cultural clásico, asociado al conjunto de ideas, signos, asociaciones, pautas de conducta, que permite distinguir e identificar a un determinado grupo humano ubicado territorialmente,¹⁰ además del caso latinoamericano de estar asociado a las luchas anti imperialistas y los triunfos de las luchas populares durante el siglo XIX y XX, la nación sufrió una profunda transformación generada por la globalización y el neoliberalismo.

Ante esta situación, el neoliberalismo y su proyecto hegemónico marcaron un parteaguas histórico, en el cual la reducción del Estado, la eliminación de los subsidios y la privatización de los bienes públicos y nacionales significaron que la idea misma de nación se viera desdibujada. Además de este desensamble del respaldo material de la nación, la apertura de las fronteras nacionales latinoamericanas a los flujos de inversiones y de compañías transnacionales hizo ver a la nación y a la protección de mercados e inversiones nacionales como cosas del pasado, como anacronismos.

Así, el surgimiento de movimientos sociales en Venezuela, Bolivia y Ecuador a lo largo de la década de los noventa respondió en parte a este desgaste del sentido de la nación en sus respectivos Estados. En el caso de Venezuela, la movilización social respondió ante el endurecimiento de las condiciones de vida y la falta de respuestas del sistema de partidos establecido en el país mediante el puntofijismo. En este caso, la idea de nación resultó ser un elemento fundamental, ya que, como potencia petrolera, si el petróleo no se declara como bien de propiedad nacional (es decir, de todos) y no se trata como tal, termina por ser un bien privado, de unos pocos.

En el caso de Bolivia, la nación ha sido uno de los temas nodales que motivaron el surgimiento de los movimientos sociales y que animan el proceso de transformación en curso. Por un lado, la emergencia de los movimientos indígenas obedece a una protesta en contra del predominio de la nación Kamba (la nación blanca) en Bolivia, una nación impuesta a lo largo de los años y que dejó subsumida a la mayoría de población indígena boliviana. A pesar de esta imposición, la revolución de 1952 sentó las bases de un proyecto de nación inclusivo, si bien dominada por kambas, pero que asumía una rectoría estatal a través de la nacionalización de sectores claves en la producción extractiva.

La imposición del neoliberalismo significó en este país el desensamble de la institucionalidad de protección económica y social, y la apertura a los intereses económicos transnacionales. De igual manera, en el caso de Ecuador la nación es uno de los ejes de las luchas sociales; se ha buscado reforzar la idea de la nación como un bien de la sociedad en general, y de protección a sus condiciones de vida, además de la ampliación del ideal de nación para incluir a los grupos étnicos que ocupan el territorio ecuatoriano.

En este sentido, la nación ha vuelto a ser un eje fundamental en la vida política de estos tres países, basada en su defensa ante intereses internos y en contra de la imposición de intereses particulares nacionales o internacionales. Aunado a este aspecto, en los procesos en curso también encontramos una idea de nación incluyente para los grupos étnicos nacionales que habitan los territorios estatales; muestra de ello es el impulso a las iniciativas de autonomía en amplias zonas de Bolivia y Ecuador. Lo nacional no es una imposición de grupo, sino un elemento aglutinador de los diferentes grupos nacionales, bajo las premisas de inclusión social y política de los grupos sociales.

De esta manera, la recuperación del patrimonio público nacional, de los bienes de propiedad colectiva y del propio entramado institucional estatal es un elemento central en los procesos nacional-populares en marcha. El surgimiento de los movimientos populares, de sus frentes electorales y los gobiernos de izquierda han significado una reapropiación y una redefinición del vapuleado sentido nacional en estos tres países, posibilitada en buena medida por la intervención directa de los grupos organizados de la sociedad civil en el propio funcionamiento de los gobiernos de izquierda. Esta presencia popular y sus demandas han dado un sentido popular a lo nacional-popular, ambos elementos en mutua complementariedad y que se han presentado de manera diversa en los tres casos que revisamos aquí.

4. Consejos comunales y participación ciudadana en Venezuela

En el caso venezolano, un grupo fundamental en la creación del movimiento bolivariano fue el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR 200), fundado dentro de las fuerzas armadas. Este grupo comenzó a formarse en los años sesenta, y estuvo integrado por un grupo de oficiales jóvenes que provenían en su mayoría de sectores humildes de la población, de familias que sufrieron fuertemente la crisis económica de los años setenta. Este grupo de jóvenes con posibilidades de cursar estudios superiores dentro de la organización militar alimentaron una visión nacionalista alentada por el desprestigio de las élites venezolanas.¹¹ Dentro de este grupo se formó Chávez. En 1983 decidieron fundar una organización clandestina denominada MBR 200, con el propósito de rescatar los valores patrios, dignificar la carrera militar y luchar contra la corrupción.¹²

Para este grupo, una influencia histórica importante fue el proyecto nacional-desarrollista de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez (1952-1958), con su proyecto político del "Nuevo Ideal Nacional". Este proyecto postulaba el fortalecimiento de la industria militar y de bienes de capital como eje económico y político a las propias fuerzas armadas. Esta dictadura tenía una inspiración fuertemente nacionalista; se oponía al control de grupos nacionales y extranjeros minoritarios sobre la economía y la política venezolana.¹³

Este grupo militar comenzó su aproximación con militantes de izquierda que habían sido derrotados en la lucha armada de los años sesenta, principalmente con el Partido de la Revolución en Venezuela (PRV), que contaba con personajes como Douglas Bravo, Alí Rodríguez Araque, y con otras organizaciones como La Causa R, Liga Socialista y Bandera Roja.¹⁴ De igual manera, se acercaron a grupos de izquierda que optaron por la democracia partidista, como el Movimiento al Socialismo (MAS) y La Causa R (LCR), ambos derivados del Partido Comunista de Venezuela (PCV).¹⁵

Para la campaña electoral de 1998, el mbr 200 creó el Movimiento Quinta República (MVR) como una estructura electoral que permitiría establecer alianzas con grupos y organizaciones de signo ideológico diverso que deseaban apoyar la candidatura de Chávez. Como producto de las consecuentes victorias que logró el MVR, el MBR 200 paulatinamente fue dejado a un lado. El MVR logró integrar una gran diversidad de grupos diferentes entre sí, haciendo difícil la creación de un partido de masas con una dirección colectiva centralizada. Esta situación terminó por dar una importancia central al liderazgo de Chávez, que desde entonces comenzó a jugar un rol central como dirigente de toda la diversidad de grupos coaligados.

Sin embargo, el fenómeno chavista no puede entenderse sin considerar la existencia de rebelión y protesta que significó el "caracazo" de 1989. En este evento se presentó una primera manifestación de actividad ciudadana que acusaba el ánimo de buena parte de la sociedad, al rebelarse ante la situación imperante como producto de la acumulación histórica reciente. El MVR fue un instrumento político (para usar las palabras ocupadas por los bolivianos) que sirvió para encauzar esa energía social de protesta y movilización que se encontraba en Venezuela. Por tanto, el MVR y el gobierno de Chávez carecen de sentido si se olvidan estas raíces civiles que los sostuvieron.

Desde sus comienzos, el gobierno de Chávez asentó como una de sus preocupaciones centrales, en consonancia con el origen de su propia candidatura, la inclusión popular en el nuevo gobierno. Sin embargo, esta inclusión se proponía rebasar los límites de la democracia limitada meramente a la realización de elecciones periódicas y avanzar hacia una forma de integración más amplia. El gobierno de Chávez estimuló la movilización de masas principalmente de los sectores menos privilegiados y su participación en programas y organizaciones en congruencia con su proyecto de una democracia de base social, de una democracia participativa.¹⁶

Ya como gobierno, el bolivarianismo logró la incorporación de organizaciones populares. Entre estas están los círculos bolivarianos, las Unidades de Batalla Electoral (UBE) y los batallones del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). También existe una fuerte presencia de indígenas y afrodescendientes, además de organizaciones como los Tupamaros, Alexis Vive, los Comités de Tierra Rurales y Urbanos y los Consejos Comunales, además de los sectores de trabajadores informales y de mujeres.¹⁷

Por otro lado, los círculos bolivarianos (CB) fueron creados por el poder presidencial para fomentar la participación social y política a nivel local. Sin embargo, terminaron ejerciendo una función esencialmente destinada a obtener apoyo popular para el gobierno de Chávez; muestra de esto es la cercana relación que tuvieron con el Movimiento Quinta República (MVR) para los referendos revocatorios y las elecciones, abandonando las funciones primarias para las que fueron creados. Su posterior incorporación a las Unidades de Batalla Electoral buscó fortalecer a Chávez en el referendo de 2005 y las elecciones de 2005 y 2006.¹⁸

Otro ejemplo de este tipo de organizaciones fueron los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP), creados bajo una intención de descentralización del poder local; buscaban ampliar la participación y la representación del ámbito municipal. La función esencial de estos consejos estuvo en la decisión sobre el ejercicio de los presupuestos municipales, situación que ha generado tensión con alcaldes y síndicos al competir con sus capacidades de gestión.¹⁹ Uno más de estos organismos destinados a fomentar la participación en el gobierno bolivarianista son los Comités de Tierra Urbana (CTU), creados por decreto presidencial y orientados a solucionar el problema del hábitat en el país; estos grupos estaban dirigidos principalmente a los sectores populares y en tiempos electorales fueron integrados como unidades de batalla electorales,

En el año 2006, se crearon por iniciativa gubernamental los Consejos Comunales. La función central asignada a estos consejos fue la "autogestión y la resolución de los problemas de la comunidad"; asimismo, fueron pensados como pieza clave en el funcionamiento de los "cinco motores constituyentes", siendo los propios Consejos Comunales el quinto de estos motores.²⁰ El fundamento general de esta forma de organización se encuentra asentado en el artículo 5 de la Constitución de 1999, donde se señala: "La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta constitución", y en específico en el artículo 70:

Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, [...] en lo social y económico, las instancias, las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad.

Un fundamento esencial de este proyecto de participación se encuentra en la decisión de hacer a la población nacional un protagonista directo en el ejercicio del gobierno, respaldado constitucionalmente en el artículo 62:

La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica

En esta búsqueda de crear la ciudadanía protagónica, un elemento fundamental es el fomento a la descentralización de las actividades de gobierno en los estados y municipios, transfiriendo funciones a las comunidades y grupos vecinales organizados. En específico, se descentralizan funciones y programas como:

1. La transferencia de servicios en materia de salud, educación, vivienda, deporte, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de las áreas industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención y protección vecinal, construcción de obras y prestación de servicios públicos [...] 2. La participación de las comunidades de ciudadanos o ciudadanas, a través de las asociaciones vecinales y organizaciones no gubernamentales, en la formulación de propuestas de inversión ante las autoridades estadales [sic] y municipales encargadas de la elaboración de los respectivos planes de inversión, así como en la ejecución, evaluación y control de obras, programas sociales y servicios públicos en su jurisdicción. 3. La participación en los procesos económicos estimulando las expresiones de la economía social, tales como cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas (Art.184).

En conjunto, estas normas constitucionales buscaron hacer de los Consejos Comunales un elemento clave en la organización política de participación que propone el proyecto bolivariano. En el año 2006, se promulgó la Ley de los Consejos Comunales, donde se definen de la manera siguiente:

Los consejos comunales en el marco constitucional de la democracia participativa y protagónica, son instancias de participación, articulación e interpretación entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas, que permiten al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y de justicia social.

Según datos oficiales, para el año de 2007 ya existían en Venezuela más de 18 000 consejos comunales. Considerando que estos consejos se componen en los centros urbanos de al menos 200 familias por cada unidad (90% de la población urbana), y en las comunidades rurales se consideran la presencia de al menos cincuenta familias (10% de la población); en promedio, las familias venezolanas contienen cinco integrantes. En conjunto, los 18 000 consejos reunirían la participación de 3 330 000 familias y de 16 200 000 personas involucradas.²¹

Dentro del entramado institucional del Estado venezolano, la organización de consejos comunales es un elemento clave del proyecto bolivariano y chavista, ya que se adscriben directamente a la Comisión Presidencial del Poder Popular, con la intención de generar una relación directa de los integrantes de los consejos comunales con el poder presidencial, sin intermediaciones de los partidos políticos o de otras instituciones.²²

Una de las funciones fundamentales que se han otorgado a los consejos ha sido ejecutar directamente recursos económicos que se transfieren desde el Estado central, además de ejercer contraloría social de estos recursos. Esta condición ha permitido empoderar a los ciudadanos participantes de este proyecto, volviéndolos, según las propias premisas del proyecto, protagonistas del poder popular, ejecutores directos de soberanía. En concreto, a través de los consejos y las transferencias directas de recursos, y de la elaboración de proyectos con el fin de obtener financiamiento directo, han podido mejorar sus condiciones de vivienda, con la obtención de servicios en los barrios en donde se encuentran. Estos elementos en conjunto han permitido la construcción de poder popular en Venezuela, un poder que posee relación directa con el gobierno nacional.

Un complemento directo de la red de consejos comunales se encuentra en la serie de programas sociales ligados a las comunidades y que han integrado a miles de las personas menos privilegiadas en Venezuela desde el año 2002. Estas son las llamados misiones: Misión Barrio Adentro, orientada a la salud pública; las misiones Robinson, Ribas y Sucre, destinadas a atender a la educación desde nivel básico hasta nivel universitario, cubriendo áreas de conocimiento como gestión social para el desarrollo, medicina integral comunitaria y gestión ambiental, además de la distribución de comida a través de Mercal.

En cuanto a los resultados de las misiones educativas, hasta 2009 se habían podido graduar 600 000 estudiantes de la Misión Ribas; la Misión Sucre, para este mismo año, había incrementado 86% su matrícula entre el año 2000 y el año 2007; en conjunto, el promedio de escolaridad después de los 15 años ha aumentado de 8.2 a 9.8 años. En lo que respecta a los resultados de Mercal, ha logrado poner a disposición de los grupos populares productos subsidiados con descuentos de entre 30% y 40% de su precio de libre mercado.²³ Además de estas misiones, el gobierno bolivariano ha creado un número aproximado de 60 000 cooperativas obreras.

En conjunto, tanto la organización de programas sociales como de organizaciones políticas han posibilitado un empoderamiento de los sectores populares. Este empoderamiento resulta posible cuando la gente tiene una injerencia directa en el funcionamiento del poder público, cuando sus propios esfuerzos terminan por convertirse en beneficios directos; esto es, en otras palabras, la construcción de un poder popular. El fenómeno se encuentra distante de aquellas perspectivas que asumen a estos programas y organizaciones como meras expresiones de corporativismo, de "populismo", de clientelismo y de demagogia.

5. La revolución indígena en Bolivia

El origen del gobierno nacional-popular en Bolivia, con Evo Morales como presidente, tiene sus raíces en la movilización social experimentada desde antes de 2005. Por tanto, su origen sólo puede explicarse si se considera la emergencia de los movimientos sociales que se experimentaron desde la década de los noventa, y marcadamente a partir del año 2000. Ya como gobierno de Bolivia, el Movimiento al Socialismo (MAS) ha definido a su gobierno como un gobierno donde juegan un rol fundamental los movimientos sociales, pues son un soporte fundamental de las transformaciones que se buscaba generar en Bolivia.²⁴ Entre la diversidad de movimientos y organizaciones aludidas, se podían encontrar al Movimiento Sin Tierra, al Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyu (Conamaq), a los maestros rurales y a las agrupaciones de campesinos.²⁵

En principio, el gobierno del MAS introdujo cambios en la estructura ministerial al crear dentro del Ministerio de la Presidencia al vice ministro de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil, con Alfredo Rada como titular; también se creó la Dirección General de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil. La misión de estas instituciones ha sido coordinar a los diversos sectores sociales con la presidencia, a fin de fortalecer la unión y gestar sus demandas.

Por otro lado, el gabinete de Morales integró a diversos activistas y líderes sociales, como Abel Mamani en el Ministerio de Aguas (ex dirigente de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto), Walter Villaroel en el Ministerio de Minería (ex secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia), Casimira Rodríguez en el Ministerio de Justicia (ex dirigente de las Trabajadoras del Hogar), Alex Gálvez como Ministro de Trabajo (ex secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Fabriles) y Celinda Sosa como ministra de Desarrollo Económico (ex secretaría general de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa).²⁶

La inclusión de todos estos líderes sociales, junto con la creación de una institucionalidad directamente orientada a atender y fortalecer la relación del nuevo gobierno con los movimientos sociales, fueron medidas coherentes con el origen y las relaciones del nuevo gobierno. Esta es una situación inédita no sólo en Bolivia, sino a nivel latinoamericano, ya que hasta ese momento no se había observado algún gobierno que organizara de esta manera a su cartera de ministros y ministerios. Esta situación llegó a crear la noción de que el gobierno del MAS era un gobierno de movimientos sociales, noción que no es precisa: han sido integrados los dirigentes de los movimientos; los movimientos en sí no han perdido su papel como entidades autónomas, organismos diferentes del Estado y el gobierno.

Una de las críticas que se han elaborado a esta construcción del poder público es que estaría meramente compuesto y fortalecido por relaciones de clientelismo y corporativismo. Al igual que en el caso de los consejos comunales en el chavismo, la creación de instituciones y programas de inclusión y participación política buscarían generar relaciones clientelares con el único afán de control y poder. Sin embargo, una característica fundamental es que los orígenes de estas propuestas institucionales de inclusión son anteriores a las propias agendas de los gobiernos, ya que la movilización y participación social son el propio germen de estos gobiernos.

En este sentido, no son movimientos creados y controlados por los gobiernos, sino organizaciones independientes que llegan a tener agendas particulares o aún contrarias a los gobiernos oficiales. Muestra de esta situación son las tensiones entre movimientos y gobierno, o aun entre los propios movimientos. Un caso específico es lo sucedido con el MAS en 2006, cuando un grupo de sus integrantes realizaron un mitin público frente al Palacio Quemado, reclamando que algunas autoridades no tomaran en cuenta sus demandas laborales y pedían su renuncia. Además, reclamaban que no había incluido a sus profesionales dentro del gobierno y ellos se consideraban con derecho a ello. Otro problema que se presentó fue la oposición por parte de los movimientos a que determinados actores políticos ocuparan cargos públicos, ya que no habían sido consultados para ello.²⁷

A pesar de estas tensiones, un elemento fundamental en la propuesta del gobierno de Morales es la revolución democrática y cultural. En este sentido, la parte democrática está reflejada en la participación e inclusión política que ha mostrado este gobierno con los diferentes grupos sociales y populares; la parte cultural está asentada principalmente en la política pro-indigenista, garantizada por la inclusión en la agenda y las instituciones de gobierno de la cultura indígena. Esta política representa una transformación radical en Bolivia en tanto se ha vuelto en protagónico un grupo que históricamente había sido relegado; considera la creación de derechos y facultades autonómicos para las comunidades indígenas bolivianas.²⁸

Ahora bien, no debe confundirse que este nivel de integración y participación de los movimientos en el gobierno signifique la suplantación de uno por otro; tanto Estado como movimientos siguen existiendo como instancias diferentes, aunque con una participación muy cercana. Si bien no se ha dado una destrucción del Estado, sí se ha dado un nuevo nivel de horizontalidad y proximidad social que hace una gran diferencia respecto a lo que sucedía en otras épocas.²⁹

Acaso la diferencia fundamental en este respecto es que, en su esencia misma, los movimiento sociales y el Estado son cosas diferentes: en tanto el Estado no deja de ser una instancia de ejercicio de poder y control, los movimientos son una instancia ciudadana participativa e inclusiva pero en sí con un talante ausente de esa facultad de poder. Este es un tema ambivalente ya que, como lo han criticado numerosos intelectuales, no ha desaparecido el Estado; sin embargo, tampoco la oposición política de derecha; por el contrario, ésta posee reductos de poder territoriales muy marcados. En concreto, hay perspectivas que ven en marcha un "poder dual" un:

(proto-Estado con tendencias separatistas y secesionistas) del movimiento político cívico asentado en las prefecturas y comités cívicos de los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, y en las agrupaciones políticas de derecha del país que expresan los intereses de los terratenientes, el capitalismo agrario y las trasnacionales petroleras.³⁰

En el plano inmediato, la desaparición del Estado implicaría la pérdida del control que actualmente el gobierno del MAS posee sobre ellos. Por otro lado, que los movimientos de izquierda se mantengan como instancias independientes aunque participativas es un contrapeso muy efectivo en contra de la posible concentración de poder y facultades del gobierno de Morales, siempre considerando que este se mantiene hasta la fecha como un gobierno cercano a los intereses populares e indígenas.

Como vemos, a diferencia del caso de Venezuela, en donde existe una vinculación directa con el poder federal, en Bolivia las organizaciones sociales y movimientos no sólo tienen este relación, sino que tienen una intensa actividad independiente y hasta crítica del gobierno de Morales, una expresión de poder popular que no sólo colabora, sino que, en ciertas circunstancias, se opone a los designios del poder central, fortaleciendo su carácter autónomo.

6. Participación ciudadana en Ecuador

En Ecuador, la aparición de los movimientos sociales precedentes del gobierno nacional-popular, al igual que en el caso venezolano y boliviano, está muy cercana al derrumbe del sistema de representación política y a la crisis hegemónica del proyecto neoliberal en este país. Sin embargo, la crisis se presentó desde los últimos años de la década de los noventa, cuando, en 1997, se derrocó mediante la movilización y la presión social al presidente Abdalá Bucaram. Este derrocamiento se debió en buena medida a la presión de los movimientos sociales que protestaron con fuerza ante la agenda "modernizadora" de este gobierno; sin embargo, también fueron un factor importante las rupturas y confrontaciones entre élites. Este derrocamiento sólo fue el primero de tres que se registraron en los próximos años: el derrocamiento de Jamil Mahuad en el año 2000 y de Lucio Gutiérrez en 2005.³¹

En este contexto de crisis hegemónica, los movimientos sociales tuvieron un papel eminentemente protagónico, ya que la irrupción "desde abajo" de diferentes movimientos y organizaciones de campesinos, indios, obreros, mujeres, profesionistas, fue un elemento clave para provocar los derrocamientos y el inicio de la construcción de una disponibilidad social³² que permitiría en el futuro la construcción de un Estado y un gobierno nacional-popular como el de Rafael Correa y Alianza País.

Podemos encontrar los antecedentes más importantes de esta situación desde el año de 1994, cuando la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), gracias a su constante acción de presión, logró impulsar una nueva Ley de Reforma Agraria. El triunfo de esta primera iniciativa generó en los movimientos sociales la certidumbre de confrontarse e impulsar una transformación profunda en su país, dominada por una élite y un sistema de gobierno que ya mostraban claros signos de agotamiento.

Este movimiento indígena construyó una alianza con organizaciones sociales del sector urbano y el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País (MUPP-NP), un movimiento en el cual participaban comunidades indígenas. Para 1995, se logró construir una organización sólida entre la Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS) y Pachakutik, posibilitando la creación de un comité nacional ejecutivo, de cuerpos de coordinación provincial y de diversas comisiones especializadas.³³

Para el año 2005, apareció el liderazgo de un ministro de Economía y Finanzas, dentro del gobierno de Alfredo Palacio, quién postulaba un discurso de crítica a las élites políticas y económicas ecuatorianas, bajo una propuesta de índole nacionalista. En su discurso se confrontaba a los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, al denunciarlos como instituciones depredadoras, y proponiendo una mayor intervención del Estado en el control de los recursos petroleros. En concreto, este líder proponía la eliminación del Fondo de Estabilización de los Recursos Petroleros, conocido como Feirep, ya que, según acusaba, este fondo no era más que un mecanismo que favorecía los intereses de los tenedores de deuda pública. Posteriormente, postuló la creación de una nueva "Cuenta de reactivación productiva y social".³⁴

La propuesta general del proyecto que se comenzaba a construir alrededor del liderazgo de Rafael Correa era la creación de un modelo de desarrollo económico en el cual se superara el neoliberalismo desde un reposicionamiento del bienestar social como eje de toda la organización social y estatal. El proyecto propugna por una amplia redistribución de la riqueza y del ingreso bajo criterios de equidad social, fundamentalmente a través del replanteamiento del público como eje rector y de control de los sectores estratégicos de la economía, del impulso a dichos sectores pero bajo un control eficiente del Estado, de la dotación de bienes y servicios básicos para el bienestar social, y el equilibrio entre el mercado, la sociedad y el Estado.

Todas estas propuestas redundaron en la presentación de Rafael Correa como candidato presidencial para las elecciones de 2006. Durante su campaña, se mantuvo con un discurso de confrontación y crítica directa a las elites políticas y económicas del país, a los que llamó "fuerzas oscuras del pasado". De esta manera, se creó la Revolución Ciudadana, que permitió al movimiento político-social alcanzar la presidencia. La postulación de su discurso crítico y propositivo le ganó a Correa la simpatía de amplias franjas poblacionales que vieron en esta candidatura la posibilidad de construir una política estatal diferente y renovadora.

Correa logró acceder a la presidencia de Ecuador tras derrotar en segunda vuelta a Álvaro Noboa, candidato de la derecha, con 57% de la votación frente a 42%. Así, la Revolución Ciudadana logró una importante victoria que permitió alcanzar 80 de los 130 curules en disputa, una correlación que permitió comenzar a implementar el proyecto de transformación. Sin embargo, esta victoria no puede explicarse sin la intensa participación y movilización de los movimientos sociales del país, dado que la política oficial había sido dominada durante 27 años por la misma élite partidista y económica. La victoria de este movimiento organizado alrededor del liderazgo de Correa permitió que las fuerzas políticas de derecha y centro derecha quedaran prácticamente marginadas ante el proceso de reconstitución política en el país.³⁵

7. Conclusiones. Sociedad civil y poder popular

En términos generales, la sociedad civil, en los tres casos que analizamos, cobró un protagonismo y un rol activo fundamental en los procesos de cambio político en los tres países. La conjugación entre actividad civil autónoma, el impulso civil a gobiernos de izquierda, y la consecuente participación de la sociedad civil en los regímenes nacional-populares han dado un nuevo rostro a la política en América Latina.

En específico, la relación entre la sociedad civil y los gobiernos nacional-populares ha sido nutrida; se ha alimentado tanto de formas de participación independientes como de formas de participación propiciadas por los gobiernos. Cabe insistir sobre el carácter en buena medida independiente de la participación de la sociedad civil, aspecto que los hace distintos de los gobiernos populistas, los cuales integraron la participación civil pero siempre bajo una condición vertical y subordinada sobre la propia sociedad civil.

Muestra de estas formas de integración es la revisión que hemos hecho por cada caso, y que se ve reforzada por la organización de mecanismos de democracia participativa en los tres casos. La integración y la participación popular han sido los elementos fundamentales en la creación de los poderes populares que hasta el día de hoy todavía se construyen en estos tres países, y que son la parte esencial en la transformación estatal que hoy los gobiernos y Estados nacional-populares quieren seguir llevando adelante.

En el análisis de estos fenómenos, sobresale el hecho de que el fortalecimiento de las sociedades civiles en estos tres países, y la consecuente elección de gobiernos de tipo nacional-populares, son fenómenos novedosos en América Latina. Por un lado, la presencia de sociedades civiles fuertes, en estos casos vía los movimientos sociales, han sido un fenómeno raro, ya que primordialmente lo que se ha registrado es la presencia de dictaduras (civiles o militares) o gobierno autoritarios, con escasa posibilidad efectiva de acción de la sociedad civil.

En los casos que hemos revisado, la actividad de la sociedad civil ha sido el dínamo fundamental para la transformación en sus países. Por otro lado, la presencia de los gobiernos nacional-populares y su carácter integrador de las mayorías sociales también es un fenómeno novedoso debido a las agendas de transformación nacionalistas y antineoliberales, que se han determinado desde el impulso que han recibido desde la propia sociedad civil y que se han retroalimentado constantemente debido a su contacto cercano.

De manera general, en los gobiernos nacional-populares contemporáneos estamos presenciando procesos de transformación profundos en el mundo de lo social, lo político y lo económico, emplazados mediante las vías pacíficas, legales y gradualistas. Esta transformación de tipo reformista contrasta con las estrategias históricas de la izquierda en América Latina, que pasaban por la consideración de la violencia como vía de transformación, o la propuesta de la revolución como un acto aislado y único.

En estos procesos se observan ambiciosas plataformas reformistas que poseen caracteres revolucionarios o de transformación profunda. Cabe señalar que el destino de estos tres procesos está lejos de encontrarse resuelto; depende en buena medida de la correlación entre fuerzas en cada país, además de las respuestas que generen a sus propias tensiones y contradicciones internas.