Introducción

Desde hace ya varias décadas, existe la idea común de que la competencia política bajo esquemas de democracia electoral puede proveer incentivos que propician un aumento en la eficiencia gubernamental (^{Dahl, 1962}; ^{Przeworski, 1991}; ^{Wittman, 1989}). Algunos de estos argumentos sostienen que la competencia política es similar a la competencia económica (^{Stigler, 1971}), y dada esta similitud, la competencia política conlleva a resultados eficientes; en particular, al incrementarse la competencia en el sistema político, los partidos gobernantes mejorarán su desempeño en la administración pública (^{Wittman, 1989}, ¹⁹⁹⁷). De acuerdo con estos argumentos, el sistema de partidos, y específicamente el número de partidos competidores, tendría efectos positivos sobre el comportamiento gubernamental y las políticas públicas implementadas.

En este artículo se desarrolla un modelo formal que se enfoca en el efecto que el sistema de partidos tiene sobre la eficiencia de los gobiernos y muestra que un mayor número de contendientes políticos no necesariamente incentiva una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos y en la provisión gubernamental de bienes públicos. Este resultado se debe a la posibilidad del uso clientelar de los recursos públicos, concretamente del empleo gubernamental. El modelo muestra como la competencia política, ya sea en un sistema bipartidista o un sistema de tres partidos, puede incentivar al partido gobernante a contratar una cantidad excesiva de trabajadores gubernamentales para producir y proveer bienes públicos, debido a que el empleo gubernamental puede ser utilizado como patronazgo político; es decir, como un bien que produce beneficios privados y que se intercambia por el apoyo político o electoral de los agentes beneficiados.

Siguiendo argumentos teóricos como los de ^{Lindbeck y Weibull (1987)} y ^{Dixit y Londregan (1995}, ¹⁹⁹⁶⁾ y considerando los resultados de estudios como los de ^{Díaz-Cayeros, Estévez y Magaloni (2016)}, ^{Case (2001)}, ^{Dahlberg y Johansson (2002)} y ^{Johansson (2003)}, el modelo plantea que el uso clientelar de empleo gubernamental tiene su mayor rendimiento político cuando se ofrece entre los ciudadanos más indiferentes entre las alternativas políticas existentes; aquellos que no tienen mucha identificación con los partidos opositores, y que por lo tanto están cercanos a un punto de indiferencia entre identificarse con el partido en el gobierno o los partidos de oposición (^{Coughlin, 1986}; ^{Cox y McCubbins, 1986}; ^{Dixit y Londregan, 1995}, ¹⁹⁹⁶; ^{Lindbeck y Weibull, 1987}). El beneficio que tiene que ofrecerles el gobierno para lograr el apoyo de estos ciudadanos es menor que el que requeriría si buscara atraer ciudadanos más identificados con la oposición, por lo tanto se requiere de menos recursos para atraer a estos ciudadanos, lo cual aumenta la rentabilidad política. En este modelo, el gobierno busca capturar a los ciudadanos que originalmente se encuentran en su oposición pero que están cercanos al punto de indecisión.

El gobierno requiere tanto de trabajadores o burócratas, como de otros insumos materiales, que etiquetaremos como capital, para producir servicios y bienes que provee a los ciudadanos. En este contexto, el empleo gubernamental tiene un rendimiento político indirecto como insumo para la producción y oferta de bienes públicos, pero también tiene una rentabilidad directa como patronazgo político. La combinación de estas dos formas de rentabilidad incentiva un exceso de empleo gubernamental en detrimento de otros insumos y con ello de la productividad para la provisión de bienes públicos. Esto se debe a que aún cuando se asume que en la producción de bienes públicos hay cierto grado de sustitución entre los insumos, existe una combinación óptima de capital y trabajo burocrático que maximiza la oferta de los bienes que provee el gobierno.

Así, existen incentivos para una contratación excesiva de burócratas, que responde a la lógica de asegurar el apoyo político de las personas contratadas y de sus familias, o de la incorporación de personas como resultado de favores políticos, que si bien no son necesarias en la administración, si son redituables políticamente. Este exceso de empleo gubernamental, además de distraer los recursos que podrían emplearse en otros insumos de manera más eficiente, por lo regular también entorpecen los procesos administrativos creando ineficiencias dentro de la administración gubernamental que disminuye la capacidad del gobierno para ofrecer bienes públicos. Sin embargo, aun cuando la disminución en la provisión de bienes públicos tiene un impacto negativo en la percepción ciudadana sobre el gobierno, el exceso de empleo gubernamental resulta políticamente óptimo.

En este contexto, cuando el número de partidos aumenta, pueden surgir nuevos conjuntos de ciudadanos indiferentes entre el gobierno y cada uno de los nuevos partidos, lo cual aumenta la cantidad de personas que son políticamente redituables para una estrategia de empleo gubernamental clientelar. Esto cambia la rentabilidad política relativa entre el uso de recursos gubernamentales para la oferta de bienes públicos universales, en relación con el uso de recursos para la provisión focalizada de bienes privados o locales, como el empleo burocrático, y abre más oportunidades para que el partido gobernante busque capturar el apoyo político dentro de estos conjuntos de ciudadanos indecisos, mediante la oferta de trabajo en la administración pública.

Los resultados de este modelo son consistentes con argumentos como el de ^{Chhibber y Noorunddi (2004)}, así como con otros argumentos teóricos y análisis empíricos, de los que hemos aprendido que la competencia política no necesariamente lleva a la implementación de políticas públicas eficientes, ni elimina las prácticas clientelares. El resultado es la pérdida de eficiencia gubernamental en su capacidad para proveer bienes púbicos. De esta forma, el argumento del modelo sostiene que en un contexto democrático en el que el sistema de partidos aumenta la competencia política, pueden existir incentivos para que el empleo gubernamental aumente de forma excesiva y se produzcan ineficiencias en detrimento de una provisión socialmente óptima de bienes públicos por parte del gobierno.

El resto del artículo procede como sigue. En el siguiente apartado se hace una revisión de la literatura relacionada como antecedentes para el desarrollo del modelo. En la tercera sección, se introduce un modelo de competencia política para el caso de un sistema con tres partidos, donde se describen las características del contexto y de los agentes involucrados. En la cuarta sección, presenta el caso de un sistema bipartidista. Posteriormente, en la quinta, se plantean los problemas competencia política y de maximización de apoyo político para el partido en el gobierno, tanto en el contexto bipartidista como en el de tres partidos. En la sexta sección se analizan los efectos del sistema de partidos sobre la eficiencia gubernamental en términos de la provisión de bienes públicos. Por último, se presentan las conclusiones del artículo.

Antecedentes

Recientemente se han publicado varios trabajos que nos han permitido avanzar en la comprensión de la dinámica de los sistemas de partidos (^{Bartolini, 2000}; ^{Cox, 1997}; ^{Hug, 2001}; ^{Mair, 1997}); sin embargo, son muy pocos los trabajos que han logrado examinar el efecto que el sistema de partidos tiene sobre la política pública (véanse por ejemplo, ^{Bingham Powell, 1982}, ²⁰⁰⁰ y ^{Lijphart, 1995}). Uno de los pocos trabajos empíricos que han analizado el efecto del número de partidos sobre las decisiones gubernamentales en el uso presupuestal para la provisión de bienes públicos y locales, es el de ^{Chhibber y Noorunddi (2004)} para el caso de la India. El principal argumento de este último trabajo plantea que el sistema de partidos determina el uso estratégico del presupuesto con fines electorales, ya sea mediante la provisión de bienes públicos universales o de bienes focalizados en grupos específicos de ciudadanos.

En muchos casos los resultados de los procesos de democratización, en particular para América Latina, contrastan con los esperados de acuerdo con los argumentos que relacionan mayor competencia con mayor eficiencia gubernamental, y como lo ha planteado ^{O´Donnell (1997)}, son preocupantes, principalmente debido al recurrente uso político-electoral de los recursos públicos.

Trabajos como el de ^{Moreno (2008)}, analiza diferentes indicadores de eficiencia gubernamental en el nivel municipal para el caso mexicano y encuentra que una mayor participación del electorado no implica, en promedio, una mejora en estos indicadores. Una posible explicación de lo anterior es el uso clientelar de recursos públicos para buscar la participación electoral de los votantes a favor del partido en el gobierno que genera un efecto de movilización (^{Cox; 2010}; ^{De la O, 2013}; ^{Nichter, 2008}). El aumento resultante de la participación no necesariamente incentiva la mejora en la eficiencia gubernamental, ya que es resultado de la misma estrategia clientelar. Este uso clientelar de recursos públicos ha sido también analizado para el caso de México por ^{Magaloni, Díaz-Cayeros y Estévez (2007)} y ^{Díaz-Cayeros et al. (2016)}. A partir de estudiar la distribución de recursos federales en el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), ^{Magaloni et al. (2007)} encontraron evidencia sobre el uso focalizado de recursos, con el fin de disminuir el riesgo electoral que implica la incertidumbre del retorno político de la provisión de bienes públicos. Díaz-Cayeros et al. (2006), también encontraron que durante el proceso electoral de 2006, el gobierno federal en México empleó puntualmente los programas Oportunidades y Seguro Popular para mejorar su posición electoral dentro de grupos de votantes que originalmente no lo favorecían. Estas prácticas, donde la provisión de bienes públicos se sustituye por la distribución clientelar de bienes privados o de tipo club, por supuesto no son privativas del caso mexicano. Brusco, Nazareno y Stokes (2007), por ejemplo, han encontrado resultados similares a los de Díaz-Cayeros et al. (2006) para el caso del Plan Trabajar en Argentina, y sabemos también que en Perú el gobierno de Fujimori administró sus programas de combate a la pobreza para asegurar el control electoral en ciertos distritos (^{Schady, 2000}).

Debido a la persistencia de estas prácticas a pesar de los procesos de democratización que se han dado en muchos países, en los últimos años ha resurgido el interés en las relaciones clientelares. La creciente literatura que analiza estos procesos clientelares como resultado de la competencia política en sistemas democráticos contemporáneos, se ha enfocado principalmente en programas de carácter redistributivo (^{Brusco et al., 2004}; ^{Cornelius, 2004}; ^{Cox y Kousser, 1981}; ^{Cox y Thies, 2000}; ^{Medina y Stokes, 2007}; ^{Wantchekon, 2003}). Sin embargo, más allá de los programas redistributivos, uno de los recursos públicos que se han usado de forma clientelar es el empleo gubernamental. Esta práctica ha sido común en diferentes países a lo largo de la historia. Sabemos, por ejemplo, que el empleo clientelar fue muy común durante el siglo XVIII en Inglaterra (^{O´Gorman 2001}), así como en la época previa a la guerra civil en el caso estadounidense (^{Cammarosano, 1989}). En épocas recientes el empleo gubernamental continúa siendo una forma de estrategia clientelar (^{Calvo y Murillo, 2004}; ^{Kemahlioglu, 2005}; ^{Papakostas, 2001}); sin embargo, son pocos los trabajos teóricos que analizan el uso clientelar del empleo gubernamental y sus repercusiones en el desempeño del gobierno (^{Acemoglu y Robinson, 2001}; ^{Caro y Gatica, 2013}; ^{Gatica y Soto, 2012}; ^{Robinson y Verdier, 2002}).

Si bien todos estos trabajos -empíricos y teóricos- estudian el uso político de los recursos públicos en programas alternativos de provisión de bienes públicos y de bienes clientelares o focalizados, ninguno de ellos considera el sistema de partidos como un determinante de la estrategia de distribución de los recursos públicos.

Uno de los escasos trabajos que se enfocan al sistema de partidos como determinante de esta rentabilidad relativa, es el de ^{Chhibber y Noorunddi (2004)}. Sus resultados muestran que el sistema de partidos puede determinar la distribución gubernamental entre bienes públicos y bienes locales, y en el caso de la India, en estados con un sistema bipartidista el gobierno tiende a competir electoralmente mediante una estrategia de provisión de bienes públicos, mientras que en otras localidades con sistemas multipartidistas se privilegia la provisión de bienes de tipo club. ^{Chhibber y Noorunddi (2004)} explican este resultado basándose en la idea de ^{Riker (1962)} sobre la búsqueda de la mínima coalición ganadora y que ^{Bueno de Mesquita, Smith, Siverson y Morrow (2004)} han desarrollado de manera más amplia mediante su teoría del selectorado. Debido a que bajo un sistema multipartidista el triunfo electoral se obtiene con una mayoría relativa, los partidos compiten mediante la movilización de grupos con demandas específicas, por lo tanto, es más rentable ofrecer bienes focalizados a algunos de estos grupos que el proveer bienes públicos a todos los ciudadanos. Por el contrario, en los sistemas bipartidistas se requiere el apoyo de una mayoría simple que es más fácilmente alcanzable mediante la provisión de bienes públicos universales.

En este trabajo, a diferencia del planteamiento del objetivo de la mínima coalición ganadora, suponemos que se busca la maximización del apoyo político dentro del conjunto de ciudadanos. Un problema del supuesto de la mínima coalición ganadora es que no es consistente con las observaciones empíricas para el caso de los sistemas multipartidistas, en particular para los sistemas de partidos europeos. El supuesto de buscar la mínima coalición implica lograr el mínimo de votos o el mínimo apoyo político necesario para mantenerse en el poder; sin embargo, esta idea se refiere particularmente a estrategias en grupos pequeñ̃os, y en muchas ocasiones no tiene ningún fundamento empírico cuando se trata obtener el apoyo de grupos grandes de ciudadanos.

Aunque en la argumentación del modelo que aquí se desarrolla no necesariamente se buscará la mínima coalición ganadora, es consistente con ^{Chhibber y Noorunddi (2004)} y la idea de que el sistema multipartidista genera más grupos de ciudadanos que mediante proyectos focalizados pueden cambiar su preferencia política para apoyar al partido gobernante y que por lo tanto la presencia de más partidos en la arena política puede aumentar la rentabilidad del gasto en bienes privados o locales frente a la rentabilidad de los bienes públicos de carácter universal. En este modelo, al crecer el sistema de partidos y aumentar las alternativas partidistas, el número de grupos de ciudadanos que se encuentra cerca de un punto de indiferencia entre el gobierno y un partido de oposición también aumenta. Esto incentiva al gobierno para emplear recursos de manera clientelar ya no en un solo grupo de ciudadanos indiferentes, sino en varios. El resultado es una mayor desviación de recursos para la oferta de empleo clientelar y, en consecuencia, una mayor pérdida de eficiencia en la provisión de bienes públicos. En los siguientes apartados se presenta el desarrollo formal de este argumento.

Un modelo simple de competencia política

La economía está conformada por dos tipos de agentes: ciudadanos y partidos políticos. Siguiendo a ^{Hinich y Munger (1994)} suponemos que la percepción ideológica de los agentes les permite representar sus preferencias de política en un espacio ideológico de dimensiones reducidas. Consideramos entonces que los ciudadanos localizan sus preferencias sobre un espacio ideológico unidimensional, de acuerdo con la percepción que tienen sobre la posición de los partidos, definido en el intervalo [c,b] ⊂ R, con 0 ∈ (c,b). Suponemos además que todos y cada uno de los ciudadanos tienen preferencias con un solo pico dentro del espacio. Esto último implica que cada ciudadano tiene un punto ideal dentro del espacio y su utilidad disminuye monótonamente al alejarse de él en cualquier dirección. Este espacio se puede entender por ejemplo en términos de derecha e izquierda, donde la extrema derecha y la extrema izquierda se encuentran localizados en los puntos c y b, y la posición ideológica preferida de cada ciudadano se puede localizar en algún punto del intervalo. Cada ciudadano está indizado de acuerdo con su posición más preferida dentro del espacio ideológico, de tal forma que el ciudadano i tiene su posición ideológica más preferida en el punto i ∈ [c,b]. Para simplificar el análisis y aislar los resultados de la distribución de los ciudadanos en el espacio ideológico, suponemos que las posiciones ideales de los ciudadanos se distribuyen uniformemente a lo largo del intervalo.

Los partidos políticos

Suponemos que puede haber dos o tres partidos políticos, un partido en el gobierno que llamaremos A, y uno o dos partidos de oposición, que denotaremos como B y C. Los partidos tienen una plataforma política y una imagen ante la ciudadanía, con las cuales los ciudadanos construyen sus percepciones y localizan la posición de los partidos sobre el espacio ideológico (^{Hinich y Munger, 1994}). Suponemos que las posiciones atribuidas a los partidos de oposición son los extremos del espacio, c y b, y que para el partido en el gobierno se le coloca en 0. Siguiendo a ^{Dixit y Londregan (1996)}, suponemos que los partidos no pueden mover sus posiciones dentro del espacio ideológico, lo cual puede interpretarse como el que las posiciones ideológicas cambian lentamente y los partidos no pueden cambiar radicalmente sus posiciones como una estrategia inmediata para ganar apoyo político. Suponemos entonces que los partidos mantienen fijas sus posiciones en el espacio ideológico para ser consistentes con sus seguidores y para diferenciarse de sus rivales. Estas posiciones son de conocimiento común para todos los agentes.

El objetivo de los partidos es obtener el mayor poder político posible, que suponemos proviene de la cantidad de ciudadanos que les apoyen con su preferencia. De esta forma, los partidos buscan obtener el máximo apoyo político posible entre los ciudadanos y consideran a cada ciudadano exactamente igual; es decir, valoran exactamente de la misma manera el apoyo que recibe de cualquier ciudadano independientemente de su afinidad ideológica. Así, la afinidad ideológica de los ciudadanos con cada partido, es decir, la distancia entre la posición de cada partido y del punto ideal de cada ciudadano dentro del espacio ideológico, define la proporción de apoyo político que cada partido recibe (véase Figura 1).

Figura 1 Niveles de afinidad para cada partido de acuerdo con la posición ideológica del ciudadano 

Sin embargo, los gobiernos tienen la ventaja de emplear recursos públicos para afectar la afinidad de los ciudadanos. En este caso el partido gobernante cuenta con un monto exógeno de recursos públicos, G, que usa para comprar insumos, trabajo y capital, y producir una cierta cantidad del bien público, P. La provisión de bienes públicos mejora la percepción que los ciudadanos tienen del gobierno y aumenta su aceptación entre la ciudadanía.

Suponemos que el gobierno es tomador de precios y que tanto la tasa de retorno del capital como el salario son iguales a 1. Así, la restricción presupuestal que enfrenta el gobierno es:

donde K y L son la cantidad de capital y de trabajo que el gobierno puede comprar como insumos. El bien público es producido mediante una tecnología representada por la función P = f (K,L), continua y diferenciable con las siguientes características:

donde P es la cantidad producida de bien público, y como ya se mencionó, K es al monto de capital y L es la cantidad total de trabajo empleado para la producción de bienes públicos.

El partido en el gobierno ofrece empleo para la producir y proveer bienes públicos, y decide a qué ciudadanos contratar y por cuánta cantidad de trabajo. Denotamos como l_i ≥ 0 la cantidad de empleo que se le ofrece al ciudadano i, por lo que la cantidad total

de trabajo contratado es:

Dado que los ciudadanos elegidos para trabajar en la provisión de bienes públicos se ven beneficiados de manera privada por el empleo burocrático, el gobierno puede alterar la afinidad de este grupo de ciudadanos y obtener su apoyo mediante la provisión de empleo. De esta forma, los recursos con los que cuenta el gobierno se pueden emplean para proveer bienes públicos, P, pero también pueden servir como patronazgo político para crear relaciones clientelares mediante la oferta de empleo burocrático. En este modelo, para simplificar el análisis y sin que esto cambie en algo los resultados, suponemos que todo el empleo gubernamental se utiliza como patronazgo.

Así, el partido en el gobierno decide cómo distribuir sus recursos para proveer bienes públicos y bienes privados en forma de empleo burocrático o clientelar, para competir por el apoyo político de los ciudadanos, dadas las posiciones ideológicas de los demás agentes.

Los ciudadanos

Hay un conjunto continuo de ciudadanos que, como se ha mencionado, están distribuidos uniformemente en el intervalo [c,b], e indizados de acuerdo con sus posiciones ideológicas más preferidas. Las posiciones ideológicas ideales de los ciudadanos son observables y de conocimiento común para los partidos.

Como es común en los modelos de votación espacial, la afinidad del ciudadano i con un partido está determinada por la distancia entre su posición ideológica ideal y la posición del partido. Igualmente suponemos que la percepción que los ciudadanos tienen del gobierno mejora con una mayor provisión de bienes públicos. Si bien el modelo se enfoca en la cantidad de bien público, esto se puede interpretar también como la calidad del bien público. Así, cuando se mejora la provisión de bien público, y ya que todos y cada uno de los ciudadanos obtienen la misma utilidad por esta provisión, la percepción del gobierno mejora en cada ciudadano y afecta positivamente su afinidad. Finalmente, aquellos ciudadanos que son beneficiados de manera privada mediante el empleo gubernamental aumentan también su afinidad para con el partido en el gobierno.

Formalmente, la afinidad o preferencia del ciudadano i sobre los partidos están representadas por la comparación de las siguientes funciones:

donde l_i es el tiempo de trabajo en el gobierno del ciudadano i, entonces l_i > 0 si el ciudadano i trabaja en el gobierno y l_i = 0 de otra forma.

La ecuación 4 representa la utilidad o el grado de afinidad que el gobierno logra con el ciudadano i. Dado que asumimos que la posición del gobierno, A, sobre el espacio ideológico se encuentra en el punto 0, la distancia con el ciudadano que se encuentra en la posición i es justamente el valor de i. Consideramos no solo que a mayor distancia entre las posiciones del individuo y del partido la afinidad disminuye, sino que marginalmente la disminución va en aumento, por lo que utilizamos el cuadrado de la distancia con signo negativo. En el caso del grado de afinidad con el gobierno, está depende negativamente de i². En el caso de la afinidad con los partidos de oposición, B y C, las ecuaciones 5 y 6 capturan el efecto de la distancia entre el ciudadano i y las posiciones correspondientes de estos partidos, b y c. La ecuación 4, además de considerar la distancia ideológica con el partido en el gobierno, es linealmente creciente en la cantidad de bien público y en la cantidad de empleo que el gobierno le ofrezca al ciudadano i.

Entonces, las funciones U_i (A), U_i (B) y U_i (C), representan el nivel de afinidad del ciudadano i con el partido en el gobierno y con los partidos opositores respectivamente. Cada ciudadano considera estos niveles de afinidad para cada partido, y ofrece su apoyo al partido para el cual su afinidad es mayor.

Los conjuntos de partidarios

Se asume que los ciudadanos apoyan solamente a uno de los partidos. Así, supondremos que el ciudadano i apoya al partido en el gobierno si U_i (A) ≥ U_i (B) y U_i (A) ≥ U_i (C), apoya al partido opositor B si U_i (B) > U_i (A) y al partido opositor C si U_i (C) 2 U_i (A).

Dado el intervalo definido por las posiciones ideológicas de los partidos, a y b, un nivel determinado de bien público, y debido a la continuidad tanto de la distribución de ciudadanos sobre el espacio ideológico como a las funciones (4), (5) y (6), existen dos puntos únicos λ y θ que representan a los ciudadanos indiferentes entre C y A, y A y B respectivamente. Estos puntos están definidos por -λ² + P = -(λ - c)² y -θ² + P = -(b-θ)². Por las características de las funciones (4), (5) y (6), todo ciudadano i tal que i ∈ [λ,0], apoya al en el gobierno, mientras que todo ciudadano i tal que i < λ apoya al partido opositor C y todo ciudadano i tal que i > θ, apoya al partido opositor B.

Las curvas representadas en la Figura 1, representan la utilidad o el nivel de afinidad que cada ciudadano localizado sobre el espacio ideológico tiene para con el partido en el gobierno y para con los partidos de oposición, dadas las posiciones de los partidos, 0, c y b, y el nivel de bien público ofrecido por el gobierno.

A partir del (4), (5) y (6), λ=c2+p2c y θ=b2+p2b. La fracción de la ciudadanía que apoya al partido en el gobierno está dada por θ-λb-c, que de acuerdo con (4), (5) y (6) es 121-p2bc.

El uso del empleo gubernamental como patronazgo

Como suponemos que hay información perfecta, el partido A conoce a sus seguidores naturales, aquellos que debido a la posición ideológica de su plataforma y el nivel de bien público, apoyan al partido independientemente de la distribución de empleo. La cantidad de estos seguidores naturales está dada por θ - λ. Igualmente sabe quiénes son los seguidores naturales de la oposición. Al tener esta información, el partido en el gobierno distribuye empleos entre los seguidores naturales de los partidos opositores con el fin de cooptarlos y así aumentar la magnitud de apoyo político entre los ciudadanos. Para lograr cooptar a los seguidores naturales de la oposición, es necesario ofrecerles una cantidad de empleo, y por lo tanto un nivel salarial tal que compense la utilidad de los agentes cooptados por cambiar su preferencia partidista. Debido a que para los seguidores naturales de la oposición la diferencia en sus preferencias partidistas aumenta conforme se alejan de λ y θ hacia la izquierda y hacia la derecha respectivamente, el costo para cooptarlos también aumenta al alejarse en esas direcciones. Así, para cooptar el mayor número de ciudadanos minimizando el costo, el partido en el gobierno ofrece empleo en las vecindades de λ y θ, dentro de dos intervalos, [φ,λ] y [θ,ε], donde λ > φ y ε > θ, como se muestra en la Figura 2.

Figura 2 Conjuntos de ciudadanos que apoyan a cada partido sobre el espacio ideológico, dado el nivel de empleo y la oferta de bienes públicos 

Dado que en el gobierno debe compensar la diferencia entre las preferencias partidistas de los ciudadanos y bajo el supuesto de que el salario es igual a 1, el área sombreada en la Figura 2, representa tanto la cantidad de empleo ofrecido para cada ciudadano en los intervalos, como el monto de recursos públicos destinados a comprar trabajo para la producción del bien público. Esto se resume en el siguiente resultado.

Resultado 1. El partido en el gobierno coopta a los ciudadanos más cercanos al ciudadano indiferente que se encuentran dentro del conjunto de los opositores. Para ello ofrece el mínimo de empleo necesario para cambiar sus preferencias (véase Anexo 1).

De acuerdo con lo anterior y como se observa en la Figura 2, φ y ε están definidas implícitamente por las siguientes condiciones:

Las condiciones (7) y (8) caracterizan las funciones implícitas φ(L_c |P) y ε(L_b |P), donde L_c es la cantidad de empleo ofrecido a los partidarios de C, L_b el empleo ofrecido a los seguidores de B y L = L_c + L_b es el número de horas totales de trabajo empleadas en la producción del bien público (véase Anexo 2).

El caso bipartidista

En el caso de la competencia entre dos partidos, simplemente supondremos que en el contexto anterior el partido c es inexistente. De esta forma, los ciudadanos que apoyan al partido en el gobierno por un nivel de bienes públicos P, está dado por θ, que de acuerdo con las funciones (4) y (5), se caracterizaría de la siguiente forma θ=b+P2.

De manera similar al caso de tres partidos, el conjunto de ciudadanos a los que se les ofrece empleo como patronazgo político es el intervalo [θ,ε], donde ε está definida implícitamente por la función ∫θε-b-i2--i2+Pdi=L (9), donde L es el empleo total, tal y como se observa en la Figura 3.

Figura 3 Conjunto de ciudadanos que apoyan a cada partido: caso bipartidista 

Competencia política

Como ya hemos mencionado, el partido en el gobierno distribuye los recursos públicos en la adquisición de insumos, tanto para la provisión de bienes públicos como para la provisión de empleo burocrático con el fin de obtener el mayor número de partidarios dada su posición ideológica respecto de la oposición.

La compra de insumos para la provisión de bienes públicos es necesaria; sin embargo, este proceso implica un beneficio para quien se ve favorecido como proveedor de trabajo. El problema en este caso es la distribución de los recursos públicos en la compra de insumos, ya que mediante este proceso se puede obtener apoyo político de quienes se ven favorecidos por su incorporación a la nómina gubernamental. Si bien estos insumos son indispensables para la provisión de bienes públicos, el uso clientelar del proceso de adquisición puede llevar a la compra excesiva de insumos, lo cual afectan negativamente la provisión de bienes públicos, y con ello, a la disminución del apoyo que la ciudadanía en su conjunto puede ofrecerle al partido en el gobierno. Este es el problema que el modelo intenta capturar.

Ya que G = L + K, podemos expresar la función de producción del bien público como una función del nivel de empleo f(G - L,L) y el problema para el partido en el gobierno es entonces en caso de tres partidos:

y para el caso bipartidista:

Los problemas (10) y (11), junto con las funciones implícitas (7), (8) y (9), representa el proceso de decisión del gobierno cuando enfrenta tanto el costo de oportunidad del patronazgo para cooptar seguidores, como la pérdida de apoyo político por la posibilidad de disminuir el monto de bien público producido debido a un exceso de empleo gubernamental. Las soluciones de cada uno de estos problemas están caracterizadas por las condiciones de Kuhn-Tucker (véase Anexo 3).

En el siguiente apartado analizaremos las implicaciones de la solución óptima en cada caso al problema del partido en el gobierno y las implicaciones que el sistema de partidos tiene sobre la eficiencia en la provisión de bienes públicos.

Sistema de partidos y eficiencia gubernamental

Aquí se observan las implicaciones de la solución óptima al problema del partido en el gobierno a partir de un marco de referencia que es la política pública socialmente óptima para el caso bipartidista y el caso de tres partidos. En este análisis entendemos eficiencia gubernamental en función de la provisión socialmente óptima del bien público. La eficiencia se refiere entonces al uso óptimo de recursos públicos, dada la tecnología para proveer el bien público, y por lo tanto se refiere a una demanda óptima de K y L.

Suponiendo que el partido en el gobierno buscara maximizar el bienestar social sin importar sus intereses políticos, y como suponemos que el bien público es puro; es decir, todos los ciudadanos pueden consumirlo y se benefician por igual, entonces el problema del gobierno es el siguiente:

Podríamos suponer la existencia de una función de utilidad social Bergson-Samuelson de tipo utilitarista; en ese caso el resultado es exactamente el mismo que el del problema (12). El supuesto principal para determinar la eficiencia gubernamental como un comportamiento maximizador de la oferta del bien público es el de anonimidad de los ciudadanos; es decir, cada ciudadano tiene exactamente la misma importancia para el planificador central. En función de lo anterior y dado el papel de utilidad de los ciudadanos, el gobierno maximiza la utilidad de cada uno al maximizar la producción del bien público. Finalmente, la distribución del empleo y su efecto directo a través de los salarios pagados a los burócratas, tiene un efecto marginal en el conjunto social debido a que suponemos la existencia de un conjunto continuo de ciudadanos; aun cuando esto no fuera así, este no es un punto relevante para nuestro objeto de estudio.

La condición de primer orden de este problema es f_K (G - L°, L°) = f_L (G - L°, L°), ya que asumimos que tanto el costo del capital como el del trabajo son iguales a 1. Dados los supuestos para la función de producción, la solución de esta condición de primer orden existe y caracteriza el nivel de empleo socialmente óptimo L° (véase Anexo 4). La Figura 4 representa la solución socialmente óptima.

Figura 4 Solución para el nivel de empleo gubernamental socialmente óptimo 

En este artículo nuestra principal pregunta es si el interés político del gobierno por obtener el apoyo de los ciudadanos para mantenerse en el poder provee los incentivos suficientes para que el partido en el gobierno se comporte eficientemente. Esto es, nos interesa comparar el nivel de empleo correspondiente al problema de competencia por apoyo político, con el nivel de empleo socialmente óptimo. El siguiente resultado muestra que, en términos de empleo gubernamental y de provisión de bienes públicos, la competencia por apoyo político no genera los incentivos correctos para que el gobierno se comporte eficientemente.

Resultado 2. En todo equilibrio político el nivel de empleo gubernamental es estric-tamente mayor al socialmente óptimo y en el empleo gubernamental aumenta con el número de partidos en el sistema. Esto es L** > L* > L° (véase Anexo 5).

El resultado anterior puede verse claramente en la Figura 5. De acuerdo con las condiciones de Kuhn-Tucker, la decisión óptima para el partido en el gobierno dada su posición ideológica y la del o los partidos rivales, es contratar una cantidad de trabajo tal que fKG-L*,L*=fLG-L*,L*+bL* en el caso bipartidista y fKG-L**,L**-fLG-L**,L**=b-cL** en el caso de tres partidos. Dado que c < 0, el nivel de empleo en el caso de tres partidos es mayor que en el caso bipartidista, tal y como se observa en la Figura 5.

Figura 5 Solución para el nivel de empleo gubernamental políticamente óptimo 

En ambos casos, en un sistema bipartidista como en un sistema de tres partidos, la provisión de bienes públicos es subóptima en términos del bienestar social mientras que hay un exceso de empleo gubernamental. Al aumentar el nivel de empleo más allá del óptimo social, el nivel de bien público producido disminuye y el gobierno pierde apoyo de algunos ciudadanos cercanos al partidario marginal. Sin embargo, esto le permite cooptar un mayor número de ciudadanos por medio de la oferta de empleo burocrático; políticamente siempre es más rentable el uso de empleo burocrático como patronazgo que la provisión de bienes públicos como una forma de atraer el apoyo ciudadano. Intuitivamente, esto se debe a que el patronazgo es el uso de recursos públicos empleados en ofrecer un beneficio privado a ciudadanos específicos cuyas preferencias ideológicas los hacen altamente rentables políticamente; son los ciudadanos cercanos al partidario marginal sobre los que el gobierno actúa de manera clientelar debido a que son los menos costosos de cooptar. En contraste, el uso de recursos públicos para atraer el apoyo de los ciudadanos por la vía de la provisión de bienes públicos, si bien tiene la ventaja de afectar a toda la población, ya que no hay exclusión ni rivalidad, tiene un impacto que se diluye mientras la posición ideológica de los ciudadanos es más lejana. Esto es lo que hace al patronazgo políticamente más rentable que la provisión de bienes públicos y lleva al gobierno a ofrecer de forma discrecional un nivel de empleo burocrático que excede el óptimo social, lo cual es consistente con la idea: “ineficiencia en la focalización” de ^{Acemoglu y Robinson (2001)}.

Es claro también, como se observa en la Figura 5, que al aumentar el número de partidos el gasto dedicado al empleo gubernamental se incrementa, con lo que la provisión de bienes públicos disminuye y se aleja aún más del óptimo social. Cuando el sistema de partidos cambia de uno bipartidista a uno de tres competidores, se genera un nuevo conjunto de ciudadanos proclives a ser cooptados fácilmente. Estos ciudadanos son los que se encuentran entre el nuevo partido de oposición y el gobierno. Así, se abre la oportunidad de atraer más apoyo ciudadano por parte del gobierno con un costo bajo mediante el uso de bienes privados focalizados. Como la estrategia óptima para ofrecer patronazgo es dirigirlo hacia el conjunto de ciudadanos más cercanos al ciudadano indiferente, cuando el número de partidos de oposición aumenta, el número de conjuntos de este tipo de ciudadanos también pude incrementarse. En modelo, para el caso bipartidista solo se da un conjunto de ciudadanos a los que se dirige la oferta de bienes privados, y es el intervalo [θ,ε]. Cuando el sistema tiene tres partidos, se genera un nuevo conjunto de ciudadanos cercanos a la indiferencia, distinto al ya existente en el caso de dos partidos: el intervalo [φ,λ]. Este nuevo conjunto de ciudadanos es sumamente rentable mediante el uso de bienes privados y esto hace que los recursos destinados a proveer bienes privados o focalizados aumenten su rentabilidad política frente a la rentabilidad de los bienes públicos de cobertura más generalizada. Esto implica que el gasto en el uso clientelar de bienes privados aumente su rentabilidad política en relación con los bienes públicos, por lo cual se redistribuye de esa manera.

Conclusiones

En este artículo se desarrolla un modelo teórico donde el sistema de partidos determina la política pública en cuanto al uso del gasto en la provisión de bienes públicos y de bienes privados de forma clientelar, concretamente en la forma de empleo gubernamental.

En cualquier caso, la competencia política entre los partidos siempre provee de incentivos para que el partido gobernante ofrezca una cantidad excesiva de empleo gubernamental, en relación con el tamaño socialmente óptimo de la burocracia. Este exceso de empleo gubernamental se traduce en una provisión ineficiente de bienes públicos.

En contraste con argumentos como los de ^{Wittman (1989}, ¹⁹⁹⁷⁾ que sostienen que la competencia política incentiva el buen desempeño gubernamental y la idea de que al aumentar el número de partidos, y por el aumento de la competencia política, existen más incentivos para que los grupos gobernantes promuevan políticas públicas más eficientes, el modelo que se desarrolla en este trabajo muestra que el incremento del número de competidores políticos en el sistema de partidos, puede generar lo contrario: la disminución en la eficiencia del gobierno en la provisión de bienes públicos y en un mayor uso clientelar de recursos públicos. Este resultado se debe a la posibilidad de utilizar el gasto gubernamental para proveer bienes privados de manera clientelar y es consistente con algunos resultados de análisis empíricos que se han hecho al respecto. El incentivo que se genera entonces por el aumento en el número de partidos en la contienda política, resulta en la disminución de la provisión de bienes públicos y en el aumento de la oferta de bienes privados focalizados. De esta forma, un sistema multipartidista puede incentivar la disminución de la provisión de bienes públicos y el mayor uso clientelar de recursos públicos en relación con un sistema bipartidista. A pesar de que un sistema político presente características democráticas, la competencia política puede resultar en un mal desempeño gubernamental en la provisión de bienes públicos.