Introducción

La mecánica actual de la gestión de los sitios arqueológicos en México se caracteriza por su alta dependencia de los poderes públicos federales y por el papel determinante de algunos espacios monumentales. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) es el intermediario casi exclusivo entre la gestión arqueológica y el consumidor final.

En nuestra propuesta de la gestión del patrimonio arqueológico en los centros históricos de México observamos una serie de fenómenos relacionados con la coordinación entre las entidades públicas que deberían ser responsables, y con la valoración y el uso que hacen esos agentes y la ciudadanía en general de los vestigios prehispánicos en los pueblos vivos. Uno de los objetivos de este trabajo de investigación es corroborar la centralización de las políticas culturales en relación con el patrimonio arqueológico, y la falta de estrategias a corto, mediano y largo plazos para su activación en los centros históricos.

En primer lugar, presentaremos algunos datos acerca de la relación entre el patrimonio arqueológico, la economía local y el turismo cultural, con la finalidad de enmarcar la problemática en dichos conceptos. Enseguida, definiremos los modelos de gestión de los sitios arqueológicos en México que hemos considerado en estudios recientes, y plantearemos nuestra perspectiva acerca del papel participativo de las comunidades locales en la valoración y uso del pasado en los centros históricos. En el panorama de nuestros estudios previos en la península de Yucatán (^{Ligorred Perramon 2013}) hemos podido corroborar la falta de participación de las autoridades locales y de coordinación entre los diversos niveles de gobierno asociadas a la problemática arqueológica y a la desprotección de los diversos vestigios, así como con la falta de uso por parte de las comunidades locales.

A partir de estos análisis propondremos una serie de indicadores para la evaluación de la gestión del patrimonio arqueológico en los centros históricos y las estrategias para su activación.

El patrimonio arqueológico y el turismo cultural en Yucatán, México

Desde la perspectiva del turismo cultural, en las últimas décadas y hasta hoy, el patrimonio arqueológico ha constituido uno de los atractivos más importantes de México, ejemplo de ello es la afluencia de 23 millones de visitantes a las zonas arqueológicas, museos y monumentos históricos bajo custodia del INAH, solamente durante 2016.² Ese mismo año, para el estado de Yucatán, el INAH reportó 2 967 028 visitantes a museos y zonas arqueológicas.

Precisamente, la imagen de México ante el mundo se despliega habitualmente en términos arqueológicos: la Pirámide del Sol de Teotihuacán, el Castillo de Chichén Itzá, el Templo Mayor de Tenochtitlan, Tulum, el Museo Nacional de Antropología, entre otros referentes.

Los indicadores cuantitativos denotan la importancia que tienen los sitios arqueológicos de Yucatán para la economía regional y nacional, con un destino como Chichén Itzá, visitado por más de dos millones de turistas. En general, se desconoce el perfil de estos turistas; como excepción, ^{Gándara (2009)} realizó un estudio diagnóstico de públicos, cualitativo, precisamente para la zona arqueológica de Chichén Itzá, en el que señalaba que "la mayoría de los visitantes son extranjeros (cerca del 60%)" y que "su interés en el sitio es probablemente secundario a su turismo de sol y playa". El resultado muestra que la mayoría son adultos jóvenes y de edad media, extranjeros, seguidos de los turistas nacionales y, según la muestra, se trata de gente con estudios cuando menos de educación media superior. Gándara señala también que

llegan al sitio muchas personas de la tercera edad (seguramente porque no nos tocó un momento de llegada de grupos escolares), pero, en cualquier caso, este grupo merece una atención especial, sobre todo en las condiciones de los senderos y la adecuada provisión de espacios de descanso y sombra. Acuden también gentes con capacidades especiales, que encuentran difícil negociar las irregularidades del piso (^{Gándara 2009, 111}).

Asimismo, se carece de información que permita medir el impacto real de la derrama económica: ¿cuántos de estos visitantes pagan y cuánto pagan?, ¿cuánto tiempo permanecen en cada lugar?, ¿cuánto gastan?, etcétera. Por otra parte, también se necesitan indicadores como ¿cuántos puestos de trabajo, directos e indirectos, genera el turismo arqueológico?, o ¿en qué actividades relacionadas con los sitios arqueológicos participa la población local? ¿Qué porcentaje de esos ingresos se reinvierte en los sitios arqueológicos del Estado?

Muchos de los expertos del INAH entrevistados en nuestra investigación previa (^{Ligorred Perramon 2013}) consideran una amenaza para el patrimonio la tendencia a la comercialización y sobreexplotación de los sitios abiertos al público. Es el caso del estado de Yucatán, considerado un territorio de una enorme riqueza cultural, reconocimiento en gran parte debido a los sitios arqueológicos abiertos al público por el INAH, que han aportado elementos con una identidad única mundial, y que sin duda alguna han impulsado al sector turismo como uno de los polos del desarrollo económico del estado y de la nación mexicana. Sin embargo, la falta de planes estratégicos coordinados y los procesos de planeación y difusión focalizados en unos pocos de los antiguos asentamientos mayas prehispánicos, proyectados como centros de "uso turístico", han provocado y siguen ocasionando malentendidos entre los distintos actores sociales, y una clara tendencia a arrinconar los vestigios arqueológicos en los pueblos vivos, considerados "poco rentables". Con esto se genera una exclusión que impide el eslabonamiento de una posible cadena virtuosa que en principio comienza por la conservación y cuidado del entorno local, en beneficio del desarrollo de los habitantes, y que termina con la oferta turística.

Desde principios de la década de 1990, la Organización Mundial del Turismo (OMT) ha promovido la utilización de indicadores de desarrollo sostenible como instrumentos esenciales para los procesos de formulación de políticas, planificación y gestión en los destinos. En su reunión de Tailandia, en marzo de 2004, y luego de examinar la definición de turismo sostenible, el Comité de Desarrollo Sostenible del Turismo de la OMT acordó que entre las principales directrices para el desarrollo sostenible del turismo y las prácticas de gestión sostenible deben considerarse el respeto a la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, la conservación de sus activos culturales arquitectónicos y sus valores tradicionales, y la contribución al entendimiento y a la tolerancia interculturales, aspectos que desde nuestra visión son básicos en el panorama que ofrece el patrimonio arqueológico en los centros históricos de México, aunque -como hemos dicho- concebimos el turismo en esas áreas como algo secundario y que se da por añadidura al consumo directo de la comunidad de sus recursos patrimoniales en espacios públicos dignos. Estos enfoques no están peleados, el consumo y disfrute por el habitante y el consumo del turista pueden convivir en un modelo que integre todos los eslabones.

De acuerdo con Julia Beltrán "el patrimonio se ha convertido en un bien económico capaz de generar beneficios" (Beltrán 2010, 231). Con su integración en los espacios urbanos como equipamientos culturales, los yacimientos arqueológi cos ofrecen la posibilidad de una rentabilidad social y económica.

Con la aparición de las nuevas formas de turismo y del denominado turismo cultural, la arqueología se ha potenciado, como recurso turístico de primer orden, que además, puede contribuir al desarrollo local con la construcción de nuevas infraestructuras y la creación de actividades económicamente rentables con un impacto importante en sectores afines (231).

De acuerdo con ^{Cottom (2004)}, hay dos enfoques del turismo y el desarrollo: el que ve el patrimonio como recurso susceptible de ser comercializado o explotado fundamentalmente desde la perspectiva turística, y el que se opone a esa posibilidad, argumentando que son bienes de propiedad nacional, inembargables e imprescriptibles. Para el autor, "la aportación debe ser lograr que la base sea la educación del visitante y la valoración de nuestros bienes" (Cottom 2004, 94). Aunque, considerando que para el país el PIB turístico es muy importante, tal vez no estemos de acuerdo con este enfoque netamente de explotación y no de producción, pero no hay que dejar de lado que el patrimonio arqueológico es una ventaja competitiva para el Estado mexicano.

Los modelos de gestión del patrimonio arqueológico en México

En el sistema de gestión de los sitios arqueológicos en México conviven dos mercados, el de la investigación y el de la difusión, y los recursos para financiar ambos, procedentes de los usuarios de sitios arqueológicos -consumidores finales del producto cultural-, se van prácticamente íntegros a la administración federal, a través del INAH,³ quien a su vez debe aportar la mayor parte de los recursos para la conservación, estudio, uso y mantenimiento de los espacios arqueológicos.

Este es el "modelo tradicional" que reproduce el INAH para la salvaguarda del patrimonio arqueológico del país. Este modelo desincentiva la participación de otros actores interesados y suele favorecer la restauración de monumentos alejados de los núcleos de población actual y el uso turístico de los mismos, sin tomar en consideración los problemas particulares del crecimiento y desarrollo urbanos de manera racional y sustentable.

A pesar de que suele verse rebasada por la realidad, la institución federal no parece simpatizar con algún modelo que implique la participación de otros actores sociales. En su artículo sobre los trabajos de restauración efectuados en Xcaret, apuntaba María José ^{Con (1991)} que la mayoría responde a las necesidades de cambio de uso del suelo, y a la necesidad de recuperar la mayor cantidad de datos arqueológicos, que desaparecen día con día.

Si bien es cierto que por una parte estas obras permiten en algunos casos la obtención de fondos para la investigación, por otra, las zonas arqueológicas quedan en su mayoría "cautivas" dentro de las instalaciones turísticas como son los jardines de un hotel o un campo de golf. Esto lleva en ocasiones a pensar si en lugar de que un adoratorio maya quede en el hoyo 10 de un campo de golf, no sería más digno que sucumbiera bajo el peso de un trascabo (^{Con 1991, 65}).

En este caso, Xcaret, la intervención privada conserva el modelo predominante del INAH, de apropiación y uso de un sitio arqueológico y natural alejado de los núcleos de población, para consumo del turismo nacional y extranjero. Mientras que la firma Xcaret "logró convertirse en un aliado del gobierno federal como compañía accionista mexicana y de élites de empresarios surgidos de alianzas corporativistas apoyados por el Estado" (^{Khafash, Córdoba y Fraga 2015, 73}), cada vez vemos más entidades del tercer sector en México interesadas en desarrollar proyectos de servicios turísticos, apoyándose en una valoración del patrimonio maya en estos sitios aislados de la población local. Resulta llamativo saber que, por ejemplo, el promedio anual de visitantes al parque temático de Xcaret es de 1.3 millones (^{Blanco 2016}), y que en las estadísticas de visitantes del INAH, este sitio arqueológico abierto al público sólo recibió 62 (^{INAH 2019}).

Si bien el "modelo empresarial" de Xcaret amplía el esquema monopólico federal tradicional, conserva el patrón de uso turístico de los sitios arqueológicos en un espacio alejado de los núcleos de población, persistiendo la falta de un marco legal claro con respecto a las responsabilidades institucionales y privadas para la conservación del patrimonio arqueológico.

Se observa una gran asimetría entre la restauración y difusión y apertura de los sitios arqueológicos destinados al uso turístico, aislados de los núcleos de población, que producen -o se espera que produzcan- alta rentabilidad económica, y los sitios arqueológicos en áreas urbanas, en los cuales el "público" principal es o sería el ciudadano o vecino, y la rentabilidad sería únicamente de índole social.

Podemos señalar que en el fondo, el problema no es entonces el modelo o los actores involucrados en él, sino la ausencia de estrategias de adecuado, jerarquizado y ponderado eslabonamiento -primero el desarrollo y equipamiento local, luego el proceso de conservación y restauración y, para finalizar, la aplicación de estrategias de desarrollo de producto turístico-. Está claro que no es un problema de "modelo de gestión" o de "actores públicos versus actores privados", sino de las estrategias o los enfoques, y la manera como se encuentran conectados los eslabones de valor.

Se trata de un "modelo alternativo" en germen, poco patrocinado por la institución federal, que responde a una propuesta de gestión municipal y de participación social, para integrar en un espacio público vestigios prehispánicos en estado ruinoso e inmersos en la dinámica propia del desarrollo urbano, como es el caso del Parque Arqueo-ecológico Xoclán en la ciudad de Mérida, por ejemplo. Este sitio resulta paradigmático, pues comprende cerros monumentales en estado ruinoso, totalmente inmersos dentro de la mancha urbana (^{Ligorred Perramon 2009}). Desde 1998, el sitio de Xoclán cuenta con mantenimiento mínimo constante, aunque insuficiente, por parte del personal del Departamento de Patrimonio Arqueológico y Natural del Municipio de Mérida (DPANM), lo que ha permitido cierto control y vigilancia en las áreas más críticas que rodean a los dos conjuntos arqueológicos abandonados, y desde esta dependencia de la administración local se gestionaron diversos proyectos para la activación o puesta en valor de los vestigios, aunque no se encuentra abierto al público por el INAH. En la misma ciudad de Mérida, se cuenta con una zonificación arqueológica del Centro Histórico que considera los espacios donde se encontraban los edificios de la antigua ciudad maya de T'Hó (^{Ligorred y Barba 2009}). Estos últimos casos reflejan, de manera ejemplar, la situación actual de un sinnúmero de yacimientos arqueológicos en las áreas urbanas y los centros históricos de pueblos y ciudades actuales de México.

Escasas excepciones son las que ha impulsado el "modelo tradicional" federal, con casos paradigmáticos como el del proyecto de arqueología urbana de Templo Mayor, en la Ciudad de México; el de la pirámide de Cholula, en el estado de Puebla; el del sitio de La Campana, en Colima, o los edificios de las ciudades mayas de Izamal y Acanceh en Yucatán.

Por otra parte, los vecinos de los sitios arqueológicos que se encuentran en las ciudades y en los pueblos conviven frecuentemente con vestigios sin restaurar expuestos al saqueo en espacios abandonados, con problemas de limpieza e inseguridad. Es un hecho que los sitios abandonados en las manchas urbanas están expuestos al permanente y progresivo menoscabo, como puede observarse en el sinnúmero de proyectos de salvamento arqueológico y las repetidas denuncias de afectaciones consignadas, y que ocupan la mayor parte de las jornadas laborales de los propios investigadores del INAH.

El abandono de los terrenos con elementos naturales y vestigios en estado ruinoso dentro de las manchas urbanas implica un riesgo de "desaparición" de los sitios prehispánicos y, por el contrario, tomarlos en cuenta a la hora de la planificación de proyectos arqueológicos, permitiría integrarlos al desarrollo urbano, a través de Parques Arqueológicos o Arqueo-ecológicos, que pongan de manifiesto la profundidad histórica y la larga ocupación humana de los municipios.

Los modelos de actuación para la incorporación del patrimonio arqueológico en los centros históricos deben buscar su integración, ya sea que se encuentre en el subsuelo -como criptas o ventanas arqueológicas, como el caso del Templo de Ehécatl en la estación Pino Suárez de la Ciudad de México (1967)-; en el nivel de uso de la ciudad, al aire libre, en espacios públicos, en parques, plazas, camellones o glorietas, o en edificios en uso, como sucede frecuentemente en el subsuelo de templos religiosos, donde ha habido una continuidad a lo largo de los siglos, o en edificios de obra nueva (^{Beltrán de Heredia 2010}).

Además de contribuir al rescate de la memoria histórica, la integración de los vestigios ancestrales en los pueblos y ciudades aportaría una mejora a la imagen urbana, que sería de beneficio directo para la población local, e indirecto para el visitante, de manera que la protección del patrimonio quedara garantizada.

El elemento patrimonial es motivo de visita de turistas a pueblos o comunidades con riqueza cultural ya sea tangible o intangible, lo que genera divisas que dina-mizan la economía local. El impulso del turismo basado en el valor de lo cultural plantea la necesidad de contar con una buena planeación y establecer mecanismos de gestión en el ámbito local y regional. Y el hecho de que los turistas y visitantes valoren ese patrimonio refuerza la idea local de su importancia y valor.

Desde la perspectiva del binomio turismo-cultura, Lorenzo, ^{López-Guzmán y Burgos (2012)} señalan que "hay que sumar en la actualidad innegables relaciones... la mejora de las condiciones de vida, de desarrollo humano, económico, cultural y social en los países en vías de desarrollo" (^{Lorenzo, López-Guzmán y Burgos 2012, 103}).

^{Ortega y Sánchez (2012}), en su estudio Representaciones sociales del patrimonio arqueológico entre los mayas de Quintana Roo, México, advierten que las comunidades mayas, si bien consideran a los sitios arqueológicos como una herencia histórica-cultural, también los ven como bienes para usufructuar.

La apropiación del patrimonio arqueológico por parte de este grupo étnico está siendo fuertemente influenciada por sus procesos económicos, a partir de la presencia del "otro" (nacional y globalizado), pues han adoptado estos nuevos elementos como soporte de su conjunto identitario. De tal forma este grupo se está reorganizando en torno al patrimonio arqueológico y lo están reconceptualizando en beneficio de ellos desde el punto de vista económico, a partir de su mercantilización (^{Ortega y Sánchez 2012, 34}).

La transformación más importante que han sufrido los recursos patrimoniales ha sido "su conversión en un producto que se comercializa, una realidad ante la que se podrían tomar distintas posturas, como tratar de comprender este proceso para influir en él" (^{Nivón 2010, 15}).

En las conclusiones de su artículo "Del recurso patrimonial al producto turístico-cultural: la gestión del patrimonio y el turismo para el desarrollo local sustentable", Tresserras y Matamala señalan que

La gestión del patrimonio y el turismo sostenible suponen una alianza estratégica para el desarrollo local y regional. Es necesario considerar la transformación de los recursos patrimoniales en verdaderos productos turístico-culturales, a través de una sinergia entre los profesionales del sector cultural y turístico que sean accesibles tanto a los visitantes como a la población local. Las interrelaciones entre el sector público y el privado, tanto las organizaciones empresariales como las organizaciones no gubernamentales son fundamentales para asegurar la gestión responsable del patrimonio y el desarrollo turístico sostenible. Es básico considerar al respecto el planteamiento de modelos de gestión adecuados a las características y necesidades de cada destino. Es necesario considerar procesos de participación comunitaria y asegurar la accesibilidad a los recursos patrimoniales tanto a la población local como a los visitantes (^{Tresserras y Matamala 2006, 85}).

Esta visión equilibraría en alguna medida la concentración de la demanda de algunos productos de turismo arqueológico -Chichén Itzá, Uxmal, Tulum, Teotihuacán, por ejemplo-, al impulsar una demanda auténtica por lo que respecta a las comunidades locales en los pueblos vivos, abriendo la posibilidad de poner en funcionamiento el "circuito virtuoso de flujos de valor y servicios entre la comunidad y la institución patrimonial" (^{Bonet 2012, 7}), y por lo tanto, con beneficios para el desarrollo local (Figura 1).

Fuente: ^{Bonet 2012, 7}.

Figura 1 El circuito virtuoso de flujos de valor y servicios entre la comunidad y la institución patrimonial 

Siguiendo a ^{Lorenzo, López-Guzmán y Burgos (2012)}, es claro también que no se puede desarrollar el turismo cultural aislado de su contexto situacional político y sociológico y que, para que sea sostenible y redunde en un beneficio directo de la localidad, ha de ir acompañado de condiciones básicas de infraestructura y servicios. El escenario de este tipo de turismo dibuja una desigualdad en los países en vías de desarrollo que debe analizarse y contrastarse con el fin de ayudar a establecer y proponer a los interesados la implementación de criterios de planificación y gestión eficiente que optimicen los recursos turísticos-cultu-rales empleados en un sector decididamente en auge en el marco de la industria turística internacional (^{Lorenzo, López-Guzmán y Burgos 2012, 110}).

El papel participativo de las comunidades locales en la valoración y uso del patrimonio arqueológico en los centros históricos

Desde nuestra perspectiva, para que se consolide el turismo cultural sostenible en los centros históricos y el posible desarrollo económico que esto conlleva, es necesaria una gestión integral del patrimonio. Las comunidades locales deberán tener un papel participativo en la valoración y uso de su patrimonio cultural. La participación social y de las autoridades locales deberá ser considerada como eje transversal de las políticas públicas y culturales. En el caso de comunidades que, aun viviendo en los sitios no valoran ni se sienten próximas al patrimonio, deberá considerarse un mayor esfuerzo para vincular a la comunidad con el patrimonio de la localidad.

Consideramos también que, por añadidura, el apoyo institucional al patrimonio tangible e intangible en los centros históricos, para que puedan vivir y disfrutar su legado cultural (sitios arqueológicos, edificios históricos, fiestas y ceremonias tradicionales, mercados populares), con equipamientos que cumplan estándares mínimos de calidad y comodidad para la propia comunidad, hará aumentar la demanda turística cultural a mediano plazo.

Entonces, ¿qué probabilidades hay de que esto ocurra con el actual modelo institucional, o con el empresarial, de gestión? No se observan acciones por parte del Instituto federal para involucrar y capacitar a las autoridades municipales en la protección del patrimonio arqueológico, a pesar de que la omisión ha demostrado ser funesta para los vestigios que se pretende salvaguardar. Por otro lado, y a pesar de que los investigadores del INAH valoran la importancia de que los ciudadanos consideren suyo el patrimonio y reconocen el valor de la denuncia ciudadana para detener obras que ponen en peligro los vestigios, tampoco diseñan políticas públicas para favorecer la apropiación comunitaria (Figura 2).

Fuente: elaboración propia.

Figura 2 Esquema de la centralización como uno de los principales problemas en la gestión del patrimonio en México 

De lo observado hasta aquí se concluye que la centralización en la gestión del patrimonio arqueológico en México no ha impulsado programas y acciones oficiales que favorezcan la voluntad de apropiación del patrimonio por parte de los ayuntamientos y las comunidades locales, y se hace evidente la necesidad de impulsar un nuevo modelo de gestión para la protección y activación del patrimonio arqueológico en los centros históricos y, en general, en los pueblos vivos. Estas omisiones, así como el desconocimiento o manipulación de la memoria histórica, pueden considerarse como hipótesis causales que involucran tanto a los afectados como a los beneficiarios de la aplicación de políticas públicas necesarias para resolver el problema colectivo.

Es clara la conveniencia de la descentralización en materia de ordenamiento territorial y normatividad estatal y municipal, y de la importancia del intercambio de prácticas y experiencias que permita a los actores, frecuentemente aislados, con capacidades y prioridades diferentes, reunirse alrededor de temáticas comunes.

Respecto a lo anterior, podemos manejar como una primera hipótesis de intervención la descentralización en materia de ordenamiento territorial y normatividad para la conservación del patrimonio cultural, con la finalidad de establecer una manera de resolver o atenuar el problema colectivo.

Indicadores para la evaluación de la gestión del patrimonio arqueológico en áreas urbanas

Como señalamos en la introducción, uno de los objetivos de este trabajo de investigación era corroborar la centralización de las políticas culturales en relación con el patrimonio arqueológico, y la falta de estrategias a corto, mediano y largo plazos para su activación en los centros históricos, entendidos estos como almacenes de memoria colectiva.

Esto se ha conseguido a partir de tres objetivos específicos que se puntualizan aquí, y que describiremos a continuación:

Determinar la participación de los gobiernos federal, estatal y municipal en relación con el patrimonio arqueológico en zonas urbanas, y de otros agentes involucrados, en especial de los vecinos de estas zonas

Se corroboró que la participación del gobierno federal es limitada y que no puede abarcar ni sustituir las funciones omisas de los gobiernos estatal y municipal. Se ha corroborado la escasa participación de los vecinos de manera organizada, y la falta de políticas públicas para cambiar el statu quo.

La Tabla 1 permite tener una perspectiva general en cuanto a la participación de los distintos niveles de gobierno en diversos aspectos de la gestión del patrimonio arqueológico en cuatro casos. En la Ciudad de México o Cholula, los vestigios arqueológicos de las ciudades prehispánicas están exclusivamente gestionadas por la institución federal, el INAH; en el caso de Izamal, la participación del gobierno estatal existe, pero limitada a la promoción turística a través de un "parador" o área de servicios, que en realidad no está integrada ni vinculada directamente con los espacios arqueológicos. El caso de Mérida es excepcional a nivel nacional, pues desde hace 20 años cuenta con arqueólogos encargados de velar por la protección del patrimonio desde la Dirección de Desarrollo Urbano, con normas claras en sus programas y reglamentos.

Determinar los efectos de las acciones, o no acciones, en la planeación y en la normatividad urbana

Se corroboró la ausencia de una normatividad municipal para el control del uso del suelo, excepto en el caso de Mérida (^{Ligorred Perramon 2009}), que empezó a contar con ella a partir del Programa de Desarrollo Urbano de 2003.

Con la excepción del caso de la capital yucateca, las autoridades municipales no cuentan con un registro o una zonificación arqueológica de su territorio; no se considera la presencia o ausencia de vestigios arqueológicos antes de otorgar los permisos de uso del suelo para la construcción de nuevos desarrollos habitacionales, ni se ha ejercido algún tipo de control sistemático sobre las obras de infraestructura en los centros urbanos de estas poblaciones, y tampoco se previenen impactos de actividades públicas y privadas en terrenos a urbanizar con vestigios arqueológicos.

No se promueve de ninguna manera la integración de los vestigios al desarrollo urbano, ni se realiza alguna difusión del patrimonio arqueológico de la ciudad. Asimismo, en ninguno de los casos, excepto Mérida, se ha firmado convenio o acuerdo alguno con el INAH, ni se cuenta con programas estatales o municipales para el salvamento y la integración urbana del patrimonio arqueológico, con lo cual las afectaciones a los vestigios de las antiguas ciudades son ineludibles.

La única alternativa actual de los municipios, que por razones obvias no siempre eligen, sería reportar al INAH cada nueva construcción que se pretenda realizar, aunque el registro del Instituto federal tampoco cuenta con planos detallados de los antiguos asentamientos en los centros históricos. Mucho menos cuenta el INAH con los recursos humanos para atender de manera inmediata solicitudes de liberación y efectuar salvamentos para que los municipios pudieran otorgar los permisos de construcción. En el mejor de los casos, el resultado es el retraso de las obras por un plazo a veces indefinido, con los consiguientes conflictos de interés que esas situaciones generan, y propicia que el trabajo de la autoridad sea sólo de "apagafuegos".

Consideramos fundamental para la protección del patrimonio el dar una respuesta rápida y alternativas viables a los ciudadanos, para evitar conflictos entre el crecimiento urbano y la conservación del patrimonio, y para prevenir que, en caso de que los desarrolladores encuentren vestigios en sus terrenos, prefieran "pedir perdón a pedir permiso" (^{Ligorred Perramon 2009, 75}).

Asimismo, y a pesar del interés manifiesto de las autoridades municipales estudiadas, ninguna, excepto Mérida, cuenta con un departamento enfocado a la protección e integración urbana de sus vestigios.

Determinar la importancia de la descentralización y la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno responsables

Observamos que la perspectiva centralista del Instituto federal no favorece una cesión de responsabilidades elementales a los ayuntamientos y sí, en cambio, lleva a la destrucción de los vestigios arqueológicos en las áreas urbanas y a que las intervenciones que se realicen sean de emergencia en el mejor de los casos.

Instrumentar los datos de localización de los sitios arqueológicos registrados y contar con una zonificación arqueológica de los centros históricos mediante un sistema de información geográfica (SIG), y relacionarlos con los distintos usos de suelo, permite una gestión integral para su conservación y, en su caso, la incorporación de "la ciudad del pasado en la ciudad del presente" (Beltrán 2012).

Propuesta de activación del patrimonio arqueológico en los centros históricos

Es evidente la necesidad de nuevas estrategias para la activación del patrimonio arqueológico en los centros históricos, sostenidas en el tiempo y orientadas hacia la coordinación o alianza de los diferentes niveles de gobierno entre sí y con los distintos sectores sociales, para procurar la conservación y restauración del patrimonio urbano, con un uso social sustentable y con beneficios para las comunidades locales.

Como señalamos, el Instituto debe analizar hasta qué punto sus políticas y formas de acción pública pueden considerarse incentivadoras, tendientes a promover la participación, valoración y apropiación de los demás actores, o hasta qué punto resultan coercitivas e inmovilizantes.

Consideramos como hipótesis de intervención por parte del INAH -como un primer paso para resolver o atenuar el problema colectivo- el diseño una política pública que impulse la descentralización en materia de ordenamiento arqueoterritorial y la normatividad estatal y municipal, mediante el desarrollo de un Sistema Nacional para la Conservación del Patrimonio, como estrategia para evitar que los vestigios arqueológicos en los pueblos vivos sean arrasados o terminen por des-contextualizarse como resultado de la falta de planeación y de una normatividad estatal y municipal pertinente. La consulta a las autoridades locales y la definición de competencias entre los distintos niveles de gobierno pueden convertirse en estrategias que aumenten la aceptación y la legitimidad de la intervención federal desde la perspectiva de los grupos-objetivo (gobierno estatal y ayuntamientos). En la práctica, esto convierte el proceso en una "coproducción" de políticas públicas que para su operatividad requiere que diversos aspectos de su ejecución se deleguen en las instancias municipales o estatales. "En definitiva, la participación posibilita la elaboración de proyectos y la ejecución de acciones patrimoniales más sostenibles que en aquellos otros en los que no se dé" (^{Arrieta 2009, 285}).

De acuerdo con la guía técnica del INAH para la planeación y gestión del patrimonio cultural de la nación, "se deben establecer prioridades con respecto a los bienes que, por su valor, su representatividad o condiciones actuales, requieren medidas urgentes de restauración y conservación" (^{INAH 2006, 16}).

Por tanto, proponemos que una de las líneas estratégicas de los planes nacionales sea priorizar la investigación y restauración de los bienes patrimoniales que por su valor, representatividad y condiciones actuales, en medio de manchas urbanas o en áreas de crecimiento urbano, sean susceptibles de ser integrados al paisaje cultural, como los vestigios arqueológicos en ruinas o en el subsuelo de los centros históricos, como sucede en un buen número de ciudades europeas, como Roma (Italia), Barcelona (Cataluña) o York (Reino Unido).

La gestión debe proponerse frenar la degradación, prevenir o frenar la afectación e impulsar un equilibrio entre el sistema urbano o su crecimiento y la conservación del patrimonio, para finalmente hacerlo accesible a la comunidad. Al integrar los vestigios arqueológicos a los espacios públicos de los pueblos vivos se establece un nexo entre aquel pasado "clásico" y el prestigio de las comunidades originarias modernas y se restituye a la ciudadanía algo que merece ser recordado (^{Ballart 1997}).

En los centros históricos, el modelo federal de "sitio arqueológico abierto al público'" no parece ser viable y eficiente para impulsar la participación de los diversos actores (autoridades locales, academia), ni para la apropiación comunitaria. Por otra parte, es poco razonable y "políticamente incorrecto" considerar que los vestigios arqueológicos en medio de las plazas principales de las cabeceras municipales puedan salvaguardarse en estado ruinoso, sin ninguna protección física y -en teoría- "cerrados al público".

Esbozamos algunos esquemas para un cambio de paradigma en la gestión del patrimonio cultural y, de esta manera, pasar de la gestión segmentada del patrimonio arqueológico, concentrada en la restauración y difusión de algunos centros monumentales en antiguas ciudades mayas deshabitadas, a una gestión integral de los vestigios arqueológicos en los pueblos vivos. De una gestión centralizada a una gestión transversal que supere los obstáculos para la participación y que sea compartida por los distintos agentes y actores, a través de políticas públicas que involucren programas del gobierno estatal y municipales, y de las diversas dependencias federales (cultura, desarrollo social, turismo, ecología, educación pública,) y la academia, generando sinergias entre los distintos actores para dinamizar los procesos de activación y apropiación locales y regionales.

Nuestra hipótesis es que la gestión de estas estrategias dinamizaría un circuito virtuoso de flujos de valor y servicios entre la comunidad y la institución patrimonial (^{Bonet 2012}) e impulsaría la protección y reconstrucción de un paisaje urbano con identidad.

Sin prejuicios ni atavismos para unos y para otros, es necesario reinventar los mecanismos que impulsen la participación activa de las autoridades locales y de la ciudadanía en la apropiación del patrimonio y en la construcción de un nuevo paisaje en los pueblos vivos, caracterizado por un equilibrio entre la escala cultural y la escala urbana, que garantice la conservación y el uso social (Figuras 3a y 3b).

Fuente: elaboración propia.

Figura 3a Esquema de los aspectos relevantes en los procesos de activación del patrimonio 

Fuente: elaboración propia.

Figura 3b Esquema de la participación de los actores en la activación del patrimonio 

^{Criado (2010)} señala que los gestores del patrimonio deben

ser capaces de convencer a la gente de que tiene que demandar y pueden desempeñar un papel más activo: la co-construcción sucede a la deconstrucción de los modelos modernos y lineales de ciencia y de patrimonio, también de arqueología [...] lo que la arqueología precisa hoy son experimentos de proyectos de este tipo (^{Criado 2010, 64-65}).

La gestión integral del patrimonio arqueológico, convirtiendo a los monumentos y sitios arqueológicos en lugares llenos de significado, vinculados con la conservación y el manejo de los recursos naturales asociados, con una visión orientada hacia la rentabilidad social, debe conllevar a una mejora en la imagen urbana y en la calidad de vida en los pueblos y ciudades (Figura 4).

Fuente: elaboración propia.

Figura 4 Efectos de la democratización del patrimonio como vínculo entre población y territorio para el fortalecimiento de la identidad y la cultura, y las consecuencias que pueda tener la educación formal y no formal sobre la comunidad y los individuos para la evolución social y el desarrollo sostenible 

Los criterios de la UNESCO para el Patrimonio Mundial y las principales directrices de la Organización Mundial del Turismo (OMT) para el desarrollo sostenible del turismo y las prácticas de gestión sostenible, consideran indispensable el respeto a la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, la preservación de sus activos culturales arquitectónicos y sus valores tradicionales, y la contribución al entendimiento y a la tolerancia interculturales, directrices que, desde nuestra visión deben ser básicas en el proceso de gestión del patrimonio arqueológico en los centros históricos de México.

Aunque, como hemos dicho, concebimos el turismo como algo secundario al consumo directo de la comunidad de sus recursos patrimoniales en espacios públicos dignos, el enriquecimiento del paisaje urbano abre la posibilidad de aumentar -a mediano y largo plazos- la demanda de México como destino del turismo cultural sostenible, nacional e internacional.

Podemos decir, pues, que son lugares en los que se podrían llegar a desarrollar rutas y proyectos turístico-patrimoniales de bajo riesgo y alta rentabilidad (^{Prats 2010, 188}).

Siguiendo a ^{Lorenzo, López-Guzmán y Burgos (2012)}, para que el turismo cultural sea sostenible y redunde en un beneficio directo de la localidad, ha de ir acompañado de condiciones básicas de infraestructura y servicios, de manera que los habitantes puedan vivir y disfrutar de su legado cultural.