Introducción

Este artículo propone situar el bandolerismo y sus impactos políticos en momentos críticos de la primera mitad del siglo XIX en la relación de Chiapas con Guatemala. Para ello se enfoca en varios expedientes judiciales e informes militares que permiten ver las relaciones complejas entre aquellos que asaltaban y las condiciones políticas locales. Las trayectorias y recorridos de los sujetos que aquí aparecerán son un ejemplo claro de problemas centrales mayores para los Estados en formación: la territorialidad y el control del espacio fronterizo, el empalme de los circuitos comerciales y la política y, en un sentido más amplio, las nociones fluidas de nación, ciudadanía y fronteras. Para indagar sobre estos procesos, la atención se enfocará en dos movimientos armados integrados por actores relacionados al circuito comercial y fronterizo entre San Cristóbal de las Casas-Comitán-Zapaluta-Los Altos de Guatemala-Ciudad de Guatemala, cuyas dinámicas eran una muestra de las tensiones fronterizas. El primer caso es el de Andrés Monreal, famoso bandolero de origen comiteco cuyas acciones de robo tuvieron lugar durante la década de 1830 y finalizaron en la rebelión de 1837-1838, comandada por Rafael Carrera. El segundo caso será el de la incursión de Joaquín Miguel Gutiérrez, en 1837, desde la frontera con Centroamérica, para recuperar el poder estatal. El principal interés en este caso reside en una fracción de los soldados que se incorporaron al movimiento de Gutiérrez, pues ellos eran individuos que participaban en el circuito comercial ya mencionado y usaron sus conocimientos del terreno, de las haciendas donde asaltaban y de los caminos a favor de la mencionada incursión. Así, es posible visibilizar las relaciones entre militares (Gutiérrez) y bandoleros, y comprender la relación compleja pero intensa del circuito comercial que unía a dos territorios en proceso de diferenciarse administrativa y políticamente.

Debates sobre bandolerismo y guerras

La obra Bandidos, de Eric Hobsbawm, construyó una escuela de análisis social sobre lo que llamaba el bandolerismo social, definiendo este fenómeno como aquellos bandidos que mantenían un vínculo con las comunidades, que se expresaba en el apoyo que éstas les brindaban para ejercer el papel de “vengadores”. A partir de los escritos de 1959 y 1968 (y sus posteriores ediciones), Hobsbawm analizó la naturaleza de la violencia y movilización campesina en contextos de transformación económica, la baja ocupación de personas en el trabajo agrario producida por los cambios en curso y el poco dominio que ejercían los gobiernos sobre grandes porciones de territorio. Para ello, Hobsbawm se apoyó en fuentes folclóricas (cancioneros, lírica e imágenes) para construir una clasificación de los “tipos” ideales de bandidos sociales. Si bien es cierto que el autor reconoció la relación compleja entre la política y los bandidos sociales, la sitúa como parte de las acciones prepolíticas del campesinado, articuladas sobre lazos de parentesco o vecindad en lugar de las relaciones horizontales de clase, destinadas al fracaso en la mayor parte de los casos con la consolidación del Estado Nacional contemporáneo (^{Hobsbawm 2001}).

El debate abierto entre los seguidores de Hobsbawm y sus críticos giró alrededor de la conexión entre campesinos y bandidos a la hora de ejecutar sus acciones y solicitar apoyos. Es decir, alrededor del sentido social y político de la criminalidad. Por un lado, quienes concordaban con el historiador defendían la interpretación de los criminales como campesinos rebeldes con una subjetividad que actuaba en un claro sentido político. Y los críticos veían la relación entre criminales y comunidades campesinas como inexistente o, al menos, de difícil comprobación. En pocas palabras, afirmaban que no estaban dotados de la “economía moral” que argumentaban los primeros.

Para el caso específico de América Latina es notable cómo una parte de la investigación sobre bandidos y criminales eligió el camino de contextualizar los movimientos campesinos, la historia agraria y las luchas políticas para escapar de la tendencia clasificatoria en la que estaba encerrado el debate. Es decir, que más allá de considerar si la clasificación propuesta por el historiador británico era aplicable o no a América Latina, los estudios iniciados a finales de la década de 1980 siguieron la tendencia de reinterpretar las movilizaciones campesinas para no encerrarse en este debate. Y para lograr este objetivo, propusieron la reconstrucción desde la mediana y larga duración de las estrategias subalternas y ubicaron la criminalidad como uno de los posibles caminos de acción. Esto permitía observar un aspecto clave que superaba el debate sobre Hobsbawm: desligar la intencionalidad y las consecuencias políticas del bandolerismo social. Aún en casos en que los “bandidos” no tuvieran la intención de participar en las luchas políticas, sus acciones tenían un impacto serio en las luchas de facciones, guerras y partidos. Además, uno de los aportes de la experiencia latinoamericana fue el debate sobre el caudillismo, una forma de liderazgo que ha estado en el centro de la discusión historiográfica desde el siglo XIX. Sin embargo, los balances recientes sobre el caudillismo y el bandolerismo han permitido descubrir articulaciones insospechadas entre ambos fenómenos apoyados en recuperar la agencia política de los “seguidores” y bandas de bandidos (^{Gilbert 1990}; ^{González de Molina 1996}; ^{Fradkin 2005} y 2015).

En la historiografía guatemalteca es notable la ausencia de estudios más detallados sobre bandidos. Estos personajes han salido a la luz en momentos de discutir rebeliones y asonadas militares, pero en referencias marginales. Uno de los pocos estudios que se enfoca en las consecuencias del bandolerismo y la participación femenina es el capítulo de Lizeth ^{Jiménez (2015)}.¹2 Por esta razón, la intención de este artículo es explorar casos concretos en los que se involucraron bandidos para ver sus impactos en las tensiones políticas del momento.

Comercio, guerra y bandolerismo en el Estado de Guatemala

Las primeras décadas de experiencia republicana en Guatemala estuvieron marcadas por la inestabilidad política provocada por las tensiones de corta y mediana duración entre elites, poblaciones y los desacuerdos sobre las formas de implementar el nuevo modelo político sustentado en la ciudadanía. La mayor manifestación de estas tensiones fue la Primera Guerra Federal (1826-1829), que desembocó en la derrota del bando centralista guatemalteco. Este conflicto produjo en el corto plazo la proliferación de salteadores y robos en los caminos, situación relacionada con los impactos locales de las movilizaciones militares y el paso de los ejércitos por pueblos y aldeas. Por esta razón, aquí intentaremos explorar desde varios puntos de vista la evolución de los asaltantes y bandoleros en relación con las tensiones políticas.

La documentación que ha sobrevivido del Juzgado de Primera Instancia del departamento de Guatemala³ muestra el crecimiento de expedientes por distintos casos que afectaron la propiedad (robos, hurtos, abigeato, etc.) luego de finalizado el conflicto militar. Antes de 1826, año en que inició la guerra, los casos procesados fueron pocos (4), al igual que durante el conflicto (10). Fue a partir de 1830 que se registró un enorme incremento en el procesamiento de bandoleros y bandidos, pues tan sólo ese año se dieron 30 casos y 39 en 1831.⁴ A partir de entonces, el número de estos juicios se redujo durante 1832, posiblemente por el conflicto militar en la costa caribeña, en Omoa y en la frontera con Chiapas. Y para el bienio 1834-1835 se registró un nuevo aumento en el número de casos registrados, conforme se agudizaban las reformas judiciales y los intentos por controlar los robos en los caminos hacia San Salvador. Por último, en la segunda mitad de la década de 1830 el volumen se redujo con respecto al quinquenio anterior, pero resulta significativo que la mayor parte de casos tuvieron lugar en 1838, durante la segunda parte de la rebelión dirigida por Rafael Carrera. Esto podría indicar que la proliferación de bandidos y robos en los caminos era un fenómeno que alimentaba a la rebelión, pero también que las autoridades ejercieron mayor presión para reducir las vías de sostenimiento económico y político que Carrera y sus seguidores necesitaban para abastecerse.

La reconstrucción efectuada a partir del índice de casos criminales del Juzgado de Primera Instancia puede inducirnos a error, pues el número de casos registrados también depende de la historia archivística de los documentos. Es decir, supeditados a la posible pérdida de expedientes, al subregistro y a la fragmentación original de los fondos documentales. Si bien es cierto que esta objeción es válida, otros indicios cualitativos refuerzan la idea del crecimiento de los robos y asaltos en la década de 1830 como consecuencia del conflicto militar.

Las consecuencias inmediatas del conflicto finalizado en abril de 1829 fueron más que visibles: los pueblos y las propiedades habían sufrido saqueos y confiscaciones debido a las fuerzas armadas que transitaron por ellos en sus interminables ofensivas. Esto explicaría la dislocación de la vida local y los exilios de parte importante de las elites políticas y actores pueblerinos. A mediano plazo se hicieron visibles efectos más duraderos y profundos derivados de los primeros. Un ejemplo ilustrativo fue el negocio de la carne, pues se vio seriamente afectado por el descenso de la cantidad de animales disponibles y por la reglamentación de la comercialización del mismo. Se hizo más patente la presencia de grupos organizados dedicados al robo del ganado y otras mercaderías que transitaban en las dos direcciones por el camino que de Guatemala conducía a El Salvador, fenómeno muy visible en aquellas poblaciones que treinta años antes se habían especializado en el traslado del comercio que fluía por el Camino Real, como es el caso de Sacualpa (actual San José Acatempa, Jutiapa) (Sarazúa 2007).

La carencia que siguió al inicio del conflicto provocó un descenso notable en la disponibilidad de carne para el abasto de Guatemala, situación que fue aprovechada por los grandes hacendados para su beneficio, ya que en varias haciendas de la Costa Sur, que no habían sufrido por la presencia de tropas invasoras, contaban con una fuerte cantidad de cabezas de ganado:

Devastadas las haciendas en los periodos horribles de las guerras intestinas: obligados los propietarios a presentarse a la autoridad municipal, a pagar multitud de derechos, y enterar, a más de todo esto, alguna cantidad de dinero para poder vender lo que es suyo: oprimido con el peso de gastos de cría, gastos de arreos, gastos de repastaje [sic], gastos de pastoría, gastos de carnicerías, gastos de vandaje [sic], gastos de administración y gastos de acarreo: gravado con los impuestos de primicia y diezmo en unos lugares, y de 4 reales por cada caballería de tierra en otros, con los de alcabala de extracción, alcabala de consumo, hospital, policía, derecho de un real por cada arroba de carne, majada y tablas: monopolizado o estancado en pocas manos, el giro de ganado desaparecerá del Estado infeliz de Guatemala (^{Valle 1930, 267-269}).

A pesar de que el abigeato a lo largo de las rutas comerciales del Oriente fue un fenómeno presente desde el siglo XVIII, durante la década de 1830 adquirió rasgos que se pueden entender a partir de las secuelas dejadas por la recién finalizada guerra civil. Después de 1830, en los antiguos poblados que se habían dedicado al acarreo de mercaderías a lo largo del Camino Real, tanto de añil como otros efectos, se constató una degradación de dicha especialización. Las cuentas de la garita de Cuajiniquilapa (actual Cuilapa, Santa Rosa), de 1790, dejaron claro que Jalpatagua, Santa Catarina Mita, Sacualpa, Cuajiniquilapa, Asunción Mita y Jutiapa eran los lugares de donde provenía el 87 % de los arrieros que usaban la ruta entre los centros productores del añil y la Ciudad de Guatemala (Sarazúa 2007, 41-44). Si bien es cierto que después de 1800 se sintieron los efectos de la crisis comercial derivada de la caída del añil y otros problemas, los viajeros que usaron esa ruta dejaron claro que el comercio entre Sonsonate y Guatemala era aún muy importante en 1825. Por ello, la crisis social que refleja la proliferación de bandas de cuatreros después de 1830 hay que atribuirla sobre todo a los efectos dejados por la guerra civil. Esto lo enfatiza Jacobo Haefkens, quien en 1827, poco antes del inicio del conflicto, mencionaba la poca presencia de bandoleros en los caminos rurales del Oriente de Guatemala:

[…] tomando en cuenta la casi completa falta de policía no sólo en los caminos públicos sino hasta en las ciudades, y considerando cuan leves castigos tienen que purgar los maleantes capturados, aún se extraña uno de que el bandolerismo, especialmente en los caminos rurales tan solitarios no sea más frecuente, y su poca frecuencia rinde tal vez una de las mejores pruebas de la natural mansedumbre y bondad de alma de la nación (^{Haefkens 1969} [1827], 70-71).

La duración de la Primera Guerra Federal por tres años implicó, por un lado, el esfuerzo de las autoridades para recaudar los fondos necesarios que permitieran aprovisionar las unidades militares. Por otro, la guerra fue una oportunidad para que los comerciantes radicados en Guatemala, ingleses y centroamericanos, aumentaran los “efectos de comercio” al Ejército Federal en sus campañas en territorio salvadoreño. Por ejemplo, Carlos Meany, comerciante español relacionado con intereses ingleses, proporcionó 2 000 fusiles al Gobierno Federal.⁵ Por su parte, Miguel García Granados atestiguó en sus memorias que:

En la plaza [de Santa Ana en el occidente de El Salvador] se hallaba nuestro primo, don José Viado, quien había traído de Guatemala una fuerte factura de efectos de la casa [comercial de la familia García Granados], los cuales estaba comenzando a realizar con ventaja; y en un asalto a la plaza, murió de un balazo que le atravesó el pecho, perdiéndose todos los efectos, que fueron saqueados. Perdimos a un excelente joven a quien todos amábamos y además de 18 a 20 000 pesos, valor de los efectos (García Granados 1978, 138-139).

En este sentido, los efectos de la guerra no deben de ser medidos únicamente considerando los despojos a las haciendas, sino también en la proliferación de comerciantes que, aprovechando los requerimientos de los ejércitos en movimiento, aumentaron su actividad mercantil detrás de los fuerzas armadas. Tal como lo sugiere la actuación de la Casa de García Granados, Carlos Meany y otros extranjeros,⁶ el incremento de la actividad mercantil durante la guerra fue, a su vez, la oportunidad para la proliferación de bandas de bandidos y asaltantes.

Dos observadores muy agudos de la situación de la República Federal dejaron sus opiniones cargadas de pesimismo acerca de los años posteriores a 1830. En ellas se lee la frustración que los asaltantes dejaban en los comerciantes al no ser anulados por las autoridades y, por lo tanto, la enorme preocupación que compartían ante los altos niveles de robos en los caminos que atravesaban al istmo. Juan de Dios ^{Mayorga afirmó en su exposición al Congreso Federal en 1830}:

¿Qué importa que la Constitución Federal, y las de los Estados establezcan de la manera más firme en sus artículos la seguridad personal, y la de la propiedad, sino ecsiste [sic] ni una ni otra, por la debilidad en que están constituidos los gobiernos? Ella es causa de que los malhechores en todos los puntos de la república maten casi impunemente, y roben de la misma manera. Es positivo que tenemos poca o ninguna seguridad en esta época, su falta, o está en la lei [sic], o está en las personas (^{Mayorga 1830, 1}).

Para afrontar la proliferación de bandas de bandoleros, asaltadores y cuatreros, el Gobierno del Estado de Guatemala decidió expulsar a los señalados por la “voz pública” de los pueblos en el camino Guatemala-San Salvador. Ann Jefferson ha demostrado que la presencia de bandas de cuatreros en los poblados de Sacualpa, Jutiapa, Conguaco y Jalpatagua durante esos años atrajo la atención de las autoridades estatales debido a los altos niveles de organización que habían demostrado, así como al apoyo que recibían por parte de las autoridades locales. Estos actos delictivos afectaron, según las autoridades gubernamentales, al comercio entre Guatemala y el Salvador, que se estaba recuperando del pasado conflicto y que la presencia de estas bandas se había vuelto casi endémico en los poblados mencionados. Para solventar esta situación, y al no obtener apoyo de la Asamblea, las autoridades militares, con el apoyo del jefe de Estado Mariano Gálvez, decidieron colocar a estos pueblos bajo régimen militar de facto después de 1835 y obligar a los supuestos bandidos a trasladarse como “colonos” a la Costa Atlántica, específicamente al Castillo de San Felipe y a Livingston (^{Jefferson 2000, 201-232}). El aspecto que se debe retener de este proyecto fracasado de “colonización” de la costa atlántica es que se concentró en los pueblos que treinta años antes casi monopolizaron la arriería en el Oriente según las cuentas de la Garita de Cuajiniquilapa.⁷

Andrés Monreal y los circuitos comerciales

Los estudios sobre la rebelión de 1837 han mostrado la amplitud de las bases que sostuvieron el movimiento en contra del gobierno de Mariano Gálvez entre junio de ese año y febrero de 1838. De esta manera, se ha visibilizado el apoyo de campesinos, indígenas, medianos terratenientes, ganaderos y bandidos. Estos últimos tuvieron un papel importante en la conformación de los seguidores y tropas cercanas a Carrera, no sólo como seguidores con la intención de saquear, sino también con un papel político nada despreciable. Para alcanzar este objetivo, la atención en este apartado se concentrará en un caso concreto: el asaltador de caminos y ladrón de joyas Andrés Monreal.

Monreal, de aparente origen comiteco, era conocido en los círculos judiciales por su frecuente actividad delictiva, a tal punto que el fiscal en algún momento lo llamo “ladrón famoso”. Era una manifestación de la circulación intensa de personas entre Comitán y Guatemala, ya sea como refugiados, comerciantes, exiliados, traficantes o bandidos. Una de las primeras referencias que se tiene de este personaje proviene de su exitosa fuga de la cárcel de Antigua Guatemala en mayo de 1830, en compañía de otro recluso: Julio Solórzano. Monreal aprovechó que había sido calificado como recluso enfermo para fugarse. La fuga tuvo lugar en momentos, tal como lo sugieren los datos ya mencionados del Juzgado de Primera Instancia de Guatemala y los testimonios ya citados, en que los casos de robos y asaltos estaban creciendo.⁸

La libertad de Monreal duró poco menos de dos años, pues en mayo de 1832, durante la última etapa del conflicto militar contra los ocupantes centralistas del Puerto de Omoa en el Caribe Hondureño, fue capturado por las autoridades y llevado a la cárcel en Ciudad de Guatemala para evitar su fuga. Después de varios procesos judiciales, que al parecer no llegaban a finalizar, Monreal solicitó que su caso se sobreseyera a cambio de salir al exilio fuera de la Federación. Su solicitud tuvo buena acogida en la Comisión de Legislación del Estado de Guatemala, pero la orden para su liberación nunca fue sancionada. Los que adversaban la medida dentro del cuerpo legislativo argumentaron que aceptar dicha solicitud significaba un tipo de amnistía y, aún más grave, la interferencia del poder legislativo sobre el judicial. El otro argumento fuerte en los debates era que nada garantizaba que Monreal no volviera a delinquir. Por su parte, Monreal en su defensa argumentó que los juicios no avanzaban:

Señores, yo soy un reo de aquellos que de tiempo en tiempo la vulgar fama los acusa, y ésta solo tiene principio en el corazón de algunos envidiosos […] Dejo en consideración de los Ciudadanos Representantes lo que sufrirá un hombre en tierra extraña, sin pariente alguno que vuelva los ojos hacia él, sumido en una prisión, y sin esperanzas de ver el término de ella.⁹

En la declaración de Monreal hay dos puntos que deben resaltarse. El primero, el papel de “opinión pública” como prueba en el momento de la aplicación de la justicia, pues constituía una de las pruebas de base para la emisión de cualquier sentencia. Que varios ciudadanos coincidieran en la acusación hacia un posible bandolero indicaba la recurrencia en la comisión de delitos. En este sentido, Monreal era sentenciado como culpable tanto por los que lo acusaban como por las autoridades gubernamentales. El Gobierno estaba urgido por controlar los asaltos en el camino desde la Ciudad de Guatemala a San Salvador. He aquí un aspecto que se discutirá con detalle más adelante: la zona de acción de Monreal incluía este camino.

El segundo punto es el origen y espacio de acción de los bandoleros transfronterizos. Con frecuencia, este tipo de asaltantes era visto por las autoridades en el momento de atravesar la frontera, o cuando eran perseguidos en posesión de contrabando, para su venta y distribución. Sin embargo, el caso de Andrés Monreal permite ampliar el espacio geográfico y entender la enorme movilidad que estos sujetos y sus bandas tenían. En sus propias palabras, Monreal estaba en “tierra extraña, sin parientes”. Pero más allá del interés propio para remarcar su “soledad” frente a las autoridades judiciales en el momento de solicitar el perdón para exiliarse, Monreal sugiere aquí su vínculo hacia Comitán, lo que podría indicar los alcances extensos que tenían las personas que circulaban por las fronteras. Y esto se hizo más patente en el juicio de 1836.

A lo largo de los primeros meses de aquel año, según deja entrever la documentación, se llevó a cabo el juicio contra Monreal por veinte cargos criminales, que ocupó quince cuadernillos de testimonios, con el resultado de “inocente”.¹⁰ Sin embargo, en las declaraciones del fiscal y el procurador de pobres, salen a luz aspectos que, enlazados con la información vertida en los expedientes ya citados, permiten aclarar las relaciones entre bandoleros y la política. En cuando a la fama de Andrés Monreal, el fiscal decía:

La fama pública lo ha marcado ya, no una fama vaga, una voz infundada y circunscrita a uno que otro pueblo; es un clamor general en todo el Estado, y no exagero si digo que en toda la República. […] En las aldeas, en los pueblos, en las villas y en las ciudades es conocido Monreal por insigne bandolero. Su nombre inquieta y asusta igualmente al labrador, al ciudadano, al artesano y al comerciante.¹¹

La primera constatación, que ya se ha mencionado con anterioridad, es la del peso de la “voz pública” como prueba en el momento de acusar a los sujetos en el sistema judicial. Como ya se mencionó para los casos de traslado de “bandidos” en las proximidades del Camino a San Salvador, analizado por Ann Jefferson, en el caso de Monreal, la parte acusatoria le asignó el mismo valor y profundidad. La segunda constatación es la extensión territorial de las acciones de Monreal. Los indicios sugieren que era comiteco y los delitos supuestamente hechos por él abarcaban desde Sololá hasta San Salvador, pasando por Tecpán, Antigua Guatemala, Ciudad de Guatemala, Salamá, Chiquimula y Jalpatagua. Es decir, Monreal y sus cómplices asaltaron a lo largo de las principales rutas comerciales. La de Los Altos (Sololá-Tecpán), la de Antigua-Ciudad de Guatemala, la del norte (Salamá) y el Oriente (Chiquimula-Jalpatagua) hasta llegar a San Salvador. La amplia movilidad puede tener una lectura: el conocimiento de los caminos y los ritmos de los intercambios mercantiles de los bandoleros también dependía del hecho de que muchos de ellos eran antiguos arrieros o viceversa. Esto es sugerido por los mismos juicios criminales, pues hay algunos casos de asaltantes en la Ciudad de Guatemala que, para escapar momentáneamente de sus perseguidores, se volvían arrieros con destino al camino del Golfo (Izabal) para luego volver a la ciudad de Guatemala.¹² Y esto tiene una raíz profunda, pues en el siglo XVIII, con el auge comercial por el añil, se reportó que varios cuatreros que asaltaban en las proximidades de las ferias de ganado, llegaban a las orillas de la Ciudad de Guatemala, al pueblo de Las Vacas, para vender las reses robadas. Y hubo casos en el sentido contrario, que asaltaban en Guatemala para luego moverse al oriente. Este hecho también tendría que ser valorado con mayor profundidad respecto a las rebeliones, como la ocurrida a partir de junio de 1837, que terminaría con el Gobierno del Estado y de la cual surgiría Rafael Carrera, pues el conocimiento que tenían los arrieros fue una de las bases para la movilización de tropas, oficiales y rebeldes en los territorios montañosos y en los caminos sinuosos de Guatemala. La tercera constatación, según la declaración del fiscal, fue la amplitud social de los afectados por sus robos. Aunque sólo se mencionan algunos casos y no los veinte delitos, en ellos se vislumbran la amplitud social de los afectados por los robos.

La indagatoria judicial encontró muchas dificultades para llevarse a cabo. Este fue el punto de discusión entre el magistrado fiscal y el procurador de pobres al momento de la apelación. Para apoyar la acusación, el fiscal mencionó la dificultad de probar los delitos “privilegiados o de difícil probanza”, pues no ocurrieron en el día y con la presencia de testigos. Por el contrario, ocurrieron en caminos alejados de poblaciones. Con esto buscó disminuir las imprecisiones de algunos testigos cuando recordaban los hechos. Por su parte, el procurador concentró su atención en estos hechos para mantener la sentencia absolutoria emitida en primera instancia. En este sentido, la afirmación del procurador es clara en asegurar el poder “acusatorio” de las autoridades en el momento de perseguir a los “criminales”. También es una manifestación del descontento de algunos sectores en Guatemala por la forma en que se conducían los procesos judiciales inclementes e inflexibles en contra de aquellos acusados como bandidos en el oriente de Guatemala durante esos mismos años: “La costumbre de [ilegible] apellidar a Monreal por salteador, o atribuirle multitud de crímenes, de reputarlo reo y delincuente ha formado ya una prevención en los corazones para no juzgarlo con imparcialidad, y de no creerlo inocente, aunque esté indemne de los cargos”.

Andrés Monreal, Macario Mangandí y la rebelión de 1837-1838

Los acontecimientos ocurridos a partir de junio de 1837 en Santa Rosa y Mataquescuintla han sido objeto de una amplia bibliografía desde distintas perspectivas. En cuanto a los bandoleros, la historiografía del siglo XX resaltó la participación de bandidos en el grupo insurgente de Rafael Carrera, ya sea por las fuentes de la época (y que en el fondo reproducían la perspectiva del Gobierno de Gálvez), las referencias realizadas por Lorenzo Montúfar en su Reseña histórica y por las indicaciones que aparecen en las Memorias de Rafael Carrera, publicadas en 1906 y 1979. En cuanto a estas últimas, Carrera dice:

Fue tomando incremento cada día la revolución y los soldados sin sueldo y con poca disciplina cometían algunos desórdenes, robos y asesinatos; pero Carrera reprimía rigurosamente tales abusos, pero su nombre era tan respetado en todos los Pueblos, Valles y Aldeas, que todos ocurrían a dónde él se hallaba a exponerle sus quejas, y él, a pesar de ser escaso de conocimientos y haciendo muchas veces disparates, les oía en justicia quedando todos contentos¹³ (1979, 37-38).

Con sus propias palabras, Rafael Carrera afirmó la existencia de bandoleros entre sus seguidores, pero este reconocimiento está inscrito en la perspectiva que afirmaba su mando sobre los integrantes de su grupo rebelde. Esa es la importancia de asegurar, ante los representantes de los lugares por los que pasaban, la detención de estos hechos para conseguir el apoyo local frente a las tropas del gobierno de Mariano Gálvez. Es decir, en el mejor sentido de la propuesta de Hobsbawm, de los “vengadores”. Sin embargo, las memorias de Carrera ocultan las tensiones más fuertes entre los integrantes de sus filas por el liderazgo del movimiento. Es cierto que Carrera plasmó las pugnas entre varios de ellos, pero no aclara el peso que desempeñaron aquellos que prometían el saqueo como parte del pago por su fidelidad. Por ello, afirma que la causa de los robos y otros hechos criminales fue la falta de pago de sus soldados. En esta construcción política y discursiva, Carrera también se desligó del intento de saqueo de la Ciudad de Guatemala, cuando fue ocupada por sus tropas y las de Antigua Guatemala el 2 de febrero de 1838:

Mangandí, hombre influyente y de malas ideas que venía con Carrera, invitó a toda la tropa para saquear la Ciudad, estando de acuerdo todos los soldados antigüeños y los de Carrera en el terrible plan de Mangandí. Los Jefes antigüeños ignoraban lo que intentaban los soldados y Carrera ignoraba el plan de Mangandí y los suyos. No tardó éste en poner en planta su descabellado proyecto […] pero Carrera ocurrió inmediatamente a la plaza en unión de sus edecanes y con su presencia y su espada cortó el desorden amenazando a Mangandí de fusilarlo, rompiendo tres espadas en las costillas de sus oficiales y soldados y obligó a sus tropas a salir a las once del día (^{Carrera 1979, 52}).

Estos hechos muestran la diversidad de intereses que unificaban a la rebelión. Diversidad que no desapareció con la ocupación de la Ciudad de Guatemala por parte de sus tropas, acompañadas de la unidad militar proveniente de la Antigua Guatemala. Por el contrario, durante los meses de febrero y marzo de 1838, cuando se incubó una nueva etapa de la rebelión con la llegada de las fuerzas federales desde San Salvador y el nuevo pronunciamiento de Rafael Carrera, la unidad de distintos actores bajo la dirección de Carrera fue puesta en duda. Aunque parece una pequeña anécdota frente a los acontecimientos que le siguieron, el intento de su asesinato por parte de Andrés Monreal y algunos seguidores, fue un síntoma de la inestabilidad que acompañó al movimiento. El 8 de marzo de 1838, un testigo aseguró que Monreal y otros apresaron a Carrera por el enojo de no haber permitido el saqueo de la Ciudad de Guatemala cuando la ocuparon. Aunque el intento fue sofocado rápidamente, resulta una muestra de las diversas corrientes presentes en el interior de la rebelión, recordando que la variedad de peticiones mostrada en los manifiestos era clave para articular las acciones militares (^{Montúfar 1879, 100}).

Así, este episodio fue también una expresión del liderazgo militar susceptible de ser cuestionado. Gracias a esta característica, Carrera -como cualquier otro líder militar y rebelde- estaba obligado a asegurar el reconocimiento de su condición de dirigente. Por esta razón, el nombramiento militar que le había dado el nuevo gobierno como comandante de Mita, el dinero para repartir entre sus seguidores y la promesa de derogar las leyes que representaban los agravios a los pueblos en febrero de 1838 no fueron sólo un intento de cooptarlo por parte del Gobierno. Como lo afirma Sullivan-González, la alianza de la elite con Carrera se “llevó a cabo con temor y no con arrogancia paternalista” (^{1998, 146}). Para Carrera, este acuerdo era la garantía de que los demás actores políticos en la Ciudad de Guatemala lo reconocieron como el interlocutor frente a los rebeldes y campesinos. Esto también reforzaba su posición al interior de sus “cachurecos”.¹⁴

Para mantener la unidad de los rebeldes, Carrera atacó varias propiedades y pueblos durante la primera etapa (junio 1837-enero 1838), como una forma de conseguir recursos, mantener la disciplina y castigar a los rivales y enemigos. Pretendía asegurar la fidelidad de otros pueblos y aldeas mediante el miedo, la venganza o el convencimiento. Los manifiestos también cumplían este último papel. Mariano Aparicio, el testigo del conato de rebelión de Monreal, estaba en el cuartel de Carrera para negociar un convenio entre el Ejército Restaurador y la Junta del Departamento de Chiquimula, que unas semanas antes había desconocido al gobierno de Mariano Gálvez y actuaba bajo la protección del Gobierno Federal. Aparicio dice:

Fui muy bien recibido por el mismo Carrera, quien luego que supo que había llegado, paso a este convento [Mataquescuintla] y con la mayor franqueza me manifestó su buena disposición que tenía para con estos pueblos, en seguida me presentó la acta que tenía comunicada al departamento de Verapaz y pueblos de Chiquimula (^{Montúfar 1879, 100}).

Esta serie de acontecimientos muestran que Carrera era proclive a negociar con varios actores territoriales con la intención de conservar el liderazgo sobre los grupos rebeldes heterogéneos. En ese momento, inicios de marzo de 1838, la negociación entre él y la Junta de Chiquimula, mediante su representante Aparicio, se revestía de distintos objetivos entre ambas partes. Para Chiquimula y su elite, esta negociación les garantizaba la autonomía que buscaban mantener. Por otro lado, el convenio les evitaba el riesgo de un choque directo con las tropas de Rafael Carrera. Para él, la negociación significó la posibilidad de aumentar el reconocimiento a su liderazgo en momentos de mucho riesgo por la llegada de tropas desde El Salvador bajo la dirección de Francisco Morazán. Pero aún más importante: la negociación con el enviado de Chiquimula le garantizaba derrotar a los rivales ubicados en el interior de su mismo grupo rebelde. Para entender este último punto se debe volver al intento de Andrés Monreal de matar al mismo Carrera el 8 de marzo. Mariano Aparicio dice que después del intento de asesinato contra aquél, los pueblos seguían apoyando al caudillo. Pero el 3 de marzo de 1838, la Junta de Chiquimula, sin tener noticias de su enviado Mariano Aparicio, respondió a Mangandí sobre su solicitud de apoyo a la Junta misma:

Ciudadano Ayudante Mayor Macario Magandí. Se ha recibido la nota que Ud. se sirvió dirigir a nombre de esos pueblos a estos de Zacapa y Chiquimula en que se invita a que les auxiliemos con nuestras tropas para quitar al Comandante General Rafael Carrera y hacer que se cumpla por parte de Guatemala cada uno de los artículos en que se convinieron antes de la entrada en la Capital.¹⁵

Los integrantes de la Junta de Chiquimula le recordaron a Mangandí que los contactos entre ambas partes habían tenido lugar antes de la toma de la Ciudad de Guatemala para hablar de “todo lo que interesaba al bien de los pueblos” y, frente a los nuevos acontecimientos, se había enviado a Mariano Aparicio para dialogar con Carrera. Por esta razón, para no romper la alianza y respetar el “derecho de gentes”, se debía de esperar la comunicación de este encuentro antes de tomar una decisión de tal tipo.

¿Qué se desprende de esta cadena de acontecimientos? Primero, como lo sugiere Fradkin y la reciente bibliografía sobre guerras y “caudillismos”, en América Latina los liderazgos eran el resultado contingente de las mediaciones e influencias entre pueblos y dirigentes, relación mucho más compleja y dinámica que supera la concepción “clientelista” que ha dominado las ciencias sociales en su abordaje sobre este periodo. La cultura política del momento, alimentada por la concepción de la “soberanía de los pueblos” y frente a las nuevas concepciones liberales, era otro sustrato sobre el cual se construyeron estos liderazgos. Y, en la documentación aparece con frecuencia la referencia a los “pueblos” o el “derecho de gentes”. Eso no quiere decir que las relaciones entre jornaleros, colonos y hacendados no fueran parte de las movilizaciones en el sentido clásico del caudillismo, sino que estaban inscritas en una trama de conflictos y tensiones que las guerras podían hacer estallar o transformar. Aún más, en la coyuntura abordada, cuando las jerarquías y mediaciones sociales que hasta entonces habían sido dominantes eran cuestionadas. Por esta razón, es importante entender el encadenamiento de los hechos para buscar elementos interpretativos más sensibles a los matices locales y regionales.

Segundo, la presencia de “oficiales” o “ayudantes” que acompañaron a Carrera durante la rebelión muestra otro aspecto central del liderazgo en construcción en forma cotidiana. Tanto en el caso de Andrés Monreal como el de Mangandí, cada uno podía negociar su participación en la rebelión o intentar sustituir al líder elegido ya sea con un atentado o por la negociación con los “pueblos”; la camarilla más cercana a Carrera podía representar el mayor peligro. Uno de los motivos de la violencia mostrada por Carrera, ya sea en los ataques a haciendas o en la muerte de Monreal por rebelión en contra de su persona, radicaba en este aspecto, subrayar que no dudaría en actuar si su papel era puesto en duda. Esto permite ver también otro elemento poco trabajado sobre la rebelión: la experiencia miliciana entre sus oficiales y soldados.¹⁶

Tanto Carrera como Miguel García Granados, en sus respectivas memorias, recuerdan que al inicio del movimiento, cuando las unidades de Mataquescuintla y Santa Rosa se unieron para hacerle frente a las tropas del Gobierno en los Llanos de Ambelis, Teodoro Mexía y sus cercanos eran quienes dirigían a los pronunciados. Sin embargo, al ver la habilidad y experiencia militar de Carrera, le cedieron el mando. Conforme creció el movimiento con la incorporación de rebeldes provenientes de otros lugares se hizo imposible negar que la tradición miliciana que se había difundido desde finales del siglo XVIII sobre Chiquimula, Jutiapa, Jalapa y otras poblaciones cercanas, y reforzado con la Guerra Federal de 1826-1829 y la Campaña de Omoa de 1832, nutrió las dinámicas internas de jerarquía y obediencia. De esta manera, el hecho de que Carrera comandara la rebelión fue una expresión de la cultura política y tradiciones milicianas que se han mencionado, pero nada garantizaba que conservara ese papel si no cumplía con alcanzar las reivindicaciones heterogéneas ya mencionadas. Por este motivo, para Carrera era aún más importante el acuerdo que firmó con Mariano Aparicio en representación de la Junta de Chiquimula, pues con este documento se afianzó el papel que tenía frente a otros “oficiales” de la rebelión.

A la par de las tradiciones milicianas presentes en los integrantes de la rebelión de Carrera, los casos de Andrés Monreal y Macario Mangandí sugieren otras tramas diversas que permiten armar un panorama mucho más complejo. Como lo demuestran los expedientes judiciales de Monreal, los bandidos que integraban las filas rebeldes (y probablemente ocurrió lo mismo en las filas de las tropas oficiales) aportaban un conocimiento profundo de las rutas comerciales, de las armas, de las propiedades (haciendas y casas) aptas para su saqueo y un número indeterminado de soldados y mujeres que apoyaban el movimiento. En fin, de una densidad social que supera con mucho la perspectiva de simples ladrones que las autoridades buscaban asignarles. Por último, también sugiere una perspectiva mucho más fluida en la cual los individuos se movían en un amplio arco territorial. Esto obligará en un futuro a que las perspectivas heurísticas y metodológicas sean mucho más sensibles a estos fenómenos.

Guerra, bandoleros y las luchas de poder de Joaquín Miguel Gutiérrez en Chiapas

Las referencias a las bandas de asaltantes y ladrones son más dispersas para el caso de Chiapas debido a la historia documental de los fondos judiciales de ese estado, tal como lo ilustra el caso de la parte criminal del Juzgado de San Cristóbal de las Casas. Esta sección se perdió y sobrevivió únicamente la parte civil, que está resguardada en el Archivo Judicial de Los Altos, en San Cristóbal de las Casas.¹⁷ Por otro lado, está el Juzgado de 1ª Instancia de Chilón, que servirá de base para discutir algunos puntos sobre este tipo de expedientes judiciales.

Más allá del problema de conservación de los expedientes desde el siglo XIX, los casos reportados en este juzgado son menores a los reportados en sus contrapartes guatemaltecas. Ahora bien, a pesar de que aquí aparecen únicamente 26 casos en un periodo extenso, en el mismo inventario sí aparecen con mayor énfasis los casos de asesinatos, tumultos, ataques a mujeres, etc. ¿Hasta dónde expresaría esto un cambio del énfasis judicial hacia casos más relacionados con las tensiones étnicas conforme pasaron los años? Debido a la diferencia institucional entre la Federación y el Gobierno Estatal, el primero atendió con más detalle el tema del contrabando y robo cerca de la frontera, así que el análisis se basará en estos fondos.

Abordaré aquí un momento concreto de movilización militar chiapaneca, también en la década de 1830, pero que se conecta con el bandolerismo y el arte de la guerra a partir de la relación entre Chiapas y Los Altos de Guatemala, considerando los mismos caminos recorridos por Andrés Monreal. Son bastante conocidos los intereses de distintos actores involucrados en las disputas fronterizas entre México y Centroamérica por Chiapas y el Soconusco durante las décadas de 1820 y 1830. Intereses en muchos niveles, en la medida en que también estaban involucrados los actores locales (altenses, comitecos, soconusquenses, chiantlecos, etc.) (véase ^{Taracena 2000}; ^{González Alzate 1995}; ^{Woodward 2002}). Las antiguas rutas comerciales desde Los Altos de Guatemala hacia Chiapas fueron afectadas por la legislación hacendaria federal mexicana que intentó frenar las importaciones desde Guatemala, sobre todo en la década de 1830 (^{Vásquez 2014}). Sin embargo, la ruta articulada a partir de Chiantla y Comitán, con muchos de sus recovecos y veredas, se mantuvo por el contrabando ejercido en ambos sentidos. Es más que conocida la presencia de aguardiente comiteco en los pueblos de Los Altos de Guatemala, así como las importaciones de granos y textiles altenses hacia Chiapas.¹⁸

El contexto político de Chiapas entre 1825 y 1838 estuvo marcado por las tensiones entre los “Hombres de Bien” junto con la elite de Ciudad Real / San Cristóbal de las Casas -y sus seguidores favorables a la consolidación de los vínculos con México-, contra aquellos cercanos a los “chiapalibres”, de fuertes bases en Tuxtla, los valles centrales y presencia significativa en Comitán y San Cristóbal. Las pugnas en las elecciones y las peleas propias de las dinámicas políticas manifestaron esta división en el Estado. La figura más conocida de los chiapalibres fue Joaquín Miguel Gutiérrez, gracias a las alianzas que pudo construir en la Ciudad de México (1825-1826) y al liderazgo que ejerció en la escena pública mediante su relación con la logia yorkina. Las dos legislaturas controladas por este grupo (1829-1830 y 1833-1835) plantearon varias leyes claves que retaron las posturas que los notables coletos habían defendido y no fue casualidad que estas reformas incluyeran el reforzamiento o desmovilización de las milicias, cuerpos armados que constituyeron una de las bases más importantes para sostener el liderazgo de Gutiérrez. Estas rivalidades se nutrían de las pugnas que surgieron del centro de México por el control del gobierno federal, pero estaban inscritas en las tensiones locales y regionales.

Las tensiones que tuvieron lugar en 1831 y 1832, desde la zona fronteriza, constituyeron el ejemplo de las tensiones mencionadas. Por un lado, como parte de un proyecto mayor para recuperar el poder por parte de los centralistas centroamericanos derrotados dos años antes, en 1831 hubo un intento de invasión desde Soconusco hacia Guatemala. Tropas bajo el mando del ex presidente federal Manuel José Arce fueron derrotadas por las tropas venidas de Los Altos de Guatemala. La violación de la neutralidad del Soconusco por parte de tropas centroamericanas provocó la protesta mexicana. Estas tensiones llevaron al fracaso la aproximación diplomática del gobierno mexicano por medio de un enviado a Centroamérica. Este distanciamiento diplomático fue aprovechado por Gutiérrez para invadir Chiapas desde la frontera con Guatemala, contando con el apoyo tácito del gobierno guatemalteco, aunque no directo. El hecho sugestivo de esta coyuntura fue el éxito que tuvo Gutiérrez en su campaña militar. Por esta razón, cinco años después, Gutiérrez no dudó en usar la misma estrategia (^{Vásquez 2014, 191-224}; ^{Torres Freyermuth 2014}).

En 1837, Joaquín Miguel Gutiérrez hizo el intento final por vencer a sus rivales en Chiapas con una columna proveniente de la frontera con Guatemala, formada por varios exiliados chiapanecos en Centroamérica y por altenses. Según los informes relativos al intercambio de notas entre autoridades chiapanecas y guatemaltecas sobre la intentona militar de Gutiérrez, publicados en El Editor. Periódico de los Tribunales durante febrero y marzo de 1837, se hizo aún más evidente el robo de ganado. Por ejemplo, el comandante general de Chiapas, José María Sandoval, en una nota del 17 de enero de ese año, denunciaba a varias partidas de ladrones de ganado que habían atacado tres haciendas chiapanecas. El comandante acusó a su contraparte guatemalteca de que los responsables de estos hechos provenían de la tropa de Jacaltenango y que se llevaron reses y cofres con joyas. Por su parte, el comandante de la 4ª División de Guatemala, Agustín Guzmán (él mismo un comiteco bajo la bandera centroamericana), en su contestación dejó claro que se dieron casos de asaltos a haciendas en el lado guatemalteco:

Se me informó de que varios pueblos intentaban tomar venganza de las depredaciones y vejaciones que han sufrido de los comitecos, especialmente los indígenas [del lado guatemalteco] y esto me alarmó y marché poniéndome al momento a impedir todo atentado […] se han introducido con fuerza al pueblo de Santa Ana Güista [Huista] donde robaron bestias.¹⁹

En un informe posterior, Agustín Guzmán confirmó la internación a Guatemala de oficiales y tropas fieles a Gutiérrez, y que varios de ellos “han traído a esta República sus bienes de campo”. En uno de los casos, un oficial traía de Comitán 1 000 cabezas de ganado. En otro caso, otros oficiales llevaron dos partidas de ganado hasta Huista: “Al principio se me dijo que eran de la propiedad de los mismos emigrados y después averigüé que estos las habían tomado de las haciendas de los del partido contrario con el fin de enajenar dicho ganado y proporcionarse así algunos recursos”.²⁰

En la historiografía latinoamericana sobre la guerra se ha recordado una categoría que se aplica al caso en estudio: la “guerra de recursos”. Es decir, el intento por arrebatar al enemigo cualquier recurso que pueda utilizarse para mantener en movimiento sus ejércitos. Así era conocida en el siglo XIX esta forma de hacer la guerra. Sin duda, los acontecimientos de 1837 aquí mencionados encajan en esta calificación. Sin embargo, como lo sugieren las declaraciones de los oficiales, la presencia del bandidaje en la época para alimentar las acciones guerreras también estuvo presente en Chiapas.

Los informes redactados por las autoridades en San Cristóbal de las Casas, Comitán, Veracruz y Oaxaca detallaron otros aspectos importantes de la movilización militar de Joaquín Miguel Gutiérrez y su proceder en la incursión de 1837 y 1838. El primero era el reclutamiento de “soldados” en los pueblos de Huehuetenango y en las aldeas cercanas a Comitán y la zona fronteriza:

Los partes que se me han dado de algunos dueños de haciendas inmediatas a la raya que divide la República de Centro América y la Mejicana, que los facciosos Joaquín Miguel Gutiérrez y General [Agustín] Guzmán, de aquella nación, […] se preparan muy rigurosamente con fuerzas para invadir este departamento, y que con mucha actividad hay [de] otros comisionados ha crecido [la] recluta en todos los pueblos que tocan a aquella República y ha habido parte posterior en que me asegure han hecho movimiento para este Departamento.²¹

En este informe salió a luz un detalle que no debe de ser considerado menor. Agustín Guzmán fue calificado como centroamericano. Este hecho fue repetido en varios informes a pesar que Guzmán era originario de Comitán. En el fondo expresa que, ante las autoridades chiapanecas, este oficial había adquirido la “nacionalidad” por la que combatía. Sin embargo, este mismo ejemplo sirve para apoyar el argumento de la continua relación de un sector de la población comiteca y su jurisdicción más allá de las fronteras. Es un aspecto esclarecedor en el caso ya analizado de Andrés Monreal y su circuito de acción. Las tropas de Gutiérrez atacaron una hacienda donde, según las autoridades militares, la incursión la realizó

una partida de bandoleros, los cuales tomando el nombre de la nación y de D. Joaquín Gutiérrez, se llevaron de la Casa dicha mil pesos en plata y como seiscientos en alhajas, diciendo que venían 3 000 hombres sobre Tabasco [y] que pronto volverían, que se huyeran al monte mientras pasaban y que solo les dejaran mujeres para que les subministraran lo necesario para el sustento.²²

Estas acciones fueron la base para aumentar los recursos (caballos, ganado y otros alimentos) para el sustento de la tropa que se dirigía a tomar Tuxtla y San Cristóbal de las Casas. El Ayuntamiento de Comitán, el 17 de febrero de 1837, denunciaba la ocupación de las haciendas cercanas por las tropas de Gutiérrez. Según los integrantes del Ayuntamiento, la tropa alcanzaba más 400 soldados y oficiales (otros informes hablan de 700) después de su retirada de San Cristóbal de las Casas. Estos soldados y oficiales “son los mismos con que el gobierno de Guatemala lo protegió para hostilizar este Departamento”. Durante doce días las tropas se dedicaron al saqueo de las propiedades para “arruinar- las completamente”. Esto sustentaría las cifras aportadas por el editor sobre los ganados llevados a Huehuetenango por Gutiérrez y sus tropas en el momento de regresar derrotado en febrero de 1837.²³

Conclusiones

Este rasgo visto en el caso de Andrés Monreal abre otra pregunta que debe de estar en la base del abordaje de otros personajes provenientes de la zona fronteriza en disputa. A pesar de que en las constituciones, las proclamas y los informes presidenciales se establecieron los alcances territoriales de los Estados en forma temprana, la dinámica política en las zonas transfronterizas -tal es el caso de Comitán, Tapachula, la región de Los Altos (Huehuetenango, Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá y San Marcos) y Chiquimula- y las lealtades hacia las Capitales oficiales no estaban garantizadas. Por el contrario, las identidades nacionales se afianzaron con posterioridad, pasado la mitad del siglo. Esto dejaba que las zonas transfronterizas mantuvieran ambivalencia frente a los distintos proyectos nacionales en pugna. Si esto era visible en forma recurrente por las quejas de instituciones de base territorial, como los ayuntamientos / municipalidades, no se puede dudar de la ambivalencia más difundida entre la población. Esto explicaría la circulación constante de personas de un Estado a otro. No sólo como refugiados políticos sino como actores. Es más que conocido el papel de oficiales comitecos en la historia política centroamericana (Agustín Guzmán y José María Yáñez en las filas liberales), pero al mismo tiempo, otros actores como Aceytuno en el papel de encargado del gobierno chiapaneco en San Cristóbal de las Casas, no lo son. Desde otras dinámicas, las poblaciones mayas marcadas por la disputa fronteriza intentaron mantener sus circuitos de intercambios que eran base de su reproducción social más allá. No es extraño que las autoridades de ambos lados de la frontera intentaran aprovechar esta situación para aumentar el territorio durante la disputa.

Tapachula fue un buen ejemplo. Esta población siempre estuvo relacionada con los intereses comerciales de Quetzaltenango, ya sea por lazos familiares o negocios. Esto llevó a que los agentes mexicanos que buscaban la anexión de Chiapas siempre pusieran su atención en la actitud de notables y pobladores de Tapachula para incorporarse a Centroamérica. José Javier Bustamante, uno de los principales agentes mexicanos en Chiapas, informó que:

[…] la ocupación de Tapachula es fácil y obra de cien hombres; pero el resultado costoso. La oposición por armas solo podría intentarla Guatemala, auxiliando aquellos pueblos con las fuerzas de Quetzaltenango y Totonicapán. La de Tapachula ha sido de tres compañías a ochenta y cuatro hombres sin disciplina, con 25 fusiles que creo no se han renovado en muchos años y han de estar inútiles, porque aquel temperamento cálido y húmedo los destruye (^{Valle 1949, 199}).

Para evitar que la acción armada proporcionara argumentos a favor del gobierno de la Federación de Centro América, Bustamante consideraba que se debía de negociar con algunos notables de Tapachula para que se “pronunciaran” a favor de México, apoyados por un contingente militar ubicado en Tonalá durante la coyuntura de 1823-1824. Por su parte, el mismo personaje consideró que los chuj, pueblo maya ubicado en territorio chiapaneco y guatemalteco, debían ser favorecidos con el comercio hacia Comitán, su territorio natural, para ganar la mayor parte del territorio posible:

¿Si los chuges [sic], pueblos de Guatemala, que están situados sobre Comitán, con quien hacen un activo comercio y son sus vivanderos y consumidores de las producciones de este pueblo, convendrían más a los intereses de este Estado y de la nación? Por un tratado podían cederse aquellos, que están tan fuera de la vigilancia de este Gobierno, y tomar estos lo que están igualmente de aquel [Guatemala] (^{Valle 1949, 200}).²⁴

En este sentido, el papel desempeñado por Andrés Monreal como bandido en Centroamérica fue parte de la misma lógica. Originario de Comitán, hizo su vida como asaltador acompañado de varios bandidos a lo largo de las principales rutas comerciales en Guatemala, pero vinculadas con los antiguos circuitos comerciales coloniales que unían Chiapas con la Ciudad de Guatemala. Si bien es cierto que a mediados de la década de 1830 él mismo reconoció que no tenía familia ni vínculos hacia la República Federal, hizo esta declaración como parte de una solicitud de amnistía para regresar a Comitán. Su permanencia en Guatemala y su participación en la rebelión de 1837, con sus propios compromisos políticos y diferencias con Rafael Carrera, muestran el grado de involucramiento en la vida política. Esto es un ejemplo más de la enorme flexibilidad que le daba ser originario de una zona transfronteriza en disputa, que no había definido completamente su pertenencia política al igual que varios de sus coetáneos.

Algo semejante, pero con otras características, se puede decir de la tropa y los oficiales de Joaquín Miguel Gutiérrez en 1837. Los informes de las autoridades militares y políticas chiapanecas, oaxaqueñas y veracruzanas, enfatizaron todo el tiempo la participación “guatemalteca” en la incursión de Gutiérrez desde ese Estado, para que el Gobierno de México pudiera hacer el reclamo pecuniario por los daños sufridos en las haciendas y propiedades en general. La historiografía ya ha confirmado la vinculación entre el jefe de Estado de Guatemala, Mariano Gálvez (1831-1838), y Gutiérrez, a lo largo de los años, con ofrecimientos de diversos tipos. Sin embargo, lo que estas fuentes no dicen con claridad es que el articulador de ese apoyo eran Agustín Guzmán y José María Yañez, ambos oficiales que habían llegado a Guatemala con la tropa de Filísola en 1822 y de origen comiteco. Guzmán era, además, jefe de la División de Los Altos, el cuerpo militar que sostendría la experiencia del fallido Estado de Los Altos (1838-1840). Si partimos de estos puntos, se podría reinterpretar el llamado apoyo “guatemalteco”. Sí, con claridad Gálvez tenía un interés en las incursiones de Gutiérrez desde la frontera. Pero, desde la perspectiva de oficiales como Guzmán y de aquellos “guatemaltecos” (que en realidad eran de la zona de Huehuetenango y Comitán), la pelea estaba sustentada en los intereses territoriales de poblaciones que mantenían una fuerte ambigüedad sobre la pertenencia política. En este sentido, lo que se observa en este caso, fue más bien la lucha por intereses territoriales de comitecos, huehuetecos, jacaltecos, chiantlecos, etc. Y por ello, los intereses de aquellos que participaban en los circuitos mercantiles que atravesaban esa zona, ya sea como comerciantes o bandoleros, estuvieron involucrados a la hora de realizar los reclutamientos, elegir las haciendas a ser robadas, las estrategias militares y las formas de sostenimiento de las tropas. En pocas palabras, salieron a luz las contradicciones de los territorios afectados por las disputas fronterizas y que obligarán a los investigadores a ser más cuidadosos con las agencias locales.