I. La tierra, el trapiche

En el informe sobre los trapiches e ingenios existentes en el Corregimiento de Totonicapán realizado en 1780, queda confvirmado que durante el periodo colonial Pétzal era una zona cañera, con propiedad privada en manos de españoles y mulatos⁶ productores de panela. De un reporte del 14 de diciembre de 1780 en el Corregimiento de Totonicapán⁷, se deduce que el Partido de Huehuetenango era el principal productor de panela, concretamente el pueblo de Cuilco y el paraje de Pétzal. Asimismo, se reconoce la existencia de producción de chicha -sin trapiche- por parte de la población mam para autoconsumo, aunque la elaboración del producto para la comercialización estaba en manos de españoles que no residían en la zona y de mulatos que sí lo hacían, quienes lo fabricaban en trapiches. Ahora bien, como describe el propio informe, los trapiches formaban parte de la unidad productiva, que incluía tierras productoras de la materia prima: la caña de azúcar.

Según el testimonio de Joseph Domingo Hidalgo, de finales del siglo XVIII:

Las panelas o rapaduras se hacen del jugo que sacan de las cañas por la presión de un molino, que llamamos trapiche. Este jugo recogido en peroles de cobre, y puesto al fuego, toma espesura y consistencia para poder fabricar unos pequeños panes [...] sale un azúcar de sabor muy dulce; pero moreno y lleno de basuras. Para purificarlo es necesario trasladar la miel espesa en unos moldes de barro de figura cónica; y colocados estos moldes con la punta para abajo, por ella van destilando y despidiendo la suciedad. [...] De esta miel fermentada sacan el aguardiente. El que llaman aguardiente ron o romo se saca del jugo de las cañas asadas al fuego antes de exprimirlas y luego destiladas.⁸

A diferencia del ingenio, que permitía mayores niveles de producción, el trapiche encontrado en zonas fuera del Valle Central de Guatemala se caracterizaba por generar productos en forma de panela y aguardiente ilegal -y no azúcar-, principalmente para el autoconsumo o el intercambio local. Construido todo de madera -con excepción de los peroles de cobre, en caso de que los hubiera-, utilizaba la fuerza de la tracción animal y humana.

Como ya lo ha señalado Pinto Soria,⁹ se trataba de una típica economía fa miliar, practicada por lo regular por españoles de medianos recursos o mestizos pobres y casi nunca por indígenas, pues requería de ciertos niveles de desembolso, además de media o una caballería de tierra y animales de tracción. Ese sería el clásico trapiche de las tierras aisladas del Reino de Guatemala y, probablemente, de las de Huehuetenango. Este historiador considera que para la segunda mitad del siglo XVIII había en esa zona trapiches suficientemente grandes como para que su producción fuera destinada al comercio. Poco a poco, el aguardiente -a pesar de estar prohibido o precisamente por estarlo- se convirtió en negocio lucrativo.

Ya en la etapa republicana, existe constancia de la existencia de propiedad privada ladina en Pétzal, dedicada a la producción de caña de azúcar con el fin de elaborar panela y aguardiente, así como de hatos de ganado. Son documentos de compra-venta entre propietarios ladinos, por terrenos heredados vía familiar en tierras legalmente consideradas propiedad comunal de Colotenango.

¿Cuáles eran estas familias? ¿Cómo pudieron apropiarse en poco tiempo de los recursos de una zona aparentemente reservada a la población mam? Para contestar a estas preguntas empezaremos incursionando en cómo funcionaba el monopolio de aguardiente, como marco para analizar, seguidamente, a quiénes beneficiaba y a quiénes perjudicaba ese sistema.

2. El estanco: monopolio estatal, clandestinidad y contrabando

El 6 de mayo de 1853, el gobierno guatemalteco -de conformidad con el dictamen de la Junta de Hacienda y en aplicación de la Ley de Aguardiente de 1853- ordenó que se mantuviese el estanco¹⁰ de aguardiente en Colotenango y se persiguiera el contrabando que se fabricaba en la aldea Pétzal, como respuesta a la solicitud que le hicieran los mames de este municipio, quienes pedían se levantara el estanco para poder producir, vender y consumir chicha y aguardiente libremente.¹¹

Creado en 1822, el estanco de la chicha se vio afectado en 1839 cuando el gobierno guatemalteco legisló la prohibición total de venta de alcohol en los pueblos de indios, pues el Estado buscaba establecer un estanco general de aguardiente, medida con la que quería garantizar la fuente de ingresos vía el establecimiento de impuestos.¹²

Como ya lo ha explicado Daniele Pompejano¹³, durante los primeros 50 años de vida de la República de Guatemala, los beneficios obtenidos por el monopolio de chicha y aguardiente se convirtieron en un rubro muy importante de ingreso estatal, así como para los particulares a quiénes se delegaba su gestión, mientras que para la población indígena -en general, campesina- supuso una imposición odiada, que suscitó innumerables formas de oposición.

Desde el primer período liberal (1823-1838), el control sobre la producción y venta de licores tuvo una justificación moral y una clara motivación financiera, las que se vieron reforzadas en la etapa conservadora (1838-1871). Se trataba -sobre papel- de controlar por razones de mano de obra y tributación el vicio de la embriaguez, específicamente la de la población indígena, pero tal medida estaba dirigida a que fuera el negocio que alimentaría las arcas del Estado en mo mentos en que ya se vislumbraba el tope que tenían para Guatemala las ganancias por la exportación de grana. Por un lado, entonces, existía una fluctuante legislación que castigaba la ebriedad y penalizaba la producción y venta de bebidas embriagantes fuera de los establecimientos designados para ello y, por supuesto, perseguía el contrabando y, por el otro, se establecía un sistema impositivo alrededor de este producto, medida que lo convertía en buen negocio para las personas "autorizadas" -extranjeros, criollos y ladinos-, con cierto nivel económico.

Evidentemente, esta legislación no provocó la caída del consumo de licor por parte de la población indígena, pero sí tuvo consecuencias definitivas en la conformación de la economía de las localidades, cuyo principal cultivo era la caña de azúcar. Así, mientras crecía el estigma de "indio borracho", se posibilitaba, desde lo local, la conformación de una elite ladina alrededor del monopolio de este producto.¹⁴

A su vez, la efectividad del sistema monopólico creció cuando a principios del siglo XIX también fue adoptado el sistema de arrendamiento a particulares, estableciéndose estancos en cuantas poblaciones admitieran su consumo. González Sandoval señala que, mientras se legislaban medidas contra la embriaguez, se obligaba a los administradores de rentas a impulsar los estancos que fuesen posibles en sus respectivas jurisdicciones.¹⁵ Al mismo tiempo, el aparato de control fue aumentando, como deja constancia el Decreto que el Ministerio de Hacienda publicó en la Gaceta de Guatemala el 19 de abril de 1847, cuyas consideraciones eran que:

[...] mientras más alto sea el precio del aguardiente, menos facilidad encontrarán los que abusando de este licor, contraen el vicio de la embriaguez: que para reprimirle y perseguir eficazmente las ventas clandestinas hasta evitarlas, es necesario aumentar los agentes de policía, lo que sin gravar la hacienda pública no podrá hacerse, sino aumentando las cuotas en que se rematan los estancos.¹⁶

La misma autora apunta que, además de que el sistema de estancos aumentó el problema de la embriaguez -estimulando la producción clandestina y el contrabando en las zonas fronterizas con México-, alivió en parte los problemas financieros del naciente Estado guatemalteco y, sobre todo, desarrolló una nueva clase de monopolio, el de esos comerciantes particulares beneficiados por este sistema monopólico. El máximo ejemplo de ello lo constituiría la Compañía Larraondo y Samayoa¹⁷, que controló el negocio por más de 20 años. La escala de beneficios del sistema llegó hasta las localidades más remotas, donde ser estanquero supuso una fuente de ingresos y de poder. Luego, en 1866, se constituyó la "Compañía Anónima de Aguardiente",¹⁸ adjudicataria con derecho de exclusividad de la producción y venta de todos los licores nacionales, incluyendo la compra de los derivados y destilados de la caña de azúcar. La centralización del monopolio en la Compañía motivó un activo descontento de los municipios, pues desangró a los pequeños productores locales.¹⁹

Según Reeves,²⁰ durante los primeros años de post-independencia, las prácticas de sub-arrendamiento de los derechos monopólicos, así como la de ignorar el aguardiente clandestino, se reforzaban mutuamente. Dentro de los vaivenes de la legislación, en junio de 1833 el Estado abolió el monopolio en las ciudades que no produjeran más de mil pesos para las rentas estatales, a excepción de Petén, Escuintla, Suchitepéquez y Huehuetenango donde se encontraban las tierras óptimas para su producción. Alrededor de 1850, el gobierno conservador empezó a perseguir más efectivamente el aguardiente clandestino. Por un lado se estableció el "resguardo de aguardiente", un cuerpo de guardias que ayudaba a investigar y perseguir a los productores y vendedores clandestinos. Por el otro, elevó las penas por contrabando.

Como indica Pompejano,²¹ el estanco conllevaba un sistema de vigilancia de la población, el cual preveía que el Ministerio de Hacienda nombrara un cuerpo de guardias, propuestos a menudo por los mismos estanqueros, destinados al control de la actividad clandestina. Éstos eran mitad funcionarios públicos y mitad vigilantes de los intereses privados de los estanqueros. McCreery²² también menciona a este tipo de policía rural, supeditada a este Ministerio para el control del contrabando de aguardiente y de tabaco, resultando ser la primera expresión de fuerza pública en el campo; una fuerza totalmente vinculada a los intereses privados locales y regionales. Los abusos fueron tales que en 1862 el administrador general de Rentas advirtió al de Huehuetenango que no permitiera que los estanqueros nombraran directamente a los guardas del Resguardo, como efectivamente estaba ocurriendo.²³

En 1864 el presidente Rafael Carrera ordenó al Comandante General de Quetzaltenango que organizara un resguardo militar para el control de la frontera con Chiapas, a solicitud del estanquero de aguardiente de Los Altos, León Idígoras, de origen español.²⁴ Su propuesta -que fue aceptada- consistía en compartir los gastos con la Administración de Rentas. El resguardo estaba dividido en cinco partidas volantes, con un comandante para todas, otros más por partida, más 29 celadores. El costo mensual en salarios era de 500 pesos: 300 a cargo de Idígoras y 200 del Tesoro Público. Su función sería impedir la entrada al país de aguardiente comiteco, tabaco, pólvora y otros productos de origen mexicano.²⁵ Dicha medida causó gran malestar entre los pobladores del occidente guatemalteco.

El contrabando era un serio problema para los estanqueros. En 1860, uno de ellos, Joaquín de la Torre,²⁶ acusó al Administrador General de Rentas de proteger el contrabando de comiteco,²⁷ un aguardiente fabricado en Comitán, Chiapas, obtenido de la destilación de una mezcla de panela y aguamiel extraído de los magueyes. Además, era fabricado en alambiques de cobre, lo que significaba un sistema de destilación más moderno, que implicaba mayor capital de inversión y conllevaba mejor productividad y, por tanto, gran valor comercial. Era un aguardiente muy apreciado por los coletos chiapanecos,²⁸ pero la mayor parte se exportaba de forma clandestina a Guatemala por la demanda que de él hacían sus pares, los ladinos.²⁹ Como a este producto no se le cargaban los costos marcados por la legislación guatemalteca, era una competencia fuerte para la producción local.

Pero, ¿cómo funcionaba el sistema de estancos? ¿Quiénes tenían acceso a él?

3. Los beneficiados: asentistas, propietarios de tierras, ladinos, el Estado

Antes de la concesión monopólica a la "Compañía Anónima de Aguardiente" en 1866, la forma de otorgárselas a los estanqueros o asentistas fue variando con los años. Interesa destacar -como ya lo ha hecho Tánchez Iscayá-, el hecho que, frente a la existencia de espacios geográficos extensos, desde la década de los cuarenta la práctica del remate de estancos hizo que algunas personas no pertenecientes a la elite tradicional -"mestizos que surgen al campo de los negocios en los años treinta" en los inicios de la República-,³⁰ aprovecharan tal coyuntura para expandirse económicamente en zonas periféricas, predominantemente indígenas. En el mismo sentido John Watanabe se refiere a la atracción que supuso para "ladinos dispersos" la producción de panela y de aguardiente en las zonas bajas de Huehuetenango, antes de que se diese la entrada del café en el área. Como lo ha investigado concretamente para el caso de Santiago Chimaltenango, municipio mam limítrofe con el de Colotenango.³¹

Requisito para que un particular pudiese optar a contratar un estanco era asegurar el pago de la cuota establecida por el Estado -según la importancia de la localidad que cubría el estanco-, garantizándolo con la hipoteca de los bienes personales o a través de un fiador. El Estado, entonces, abría a remate los estancos que consideraba oportunos y los arrendaba a particulares, los que a su vez los podían subarrendar a su antojo, siempre y cuando se asegurara el pago a la Administración de Rentas.

En la información encontrada sobre los remates asentados en los Protocolos Municipales de Huehuetenango correspondientes al periodo anterior a 1866,³² vemos que el primer estanquero -documentado- de Colotenango fue Víctor Aguirre, cuando en enero de 1856 subarrendó al estanquero del departamento de Huehuetenango el estanco de ese pueblo, más los de sus vecinos San Ildefonso Ixtahuacán, San Pedro Necta y San Juan Atitán. Aguirre estaba casado con una hija de José Ríos, estanquero de la villa de Huehuetenango, donde ya residía en 1843. Con el apoyo económico de su suegro, llegó 10 años después a controlar la mayoría de estancos de la zona. Más adelante, incorporaron al negocio a José David Ríos -hijo de José- y a Norberto Villatoro, casado con otra hija de éste y vecino de Malacatán, Huehuetenango. El resto de los estanqueros particulares eran ladinos de la zona, hasta que en 1859 se incorporaron al negocio los criollos Joaquín de la Torre y José Tomás Larraondo, el peninsular León Idígoras y el ladino José M^a Samayoa. Por tanto, en su mayoría, los estanqueros que operaban en Huehuetenango eran ladinos provenientes de la cabecera departamental y del colindante pueblo de Malacatán, los que empezaban a extender su radio de acción hacia los pueblos mames circunvecinos, apoyados en su capacidad económica -todos con propiedades inmuebles- y, sobre todo, la de los fiadores. Estos inmigrantes iban expandiéndose a partir de una lógica de redes familiares.

Cabe destacar que de todos los expedientes revisados sólo se encontró un caso en que el estanquero no era ladino. Se trataba del indígena Matías Ramírez, estanquero del pueblo de Tectitán. Aunque la ley, entonces, no era explícitamente segregadora, en la práctica funcionaba de esa forma al amparo de la dinámica estatal. El Estado era el que decidía en qué lugar se abrían estancos, cuáles eran las cuotas de arrendamiento y a quién se remataban.

En 1859, los pueblos del departamento de Huehuetenango que tenían estancos de aguardiente eran los que siguen, con las cuotas anuales de cada uno de ellos:

Cuadro 1 Pueblos con estanco en el Departamento de Huehuetenango, 1859 

En ese momento el administrador de rentas de Huehuetenango estaba proponiendo que se establecieran nuevos estancos en los pueblos de Santa Eulalia, San Mateo Ixtatán, Todos Santos, San Sebastián Acatán y Santa Bárbara, con una propuesta de cuotas en función del número de habitantes.³³

Cuando se abría el estanco en un pueblo, el Estado enviaba a un guarda volante para que ordenara a la Municipalidad construir el local donde llegaría el asentista a establecer el estanco. En 1852 el Administrador de Rentas de Huehuetenango ordenó a la Municipalidad y al pueblo de Colotenango -como ya había hecho en los pueblos vecinos-, que le construyeran la casa o local a quién ya habían rematado el estanco del pueblo, el mencionado Víctor Aguirre. A ello se opusieron los pobladores, proponiendo que remataran el estanco a favor de su Municipalidad, puesto que el pueblo no quería "que ninguno de fuera se introduzca ni se mezcle con nosotros"³⁴. El administrador de rentas de Huehuetenango argumentó ante el corregidor "que los vecinos de Colotenango, que ordinariamente residen en la aldea de Pétzal, se ocupan de la fabricación de aguardiente clandestino con notable perjuicio de los estancos de pueblos vecinos y con menoscabo de la Hacienda pública" y que tomara en cuenta que "la aldea Pétzal, compuesta de vecinos de Colotenango y sembrada de cañales y de multitud de pequeños trapiches, es el foco del clandestino". La petición fue denegada -como lo fueron también las que harían otros pueblos-,³⁵ recomendándose activar "la represión del contrabando de aguardiente que resulta fabricarse en la aldea Pétzal".³⁶

Pocos años después, en 1857, el ya estanquero de Colotenango Norberto Villatoro, denunció a dos mames -uno de ellos, Andrés Pérez, principal y varias veces alcalde de Colotenango- de instigar un asalto contra su venta de aguardiente y de tener que huir por ello del pueblo. La causa del motín era la oposición de los indígenas al estanco.³⁷ La preocupación que tenía la Municipalidad de Colotenango ante la "introducción de gente de fuera", estaba vinculada al acaparamiento de la producción y venta de aguardiente por parte de los ladinos, pero también a la usurpación de su bien más preciado: la tierra, que era empleada para la producción de la materia prima del aguardiente: la caña de azúcar. Veamos qué relación había entre estos ladinos que se convertían en estanqueros y la propiedad de la tierra en la zona de cañaverales de Colotenango, el paraje de Pétzal.

En 1864 el común de Colotenango solicitó certificación del título ejidal por haber desaparecido el que fue erogado en 1835,³⁸ mientras que en ese lapso de tiempo los ladinos habían estado documentando la posesión de trapiches y ranchos dentro del área de los ejidos, concretamente en la que correspondía a Pétzal.

El primer propietario ladino establecido en Pétzal fue Nazario Argueta, por adjudicación de 21 caballerías³⁹ en el paraje de Pétzal Chiquito.⁴⁰ Seguidamente Argueta vendió la propiedad a José Ríos -como se ha dicho, el principal estan quero de Huehuetenango-, lo que le permitió convertirse en el mayor propietario coloteco de cañaverales. Ríos, a su vez, emparentó con los Aguirre, quienes llegarían a ser la familia de mayor peso económico en Pétzal. La familia Argueta, residente en la ciudad de Huehuetenango, estaba vinculada al separatismo altense,⁴¹ pues Nicolás Argueta fue miembro de la Junta electoral del Estado de Los Altos por parte de Huehuetenango, en septiembre de 1848.⁴² Asimismo, fue alcalde 1° de Huehuetenango en 1837 y 1866, y en 1859, juez de primera instancia⁴³. El jefe de Estado altense, Marcelo Molina Mata, fue quien concedió las tierras en Pétzal a Nazario Argueta, dentro de la lógica expansionista de la elite altense con el fin de consolidar su territorialidad. Además de haber sido alcalde primero de Huehuetenango en 1806 y en 1811, ocupó los cargos de comisionado, maestro y juez preventivo de Jacaltenango, donde fue acusado de abusar de los indígenas del lugar.⁴⁴

Como ha constatado Taracena,⁴⁵ los quetzaltecos y sus aliados altenses fueron progresivamente acaparando tierras durante la segunda mitad del siglo XVIII, acentuándose la tendencia de 1800 a 1820, en el tiempo del surgimiento del autonomismo altense. A partir de 1826, el autor confirma que la mayoría de beneficiarios de apropiación de tierras -a través de la figura colonial de la denuncia- en detrimento de las comunidades indígenas, serían funcionarios importantes en el futuro Estado de Los Altos. Esta expansión se dirigió sobre todo hacia el litoral del Pacífico -Suchitepéquez y Santo Domingo Retalhuleu-, pero también incluyó las zonas cálidas de Huehuetenango, como la que nos ocupa, y que tenían el carácter estratégico por ser punto de paso hacia el territorio de los altos de Chiapas.

Viendo el vínculo entre la elite altense y el comercio de aguardiente, Taracena nos recuerda que el 4 de abril de 1839 la Asamblea Constituyente de Los Altos eximió de impuestos por cinco años a todo el azúcar elaborado en la zona, en un claro intento de estimular la producción cañera.⁴⁶ Una vez controlados los intentos separatistas altenses, el 10 de septiembre de 1851 el presidente guatemalteco Rafael Carrera decretó que el aguardiente volviera a pagar un 24% de impuesto, satisfaciendo a los comerciantes capitalinos y evidentemente a las arcas del Estado central en detrimento de la rebelde elite altense. Sin embargo, mientras más se fomentaba el monopolio, más se estimulaba la producción clandestina y el contrabando. Con la concentración creciente del monopolio, que había empezado a darse desde las contratas a la "Compañía Anónima de Aguardiente" del segundo quinquenio de 1840 hasta obtener ésta el control de todo el país en 1867, muchas de estas personas quedaron fuera del negocio.⁴⁷

El subarrendamiento era una práctica tolerada por el Estado, pues le aseguraba que el primer arrendatario pudiera cubrir las obligaciones financieras contraídas. Con la centralización, los que se pudieron mantener fueron aquellos que habían logrado consolidar un patrimonio -en bienes inmuebles-, que les permitiera garantizar el pago del derecho de subarrendar los estancos a sus propietarios.⁴⁸

Por su parte, Pompejano menciona, a su vez, que con la muerte de Carrera varios municipios del occidente guatemalteco subrayaron los graves daños acarreados a la economía local por el sistema de monopolio, pues quienes lo ejercían compraban sólo a los grandes productores y del fruto de tales transacciones poco quedó en circulación a nivel local, pues los concesionarios eran forasteros. También se quejaban de las brutalidades cometidas por los guardias al servicio de estos concesionarios.⁴⁹

La antipatía hacia el monopolio y sus efectos económicos venía, entonces, de todos aquellos que producían y vendían aguardiente pero que quedaban fuera del estanco, y eran tanto indígenas como ladinos. Para el caso de los ladinos, la oposición se hizo patente dentro del marco de pugnas entre elites, pugna que se movía alrededor de las siguientes oposiciones:

- ante el enfrentamiento de Carrera con la elite ladina altense después de sus intentos separatistas, a raíz de que se formara un nuevo sector beneficiado por el dictador⁵⁰ a través de la ocupación de cargos públicos, que pugnaba con la elite tradicional de la región.

- el enfrentamiento de estanqueros de aguardiente con los contrabandistas y productores y vendedores clandestinos.

- la política centralizadora de los conservadores, que hacía que el monopolio de aguardiente -a través de la "Compañía Anónima de Aguardiente"- provocase el aumento del número de ladinos que quedaba fuera de los beneficios del estanco.

A raíz de la Revolución de 1871 los liberales abolieron el estanco como recompensa a aquellos que los apoyaron en el occidente del país. No es casualidad que Cuilco, vecino a Colotenango y centro del negocio de aguardiente, fuera uno de los primeros pueblos en sumarse a la Revolución. En el acta de adhesión a la misma, levantada en este pueblo en 18 de junio de 1871, destacaban, dentro de la lista de agravios que justificaban su posición, los siguientes:

[...] y teniendo presente que el Gobierno de Don Vicente Cerna siguiendo literalmen te la senda tortuosa de su antecesor el General Carrera hasta en la perpetuidad en el mando, ha abusado y abusa diaria e inconsideradamente de su poder ya estableciendo monopolios con grave perjuicio de la Nación [...] y por mantener un número crecido y superfluo de empleados, especialmente militares [...] ora como auxiliares natos de los monopolistas de aguardiente, de quienes se han constituido fieles servidores. Teniendo presente que sin embargo de haber en el país sujetos ilustrados y dignos para el desempeño de los destinos, se les confieren especialmente los Corregimientos Departamentos a Españoles aventureros, ignorantes y destituidos de todo mérito [...].⁵¹

De las 124 actas correspondientes a igual número de municipalidades que ratificaron su apoyo a los liberales, la suscrita por Cuilco fue una de las más razonadas, con una clara muestra del descontento por el creciente centralismo de Carrera y su sucesor, que perjudicaba los intereses económicos y políticos de la elite local. La población estaba más que lista, entonces, para escuchar a los liberales en sus promesas de abolir el monopolio. Pero no sólo los indígenas. Al respecto apunta Taracena:

A causa de su fallido separatismo, los altenses se encontraron a mediados del siglo XIX aislados de los asuntos políticos del Estado, cuya participación les era negada por el gobierno conservador y por la política económica de los comerciantes capitalinos a través del Consulado de Comercio. La misma estaba orientada a frenar el desarrollo interno y externo de su comercio al obstruir sistemáticamente la construcción del puerto de Champerico, gravar los productos procedentes del sur de México, fomentar el monopolio estatal del aguardiente, importar sin impuestos harina del extranjero, etc. Por tales razones, los ladinos de Los Altos participaron masivamente en la Revolución de 1871. Praxis revolucionaria que también les permitió dar un salto cualitativo como políticos, militares, intelectuales, etc.⁵²

Promesas que poco tardaron los revolucionarios liberales en traicionar, instau rando un sistema opresivo alrededor del aguardiente -igual al de los conservadores-⁵³, sobre todo en detrimento de la población indígena, ya requerida como mano de obra por el auge del café, base económica del nuevo régimen liberal.

4. Los perjudicados: indígenas y mujeres. Los penalizados: clandestinistas, contrabandistas y ebrios

Todo este proceso de penetración ladina bajo el amparo de un Estado cada vez más centralizador perjudicó claramente a las comunidades indígenas, pero sobre todo a las mujeres. Este elemento segregador por razones de etnia y género tenía marcados orígenes coloniales, como podemos ver en un juicio por embriaguez contra cinco mames de Colotenango en 1704, cuando el teniente de alcalde mayor del Partido de Huehuetenango -Juan Sangroniz- ordenó:

[...] y reconociendo por las declaraciones que hacen los contenidos en estos Autos que muchos indios de este Pueblo tienen sembrada caña dulce para hacer chicha para sus embriagueces y borracheras atendiendo al mayor Servicio de Dios y del Rey y evitar las muchas culpas que originan de las borracheras que toman de la dicha chicha. Y por estar mandado por Autos de visitas Generales y particulares no se les permite sembrar la dicha caña, mando se arranque de raíz toda la que hubiese sembrada en este Pueblo [...]que se abrase y queme toda para con este ejemplar no sucedan otras borracheras [...] y mando a los Alcaldes Actuales de este otro pueblo no consientan que los indios de él siembren caña [...] y mando se lleven presos a la cárcel de Huehuetenango a todos los indios que se hallasen en los dichos cañaverales y constare ser suyos para que se castiguen [...].

[...] en este dicho Pueblo ante mi el dicho Alcalde Mayor apareció el Alférez Domingo Moscoso vecino del Pueblo de Chiantla quien viendo que el dicho Alcalde Mayor quería mandar quemar un poco caña dulce que se había traído de los cañaverales de los Indios del Pueblo de Colotenango que se mandaron destruir por las borracheras, ofreció por dicha caña ocho pesos y viendo yo dicho Alcalde Mayor que de quemarla no se seguía utilidad ninguna mandé que la dicha caña se entregue al dicho Alférez Domingo Moscoso, exhibiendo por ella los ocho pesos que ofrece los cuales exhibió y mandó que los dichos ocho pesos se apliquen a gastos de justicia [...].

Es evidente el trato diferenciado que las autoridades otorgaban a indígenas y a españoles en torno al derecho de sembrar caña y procesarla. González Sandoval concluyó en su estudio sobre el estanco de bebidas alcohólicas que las disposiciones estatales dirigidas a controlar la fabricación y venta clandestinas de aguardiente y chicha de finales del siglo XVII y durante el XVIII tenían una clara diferenciación étnica, pues las penas por alteración de la ley eran distintas si los transgresores eran españoles, indios o castas. Sobre todo, si se concebía que la embriaguez, gravísimo problema social, era propia de indígenas y mulatos. Señala, no obstante, que en el siglo XIX "al englobar en una misma clase a indios, mestizos, mulatos o españoles, cuyo rasgo común era la pobreza, esta diferenciación se volvió social."⁵⁵ Sin embargo, aunque la legislación al respecto en el XIX no es explícitamente segregacionista, la práctica sí lo fue, cómo ilustra el caso de Colotenango.

Por su parte Reeves, además de explicar la importancia alrededor del aguardiente -sobre todo clandestino- para la economía decimonónica de Ostuncalco, Quetzaltenango, y de los pueblos mames de su alrededor, explora el estrecho vínculo entre el trabajo de mujeres y el alcohol. Ya en 1784, las penas por producción y venta clandestina de aguardiente tenían no sólo diferenciación étnica, sino también de género.⁵⁶

Estudios recientes confirman la participación fundamental de las mujeres en la venta de aguardiente y chicha en todo el territorio guatemalteco, participación que fue legalmente estimulada en 1798 con la publicación del Reglamento para el control de la Chicha, que indicaba que el consumo de licores era "útil y necesario para la salud y la vida de los trabajadores", y prohibía a los hombres menores de 60 años y sin impedimentos físicos que se dedicaran a su producción y venta.⁵⁷

Reeves acota que si bien los hombres participaron en esa expansión como productores y vendedores, la mayoría se involucraba en la fase de consumo. Las mujeres, en cambio, a pesar de ser consumidoras en una significante proporción, dominaban el campo de la producción y de la venta, sosteniendo a sus familias con este negocio, sobretodo en su modalidad clandestina.⁵⁸ Concluyen en su trabajo las historiadoras Jiménez y Ericastilla: "El hecho de que la fabricación de aguardiente clandestino revistiera un carácter femenino, fue condicionado por la legislación colonial que prohibió a los hombres dedicarse a esta tarea. Es así como se fijó en el imaginario colectivo que este era un trabajo para mujeres, impropio de hombres".⁵⁹

En cuanto al peso de la variable étnica en el manejo del negocio del aguardiente, Reeves sostiene para el caso de su estudio que si bien los trapiches fueron puerta de entrada de ladinos en la zona mam de Ostuncalco, durante las décadas de 1820 y 1830, en el negocio clandestino los mames superaron en participación a aquellos. En este sentido, la introducción del sistema monopólico incrementó fuertemente la acción represiva del Estado sobre esas comunidades, dándoles especiales poderes a esos asentistas para acabar con los competidores ilegales.⁶⁰

Para reubicarnos en el caso de Colotenango, veamos cómo se expresaba en 1854 el Alcalde Mayor de Totonicapán, al referirse al problema del aguardiente en el Partido de Huehuetenango:

[...] sin embargo de las repetidas ocasiones que han expresado en varios tiempos provhibiendo por punto General la fábrica de los aguardientes de caña, no ha bastado providencia ni medio alguno para evitar este tan arraigado vicio, en esos naturales, [...] siendo muy difícil la extirpación de tales fábricas [...] considerar se consigne [...] cincuenta hombres de tropa reglada y atender asimismo a la paga de Capellanes, Relator, Agente, fiscal y otros oficios de esa Audiencia que hallándose años ha sin satisfacción alguna de sus sueldos se ven constituidos inevitable ocasión de estafar a los miserables Indios [...] a lo representado por este superior Gobierno ha venido en conceder [...] el estanco de aguardiente de caña, no con absoluta libertad sino a un solo Asentista, que por esta privativa facultad haya de contribuir con el correspondiente servicio y con la calidad de que la bebida del aguardiente, sólo se haya de vender en cualquier población o ranchería por grande que sea con una sola taberna o casa [...].⁶¹

Paralelamente a las disposiciones estatales que imponían el monopolio, en Colotenango se sucedieron juicios por producción clandestina de los mames, perseguidos por celadores de aguardiente ladinos, lo que provocó su ira.⁶² Ya dijimos que en 1857 el estanquero Norberto Villatoro tuvo que salir huyendo del pueblo

[...] por el temor de los indios que se le quieren alzar si no se va de aquí porque no quiere estanco [...] que había una conspiración, tramada por unos cuantos aborígenes de aquel, poniendo por pretexto, el no querer la venta establecida de aguardiente, llegando desde luego a conocer el peligro en que me encontraba con semejante proyecto; y aunque la llegué a dudar, para descubrir la realidad del hecho, dispuse salir de aquel pueblo [...] que se ha dicho anteriormente que a continuación y queriendo poner en práctica la orden de U para abrir la venta de aguardiente, que había estado cerrada comenzaron de nuevo a reunirse los amotinados, acaudillados por el mismo Aguilar y Andrés Pérez, [mames] para impedirlo con amenazas de muerte contra mi [...] por aquellos indígenas que llegan ebrios de las fábricas clandestinas que tienen, [...].⁶³

En el alegato donde pedía castigo para los delincuentes, Villatoro no olvidaba recordar que era la Hacienda Pública la más perjudicada si se llegaba a extender su ejemplo a los demás pueblos "que se componen en lo general de indígenas", pues no habría asentistas que apostaran a los estancos y, por tanto, bajarían las rentas estatales. Sin embargo, el párroco de Ostuncalco se quejaba de que los estanqueros violaban el horario establecido para la venta de aguardiente y que, ante la amonestación de los alcaldes indígenas, "[...] los desprecian diciéndoles que [los estanqueros] están manteniendo al Gobierno, y que si dichos alcaldes persiguen la ebriedad se quejarán para que ellos paguen la cuota de los estancos [...].⁶⁴

Como bien concluye McCreery, al estigma colonial de los indígenas como personas "perezosas, estúpidas y sucias", la elite guatemalteca le añadiría el atributo de "borrachos".⁶⁵ El monopolio aumentó el consumo de aguardiente clandestino de dudosa calidad, pero sobre todo los ladinos que compraban al Estado el derecho a abrir tabernas en los pueblos siguieron todo tipo de estrategias para estimular sus ventas, incluido el endeudamiento por aguardiente con miras a mantener su subordinación social en momentos en que la caficultura requería cada vez más mano de obra forzada.

Según Reeves, era aún peor. El monopolio invistió de autoridad a los ladinos recién llegados a las comunidades indígenas para que, en nombre de la represión al contrabando, usasen la violencia contra la población.⁶⁶ Ello produjo un alto potencial de abuso de poder y, por tanto, altos niveles de conflictividad.

5. A modo de conclusión: control económico ladino y reorganización jurisdiccional

La entrada de los ladinos a Colotenango de la mano del negocio del aguardiente impulsó un desarrollo económico diferenciado en el seno de ese territorio, hasta el punto de conseguir cambiar su organización jurisdiccional. De esa forma, el conflicto con el que se construyó la hegemonía ladina habría de cristalizar en la división político-administrativa del municipio.

Por un lado, los mames atrincherados en la institucionalidad republicana de la municipalidad, defendían sus tierras comunales frente a la legalización de la propiedad privada por parte de los ladinos amparados en el nuevo credo del "progreso", evitando la entrada de éstos a los cargos municipales con el fin de mantener su autonomía política. Por el otro, estos ladinos -que mantenían el control de la actividad económica local más rentable y eran propietarios de las tierras de Pétzal gracias al estanco de aguardiente-, pelearon por obtener el control del poder municipal, encontrando al final la solución al segregar territorialmente Pétzal de Colotenango. Para ello argumentaban que: "El pueblo de Colotenango a donde nos encontramos sometidos, se halla a dos leguas distante de Pétzal. Su Municipio es de indígenas y ante el cual los propietarios ladinos de nuestro vecindario, no pueden disfrutar de completa y justa administración de justicia, por carecer del despejo y conocimiento necesario para ello".⁶⁷

El Secretario de Estado de Gobernación y Justicia apoyó la solicitud al considerar que "esa aldea se ha ido formando de aglomeración de fincas en aquel lugar", lo que vino a confirmar el peso de la migración ladina altense en la zona. Igualmente, la avaló el fiscal, que recomendaba erigirlo "en municipio independiente, conviniendo tal vez suprimir el de Colotenango y agregarlo al de Pétzal."⁶⁸

Siempre en nombre del "progreso" -valor asumido como no indígena- el jefe político de Huehuetenango Francisco Fuentes, justificaba asimismo la petición, aduciendo que

[...] aunque la aldea de Pétzal no cuenta aún con el número de habitantes que prescribe el inciso 1°, artículo 4° de la ley de Municipalidades, esa Aldea es de bastante importancia, tanto porque la mayor parte de sus habitantes corresponde a la clase ladina, como porque es considerablemente rica en sus producciones agrícolas. La Municipalidad de Colotenango a que Pétzal corresponde está compuesta de indígenas que ni aún siquiera saben el castellano y esa circunstancia no ha dejado ni deja de ser un obstáculo respecto de los asuntos públicos y privados de la expresada Aldea, dando esto lugar muchas veces hasta que las Autoridades Superiores tengan que entenderse directamente con el Alcalde Auxiliar que allí funge.⁶⁹

De hecho, hasta ese momento el máximo cargo al que podían aspirar los ladinos de Pétzal era el de alcalde auxiliar de la aldea, lo que les parecía absolutamente insuficiente. La municipalidad indígena de Colotenango, por su parte, ante la voluntad de segregación de los ladinos petzaleños, reaccionó explicando que todo esto era un movimiento de aquellos domiciliados en esa aldea, sobre todo los Aguirre:

[...] fomentada por el Alcalde Auxiliar que allí nombramos, Vicente Ríos, que guiado por Don Jesús Aguirre aspiran por hoy fraccionar nuestra comprensión Municipal, que declarándose pueblo el punto que habitan y pidiendo por consiguiente el ejido respectivo se evitan del desembolso natural por compra del terreno que ilegítimamente ocupan. Estas razones y otras que se pueden "colegir" [sic] en el presente caso, demuestran la ninguna filantropía ni desarrollo en progreso que le desean a la expresada Aldea [...]. Ahora pues, si en el escrito en que piden por pueblo a Pétzal aparecen muchas firmas han sido de personas que no residen en nuestra Jurisdicción y se han suplantado individuos que para esto no han dado su asentimiento como se puede averiguar con la ratificación de firmas y de las personas que se indican solamente su nombre con lo cual se verá que se aspiran por que Pétzal se haga pueblo es por no enterar a la Tesorería N[acional] el valor del inmueble que ocupan, pues todos los cantones descritos denunciaron los terrenos que habitan y dispuestos a comprarlos legalmente [...].⁷⁰

En 1890 nacía, pues, el municipio de San Rafael Pétzal con la mitad del territorio del de Colotenango; eran buena parte de sus mejores tierras bajas.

La conclusión general es que la acción estatal conservadora ayudó a la penetración de los ladinos en zonas periféricas dominadas por indígenas como Colotenango, siendo la puerta de entrada el control del negocio del aguardiente que entonces sostenía económicamente al Estado. De esa forma, desde núcleos poblacionales ladinos en la región de Los Altos -Quetzaltenango, Huehuetenango, Malacatán, Cuilco-, sus habitantes fueron expandiéndose, consiguiendo la legalización de la propiedad de las mejores tierras de la zona -las tierras bajas- que hasta entonces pertenecían a los mames. Ello hizo que aumentara la presión sobre el territorio bajo control mam, que terminaría quedando reducido a la mitad.

El estanco de aguardiente supuso, también, una presencia estatal en la vida comunitaria a través de una fuerte acción represiva, justificada por la necesidad de control de la producción y comercialización de licor clandestino y del contrabando. En tal dinámica histórica, el Estado guatemalteco impulsó procesos de expropiación y desarticulación de los patrimonios colectivos indígenas de forma "sutil", mientras que los ladinos tuvieron la sagacidad suficiente como para aprovechar la legislación vigente y apropiarse del máximo posible de recursos.

La forma de actuación de estos ladinos era la de conseguir alianzas entre sí a través de vínculos familiares y, aunque actuaban individualmente y con muchos pleitos en su seno, la voluntad estatal de impulsarlos como grupo económico y social suplía sus frecuentes faltas de cohesión. Por tanto, en un Estado como el guatemalteco, tenían conciencia muy clara de superioridad cultural, económica y social frente a los mames a quienes, amparados en la ideología oficial, concebían como mozos y atrasados. A medida que se imponía la ideología liberal del "progreso", se iba realizando la bipolaridad étnica como construcción ideológica sustentadora del nacionalismo.