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Introducción
En México, numerosos territorios se encuentran en una crisis que data de al menos 30 años, provocando un fenómeno de marginación económica y exclusión social que se agrava progresivamente. Las familias campesinas representan una cuarta parte de la población nacional y la pobreza afecta a más de 60 % de ellas; dos de cada tres habitantes en el sector rural viven en zonas de alta marginación, no cuentan con servicios básicos de agua, drenaje, energía eléctrica, y carecen de acceso a la educación y servicios de salud elementales. Además, el sostenimiento de actividades económicas es poco prometedor y se observa en una condición donde con mayor frecuencia las estrategias de desarrollo económico privilegian el papel de las ciudades, toda vez que la distribución geográfica de las localidades rurales es muy dispersa (67.8 % de las localidades son menores a 50 habitantes). Asimismo, en las zonas rurales se registra rezago en materia de infraestructura básica y productiva, que entre otras consecuencias incrementa el abandono del territorio por parte de sus habitantes, desencadena un patrón elevado de migración de la población económicamente activa y produce una escasa capitalización al interior de las comunidades. En este contexto de asimetrías entre actores y lugares resulta impostergable promover un desarrollo local participativo, a partir de la implantación de un modelo de economía basado en los potenciales endógenos de los propios territorios.
La situación de crisis del medio rural mexicano es resultado del modelo de apertura comercial donde los gobiernos apostaron al crecimiento económico, posponiendo las políticas públicas de carácter social y solidario, dejando pendiente el bienestar de la población (Calva, 2004). Bajo este modelo y de acuerdo con Echeverri (INCA Rural, 2009), las políticas públicas orientadas al medio rural se han instrumentado en dos sentidos; por un lado, aquellas con un enfoque hacia sectores con mayores capacidades y dirigidas básicamente a los productos y, por otro, las canalizadas a los sectores de población más desfavorecidos en torno a los actores sociales, manteniendo enfoques asistencialistas.
En la actualidad, si bien se han adoptado nuevos modelos donde el objeto de atención ha cambiado hacia la figura del territorio como sujeto específico de las políticas públicas, la lógica de acción institucional permanece en muchos casos en el orden sectorial con escalas de acercamiento político-administrativas y parámetros que responden a estas últimas. Las políticas como instrumento de fortalecimiento para el desarrollo de los territorios cuentan con un papel y un impacto incierto; se observa que la escala, es decir, el nivel territorial en el que se ubican para su diseño, resulta generalizadora, por lo que se pierden de vista especificidades que dan forma a las comunidades, al tiempo que se genera en los beneficiarios dependencia de las transferencias de recursos públicos.
En particular, las comunidades rurales de los estados de Oaxaca y Guerrero, objeto de estudio de la presente investigación, se encuentran entre las más rezagadas del país y se caracterizan por sostener actividades basadas en economías de recursos naturales o de transformación1. Ambas entidades, situadas al sur del país, cuentan con importantes recursos potenciales derivados de su riqueza natural y medioambiental, y al desarrollo de actividades ligadas con la cultura de sus pueblos, lo que les ha valido recibir a lo largo de los años beneficios derivados de la amplia oferta de programas públicos dirigidos a sus comunidades. Sin embargo, la mayoría de estos solo sirven como paliativos con casi inexistentes acciones de carácter integral, dando como resultado que se limiten las capacidades de promoción local y la autogestión de grupos y comunidades; asimismo, existe una corresponsabilidad por parte de los actores locales, las comunidades, las organizaciones sociales, quienes tampoco han sido capaces de proponer un modelo o enfoques de participación que favorezcan el desarrollo de sus entornos, asumiendo de manera irreflexiva las políticas asistencialistas.
La dimensión territorial y el enfoque de gestión
El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar un modelo metodológico orientado a detectar las posibilidades de desarrollo existentes en comunidades del ámbito rural, basado en el comportamiento del sistema de funciones y relaciones económicas, sociales, ambientales e institucionales a partir de un enfoque de gestión territorial. La noción de desarrollo propuesta refiere a un proceso que provee crecimiento y generación de riqueza a la comunidad, como resultado de procesos sostenidos de cohesión social y territorial y del análisis de los actores sociales, quienes a través de su diversidad, intereses y valores influyen en la dinámica y conformación del propio territorio.
La gestión del desarrollo en el territorio es un proceso presente; no obstante, los efectos son limitados respecto a una verdadera incidencia en las condiciones de sus habitantes, así como de sus recursos. Ello provoca que la configuración del territorio atienda de forma marginal las problemáticas respecto de las necesidades y sus potenciales, lo cual nos lleva a pensar que el problema se ubica en dos sentidos; por un lado, la incidencia que existe sobre el desarrollo territorial, a través de las acciones de política pública, específicamente las relacionadas con la planeación del desarrollo. Por el otro, la posibilidad que tiene el territorio, específicamente los actores, de configurar y gestionar su desarrollo, aprovechando los potenciales internos, así como las iniciativas públicas y privadas que inciden en su desenvolvimiento.
Se propone un modelo compuesto por dimensiones temáticas que contempla una revisión sobre el efecto de la inversión pública o privada (a la cual denominamos incidencia) ejercida a través de los programas que se aplican en las comunidades e incorporando como indicador el aprovechamiento de los recursos con que cuentan. Se basa en un concepto de integralidad que, como señala el modelo metodológico aplicado por el INCA Rural (2009:8), implica considerar a la organización económica del territorio como una estructura funcional de carácter multisectorial donde interactúan diversidad de instituciones basadas en el patrimonio cultural, político e histórico de los territorios. Se aborda al individuo desde su percepción colectiva, que conlleva la interacción social con su entorno, reglas, costumbres e intereses comunes, expresados en el territorio vivencial. A estas relaciones que se establecen a partir de atributos sociales (participación, actores e instituciones) y territoriales (factores locacionales, indicadores regionales y recursos locales) les denominamos interacciones socioespaciales. En el mismo sentido, Claude Grasland (2013) señala que para la geografía humana las relaciones entre lugares, ya sea que se trate de ciudades, de regiones o del estado, se refieren a agregados sociales o económicos localizados, la mayoría de las veces heterogéneos, compuestos por individuos (personas, parejas, empresas,...) que no disponen de los mismos ingresos, de las mismas capacidades de movilidad, de la misma información sobre las oportunidades de relación distantes2.
El territorio rural es el espacio apropiado, producido y dotado de significado. Es una unidad espacial negociada colectivamente, resultado de procesos históricos y acciones conducidas por los actores, ya sean agentes o sujetos en cualquier nivel, sobre la apropiación social de espacios construidos alrededor del uso y aprovechamiento de los recursos del lugar. En estos casos las políticas de desarrollo actúan como estrategia para el uso de dichos recursos y el fomento de las capacidades en los distintos campos de actuación, a través de programas encargados de favorecer las relaciones entre los actores y promover interacciones entre territorios comunes. Sin embargo, la concordancia entre los programas gubernamentales aplicados y el desarrollo en los territorios rurales no es clara si consideramos problemáticas persistentes, como el abandono de las comunidades y los bajos perfiles productivos en que se ubican los productores de dichos ámbitos.
La propuesta que planteamos busca redimensionar a los territorios rurales más allá de ser meros poseedores de recursos naturales, para lo cual se retoma su análisis a través de un acercamiento a los potenciales con que cuentan y se observa cómo se vinculan con las acciones implementadas por las políticas públicas a través de programas de asistencia y fomento rural, en términos de ser vehículos para el desarrollo de las comunidades.
Entendemos como potenciales territoriales las capacidades de los habitantes del territorio, las redes con que se encuentran vinculados los procesos de trabajo y vida, así como la participación de las instituciones locales en la configuración del desarrollo y las actividades diarias, con esquemas participativos e incluyentes. De acuerdo con Horton Douglas (2008), el potencial parte de que los conocimientos, habilidades, actitudes, valores, relaciones, motivaciones y condiciones, permiten a individuos, organizaciones, redes sociales, sectores e instituciones el desempeño de sus funciones y alcanzar objetivos planteados para su desarrollo, pero también los de desarrollo son elementos que componen la estructura del territorio, partiendo de rasgos físicos a elementos identitarios que definen y distinguen características de un territorio a otro. Hacen referencia a los recursos, la distribución de los modos de vida de la sociedad, la disponibilidad de conocimientos especializados adecuados, la eficiencia de la administración local, la eficacia de los vínculos entre territorios y la capacidad relativa de la gente de participar en mercados nacionales e internacionales.
El cálculo del potencial territorial de un lugar se basa en la consideración de una hipótesis de interacción socioespacial como medida de accesibilidad que apunta a evaluar la variación favorable de la cantidad de oportunidades locales en función de la ubicación del lugar o la región y de las capacidades internas desarrolladas.
La determinación de los potenciales de cada lugar deriva de diagnósticos territoriales integrales en su dimensión funcional, pero diferenciados en cuanto a los procesos que deben atenderse. De acuerdo con Coraggio (2004:16), un problema metodológico que se presenta al realizar un diagnóstico es determinar qué segmento concreto de la realidad social será el objeto de análisis y bajo qué criterios se realizará. Por ello, en primer lugar se trata de reconocer el tipo de relaciones y factores sociales que dan especificidad a cada programa, abordados aquí como potenciales del territorio. En segundo lugar, se trata de tipificar un conjunto de actores sociales insertos en tales relaciones o situaciones, en relación con los cuales se produciría la intervención concreta. Hablamos en este caso de actores económicos representativos de cada actividad identificada en las comunidades de estudio. En el sentido que plantea Coraggio, el diagnóstico se convierte en elemento fundamental del proceso de gestión territorial al reconocer problemáticas y causalidades diferenciadas que deben ser abordadas mediante procesos también específicos a cada situación.
La gestión territorial debe atravesar por un proceso que conduzca a los actores y agentes hacia la apropiación de sus potenciales, la reproducción de estos y la incorporación de elementos de innovación tecnológica, productiva y social. Pasa de ser una labor administrativa gubernamental a un proceso de participación, coordinación y negociación de los agentes del territorio sobre la base de sus potenciales. La incorporación de estos cambios en la gestión implica la adopción y desarrollo de innovaciones en la estructura del territorio, constituyendo, como indica Alburquerque (1994: 316), un proceso de cambio social, organizativo y cultural, más allá de cambios tecnológicos en la producción.
La planeación y la gestión territorial requieren que el análisis y las intervenciones sobre el territorio se desenvuelvan con una visión acorde a la organización del territorio a partir de enfoques multidisciplinarios. Los mecanismos de gestión territorial serán participativos y no solo normativos, integrando la planificación física y el desarrollo económico.
Las acciones públicas dirigidas a los territorios rurales se encuentran determinadas por información y, en particular, sobre indicadores que no están acorde con la escala de necesidades y aportes que tienen y hacen los territorios rurales; por ello, la metodología contempla abordar las actividades productivas de las personas inmersas en el contexto rural y su acción e interacción como componentes del sistema territorio. Para alcanzar este propósito se realiza un diagnóstico de los potenciales que poseen las comunidades seleccionadas y se liga posteriormente con las acciones de los programas que se aplican, a fin de poder identificar en qué forma participan del proceso de desarrollo de las comunidades de estudio3.
El esquema de análisis aborda al desarrollo rural desde el enfoque territorial, planteando la situación de un territorio y sus dinámicas, tal y como señalan autores como Sepúlveda et al. (2003), Delgadillo (2004), De Janvry y Sadoulet (2004), Schejtman y Berdegué (2004), Quispe (2006), Echeverri y Echeverri (2009), entre otros, que consideran al territorio como el resultado de un proceso multifactorial compuesto por las condiciones en que se encuentran los recursos, la distribución de los modos de vida de la sociedad, la disponibilidad de conocimientos especializados adecuados, la eficiencia de la administración local, la eficacia de los vínculos entre territorios y la capacidad relativa de la gente de participar en mercados locales, nacionales o internacionales.
Selección de las unidades territoriales y elección metodológica
Al enfoque de gestión territorial descrito en el apartado dos se agrega también para el análisis y la definición de la metodología, el enfoque del Desarrollo Económico Territorial (DET), con base en lo propuesto por Francisco Alburquerque en 1994 y modificado por el autor en 2007, quien define que el desarrollo económico depende de la capacidad de integrar el aprovechamiento de los recursos disponibles y potenciales, a fin de satisfacer las necesidades y los problemas básicos de un territorio. Se considera la recolección de información que aporte elementos para el análisis de los potenciales de desarrollo económico territorial, las acciones para la construcción de un entorno innovador, y las fases y actuaciones en apoyo a las actividades generadoras de crecimiento económico y empleo productivo. El análisis se compone de objetivos, recursos disponibles, agentes que promueven el desarrollo y el proceso de planificación en sí mismo.
Los objetivos son fundamentalmente el mejoramiento del empleo y calidad de vida de la población y la elevación de la equidad social. El logro de ellos depende de una transformación del sistema productivo territorial, fomento a la diversificación productiva e incremento del valor agregado. En cuanto a los recursos disponibles deben utilizarse adecuadamente con base en una estrategia coherente y tanto para los objetivos como para el uso de los recursos es necesario contemplar la sostenibilidad ambiental.
Como lo establece Alburquerque (1994:322), para la planificación del desarrollo económico se considera que existen recursos reales y potenciales, además de las necesidades como elementos orientadores de la planificación del territorio. A partir de la valorización de los potenciales de desarrollo y los recursos locales se configura el entorno socioeconómico e institucional territorial, cuya identificación resulta trascendental.
Caracterización de las unidades de análisis
La determinación de las unidades de análisis parte de la hipótesis de que los estudios realizados en el territorio empleados en el diseño de las políticas públicas revelan de manera limitada las interacciones que se ubican en su interior y entre territorios comunes. Para la observación se estableció una comparación inter-territorial a partir de dos territorios localizados en los estados de Guerrero y Oaxaca, específicamente en los municipios de San Juan del Río (San Juan) y Tecpan de Galeana (Figura 1). El primero de ellos, de acuerdo con las relaciones socioespaciales y el tamaño de su población, contempló toda el área geográfica y administrativa del municipio, mientras que en el segundo caso se eligieron dos localidades: San Luis de la Loma y San Luis San Pedro, identificadas como los San Luises en la región y por sus habitantes. Los sujetos de la investigación, es decir, los actores, son los habitantes que realizan las actividades productivas que caracterizan a cada uno de estos territorios.
San Juan del Río se localiza en la región de los Valles Centrales de Oaxaca; pertenece al distrito de Tlacolula de Matamoros, con una extensión de 108 km², que representa 0.12 % de la superficie total de la entidad federativa. Se ubica a una altitud de 1180 m, a 95 km de la ciudad capital. Los principales centros de abasto para esta comunidad son el municipio de Tlacolula y la ciudad de Oaxaca. El municipio de Mitla (fuera del entorno regional) juega también un papel importante ya que es uno de los principales puntos de venta de los productos que se generan en la comunidad.
De acuerdo con el XIII Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, la población total del municipio de San Juan del Río es de 1231 habitantes y está compuesta mayormente por una población de indígenas zapotecos, hablantes de la variante dialectal del valle. Pese a que no posee atractivos turísticos desarrollados o recursos naturales, dicho territorio, para conformarse como una región agrícola-pecuaria fuerte, cuenta con una población que conserva la tradición de realizar dos productos de origen artesanal, que son mezcal y tejidos a base de ganchillo de diversa índole, como algunas de sus principales actividades productivas. No obstante lo anterior, las actividades económicas carecen de fortaleza para su desenvolvimiento y se registra una alta migración.
Con un grado de marginación alto4, la población depende en buena medida de las transferencias públicas que se realizan a través de programas de asistencia. En este sentido, un ejemplo de ello son los programas de SEDESOL, que a 2013 incide en la comunidad con cuatro programas, resultando el más relevante Oportunidades, con 147 familias beneficiarias registradas en 1999 y hasta 2012, y 41 % de población beneficiaria en la comunidad.
Por otra parte, el municipio de Tecpan, en el estado de Guerrero, se localiza a 120 metros sobre el nivel del mar, al suroeste de Chilpancingo; cuenta con 2537.8 km2 que representan 3.98 % de la superficie total del Estado. Colinda al norte con Coyuca de Catalán y Ajuchitlán del Progreso, al este con Atoyac de Álvarez y Benito Juárez, al sur con el océano Pacífico, y al oeste con Petatlán.
Los San Luises están ubicados a 20 m de altitud en promedio y a una distancia aproximada de 34 km de Tecpan, que es la cabecera municipal. Sus principales relaciones son con la localidad contigua de Nuxco y el mismo Tecpan. Las actividades económicas de la comunidad se dividen en dos tipos, las tradicionales que han formado parte de su estructura productiva, que son la producción de ganado mayor y la producción coprera de suma relevancia para la entidad en general, mientras que de reciente incorporación se registra el procesamiento de lácteos y la producción de mango, con alto impacto por la importancia de la región en su cultivo a nivel nacional.
Sumando la población de ambas localidades, en 2010 se registraron 9321 habitantes, con un grado de marginación alto para ese mismo año, según el CONAPO. La población recibe apoyos del programa Oportunidades, que registra 39 % de la población de la comunidad como beneficiaria, con 787 familias; asimismo, participan en cuatro programas más de la SEDESOL.
En el territorio, los habitantes de los San Luises reconocen una relación que los liga íntimamente, ya que la infraestructura básica y de equipamiento ha sido compartida por sus pobladores prácticamente desde su formación. Las relaciones principales de abasto y productivas, así como de dotación de servicios (salud y educación por ejemplo), se realizan con las ciudades de Acapulco y Zihuatanejo. Pese a que el recorrido a la ciudad de Chilpancingo es mayor, existe una importante relación derivada primordialmente de los servicios de abasto y la necesidad de resolver asuntos con las instituciones públicas que ahí se localizan.
Elección Metodológica
El territorio es un espacio donde se interrelacionan procesos productivos, ambientales, sociales, culturales y políticos. Es construido por uso y apropiación, y la acción formativa se encuentra articulada a procesos de vida y trabajo, percepciones e identidades territoriales. A partir de esta conceptualización se parte en el esquema de trabajo de la definición de la variable principal a la cual hemos denominado potenciales de desarrollo en la comunidad, y la determinación de seis dimensiones complementarias compuestas por un conjunto de variable de indicadores que se describen más adelante (Figura 2). El supuesto del modelo parte de la consideración de que en la medida en que estos elementos son aprovechados pueden incidir favorablemente en la condición de vida de los pobladores. La integración a partir de distintas dimensiones no implica una mera suma de componentes, ya que todos los indicadores están relacionados con uno o más de los mismos y derivan de los recursos, las funciones y las relaciones que en el territorio se identifican.
Las funciones y relaciones en la comunidad se abordan a través del análisis de las características del entorno medioambiental, sociodemográficas, las relaciones económico-productivas y la infraestructura física con que se desenvuelven las actividades de los habitantes, poniendo énfasis en los procesos productivos e incorporando a la observación los programas públicos o privados que inciden en las comunidades. En este sentido, se toma en cuenta la percepción y ejecución de los actores del territorio, así como la disposición a la participación en los mismos, como elemento que facilite la aplicación de los instrumentos y las adecuaciones, ajustes o modificaciones a favor del fortalecimiento del capital social y con ello del territorio en sí mismo (Cuadro 1).
Cuadro 1 Esquema de trabajo.
1Cementerio, bomberos, policía, basurero municipal, gasolinera.
Fuente: elaboración propia.
Un enfoque de análisis a través de potenciales permite estimar las capacidades individuales de las organizaciones, redes y sectores productivos, entre otros, para la instrumentación de los métodos, estrategias y programas que aporten elementos para el desarrollo de capacidades, proponiendo los componentes de cada dimensión como sigue:
Potencial Medioambiental de Desarrollo. Hace referencia a las características físicas del territorio, es decir, de los recursos naturales, la variación que han tenido estos en los últimos 20 años y los usos recomendables, a fin de establecer la relación y relevancia en las actividades de la comunidad.
Potencial Material de Desarrollo. Compuesto por servicios básicos, vivienda y equipamiento, considera establecer las características y usos, disponibilidad y calidad de dichos elementos en el territorio como parte de los activos en la estructura económica y para el desarrollo de la comunidad.
Potencial Productivo de Desarrollo. Observa las unidades, actividades y cadenas productivas referidas en la organización y aprovechamiento de los factores productivos que componen la estructura productiva en un territorio, así como la acción de los actores con base en sus recursos y habilidades.
Potencial Financiero de Desarrollo. Aborda la identificación y caracterización de las unidades con facultad de apoyar el aprovechamiento de los factores productivos de la comunidad, haciendo necesario el reconocimiento de las iniciativas de empresariado existente e instituciones de financiamiento y crédito, ya sean de orden público o privado.
Potencial Capital Humano para el Desarrollo. Considera el análisis de la base demográfica y la relación existente con factores productivos, revelando cuáles son las capacidades de los actores y las aptitudes del territorio en su desarrollo.
Potencial Capital Social para el Desarrollo. Contempla el análisis de la composición de las relaciones y las redes de los actores en el territorio para el desenvolvimiento de las actividades del territorio, poniendo énfasis en las que cuentan con un carácter colectivo a través de las Unidades de Producción Familiar y los grupos de trabajo. Estos elementos inciden en la composición y relación que tiene el territorio a su interior y con otros territorios.
Los instrumentos y la aplicación del modelo de intervención
El contenido del esquema de investigación plantea la necesidad de emplear datos cuantitativos y cualitativos, dado que se hará la identificación de cada componente a partir de la presencia y percepción en los habitantes (actores productivos) de los territorios. Los datos cuantitativos contemplan el empleo de fuentes secundarias, mientras que la información cualitativa es resultado de la investigación de campo basada en entrevistas semi-estructuradas.
Análisis descriptivo
La investigación está planteada en un nivel descriptivo que identifica características, formas de conducta y actitudes; permite establecer comportamientos concretos y descubre y comprueba la asociación entre las variables de la investigación (Castillo de Matheus, Madriz, Márquez y Niño, 2007:118). De esta manera, se describe la situación de los recursos identificados en cada una de las dimensiones, de acuerdo con los aspectos favorables y desfavorables en el desarrollo del potencial que tienen.
Dado que nos referimos al análisis del proceso de intervención social, se parte del postulado de que las transformaciones estructurales requieren cambios en la manera de concebir los procesos sociales y, consecuentemente, en las prácticas de los sujetos involucrados y en sus formas de organización social; por tanto, se propone un esquema de trabajo amplio que considera por cada uno de los potenciales una dimensión. Como señala Coraggio (2004:21-22):
Una concepción adecuada de los procesos sobre los cuales se quiere intervenir para lograr un desarrollo en función de las condiciones de vida de las grandes mayorías deberá conducir al planteamiento de objetivos y políticas integrales, en el sentido de que consideren no solamente los aspectos más directamente vinculados a tales condiciones, sino que penetren en la compleja malla de relaciones con una visualización de su naturaleza procesal y reproductiva.
Investigación de campo
El diseño de la investigación de campo es un estudio no experimental que, como señalan Hernández, Fernández y Baptista (2001:267), consistió en observar fenómenos, tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlos; en este modelo no se construye ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes. Asimismo, se realiza una investigación de tipo transaccional o transversal que recolecta datos en un solo momento, en un tiempo único y tiene como propósito describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado, por lo que constituye la recolección directa de la situación de los actores productivos del territorio.
La entrevista se aplica con base en un muestreo no probabilístico a través de la técnica “bola de nieve”. La idea central de esta es que cada individuo en la población puede nominar a otros individuos en el territorio, los cuales tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Se identifica a los informantes de la primera muestra por referencia directa del entrevistador y se establecen en cada entrevista qué nuevas personas de la población en estudio han de entrevistarse, para así integrar la muestra completa. El supuesto subyacente es que los miembros de la población que no se encuentra visible no viven en completo aislamiento, es decir, tienen por lo menos una “red social” con la cual es posible contactarlos. Se establecen como unidad de estudio los actores territoriales (productores), puesto que son ellos quienes tienen una visión integral de su territorio, con la capacidad de promover una amplia gama de actividades y desarrollar los potenciales.
Proceso de entrevistas
El trabajo de campo se realizó en dos momentos, compuestos por dos fases cada uno, durante julio y agosto de 2008. En la primera fase se levantaron entrevistas en las comunidades previamente elegidas mediante el método de selección dirigida de actores clave donde, habiendo seleccionado y establecido contacto con el primer informante clave, se solicitó a este el nombre de otro integrante de la comunidad que realizara alguna actividad económica dentro de la comunidad, con la finalidad de contar con un levantamiento general y poder definir a partir de ello cuáles son las actividades representativas para el estudio. Asimismo, se llevaron a cabo entrevistas con autoridades locales que permitieron visualizar, desde su opinión, el panorama general de la organización funcional del territorio. En una segunda etapa se realizó un levantamiento fotográfico y el registro de los recursos naturales, el estado de las viviendas (que permitió tipificarlas), así como un inventario de la infraestructura básica (agua, servicio eléctrico, drenaje, entre otros), vialidades, equipamiento y servicios en general, con los que la comunidad lleva a cabo sus actividades. Ello implicó acudir a informantes secundarios, tales como encargados del centro de salud en cada comunidad, escuelas y bibliotecas, por ejemplo. El primer momento de este trabajo consistió en la visita a la comunidad de San Juan del Río donde se realizaron 15 entrevistas a informantes clave y alrededor de cinco entrevistas informales para obtener datos secundarios. El segundo momento fue el trabajo de campo correspondiente a los San Luises, donde se obtuvieron 12 entrevistas del primer tipo y tres de la segunda.
Se aplicaron las entrevistas en los hogares o lugares de trabajo, según la conveniencia de los entrevistados, a quienes se informó sobre los objetivos de la investigación, los cuales dieron su aprobación a participar en el trabajo de manera voluntaria. A la información arrojada por las entrevistas se agrega la del diario de campo, que considera prácticas que realizan las comunidades y algunas condiciones situacionales, como información que no fue recogida por medio del instrumento, pero que revela datos importantes en apoyo al análisis y explicación del trabajo. Así pues, cada una de las dimensiones se ve enriquecida por los contenidos de la entrevista.
Con base en el objetivo de este trabajo se busca que las políticas se fundamenten en diagnóstico y prognosis, y recuperen la experiencia acumulada en el pasado, por lo que las tareas de análisis histórico, diagnosis y prognosis están agrupadas en la descripción de los fenómenos (Coraggio, 2004:10). Para tal efecto, la información que compone los indicadores por cada una de las dimensiones proviene en primera instancia de fuentes bibliográficas (primordialmente estadística). A esta información se incorporan las percepciones recogidas con la entrevista y aquellos elementos que resultaron relevantes provenientes de la observación.
Diseño de medición de potenciales
El procedimiento de análisis para cada uno de los seis potenciales o dimensiones consiste en describir las características por cada comunidad y de sus actividades económicas principales, partiendo de los indicadores que lo componen (Cuadro 2). Se incluye la atención que se registra en cada actividad, refiriéndose a acciones públicas (programas o instituciones que participan), privadas además de otros elementos que responden a esfuerzos realizados por parte de las comunidades sin contar con apoyo externo, a lo cual se le denominó iniciativa territorial.
Cuadro 2 Análisis por Potencial de Desarrollo.
| Comunidad | Actividades | Indicadores Características | Atención | Tipo de actividad |
|---|---|---|---|---|
| San Juan | Cultivo de maguey y producción de mezcal Tejidos | Potencial medioambiental de desarrollo | Pública/Privada/ Iniciativa territorial | |
| Potencial material de desarrollo | Potencial | |||
| Potencial productivo de desarrollo | Motor | |||
| Potencial financiero de desarrollo | Motor- Potencial | |||
| Potencial capital humano para el desarrollo | ||||
| Potencial capital social para el desarrollo | ||||
| San Luises | Mango | Potencial medioambiental de desarrollo | Pública/Privada/ Iniciativa territorial | |
| Potencial material de desarrollo | Potencial | |||
| Coco | Potencial productivo de desarrollo | Motor | ||
| Cría de ganado bovinos-leche y elaboración de quesos | Potencial financiero de desarrollo | Motor- Potencial | ||
| Potencial capital humano para el desarrollo | ||||
| Potencial capital social para el desarrollo |
Fuente: elaboración propia.
Posteriormente, para identificar la incidencia de los programas encontrados en las comunidades se incluyó el tipo de actividad a que refiere, en síntesis, el estado en que se encuentra una actividad de acuerdo con su desenvolvimiento, respecto del resultado de los indicadores y el apoyo que recibe. Para ello se determinaron actividades motores y potenciales en las que se retoma la propuesta de Castillo et al. (2007:120), denominando actividad motor a aquella que muestra efectivamente la situación de la comunidad. Un ejemplo de ello es que el sector económico que representa la economía del territorio se reconoce como sector de desarrollo, puesto que se concentra en él una parte relevante de la producción actual de la localidad y ha recibido atención pública o privada para su producción permanente (Cuadro 2 y Figura 3).
Por otra parte, las actividades potenciales son aquellas que se identifican también en las comunidades como las que se encuentran en desarrollo incipiente y que, siguiendo el ejemplo anterior, se hallan trabajando, pero no han recibido el impulso requerido para convertirse en actividades motores. Además, se utilizó la denominación de actividad motor-potencial para aquellos recursos representativos, que siendo motor poseen además altas y promisorias condiciones para incrementar su desarrollo.
Lo que se busca es conocer el impacto de las propuestas (pública y privada) en la actualidad para el desarrollo de las comunidades. Por tanto, el balance de los potenciales estima las capacidades individuales, de las organizaciones, redes y sectores productivos, entre otros, que incluyen las condiciones en las comunidades para la instrumentación, así como de los métodos, estrategias y programas que aporten elementos para el desarrollo de capacidades (Cuadro 3).
Cuadro 3 Impacto del Tipo de actividad por potencial.
| Comunidad | San Juan | San Luises | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividades | Cultivo de maguey y producción de mezcal | Tejidos a ganchillo | Tejidos combinados | Mango | Coco | Cría de ganado bovinos-leche y elaboración de quesos | ||
| Tipo de actividad por potencial | Medioambiental | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Material | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||
| Productivo | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||
| Financiero | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | ||
| Capital humano | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | ||
| Capital social | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | ||
| Resumen | 11 | 9 | 25 | 29 | 23 | 11 | ||
| Tipo de actividad | Valor | |||||||
| Potencial | 1 | |||||||
| Motor | 2 a 3 | |||||||
| Motor-potencial | 4 a 5 | |||||||
Fuente: elaboración propia.
Resultados del Análisis
La aplicación del modelo se llevó a cabo en tres etapas, consistiendo la primera de ellas en el registro del contexto y la recolección de información bibliográfica a través del procesamiento de bases de datos para ambas comunidades. Paralelo a estas actividades se llevó a cabo la identificación y contacto de los informantes clave que permitirían dar inicio al levantamiento de información en campo.
En una segunda etapa se llevaron a cabo las visitas de campo a los territorios, donde se hicieron recorridos para aplicar entrevistas y levantamiento fotográfico para documentar los procesos productivos, el estado de la infraestructura básica y el equipamiento y los recursos naturales, entre otros indicadores. Los entrevistados fueron primordialmente productores de las comunidades aunque también se recurrió a autoridades locales y funcionarios públicos. La tercera etapa consistió en la transcripción de información de las entrevistas y el procesamiento y análisis de los resultados de la primera y segunda etapa en las matrices diseñadas para tal fin.
Los resultados de la investigación arrojaron que el acceso y la mayor participación se concentran en escasos programas, predominando específicamente el Procampo, implementado por la Secretaría de Agricultura (SAGARPA) y Oportunidades de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), con espectros de participación limitados que configuran a los territorios como meros beneficiaros de programas que no fomentan en sí el desenvolvimiento de sus estructuras productivas, debido a que son transferencias públicas empleadas para la subsistencia familiar y de los cultivos de autoconsumo que no encuentran eco en otras actividades que permitan el desarrollo del territorio. Se observa asimismo una carente apropiación e identificación con las acciones.
Por otra parte, si bien las vertientes de atención en cada territorio adquieren dimensiones distintas, no reflejan vinculación para el desenvolvimiento de acciones integrales. En este mismo sentido, las figuras de gestión del desarrollo (agencias, prestadores de servicios profesionales, etcétera) se manifiestan bajo un carácter sectorial con impacto insuficiente y marginal.
El desarrollo del trabajo permitió identificar la incidencia de los programas de asistencia y fomento para el desarrollo de los potenciales que llevan a cabo las instituciones y programas públicos y privados, así como acciones implementadas por la propia comunidad (iniciativa territorial).
Con lo anterior se pudo observar que las influencias de la comunidad sobre los procesos propios requieren de un necesario fortalecimiento y apoyo por parte, sobre todo, de las instituciones ya presentes, pese a las ventajas que provee al territorio respecto al arraigo e identificación de los habitantes con las mismas.
Por otra parte, las repercusiones de la relación de las políticas públicas y su actuación diferencia de manera importante las condiciones de los territorios, puesto que el desenvolvimiento de las actividades y el impacto que tienen se encuentran ligados de manera importante al desarrollo de las capacidades, los potenciales y el fortalecimiento con que cuentan.
El estatus de las actividades que concurren en la conformación de la economía del territorio aprovechan y potencian de diversas formas el acervo de recursos que tienen a su disposición, dependiendo de manera relevante de las capacidades desarrolladas por los actores, toda vez que encuentran apoyo en su desenvolvimiento (Cuadro 4).
Cuadro 4 Tipo de actividad por potencial.
| Comunidad | San Juan | San Luises | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividades | Cultivo de maguey y producción de mezcal | Tejidos a ganchillo | Tejidos combinados | Mango | Coco | Cría de ganado bovinos-leche y elaboración de quesos | ||
| Tipo de actividad por potencial | Medioambiental | M-P | M-P | M-P | M-P | M-P | M-P | |
| Material | P | P | P | M-P | M | P | ||
| Productivo | M | P | M-P | M-P | M-P | M | ||
| Financiero | P | P | M-P | M-P | M-P | P | ||
| Capital humano | P | P | M-P | M-P | M-P | P | ||
| Capital social | P | P | M-P | M-P | M-P | P | ||
| Resumen | P | P | M-P | M-P | M-P | P | ||
| Tipo de actividad | Valor | |||||||
| Potencial | P | |||||||
| Motor | M | |||||||
| Motor-potencial | M-P | |||||||
Fuente: elaboración propia.
Un ejemplo de ello se encuentra en los San Luises, donde la producción agrícola de mango y coco se vislumbra con mejores perspectivas, dado que además de contar con características positivas para el desenvolvimiento en cada una de las dimensiones analizadas se han visto fortalecidas por mecanismos de apoyo gubernamental federal y estatal, además de iniciativas de organización de carácter territorial.
Estos mismos elementos son factores determinantes de diferenciación al interior del territorio y las actividades. En el Cuadro 4 reconocemos que las actividades se encuentran posicionadas en el territorio de acuerdo con la incidencia registrada por programas de apoyo o fomento, así como de las iniciativas territoriales, dando como resultado que los tejidos combinados, la producción de mango y de coco modifican el valor que tienen para el territorio en tanto cuentan, ya de manera específica, con mayor o menor incidencia de los mecanismos mencionados. Si bien todas son consideradas como actividades tipo motor-potencial, el comportamiento que presentan respecto a la incidencia las hace distintas.
Ser capaces de revelar el comportamiento de las actividades económicas y sus potenciales, y poder tomarlos en cuenta en el diseño e implementación de las propuestas de atención hacia los territorios permite una política pública con mayor pertinencia, puesto que podemos diferenciar entre qué territorios requieren de atención, así como de en qué aspectos y de manera jerárquica. No obstante que el centro de atención de este ejercicio refiere las actividades económicas, las dimensiones involucradas contemplan la posibilidad de conciliar con las propuestas de fortalecimiento de un desarrollo territorial integrado.
Conclusiones
Una vez llevada a cabo la investigación, el esquema metodológico propuesto demostró ser capaz de revelar información sobre las iniciativas que se implementan en los territorios, rebasando meramente el carácter inventarial de los beneficiarios por cada institución o programa presentes, además de proporcionar información sobre los patrones y perfiles de la participación de los actores. Asimismo, fue posible detectar las relaciones entre dimensiones, es decir, las vertientes atendidas (social, económica, infraestructura, etcétera) e identificar el carácter de las figuras de gestión del desarrollo.
La metodología compuesta por dimensiones e indicadores de análisis es un instrumento que se considera es capaz de evidenciar elementos más específicos componentes del contexto o potencial a desarrollar en los territorios.
La incorporación de la información de las entrevistas como uno de los instrumentos fundamentales resultó en la posibilidad de servir como punto de contraste entre la información pública y la realidad de las comunidades. Las dimensiones territoriales como ejes de análisis permiten propuestas tanto de análisis como de diseño más incluyentes, dado que recaban información detallada de los territorios aportando mayores elementos en la determinación del diseño, instrumentación y evaluación de las políticas públicas aplicadas.
La observación a través de las actividades productivas bajo este esquema permite diferenciar las condiciones en que se encuentran las mismas o las del territorio en que están inscritas. Con la propuesta del enfoque territorial basado en el análisis por dimensiones (medioambiental, material, etcétera) como ejes transversales se concede establecer criterios para promover relaciones más incluyentes y amplias de los territorios que rebasen vocaciones productivas o jerarquías urbanas, por ejemplo.
De manera específica, el desarrollo de la investigación reconoce en los programas de apoyo y fomento rural un aporte que no logra desarrollar por completo su potencial, con una incidencia no solamente menor, sino que provoca desequilibrios en la estructura productiva y del territorio en su conjunto. Con la aplicación del enfoque del desarrollo económico territorial a la propuesta metodológica se demuestra la necesidad que existe de generar sinergias entre las diferentes áreas de la política pública que inciden en un mismo territorio.
